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8º Encontro da ABCP Gramado (RS), 01 a 04 de agosto de 2012,

Área Temática: AT11 - Segurança Pública e Segurança Nacional

 

Militares y política en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos: los dilemas de un ejército fuerte

 

 

 

Alexander Arciniegas Carreño

Doutorando Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

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Militares y política en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos: los dilemas de un ejército fuerte

Resumen

El artículo analiza las interacciones cívico-militares del gobierno de Juan Manuel Santos, enmarcándolas dentro de sus condicionantes históricos. Se propone un texto argumentativo, que luego de precisiones teóricas, y de una narrativa histórica sobre las relaciones entre políticos y militares del Frente Nacional (1957-1974) hasta el gobierno Uribe (2002-2006); aborda la coyuntura marcada por el gobierno Santos. Así, se sostiene que la expansión del aparato militar durante los últimos 10 años, plantea hoy desafíos inéditos al control civil democrático en Colombia, en la medida que las FF.AA. estarían presionando y conquistando prerrogativas que habían perdido desde los años noventa del siglo XX.

Palabras-claves: relaciones cívico-militares, control civil democrático, autonomía militar

Introducción

En un artículo escrito en 2009, en el que Adam Isacson analiza las relaciones civiles y militares en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el autor norteamericano pronostica que si el nuevo jefe de estado resultaba ser alguien que no tuviera la misma sintonía con el pensamiento militar de Uribe, los conflictos podrían ser serios y frecuentes. Esto en un contexto en el cual, gracias a políticas como el Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática, las fuerzas armadas serian mas grandes mas ricas, mas populares y mas poderosas políticamente que nunca antes. La postura cautelosa de Isacson lo lleva a dejar en el aire preguntas inquietantes: ¿podrá un líder no Uribista implementar una estrategia diferente en materias como estrategia de paz o lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos por miembros de la fuerza publica, si los militares se oponen al cambio? ¿Están los militares hoy mejor posicionados para intervenir en política? y, ¿Cómo evitar las futuras fricciones entre los “super militares” de la década de 2000 y un hipotético presidente reformista?

Aun cuando Isacson preveía la llegada a la Casa de Nariño de un Presidente con una agenda distinta a la del uribismo, para dentro de una década, asociada a lo que percibía como los éxitos electorales de candidatos izquierdistas. La realidad habría de anticiparse; Juan Manuel Santos, elegido en 2010 con la promesa de dar continuidad a las políticas de su antecesor, en cuyo gobierno había ocupado el Ministerio de Defensa, sorprendió a propios y extraños desde su posesión, al querer diferenciarse de su antiguo jefe político.

Así, en lugar de la Seguridad Democrática de Uribe, Santos presentó a la nación una propuesta de “Prosperidad Democrática”, en la que subrayaba cuestiones como: el crecimiento económico y el alivio a la pobreza; la idea de negociar la superación del conflicto con las "guerrillas; una firme voluntad de luchar contra la corrupción, a pesar de que varios escándalos en esta materia comprometían la responsabilidad de importantes miembros del gobierno anterior, y ensombrecieron la reputación del expresidente. Luego vino, el sorprendente restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, a los que como Ministro de Defensa había acusado de complicidad con el terrorismo de las FARC. Mientras en el frente domestico, el nuevo Presidente impulsó, a partir de sus mayorías en el Congreso, la aprobación de osadas iniciativas como la que Ley de Victimas y Restitución de Tierras, aprobada en junio de 2010, para reparar las victimas de la violencia guerrillera, paramilitar y de agentes del Estado. A pesar de que este ultimo punto había sido duramente resistido por el gobierno Uribe. El

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trámite de esta ley exigió, el reconocimiento por parte del Presidente, de la existencia en el país de un conflicto armado, y no simplemente de una amenaza terrorista, lo que agudizó aun más las diferencias con su antecesor. Más recientemente, el gobierno, presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional denominado ‘marco legal para la paz” a través del cual busca contar con herramientas jurídicas que faciliten futuros procesos de paz con los grupos armados ilegales. Además, desde el mes de noviembre de 2011, Santos ha venido proponiendo debatir internacionalmente el tema de la despenalización de las drogas en contraste con Uribe, un férreo defensor del prohibicionismo.

Junto con el paulatino distanciamiento en relación a su antecesor, otro aspecto que ha marcado el gobierno Santos tiene que ver con unas difíciles relaciones cívico-militares. Al respecto, vale la pena mencionar: el malestar dentro del Ejército como consecuencia de la designación de la primera Cúpula Militar en 2010; las constantes advertencias desde sectores políticos, académicos y sociales a cerca de problemas como el deterioro de la seguridad, la baja moral de la tropa, en virtud de una supuesta inseguridad jurídica; las presiones castrenses y de ciertos sectores políticos que buscan una ampliación del fuero militar; la intervención creciente de miembros de la FFAA en el debate político; la abierta rebeldía castrense frente a fallos judiciales proferidos por presuntas violaciones a los derechos humanos y la remilitarización de la inteligencia.

En tal sentido esperamos mostrar en este articulo que el inédito incremento de las capacidades y del tamaño de las fuerzas militares, durante los últimos diez años, ha traído también un fortalecimiento político de los militares que en la actual coyuntura les ha permitido presionar y conquistar antiguas prerrogativas, tendencia que plantea consecuencias inciertas para el futuro de la democracia y los derechos humanos. Así, una primera parte del articulo establecer un conjunto de conceptos como punto de partida para el análisis; enseguida se propone una reconstrucción de las relaciones político militares colombianas desde el régimen del Frente Nacional (1957-1974) hasta el gobierno Uribe (2002-2010); para en un tercer momento, abordar el cuadro político militar de los últimos dos años. La conjunción entre teoría, historia y coyuntura, intenta mostrar por que, las fuerzas militares están hoy mejor posicionadas políticamente para desafiar el control civil democrático en Colombia.

1. Fundamentos conceptuales para una interpretación de las relaciones cívico-militares en Colombia.

Las relaciones entre civiles y militares constituyen una categoría central que aborda las vinculaciones entre Estado, Sociedad y Fuerzas Armadas (ALVES, 2005). Entendemos aquí por relaciones cívico-militares la dinámica de la relación existente entre determinada sociedad, expresada (y representada) en un Estado, y el instrumento militar del mismo (DONADIO, 2003:3).

Este problema, a pesar de su importancia y de la amplia gama de trabajos a que ha dado lugar, desarrollados como veremos a continuación desde diversas perspectivas teóricas e investigativas, carece sin embargo, de una teoría acabada (DÁVILA, 1998). La literatura clásica sobre tales cuestiones, se remonta a los años cincuenta y esta estrechamente relacionada con los libros de Samuel P. Huntington, The Soldier and the State, (1957) y Morris Janowitz, The Professional Soldier, (1960). Estos trabajos, preocupados principalmente por mantener los militares bajo el control de los líderes civiles, permanecen como referencia obligatoria dentro del campo; aunque también habría que advertir que condensan una reflexión basada en la experiencia de las democracias más establecidas, particularmente la norteamericana. En ese sentido, presuponen un contexto democrático y parten de la subordinación de los militares, lo que de paso,

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excluyó de su análisis los casos en que los militares ejercieron directamente el poder político del Estado, tal y como ocurrió en Suramérica (BRUNEAU & MATEI, 2008); (ALVES, 2005). Por otro lado, la recurrencia de los golpes de estado en regiones como Latinoamérica, llevó a que los estudiosos del tema durante las décadas de 1960 y 1970, reflexionaran en torno al por qué de la intervención militar en política1. Tales trabajos2 se dividieron en dos grandes abordajes: los que analizan a las Fuerzas Armadas como instrumentos de intereses externos y los que explicaban el papel político de las instituciones castrenses, a partir de la búsqueda específica de sus intereses definidos internamente (DÁVILA, 1998); (AGÜERO & FUENTES, 2009). Con los procesos de transición y consolidación democrática en el sur de Europa, América Latina, África subsahariana y Asia, cambió de nuevo el enfoque de la literatura sobre las relaciones civiles y militares. En tal sentido, autores como (O´DONNELL & SCHMITTER, 1988); (LINZ & STEPAN, 1996); (PRZEWORSKI, 1991); (SCHMITTER, 1995), subrayaron la importancia de la variable militar en la transición y consolidación, resaltando también como estas nuevas democracias ponían a la seguridad democrática en lugar de la seguridad nacional y asumían el desafío de controlar a unas fuerzas armadas que hasta hacia poco tiempo ocupaban el gobierno (BRUNEAU & MATEI, 2008). En esta nueva coyuntura domestica e internacional, el debate teórico latinoamericano, estuvo encabezado por académicos como Ernesto López, Marcelo Sain, Héctor Luis Saint Pierre, Juan Ramón Quintana y Andrés Dávila, quienes desde la perspectiva de las relaciones cívico-militares, contribuyeron a la discusión de una nueva doctrina y política de seguridad nacional en la región e intentaron ofrecer respuestas sobre ¿Qué función deben tener civiles y militares para complementarse, teniendo en cuenta que es a los civiles a quienes les corresponde gobernar? (FREDERIC, 2008). Y ¿cómo reconstruir una institucionalidad democrática cuyo sistema y dinámica excluyera la intervención militar? (DONADIO, 2003). La literatura más reciente, intenta ir mas allá del nivel domestico en su explicación a cerca del control civil y de la participación civil en las políticas de defensa. Ejemplo de ello, es el trabajo de (DESCH, 1999) para quien “el ambiente de amenaza internacional” de un país facilitaría para los civiles controlar los militares, lo que a su vez se tornaría mas difícil en contextos de amenaza doméstica. Aquí también se sitúa la perspectiva defendida por David Mares, en el sentido que la integración económica entre naciones podría mitigar amenazas externas y contribuir para el control civil democrático (AVILÉS, 2009). Por su parte, (BRUNEAU & TRINKUNAS, 2008) encuentran que los esfuerzos en la promoción global de la democracia por parte de EUA y Europa habrían contribuido a que los gobiernos civiles en jóvenes democracias desafiaran el poder militar, avanzando en cuestiones como el control presupuestal, y creando un entorno conducente al control civil. Aquí vale destacar también, el carácter novedoso del trabajo de (BRUNEAU & MATEI, 2008), quienes proponen una ampliación del debate teórico, avanzando de la tradicional preocupación por el control civil, a la consideración de otras dimensiones como la eficacia y la eficiencia de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, el problema de las relaciones cívico militares resulta complejo tomando en cuenta que pocas veces se esta ante un conflicto nítidamente civil militar, pues a menudo, lo que se observa son luchas intra militares e intra civiles o entre coaliciones cívico-militares (DESCH, 1999). Siguiendo a este autor, otra cuestión polémica tiene que ver con establecer un patrón que permita establecer lo que son “buenas” o “malas” relaciones cívico-militares. Por ejemplo, algunos tienden a evaluar estas interacciones a partir de la presencia o ausencia de golpes de estado; otros problematizan la extensión de la influencia militar en áreas extra-militares, o su excesiva

                                                            1En este punto es necesario aclarar que (FINER, 1962) se pregunta más bien ¿por qué la institución armada no intervienen en la vida política; a pesar

de que dispone de dos atributos en virtud de los cuales naturalmente puede verse impulsada a ello: la organización y las armas? 2Para un articulo que sintetiza la dispersión teórica de este conjunto de estudios en siete paradigmas, ver (BUSTAMANTE, 1986).

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influencia dentro de debates políticos nacionales; también se tiende a prestar atención a la frecuencia con que civiles y militares entran en conflicto; o a la manera en que unos y otros se respetan o tiene afinidades; finalmente, otro indicador tiene que ver con quien prevalece cuando las preferencias entre civiles y militares divergen (DESCH, 1999:3-5). Este último, seria de acuerdo con Desch, el más adecuado patrón para evaluar el estado del control civil. Así, para determinar si los militares juegan un importante rol en la toma de decisiones políticas de la sociedad, habría de identificar un número de asuntos en que las preferencias militares y civiles discreparon y mostrar quien prevaleció. El control civil estará firmemente asentado cuando las preferencias civiles prevalecen la mayor parte del tiempo.

Otro aspecto bastante discutido por la literatura se refiere a la variable mas adecuada para explicar el control civil3. En este sentido, algunos privilegian las características individuales-personalidad, carácter y experiencia- de los líderes civiles y militares. Otra perspectiva, analiza los cambios en la organización militar, es el caso del argumento huntingtoniano, según el cual un alto nivel de profesionalización militar fortalecería el control civil. Continuando con Huntington, una tercera explicación sostiene que cambios en las instituciones civiles de gobierno afectan el control civil de los militares; de suerte que cuando la autoridad civil está dividida los militares serán capaces de alcanzar mayor autonomía (HUNTINGTON, 1957). Un argumento relacionado con lo anterior, señala que instituciones estatales débiles4 son instrumentos menos eficaces para el control civil. Una cuarta explicación, considera que es el método de control civil empleado (control civil objetivo y control civil subjetivo)5 el que determina su fuerza. Bajo el primero, se concede a los militares autonomía en su estrecha esfera técnica a cambio de la subordinación política a la autoridad civil. Mientras con el segundo, se intenta controlar los militares sobre la base de su adhesión particularista a algún grupo o sector civil. Más recientemente, en el marco del orden post guerra fría, autores como el propio (DESCH, 1999) tienden a explicar la fortaleza o debilidad del control civil en virtud de los cambios en el entorno internacional de seguridad.

A continuación presentamos algunos conceptos que si bien no buscan ser exhaustivos, pueden si, ayudar a interpretar el caso colombiano. Para comenzar, entendemos aquí la noción de control civil como la “capacidad de las autoridades constituidas” (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de limitar el comportamiento autónomo de las FFAA, eliminando “enclaves autoritarios” dentro del Estado en los términos establecidos por (ZAVERUCHA, 1994:9. En segundo lugar, la autonomía militar se refiere a la capacidad de las fuerzas armadas para definir de acuerdo con sus valores, concepciones, objetivos e intereses institucionales, los términos de su organización y su actividad, así como el tipo de incidencia en el proceso político. Mientras, la profesionalización militar alude al grado en que las instituciones castrenses logran consolidar los rasgos y valores (espíritu de cuerpo, disciplina, jerarquía, orden) distintivos y propios de su profesión. Esta ultima supone así mismo, la actualización permanente en relación con los aspectos teóricos y técnicos de la guerra y el manejo de los conflictos armados (DÁVILA, 1999:59-61). Por otra parte, creemos que más de tres décadas después de las transiciones a la democracia, el desafío de construir una institucionalidad plenamente democrática civil militar en América Latina permanece abierto. En otras palabras, nos parece que la disminución de los golpes de Estado en la región no puede leerse como equivalente al control civil y que la percepción acerca de que los militares latinoamericanos entraron en un irreversible compromiso con la democracia, coexiste en muchos países con formas de intervención militar de “nueva generación” en virtud de la cual los militares desbordando la

                                                            3Para una síntesis de las teorías sobre el control civil, ver (DESCH, 1999:8-11). 4Al respecto, ver la separación entre sociedades cívicas y sociedades pretorianas formulado por (HUNTINGTON, 1973). 5Ver: (HUNTINGTON, 1996: 100-116).

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constitución, intervienen como factores de decisión en el desarrollo de los procesos políticos (BLANCO, 2009:4). La lista de tales comportamientos incluye: presión sobre las autoridades legitimas para que se hagan a un lado y se abra una sucesión presidencial; huelga de brazos caídos, que implica desobedecer las ordenes del presidente para reprimir a quienes utilizan la violencia en contra del gobierno; participación de militares activos o retirados en la administración publica e intervención creciente de oficiales activos o retirados en el debate político (BLANCO, 2009:4).

2. Políticos y militares en Colombia: Del Frente Nacional (1958-1974) al Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática.

Las relaciones civiles y militares en Colombia son singulares en el ámbito latinoamericano. Para comenzar, en este país el siglo XIX mostró un patrón de conflicto en el que las milicias partidistas tomaron la delantera mientras el ejército permaneció dividido, pobre, pequeño y subordinado a los partidos. De hecho, el nacimiento de un ejército central mas organizado solo ocurrirá en el periodo de La Regeneración (1880-1899), aunque esta coyuntura no fortaleció políticamente al ejército, sino que lo mantuvo bajo el fuerte patronato del partido Conservador6. Otros acontecimientos importantes dentro del tardío proceso de profesionalización del ejército colombiano son: la guerra de los “mil días” (1899-1902); la creación de la Escuela Militar en 1907 por una misión chilena contratada por el gobierno7; el conflicto con el Perú en 1932 y la participación colombiana en la guerra de Corea (1951-1954). Vale subrayar que, solo hasta 1943, los más altos rangos de la jerarquía castrense fueron ocupados por antiguos alumnos de la Escuela Militar (ROUQUIÉ, 1984:246).

2.1. Del pacto del Frente Nacional a los conturbados años ochenta

Importantes análisis8 coinciden en afirmar que desde el régimen del Frente Nacional (1958-1974), tuvo vigencia un pacto entre civiles y militar en virtud del cual los primeros dejaron en manos castrenses las áreas de seguridad y defensa, a cambio de que los segundos se mantuvieran al margen de la política. Respecto al alcance explicativo del anterior modelo, resulta interesante la critica de (ISACSON, 2009) en el sentido que la idea del pacto no explica como funcionaron las relaciones civil-militares al solaparse la política interna con las políticas de seguridad. Agrega este autor, que en áreas como derechos humanos, la gestión de la defensa, la corrupción y, especialmente en negociaciones de paz, las relaciones entre políticos y militares fueron especialmente difíciles y que los militares habrían logrado imponer su criterio, con mas frecuencia de la que se piensa, mediante estrategias como ignorar ordenes, “ruidos de sables” e incluso cometiendo actos de cuestionable legalidad. De otro lado, el Régimen del Frente Nacional que remplazó al gobierno militar depuesto en 1957, no solo significó un vuelco9 a la organización política predominante desde mediados del siglo XIX, sino que para las instituciones militares planteó el retorno a la preocupación profesional, y más importante aun, trasladó la subordinación castrense de los partidos al Estado (LEAL,1994). El inicio de este proceso lo constituye el discurso del

                                                            6Ver: (LÓPEZ-ALVES, 2003:145-198) 7De acuerdo con (ROUQUIÉ, 1984:103), los altos costos de contratar misiones militares europeas, llevaron a que países como Colombia, Venezuela, Ecuador, el Salvador acudieron a las misiones chilenas o la “germanización de segunda mano” para reorganizar sus fuerzas armadas nacionales. 8Ver: (LEAL,1994); (DÁVILA,1998), (CUBIDES,2005) Y (AVILÉS,2006) 9Gobiernos hegemónicos alternados entre los partidos Liberal y Conservador, y un estado pre moderno, dieron paso a un monopolio bipartidista de la administración, a un aparato estatal mayor, en vías de modernización y a la burocratización y el clientelismo como fuente de reproducción de los partidos, en lugar de la pasión sectaria, (LEAL, 1994:131-132). Para un estudio clásico del Frente Nacional, (HARTLYN, 1993).

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Presidente electo Alberto Lleras Camargo con los oficiales de las fuerzas armadas de la guarnición de Bogotá, el 9 de mayo de 195810.

“Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política…Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la nación en vez de lo que decida el pueblo, pero no quiero en manera alguna que los políticos decidan cómo se deben manejar a las fuerzas armadas, en su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, en su personal” (Cubides, 2005:91).

La importancia de este discurso radica en que fue en términos prácticos, la única

directriz política global en materia militar formulada explícitamente por los gobiernos establecidos desde el Frente Nacional hasta 1990. En su afán por aislar a los militares del bipartidismo, Lleras Camargo acabó sentando las bases de la autonomía relativa de los militares. Así, en lugar de revisar y actualizar la anterior directriz, en la medida en que las circunstancias que provocaron su formulación fueran cambiando, lo que ocurrió entre 1958 y 1990, fue que esta se transformó en una “doctrina civil sobre política militar para todos los tiempos”, produciéndose así, un desfase entre los cambios al interior de la sociedad y la inmovilidad gubernamental en la formulación de una política militar (LEAL, 1994); (CUBIDES, 2005:91). Y por otro lado, acentuó el desconocimiento reciproco entre el sector civil y las fuerzas armadas, como si se tratara de orbitas independientes; estimulando una mentalidad autista dentro del ejercito, una defensa a ultranza de normas sobre fuero militar y un “esprit de corps” que impide a sus mandos, reconocer la gravedad de los excesos de sus subordinados (CUBIDES, 2005:92). En este orden, se fue desarrollando una progresiva autonomía de las instituciones coercitivas, particularmente en el control del orden público-función, que se tornó estratégica a medida que se desarrolló y diversificó la confrontación armada-concediéndoles prerrogativas institucionales11(LEAL,1994:135).

Al no actualizarse la política civil sobre el papel de las fuerzas armadas en la sociedad, los altos mandos militares asumieron su diseño; en circunstancias, en que la protesta ciudadana no encontraba eco en una dirigencia política preocupada por consolidar una maquinaria para la reproducción electoral del bipartidismo. De esta manera, las instituciones armadas formularon casi siempre de manera improvisada, los aspectos puntuales de una política general que se expresó mediante el anticomunismo, y en la que se combinaban también la tradición institucional, los conflictos del momentos, la influencia de la concepción político-militar norteamericana y la Doctrina de Seguridad Nacional suramericana (LEAL, 1994).

La única estrategia militar de alcance nacional diseñada hasta 1990 fue el Plan Lazo (LEAL, 1994). Con ella su gestor, el general Alberto Ruiz Novoa, propuso desde el desarrollismo militar, una nueva forma de abocar los problemas de orden público, la cual pudo continuar al ser nombrado en 1962 ministro de Guerra del Presidente Guillermo León Valencia. A pesar del relativo éxito de la estrategia, las ideas del general, a cerca de una autonomía militar con proyección política, llevaran a su destitución en 196512. Otro aspecto que reforzó la autonomía militar en el manejo del orden público, fue el uso indiscriminado del estado de excepción constitucional desde mediados de los años sesenta. Al eliminar cortapisas jurídicas, no solo se facilitó las iniciativas militares en el plano normativo y operacional, sino que se dio vía libre a la represión y a la violación de los derechos humanos (LEAL, 1994).

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), mostró poco interés por contrarrestar la progresiva autonomía militar en las funciones represivas y por controlar la separación creciente de los asuntos castrenses de las demás concepciones políticas del                                                             10Una semana antes, había fracasado el intento de sectores castrenses para derrocar la Junta militar que remplazó a Rojas Pinilla (LEAL, 1994). 11Por ejemplo, el Frente Nacional reservó a un militar en servicio activo, generalmente el más antiguo del escalafón, el ministerio de Guerra, antigua denominación del ministerio de Defensa. 12Al respecto, (STEPAN, 1986:25) subraya que al destituir a Ruiz Novoa, quien lideraba los cambios para la formación del “nuevo profesionalismo” en el Ejército colombiano, la elite política conservadora, contuvo el establecimiento del pleno autoritarismo burocrático en el Cono Sur.

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Estado, de modo que la cuestión militar continuo siendo prerrogativa de la cúpula castrense. En 1968 se puso en marcha, con el apoyo presidencial, el Plan Andes, una adaptación del Plan Lazo, a las nuevas realidades del conflicto guerrillero13. El Plan Andes, empezara a perder vigor en 1969, entre otras razones, tras la destitución ese mismo año del Comandante del Ejercito, general Guillermo Pinzón Caicedo, quien se oponía al control civil de los créditos militares y protestaba por su ineficacia (ROUQUIÉ, 1984:246); (LEAL, 1994). El presidente Misael Pastrana, (1970-1974), aun cuando creó en 1972, el Consejo Nacional de Seguridad, organismo que bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, seria la instancia central de discusión de los problemas de orden público entre civiles y militares. En la práctica fue incapaz14 de erradicar la ambivalencia de funciones militares y civiles en materia de orden público, en un contexto en el que la institución castrense profundizaba su combate tanto a las guerrillas como a los sectores sociales que percibían como sus aliados. Pastrana también estableció en 1974 un decreto que clasificó la documentación militar; esta norma que institucionalizó por primera vez, algunos principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, fue la única orientación para elaborar planes de seguridad nacional hasta 1990 (LEAL, 1994). La administración de Alfonso López Michelsen, (1974-1978) se vio marcada por la desconfianza del Presidente hacia los militares; por un clima de descontento popular que desembocó en el paró nacional de septiembre de 1977, movilización ese mismo año, produjo un pronunciamiento público de generales y almirantes de la guarnición de Bogotá, exigiéndole al presidente medidas para controlar el desorden social; por la continuidad de la autonomía castrense en el manejo del orden público; y por el inicio de la desaparición15 de la línea desarrollista en la política militar (LEAL,1994). En un ambiente de protesta social y de reactivación del movimiento insurgente, el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, (1978-1982), llevó adelante una política represiva que se materializo en el decreto legislativo 1923 de 1978, o Estatuto de Seguridad. Con esta normatividad, que seria la asimilación colombiana de la Doctrina de Seguridad Nacional, se estableció un conjunto de medidas de la justicia penal militar aplicables a la población civil, mientras la autonomía militar en el manejo del orden público y las violaciones a los derechos humanos llegaron a niveles sin precedentes (LEAL, 1994). La adopción de la seguridad nacional como directriz militar y la autonomía conquistada en el manejo del orden público, animaron a los militares a adoptar abiertamente posiciones políticas en relación con el problema de la violencia, durante el gobierno Belisario Betancur (1982-1986). Las relaciones entre el presidente y los militares fueron conflictivas y empeoraron con el tiempo, especialmente en virtud de su política de paz con las guerrillas y de la ley de amnistía a la que poco después se acogió la plana mayor del Movimiento 19 de Abril, (M-19) que en el gobierno anterior había sido condenada por un rodo de armas al Ejercito ocurrido en 1979. Betancur, buscó fortalecer las fuerzas armadas diferentes al Ejército, dándole mayor independencia y capacidad a la Policía16. Las tirantes relaciones entre el Presidente y la cúpula castrense se hicieron aun mas difíciles con el anuncio presidencial de investigar las actividades de MAS (Muerte a Secuestradores), grupo paramilitar financiado por el narcotráfico, al cual estarían vinculados varios militares. En los últimos meses del gobierno Betancur, los militares consiguieron recuperaran la iniciativa en el manejo del orden publico, como consecuencia de varios hechos: el inicio del terrorismo con fines políticos de los grupos narcotraficantes,

                                                            13Cuatro años atrás habían surgido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN (LEAL, 1994). 14El Ministerio de Gobierno, solo tenía una competencia residual sobre lo que estaba excluido de la definición militar de orden público, de modo que su rol de coordinación generalmente se limitaba a opinar sobre asuntos considerados propios de la orbita castrense (Ibídem,1994). 15Esto tras la salida en 1975 y 1977 de los generales del ejercito Álvaro Valencia Tovar y José Joaquín Matallana respectivamente, por sus criticas a la gestión gubernamental (Ibídem, 1994).

16Esto se tradujo en la aprobación del grado máximo de general para sus oficiales, el aumento de sus efectivos, la modernización de sus equipos y armamentos (Ibídem, 1994).

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la reactivación del estado de sitio y la ampliación de la justicia penal militar a los delitos del narcotráfico; el rompimiento en 1985 por parte del M-19 de la tregua pactada con el gobierno y la posterior toma por esa guerrilla del Palacio del Justicia en 1985 cuyo cruento desenlace dejó mas de 100 personas muertas (LEAL, 1994). El presidente Virgilio Barco (1986-1990), tuvo unas relaciones menos tensas con las fuerzas armadas. A partir de su estilo tecnocrático, Barco impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR17. Por otra lado, la diversificación y recrudecimiento de la violencia que se inicia en 1988, con el aumento de las masacres paramilitares sobre sectores campesinos; la ola de asesinatos de importantes personalidades desatada por los narcotraficantes18; al igual que la expansión de los frentes guerrilleros (ROMERO,2004);(CUBIDES,2007), puso en cuestión la ineficiencia de las instituciones militares en el manejo del orden púbico, cuestionamiento al que los altos mandos respondieron alegando que los recursos asignados-que venían creciendo desde el gobierno anterior-, eran insuficientes. Otra cuestión que contribuyó a debilitar políticamente a los militares, fortaleciendo le gestión civil19, fueron sus aparente vínculos con grupos paramilitares (LEAL, 1994). El asesinato en 1989 del candidato liberal a la presidencia Luis Carlos Galán y la guerra declarada por el Presidente al narcoterrorismo, conllevo a que durante el último año de su gobierno los militares participaran de lleno en la represión al narcotráfico, reduciendo su preocupación por la subversión. Esta nueva jerarquización de las amenazas que además era compartida por los altos mandos militares, favoreció el proceso de paz que condujo a la desmovilización del M-19. Por otro lado, en materia de normas de defensa y seguridad se continúo reaccionando de manera coyuntural20 a las graves circunstancias de orden público generadas por las acciones paramilitares y narcotraficantes (LEAL, 1994).

2.2. De la reducción de prerrogativas militares del gobierno Gaviria, a la condescendencia de Uribe

En medio de la persistencia de la violencia, especialmente, por la capacidad desestabilizadora del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, la administración de Cesar Gaviria (1990-1994), asumió directamente las cuestiones de seguridad y defensa lo que supuso un viraje con respecto a la lógica imperante desde 1958. Gaviria aprovechó la guerra contra el narcotráfico, iniciada por su antecesor y los cambios internacionales del fin de la guerra fría, para impulsar una apertura política que rompiera con el sistema político bipartidista y cerrado que había prevalecido desde el Frente Nacional. Este proceso trajo como resultado la Constitución en 1991, en cuya elaboración fueron protagonistas antiguos guerrilleros del M-19. Al mismo tiempo, durante los dos primeros años de gobierno se realizaron conversaciones de paz con las guerrillas del Ejercito Popular de Liberación, ELN y las FARC, primero en Caracas (1991) y luego en Tlaxcala, México (1992) y se lanzó una política de sometimiento a la justicia, que ofreció rebajas de penas a quienes abandonaran el narcotráfico. Sin embargo, ambas iniciativas acabaran fracasando, la primera producto de la continuidad de la confrontación armada y la segunda, tras la fuga del jefe del Cartel de Medellín en 1992 (LEAL, 1994).

Por otro lado, aunque la nueva Carta Política no representó cambios significativos en materias militares y de seguridad, el gobierno avanzó en la reducción de prerrogativas                                                             17El PNR, era una versión civil de la antigua filosofía desarrollista, con la que se buscaba quitarles a las guerrillas, a través de obras e inversiones públicas, las zonas conflictivas y deprimidas, (Ibídem, 1994). 18Tal y como ocurrió con el Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos, asesinado en 1988. 19En 1987 la Corte Suprema de Justicia prohibió el juzgamiento de civiles por tribunales militares, el nombramiento de un abogado civil como procurador delegado para las Fuerzas Militares y la sentencia de la Corte Suprema en 1989 que determinó a que los delitos cometidos fuera del servicio por militares fueran juzgados por civiles, (Ibídem, 1994). 20Por ejemplo, una de las ultimas disposiciones del gobierno sobre defensa fue el decreto 814 de 1989 el Cuerpo Elite de la Policía, destinado a combatir a los grupos paramilitares y narcotraficantes. En 1990, se pusieron en marcha las brigadas móviles del Ejército para enfrentar la subversión, (Ibídem, 1994).

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militares y en el fortalecimiento del control civil21. Así, se creó la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad CPDS, para centralizar el análisis, diseño y dirección de las estrategias de seguridad bajo el control civil; se designó al primer civil en la cartera de Defensa en cerca de cuarenta años; fue nombrado un civil en la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la principal agencia de inteligencia colombiana; se creo la Comisión de Inteligencia como parte de la CPDS; fueron ejecutadas iniciativas como una Oficina de Derechos Humanos, para aumentar la capacitación en estas materias dentro de las fuerzas armadas; las promociones dejaron de ser prerrogativas internas de las fuerzas militares para ser supervisadas por el Presidente; se prohibió constitucionalmente el juzgamiento de civiles por militares y finalmente se creó la Unidad de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación, para coordinar la inversión en los sectores de justicia, defensa y seguridad (AVILÉS, 2006); (ROMERO, 2004); (LEAL,1994).

Si bien la CPDS definió una estrategia nacional para encarar los problemas de seguridad interna: la Estrategia Nacional contra la Violencia, a través de la cual no solo se reconoció la multiplicidad de la violencia, incluyendo las violaciones a los derechos humanos por parte de Estado, sino que- a diferencia de la dispersión que hasta entonces había predominado entre los organismos estatales-, se unificaron criterios para darle coherencia a la nueva política; los cambios institucionales introducidos fueron incapaces de materializar condiciones de subordinación y autonomía compatibles con la consolidación democrática, Esto en la medida en que la estrategia de ‘guerra integral” implementada a partir de 1992 contra la guerrilla y el narcotráfico, supuso el predominio de una interpretación “militarista y criminalizarte” del conflicto armado (DÁVILA, 1998:170). En este orden, el presupuesto militar se duplicó y el número regular de soldados profesionales creció como parte de la modernización de las fuerzas armadas. Para financiar este aumento, el gobierno implementó el llamado “impuesto de guerra22” medida que se justificó como siendo indispensable para solventar la creación de brigadas móviles, el mejoramiento de las capacidades de inteligencia y transporte, así como la defensa de la infraestructura energética del país (AVILÉS, 2006, p. 66-68). Junto con una cierta “reverencia” de los civiles frente a las opiniones y decisiones militares en asuntos operativos de orden publico, la cual en parte, respondía al desconocimiento inicial de estos temas, otro de los factores que contribuyó a mantener el peso castrense en el manejo de la seguridad, fue el desconocimiento reciproco entre estamento civil y militar, legado por el Frente Nacional (DÁVILA, 1998:170).

De nuevo las relaciones entre civiles y militares volvieron a fracturarse durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998). Para fines analíticos este periodo revela dos momentos claramente delimitados. El primero, tiene como punto de partida el escandalo del llamado proceso 800023 en agosto de 1995 y la rápida renuncia del Ministro de Defensa Fernando Botero. En este contexto, se dio una perdida del terreno ganado por los civiles en la definición de las políticas de seguridad y defensa, ante la ausencia de una conducción civil clara, las fuerzas armadas retomaran sus comportamientos anteriores al gobierno Gaviria, es decir, desarrollaran una estrategia relativamente autónoma en el combate a la guerrilla (DÁVILA, 1999). Ese mismo año, las fuerzas armadas criticaron

                                                            21La voluntad gubernamental por institucionalizar las relaciones cívico-militares, se sintonizó con las prioridades norteamericanas de la post guerra fría: guerra contra las drogas y promoción de la Democracia. Al respecto vale destacar que el programa, International Military Education and Training (IMET) del Pentágono, dedicado a la formación de civiles y militares extranjeros en el respeto al control civil sobre asuntos militares y a los derechos humanos, entrenó entre 1984 y 1992, 6.844 soldados colombianos. El énfasis en el control civil fue incluido en acuerdos antinarcóticos como la Declaración de Cartagena de 1990, suscrita entre EUA y los países andinos (AVILÉS, 2006). 22La medida fue implementada a través del decreto 416 de 1991 tenía como base las exportaciones de petróleo, carbón, níquel gas y las llamadas telefónicas internacionales. Del mismo modo los contribuyentes que pagaban más de un millón de pesos anuales-500 dólares-por impuesto de renta, serían gravados en un 5% (AVILÉS, 2006). 23 Esta es la manera en que se conoce la investigación judicial abierta por la Fiscalía General de la Nación a raíz de las contribuciones del Cartel de Cali a la campaña presidencial de 1994.

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públicamente las exigencias gubernamentales para que los militares adhirieran a las normas de derechos humanos, y vetaron la posibilidad de desmilitarizar un municipio para adelantar un proceso de paz con las FARC. El año siguiente, en el contexto de la polarización política que cuestionaba la legitimidad del gobierno, vino la sonada renuncia24 del comandante de la Segunda División del Ejército, mayor general Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez, con el argumento de que el Presidente no merecía su respaldo25. Así mismo, se mencionó insistentemente la existencia de planes y reuniones para derrocar26a Samper en las que estaría comprometido un sector de las fuerzas armadas en alianza con elites políticas y empresariales. Con un Presidente acorralado, las instituciones castrenses consiguieron presionar al gobierno y al Congreso para la adopción de una normatividad de excepción semejante a las expedidas anteriormente en el marco del estado de sitio; lo mismo que para la aprobación de un nuevo impuesto de guerra dirigido a solventar los requerimientos de la guerra (DÁVILA, 1999:380). Un segundo momento, comienza en agosto 1996, con el ataque de las FARC a la base militar de las Delicias27 en el departamento del Putumayo, en virtud del cual la guerrilla retuvo a sesenta soldados. Se trató de una coyuntura de crítica y cuestionamiento a la estrategia y la táctica del Ejército, y por tanto a la capacidad y eficiencia de las instituciones armadas para controlar el orden publico detener el avance guerrillero y paramilitar (DÁVILA, 1999). Por la misma época, aumentaron las presiones civiles por mayor eficiencia de los militares, y la Comisión de Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas CRGFP redujo el gasto militar, recomendando suspender los planes de expansión, especialmente en el caso del ejército. Del mismo modo iniciativas gubernamentales que buscaban incrementar el número de soldados profesionales fueron frustrados debido a preocupaciones de orden fiscal (AVILÉS, 2006, p. 83-84). La centralidad del ajuste dentro del debate del gasto militar y la confianza de los civiles en que el presupuesto asignado era suficiente para contener la insurgencia, llevó a los Comandantes Generales del Ejército: Hernán Guzmán en 1993 y Harold Bedoya en 1996, a reclamar públicamente, la falta de suministros básicos, uniformes, armamento adecuado y helicópteros, demandas que sin embargo, fueron ignoradas28 (AVILÉS, 2006, p. 68-85). Otra cuestión importante, tiene que ver con que durante los años noventa, la ayuda y asesoría militar estadounidense, estuvo en su nivel mas bajo desde la misión naval de 1938, debido a la mala reputación de los militares en términos de abusos a los derechos humanos y corrupción, a su desinterés en luchar contra el narcotráfico y a las difíciles relaciones entre Washington y Bogotá en tiempos de Samper29, cuya legitimidad había sido salpicada por el dinero del narcotráfico (ISACSON, 2009:183-199); (RAMÍREZ & CADENAS, 1999); (ROMERO, 2004).  

En estas circunstancias, la oposición militar a cualquier intento de negociación con la guerrilla se debilitó, lo que fue aprovechado por los civiles interesados en explorar una negociación de paz. Adicionalmente, el desempeño de las fuerzas armadas en materia de derechos humanos, comenzó a ser criticado no solo por ONG´S internacionales, sino por Naciones Unidas y por el gobierno estadounidense (DÁVILA, 1999). Así en 1997 el

                                                             25 “El Presidente no merece mi respaldo”, en El Tiempo, 27 de enero de 1996. 26“The open opposition of sectors of the military to Samper’s administration was ultimately coupled with meetings between these sectors and conservative political elites to discuss the removal of Samper [….] Individuals linked with this opposition to Samper and a select group of military officers approached Ambassador Frechette in August 1995to ask whether the United States would support the forcible removal of Samper and a transition government to new elections. Frechette responded that in no way would the United States support a military takeover, despite the fact that U.S. pressure was exacerbating this opposition, arguing that Samper’s removal should be conducted through a legal, constitutional process” (AVILÉS, 2005: 41). Ver: “Habla el conspirador”, en Semana, diciembre 21, 1998. 27Este hecho, inauguró una crisis militar sin precedentes que se extendió por dos años, hasta los ataques en El Billar (Caquetá) y Miraflores (Guaviare) en 1998 (LAIR, 2004). 28Aunque entre 1990 y 1998 el aumento presupuestal permitió ampliar la tropa, no ocurrió lo mismo en términos de munición, repuestos, combustible y equipos de comunicaciones (AVILÉS, 2006, p. 68-85).

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gobierno desmilitarizó una región del sur del país a cambio de la liberación de soldados en poder de las FARC, en un proceso en el que esta organización no solo impuso las condiciones, sino que utilizó las liberaciones para mostrar capacidad político militar. Mientras tanto, las fuerzas militares encabezadas por su Comandante el general Harold Bedoya, combinaron una actitud de aceptación del proceso, con un discurso de abierto rechazo a lo que calificaron como un “circo”. Ese mismo año el general Bedoya fue removido por “razones de estado”, motivando la protesta de cientos de oficiales del ejército quienes pidieron a Bedoya ignorar la determinación presidencial. En esas circunstancias el gobierno debió tomar medidas especiales de seguridad temiendo la posibilidad de un golpe militar (AVILÉS, 2006); (WATSON, 2000). En términos presupuestales y de fortalecimiento de las capacidades militares, la intensidad del conflicto interno, llevó a que durante los años noventa el Estado mostrara importantes avances aunque sin romper la debilidad histórica y estructural de las fuerzas armadas. De hecho el aumento relativo de la capacidad coercitiva y extractiva del Estado se verá limitado por las políticas de restructuración del estado y liberalización económica que exigían una estrategia contrainsurgente de bajo costo (AVILÉS, 2006). Mientras tanto, las dudas sobre el nivel de profesionalismo y la efectividad de las fuerzas armadas contrastaban con el hecho de que entre 1990 y 1995, la guerra había entrado en una nueva fase, ya que las FARC y el ELN financiados con los recursos económicos que extraían del crecimiento de las aéreas cocaleras1 del sur del país, y de la extracción petrolera en la región oriental respectivamente, incrementaron el número de sus frentes- pasado de sesenta y cinco a cerca de cien- y aumentaron su capacidad de combate (CUBIDES, 2007); (CHERNICK, 2008). Al mismo tiempo, la expansión paramilitar hacia lo que a partir de 1997 serán las Autodefensas Unidas de Colombia AUC30, se vio favorecida entre otros factores31 por la sistemática colaboración que estos grupos32recibieron de parte de las fuerzas armadas, durante los gobiernos de Gaviria33 y Samper (AVILES,2006). En el caso de la administración Samper, los vínculos contaron con la tolerancia o el apoyo indirecto de funcionarios, como el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea. Botero, quien fuera el principal promotor de las cuestionadas cooperativas de seguridad Convivir, inspiradas en las rondas campesinas del Perú (DÁVILA, 1999); (ROMERO, 2004). Las Convivir34 fueron aprobadas por el gobierno a través del decreto 356 de 1994, con el argumento de que se limitarían a “funciones defensivas”, apoyando a las fuerzas armadas con inteligencia en las comunidades locales. También se aseguró que tanto estas como sus integrantes serian reguladas por el estado (AVILÉS, 2006).

2.3. La administración Pastrana y el inicio del Plan Colombia

Con el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) las relaciones con EUA comenzaron una nueva fase. El “conflicto armado” se incluyó formalmente en la agenda bilateral, y a las operaciones antidrogas se añadió el objetivo de contrarrestar a los grupos armados ilegales. Bajo la premisa de estas agrupaciones se financiaban con el

                                                            30En 1997, las AUC, eran una federación de espectro nacional, compuesta por seis grupos de los cuales las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, eran el sector mas importante. Además de las AUCC, estaban las estructuras de los Llanos Orientales; Cundinamarca; Casanare; Santander y Sur del Cesar; Magdalena Medio y Valle del Cauca, (ROMERO, 2004). 31Al menos 4 factores posibilitaron el surgimiento de las AUC: elites regionales dispuestas a apoyarles política y económicamente; asesoría o al menos cooperación de parte de sectores de la FFAA; liderazgo de grupos o individuos vinculados al narcotráfico y presión política y militar de la guerrilla, ibídem. Para una explicación a cerca del proceso que va de estructuras embrionarias a estructuras consolidadas de los grupos paramilitares, ver (CUBIDES, 2004). 32Según Human Rights Watch, los grupos paramilitares fueron responsables de la mayoría de masacres y asesinatos políticos ocurridos durante los años noventa. Estas acciones en las que habrían perdido la vida cerca de 4000 personas, se dirigían en contra de quienes eran señalados de apoyar a las organizaciones guerrilleras, de aquellos que se percibían como críticos del modelo económico imperante o peligrosos para los intereses de las elites económicas nacionales o regionales (AVILES,2006). 33La posibilidad de que milicias civiles podrían convertirse en grupos paramilitares, como ya había ocurrido antes, no disuadió a la administración Gaviria de utilizarlas. El Ministro de Defensa examinó el rol que los civiles podrían jugar en tareas de contrainsurgencia, lo que condujo a la emisión del decreto 356 de febrero de 1994, que establecía los ‘servicios especiales de vigilancia y seguridad”, (Ibídem, 2006:118) 34Como anota (DÁVILA, 1999), en la practica el gobierno Samper revivió el mecanismo de autodefensas campesinas declarado ilegal en 1989.

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narcotráfico, la superación del conflicto dejó de ser un objetivo secundario en la política de Estados Unidos, de modo que este país se involucró abiertamente en los detalles de la estrategia militar y política para estimular la desmovilización de las guerrillas y los paramilitares (GUAQUETA, 2006: 209). Sin embargo, la exitosa ofensiva desplegada por las FARC entre 1996 y 1998 y la incapacidad del Estado para enfrentar un conflicto desbordado, condujeron a que la población se manifestara a favor de la paz,35y a que las elites nacionales se convencieran sobre la necesidad de fortalecer la capacidad coercitiva del Estado (TICKNER, 2007). Este cuadro es importante para comprender por que, el presidente Andrés Pastrana, decidió iniciar un nuevo proceso de paz con las FARC, pero al mismo tiempo emprendió un importante proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Por cuenta del primero de estos objetivos el gobierno vivió en mayo de 1999 otro episodio de “ruido de sables” con la renuncia de su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y las amenazas de seguirlo que hicieron muchos generales y coroneles, descontentos con el manejo del proceso de paz y especialmente de la desmilitarización de un área de unos 42.000 Km localizada entre los departamentos meridionales del Meta y el Caquetá (AVILÉS, 2006); (WATSON, 2000).

De otro lado, durante el gobierno Pastrana, el Plan Colombia se convirtió en la

principal estrategia para superar el conflicto. Además, con el inicio de la ejecución de dicho plan en 2000, tuvo lugar, una importante inflexión en la medida que el liderazgo civil retomó la iniciativa en lo referente a implementar estrategias de seguridad, cuestión en la que como vimos, el gobierno Samper había retrocedido en virtud de la inestabilidad que lo rodeó. El incremento de la ayuda externa y de los impuestos para el sector defensa conllevó no solo el aumento del personal civil del Ministerio de Defensa, sino una actitud mas asertiva de los civiles en términos de presupuesto y gestión (ISACSON, 2009: 204).

Por otra parte, la “seguritización” 36 del Plan Colombia entre 1998 y 2000, verificable en

sus tres componentes fundamentales: erradicación forzosa de cultivos ilícitos; reingeniería de las FFAA, sobretodo en sectores involucrados en la lucha anti-drogas y el componente social; hicieron viable el segundo de los objetivos de Pastrana: la modernización y fortalecimiento militar en términos de estrategia, movilidad, inteligencia, derechos humanos y justicia militar e impulso a un programa de reformas y crecimiento37 que empezó a ser implementado por el Ministro de la Defensa Luis Fernando Ramírez (1999-2001). De hecho, los recursos provenientes de la ayuda norteamericana en ese periodo, fueron asignados así: US$391 millones para apoyo militar en el sur del país, US$ 129 para interdicción, US$116 para la Policía, US$81 para programas de desarrollo alternativo y US$122 para derechos humanos y justicia (VARGAS, 2010:190). Sobre la importancia y las repercusiones del proceso que se puso en curso en 1998, involucrando principalmente al Ejercito y enfatizando las operaciones conjuntas y especiales, el coronel estadounidense John Cope dirá: “El instrumentos militar también es mas capaz de lo que                                                              36Si bien, el Plan fue presentado en 1998 como una especie de “Plan Marchall” a través del cual el gobierno colombiano invitaba a EUA y la comunidad internacional a participar de un esfuerzo de paz y reconstrucción en el que los cultivos ilícitos eran vistos como un problema social. Un año después, la preponderancia de los intereses norteamericanos en relación con la guerra contra las drogas y una aparente falta de concreción del lado colombiano, darán lugar al “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado”; que con una lectura diferente a cerca de la crisis, se fundamentó en el argumento de que las drogas ilícitas eran una amenaza a la seguridad nacional y que el estado era demasiado débil, en virtud de su falta de monopolio sobre el territorio y el uso de la fuerza, para enfrentarlas por si solo. Debilidad estatal que impedía la ejecución efectiva de políticas antidrogas en el sur del país territorio controlada por la guerrilla y en donde se concentraban los cultivos de hoja de coca, (TICKNER, 2007: 99-100). Además, el énfasis militar del Plan Colombia resulta claro al analizar el paquete de US$1.350 millones aprobados entre 2000 y 2001, 80% destinado a rubros militares para fortalecerla capacidad operativa de la fuerza pública y solamente un 20% a la asistencia económica y social. Ver (Ibídem, 2007]. 37 En materia de equipos, el esfuerzo presupuestal se concentró en la adquisición helicópteros para mejorar la movilidad, lo cual se complementó con una nueva estrategia dirigida a concentrar efectivos en menos lugares del territorio y desplazarlos de manera rápida para responder o prevenir ataques guerrilleros. Otros aspectos de la reforma militar fueron: la capacitación de los miembros de las fuerzas armadas en derechos humanos y la substitución de soldados conscriptos por soldados profesionales, 40.000 de los cuales se incorporaron en 2000. Ver: “¡Adelante, arr!”, en Semana, 16 de octubre de 2000.

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fue durante la década de los noventa. Gracias a la visión e impulso del movimiento de reforma militar que lideraron los generales Tapias, Mora y Ospina ha sido posible modernizar el pensamiento estratégico, el arte operativo, la táctica y la capacidad militar (VARGAS, 2010:189).

A pesar del reacondicionamiento militar apoyado por el presidente Pastrana, con el cual, se respondía a las demandas que durante los años noventa hicieron los militares en el sentido de contar con mas recursos para la guerra y se rompía con la estrategia de bajo costo desarrollada por las administraciones Gaviria y Samper, las diferencias entre civiles y militares en torno al tema de la paz fueron muy fuertes. En marzo de 2001 la autonomía castrense reapareció en relación con la orden presidencial para desmilitarizar tres municipios en los departamentos de Antioquia y Bolívar para iniciar un proceso de negociación con el ELN. En aquella oportunidad los militares no acataron la orden de Pastrana y este no pudo cumplir su palabra38 (ISACSON, 2009:191).

2.4. La Política de Seguridad Democrática de Uribe

La elección de Álvaro Uribe Vélez, (2002-2006) y su posterior relección (2006-2010),

permitieron implementar una solución de fuerza al conflicto, estrategia que se legitimó en un contexto en el que la violencia guerrillera y paramilitar, amenazaba desbordar al Estado y a la sociedad. En este sentido la Política de Seguridad Democrática (PSD) formalizada en 2003, fue más allá del Plan Colombia para situar la seguridad en el centro de los esfuerzos de desarrollo y gobernabilidad del Estado colombiano. La PSD, significó no solo la institucionalización del peso que el presidente concedió al tema de la seguridad, sino un esfuerzo casi inédito por asumir desde el Ejecutivo, la conducción de la política militar. Como advierte (LEAL, 2004), el único antecedente semejante a la PSD fue la Estrategia Nacional contra la Violencia del presidente Gaviria (1990-1994). En este sentido, Uribe estimuló una relación directa de mando con oficiales y tropa, mostrando una clara voluntad por responder a sus demandas39 en términos presupuestales y de apoyo político.

Así, se profundizó la asistencia militar estadounidense, iniciada dos años atrás, y el

Plan Colombia, se transformó en el marco de la guerra al terrorismo declarada por EUA en 2001, extendiendo sus efectos al combate de los grupos armados colombianos, bajo la premisa de que tales organizaciones eran grupos terroristas (TICKNER, 2007); (ROJAS, 2007). De acuerdo con (ISACSON, 2009) entre 2000 y 2008 Estados Unidos otorgó a los militares y policías colombianos unos US$4800 millones. En este orden, el periodo de ejecución del Plan Colombia y de la PSD, sumados a los avances iniciados el gobierno Pastrana, impulsaron un proceso de fortalecimiento y modernización militar sin precedentes en la historia colombiana, al punto que parece sugerir un cambio en uno de los rasgos característicos del proceso de construcción de estado en Colombia40: un ejército débil. Sobre esta significativa transformación (ISAZA, 2007), (2009) advierte, que en los últimos años, Colombia habría dejado de ser un “país cafetero” para convertirse en

                                                            38“Cuando Pastrana ordenó a los militares salir de los tres municipios en marzo de 2001, miles de residentes locales estimulados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que mantuvo una fuerte presencia en la zona, organizó semanas de protestas y bloqueos de caminos. La prometida desmilitarización fue finalmente suspendida, vencidas por protestas campesinas, presión paramilitar y resistencia tras bambalinas de los militares colombianos. En agosto, Pastrana, incapaz de cumplir su promesa o arrancar alguna flexibilidad de parte de los insurgentes suspendió las conversaciones con el ELN” (ISACSON, 2009:191). 39Algunas de las medidas que evidencian este apoyo incluyen la instalación de redes de informantes y el pago de recompensas a quienes dieran información en contra de miembros de los grupos armados ilegales, la declaratoria de la conmoción interior que permitía la conducción excepcional del orden público y la creación de zonas de rehabilitación en los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar regiones bajo conducción político-militar de miembros de la fuerza pública y en las cuales se comenzaron a aplicar restricciones y controles estrictos sobre la población y finalmente la imposición de un impuesto a la seguridad con el objetivo de recaudar unos US$2000 millones. Ver: (AVILÉS, 2006); (LEAL, 2004); (DÁVILA, 2003).

40Para un estudio profundo del proceso de construcción de Estado en América del Sur y en Colombia, ver (LÓPEZ-ALVES, 2003).

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un “país militar”, esto considerando que se multiplicó por siete, el número de efectivos militares que el país tenia a finales de la década de 1950 y que entre 2008 y 2009 Colombia consolidó un Ejército mayor que el de Brasil41.

La PSD significó un quiebre a la tradición de la elite colombiana de mantener un presupuesto de defensa bajo y contribuir con pocos impuestos; elevando el presupuesto de defensa de 3,4% del PIB en 2000 a 6,32% en 2007, porcentaje superior al promedio histórico para el periodo 1926-1998 que fue del 1,8% del PIB42 y al decretar en 2003, el impuesto único sobre el patrimonio de los ciudadanos más ricos que recaudó cerca de US$1000 millones (ISACSON, 2009). Todo lo cual, posibilitó un incremento en el número de divisiones que pasaron de cinco a siete; la creación de nueve brigadas móviles, seis batallones de alta montaña, trece unidades de fuerzas especiales antiterroristas y un aumento del 75% en el pie de fuerza entre 2000 y 2008, pasando de una fuerza combinada de 275.000 a cerca de 500.000 (ISACSON, 2009); (AVILÉS, 2006).

Mientras que la asistencia del Plan Colombia se tradujo en: la adquisición de más de 90 helicópteros; el entrenamiento de unos 56.000 efectivos militares; US$200 millones anuales para el mantenimiento de aeronaves de la policía y de la brigada de aviación del ejército; cerca de US$150 millones para financiar actividades de protección a la infraestructura petrolera por parte de la fuerza pública; apoyo al Plan Patriota (2003-2006)43, la ofensiva militar contrainsurgente más importante de la historia reciente del país; asistencia para la creación de nuevas unidades móviles, incluyendo una Brigada Antinarcóticos del Ejercito, un Batallón de Comandos del Ejercito, unidades antisecuestro militares y policiales, Brigadas de Fuerzas Especiales Móviles y una Brigada Fluvial de la Marina y la vinculación de contratistas de Defensa de los EUA, para ejecutar de cerca de la mitad de la asistencia militar y policial (ISACSON, 2009:198).

Tamaña inyección de recursos internos y externos hizo posible que las fuerzas armadas colombianas dieran un extraordinario salto cualitativo en términos de su capacidad de combate y obtuvieran importantes éxitos en el combate a las FARC44. Pero sobre todo dio a las fuerzas armadas un mayor peso político, aumentando su popularidad y prestigio social (ISACSON, 2009). En los últimos años, los militares ostentan índices de aprobación de entre 80% y 70%, entre los colombianos que viven en las principales ciudades del país (ISACSON, 2009). Por ejemplo, en 2007 el 65% de los consultados creían que las fuerzas armadas estaban en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla, porcentaje que practicante se duplicó desde 2000 (ISACSON, 2009). A su vez, un sondeo, llevado a cabo en 2011, mostró que cada una de las tres fuerzas contaba con una favorabilidad superior al 80% y que las FFMM eran la institución con mayor credibilidad entre los colombianos45.

No obstante, el crecimiento y la modernización de los últimos años tuvieron algunos

costos para las fuerzas armadas. En el ámbito interno, el mayor apoyo presupuestal y político a partir de 2000, trajo consigo mayores exigencias civiles en términos de gestión y un papel mas proactivo del liderazgo civil en la elaboración e implementación de política                                                             41En 2010, mientras Brasil tenía un Ejército compuesto por 222.212 efectivos, el Ejército colombiano contaba con 226.544 hombres, (RESDAL, 2010:92). 42Ver:( ISAZA & CAMPOS, 2007). 43Ver: (VARGAS, 2010:195-204). 44 Además del aumento en el número de combates por iniciativa de la fuerza publica, de la reducción en las tasas de homicidios, secuestros y de ataques a la infraestructura, es necesario destacar acciones como la captura en 2004 de “Simón Trinidad” miembro de la cúpula de las FARC y “Sonia” jefe de finanzas del Bloque Sur de esa organización, el bombardeo a territorio ecuatoriano ocurrido en 2008 en el que fue dado de baja el segundo hombre en la estructura de las FARC, Édgar Devia, alias Raúl Reyes y la “operación Jaque” que meses después, permitió la liberación de Ingrid Betancourt, 11 soldados y 3 contratistas norteamericanos en poder de la guerrilla (LEAL, 2004); (VARGAS, 2010). 45“Presidente Santos revelo los resultados de una encuesta que destaca la favorabilidad de las FFAA”, en Presidencia de la Republica, 4 de mayo de 2011; “Los colombianos hoy son menos optimistas“, en El Espectador, 6 de mayo de 2011; A mayor respaldo mayor compromiso”, en Revista No 154, Ejercito Nacional de Colombia.

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de seguridad. Aclarando sin embargo, que la política que se trazó, sobre todo desde 2002, no contradijo las prioridades militares, sino que se acercó a lo que los militares desean hacer (ISACSON, 2009). Al mismo tiempo, la “relación especial” con Washington instaló un nuevo conjunto de presiones sobre los militares y sobre la estrategia de seguridad (ISACSON, 2009). Esto obligó a las FF.AA. a adaptarse a la “guerra contra las drogas” enfrentando grupos de narcotraficantes aun cuando no estuvieran relacionados con la guerrilla y eventualmente, a tolerar el veto estadounidenses sobre el uso de la ayuda, para propósitos diferentes a operaciones de erradicación e interdicción de drogas (ISACSON, 2009:200). También, debieron lidiar con una presión externa más fuerte en relación con asuntos como la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el Congreso de los EEUU, agregó en 2000, condiciones legales específicas a efectos de congelar la ayuda a Colombia, sino se tomaban medidas contra la impunidad, exigencias que se hicieron aún más efectivas46 en 2006 cuando los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas Cámaras (ISACSON, 2009); (AVILÉS, 2006). Además, la nueva legislatura aprobó en 2008, una ley de asistencia que reducía significativamente la asistencia militar, trasfiriendo los recursos hacia reforma judicial y desarrollo rural (ISACSON, 2009).

El relativo efecto de un mayor escrutinio internacional, se reflejó también en el convenio suscrito en 2006 entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, el cual fue avalado por el Presidente Uribe, a pesar de su profunda convicción a cerca de que los derechos humanos son un instrumento de la guerrilla para golpear a los militares, y de sus constante defensa47de una legislación de excepción para las fuerzas armadas (ISACSON, 2009) ;(AVILÉS, 2006). Este acuerdo, con el que Uribe buscaba mostrar48 transparencia en la lucha contra las guerrillas, y facilitar la ratificación por el Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercia suscrito con EUA en 2006, estableció no solo la presencia y vigilancia del poder judicial, sobre los operativos militares, sino la prelación de la Justicia Ordinaria sobre la Penal Militar a la hora de adelantar investigaciones penales49.

Por otro lado, en el contexto del rápido crecimiento de las fuerzas armadas y del aumento del ritmo operacional,50 ocurrieron graves abusos51, que según algunos analistas, serían sintomáticos de una crisis de comando y control, debido a un crecimiento militar con escasez52 de oficiales experimentados capaces de supervisar; aunque habría que decir también, que la mayor parte de tales escándalos, compromete a militares con años de experiencia (ISACSON, 2009).

De las anteriores arbitrariedades la que cuestiona más fuertemente el profesionalismo, la eficacia y el respecto efectivo de los derechos humanos de las fuerzas armadas, y la calidad del control civil democrático durante la vigencia de la PSD, específicamente, a raíz de algunos programas de incentivos y recompensas para los militares, son las ejecuciones extrajudiciales53 conocidas desde 2008 como “falsos positivos” (BLANCO, 2009). Si bien en un comienzo el gobierno argumentó que se trataba de unos pocos casos

                                                            46De hecho, el senador Patrick Leahy, con el apoyo de otros senadores demócratas congeló US$55 millones de ayuda militar correspondiente a 2006, dinero que solo fue transferido en 2008. Ver, “La plata congelada por Estados Unidos se debió a serias dudas sobre DD.HH.” en Semana, 19 de abril de 2007; (ISACSON, 2009). 47Ver: (Leal, 2004:179); (ISACSON, 2009). 48Otras señales del gobierno Uribe dirigidas a persuadir de su compromiso con los DDHH a la bancada Demócrata en el Congreso de EUA, tiene que ver con el acrecimiento en 2007 de los despidos de oficiales corruptos y que las condenas por violaciones de derechos humanos (ISACSON, 2009). 49“Fuero militar: un enredo de Álvaro Uribe”, en Semana, 22 de marzo de 2012. 50Por ejemplo, el número de misiones tácticas de la fuerza pública aumentó de 11.898 en 2002 a 26.432 en 2008 (RANGEL 2010:82). 51Para una lista de arbitrariedades ocurridas en vigencia de la PSD, ver (ISACSON, 2009:202-203) ;(MEDELLÍN, 2010). 52 Según (BORRERO, 2006), el tamaño del Ejercito y la Infantería de Marina, ha implicado escasez de mandos sobro todo en niveles inferiores de oficiales subalternos y suboficiales. 53 Entre 2002 y 2006 el promedio anual de violaciones al derecho a la vida atribuidas a agentes estatales fue de 227, superior al promedio de ejecuciones extrajudiciales de los seis años anteriores que fue de 131 (MEDELLÍN, 2010:181).

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aislados. Un informe54 de 2009 del relator de Naciones Unidas para ejecuciones arbitrarias, fue categórico: “He entrevistado a sobrevivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello”. El funcionario de la ONU agregó: “Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”. A pesar de la gravedad de estas desapariciones, no se conoce con exactitud la cifra total de víctimas55. En este sentido, la ex senadora de oposición Piedad Córdoba afirmó: "Naciones Unidas no nos ha dado una cifra exacta, el Gobierno dice que fueron unos 2.000, pero nosotros creemos que fueron, al menos, unos 5.000". Entre los factores que pudieron estimular estos crímenes, sobresale la Directiva 025 de 2005 emitida por el Ministerio de Defensa, documento secreto que reglamentaba los estímulos para los militares que presentaran resultados contra la guerrilla56.

Si bien en octubre de 2008, dos meses después de que el escandalo ganara notoriedad al conocerse el caso de “los falsos positivos” Soacha57, el gobierno Uribe destituyó 27 oficiales del ejército y substituyó al comandante del Ejercito, determinaciones que motivaron rumores entre las filas castrenses de que el ejército estaría desmoralizado y que sus miembros no estarían combatiendo por temor a terminar en la cárcel. Las decisiones del gobierno, hicieron poco para combatir la impunidad que rodea las ejecuciones, y que según cifras de la ONU, era de 98,5% en 2010. De hecho, el primer fallo condenatorio por “falsos positivos”, solo fue proferido en junio de 2011, y a de 2012 de 1100 procesos penales solo 72 han llegado a etapa de juicio58.

Como se dijo anteriormente, la mayor injerencia civil se manifestó principalmente, a través de fuertes presiones del Presidente exigiendo resultados militares. Además, Uribe buscó un mayor control administrativo de los dineros invertidos en seguridad, y forzó la renuncia de altos oficiales militares59en un número que supera a cualquiera de sus antecesores (ISACSON, 2009). El estilo del Presidente, generó tensiones “operativas”, como cuando pretendía instruir a los generales en relación a las medidas o acciones que debían adoptar; o cuando llamaba, sin previo aviso, a los comandantes de brigada o batallón para pedirles informes de avances (PORCHE, 2008) (ISACSON, 2009). Esta presión por resultados pudo haber sido, otro importante incentivo a los graves delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en vigencia de la PSD, en el entendido que algunos oficiales interesados en ascender en sus carreras o en no ser destituidos por falta de resultados, optaron por mostrar grandes cantidades de muertos y heridos como indicador de eficiencia (ISACSON, 2009); (MEDELLÍN, 2010). La mayor intervención presidencial durante la PSD60 en dirección de la política de defensa y seguridad y en el

                                                            54 “Ejecuciones, mas que pocas manzanas podridas”: Relator ONU”, en Semana, 18 de junio de 2009. 55 El Ministerio Público de Colombia habla de unos 887 casos correspondientes al periodo 2002 y 2007, esto sin considerar las investigaciones que por la misma razón cursan en la Fiscalía y en la Jurisdicción Penal Milita, ver, (MEDELLÍN, 2010). 56 De acuerdo con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, tras la expedición de esta política, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y a 245 en 2007, ver: “Directiva ministerial 029 de 2005”, en Semana, 1 de noviembre de 2005; “ONU documentaba existencia “falsos positivos” antes de que salieran a la luz”, en El Espectador, abril 13 de 2010. 57Los familiares de al menos 20 jóvenes de la población de Soacha, Departamento de Cundinamarca, denunciaran en agosto de 2008, las desapariciones de sus seres queridos. 58“El “dossier” secreto de los falsos positivos”, en Semana, 25 de enero de 2009; “ONU advierte sobre alta impunidad en los falsos positivos”, en El Colombiano, 27 de mayo de 2010; “Primera condena por “falsos positivos’ de Soacha”, en Semana, 3 de junio de 2011; “Falsos positivos”: de 1.100 procesos solo 72 han ido a juicio”, en Semana, 17 de abril de 2012. 59La lista incluye entre otros, al jefe de las fuerzas armadas, general Jorge Mora en 2003; al jefe del ejército, general Martin Carreño en 2004; al comandante en jefe del ejército, general Reinaldo Castellanos en 2006, al comandante del Ejército, general Mario Montoya en 2008 (ISACSON,2009). 60La PSD tuvo un carácter ambiguo: por un lado, los militares se sienten respaldados y reconocidos por el gobierno, pero paralelamente se quejan de la desinstitucionalización por la ruptura permanente de las cadenas de mando y el juicio no siempre profesional sobre las fallas (BORRERO, 2006).

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plano operacional, contrastó con su lasitud frente a cuestiones el respeto a los derechos humanos.

Hubo así mismo, importantes conflictos61 entre civiles y militares; es el caso del fuerte enfrentamiento entre la Ministra de Defensa y el comandante de la Fuerza Aérea a propósito de la utilidad y conveniencia del equipo militar ofrecido por España en 2003; la accidentada salida de la Ministra de Defensa en ese mismo año, y la crisis militar desencadenada por la ruidosa salida de cuatro generales del Ejercito inconformes con algunos cambios doctrinales y administrativos, particularmente, con la implementación de los comandos conjuntos,62etc. El episodio63que mejor ilustra la resistencia castrense a los intentos de modernización administrativa, y hasta donde estaba dispuesto el Presidente a avanzar en el control de la autonomía castrense, es el de la salida de la ministra de Defensa Marta Lucia Ramírez (2002-2003). Al margen de las pugnas en torno los intentos de Ramírez por asumir el manejo de la contratación; centralizar los gastos militares para buscar economías de escala y eliminar los fondos de gastos discrecionales. Y de la incomodidad militar con una Ministra que se involucraba demasiado en detalles operativos (VELÁZQUEZ & VILLATE, 2006). Lo que en verdad estaba en juego eran dos concepciones encontradas sobre la transformación que debía sufrir el sector Defensa. Mientras para el comandante de las fuerzas armadas, las necesidades militares se reducían a más hombres, recursos, voluntad política y facultades de policía judicial. Para la Ministra, era urgente además, un Ministerio de Defensa con capacidad de dirigir, gestionar y controlar la actuación de las fuerzas armadas, como ocurre en las democracias modernas (ISACSON, 2009). Sin embargo, el presidente Uribe Vélez, tomó partido por los militares en lugar de hacerlo por la Ministra y por los procesos administrativos internos que ella había puesto en marcha. Así, mientras Ramírez fue súbitamente relevada de su cargo a finales de 2003, las fuerzas armadas continuaron controlando las cuentas de gastos, sin injerencia alguna de parte del personal del Ministerio de Defensa (ISACSON, 2009); (VELÁZQUEZ & VILLATE, 2006).

Por otro lado, la condescendencia del Presidente Uribe frente a los militares

contribuye a entender los principales lunares que en términos de corrupción y violación de derechos humanos mostrará la PSD. En este sentido, los efectos perversos del eficientísimo, a cualquier precio, estimulado por el Presidente en su afán de mostrar resultados en el campo de la seguridad; su idea de una racionalidad estatal limitada a lo militar, que a su vez excluyó buena parte de las instituciones estatales vinculadas a la seguridad (LEAL, 2004), y su percepción de la fuerzas armadas como una base clave de apoyo político (ISACSON, 2009); todo esto, acompañado de un escaso compromiso normativo con la vigencia de la democracia y los derechos humanos, terminaran por ampliar los espacios de autonomía castrense en un nivel solo comparable al gobierno de Turbay Ayala. Si bien, durante los años de la PSD se mantuvo el respeto formal a la autoridad civil, compartimos la perspectiva de (BLANCO, 2009:17), para quien, los “Falsos Positivos” son la más dramática “puesta en escena” de las limitaciones del control civil democrático en Colombia y muestran la capacidad de por lo menos, un sector de las Fuerzas Militares, para desafiar el poder civil, en virtud del grado de dependencia que este tiene respecto de los militares.

                                                            61 “La Ministra de Defensa desautoriza al jefe de la FAC”, en El Tiempo, 2 de marzo de 2003; “La salida de los generales” en El Tiempo, 28 de abril de 2005. 62 Los comandos conjuntos constituyen uno de los principales impactos de la reingeniería y modernización vivida en los últimos años por las FFAA y de su participación en la lucha antinarcóticos. Esta transformación en el nivel doctrinal, conlleva a que los hombres y recursos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, están bajo el mando de un solo oficial en una determinada zona, pudiendo este comandante pertenecer a cualquiera de las tres fuerzas. Con la nueva doctrina el país fue dividido en seis zonas geográficas (Caribe, Pacifico, Sur, Oriente, Centro y Llanos), bajo responsabilidad del respectivo jefe de comando conjunto que rinde cuentas al Comandante General de las FFMM (VARGAS, 2008:181-186). 63“Cambio de guardia”, en Semana, 17 de noviembre de 2003.

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De hecho, (BLANCO, 2009:17) califica las relaciones cívico-militares durante el gobierno Uribe, como un periodo de “autonomía incrementada” en el que las FFAA tuvieron una comunidad de objetivos con el mando civil, mientras mantenían su propia agenda en la conquista de espacios crecientes de poder. En este sentido, el propio presidente Uribe, pese a su política de mano dura, y a su concepción militarista de la solución de los problemas nacionales, enfrentó en 2009 las consecuencias de la autonomía que el mismo estimuló. De acuerdo con las denuncias del ex presidente Andrés Pastrana,64 en marzo de 2009 Uribe sufrió una “encerrona” de parte de la cúpula militar y su Ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Este ultimo, habría presionado al Presidente “a través de los militares, para que autorizara operaciones unilaterales en contra de líderes guerrilleros en Venezuela y Ecuador”. "Nunca en la historia de Colombia los militares habían actuado así, poniendo a Uribe contra la pared'' afirmó Pastrana, quien agregó que tras recibir del gobierno de los Estados Unidos las coordenadas que incluirían la localización del líder de las FARC Iván Márquez en Venezuela, los militares habrían enviado una carta a Uribe solicitando la convocatoria de un Consejo Superior de Seguridad y Defensa, para analizar posibles incursiones en los países vecinos, convocatoria que no está contemplada en la Constitución ni en las leyes del país.

3. El gobierno de Juan Manuel Santos y los desafíos de un Ejército fuerte.

Dos sorpresivas realidades enmarcan la gestión del Presidente Juan Manuel Santos. De un lado, su intención de marcar importantes diferencias frente a su antecesor y antiguo mentor. En este sentido la transición de la “Seguridad Democrática” de Uribe a la “Prosperidad Democrática” de Santos, implicó entre otras diferencias: el propósito de una mayor gobernabilidad civil, basada en el compromiso estatal con el desarrollo social y económico para consolidar los avances en el control territorial estrictamente militar alcanzados en la década de 2000. Una perspectiva más amplia frente a la superación del conflicto armado, agregando a la presión militar, la posibilidad de negociar con las guerrillas. El retorno de los canales diplomáticas en las relaciones con los países vecinos, especialmente con Venezuela. Y una actitud abierta a revisar la actual política antidrogas impulsada por EUA. El segundo hecho, se refiere a la recurrente percepción domestica a cerca del deterioro de la seguridad, la cual resulta de los ataques de las FARC en contra unidades del Ejercito y de la Policía, en departamentos como: Nariño, Cesar, Antioquia, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Arauca65. De la reorganización, crecimiento y acciones violentas de nuevos grupos paramilitares66, denominadas por el gobierno como bandas criminales o BACRIM y conformados por excombatientes de las antiguas AUC, que se desmovilizaron durante el gobierno Uribe. Esto en un contexto la asistencia estadounidense a Colombia ha venido cambiando, no solo como consecuencia del interés mutuo por diversificar la agenda centrada en el narcotráfico y seguridad militar que prevaleció en los últimos años, incluyendo cuestiones como gobierno, democracia y derechos humanos; energía, y ciencia y tecnología (RAMÍREZ, 2011). Sino porque, en los últimos cuatro años esta fuente de ayuda externa se redujo pasando de 650 millones de dólares en 2008 a 331 millones en 2013; de ahí que autoridades colombianas

                                                            64“Matrimonio por conveniencia” en Semana, 7 de marzo de 2009; “Pastrana afirma que Santos presionó a Uribe sobre ataques”, en El Nuevo Herald, 18 de marzo de 2009.

65“Farc multiplican sus ataques y retoman la “guerra de guerrillas” en El Espectador, 28 de noviembre de 2010; ”Seguridad en Entredicho”, en Semana, 23 de abril de 2011; “¿Decae la seguridad?”, en el Espectador, 20 de marzo de 2021; “Política de seguridad del gobierno Santos enciende el debate”, en El Espectador, 5 de febrero de 2012. 66Estas bandas vinculadas al narcotráfico y que tendrían presencia en 30 de los 42 departamentos del país, mostraron todo su poder de desestabilización a principios de este año, cuando desafiaron al Estado, ejecutando un “paro armado” en varias regiones del país. Ver: “Las bacrim crecen en todo el país”, en El Espectador, 19 de febrero de 2012; “EE.UU. dice que las Bacrim amenazan la lucha antidrogas en Colombia; “Las bandas gran desafío”, en Semana, 7 de enero de 2012; “Urabá antioqueño en “toque de queda” por bandas criminales”.

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comenzaran a hablar del “post Plan Colombia”, para referirse a la actual fase de que la cooperación bilateral67.

Todo lo anterior, parece haber impactado la dinámica actual de las relaciones civiles y militares. Si bien, como se mostró anteriormente, el gobierno Uribe dio a los militares pocos motivos para reaccionar, al tempo que las fuerzas armadas parecieron dispuestas a evitar un protagonismo excesivo, esta situación parece estar cambiando desde que Santos asumió el poder el 7 de agosto de 2010. Esto a juzgar, por algunos hechos que muestran desde interacciones menos armoniosas entre militares y políticos, hasta un mayor protagonismo político de las fuerzas armadas. A continuación se propone, una síntesis de tales episodios.

3.1. Divisiones y rivalidades intramilitares

El primer episodio en enrarecer el clima político durante el gobierno Santos, vino tras conocerse la existencia de divisiones y rivalidades personales y de cuerpo al interior de la cúpula militar presidida por el almirante Edgar Cely; disputas que aparentemente se acompañaban de un liderazgo poco contundente del Ministro de Defensa. El Presidente Santos había nombrado en el comando de las fuerzas militares a un miembro de la Armada, como consecuencia de las divisiones al interior del Ejercito, las cuales se remontan a los cambios en la cúpula castrense ocurridos en 2008 tras estallar el escandalo de los falsos positivos. A lo anterior, se agregaba, el malestar entre oficiales de caballería, artillería e infantería por la prevalencia en el mando del Ejército de generales del arma de ingeniería. Sin embargo, la designación del almirante Cely, fue mal recibido entre sectores del Ejercito, toda vez que el cargo de comandante general le ha estado reservado casi que naturalmente a un general de esta arma, en razón de su tamaño y del carácter terrestre del conflicto colombiano. De poco sirvió, que Santos en aras de contrarrestar la inconformidad, designara como Jefe del Estado Mayor Conjunto a un miembro del Ejército: el general Gustavo Matamoros. Al contrario, el general Matamoros, contribuyó a generar un “corto circuito” en la institucionalidad de las Fuerzas Militares, en la medida que, los rumores en torno a una presunta desmoralización en el Ejercito por grados y negociaciones; los graves cuestionamientos que cayeron sobre esta institución tras escándalos como el asesinato de unos menores en el departamento de Arauca en 2010, y los desmanes en la reclusión militar de Tolemaida conocidos en 2011, sirvieron de base para que el alto oficial, hiciera públicos reclamos sobre la necesidad de recuperar la dignidad y el prestigio del Ejercito, y liderara un movimiento por la presencia de un general del Ejército en el Comando de las FFMM. En este sentido, también fueron atribuidas al general Matamoros críticas contra el Comandante de las FFMM, el Ministro de Defensa y el comandante del Ejercito en relación con temas de naturaleza estratégica. Así las cosas, mientras la percepción de inseguridad crecía entre los colombianos, las rivalidades en la cúpula militar, generaban problemas como poca circulación de información, piezas de inteligencia que no se compartían, operaciones que se planificaban sin contar con otras fuerzas por falta de confianza, competencia en la atribución de '”positivos”. Todo lo cual, trajo claras consecuencias operacionales, y dificultaba al gobierno y a los militares elaborar una estrategia de seguridad adecuada a la circunstancias. Aunque, el Presidente Santos intentó bajar el perfil a las rivalidades castrenses, argumentando que se tratada de diferencias históricas, y de competencias casi naturales entre las fuerzas, las cuales estaban en el camino de ser superadas. Lo cierto, es que la crisis solo fue saldada parcialmente con la ruidosa renuncia del general Matamoros en abril de 2011 y con el retorno del Ejército al liderazgo de la cúpula militar en septiembre del mismo año, tras la

                                                            67 “Ministro de Defensa anunció nueva era de cooperación con EE. UU’ en El tiempo, 26 de febrero de 2012.

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designación del general Alejandro Navas como Comandante General de las Fuerzas Armadas. Un mes después de la salida del ministro de Defensa68.

3.2. Presiones por la expansión del fuero militar

Si bien en abril de 2011, el fuero militar había dado pie a un acalorado debate en la Comisión Segunda del Senado de la República -especializada entre otros asuntos, de las cuestiones de defensa nacional y fuerza pública-, con ocasión de las flagrantes violaciones al reglamento penitenciario en el centro de reclusión militar de Tolemaida69. La cuestión volvió a ocupar el centro de la agenda interna a comienzos de octubre del mismo año cuando el gobierno incluyó a “ultima hora” un artículo para ampliar el fuero de militares y policías, como parte de un proyecto de reforma orientado a descongestionar la justicia. El articulo, establecía que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serian conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares, y que “en todo caso” se presumiría la relación de estos actos irregulares con el servicio. Esta disposición echaba por tierra lo conseguido en 1999 por defensores de derechos humanos, en el sentido de que tanto a nivel legal como jurisprudencial se estableció que las violaciones de derechos humanos “rompían” la relación con el servicio y en principio debían ser juzgadas por jueces ordinarios. Aparentemente, la presión de los militares era grande, pues poco antes del anuncio de la polémica propuesta que reformaba el articulo 221 de la Constitución, el Ministro de Defensa se refirió a la preocupación existente entre los miembros de la tropa, oficiales y suboficiales de todos los rangos por los aparentes vacíos en el marco jurídico que cobija las operaciones militares. Algunos congresistas, hablaron sobre del temor que despertaba entre los militares la posibilidad de terminar en la cárcel tras una condena en la que tanto la investigación como el juzgamiento eran realizados por civiles legos en “el lenguaje y los procedimientos de la guerra” 70.

Por otro lado, mientras las criticas de organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, no se hicieron esperar, en sentido de que la reforma seria factor de impunidad en procesos como el de los 'falsos positivos'. Las FF.AA. fortalecidas ante el gobierno luego de dar de baja a principios de noviembre a “Alfonso Cano”, máximo jefe de las FARC, se sumaron al debate a través de su Comandante, insistiendo sobre la necesidad de un marco jurídico definido para afrontar el conflicto “político-militar”. En igual sentido, se conocieron declaraciones de algunos oficiales en retiro investigados por graves delitos como el general Rito Alejo del Rio. En esa coyuntura, fue publicado también un estudio elaborado por el Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio Arboleda, el cual sostenía que detrás del retroceso en seguridad o del “rebrote guerrillero” había “factores morales” que afectarían el desempeño operacional de la tropa. En otras palabras lo que para este estudio, explicaría                                                             68“¿Que pasa en las FF.MM?”, en Semana, 16 de abril de2011; “El malestar de un general”, en El Espectador,22 de abril de 2011; “Caso de Arauca nos causa dolor y vergüenza: Comandante del Ejército’, en El Tiempo, 6 de noviembre de 2010; “Tolemaida Resort”, en Semana, 2 de abril de 2011; “En las Fuerzas Armadas siempre ha habido una rivalidad: Santos” en Semana, 18 de abril de 2011. "Están acabando al Ejercito: Matamoros”, en Semana, 21 de abril de 2011; “Visita de senadores al Mindefensa por salida de Matamoros”, en El Espectador, 3 de mayo de 2011; “Con el general Navas, Ejército retomó liderazgo de la cúpula militar”, en El Tiempo, 6 de septiembre de 2011.

69En esa oportunidad, un senador de oposición sugirió que los militares condenados por graves delitos contra los derechos humanos, debían pagar sus condenas en cárceles comunes, y que además las instituciones civiles deberían la vigilancia y control en los centros de reclusión militar. Lo que fue rechazado enérgicamente por los militares que estaban en el recinto, encabezados por el Comandante del Ejército, como una amenaza al fuero militar constitucionalmente consagrado y al “honor militar”; con el argumento de que el Ejército no se aparta de la ley y que los militares “caídos en desgracia, que no estuvieron a la altura de su uniforme, no pueden convivir en las mismas cárceles con los criminales a quienes la institución ha combatido”. Ver, “Con 'uñas y dientes' Ejército defendió el fuero militar”, en Semana, 12 de abril de 2011. 70“Gobierno incluye ampliación de fuero militar en reforma a la justicia” en Semana, octubre de 5 de 2011; “Con fórmula sobre fuero militar, Santos cede a presión de los gringos sin ofender a los militares”, en La Silla Vacía, 20 de febrero de 2012.

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la caída de operaciones ofensivas en contra de las guerrillas, seria la inseguridad jurídica derivada de la eliminación del fuero militar y la desarticulación de la justicia penal militar. Este argumento fue también respaldado por importantes líderes de la bancada “uribista”, para quienes la “batalla jurídica” era una forma de frenar el avance de la fuerza pública. Mientras tanto, el gobierno y los congresistas que impulsaban la iniciativa en el Legislativo, se esforzaban en subrayar la manera en que esta iba a garantizar el debido proceso a los miembros de la fuerza pública para que pudieran continuar su lucha contra los grupos armados ilegales y el crimen organizado. Así, al tiempo que se hablaba sobre la necesidad de otorgar un “blindaje” a los militares, eran desmentidas las afirmaciones en el sentido que la reforma constituía un retroceso en relación con los avances logrados en Colombia para juzgar los abusos cometidos por militares; en la medida en que según el gobierno, los delitos como genocidio, desaparición forzada o cualquier otra infracción al derecho Internacional Humanitario que comprometiera a los integrantes de las fuerzas armadas, continuarían bajo la justicia ordinaria71.

Inesperadamente, el pasado 18 de febrero, luego de cinco meses de polémica, y cuando el fuero militar había superado cuatro debates y tres importantes impases72, el gobierno decidió retirar la iniciativa, aparentemente presionado por una carta de José Miguel Vivanco director de HRW, en la que en tono fuerte reiteraba el llamado a dar marcha atrás en el tema fuero militar. En la carta, Vivanco cuestionó la “imparcialidad, la falta credibilidad e independencia” del sistema de justicia militar colombiano, y advirtió sobre la posible intervención en el país de la Corte Penal Internacional (CPI) para conocer los casos de delitos de miembros de la fuerza pública. Vivanco también, le habrá dicho a Santos que la reforma, tal como estaba concebida, y en virtud del principio de favorabilidad, “podría permitir que se remitieran investigaciones en curso sobre derechos humanos -incluidas aquellas relacionadas con falsos positivos- de la jurisdicción ordinaria a la justicia penal militar…”73

Aunque al momento de solicitar al Congreso el retiro de la reforma, el Presidente habló de retomar las consideraciones de una comisión de expertos74, creada a finales de 2011 por el Ministerio de Defensa para estudiar la materia, e incorporarlas a una reforma integral a la justicia penal militar, proyecto que fue radicado en el mes de marzo por el Ministro de Defensa. La idea de retirar la extensión del fuero de la reforma a la justicia para tratar la materia en un acto legislativo separado, pese a ser bien recibida por algunos observadores nacionales e internacionales, dio pie a una nueva avalancha de criticas y a una rebelión parlamentaria. De un lado, el expresidente Uribe, acusó enérgicamente a HRW de imponer el retiro del fuero, reiterando sus argumentos sobre una presunta baja moral al interior de la tropa y de inseguridad jurídica para sus operaciones. Días después, en una declaración en la que comparó los logros de su gobierno en seguridad, con el retroceso que en su sentir, mostraría la gestión del Presidente Santos, Uribe sostuvo: "Cómo pretende uno que las Fuerzas Armadas estén motivadas si todos los días hay dudas sobre el fuero militar". Al mismo tiempo, desde la otra orilla del espectro ideológico,

                                                            71“Aclaran que Fuero Militar en Reforma a la Justicia no traerá impunidad”, en El Espectador , 13 de diciembre de 2011; “FF.MM. advierten que "falta marco jurídico" para afrontar guerra en Colombia” , en El Espectador, 16 de noviembre de 2011; “Militares investigados entran al debate por "fuero militar", en El Espectador, 6 de octubre de 2012; “¿Sin fuero no hay motivación?” en El Espectador, 15 de noviembre de 2011; “Marco de juzgamiento a militares no busca impunidad: MinDefensa”, en El Espectador, 5 de octubre de 2011;“Blindaje a Fuerzas Militares”, en El espectador, 2 de febrero de 2012. 72El primero cuando el Ministro del Interior anunció el retiro de la reforma, siendo luego desmentido por el Ministro de Defensa; o cuando las altas cortes mencionaron el fuero dentro de los argumentos para retirar su respaldo al proyecto de reforma a la justicia como un todo; y en tercer lugar cuando HRW, pidió al gobierno desistir de la reforma al fuero, solicitud que fue negada por el Ministro de Justicia. Ver, “La carta de Vivanco en la hora cero del fuero militar”, en Semana, 23 de febrero de 2012. 73Ibídem. 74Dicha comisión estaba integrada por dos exmagistrados de la Corte Constitucional, un ex viceministro de Justicia, y dos generales en retiro, uno del Ejército y otro de la Policía, indicados por las respectivas fuerzas. Ver, Ibídem, La Silla Vacía, 20 de febrero de 2012.

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se formularon reparos sobre la constitucionalidad, oportunidad y necesidad de reforzar el fuero militar, a la luz de la jurisprudencia sobre los derechos humanos (DD HH) y del derecho internacional humanitario (DIH). Por otro lado, entre febrero y mediados de abril, cuando finalmente la propuesta del fuero se hundió en el Congreso, tuvo lugar un verdadero pulso entre los partidos y el gobierno. En este sentido, la hasta entonces monolítica Unidad Nacional- coalición de partidos que apoyan al gobierno en el Legislativo- se dividió, ya que, el Partido Conservador y el Partido de la U, agrupaciones mayoritarios dentro de la coalición, anunciaron hasta ultimo momento que pese al llamado Presidencial, votarían en contra de retirar el articulo del fuero en la reforma a la Justicia. Al mismo tiempo, el pulso sobre el fuero militar se convirtió en el catalizador a partir del cual, el expresidente Uribe comenzaría a asumir abiertamente se papel de líder de la oposición al gobierno Santos75.

3.3. La condena contra el Coronel Plazas Vega En tercer lugar, vale la pena abordar el emblemático caso del coronal (r) Alfonso

Plazas Vega. Si en junio de 2010, la condena de 30 años de cárcel contra el coronel Plazas, por el delito de desaparición forzada, durante el holocausto del Palacio de Justica ocurrido en 1985, motivó una conmoción institucional, en virtud de que el presidente Uribe, el Ministro de Defensa y la cúpula militar se rebelaron76 abiertamente contra el fallo judicial. Cuando en enero de este año, esta condena fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, las reacciones fueron igualmente desproporcionadas. Además de la condena contra el alto oficial como autor mediato de la desaparición de dos personas, otros aspectos de la decisión judicial desataron fuerte controversia. En primer lugar, el Tribunal solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI), investigar al expresidente Belisario Betancur para determinar su eventual responsabilidad penal en el caso de los 11 desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia, atacado por un comando del Movimiento guerrillero 19 de Abril, (M-19). En segundo lugar, el fallo ordenó al ministro de Defensa; y a los comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército, y de la Brigada XIII, celebrar en la Plaza de Bolívar de Bogotá un evento público en el que pidieran perdón a la comunidad por los actos que condujeron a las desapariciones77.

El primero en pronunciarse sobre la decisión judicial, fue el coronel Plazas, quien

afirmó que uno de los jueces estaba impedido por pertenecer al Polo Democrático, partido de izquierda que, según él, estaría aliado con ex militantes del M-19, interesados en responsabilizar por la toma del Palacio de Justicia y su posterior recuperación, a miembros del Ejército. En este sentido sostuvo: “A mí me condenó el M-19”. El oficial, también criticó la amnistía concedida al M-19 por la toma del Palacio, por los gobiernos Barco y Gaviria, en el marco del proceso de paz que llevó a la desmovilización de esta guerrilla, al afirmar: “que el poder no se lo deben dar a los delincuentes perdonados” y que “los delincuentes de esa época tienen ahora cargos públicos. Del mismo modo sostuvo, que el fallo le baja la moral a la tropa, pues “piensan que si el coronel Plazas fue condenado, qué les espera a los demás militares procesados”. A la rebeldía de Plazas Vega, se sumaron las voces de otros militares activos y retirados quienes afirmaron que el                                                             75Ibídem; “Colombia steps back from the human rights precipice”, en Just the Facts, 24 de febrero de 2012; “Uribe culpa a Human Rights Watch del retiro del fuero militar”, en El Espectador, 23 de febrero de 2012; “Se ha "descuidado tremendamente" el papel de los informantes: Uribe”, en El Espectador, 1 de marzo de 2012;“Fuero militar, ¿es necesaria una reforma?”, en Ambitojuridico, 26 de marzo de 2012; “Se hunde propuesta para mantener fuero militar en reforma a la justicia”, en Semana, 19 de abril de 2012; “Gobierno, sin votos para retirar fuero militar de la reforma a la justicia”, en Semana, 7 de marzo de 2012; “¿Perdió Santos el pulso con la U y los conservadores?”, en Semana, 15 de marzo de 2012; “Crece alerta en La U por 'debilitamiento' de fuero militar”, en El Espectador, 26 de marzo de 2012; “La apuesta de Uribe en la U”, en El Espectador, 16 de abril de 2012. 76De hecho, el Ministro y el alto mando militar emitieron un comunicado en el que “expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial” y “manifiestan solidaridad” con Plazas Vega. Ver, “ Una reacción desproporcionada”, en El Espectador, 12 de junio de 2010. 77Ibídem, en El Espectador, 12 de junio de 2010; “Que CPI investigue a Belisario Betancur”, en El Espectador, 30 de enero de 2012; “Decisión contra Plazas Vega produce reacciones a favor y en contra”, en Semana, 30 de enero de 2012.

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Ejército no pediría perdón, pues no se puede condenar a toda la institución militar. De acuerdo con informaciones de prensa, un general activo comentó: “El país tiene que entender que la sentencia en su exigencia de perdón no sólo afecta al Ejército, sino que lesiona a las Fuerzas Militares y les impone una conducta deshonrosa de expiar culpas en una plaza pública como si se tratara de una organización ilegal”. Por su parte, los militares retirados, a través del presidente de la Junta de Generales y Almirantes, Héctor Fabio Velasco, calificaron el fallo como "un escándalo". A las críticas de Velasco, se sumó el ex segundo comandante del Ejército Juan Salcedo Lora, que dijo: "Ni siquiera cuando las grandes formaciones militares en la historia se han rendido, les han tocado su dignidad con tan aberrantes manifiestos"78.

El excomandante de las Fuerzas Militares general(r) Jorge Enrique Mora, fue aún

mas categórico, al afirmar en tono desafiante: “Tengan la seguridad de que ninguno de los generales de la cúpula actual ni de la que viene van a pedir perdón por el Palacio de Justicia, como quiere el Tribunal de Bogotá. Los magistrados se van a quedar con las ganas porque es un fallo que ignora el mundo militar”. Más desconcertante que la reacción del estamento militar, fue la posición del Presidente Santos, quien al conocer el fallo judicial declaró: “el progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre otras, al Ejército, y ponerlo en la picota publica a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire [….]”Perdónenos, que no hemos sido lo suficientemente expresivos. No hay palabras suficientes para que los colombianos podamos manifestar nuestra admiración y nuestra gratitud por los soldados de tierra, mar y aire, y por los policías de Colombia. De manera que invoquemos ese Padrenuestro y sigamos perdonando a los que nos ofenden. Gracias, general.”. Las palabras del Presidente desataron una fuerte polémica. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, le recordaron al Ejecutivo, su obligación de acatar los fallos de los jueces, y le pidieron aguardar la casación ente la Corte Suprema. Por su parte, la propia Corte Suprema, calificó de “preocupante la forma como se despiertan pasiones a partir de un fallo del poder judicial”, exhortando a las autoridades competentes a brindar protección a los magistrados que profirieron la sentencia. Dijo además, el alto tribunal, que tratándose de una sentencia que puede ser impugnada a través del recurso de casación, en aras de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial esta debe ser acatada. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que “las decisiones judiciales se tienen que controvertir en los estrados y que al presidente le corresponde garantizar que haya justicia, no manifestar su rebeldía frente a una decisión judicial”. Al tiempo que los representantes de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, quienes, ya habían tenido que salir a rechazar en 2011, las criticas de Santos, en contra de la condena del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, sancionado por los mismos hechos, calificaron la nueva intervención del Presidente como un claro desacato a las decisiones judiciales y el desconocimiento tanto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos79.

                                                            78“'Justicia ha sido penetrada por los enemigos de Colombia': Plazas; Vega”, en El Tiempo, 3 de febrero de 2012; "No existe la posibilidad de pedir Perdón", en El Espectador, 11 de febrero de 2012; “Militares califican de 'escandaloso' fallo sobre Palacio de Justicia”, en El Tiempo, 3 de febrero de 2012; "A mí me condeno el M-19": Plazas Vega”, en Semana 12 de febrero de 2012.

79"Que Santos haya pedido perdón a Belisario y al Ejército es un desacato", en El Espectador, 1 de febrero de 2012; “Justicia le dice a Santos que fallo contra Plazas Vega debe ser .acatado sin reparos.”, 12 de febrero de 2012;”Reparos de Santos a la justicia”, en El Espectador, 2 de febrero de 2012; “Víctimas de Palacio reaccionan a críticas de Santos”, en El Espectador, 30 de abril de 2011.

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3.4. Remilitarización de la inteligencia Una cuestión que pasó relativamente inadvertida a pesar de sus consecuencias

sobre el control civil, es la designación el almirante (r) Álvaro Echandía, en la dirección de la recién creada Agencia Nacional de Inteligencia (ANIC), institución que desde 2011 remplaza al Departamento Administrativo de Seguridad DAS disuelto tras escándalos por escuchas ilegales e infiltración por parte de grupos paramilitares. El nombramiento en la dirección de la ANIC de un oficial que se permaneció en la línea de mando hasta septiembre de 2011, rompe con más de dos décadas en que los civiles estuvieron al frente de la principal agencia de inteligencia civil y podría dificulta contar con una institución orientada a tomar decisiones políticas sobre seguridad. Al mismo tiempo, todo parece indicar que la ANIC estará fuertemente vinculado al Ministerio de Defensa lo que a su vez, aumenta el control de las FFMM sobre la inteligencia civil. En términos del perfil de la nueva agencia, la presencia de un militar a la cabeza de la inteligencia colombiana sugiere que la ANIC, estará más orientada a la lucha contrainsurgente que a recaudar, analizar y suministrar informaciones al Estado sobre amenazas externas, tal y como ocurre actualmente con los servicios de inteligencia de países como Brasil, Chile o México. El énfasis domestico y militar con que nace la ANIC, tal vez se convierta en el principal obstáculo tanto para llevar adelante una reforma capaz de revertir la manera en que los graves escándalos del DAS, pervirtieron en los últimos años la actividad de inteligencia en el país, sino contar con una inteligencia estratégica al servicio del Estado y de la Democracia80.

3.5 Intervención creciente en el debate político

Otro aspecto preocupante es la intervención creciente de oficiales activos y retirados en el debate político. Al respecto fueron públicos los señalamientos del Ejército en contra de la movilización nacional que durante los días 21, 22 y 23 de abril de este año, concentró en Bogotá unas mil quinientas organizaciones sociales (estudiantes, campesinos, victimas del conflicto, defensores de derechos humanos) provenientes de 26 departamentos del país, y que sirvió de marco al lanzamiento del movimiento de izquierda denominado Marcha Patriótica. Citando fuentes de inteligencia, el Comandante del Ejército, sugirió que la guerrilla de las FARC, buscaría “infiltrar” la movilización y estaría detrás de la nueva organización política, en virtud de su interés de crear un partido político dentro de la legalidad. El oficial también sostuvo que de acuerdo con datos en poder del Ejército, habría una similitud entre la estructura de la marcha y los planes de la guerrilla para conformar un Consejo Patriótico Bolivariano en el que tengan cabida organizaciones “legitimas” que sirvan de “fachada” para que las FARC hagan política. Los voceros de la Marcha Patriótica, respondieron a las acusaciones del Ejército, afirmando que se trababa de un intento por “desprestigiar” y “estigmatizar” a la oposición política, vinculándola con las FARC, y dijeron estar dispuestos a esclarecer todo lo relacionado con las organizaciones que participan del movimiento y su financiación81. Por otro lado, a finales de mayo se conoció el contenido de un correo electrónico que circuló ampliamente entre militares retirados en el que se cuestiona la situación de seguridad del país y se habla de “remover” al Presidente Santos. En el mensaje que compromete a dos oficiales retirados -un General y a un Mayor del Ejercito- dice textualmente: “No presidente, requerimos un mandatario de verdad“ (…) “llegará el momento“ en el que algunos coroneles y generales “pongan las cartas sobre la mesa,

                                                            80“De frente con el almirante (r) Álvaro Echandía "Es inaceptable espiar a una institución del Estado", en El Espectador, 12 de noviembre de 2011; “Una nueva casa para los espías colombianos”, en BBC Mundo, 1 de noviembre de 2011. 81“Marcha Patriótica, mas allá del estigma”, en Semana, 21 de abril de 2012; “Ejército insiste en que FARC quieren fundar un partido políticos”, en El Espectador, 18 de abril de 2012.

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exigiéndoles al dr. Santos, cumpla con sus obligaciones y compromisos electorales, o de lo contrario removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar elecciones en un tiempo no mayor a 6 meses”. A lo anterior, se agrega una carta pública dirigida al Jefe del Estado y divulgada en junio, a través de la cuenta de Twitter del ex presidente Uribe, en la que varias asociaciones de militares retirados manifiestan su descontento con una posible negociación con la guerrilla e insisten en que las tropas carecen de seguridad jurídica. Dicha carta, advierte por ejemplo, que haberles pedido a las tropas “no tenerle miedo a la paz” es una afirmación “temeraria, sorprendente e inadmisible”. Se afirmada también que esa declaración de Santos, realizada el pasado 12 de junio en la escuela militar, pretende "disociar a las reservas activas con quienes en el momento actual portan las armas de la República para su defensa". El duro reclamo de los uniformados retirados dice además: "Se favorece excesiva y generosamente a las organizaciones terroristas, para llevar a cabo una eventual negociación de paz, que supuestamente ya se realiza o se piensa realizar" y agrega que "inexplicablemente se ofrece (...) impunidad y oportunidad para algunos de estos terroristas (...) ocupen posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados". "En otros términos, es lo que haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada". Este tipo de manifestaciones no pueden ser descalificadas a la ligera, en virtud del ascendiente que los oficiales retirados tienen sobre los activos en un país donde los militares, por expreso mandato constitucional, no son deliberantes. Además, debe tenerse en cuenta que al interior de las fuerzas militares existen en la actualidad sectores insatisfechos con la manera el presidente Santos viene gobernando;82 descontento que en la mayoría de sus demandas coincide con las criticas del expresidente Uribe en el sentido de que el Presidente habría traicionado83 la plataforma política con que fue electo.

Consideraciones finales

Al reconstruir el periodo que va de 1958 a 2010, subrayando los avances en armamento, profesionalización y crecimiento de las fuerzas militares que durante los gobiernos Pastrana y Uribe, permitieron la consolidación de un robusto dispositivo antiguerrillero, este trabajo señala el marco histórico que condiciona las relaciones civiles militares del gobierno Santos. En tal sentido, la autonomía relativa de que en líneas generales, han disfrutado los militares en Colombia, facilitada por el desinterés de las autoridades civiles en diseñar una política de seguridad integral desde el acuerdo bipartidista del Frente Nacional, parece haberse extendido en los últimos años como resultado de las transformaciones cuantitativas y cualitativas que el Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática permitieron en las fuerzas armadas. Así, los cambios políticos ocurridos en el contexto internacional, en el orden domestico y en el Estado colombiano modificaron la ecuación civil militar otorgando a los militares un mayor peso político, En esta nueva realidad, que dicho sea de paso, señala una inflexión en la construcción estatal, sobresale un debilitamiento del control civil democrático que se refleja no solo en los falsos positivos del gobierno Uribe, sino en varios episodios ocurridos durante el gobierno Santos, que se tipifican dentro de la intervención militar de “nueva generación’: Un Ejercito que obliga al Presidente a devolverle el Comando General de las FFMM; unas fuerzas armadas, que a partir del rol que ocupan dentro del conflicto armado interno, presionan la expansión del fuero militar, prerrogativa que había sido limitada por el poder

                                                            82En una entrevista realizada por el autor a un oficial de las FF.MM. este utilizaba la expresión ‘apaciguamiento” para criticar fuertemente la actitud del actual Presidente, frente a las FARC y al presidente Chávez. El uniformado comparó a Santos con Belisario Betancur y su política pacificadora, a quien los militares culpan, de frustrar el triunfo militar y permitir el fortalecimiento de la guerrilla a comienzos de los años ochenta. 83

“Uribe y Santos en sus peores días”, en el Colombiano, 13 de abril de 2012; “Uribe asegura que Santos busca acuerdo con las FARC a través de Chávez”, en Semana, 20 de mayo de 2012 

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civil a finales de los años noventa; un establecimiento castrense que desafía las decisiones de la justicia como sugiriendo que está por encima de la ley; unos militares que intervienen ostensivamente en el proceso político estigmatizando organizaciones políticas de izquierda o planteando la “remoción” del jefe del Estado. Todos estos comportamientos a los que hay que agregar la remilitarización de la inteligencia; expresan una tendencia a la expansión del poder militar que tiene impredecibles consecuencia sobre la vigencia y viabilidad de la democracia en Colombia. Sobre todo, en la actual coyuntura, cuando el ex presidente Uribe intenta socavar -desde afuera y desde adentro-, el liderazgo de Santos sobre las Fuerzas Militares.

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