El Caso Del Rio Atuel Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos (SCOVENNA)

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EL CASO DEL RÍO ATUEL DESDE

LA PERSPECTIVA DE LOSDERECHOS HUMANOS

EL DERECHO HUMANO AL AGUA

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

LA DESERTIFICACIÓN

EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

DESARROLLO SUSTENTABLE Y DERECHOS HUMANOS

NUEVOS PARADIGMAS CONSTITUCIONALES

Juan Carlos Scovenna

Abogado – Diputado provincial



EL CASO DEL RÍO ATUEL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

2

INTRODUCCIÓN

A. El presente documento señala:

1. Que mediante la Resolución 64/292 De Las

Naciones Unidas, se reconoció al agua como un Derecho Humano

esencial y al desarrollo Sustentable. Esta misma cuestión fue

posteriormente tratada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones

Unidas, el que, en la sesión del 30 de septiembre de 2010, dictó la

Resolución nº 15/9 estableciendo “que el derecho humano al aguapotable…se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está

indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud

física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad hum ana”.

2. Que la provincia de Mendoza, en virtud delcorte del río Atuel, el que fuera declarado por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación como Río Interprovincial y el no cumplimiento por

su parte de la resolución nº 50/47, ha incurrido en:

2-1: una clara violación a los derechos humanosde los pampeanos, en especial a los habitantes de la ribera del Río Atuel y

de los bañados que formaba el mismo en su ingreso y en todo su

recorrido por el territorio pampeano, al haberlos privado en forma

ilegítima y arbitraria al “acceso al agua potable”, tanto para el consumo

humano como para el desarrollo de las actividades agrícolas;




3

2-2: la desertificación de una vasta porción del

territorio pampeano, también debe ser considerada como una violación al

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano

y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, conforme lo

prescribe la Constitución Nacional en su artículo 41;

2-3: que ha provocado el “desplazamiento

forzado” de personas y familias que vivían en las zonas circundantes alcurso del río Atuel y sus bañados, lo que también constituye una clara

violación de los derechos humanos.

B. El presente documento propone:

1. Se otorgue intervención a la Fiscalía de Estado

de la provincia de La Pampa a los fines de que analice el inicio de las

acciones judiciales pertinentes, que sean tendientes a la denuncia de las

señaladas violaciones a los derechos humanos y al cese de los actos o

hechos causantes.

2. Se ponga en conocimiento, mediante la entrega

de la copia íntegra de esta presentación y los agregados que la Secretaría

de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa considere menester,

al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, con el propósito que




4

indague la posible incorporación al Plan Nacional de Derechos Humanos,la problemática de la violación a los Derechos Humanos planteada en el

presente, en especial lo referido al Desplazamiento Forzado:

3. Analice la Secretaría de Derechos Humanos de

la provincia, la implementación de un programa provincial de Derechos

Humanos respecto de toda esta cuestión, recabándose los informes,

testimonios y estudios que sean menester.

Se solicite el agregado de los estudios y análisis

históricos que hacen a la cuestión del Río Atuel, en particular los trabajossobre cuantificación del daño ambiental que lleva a cabo la Universidad

Nacional de La Pampa, en virtud del convenio suscripto con el Poder

Ejecutivo de la provincia – Secretaría de Recursos Hídricos-.

4.- Se examine la factibilidad de informar estasituación violatoria de los derechos humanos a la “Comisión de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas”, a los fines de que incluya en su

informe Anual ante la Asamblea General de ese organismo y su “Consejo

de Derechos Humanos”.

5. Se formulen las reservas correspondientes para

que, agotada la vía interna en el orden jurídico nacional, acuda la

Provincia de La Pampa a la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, reclamando la condena a la provincia de Mendoza por las

vejaciones y la reparación de los daños ocasionados.




5

6. Se informe por las vías pertinentes a las

Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos de nuestra

provincia y a las que se encuentran vinculadas al tema hídrico y la lucha

por los derechos pampeanos sobre el río Atuel, otorgándoseles, a los fines

de su colaboración, la intervención necesaria a tal fin.

7.- Se instrumenten campañas de:

7-1: concientización a nivel de la enseñanza enescuelas primarias y secundarias de nuestra provincia, sobre la base de la

violación a los derechos humanos por parte de la provincia de Mendoza.

7-2: se formalicen contactos con la diversas

ONGs., tanto nacionales como internacionales, que trabajan en materia dederechos humanos, a los efectos de poner en conocimiento la presente

cuestión violatoria de los DD.HH.

7-3: se realicen campañas de esclarecimiento a

nivel: provincial, nacional e internacional, en la que explícitamente seplantee la cuestión de que el consumo de cualquier producto o bebida

producida en Mendoza, contribuye a que se continúe con el grave

proceso de desertificación que padece nuestra provincia.




6

ADVERTENCIA

Quienes desconozcan la historia del río Atuel”, es imperioso que

comiencen la lectura de este documento por Anexos, dado que allí se

transcribe “El caso del Río Atuel” (*) .

Escrito por el Prof. Walter Cazenave, el trabajo fué realizado a los fines

de la presentación que la Fundación Chadileuvú (FUCHAD), formalizó

ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, como un paso más en su

lucha por el retorno de ese río al territorio pampeano.

Se ilustra allí con claridad tanto la geomorfología del río llamadosucesivamente “Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó”, y el de su

afluente más meridional, el río Atuel, como así también la historia del

despojo.

Puede recurrirse a la página web de la Fundación Chadileuvú

(F:U:C:H:A:D), donde se encontrarán interesantes relatos, como las delProfesor Raúl Hernández, de modo de colocarse en situación de poseer

una mayor claridad, para luego comprender lo que en este documento se

propone.




7

PREFACIO

Wardo Mohamed Yusuf, una madre Somalí de

apenas de 29 años, partió de su aldea un día del año 2011 intentando

escaparle a la miseria. Su destino, Kenia. Llevaba con ella a su hija de un

año en la espalda y al varón de cuatro años asido a su mano. El pequeño

desfalleció en el camino por el calor, a pesar de sus intentos de

reanimarlo echándole agua en la cabeza. Él no pudo reaccionar. Wardo

buscó ayuda y nadie se detuvo entre los que seguían el mismo camino. Se

vio entonces obligada a elegir: morir todos o salvarse dos. “Finalmente

decidí dejarlo atrás, en el camino y al amparo de Dios”, dijo Wardo al

llegar al campamento de refugiados en Dadaab, Kenia. “Estoy segura de

que él está vivo, me lo dice el corazón. Me despierto por las noches y

pienso en él. Me siento aterrorizada cuando veo a un niño de su edad”,

relata. Este es un ejemplo atroz y extremo de todo lo que

sucede en tiempos en los que comunidades enteras, se ven coaccionadas a

desplazarse forzadamente de sus lugares de origen.

Para nosotros son sólo simples - aunque

abrumadoras – noticias, que nos llegan desde la lejana y doliente Somalía.Sin embargo aquí, en nuestra propia tierra,

décadas tras décadas vienen sucediéndose historias de desplazamientos

forzados , sin que ninguna noticia nos llegue de pronto a golpear nuestras

conciencias, de forma tan brutal como la de Wardo.




8

Salustiano Suárez vivía en su puesto “La Cautiva”,Limay Mahüida, cuando un día del año 2004 una partida judicial y

policial lo echó junto a su familia y con sus pocas pertenencias. Lo

dejaron allí, en medio del desierto, viviendo debajo de unas chapas.

Noventa años de posesión detentaba sobre la tierra. Los setenta años que

llevaba a cuestas y veinte de sus padres. Su puesto está junto a uno de los

bañados del río Salado o Chadileuvú. Después de recuperar su tierra,

pudo ver cómo el agua desaparecía del bañado y se quedaba sin fuentes

de agua. La subsistencia le es ya casi imposible.

Unas diez leguas más al norte, en Paso Maroma, a

escasos metros del cauce del río Atuel, vive desde toda su vida Silvestre

Pinedo Calfuán. También sus padres, ya fallecidos, vivieron allí. En el año

2005, las topadoras entraron al campo que poseyó toda su vida y en

donde el gobierno de la provincia de La Pampa le había construído una

casa, junto a su viejo rancho de chorizo. Pretendían despojarlo de latierra. Por fortuna no pudieron. Del agua ya había sido despojado antes

de nacer. Eso ocurrió en vida de sus padres, quienes pudieron ver cómo el

río Atuel desaparecía para siempre.

A una escasa legua, Mercedes Badal, vive sola en

su humilde rancho que ella torna acogedor. Nació allí, en el mismo lugardonde vivieron toda la vida, sus padres. En el año 2004 pretendieron

despojarla de la tierra pero pudo resistir hasta ahora. Ella no tuvo la

suerte de Silvestre. Nadie le construyó una nueva casa. El lecho seco del

río Atuel está a sólo escasos metros de su rancho. Antes de nacer ella, el

río había dejado de correr.




9

Cuando la provincia de Mendoza recibeabundantes lluvias y nieve, abre las compuertas de Los Nihüiles sin aviso

previo. Entonces las aguas corren abundantes. Ocurre así que los puestos

de Mercedes y Silvestre quedan aislados. Ello sucede muy de vez en

cuando, normalmente en los peores meses de invierno. Entonces sus pocos

animales se pierden en los bañados.

Las dulces aguas del Atuel ya han desaparecido y

el desierto les ha ganado la batalla. Todos ellos para poder subsistir deben

abastecerse de las escasas aguas de las lluvias. También, de vez en vez,

reciben el camión con el tanque de agua que los aprovisiona para unos

pocos días.

Estos son simples ejemplos de lo que padecen las

decenas de las pocas familias originarias que van quedando en el oeste

pampeano.

Allí, donde el río Atuel y el Salado o Chadileuvúformaban extensos bañados, la vida se manifestaba en toda su plenitud,

forjando digna la vida del hombre que podía recoger sus frutos y criar

sus animales. En fin, ese lugar donde existía lo que llamamos una rica

biodiversidad, hoy está casi convertido en un desierto. Todo parece

indicar que puede no existir retorno.Y ello no ha sido producto de un desastre

provocado por la naturaleza. Lo hemos causado nosotros, los seres

humanos.

Por todos esos paisanos y paisanas sufrientes, para

quienes hemos intentado distintas formas posibles para ayudarlos en su




10

resistencia. A ellos van dedicadas estas páginas, pues sus derechos nopueden ser violados con tanta impunidad.




11

“Cuando las generaciones futuras se enfrenten a la

tragedia de un planeta devastado…. van a preguntar: ¿por qué no

detuvieron todo esto cuando estaban a tiempo de hacerlo?”

Clive Hamilton

1. EL AGUA COMO DERECHO HUMANO ESENCIAL

1-1: Antecedentes:El agua cubre el 71% de la superficie de nuestro

planeta y principalmente está localizada en los océanos. Allí se encuentra

el 96,5% del agua total, mientras que en los glaciares y casquetes polares

sólo poseen el 1,74%. El resto se encuentra en los depósitos subterráneos,

los permafrost y glaciares continentales tienen el 1,72%. El restante 0,04en orden decreciente se reparte entre lagos, humedad del suelo,

atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.

Todos comprendemos, sin que sea necesaria

ninguna explicación, que el agua es un bien esencial sin el cual la vida se

torna imposible; se habla de la crisis del agua en el mundo, de las graves

consecuencias que se producen por su carencia y las aún mucho peores

que se producirán en el futuro, incluso guerras. (1)




12

No obstante que el 10 de diciembre de 1948 laAsamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración

Universal de Derechos Humanos, la que en su artículo 3 señala que “Todo

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su

persona”; que además en el artículo 30 estipula que “Nada en esta

Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho

alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración” ,

los derechos humanos no serán a partir de entonces de goce efectivo, por

el sólo hecho de existir esta Declaración Universal.

Es preciso comprender que esta legalidad de

carácter supranacional, es la que sirve de base para que los seres

humanos posean un acervo o activo de legitimidad que se encuentra porencima de los Estados, grupos o personas, para lograr concretar los

derechos allí consagrados.

Por ello es posible entender – y sólo por ello -

cómo hasta hace poco tiempo, siendo el agua tan vital para la vidahumana, haya sido menester que, para poder considerarla como un

derecho humano esencial, al no estar ella explicitada en forma concreta

como Derecho Humano en aquella Declaración Universal, fuese preciso

realizar interpretaciones a la misma.




13

Debía para ello emprenderse una interpretación apartir del análisis de los derechos allí consagrados, especialmente el

derecho a una vida digna, para entonces concluir que el agua, como

derecho Humano esencial, se encontraba establecido en forma implícita

en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , en

tanto en el mismo se establece que “Toda persona tiene el derecho a un

nivel de vida adecuado que le asegure…,la salud y el bienestar y en

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los

servicios sociales necesarios…”.

Analizando este artículo – nos dice Juan Manuel

Picolotti (2) “…es obvio que debemos interpretar que el derecho al acceso

al agua potable se encuentra implícito dentro de este derecho ya que es

imposible lograr una vida digna si no tenemos acceso a este elemento

vital”.

Este mismo autor señalaba que “el reconocimiento

explícito sobre la temática llega con la Convención de los Derechos del

Niño, cuando en su artículo 24 reconoce: 1. “…el derecho del niño al

disfrute del más alto nivel posible de salud…” y 2. “…Los estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular, adoptarán

las medidas apropiadas para…c) combatir las enfermedades y la

malnutrición a través…el suministro de alimentos adecuados y agua

potable, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del

ambiente”.




14

Este artículo, señala el mismo autor “…es de suma

importancia ya que reconoce explícitamente el vínculo entre los recursos

naturales, el ambiente y la salud del niño, además de incorporar por

primera vez en una convención el acceso al agua potable como un

suministro (derecho) esencial para la realización de otros derechos en

este caso el derecho a la salud”.

Agrega demás que existe otro Tratado

Internacional que reconoce expresamente este derecho y que es La

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer , ya que en el artículo 14, párrafo 2, apartado h) establece

que “Los Estados partes asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de

condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de…el

abastecimiento de agua”.

También afirma Picolotti en su obra que “El último

trabajo realizado por Naciones Unidas en materia de agua y derechos

humanos es un documento realizado a través del Comité de Derechos

Económicos Sociales y Culturales. Y que consiste en “…una observación

general que se realizó a los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales durante el 29 período de sesiones,

Ginebra, 11 al 29 de noviembre de 2002. Este documento es de suma

importancia, primero por ser el primer precedente de tipo legal emitido

por un organismo internacional y que en este caso tiene valor de




15

jurisprudencia internacional por ser este comité el encargado de

interpretar e l pacto”.

Algunas de las conclusiones de este Comité: “…2.

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y

doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario

para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las

enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades

de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

“…6. El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos

personales y domésticos y para el ejercicio de muchos de los derechos

reconocidos en el Pacto . Por ejemplo, el agua es necesaria para producir

alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la

higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental paraprocurarse un medio de subsistencia (el derecho a ganarse la vida

mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas

culturales (el derecho a participar en la vida cul tural).” (3)

En el apartado “El agua y los derechos del Pacto” seestableció que: “7. El Comité señala la importancia de garantizar un

acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas para el

ejercicio del derecho a una alimentación adecuada (véase la Observación

general Nº 12 (1997). Debe hacerse lo posible para asegurar que los

agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres,




16

tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua,

incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia y de

irrigación. Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del

artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo "de

sus propios medios de subsistencia", los Estados Partes deberían

garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de

subsistencia y para asegurar la sub sistencia de los pueblos indígenas”.

1-2. Resolución 64/292 De Las Naciones Unidas.

Ahora bien; transcurrido el tiempo, fue menester

que las mismas Naciones Unidas y a los efectos de aventar cualquier duda

al respecto, en la 108ª sesión plenaria de ese órgano realizada el 28 de

julio de 2010, mediante la Resolución 64/292 reconoció en formaexpresa el derecho humano al agua y el saneamiento.

De modo tal que, las interesantes interpretaciones

que hacían los defensores y estudiosos de los Derechos Humanos, para,

entre otras cosas, obligar a los Estados a hacerse cargo de lasproblemáticas que plantean la escasez o carencia de agua, se volvieron

abstractas por el directo reconocimiento de Naciones Unidas.

Esta Resolución de la ONU estableció:




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1. Reconoce que el derecho al agua potable y elsaneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la

vida y de todos los derechos humanos;

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones

internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien elaumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la

asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en

desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la

población un acceso económico al agua potable y el saneamiento;

3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo

de Derechos Humanos de pedir a la experta independiente sobre las

obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua

potable y el saneamiento que presente un informe anual a la AsambleaGeneral, y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en

todos los aspectos de su mandato y a que, en consulta con todos los

organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas,

incluya en el informe que le presente en el sexagésimo sexto período de

sesiones las principales dificultades relacionadas con el ejercicio delderecho humano al agua potable y el saneamiento y su efecto en la

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.




18

Entre las consideraciones que la Asamblea Generaltuvo en miras al dictar esta importante Resolución, es posible destacar las

siguientes:

“Reconociendo la importancia de disponer de

agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente

esencial del disfrute de todos los derechos hum anos;

Reafirmando la responsabilidad de los Estados de

promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales,

indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben

tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de

igualdad y recibir la misma atención”.

Podemos observar cómo se pone de relieve lanecesidad de que el agua sea compartida en forma “equitativa como

componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos”, y la

“responsabilidad de los Estados de promover y proteger los derechos

humanos”, los que deben ser considerados “indivisibles e

interdependientes”.

Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos

de Naciones Unidas en la sesión del 30 de septiembre de 2010, dictó la

Resolución nº 15/9 - Los derechos humanos y el acceso al agua potable y

el saneamiento -, estableciendo en el punto 3 que ese organismo “Afirma




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que el derecho humana al agua potable y el saneamiento se deriva del

derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al

derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al

derecho a la vida y la dignidad humana”.

A su vez en el punto 8 “Exhorta a los Estados a

que: a) Cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos

humanos en todos sus procesos de trabajo, en especial dedicándose

activamente, junto con el Estado y otros interesados, a detectar posibles

abusos contra los derechos humanos y encontrar soluciones para

paliarlos”;

De este modo, a partir del dictado de ambas

Resoluciones, han quedado absolutamente disipadas cualquier tipo de

dudas o interpretaciones caprichosas sobre si el agua, esencial a la vida,es un Derecho Humano reconocido explícitamente en el Derecho

Internacional.

2. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

2-1. Introducción.

El desplazamiento o migración forzada de

personas o grupos de personas, cuando esto ocurría dentro de las propias




20

fronteras de un Estado Nacional, no era una cuestión menor nidesconocida en el mundo.

Sin embargo Naciones Unidas sólo había prestado

especial atención a los “Desplazados o Refugiados” cuando éstos

traspasaban las fronteras nacionales.

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los

Refugiados no se aplicaba a los desplazados internos y éstos quedaban a

merced de lo que cada gobierno dispusiese.

Tampoco tenían punto de referencia las

Organizaciones No Gubernamentales que se dedicaban a la ayuda de

carácter humanitario, para la implementación de las mismas a favor de

quienes se encontraban en esta situación de gran vulnerabilidad.

Por ello se comenzó a reclamar un documento

internacional que definiera los derechos de los desplazados o migrantes

forzados internos y las obligaciones de los gobiernos nacionales para con

ellos.

LARA BLANCO R., Directora Ejecutiva de la

Fundación Arias para La Paz, sostiene que “Las migraciones y los

desplazamientos forzados constituyen uno de los mayores retos de los

albores del siglo XXI. Hemos querido hacer un aporte al análisis de esta




21

problemática que se agrava y se profundiza día a día, hacer un llamado

de atención a su importancia y el riesgo que supone para la seguridad

humana la invisibilización de este fenómeno. Esperamos que ante la

transformación de nuestro mundo no sean la miseria, la exclusión, la

indiferencia y la desigualdad las que prevalezcan en la era de la

globalización”. (4)

2-2. Los denominados Principios Deng.

Estos Principios (5) fueron preparados por el

Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los

Desplazados Internos, señor Francis Deng, a solicitud de la Comisión de

Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y les

fueron presentados a la misma en el año 1998.

Es así como entonces los llamados Principios

Deng se constituyeron en las primeras normas internacionales para

personas internamente desplazadas.

Los “Principios” establecen los derechos de laspersonas internamente desplazadas y las obligaciones que los gobiernos y

otros actores de la vida civil que tienen responsabilidades hacia aquellas.

Abarcan todas las etapas del desplazamiento,

incluyendo la protección contra desplazamientos arbitrarios, protección y




22

asistencia durante los desplazamientos y durante el retorno oreasentamiento y la reintegración.

Posteriormente la “Guía” , que fuera desarrollada

para poner en práctica los aquellos “Principios” , será publicada en sus

inicios en Inglés por la Oficina de las Naciones Unidas para laCoordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Proyecto sobre

Desplazamiento Interno del Instituto Brookings, en 1999.

Esta Guía otorga orientación práctica al personal de campo sobre cómo

debe procederse en favor de las personas desplazadas.

La estrecha relación entre la situación de los

desplazamientos forzados y los derechos humanos, había quedado muy

claramente explicitada en las Declaraciones y Recomendaciones

efectuadas en el marco de la “Declaración de San José sobre refugiados y

Personas Desplazadas” - Adopción de Conclusiones y recomendaciones -,

en la conferencia celebrada en San José de Costa Rica, el 7 de diciembre

de 1994.

Allí se había establecido como Conclusión en lacláusula Décimosexta que era necesario: “ Afirmar que la problemática de

los desplazados internos, no obstante ser fundamentalmente

responsabilidad de los Estados de los que son nacionales, constituye

también objeto de preocupación de la comunidad internacional por

tratarse de un tema de derechos humanos que puede estar relacionado




23

con la prevención de las causas que originan los flujos de refugiados. Ental sentido se debe garantizar a las personas que se encuentren en esta

situación:

(a) la aplicación de las normas de derechos

humanos y, en su caso, del Derecho Internacional Humanitario así como,

por analogía, algunos principios pertinentes del Derecho de Refugiados,como el de no devolución; (b) el reconocimiento del carácter civil de las

poblaciones desplazadas y la naturaleza humanitaria y apolítica del

tratamiento que les corresponde; (c) el acceso a protección efectiva por

parte de las autoridades nacionales y a la asistencia indispensable,

contando con el apoyo de la comunidad internacional; (d) la atención a

los derechos que son esenciales para su supervivencia, seguridad y

dignidad, y otros derechos tales como: la documentación adecuada, la

propiedad de sus tierras, otros bienes y la libertad de movimiento,

incluyendo la naturaleza voluntaria del retorno; y (e) la posibilidad de

lograr una solución digna y segura a su situación de desplazamiento.

2-3. Concepto de Desplazamiento Forzado.

En los “Principios Rectores de los desplazados

Internos” , punto 2, se define a éstos de la siguiente manera:

“A los efectos de éstos Principios, se entiende por

desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto




24

forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de

residencia habitual, en particular como resultado o para ev itar los efectos

de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de

violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o

provocadas por el ser humano, y que no han cruzado la frontera estatal

internacionalmente reconocida”.

Para arribar a esta definición fue necesario un

amplio debate en la Comisión que tuvo a su cargo la redacción, puesto

que algunos miembros sostenían que sólo debía aplicarse a las personas

afectadas por los conflictos armados o persecuciones políticas, en una

palabra, a aquellos que habían sido afectados por la violencia.

Sin embargo, otros participantes de la redacción

afirmaban que también debían considerarse como personas afectadas, a

aquellas que habían sido desplazadas forzadamente por catástrofes

naturales o provocadas por el hombre , e n tanto también tenían

violentados sus derechos humanos y su seguridad.

En la Sección II, Principio 5 se estableció que“Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán

respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional,

incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda

circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que

puedan provocar un desplazamiento de personas.




25

En el Principio 6 se establece que: “La prohibiciónde los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos:…d) en

caso de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas

afectadas requieran su evacuación.

Como se puede observar, es recién a partir de lasanción de estos principios por Naciones Unidas, que los desplazamientos

forzados de personas o grupos de personas gozan de protección

internacional, en virtud de que se ha considerado la especial situación

que plantea la violación de los derechos humanos de los desplazados

forzosos internos.

“Hablar de desplazamiento hum ano es hablar de

desarraigo, de la pérdida de los vínculos que ligan a un individuo con la

comunidad (escuela, iglesia, partido político, sindicato, asociación

deportiva, etc.), y a la falta de pertenencia al nuevo territorio, lo cual

dificulta la participación en los procesos de integración social, económica

y política” (6)

2-4. Recomendaciones para organismos de Derechos Humanos.

En el “Seminario Regional sobre Desplazamiento

Interno en América”, realizado en ciudad de MÉXICO, entre los días 18 al

20 de febrero 2004 y que fuera copatrocinado por el Gobierno de




26

México - Secretaría de Relaciones Exteriores -, La Oficina delRepresentante del Secretario General de las Naciones Unidas para las

Personas Internamente Desplazadas y El Proyecto de la Institución

Brookings-Universidad de Johns Hopkins SAIS sobre Desplazamiento

Interno, entre otras cuestiones se destacó:

“Las instituciones nacionales de derechos humanos

-establecidas por los gobiernos pero cuasi-autónomas- podrían hacer

una valiosa contribución a los esfuerzos nacionales para promover y

proteger los derechos de las personas internamente desplazadas. De

hecho, las instituciones nacionales en América se han vuelto cada vez más

activas con relación a los desplazados internos. Por ejemplo, los ponentes

describieron los esfuerzos de las instituciones nacionales en Colombia y

Perú que han sido particularmente importantes para las comunidades

desplazadas. Sobre todo, se identificaron cuatro funciones para las

instituciones nacionales de derechos humanos:

1. Impulsar el conocimiento y educación en

derechos humanos, en particular entre las autoridades nacionales y

locales, la policía y el ejército.

2. Asesorar a funcionarios del Gobierno y

legisladores sobre proyectos de legislación relacionados con el

desplazamiento interno.

Í




27

3. Monitorear el cumplimiento del Gobierno de la

legislación nacional y las obligaciones de los acuerdos internacionales

relacionados con los desplazados.

4. Investigar quejas individuales de las personas

internamente desplazadas.

“Se informó – además - que las instituciones

nacionales en América consideran a los Principios Rectores como una

herramienta útil para comprender el desplazamiento interno desde una

perspectiva de derechos humanos, creando indicadores de las necesidades

de las personas internamente desplazadas y ayudando a moldear la

respuesta de las autoridades. En particular, los Principios han sido

valiosos para las instituciones nacionales para monitorear los retornos y

han servido como herramientas de seguimiento para reforzar la política

pública.”

Los participantes sostuvieron que las instituciones

nacionales en América han ampliado sus actividades. En particular,

juegan un papel más grande en promover la efectividad de los sistemas de alerta temprana abogando por respuestas oportunas y efectivas de los

gobiernos y monitoreando después estas respuestas. Las instituciones

nacionales fueron instadas a incrementar su presencia y ampliar su

apoyo en zona s de riesgo de desplazamiento.





28

Los participantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para apoyar a las instituciones nacionales

financiera y políticamente y proveer asistencia técnica cuando sea

necesario para incrementar su capacidad y ayudarlas a garantizar su

independencia.” (7)

2-5. El desplazamiento forzado en la provincia de La Pampa.

En nuestra provincia durante el transcurso del

siglo XX y principios del presente, se han producido dos desplazamientosforzados.

a.- El primero se produce debido al grave proceso

de desertificación territorial y la carencia de agua potable.

Este ha sido producido por una catástrofe natural

en cuyo origen ha estado muy clara la participación del Estado. Corte de

los tres brazos del Río Atuel que ingresaban en La Pampa y la

construcción del dique Los Nihüiles en territorio Mendocino e

incumplimiento por parte de la provincia de Mendoza de la Resolución nº50/49 de la Secretaría de Energía de la Nación. (8)

El Río Atuel es claramente un recurso natural

compartido, del que se ha apropiado en su totalidad y de forma ilegítima,

la provincia de Mendoza.





29

b.- El segundo desplazamiento forzado comenzó a gestarse a finales del siglo XX y continúa hasta nuestros días: En este caso,

el desplazamiento forzado contiene elementos novedosos, ya que la

violencia que se ejerce es sutil y en la mayoría de los casos se produce por

la apropiación territorial sobre la base de los títulos de propiedad que se

hacen valer a grupos de familias, que en muchos caso poseyeron enforma pública, pacífica e ininterrumpida, la posesión de tierras

abandonadas o jamás ocupadas por los titulares, pero que son

convalidados por fallos judiciales y ante la inacción del Estado para

disponer de su protección.

Estos desplazamientos forzados ocurridos enterritorio provincial, se encuentran íntimamente relacionados por dos

razones fundamentales a considerar:

a) afectaron a grupos humanos que en muchos casos pertenecían a

los pueblos originarios;

b) la zona afectada por estos desplazamientos es la misma en los dos

supuestos, en tanto se produjeron en el oeste de nuestra provincia.

2.6. El primer desplazamiento Forzado:

El proceso de desertificación:





30

La construcción de la represa Los Nihüiles (1947)trajo funestas consecuencias para la provincia de La Pampa. Pese a los

reclamos formalizados ha debido soportar a partir de la mitad del siglo

XX la supresión definitiva del curso natural del Río Atuel, con

consecuencias devastadoras no sólo para el medio ambiente, sino a los

derechos humanos de quienes habitaban y habitan aún la zona.

Se ocasiona a raíz de ello un gran desplazamiento

forzado, que comenzó a principios del siglo XX y adquirió dramática

ferocidad, cuando en el año 1947 se culminó la construcción de “Los

Nihüiles” en territorio mendocino.

Fue entonces que muchas familias se vieron

obligadas a migrar forzadamente , proceso que continúa hasta el presente.

Sobre una población censada en 1947, quearrojaba un total de 169.480 habitantes, en el año 1960 el censo nacional

nos informa que sólo quedaban ese año en la provincia 158.746

habitantes. Se puede observar cómo entre los años 1947 y 1960 la

población pampeana disminuye en 9.296 habitantes. (9)

O sea que la población pampeana en 1960

disminuye aproximadamente un (5,5%) cinco y medio por ciento, datos

que lógicamente surgen de contrastar ambos censos.




31

Pero si tomamos los datos censales de losDepartamentos de Chalileo, Chical-có, Limay Mahüida, Puelén y Curacó

todos afectados en más o en menos por la falta de escorrentía de las aguas

del Atuel, ellos expulsan entre el año 1947 – año del corte definitivo del

río Atuel – y el año 1960, una población de dos mil cuatrocientas sesenta

y tres personas (2.463).

Es decir que del total del éxodo o emigración

pampeana producida entre esos años, esos departamentos entregan un

porcentaje de población equivalente al veintiséis por ciento (26%) del

total de los emigrantes.

Las migraciones por eventos naturales, al igual

que las ocasionadas por las situaciones de violencia, tienen el componente

común de ser desplazamientos forzados donde hay pérdidas humanas y

materiales” (10)

“…las primeras perturbaciones se manifestaron

antes de 1920, y los damnificados en particular fueron los colonos de la

Colonia Butaló, fundada por el Gobierno Nacional en 1909 en

proximidades de Santa Isabel. Esta colonia de 90 lotes de 100 hectáreascada uno, obviamente destinada a agricultura bajo riego, desde su misma

creación sufrió los avatares de la interrupción del escurrimiento por

obras particulares, clandestinas en jurisdicción de Mendoza que fueron

alterando los caudales, haciendo desaparecer algunos de los brazos, como

el Arroyo de los Ingenieros, el Arroyo de las Tinajeras, etc.. De tal manera




32

que los colonos, librados a su suerte, sin auxilio del Gobierno delTerritorio, ni del Gobierno Nacional, terminaron dispersándose,

dedicándose a otras actividades. Y se trataba de colonos en algunos casos

extranjeros, había ucranianos, polacos y españoles junto a los criollos.

¿Qué hicieron los gobiernos del Territorio frente a estas situaciones? El reclamo de los colonos de Butaló no tuvo eco

mayormente; sí lo tuvo más adelante, un reclamo encabezado por

propietarios de campos que se beneficiaban con los escurrimientos del

Atuel, pero que eran personas residentes de Buenos Aires o vinculados

con Buenos Aires, que fueron encabezados por el Doctor Pelet Lastra, un

abogado metropolitano que agrupó a todos los propietarios perjudicados,

en un petitorio ante el Gobierno del Territorio. En ese caso sí el

Gobernador del Territorio Nacional de La Pampa Central elevó el reclamo

al Ministerio del Interior acompañando su apoyo a lo planteado por los

propietarios. Pero lógicamente sin ningún resultado” ( 11)

El corte del río por parte de Mendoza no sólo

provocó y sigue provocando el desplazamiento forzado de las familias,

sino que a su vez ha propiciado un grave proceso de desertificación de

una extensa porción del territorio pampeano, escaso en lluvias, amén que

se lo ha condenado a recibir sus desechos salinos.

Se conjugan entonces en virtud del cese del

escurrimiento del río Atuel, varias consecuencias, todas ellas nefastas:




33

a) se provoca el desplazamiento forzado desde elinicio mismo del corte de los brazos por los que ingresaba el Atuel, a

principios del siglo XX; y que se agrava a partir del cese del escurrimiento

por la construcción de los Nihüiles en el año 1947;

b) se provoca un proceso de desertificación y desaparición de los bañados y humedales del Atuel, el que, en su

encuentro con el río Salado o Chadileuvú, provocaba aguas más abajo,

bañados y lagunas extensas que constituían un rico ecosistema, hoy

desaparecido;

c) priva desde entonces del acceso al agua potable

a los pobladores de los departamentos por los que escurría el río Atuel, ya

que las aguas de este eran aptas para el consumo humano;

d) provoca un inmenso daño a las actividadesagrícolas;

e) priva de toda posibilidad de desarrollo

sustentable a la región.

Se puede afirmar sin temor a equívocos, que

nuestra hermana provincia jamás ha tenido intenciones de permitir el

libre escurrimiento del Río Atuel, siendo una clara muestra de ello el

incumplimiento no sólo de las normativas nacionales, sino también de los

acuerdos interjurisdiccionales suscriptos, violando sistemáticamente los




34

principios cardinales que orientan la cuestión en materia nacional einternacional.

Además, la inacción o el desconocimiento de los

organismos nacionales en punto a esta cuestión, es sintomática, en tanto

que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de

la Nación expresa en un elaborado trabajo (12) que:

“El objeto central del presente document o es

generar un amplio debate que conduzca a la elaboración del Programa de

Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. En esta inteligencia,

descontamos que los aportes de los diversos sectores que trabajan en esta

problemática ampliarán y mejorarán el material que aquí se presenta. El

contenido de este Documento de Base intenta reflejar y respetar lo

producido en los más de 40 Talleres y Jornadas Regionales y Nacionales,

en las cuales participaron cerca de 2000 personas; representantes de

organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. En esos

encuentros, funcionarios públicos, técnicos, científicos, productores,

docentes, legisladores, comunicadores sociales, miembros de ONG y de

asociaciones intermedias, junto a la población directamente afectada,

expresaron sus particulares puntos de vista sobre las causas generadoras

de la desertificación y la sequía, y sugirieron diversos cursos de acción

para prevenir y revertir esos procesos”.




35

Sin embargo, cuando de la provincia de La Pampase trata y en especial del oeste, que es la zona afectada por un grave

proceso de desertificación a raíz del corte del río Atuel, sólo se especifica

lo siguiente:

“Llanura pam peana árida: Planicie organizada a lo largo de la depresión Desaguadero-Salado, en las provincias de Mendoza,

San Luis, La Pampa, hasta el Río Colorado. Coexisten llanuras eólicas y

fluviales, que alternan con zonas de médanos. Hacia el sur con coladas

basálticas. Extensas partes cubiertas de suelos salinos y en general poco

diferenciados, con buen drenaje y pobres en materia orgánica. Región

árida con precipitaciones que oscilan entre 300 y 400 mm, generalmente

torrenciales. La vegetación se caracteriza por estepas arbustivas, pastos

duros y bosques riparios muy abiertos. La región se caracteriza por una

disponibilidad de recursos limitada, estacional y aleatoria, donde el estado

más frecuente entre los componentes es el stress. Por otro lado la

producción secundaria está limitada por la cantidad y calidad del recurso

forrajero. La población es dispersa (0,1 hab/km2) y el uso de la tierra más

generalizado es el ganadero extensivo. El territorio se estructura en

grandes propiedades privadas (latifundios), pero la explotación ganadera

está a cargo de puesteros que mantienen una relación laboral, con los

dueños del campo, difusa o inexistente. Esto determina un esquema

socioeconómico que propicia los procesos de desertificación en el área”.

(13)




36

No existe allí ninguna mención al real problemade desertificación que afecta a varios Departamentos de la provincia de

La Pampa, por el corte del río Atuel, no obstante que se señala que el

Documento Base se ha realizado con la participación de muchas personas

y que se “…intenta reflejar y respetar lo producido en los más de 40

Talleres y Jornadas Regionales y Nacionales, en las cuales participaron

cerca de 2000 personas”.

Sería bueno conocer dónde estuvo la

participación de las autoridades del área de Ecología del Estado y las ONG

pampeanas, amén de saber cuáles han sido las razones de no exponer enesos talleres la grave problemática de la Desertificación de nuestro

territorio y primordialmente, porqué razón el Estado provincial no ha

aprovechado estas posibilidades que los organismos nacionales abren

para el debate y el conocimiento de un tema tan caro a los intereses de

nuestra provincia.

Es probable que existan responsabilidades

compartidas, pero es llamativo que éstos organismos nacionales realicen

incluso seminarios o foros acerca de la Desertificación, en las provincias

de Cuyo, mientras que La Pampa no es ni siquiera considerada en la

página web de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

Que sepamos – y hemos leído todo el farragoso

documento -, tampoco se nota la intervención de científicos o estudiosos




37

pampeanos del área universitaria, quienes mayor presencia debierontener en propuestas para la formulación de un programa tan ampuloso

como se pretende en la lucha contra la desertificación.

No lo decimos a tono de crítica, sino a manera de

reflexión, pues algo nos está pasando a los pampeanos, que no atinamos adar una decidida lucha, sin distinciones ideológicas ni partidarias, para

que esta cuestión ambiental que nos afecta sobremanera, sea conocida y

analizada en todos los ámbitos posibles y que nos ayuden a lograr la

fuerza necesaria para su reversión.

En síntesis, el desastre ambiental y sus

consecuencias sobre todos los seres vivientes, en especial los humanos que

vivían y de los que aún viven en la cuenca seca del Atuel y del

disminuido cauce del Salado Chadileuvú, la desertificación del territorio

que abarca posiblemente más de un millón de hectáreas, constituyen no

un agravio y un daño a los pampeanos, sino un atentado a la naturaleza y

un crimen a la humanidad.

Es lamentable que, cuando se leen los Tratados

firmados y ratificados por Argentina y los documentos elaborados por losorganismos públicos nacionales y provinciales, el tema de la

desertificación del Oeste pampeano por el corte del Atuel, parece no

existir.




38

Sin embargo ello no obsta para que allí se señalecon énfasis que “Los países signatarios de esta Convención, entre los que

se cuenta la Argentina, han tomado conciencia que la desertificación y la

sequía constituyen problemas de dimensiones mundiales, que afectan el

desarrollo sostenible de los distintos países, por la relación que guardan

con problemas tales como la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el

desplazamiento de personas y la dinámica geográfica” (14)

2-7.- El segundo desplazamiento forzado:

La apropiación territorial del oeste.

Posterior a la llamada “conquista del desierto”, las

tierras ganadas a los pueblos originarios fueron parceladas, registradas einscriptas a nombre de extraños que se beneficiaron con la compra al

propio Estado Nacional, el que jamás verificó en forma alguna si en ellas,

a las que enajenaba por considerarlas propias, existían poseedores o

pobladores que conseguían su propio sustento y desarrollaban su

particular forma de vida y cultura.

Algunos de ellos – como ocurrió con los que se

asentaban en la laguna La Blanca, fueron desplazados forzadamente y

asentados en la Colonia Emilio Mitre a finales del siglo XIX, donde se les




39

entregó la posesión – el título de propiedad recién se les reconoció casi 80años después – de pequeñas parcelas consistentes en 625 hectáreas por

familia.

Pero la mayoría se dispersó en casi todo el

territorio del oeste pampeano, y pese a que en algunas oportunidades -como veremos más adelante - el Estado se ocupó de algunos de ellos,

jamás decidió encarar el real y principal problema que los aquejaba y que

aún perdura, que es la titularización de las tierras que poseían y cuyo

dominio ganaron en forma legítima, aún si consideramos aplicables a

ellos el ordenamiento jurídico que se les impuso, y no al derecho legítimoque detentaban por ser hijos y antiguos dueños de las tierras.

Nuestra Constitución Nacional reformada en 1994

estableció con claridad dentro de las atribuciones del Congreso de la

Nación, no sólo reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos

indígenas argentinos, sino que además estatuyó que se les debe

“garantizar la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes

para el desarrollo humano.” (Art. 75, inciso 17 CN).

Asimismo, la Constitución de nuestra provincia,

conforme a la Reforma introducida en 1994, establece en su artículo 6°

que “La provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los

pueblos indígenas”.




40

Sin embargo y pese a intentos paternalistasemanados algunas leyes Nacionales y Provinciales, sancionadas con

buenas intenciones, pero con el desconocimiento de las reales

problemáticas de estos pobladores, los derechos consagrados en nuestras

cartas Magnas, constituyen letra muerta hasta el presente.

Ha sido incluso el propio Estado quien de alguna

manera les ha reconocido a algunos de ellos – no a todos -, pero siempre

por indirecta vía, el derecho a la posesión y a la propiedad de las tierras

que ocupaban, al construirles viviendas con fondos públicos y

erradicando los miserables ranchos donde pese a ello, pudieron nuestrospaisanos desarrollar armónicamente su vida, criar y educar a su hijos, y

encontrar una forma de vida sustentable, aún bajo tremendas condiciones

de precariedad.

Pese a ello cumplieron con un rol estratégico para

el propio Estado Nacional, al ocupar tierras inhóspitas y levantar allí no

sólo la bandera Nacional, sino educar a sus hijos en las Escuelas Públicas,

convirtiéndolos en argentinos de bien, rechazando así y sin darse cuenta

ellos de la misión encomiable que realizaban por la sola ocupación,

cualquier pretensión de ocupación territorial por naciones extrañas.

Sabido es que en materia territorial, el espacio que

no se ocupa, siempre es tentación de aquellos que pretenden expandirse y




41

ocupar de cualquier manera tierras que, aún inhóspitas, sirven aldesarrollo.

Así entonces el desplazamiento forzado de familias

o de grupos de familias y en su caso de comunidades enteras, no puede

ser soslayado ni ignorado, puesto que forma parte de un procesoinacabado ligado a la historia argentina, y que cuando se profundiza en

sus razones históricas, no sólo se pueden conocer las “causas”, sino la

“densidad y magnitud” del fenómeno.

En su momento, las elites políticas y económicasde nuestra Nación, utilizaron el “desplazamiento forzado”, para poder

“expandir” las fronteras e incorporar enormes extensiones de tierras a lo

que se llamaba entonces “la civilización”.

El desplazamiento forzado tuvo por ende como

factor o eje dinámico a la violencia.

El modelo liberal implantado en ese entonces,

sancionó las normas legales que luego justificaron y legitimaron la

apropiación y la destrucción o aniquilamiento cultural.

En las últimas décadas del siglo XX con el modelo

neoliberal se reintrodujo el proceso de apropiación territorial; ahora

entran en consideración otros factores que no por menos violentos, dejan




42

de constituirse en verdaderos flagelos, en tanto no sólo se produce el“desplazamiento forzado”, bajo el amparo de medios legales o legitimados

por fallos judiciales, sino que ocurre bajo la mirada de un Estado que no

atina a establecer con claridad políticas que lo impidan.

Ello nos conduce a pensar si no existe connivenciaideológica – cuanto menos -, o absurdo y criminal desconocimiento,

permitiéndose así la gestación de un nuevo proceso de apropiación

territorial, cuyas consecuencias políticas, sociales y económicas no sólo no

han sido analizadas desde las esferas del poder, sino que además son

absolutamente imprevisibles en su futuro acontecer.

Este desplazamiento forzado es generado por

variadas razones:

1) valor estratégico de los territorios en términos

económicos;2) posible existencia futura de industrias

extractivas y productivas (recursos naturales

y minerales);

3) expansión de la frontera ganadera.

4) el empobrecimiento y la baja calidad de vida

de los originarios de la tierra, que se

encuentran privados incluso del agua potable,

vital para su subsistencia




43

Se lleva a cabo al amparo del ordenamiento jurídico mediante la compra de grandes extensiones, y en muchos casos, y

esto es lo que nos atañe y preocupa, mediante la expulsión del campo de

miles de campesinos que poseyeron esas tierras sin títulos de propiedad

durante varias generaciones.

La población entonces disminuye en forma

proporcional a la concentración de la propiedad, lo que a su vez es

absolutamente riesgoso para los intereses vitales de nuestra provincia.

Afecta una gran parte de la superficie de nuestro

territorio provincial, aunque se concentra en la zona oeste de forma más

acusada y se trata, en su mayor parte, de desplazamientos individuales o

familiares.

Sabemos que la consecuencia directa de ello y el

destino final de los desplazados” suelen ser los barrios de las ciudades,

que garantizan una cierta seguridad y la ilusión de encontrar una

alternativa de vida, pero normalmente pasan a ser pobres estructurales,

ya que se les ha privado de realizar su vida en la forma y con los hábitosadquiridos por generaciones: son los desterrados.

En la abrumadora mayoría de los casos estos

desplazados no tuvieron ni tienen información sobre los pasos que




44

deberían seguir para obtener sus títulos de propiedad mediante laprescripción veinteañal, o la decenal; otros carecen de los recursos

suficientes para afrontar esos procesos que además, desconocen en su

sentido último.

Otras veces son engañados mediante el simpleardid de hacerles firmar en confianza algún contrato o acto jurídico que

interrumpe la posesión, y luego son definitivamente despojados de sus

tierras, incluso con orden judicial, lo que no por ello deja de constituirse

en un verdadero escarnio.

Esto debe ser analizado y estudiado en forma

rápida y eficiente en el corto plazo, pero sin que ello implique no actuar

abordando la problemática en su “integralidad” y no mediante respuestas

puntuales y asistencialistas

El derecho a poseer los bienes que la naturaleza

provee a los seres humanos es, a nuestro modo de entender, el asiento o

piso de todo derecho humano y la posibilidad de un desarrollo humano

sustentable es el techo, que los defiende frente a toda posible agresión.

Por ende nos estamos refiriendo al derecho a

poseer la propiedad de bienes, por una parte, y a la dignidad de toda

persona humana por otra.




45

Cuando el ser humano es desposeído de bienesmateriales, desarraigado de la posesión de la tierra, o del agua todos los

demás derechos los posee en precario, es decir, le son otorgados como

una mera prebenda.

Sin posesión de bienes todos los derechos están sinsuelo, tienen las raíces al aire, y los que creen poseerlos, en realidad lo

que tienen no son derechos sino la beneficencia o el asistencialismo.

El Artículo 17 de la Declaración de Derechos

Humanos sostiene que:1) Toda persona tiene derecho a la propiedad,

individual o colectivamente.

2) Nadie será privado arbitrariamente de su

propiedad.

Tales nociones también las encontramos muy

claramente establecidas en nuestras Cartas Constitucionales, y podríamos

nosotros acotar que ninguna persona podrá ser privada de su posesión,

cuando el respeto al derecho a tal propiedad signifique para otros el

despojo, es decir, cuando pueda usar de ella "arbitrariamente" para

dominar o para excluir a terceros del disfrute de los bienes a que tienen

derecho.




46

Es importante destacar que en su mensaje alpueblo de la provincia realizado en la apertura del período de sesiones

ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, el día

primero de marzo del año 2005, el señor Gobernador de la provincia Ing.

Carlos Verna afirmó:

“Atendiendo especialmente a la seguridad jurídica

de todos sus habitantes, el Gobierno de la Pampa, se encuentra

impulsando un plan integral de regularización dominial de todo el Oeste

provincial, en virtud de la inseguridad jurídica en que se encuentra una

importante franja de pobladores de esa región en cuanto a la verdadera

propiedad de las tierras donde están afincados”. “Para alcanzar el objetivo

enunciado se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario con

presencia de distintas áreas del Gobierno”.

Ha sido entonces el propio gobierno provincialquien reconoció la existencia de esta grave situación, otorgando

instrucciones a los distintos organismos de la administración, para la

formalización de un Plan Integral de Regularización Dominial de todo el

oeste provincial.

Asimismo la Cámara de Diputados de la provincia

reconoció - aunque en forma indirecta - la existencia de este

Desplazamiento Forzado , cuando en su oportunidad sancionó la Ley

2222, mediante la que se suspendían los desalojos de propiedades rurales




47

en los Departamentos de Chadileo, Chicalcó, Limay Mahüida, Puelén yCuracó, todos del oeste provincial. (Véase: Anexos (**).

En esa oportunidad, habíamos presentado un

proyecto de ley para la solución integral que se denominó “Programa de

Ordenamiento y Titularización Rural del Oeste” (P.O.T.R.O.) que, noobstante haber sido aprobado por mayoría en la respectiva Comisión de la

Cámara de Diputados, posteriormente fue rechazado al tratarse en la

sesión, en tanto la bancada oficialista solicitaba un año de plazo para

llevar adelante un relevamiento, dándose así lugar a la sanción de la ley

2222 ya mencionada. (Véase: Anexos (***)

En muchos de los casos, las familias bajo riesgo de

desplazamiento se encuentran inmersos en los bañados del Atuel (hoy

secos) y también sobre las orillas de los bañados y el curso del río Salado o

Chadilevú, de modo que se encuentran afectados doblemente, por cuantola escases o carencia de agua potable hace que deban depender para

todas sus necesidades vitales, de las escasas aguas de lluvias que logran

acumular o en su caso, de la provisión que los municipios que les acercan

en camiones tanques, el agua potable para el consumo.

Esto impide el desarrollo de familias numerosas

como se acostumbraba, en tiempos en los que no era extraño encontrar

familias constituidas por más de diez u once personas, entre padres e

hijos.




48

Empujados por éstas dos cuestiones que hemosexpuesto, las familias van desmembrándose y la mayoría se van para

alojarse a las poblaciones cercanas y el ámbito rural queda absolutamente

despoblado o bien con población envejecida y la vida social que otrora

tenía sus peculiaridades culturales, va poco a poco desapareciendo.

Ello acentúa aún más el proceso de desertificación,

por cuanto las familias originarias van siendo reemplazadas por nuevos

propietarios o arrendatarios quienes, al desconocer las particularidades

de ese territorio, intentan sacarle la mayor ganancia a las tierras,

acentuando la carga animal y profundizando así el desastre ambiental.

2-8.- Medio Ambiente y afectación del derecho humano al desarrollo

sustentable.

Nadie discute ya que cuando el medio ambiente sedegrada esto afecta sensiblemente los derechos de las personas y su

calidad de vida, cuestión que ha sido explícitamente recogida en el plexo

normativo de los Derechos Humanos, tanto en el orden internacional

como en el orden jurídico nacional argentino.

Cuando hablamos del derecho al ambiente como

“derecho humano”, debemos entender que aquél es el soporte de la vida, o

sea, la base de la posible subsistencia de la humanidad entera y por ende




49

asimilar que el derecho ambiental es el soporte sobre el que descansan ose posibilitan todos los demás derechos humanos.

“El desarrollo sustentable está en pleno proceso de

definición. Se encuentra en todos los discursos políticos, pero sus opciones

de aplicación práctica pueden ser muy diversas y, eventualmente, perversas. Desde ideologías de tipo liberal se hace énfasis en la posibilidad

de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación

ambiental vía aumento de la productividad (producir más, consumiendo

menos recursos y generando menos residuos) y con la equidad social vía

mejora general de las condiciones de vida. Desde ideologías ecologistas más radicales se hace énfasis en las opciones de crecimiento cero y

aplicación estricta del principio de precaución, es decir, dejar de realizar

actividades productivas hasta tanto no se demuestre que no son dañinas.

El concepto de Desarrollo Sostenible fue definido en el Informe

Brundtland como aquél “ que satisface las necesidades del presente sin

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las

propias” . (15)

La provincia de La Pampa y por ende sus

habitantes, pero principalmente quienes habitan en las márgenes del Río

Atuel y sus bañados aledaños, han visto considerablemente afectados sus

derechos esenciales, no sólo por haberse visto privados del agua potable

que el curso de este río ingresaba al territorio provincial, sino porque

también se afectó de manera directa, concreta y tal vez definitiva – de no




50

mediar remediación -, el derecho a gozar de un medio ambiente sano,equilibrado y apto para el desarrollo humano, entendido este en toda su

amplia concepción.

Las posibilidades en potencia respecto al

desarrollo de esa zona, que se han visto afectadas o coartadas soninmensurables: no sólo se han visto perturbados nuevos asentamientos

poblacionales, sino también los recreacionales, productivos e industriales,

amén de haberse privado a toda la zona de la rica biodiversidad de la que

gozaba.

No se trata ya de la afectación por la expulsión de

la población – desplazamiento forzado -, sino de la imposibilidad del goce

o disfrute de un medio ambiente que era sumamente rico en su

biodiversidad y con las potencialidades que ese mismo medio implicaba

para el desarrollo humano.

Debemos comprender que el corte unilateral del

escurrimiento del río Atuel y el no cumplimiento por parte de la

provincia de Mendoza de la resolución n° 50/49 de la Secretaría de

Energía de La Nación, viola claramente el Orden Jurídico y también que,

para el cese de esa violación, existen caminos no iniciados hasta el

presente por parte de la provincia de La Pampa.




51

Hasta el presente se han efectuado reclamos o sehan formalizado acuerdos que pueden incluso ser considerados

perjudiciales para las arcas provinciales, mientras que la provincia de

Mendoza se arroga el derecho a destruir el medio ambiente de una

provincia hermana, a sabiendas que vulnera el plexo normativo

protectivo nacional e internacional.

Al reformarse la Constitución Nacional en el año

1994, en su artículo 41 se incorporaron expresamente éstos derechos, al

establecerse que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de

recomponer, según lo establezca la ley . Las autoridades proveerán a la

protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias

para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o

potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.




52

La actual Corte Suprema de Justicia de la Naciónha sostenido que “7°) Que la cláusula incorporada por la reforma de

1994 en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, situado en un nuevo

capítulo de la parte dogmática llamado "Nuevos Derechos y Garantías"

establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente

sano, equilibrado,…".” El reconocimiento de status constitucional delderecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica

previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no

configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las

generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad

discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la

precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y

jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la

supremacía establecida en el Artículo 31 de la Constitución Nacional y las

competencias regladas en el Artículo 116 de esta Ley Fundamental para la

jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza

excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de

uno de los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta

Magna”.

Señalando además que “La tutela del ambiente

importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos

tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la

fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el

correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente




53

sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que unindividuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La

mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la

población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y

transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces

deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales”. (16)

Al respecto sostienen Romina Picolotti y Sofía

Bordenave (17) que “…Se debe considerar que la comunidad

internacional ha asumido el compromiso de velar tanto por el

cumplimiento de los derechos humanos como el respeto al ambiente.Argentina no ha sido ajena a estos procesos. La Constitución Nacional en

su artículo 75 inciso 22 incorpora diez tratados internacionales de

derechos humanos con jerarquía constitucional. Cuando hablamos de

aplicación de normas con jerarquía constitucional y específicamente de

tratados internacionales, inmediatamente surge la pregunta de la

inmediata exigibilidad de los tratados de derechos humanos” .

Y citan seguidamente cómo se han expedido al

respeto, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia

Corte Suprema Argentina.

“El hecho de que los Estados partes puedan fijar las

condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no

impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las




54

obligaciones que aquellos han contraído según el artículo 1.1. que establece el compromiso de los propios Estados Partes de “respetar los

derechos y libertades” reconocidos en la Convención y de garantizar su

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción ”. En

consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o

respuesta no pudiera ser ejercido por “toda persona” sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la

Convención”. (18)

Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en el caso Ekmekdjian entendió lo siguiente: “16.- Que, en tal sentido, la violación de un tratado internacional puede acceder tanto por

el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta

manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer

disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones

resultarían contradictorias con la previa ratificación internacional del

tratado; dicho de otro modo, significaría el incumplimiento o repulsa del

tratado, con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran

derivarse”.

“…Lo expuesto en los considerandos precedentes

resulta acorde con las exigencias de la cooperación, armonización e

integración internacionales que la República Argentina reconoce, y

previene la eventual responsabilidad del estado por los actos de sus

órganos internos, cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta




55

Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla. En este sentido, eltribunal debe velar porque las relaciones exteriores de la Nación no

resulten afectadas a causa de actos u omisiones oriundas del derecho

argentino que, de producir aquel efecto, hacen cuestión federal

trascendente”. (19)

Siguiendo los lineamientos del pensamiento

expresado por la Corte, Picolotti y Bordenave afirman que “la Corte

considera que entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno

para cumplir el fin del pacto, deben considerarse comprendidas las

sentencias judiciales. Cabe preguntarse si es posible que por un acto

judicial el Estado incurra en responsabilidad internacional. La respuesta

es sí, pues el Estado incurre en responsabilidad internacional por la

comisión de un hecho ilícito, esto es por una conducta activa u omisiva

que incumple con una obligación internacional”. (20)

Si comprendemos entonces que por un acto

judicial el Estado puede ser responsable internacionalmente, cuánta más

responsabilidad le cabe no sólo al Estado Nacional sino a los Estados

provinciales por los hechos y actos violatorios de los tratados

internacionales y las propias normas de nuestra Constitución Nacional.

Cuestión suficiente para entender que las acciones

y omisiones de la provincia de Mendoza respecto al corte del Río Atuel y

al incumplimiento de las sueltas periódicas que debería haber realizado




56

desde la construcción del Dique Los Nihüiles, de modo de no afectar losderechos de terceros – en este caso, el derecho de la provincia de La

Pampa y sus habitantes -, puede y debe ser considerada como una

violación a los tratados internacionales que colocarían en riesgo al propio

Estado Nacional, pues, al estar a lo afirmado por la Corte, ello significaría

el “incumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuenciasperjudiciales que de ello pudieran derivarse”.

Y estas “perjudiciales consecuencias” no pueden ni

deberían ser ignoradas por el gobierno nacional, que ha hecho de los

Derechos Humanos el eje principal de su relato.

Ocurre en este punto que la provincia de

Mendoza ha sabido sobreexplotar el “recurso agua” en su exclusivo

beneficio, construyendo un vergel que muestra al mundo, produciendo

vinos y otros productos de altísima calidad, a cambio de no mostrar el grave deterioro medioambiental de la baja cuenca del Río Atuel.

No solamente sobreexplota ese recurso, sino que lo

hace con tecnologías inapropiadas y desperdiciando casi el ochenta (80%)

del mismo que se pierde por infiltración a las napas y por evaporación.

Y esto no sólo ocurre en el caso de Mendoza, sino

que el mismo drama se repite en todo el mundo, produciéndose así esta

fenomenal paradoja: se construyen represas y surgen vergeles, mientras a




57

la vez se provocan grandes extensiones de desertificación que coadyuvanal calentamiento global a la vez que provocan el desplazamiento forzado

de millones de seres humanos.

3. TIPOLOGÍA Y RAÍCES DE LOS CONFLICTOS POR EL AGUA EN EL MUNDO.

El holocausto hidráulico del siglo XX.

Hemos dejado para el final, algunas

consideraciones que, si bien hacen al fondo de la cuestión que tratamos,éstas tienen por finalidad incorporarle al lector una mayor claridad sobre

algunos conceptos que hemos esbozado muy sintéticamente.

Cuando hablamos de desplazamientos forzados, se

puede caer en el error de considerar – en virtud de la síntesis que hemosintentado darle a este trabajo -, que los mismos existen cuando median de

por medio conflictos armados, de violencia o de despojos, cuando en

realidad el desplazamiento forzado, tal como ha quedado perfectamente

definido en los llamados “Principios Deng”, tiene causas múltiples, e

incluso muchas de la veces por hechos del hombre o de los Estados.

Así, la construcción de una obra cuya justificación

y beneficios para el conjunto de la sociedad parece estar fuera de toda

duda razonable, no obsta a que personas, familias o comunidades enteras




58

deban padecer el desplazamiento forzado, con las consiguientes secuelasque ello trae aparejado.

Y en esos casos, también existen derechos

humanos que son vulnerados, claro que allí aparecen razones que

justifican o pretenden justificar no sólo la necesidad de las obras arealizarse, sino la necesidad de provocar el desplazamiento forzado.

En Argentina podemos tomar como ejemplo la

construcción de la represa Salto Grande y allí, sobre lo que luego iba a

constituirse en el lecho de la masa de agua que se formaría en virtud deesta obra, un pueblo entero – Federación – debía desaparecer sumergido

en las aguas.

El Estado construyó una ciudad nueva y se

trasladó a los habitantes al nuevo hábitat, pero ello se hizo en el marco delos planes de obras y como parte del costo de la misma; sin embargo, los

habitantes de la antigua ciudad, hoy sumergida en las aguas, debieron

dejar atrás sus historias de vida, aceptar que jamás volverían a ver los

lugares que desde su infancia tenían gravadas en sus memorias, los

lugares donde compartieron importantes hechos con sus familias, amigose incluso abandonar sus propiedades, pese al cariño, apego o goce que

podían tener por la sola circunstancia de ser su lugar en el mundo;

desaparecieron los clubes, los lugares de reuniones sociales, etc., y éstos




59

debieron comenzar a ser reemplazados por los nuevos lugares,implicando ello desde ya lógicas consecuencias sicológicas y espirituales.

En La Pampa, cuando se construyó el Dique Casa

de Piedra, algunos puesteros se encontraban radicados en lo que ahora es

el lecho del lago y también debieron ser reubicados. En algunos casos,aún hasta hace poco tiempo se podían observar los corrales y algunas

mejoras que todavía subsistían pese a la inundación para la formación del

lago.

Chernóbyl en Ucrania, después de la explosión dela planta nuclear en el año 1986, es otro claro ejemplo de desplazamiento

forzado y sus habitantes – más de 40.000 – amén de haber sufrido los

padecimientos y enfermedades causadas por la explosión del reactor

nuclear, debieron forzadamente abandonar la ciudad y también la

cercana ciudad de Prypiat se vio constreñida a quedar vacía.

“Para llevar a cabo modificaciones radicales de los

cursos fluviales — trasvases, derivación de los cauces, grandes embalses,

etc., se hace necesaria una gran inversión de trabajo y de capital, tanto

para su construcción como para su mantenimiento. Estas intervenciones

modifican de manera m uy importante el paisaje, iniciando a menudo un

proceso difícilmente reversible, como la construcción de las grandes

presas de contención y derivación , que conllevan la inundación de

grandes superficies, y el consiguiente traslado forzoso de millones de




60

personas.El ejemplo más claro y actual lo tenemos con la recientísima puesta en funcionamiento de la gran presa de las Tres Gargantas, en la

República Popular de China, que bajo el pretexto del control de las

crecidas del río Yang Tsé contiene todos estos elementos: repercusiones

ecológicas, económicas y sociales”. (21)

Lo mismo ocurre en distintos lugares del mundo,

ya sea por la violencia, persecuciones políticas, desastres naturales y

obras del hombre, millones de seres humanos se ven obligados a

abandonar sus hogares forzadamente.

Lo grave de ello es que la mayoría de las naciones,

incluida Argentina, carecen de una legislación adecuada que prevea éstas

dolorosas y traumáticas situaciones y lo mismo ocurre en los estados

provinciales.

Pero lo que es más grave aún es que, realizada una

obra humana que beneficia a un sector de la población, se perjudica

notablemente a otros sectores y se intenta justificar ello sobre la base de la

“necesidad” que tiene la población o el estado beneficiado, sin reparar en

los enormes costos humanos, sociales y medioambientales que se provocaal conjunto.

“A finales de los noventa, el Banco Mundial, ante

los agudos conflictos suscitados por los proyectos de grandes presas que




61

financiaba en países en desarrollo, propuso a Internacional Rivers

Network (IRN) la posibilidad de desarrollar un amplio debate, a nivel

mundial, sobre la cuestión . La respuesta afirmativa de IRN, como

representante de múltiples colectivos de afectados por grandes presas en

el mundo, permitió poner en marcha la llamada Comisión Mundial de

Presas (World Com mission on D ams-WCD) bajo la presidencia de KaderAsmal, ministro de medio ambiente, por entonces, en el Gobierno

Sudafricano de Nelson Mandela.

Tras dos años de trabajos, en 2000, la comisión

presentó su informe final en Londres. En él se valoran las importantesconquistas socio-económicas conseguidas gracias al desarrollo de

grandes obras hidráulicas y se revisan las dramáticas previsiones de

diversas instituciones internacionales sobre el crecimiento de la

población y del número de seres humanos sin garantías de acceso a aguas

potables, la crisis alimentaria y el crecimiento de las demandas de electricidad en el mundo. En base a tales previsiones, desde un enfoque

desarrollista tradicional, parecería necesario perseverar en el desarrollo

de nuevas infraestructuras que permitan explotar mayores caudales de

ríos, lagos y acuíferos.

Sin embargo, el Informe subraya los argumentos

clave que cuestionan hoy la validez de las estrategias de oferta, basadas

en nuevas grandes obras hidráulicas:— Baja eficiencia y problemas de

rentabilidad económica; — Graves impactos ecológicos y ambientales,




62

con frecuencia irreversibles; — Graves impactos sociales y afección a

derechos humanos de las poblaciones.

Respecto al primer punto, la evolución de las

estructuras económicas, tanto a niveles nacionales como a nivel mundial,

ha generado profundos cambios durante la segunda mitad del siglo XX que conllevan balances coste beneficio negativos en la mayoría de los

grandes proyectos hidráulicos.

En lo que se refiere al segundo punto, el informe

recoge los argumentos e impactos ambientales reseñados anteriormente,haciendo énfasis en sus graves consecuencias socio-económicas,

especialmente sobre las comunidades más pobres.

Pero es quizás en el último punto donde emergen

los datos más chocantes y conmovedores. Tras dos años de trabajo y

habiendo podido precisar los metros cúbicos que pueden almacenarse en

las casi cincuenta mil grandes presas construidas a lo largo del siglo XX, a

pesar del apoyo recibido por parte de los respectivos Gobiernos, la

Comisión manifiesta su impotencia para determinar el número de

personas desplazadas a la fuerza de sus pueblos por la construcción de

esas presas.

Se estima, dice el informe, que entre 40 y 80

millones de personas vieron sus casas y pueblos inundados. A esta




63

estimación hay que añadir, según el informe, un número muy superior de

desplazados por afección indirecta en el entorno de los valles inundados.

Para colmo, tal y como denuncia la Comisión, los impactos socio-

económicos más graves han recaído sobre las comunidades más po bres y

sobre los sectores más desprotegidos (particularmente mujeres y niños),

mientras que los beneficios generados han ido a parar a sectores ricos ypoderosos, así como a territorios alejados más desarrollados.

Resulta impresionante la envergadura del drama

humano que estos desplazamientos forzados han representado hasta la

fecha. Sin embargo, resulta aún más impresionante el nivel de ignoranciay silencio que se ha mantenido y se mantiene en torno a esta especie de

holocausto hidráulico del siglo XX (como suele llamarlo el profesor

Martínez Gil). Hablar de entre cuarenta y ochenta millones equivale a

reconocer que no sabemos ni hemos querido saber.

Estamos, por tanto, ante el drama de la

invisibilidad de las víctimas. Durante las últimas décadas, la reacción,

cada vez más activa y masiva de las poblaciones afectadas, ha ido

rompiendo el amplio consenso social que ha mantenido esa mordaza de

silencio, más allá de la represión directa (que en ocasiones ha sido y sigue

siendo brutal).

Aunque la casuística es muy diversa, en la

mayoría de los casos nos encontramos con poblaciones rurales pobres, en




64

muchos casos comunidades indígenas, con muy escaso poder político,

marginales o fáciles de marginar, en principio. Para esas comunidades, en

muchos casos, lo que está en juego no son propiamente derechos sobre el

agua, sino el territorio mismo en el que habitan . (22)

4. EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS

NUEVOS PARADIGMAS CONSTITUCIONALES.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

año 1987, en los autos caratulados “La Pampa c/ Mendoza s/Acción

posesoria de Aguas y Regulación de usos” (Fallos 310:2478), estableció: 1)

Declarar que el río Atuel es interprovincial y que el acuerdo celebrado

entre el Estado nacional y la Provincia de Mendoza el 17 de junio de

1941 no tiene efecto vinculatorio para la Provincia de La Pampa. 2)

Rechazar la acción posesoria promovida por la Provincia de La Pampa y

las pretensiones de que se dé cumplimiento a la resolución 50/49 y que se

regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias de la

cuenca del Río Atuel y sus afluentes, siempre que la Provincia de

Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales aplicados sobre lasuperficie reconocida en el consid. 88. (75.761 ha.) y 3) Exhortar a las

partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y

equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de


los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de esta



65

os p c p os ge e a es y as pautas jadas e os co s de a dos de esta

sentencia.

Sin embargo, dadas las características de la acción

que La Pampa había iniciado, la CSJN, si bien resolvió sobre el carácter de

“interprovincial” del río Atuel, estableció – en virtud de que La Pampa

había aceptado los llamados “usos consuntivos” por parte de Mendoza -,

que esta podía continuar con los mismos hasta completar el regadío de las

75.761 hectáreas.

Los fundamentos de ese Fallo de la CSJN se

podrían catalogar de “utilitaristas”, en tanto tiene en cuenta que la

provincia de Mendoza no sólo fue la que primero inició el

aprovechamiento con fines productivos de las aguas del Atuel, sino que

además, la zona de producción gracias al riego, es mucho más poblada y

económicamente activa que la zona por la que atraviesa el Atuel en la

provincia de La Pampa.

Entre otras cosas dijo allí la Corte: “La cuenca

hidrográfica del río Atuel está ubicada, según los peritos en

fotointerpretación, en alrededor de un 80 % en territorio mendocino,

donde nace y por donde discurre con la mayor contribución de agua. No

hay duda acerca de la preexistencia de los usos en la Provincia

demandada, como que el desarrollo económico de las zonas de San Rafael

y General Alvear está basado, fundamentalmente, en un sistema de riego

servido con aguas del Atuel. Ese desarrollo ha creado una importante


infraestructura económico-social y estimulado el crecimiento



66

demográfico que alcanza, en la actualidad, a alrededor de 100,000

habitantes dedicados, casi totalmente, a la actividad agraria. También ha

quedado descartada la existencia de usos altamente ineficaces. No hay

dudas, tampoco, de que La Pampa estuvo lejos de demostrar que los usos

pretendidos superen en importancia a los actuales. Y resulta evidente quelas obras destinadas a regar una superficie de alrededor de 15.000 has.

de La Pampa son inconvenientes, pues su onerosidad resulta

desproporcionada con los beneficios que se podrían obtener”. (el

subrayado nos pertenece)

“La valoración de todos estos factores es necesaria

para solucionar la cuestión atinente a la utilización del curso de agua

interprovincial de modo razonable y equitativo. Tal valoración conduce a

desestimar el reclamo actual de la Provincia de La Pampa, solución que,

—por lo demás— , se adecua a los términos en que esta Provincia planteósu pretensión, que importa respetar los usos consuntivos “efectivos y

actuales” (fs. 4430 vta.).

Ahora bien; la reforma constitucional del año1994 – tal como ya vimos - por un lado consagró el dominio originario

de las provincias (art. 124 CN) sobre los recursos naturales que existan

en sus territorios, pero además incorporó una cláusula ambiental

específica (Art. 41 C.N.) que implicó un cambio sustancial, tanto en la


competencia Nación-Provincias, cuanto en lo referente al cambio de



67

paradigma respecto a la conservación de la naturaleza, amén que le

otorgó jerarquía constitucional a todos los Tratados de Derechos

Humanos.

Al respecto señala Ricardo Alberto Muñoz (23)que “La incorporación al texto constitucional de un Capítulo Segundo, en

su Primera Parte, titulado Nuevos Derechos y Garantías y el otorgamiento

de jerarquía constitucional de instrumentos internacionales protectores

de derechos humanos en virtud del inc. 22 del art. 75 CN , ha ensanchado

las bases normativas de los derechos humanos al tiempo que se haaceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos

Hum anos para los supuestos de violación a derechos previstos en el Pacto

de San José de Costa Rica. De tal modo que tienen, ahora por mandato

constitucional, una fuente interna y otra internacional. Cabe señalar que

todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos, culturales,

ambientales, políticos, etc. deben protegerse y respetarse, habida cuenta

del carácter inescindible que ellos tienen y que se presuponen

mutuamente, porque el avance en unos importa una plataforma para la

consecución de los otros”.

“Como componente especial, es dable mencionar

la previsión del art. 41 CN en cuanto prescribe que ” todos los habitantes

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las


necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y



68

tienen el deber de preservarlo” , que a juicio de Quiroga Lavié estos

derechos ambientales operan como “Matriz de todos los demás derechos

fundamentales debiendo orientar todas las formas de actuación de los

poderes públicos y de particulares” al mismo tiempo que es presupuesto

del ejercicio de cualquier derecho porque el medio ambiente es lacircunstancia vital en la que el hombre está inmerso”.

Ateniéndonos a este cambio de paradigma, sería

hoy no sólo imposible el dictado de un Fallo de carácter meramente

“utilitarista” por parte de la CSJN, como lo fue aquél, sino que se puedeperfilar una nueva instancia claramente favorable para los intereses

pampeanos, ya que no se deberá juzgar el derecho o no de La Pampa

respecto a que las aguas del Atuel escurran por su territorio sobre la base

de aquellos criterios de la “primacía” o del “coste”, sino que a lo que se

deberá atender es justamente al restablecimiento del equilibrio medio-ambiental afectado; a la restitución del goce del derecho a un medio

ambiente sano; a la posibilidad del desarrollo sustentable y al tan vital

derecho humano al agua potable, todos ellos afectados por aquella

“utilización consuntiva” por parte de la provincia de Mendoza.

Incluso podemos afirmar que, ya no será el estado

pampeano quien podrá disponer o aceptar – tal como lo hizo en aquel

juicio – si Mendoza puede o no hacer “uso consuntivo” de las aguas del

Atuel, sino los ciudadanos pampeanos que son los que ven violados sus


derechos humanos fundamentales, en tanto al decir de Quiroga Lavié “el



69

medio ambiente es la circunstancia vital en la que el hombre está

inmerso” y que hoy, gracias a este cambio de paradigma, no sólo se

encuentra contemplado en el articulado de nuestra Constitución

Nacional, sino que se encuentra además inserto dentro de los Tratados

Internacionales en materia de Derechos Humanos que la propiaConstitución Nacional incorporó y que constituye el llamado Bloque de

Constitucionalidad Federal.

Es por ello que ahora no sólo existe el camino

jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que elestado provincial pampeano, tanto como cualquier ciudadano, tienen

abierta otra vía para lograr garantizar el respecto a sus derechos

humanos afectados, cual es la de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (C.I.D.H.).

No existe por ende en nuestra opinión, ningún de

impedimento para que el estado pampeano inicie el camino del reclamo

ante la CSJN, basándose justamente en este cambio paradigmático

fundamental, de modo de lograr no sólo la reparación de los daños

causados por el medio ambiente afectado, sino para que se restituya a sunormalidad absoluta ese medio ambiente, ya que de no hacerse, se

continuarán violando los derechos humanos y no sólo podrá requerirse la

condena de la provincia de Mendoza en este punto, sino que el propio

Estado Nacional estará comprometido.


Y el tiempo no juega a favor, dado que: “Existe un



70

concepto conocido como tiempo de respuesta: que implica que toda

respuesta a un problema requiere de un tiempo para ser elaborada; pero

el tiempo requerido puede ser superior a aquel en el cual el problema,

que tiene su propia historia natural, alcance el nivel crítico para el cual

ya no habrá respuesta pues se habrá desbordado la resiliencia delfenómeno“.

Grupo de Vezelay (24)


NOTAS:



71

(1)LEONARDO BOFF “EL AGUA, FACTOR ECOLÓGICO DE HUMANIDAD,

DE ESPIRITUALIDAD Y DE COOPERACIÓN”: “La Carta de la Tierra

condensa una visión del planeta que va más allá de una visión científica y

actual. Contiene exigencias de orden espiritual y ético, que a todos nos atañen. Habla de que es preciso aumentar la responsabilidad colectiva,

entender tierra y humanidad como una gran unidad, en la que todos

nosotros participamos y de cuyo futuro somos responsables.

El cambio climático es uno de los grandes problemas, y toda la

humanidad, desde esos días de febrero hasta hoy, está discutiendo la problemática: qué hacer, qué cambios hay que introducir, cómo cada

institución, cada iglesia, cada saber, cada grupo, puede colaborar para

superar esta crisis y no ignorar sus efectos dañinos.

La otra crisis, que no es menor que la anterior, es la crisis del agua

potable . El agua, que puede ser un principio de solidaridad, de colaboración, puede ser también un motivo de guerras, de gran

devastación. El último informe de la FAO advierte que los próximos años

vamos a conocer guerras porque las personas, los países tienen que

garantizar el acceso al agua potable”

(2) JUAN PICOLOTTI – Agua y Derechos Humanos en DERECHOS

HUMANOS – Legalidad y jurisdicción supranacional -, Editorial

Mediterránea – Juan Carlos Vega Director – Christian Sommer

(Coordinador). Pag. 225.


ó i á 1



72

(3) JUAN PICOLLOTI, óp. cit. págs. 226-231.

(4) LARA BLANCO R. Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para La

Paz en: “Las migraciones y los Desplazamientos Forzados – Análisis

comparativo e integral desde un enfoque de derechos humanos (Retos enCentroamérica y Colombia). Pág. V.-

(5)http://hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos...23/

08/2011.(1111

(6) “Las Migraciones y los Desplazamientos Forzados – Análisis

comparativo e integral desde un enfoque de derechos humanos” – Centro

de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos

(CNUAH-HÁBITAT) – Centro de Investigaciones para el Desarrollo

(IDRC) Canadá – Fundación Arias para La Paz y el Progreso Humano, pág.41.

(7) Ponencia del Congresista Walter Alejos Calderón, Perú Ponentes:

Maria Camila Moreno Munera, Coordinadora, Atención al Desplazado

Forzado, Defensoría del Pueblo, Colombia Eliana Revollar).

(8) Edgar Morisoli “Los Primeros Reclamos”. “La Resolución 50/1949

“Todos los pampeanos hemos oído hablar alguna vez de la Resolución

50/49, pero tal vez todos no recordamos las circunstancias en que fue


dictada. Para ello hay que entender primero cuál era el marco

tit i l d i l d t i i l i t t E l



73

constitucional, es decir la doctrina nacional vigente en ese entonces. En el

marco constitucional vigente en esa época, el tema de ríos o cuencas

interprovinciales era materia de dos interpretaciones: la que concedía las

facultades regulatorias al Congreso de la Nación y la que las concedía a la

Corte Suprema. En ese marco de doctrina nacional, el Congreso de laNación dicta la Ley que dispone la construcción del embalse El Nihuil,

(esto algunos pampeanos no lo tienen presente). El Embalse del Nihuil fue

construido por la Nación, con fondos nacionales y bajo la dirección de

una repartición nacional que primero se llamó Dirección Nacional de

Irrigación y después Empresa Agua y Energía Eléctrica. Se construyó lapresa en cumplimiento de la Ley, pero la Ley no preveía ningún artículo

de salvaguarda de los derechos pampeanos.

El Poder Ejecutivo Nacional, que era el tutor de los Territorios Nacionales

y por lo tanto debía haber vetado -aunque sea parcialmente- dicha Ley,

no lo hizo y la promulgó tal cual salió del Congreso. Por lo tanto, el marcolegal directamente ignoró que La Pampa también era partícipe de los

caudales del río Atuel.

Cuando se consumó la obra y comenzaron los efectos dramáticos en el

Oeste Pampeano: tales como interrupción del escurrimiento, éxodo

poblacional, mortandad de hacienda, etcétera, las repercusionesempezaron a tomar volumen. Finalmente el agente radiotelegrafista Ángel

Garay de Paso de los Algarrobos, pese a ser un agente raso de la Policía de

Territorio, se dirige directamente al Presidente de la República pidiéndole

su intervención. En función de todo esto, la empresa Agua y Energía


Eléctrica en el Año 1949, dictó la Resolución Nº 50 en el marco de la Ley



74

Nacional N° 13.030 -por la cual la Nación tenía jurisdicción sobre

cuencas interprovinciales-. Esa Resolución dispuso tres sueltas anuales de

caudales del Dique de El Nihuil con destino a La Pampa totalizando un

volumen anual de 1.100 hectómetros cúbicos.

Esta Resolución nunca fue cumplida ya que fue rechazadain límine,

esdecir “de entrada”, por un tribunal provincial pero no de la justicia

mendocina, sino el Tribunal Administrativo de la Dirección General de

Irrigación de Mendoza. En este Tribunal, integrado por los grandes

regantes (allí puede verse la firma de Sotero Arizu y otros grandes

viñateros) se rechazó de pleno el cumplimiento a la Resolución 50/49. Y debemos señalar que la Nación aceptó pasivamente ese rechazo sin

activar ninguna otra acción, ningún otro mecanismo tendiente a

solucionar la angustiosa situación del Oeste Pampeano.

Las grandes majadas que se criaban en esa zona y toda la actividad

pecuaria desapareció y los pobladores, en lo que se llamó la DiásporaSaladina, acudieron a ubicarse en los suburbios de General Acha, de

Victorica, de Telén, incluso de Santa Rosa y General Pico, convirtiéndose

en mano de obra no calificada, ya que la gente de formación rural podía

encontrar muy pocas posibilidades de trabajo en el ámbito urbano.

La Resolución 50, no obstante que no fue cumplida, que fue rechazadapor un tribunal administrativo de Mendoza y que Nación aceptó

pasivamente esa situación, constituye uno de los antecedentes más

importantes que reconoce el carácter interprovincial de la Cuenca.”


(9) Lic. Cardín, D. Gugliara, R., Profesora Acosta, M. - Alfayate y

E A G F (Estudiantes de Geografía Facultad



75

E.,Cepeda, A., Pérez, G., Schoenfeld, F.(Estudiantes de Geografía Facultad

de Ciencias Humanas UNLPam).

Ponencia: “ATUEL, UN RIO DE ARENA Y SAL. LA DESTERRITORIALIZACIÓN EN EL AREA DE LOS

HUMEDALES DEL OESTE PAMPEANO”, para el III CONGRESO NACIONAL DE

DEPARTAMENTOS DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, Santa Fe, 12 al 15 de octubrede 2011

Cuadro: Evolución de la población de los departamentos Curacó, Chalileo, Chicalcó y Limay

Mahuida entre 1920 y 2010.

Dptos./Años 1920 1935 1942 1947 1960 1970 1980

Curacó 1.120 1.644 1.259 1.504 887 834 995Chalileo 1.750 1.888 2.102 2.420 1.838 1.443 1.737

Chicalcó 769 1.198 1.037 1.189 1.102 920 1.199

Limay Mahuida 1.165 1.474 1.596 1.663 949 772 836

Fuente: elaboración propia en base a datos de Censos Nacionales de Población y Viviendas

(1947-2010) y Censos del Territorio Nacional de La Pampa (1920, 1935 y 1942).

(10) “Las Migraciones y los Desplazamientos Forzados – Análisis

comparativo e integral desde un enfoque de derechos humanos”, pág. 31.

(11) Morisoli, Edgar (op.cit).

(12) Prólogo al Anexo I de la Resolución n° 250/03 – Programa Nacional

de lucha contra la Desertificación – Documento Base – realizado por El

Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación.


pág 35



76

(13) Resolución n° 250/03, pág. 35.

(14) Resolución n° 250/03, pág. 5.

(15) Vanesa Cornero Contentti: “Comunidad Internacional y Cambio

Climático Global” -A propósito de nuevas tendencias y escenarios-” -

(Centro Argentino de Estudios Internacionales. www.caei.com.ar).

(16) C.S.J.N. Fallo: “Mendoza, Beatríz y otros v. Estado Nacional” –

20/06/2006.

(17) Romina Picolotti y Sofía Bordenave: “Los Derechos Humanos y el

Ambiente” en DERECHOS HUMANOS (op.cit) pág. 202.

(18) Romina Picolotti y Sofía Bordenave, óp. Cit, pág. 204.

(19) CSJN- Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros. LL

1992.C,543 – DJ, 1992-2-296).

(20) Romina Picolotti y Sofía Bordenave, Estas autoras afirman que “El

hecho de que un ambiente degradado afecta la calidad de vida y los

derechos de las personas resulta incontrastable. Este hecho ha sido

recogido por el derecho de los DD.HH. que, por una parte, ha integrado a


su acervo normativo el reconocimiento al derecho que tienen las personas

y las sociedades a vivir en un ambiente sano. Y, por otra, ha establecido –



77

y , p ,

a través de una creciente jurisprudencia – el impacto que la degradación

ambiental provoca sobre e l goce de los derechos humanos” ( óp. Cit, pág.

204).

(21) LAURA VEA (Centre de Estudis Internationals e Interculturals de la

Universitat Autónoma de Barcelona) “LA OPCIÓN HIDRÁULICA EN ASIA,

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS

CONFLICTOS ACTUALES”.

(22) PEDRO ARROJO AGUDO- Profesor titular de Análisis Económico de

la Universidad de Zaragoza EL AGUA, DERECHO HUMANO Y RAÍZ DE

CONFLICTOS- “TIPOLOGÍA Y RAÍCES DE LOS CONFLICTOS POR EL

AGUA EN EL MUNDO - IV. Crisis del modelo estructuralista y conflictosfrentea las grandes presas” – (pags. 116 A 118) – de la - FUNDACIÓN

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ - EL AGUA, DERECHO

HUMANO Y RAÍZ DE CONFLICTOS -Fundación Seminario de

Investigación para la Paz, Gobierno de Aragón -Edita: Gobierno de

Aragón.

(23) Ricardo Alberto Muñoz: DESARROLLO HUMANO. NUEVO

PARADIGMA CONSTITUCIONAL (pag 6).


(24) Vanesa Carnero Contentti. (op.cit).



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____________________________________________________________

ANEXOS

(*) El caso del Río Atuel

( Fundación Chadileuvú - Prof. Walter Cazenave. Santa Rosa, La Pampa.

Octubre de 2010 )

La llamada Diagonal Árida Sudamericana se prolonga en la Argentina

entre los extremos norte y sur. Dentro de su mitad meridional se ubica la

mayor de las cuencas íntegramente desarrolladas dentro del país cuyoemisario, de unos 1.000 km de longitud, es el río llamado sucesivamente

Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó (DSChC), que otrora alcanzaba

al río Colorado y constituía un sistema del que este último río era

emisario.

El afluente más meridional de la cuenca DSChC es el río Atuel y aexponer su uso y manejo irracional y consiguientes perjuicios está

dirigida esta presentación.


El Atuel nace en plena cordillera de los Andes, en la laguna homónima,

ubicada sobre los 3.000 m de altura sobre el nivel del mar y desemboca



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con el colector DSChC en una extensa área de confluencias múltiples

extendida a lo largo de unos 150 km.

Cuando su curso entra en lo que, de acuerdo con la teoría hidrográfica,

puede considerarse el valle inferior del río, sufre una crisis de pendiente y elabora un sistema anastomosado que se prolonga por unos 300 km,

hasta su última confluencia (6). En este tramo se suceden un sucesión de

islas, lagunas, bañados y arroyos (nombre dado localmente a los brazos

menores del mismo río) que formaban un humedal de un ancho variable,

aunque nunca menor a los 15 km, en su momento un área considerada“impenetrable” todavía a principios del siglo XX .

Todo el recorrido del río Atuel se ubica dentro de la franja desértica de la

Argentina, con lluvias del orden de los 350 mm anuales. Por esa razón el

curso obró en épocas prehistóricas y hasta el siglo XX inclusive como unverdadero corredor de vida, vegetal, animal y humana, tal cual lo

atestiguan los numerosos testimonios arqueológicos.

En síntesis podría decirse que los humedales del Atuel junto con los de su

colector formaban extensísimos bañados permanentes, con una ecologíacompletamente distinta a la del entorno desértico. Para tener una idea

más acabada de esta singularidad puede señalarse que la superficie total

era equivalente a aproximadamente la cuarta parte de Bélgica.


Es pertinente destacar que en 1809 el río Diamante, que hasta entonces

era afluente del Atuel y le aportaba un caudal similar al que llevaba, fue



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desviado hacia el Este por un poblador, a fin de aliviar un extenso tramo

desértico. Este fue el primero de una serie de cortes sufridos por el río

pero no tuvo repercusión alguna debido a que por ese entonces, desde la

latitud del desvío hasta el Estrecho de Magallanes, eran tierras baldías,

ocupadas por indígenas de tronco mapuche y tehuelche que vivían de la

caza y no hacían agricultura de regadío.

Con la ocupación militar de La Pampa y la Patagonia, en 1879 y el

desplazamiento de los indios, hubo un cambio en la faz económica y

social de la Argentina y las tierras antaño abandonadas comenzaron avalorizarse, en la parte oriental según las precipitaciones pluviales y en el

occidente desértico por sus posibilidades de agua y regadío.

Otra consecuencia fue la aparición de nuevas formas políticas dentro de

la Nación Argentina; así, aparecieron los llamados Territorios Nacionales,entidades administrativas con límites precisos, pero políticamente

dependientes de la Nación en casi todos los aspectos y contrastando con

las llamadas “provincias tradicionales”, que se originaron en los tiempos

de la colonización española y contaban con mecanismos políticos

autonómicos (11). De estos Territorios Nacionales el más septentrionalfue el que se dio en llamar La Pampa. El río Atuel quedó encabalgado

sobre la provincia de Mendoza, donde nace, y el Territorio Nacional de La

Pampa, donde concluía en una vasta confluencia con el Salado-

Chadileuvú.


Los factores históricos han hecho que la República Argentina se

desarrollara, principalmente, de norte a sur. Así los oasis de regadío



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creados en la provincia de Mendoza, en la que nace el Atuel, fueron

creciendo hacia el sur; el último de ellos fue el correspondiente a nuestro

río, que comenzó a efectivizarse hacia finales del siglo XIX con la

creación de colonias agrícolas en el valle del Atuel, que prosperaron

rápidamente con la llegada del ferrocarril y la afluencia de inmigrantes.

En este progreso tuvo mucho que ver la acción dinámica impresa por el

gobierno mendocino, que era el de una provincia autónoma.

Simultáneamente, en el territorio pampeano, abierto también a la

inmigración y al desplazamiento de población criolla en busca de tierras,también se ubicaban considerables sectores de población. En lo que por

entonces se llamaba El Atuel o también Isla del Chalileo la radicación

apuntaba, principalmente, a la cría de ganado, especialmente ovino, que

por los buenos pastos se expandía rápidamente a lo largo del humedal. A

principios de la década de 1930 había en la zona unos 60.000 vacunos y

más de 400.000 ovejas; cuarenta años después esas cifras eran de 20.000

y poco menos de 150.000, respectivamente. Debe considerarse a estos

efectos que el área en cuestión estaba muy alejada de los centro poblados

y del ferrocarril y que, como ya se ha dicho, carecía de fomento estatal.Sin embargo aquellos primeros pobladores no desecharon la actividad

agrícola de regadío y, pese a que son escasos los documentos de lugar y

época, ya en 1897 a través de la toponimia se rescata un sitio llamado


“Chacras de Pío Laza”, elocuente porque en las zonas áridas argentinas la

palabra chacra va asociada con cultivos.



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Es interesante señalar que, también en lo que hace a toponimia todavía

hoy perdura un medio centenar de hidrotopónimos en lengua mapuche o

española que dan testimonio indudable de las entidades fluviales que allí

se dieron.

En el año 1909 el Estado Nacional creó en el Territorio Nacional de La

Pampa la Colonia Agrícola Butaló, ubicada sobre el brazo homónimo del

Atuel y con una superficie de 9.700 Has divididas en chacras de 100 has

cada una (Recursos Hídricos Pampeanos, ). Esta colonia prosperó en suscomienzos y fue poblada tanto por inmigrantes como por criollos. Sin

embargo la falta de una estructura hidráulica adecuada a la zona (de

escasa pendiente, anastomosada y sin obras de cabecera, con épocas de

inundaciones y otras de magra) hizo que en algunos años comenzara a

desgajarse y que prácticamente se abandonara la actividad agrícola,reduciéndose a una ganadería muy extensiva. En este caso nuevamente se

advierte las desventajas que tuvo el territorio pampeano al depender

políticamente por entero del poder central, radicado en Buenos Aires. De

hecho la misma Colonia Butaló se ubicaba a unos 300 km de la capital

territorial, Santa Rosa, a la que estaba unida por caminos muy malos.

Hacia 1918 en el lugar llamado Paso el Loro, al sur de la localidad de

General Alvear, en la provincia de Mendoza, se realizaron “obras

clandestinas de captación y desvío” que provocaron la extinción aguas


abajo del brazo principal del río, el de confluencia más septentrional con

el colector Desaguadero-Salado-Chadileuvú en La Pampa. Con ese desvío



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los caudales del Atuel se encauzaron por los brazos del río conocidos

como Butaló, De la Barda y, menores, De los Ingenieros y Las Tinajeras.

(Ver Anexo I)

En la década de 1930 volvieron a producirse cortes ilegales en el cursosobre el brazo llamado Butaló, que motivaron airadas reacciones de los

pobladores pampeanos, que llegaron a dinamitar los “tapones” en procura

del libre escurrimiento del agua. Recién en esta oportunidad intervinieron

autoridades nacionales a través de sucesivos organismos que realizaron

informes técnicos claramente favorables al reclamo y señalando loarbitrario de los sucesos. La provincia arribeña, si bien no le daba

carácter oficial a estas construcciones de desvío, tampoco hacía nada por

evitar la ilegalidad de estas obras, que disponían de los caudales a su

antojo.

Los escurrimientos del río Atuel en La Pampa, aunque menguados y sin

reconocimiento alguno a los derechos de los abajeños, siguieron llegando

al territorio hasta 1948, cuando reciben el golpe de gracia. En esa fecha

se completan las obras del dique El Nihuil en la cuenca media, construido

por convenio entre la Nación y la provincia de Mendoza con el propósitode regular caudales y producir energía hidroeléctrica. Ni en la Ley que

dispone la realización de la obra ni en el convenio respectivo “se

introdujo cláusula alguna que salvaguardara los derechos de La Pampa,

por entonces bajo tutela federal en su condición de Territorio Nacional”.


Increíblemente, ningún reclamo pampeano fue atendido y el río dejó de

escurrir durante más de veinticinco años. Los pobladores quedaron casii i i ó í l h d d ll l



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sin recursos para vivir y comenzó así lo que se ha dado en llamar “la

diáspora atuelera y saladina” que, con la destrucción del humedal,

provocó la involución ecológica, económica y cultural de un territorio de

más de 40 mil km cuadrados, si se consideran las áreas aledañas e

influidas por las zonas húmedas.

En esta peripecia del agua hubo un hito administrativo singular: dolido

por la miseria circundante un humilde agente de policía envió una carta

exponiendo la situación al presidente de la república, por entonces Juan

Domingo Perón. El reclamo siguió la vía administrativa y epilogó en laresolución 50/49 del organismo que en ese tiempo regía la actividad

nacional en el rubro, Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Ese

organismo dispuso, “con carácter provisorio” una entrega anual a La

Pampa de 27,5 Hm3 anuales “con destino a bebida de poblaciones y

ganado, riego de praderas naturales y alimentación de represas y

lagunas” en jurisdicción pampeana, al tiempo que recomendaba realizar

estudios para fijar en forma definitiva los caudales que corresponderían a

La Pampa.

La resolución, que emanaba de las más altas autoridades nacionales, fuedesconocida por un tribunal administrativo del Departamento de

Irrigación de la provincia de Mendoza que le denegó competencia a la

Nación para disponer de los caudales de un río “que nace y muere en

Mendoza” (sic).


Los caudales para La Pampa que determinaba la resolución 50/49 eran

equivalentes al 2,6 % del derrame anual del río.



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Ningún reclamo posterior en procura de agua tuvo resultado, ni siquiera

cuando La Pampa se convirtió en Estado Federal y llevó el caso ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nación. El alto tribunal falló que el Atuel

“es un río interprovincial y exhorto a las partes a celebrar conveniostendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros

de las aguas del río” (Corte Suprema de Justicia de La Nación, 1987).

Desde aquel Fallo han pasado más de dos décadas y no se ha conseguido

absolutamente ningún avance, por más que se formó una Comisión delAtuel Inferior, que no llegó a nada concreto. La misma constitución de

esta comisión es llamativa, ya que excluye de sus consideraciones y

posibilidades los tramos de alimentación, Superior y Medio del río,

ignorando el concepto de unidad de cuenca, universalmente aceptado.

Precisamente cabe señalar que, a la salida de su cuenca de alimentación,

el Atuel transita una zona en la que pierde por vía subterránea caudales

que podrían recuperarse y que pueden estimarse en 15 m3/s,

prácticamente la mitad del módulo del fluvio.

En el año 2008 se celebró un convenio entre las provincias de La Pampa y Mendoza, avalado por la Nación, según el cual de las obras de recupero

de caudales que se insumen en el lecho en el valle inferior del Atuel

(estimados en unos 10 m3 s-1) La Pampa recibiría la mitad, que se

conduciría por un canal de 130 km de extensión a territorio pampeano,


donde se emplearían para riego y bebida animal. Las obras en territorio

mendocino serían financiadas por aquella provincia, la Nación y LaPampa no así el canal conductor que correría por cuenta de Nación y La



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Pampa, no así el canal conductor, que correría por cuenta de Nación y La

Pampa.

Pese a las evidentes ventajas, el Departamento de Irrigación de Mendoza

declaró en el corriente año que el convenio no puede cumplirse,desautorizando la gestión que había sido rubricada por la Presidenta de la

Nación y los gobernadores provinciales. El tema volvió a quedar en la

nada. (Una ampliación detallada de los aspectos jurídicos puede leerse en

el Anexo 2)

Para finalizar digamos que la presente es apenas una reseña sintética de

las tribulaciones por el agua en La Pampa, que llevan ya casi un siglo. Con

lo expuesto se advertirá que el cuerpo de datos, hechos y pruebas es

muchísimo mayor pero que se ha apelado al esquema como forma de

facilitar el entendimiento inicial del problema. Un mayor cúmulo depruebas (incluyendo una visita al área si se lo considera necesario) está a

disposición del Tribunal.

Al respecto cabe destacar que, al margen de lo que se ha perdido en lo

específicamente hídrico y los perjuicios sufridos en el campo de lohumano, con el paso del tiempo se van produciendo hechos físicos que,

una vez concretados, tienen carácter de irreversibles, como es el caso de

la formación de salitrales, la degradación de la flora o la salinización de


capas freáticas, circunstancias todas que llevan inexorable y

comprobadamente al crecimiento del desierto.



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El presente ha sido declarado por la Naciones Unidas como un año de

lucha contra la desertificación. Ante la falta de resultados concretos en

otras instancias es en esa tesitura y movidos por un sentimiento de justicia

que nos presentamos ante ese Tribunal.-

______________

(**) LEY Nº 2222.- Artículo 1- Suspéndense por el término de un (1) añolos juicios de desalojo de inmuebles rurales, ubicados en los

Departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida,

siempre que fuesen ocupados por cualquier título, por familia o

habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el

estadio procesal en el que se encuentren a la fecha de sanción de lapresente Ley. Artículo 2.- Con carácter previo a decretar la suspensión, el

Juez de la causa practicará de oficio, información sumaria, a los efectos

de acreditar la pertenencia a pueblos indígenas u originarios y la

ocupación, tenencia o posesión. Artículo 3.- Comuníquese al Poder

Ejecutivo.Esta Ley fue sucesivamente prorrogada por las leyes 2300, 2405 y por:

Ley 2520,- que incluyó un agregado en su artículo 2ª.- Artículo 1.-

Porrógase hasta el 30 de Septiembre de 2011, la vigencia de la Ley 2222.

Artículo 2.- Inclúyase en los alcances de lo previsto en el artículo 1 de la


Ley 2222, la ejecución de las sentencias que impliquen desalojo . Artículo

3.- la presente ley entrará en vigencia a partir de 30 de septiembre de2009 Comuníquese al Poder Ejecutivo -



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2009. Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Al concluirse este trabajo, con fecha 22 de septiembre de 2011, la

Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga por 24 meses. De este

modo, los desalojos rurales en los cinco Departamentos del oeste

pampeano quedan suspendidos hasta el 30 de septiembre de 2013, una

vez que dicha norma sea promulgada.-

______________

(***) P.O.T.R.O. : PROYECTO DE LEY (El mismo fue presentado el18/05/2005 y tratado en la sesión de la Cámara de Diputados el

22/12/2005. Rechazado por 14 votos a 12. La mayoría votó la Ley 2222,

que suspende los desalojos en los cinco Departamentos que se mencionan

en el art. 1°)

Capítulo ITítulo I.

Declaración del riesgo de inminencia de desplazamiento y/o desalojo.

Artículo 1°.- Declárase la inminencia de riesgo de desplazamiento o

desalojo de familias y habitantes del oeste rural pampeano o de su

ocurrencia, en tanto se acredite por los medios que establece la presenteLey, su pertenencia a pueblos originarios y que hayan detentado la

tenencia o posesión de tierras rurales en los Departamentos de Chicalcó,

Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida.


Título II

Creación del Programa de Ordenamiento y Titularización Rural del Oeste



89

(P.O.T.R.O.)

Artículo 2°.- Créase el Programa de Ordenamiento y Titularización Rural

del Oeste con el objeto de proteger la población tenedora y/o poseedora

de tierras rurales en el Oeste Pampeano, de actos arbitrarios contra sus

bienes patrimoniales, pero que además afectan a sus vidas y comunidad

de familia, debido a circunstancias que puedan originar o hayan

originado un despojo o desplazamiento forzado.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación procederá a identificar a los

poseedores, tenedores y ocupantes por cualquier título, determinando el

lugar de su asentamiento familiar, estableciendo en lo posible, el periodo

de vinculación de cada uno de ellos con el respectivo inmueble.

Artículo 4°.- A estos efectos, los Tribunales de Justicia de todas las

Circunscripciones Judiciales, cualesquiera sea su grado o fuero, los

Intendentes Municipales, Presidentes de Comisiones de Fomento, Juecesde Paz, La Dirección General de Catastro y la Dirección General del

Registro de la Propiedad Inmueble, deberán presentar en un plazo de

treinta días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley, un

informe sobre los predios rurales donde exista riesgo de desplazamiento

y/o desalojo de sus ocupantes, cualquiera sea la causa que la origine.Artículo 5º.- Cada organismo, de acuerdo a sus propias incumbencias

deberá explicitar los datos filiatorios de los posibles desplazados o en

riesgo de serlo, detallando los bienes o mejoras que posean en el predio


rural en el que se encuentren asentados, la causa judicial que se

encuentre sustanciando, determinando el avance de la misma.Título III



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De la denuncia de riesgo de desplazamiento o desalojo

Artículo 6°.- Toda persona física que ocupe por cualquier título predios

rurales en los Departamentos mencionados en el artículo 1° de la

presente Ley, sea el titular de la ocupación o familiar directo o que de

cualquier modo acredite su relación con él mismo, las Organizaciones No

Gubernamentales vinculadas al trabajo con las cuestiones de los pueblos

originarios, los funcionarios públicos provinciales de cualquiera de los

tres Poderes, funcionarios policiales, cualquiera sea su grado

escalafonario, funcionarios de las Municipalidades y Comisiones de

Fomento, Concejales y Veterinarios Departamentales, podrán formalizar

la denuncia de riesgo de desplazamiento o desalojo ante cualquiera de los

organismos o funcionarios mencionados en el artículo 4°.-

Del “amicus curiae”. Artículo 7º.- Las personas físicas y jurídicas mencionadas en el artículo

anterior podrán ser considerados a su solicitud y mientras dure el trámite

de aceptación, como “amicus curiae”, pudiendo participar en los actos

que deban llevarse a cabo en el trámite de aceptación.

Título IVDe la aceptación de la denuncia de riesgo de desplazamiento o desalojo.

Artículo 8°.- El trámite de aceptación de riesgo de desplazamiento o

desalojo no podrá exceder de treinta días a partir de efectuada la


denuncia y/o a partir del momento en que la Autoridad de Aplicación

tome conocimiento del caso.Formalidades de la denuncia. Exención.



91

Artículo 9°.- La reglamentación dispondrá los datos que deban

consignarse en la denuncia, pero esta igualmente será considerada valida

cualquiera sea la fórmula de su presentación y estará exenta del pago de

impuesto de Sellos.

Artículo 10º.- La aceptación implicará de pleno derecho que el afectado

debe ser garantizado de no ser desplazado y/o desalojado, pudiendo

continuar con la tenencia, posesión y/o ocupación del predio hasta su

definitiva titularización a su nombre y de su grupo familiar de las tierras

que ocupa.

Artículo 11°.- No obstante ello, y mientras dura el trámite de aceptación,

la Autoridad de Aplicación dará cuenta en forma inmediata a los

Registros Públicos de la provincia, quienes deberán formalizar la nota

marginal correspondiente que expresará “Riesgo de desplazamiento y/odesalojo”.

Artículo 12º.- Dentro del plazo establecido en el artículo 8°, no será

autorizado ningún tipo de registración definitiva, el que sólo se

formalizará con carácter “provisional”, debiéndose notificar lacircunstancia al directo interesado en dicha registración.

Artículo 13°.- Vencido el plazo de la aceptación de riesgo de

desplazamiento y/o desalojo, y en caso de rechazarse la misma por

considerársela improcedente, cuestión que deberá fundarse


adecuadamente, la Autoridad de Aplicación notificará a los Registros

Públicos tal circunstancia a los efectos del levantamiento de las notasmarginales, y los asientos “provisionales” que se hubieran efectuado en



92

ese plazo, quedarán registrados como definitivos.

Artículo 14°.- La Autoridad de Aplicación determinará en forma fundada

los tipos de programas y procedimientos especiales de enajenación,

adjudicación y titulación de tierras, dentro de los ciento ochenta días

(180) días siguientes a la fecha de la aceptación.

Artículo 15º.- A tales efectos de declaran de Interés Público los inmuebles

que queden establecidos en el informe que deberá producir la Autoridad

de Aplicación en el plazo establecido en el artículo anterior, debiendo

elevarse a los fines del dictado de la Ley de expropiación y con todos sus

antecedentes, a la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa.

Artículo 16°.- Los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de las

zonas rurales declaradas como de riesgo inminente de desplazamiento,

que pretendan constituir derechos reales o transferir el derecho dedominio sobre los mismos, antes de que cesen los efectos de esta Ley,

deberán obtener de la Autoridad de Aplicación la correspondiente

declaración de “libre disponibilidad por no estar afectado el inmueble a

riesgo de desplazamiento de personas y/o desalojos”, el que se otorgará en

forma gratuita y sin requerimiento de formalidad burocrática alguna.Capítulo II

Título I

De los ya desplazados y/o desalojados.


Artículo 17.- Todos aquellos habitantes que hayan detentado la posesión,

ocupación o tenencia de predios rurales y que acrediten su condición depobladores originarios y que hayan sido despojados de su predios con



93

anterioridad a la sanción de la presente Ley, podrán solicitar a la

Autoridad de Aplicación de programas de reubicación en los mismos

predios rurales o en similares a los que poseían. En su caso, podrán optar

por el pago de la indemnización establecida en la presente Ley.-

De las indemnizaciones.

Artículo 18°.- Una Ley especial que dictará la Cámara de Diputados de la

Provincia de La Pampa, establecerá una indemnización a cargo del Estado

Provincial en beneficio de los desplazados de predios rurales del oeste,

siempre que cumplimenten los requisitos establecidos en la presente Ley y

los que fije la reglamentación de la misma.

Artículo 19°.- No obstante lo establecido en el artículo precedente, la

Autoridad de Aplicación deberá agotar el análisis a los fines de

determinar, previo al pago de la indemnización, si no resulta másconveniente a los intereses del grupo familiar desplazado, la entrega de

un predio rural, de forma que la familia mantenga sus condiciones de

vida y su relación con el medio ambiente.

Capítulo III

Título I De la definición o conceptualización de poblaciones originarias.

Artículo 20°.- A los efectos de la presente Ley, y sólo para ello, se

considerarán habitantes descendientes de pueblos originarios, a aquellas

personas que reconozcan entre sus ascendientes algún miembro de la


población originaria que habitaba el territorio antes de su incorporación

al Estado Nacional Argentino, y también a aquellas personas que, aún nopudiendo justificar ascendencia aborigen, demuestren ser nativos del



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Oeste pampeano, o sean poseedores, tenedores con radicación efectiva

superior a treinta años en los Departamentos mencionados en el artículo

1º de la presente Ley, cualquiera sea su raza u origen étnico.

Título II

De la titularización de tierras con mejoras realizadas por el Estado

Provincial.

Artículo 21°.- En todos aquellos predios rurales donde se encuentren

construidas viviendas, y cuya financiación y realización haya estado a

cargo del Gobierno de la Provincia de La Pampa, se deberá en forma

inmediata proceder a regularizar el dominio en beneficio de las familias

en cuyo origen fueron realizadas las mismas, aún cuando éstas ya no se

encuentren en posesión del predio rural de su asiento.

Artículo 22º.- A tal efecto, se declaran de Utilidad Pública todos lospredios rurales donde se encuentren ubicadas éstas viviendas, debiendo la

Autoridad de Aplicación ordenar la realización de un detallado

relevamiento de las parcelas y de sus ocupantes.

Artículo 23º.- Los antecedentes serán remitidos a la Cámara de Diputados

de la Provincia de La Pampa a los efectos del dictado de la Ley expropiatoria, en caso de corresponder.

De las tierras propiedad del Estado Provincial y de sus organismos

descentralizados.


Artículo 24º.- Tratándose de poseedores de tierras de titularidad de la

Provincia de La Pampa o de cualquiera de los organismosdescentralizados de la Administración Provincial, la Autoridad de



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Aplicación formalizará de inmediato los actos jurídicos y administrativos

necesarios para la entrega de los títulos de propiedad correspondientes.

Título III

De las acciones posesorias. Gratuidad.

Artículo 25º.- Si la Autoridad de Aplicación considera, conforme a los

antecedentes del caso, que resulta procedente el inicio de acciones

posesorias, remitirá los antecedentes a los funcionarios judiciales

competentes a los fines que inicien en forma inmediata las mismas o en

su caso, dispondrá el inicio de las mismas conforme lo establezca la

Reglamentación.

Artículo 26°.- En caso de procedencia de acciones posesorias, el trámite

será gratuito en todas sus instancias, no pudiéndose requerir a los

beneficiarios emolumento de ninguna especie, ni el pago de sellados, losque, en caso de corresponder, deberán ser afrontados por el Erario

provincial.

Capítulo IV

Título I

Ayuda humanitaria para desplazados y/o desalojados.Artículo 27°.- La Autoridad de Aplicación deberá considerar la

elaboración inmediata de un programa de ayuda humanitaria para los

desalojados y/ o desplazados de inmuebles rurales del oeste, considerando

las necesidades del grupo familiar, con el objeto de garantizar una


solución continua hasta la etapa de retorno o reubicación, en que

solamente se aplicará en forma transitoria y por un término máximo dedos años.

A l f l b á i d i f



96

Artículo 28°.- A tales efectos se elaborará un pormenorizado informe

medio ambiental y socio económico, el que deberá efectuarse por

personal capacitado para tales fines, conforme lo determine la

reglamentación.Título II

Autoridad de Aplicación. Reglamentación.

Artículo 29º.- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley

en un plazo no mayor de los treinta días de su promulgación. En caso de

que se detectaran familias en riesgo de desplazamiento o desalojo en otros

Departamentos del territorio provincial, podrá el Poder Ejecutivo ampliar

a los mismos los efectos de la presente Ley, con previa comunicación a la

Cámara de Diputados.

Artículo 30º.- Será Autoridad de Aplicación el organismo que determineel Poder Ejecutivo.

Artículo 31º.- De forma.

El Caso Del Rio Atuel Desde La Perspectiva de Los Derechos Humanos (SCOVENNA)

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