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Formatos de la represión en los engranajes dictatoriales: Brasil y el cono sur Hernán Ramirez, [email protected], Universidade do Vale do Rio dos Sinos Área temática 03: Democracia, Democratização e Qualidade da Democracia Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.

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Formatos de la represión en los engranajes dictatoriales: Brasil y el cono sur

Hernán Ramirez, [email protected], Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Área temática 03: Democracia, Democratização e Qualidade da Democracia

Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia

Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.

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Resumen

Se trata de analizar las formas específicas que adquirió el terrorismo estatal y paraestatal en

Brasil, con el objeto de avanzar en un análisis comparado con respecto a las experiencias

dictatoriales en el resto del cono sur, en especial, Argentina, Chile y Uruguay. Es decir, el

interés está centrado en una interpretación de los tipos de represión política.

Ponencia:

Las dictaduras del Cono Sur de América Latina han sido estudiadas desde muchos

ángulos, muchos de ellos han considerado la perspectiva represiva como la vía privilegiada

de análisis, ya que, efectivamente, a partir del caso brasileño, que se inaugura en 1964, y las

dos últimas dictaduras argentinas, de 1966 y 1976, las chilena y uruguaya, de 1973, abrieron

un nuevo umbral en ese sentido, marcando claramente distancia con otras experiencias

autoritarias anteriores.

Como advirtiera Marcelo Cavarrozzi (1997) estudiando el largo ciclo de dictaduras

argentinas, las dos últimas constituyeron un nuevo ciclo que se distanció del anterior, que

incluía las dictaduras de 1930, 1943 y 1955, porque el aspecto represivo alcanza niveles más

elevados, no solo en números, sino porque muda sus objetivos, ya que en ese momento lo

que se pretende no es sólo neutralizar el otro, como había sido anteriormente, sino su

aniquilación, como forma de salvar el status quo que se cree en ese momento amenazado.

De todos modos, los estudios centrados únicamente en la variable represiva han

obliterado el hecho de que el objetivo último de las dictaduras no era precisamente ese.

Básicamente las mismas buscaban llevar adelante reformas estructurales con las cuales

acabar con el proceso de radicalización precedente, siendo aquella un instrumento para

apaciguar el ambiente donde echar sus nuevas bases. Condición sine qua non del proceso,

pero no su finalidad intrínseca.

A pesar de que existieron figuras y momentos en que las dictaduras parecían adquirir

tintes totalitarios, las mismas no pueden subsumirse a intentos de ese tipo, ya que el

autoritarismo mayoritario que se instaura no tiene ese objetivo, sino que se ve a sí mismo

como una necesidad excepcional para sanear los países y retornar a la senda democrática en

un horizonte medio, la que se creía corrompida, lo que ciertamente agitara la interna militar

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en diversas oportunidades, oponiendo a moderados y aquellos que pedían salidas más duras

(ver Valenzuela, 1987, Martins Filho, 1995; Valdivia 2003, Canelo, 2009 y Chirio, 2012).

En esto nos distanciamos de algunas interpretaciones que subsumen el todo a una de

sus partes, si bien la más terrible en términos de sensibilidad humana, pero que no dan cuenta

del todo. Así categorías como Estado de Terror (Duhalde, 1983) o de Seguridad Nacional

(Tapia-Valdez, 1987 y Maira, 1990) terminar por ser parciales, ante lo cual debemos buscar

otras interpretaciones que ponderen mejor las ecuaciones que se dieron en su interior.

Desde muy temprano José Nun (1966) advirtió ese carácter para la dictadura que se

instaurara en 1966, siendo seguido por Guillermo O´Donnell en su célebre tesis del Estado

burocrático autoritario (1982), que abriera una interesante polémica, al mostrar esos dos

lados. Por ello, diversos autores, entre los cuales Manuel Garretón (1985) y Ricardo Sidicaro

(1996) han calificado las dictaduras como contrarrevoluciones preventivas e intentos

refundacionales, lo que de alguna forma quedaba a la muestra en el Preámbulo del Ato

Institucional n. I1y en el propio mote de Proceso de Reorganización que eligió la última

dictadura argentina para distanciarse. Sin embargo, esto último ha sido mucho menos

estudiado que lo primero, tal vez por tener menor impacto emocional en una academia que

sufrió subjetivamente la violencia y por tal motivo ahonde en ella como forma de exorcizarla.

No obstante, no podemos dejar de reconocer la importancia que reviste esa última dimensión,

lo que no ha sido suficiente para dirigir los estudios más en esa dirección, marcándose un

visible desbalance entre unos y otros.

De tal manera, el presente trabajo pretende articular estos dos niveles, tratando de

pensar el papel que tuvo la represión en los engranajes dictatoriales como estrategia

consciente para alcanzar otros fines y así conseguir su principal objetivo, el de reestructurar

las sociedades como un todo, ya que los cambios que se pretendían eran profundos,

impactando todas las esferas, en mayor medida, como la social, política y cultural que son

las más conocidas, pero también la económica, que generalmente es menos considerada.

1 “O Ato Institucional que é hoje editado pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao nôvo govêrno a ser instituído, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa Pátria”. Coleção de Leis do Brasil, Brasília, vol. 3, 1964, pág. 3 o Diário Oficial da União, Brasília, Sección 1, 9 de abril de 1964, pág. 3.193.

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La represión, si bien condenable desde todo punto de vista, puede ponerse en valor si

la comparamos con otros casos fuera de nuestro continente, lo que no la relativiza en modo

alguno, sino que la dimensiona como tal, incluso si lo hacemos dentro de los propios casos

del Cono Sur, ya que hubo una indudable graduación, que nos invitan a pensar las naturalezas

de tales regímenes sin dudas, ya que pertenecen a un tronco común pero que tuvieron matices

que pueden ser de fondo, así como valorar las trayectorias y coyunturas por las que

atravesaron, que también fueron definitorias en ese sentido.

Como estrategia asociada a un fin, debemos ver la represión desde diversas

perspectivas. En primer lugar, la de los actores, es decir tanto aquellos que la ejercían, en

diversos ámbitos, como en los que era ejercida o en los cuales se deseaba producir efectos,

ya que la misma los irradiaba de modo amplio y difuso, impactando no solo en los que la

recibían de modo directo, sino también en los que la sufrían de otras formas, muchas veces

sin que lo percibiesen de modo consciente. Seguidamente respecto de las estructuras en la

que se debía operar o que se pretendían crear. Y, finalmente, las coyunturas por las que se

atravesó, marcadas por procesos internos y externos, que determinaron adecuaciones

específicas a cada caso particular.

En otras palabras, la naturaleza represiva de los regímenes no estuvo enmarcada en un

ADN previo de los mismos, sino que la misma estaba profundamente enraizada en su devenir

histórico concreto, moldeada por la acción social de modo mucho más amplio, con objetivos

que le eran propios pero que también se articulaban a lógicas externas a las mismas, mal que

por momentos pudieran parecer que poseían dinámicas propias, como muchos fenómenos

burocráticos que poseen cierta autonomía.

Es de conocimiento que las prácticas represivas abrevaron en modelos foráneos, como

el francés, que, con el conflicto argelino, desarrolló prácticas después exportadas a otras

experiencias, y el norteamericano, que por su hegemonía, las usó como forma de control en

diversos espacios de los cinco continente, en los cuales también el Cono Sur lo fue en su

efecto (Moniz Bandeira, 1973, 2001 y 2008; Dreifuss, 1981; Verdugo, 2003; y Fico, 2008,

entre otros). Tal articulación se plasmaría en la existencia de una lógica que fue

supranacional, siendo la Operación Cóndor su vértice emblemático (Nilson, 1998 y Dinges,

2004).

De cualquier modo, aún no reconocemos del todo como varias de sus métodos fueron

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generados al interior de los países, muchas veces en periodos en los que imperaba la

democracia formal, es decir como la corrosión que llevaría a tal estado de violencia era

gestada en la larga duración, muchas veces en periodos donde imperaba la democracia

formal, tal cual varios intelectuales uruguayos lo vienen planteando desde hace algún tiempo,

como respuesta al desmoronamiento de una democracia que creían firmemente consolidada

(González, 1993 y Bucheli, 2008).

El accionar violento en Chile por parte de la derecha se observa antes del propio golpe,

como ocurriera con el intento de secuestro y muerte del general Schneider en octubre de

1970, precedida de atentados con bombas que fueron preparando el terreno desde septiembre,

como forma de impedir infructuosamente la asunción de Salvador Allende en noviembre, en

un plan que mancomunaba fuerzas militares, de derecha y del Estado norteamericano, con

un fuerte brazo mediático (Verdugo, 2003). Lo que ya preanunciaba la escalada que iría en

aumento así como la imbricación transnacional que entre sus hechos de mayor impacto, ya

en dictadura y bajo la vigencia de la Operación Cóndor, causaron la muerte del general Carlos

Prats en 1974 en Argentina y de Orlando Letellier en 1976 nada menos que en Washington,

los que habían desempeñado altas dignidades en el gobierno de Salvador Allende.

El ejemplo argentino también resulta paradigmático, ya que las prácticas en gran escala

surgieron en la época del último gobierno peronista, con golpes policiales propinados a

gobernadores no encuadrados dentro del ala predominante del peronismo, así como las

prácticas de secuestro y desaparición de personas, con alrededor de mil casos documentados,

al igual que la gestación de aparatos y sistemática represiva ilegal, entre los cuales la Triple

A (Alianza Anticomunista Argentina) es sin dudas su punto culminante, la que también tiene

reminiscencias con otros grupos de extrema derecha, como puede ser el Comando de Caça

aos Comunistas (CCC), de Brasil, a la vez que también en dicho período se gestaron las leyes

represivas que dieron amparo al exterminio en mayor escala ya en régimen autoritario

(Servetto, 2010).

Es también una hipótesis plausible que el exterminio en masa practicado por las fuerzas

represivas legales e ilegales argentina, bajo gobiernos por el voto o de hecho fueron una

respuesta a la incapacidad por disciplinar sus enemigos de otro modo, lo que resultaba un

riesgo potencial, en particular después de la liberación de presos políticos ejecutada por

Campora cuando asumiera temporalmente el poder en 1973, como respuesta al Devotazo,

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movilización popular que los arrancó de las prisiones antes que la ley de amnistía fuese

decretada.

En suma, no hubo un manual de oficio que se ejerciera a rajatablas, sino que los mismos

actuaban como coordenadas que a partir de la experiencia creaban in situ las soluciones

represivas que los proyectos dictatoriales precisaban en cada momento para alcanzar sus

propósitos, que no se resumían exclusivamente a lo represivo, aunque para ello debieran

aplicarla en larga escala por periodos excesivamente prolongados.

Así podemos ver que las modalidades represivas de cada país fueron articulándose en

relación a las otras, en especial para no repetir los errores cometidos, a la vez que se ajustaban

con los progresos alcanzados y las coyunturas particulares, mirando horizontes amplios, los

cuales podían marcar etapas diferentes. En tal sentido, muchos opinan que el llevar la

represión de modo ilegal en Argentina respondió a tratar de evitar la repercusión negativa

que los ajusticiamientos masivos en Chile habían provocado en la comunidad internacional.

Todas concuerdan en el hecho de que la implantación de la represión se debía a la

imposibilidad por parte de las fuerzas de derecha de detener el proceso de radicalización por

otros medios, hegemónicos, conclusión a la que se llega no por compartir una matriz

totalitaria común, sino por el hecho de que las fuerzas conservadoras eran incapaces de

vencer por el voto, como lo estableciera Juan Linz (1978), lo que era adjudicado a la

existencia de problemas estructurales que llevaban inexorablemente al populismo y, en un

futuro próximo, a salidas más radicales aún. De ese modo se abandonan las soluciones más

consensuales y dentro de la legalidad democrática para aplicarse otras que conllevan mayores

dosis de violencia y que significan con un quiebre del orden democrático hasta entonces

vigente, sin que con ello se pretenda una impugnación estructural, al contrario. Como bien

expresa el Preámbulo antes citado, ello se hacía supuestamente para resguardarlo.

Así, si bien hay algunos patrones represivos particulares en cada uno de los países,

ellos no pueden verse como fórceps que encasillen los casos sino más bien como una especie

de ordenador general y, tal vez, como muestra de que cada uno de ellos escogió determinados

formatos en los cuales fue acumulando expertise y sobre ellos anguló su estrategia.

En tal sentido, la obra de Anthonny Pereira (2009) resulta un excelente punto de partida

que toma comparativamente, en el buen sentido indicado por Charles Tilly (1991), los casos

de brasileño, argentino y chileno, sobre los cuales se podría incorporar el uruguayo. En esa

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obra, muestra claramente como cada uno de esos países escogió de un amplio repertorio

(Tilly, 2006) aquellos trazos que le fueron característicos: Brasil el del uso de los aparatos

judiciales legales; Chile el de los ajusticiamientos en masa, reculando cuando se percibiera

sus efectos nocivos hacía una represión más solapada y Argentina con el accionar

abiertamente ilegal, de secuestros y desapariciones, con connivencia del orden estatuido, ya

que era imposible soslayarlo. Por su parte, el Uruguay respondería con prisiones prolongadas

y el exilio en masa, realmente expresivo comparándolo con su menguada población.

No obstante, a la hora de un análisis más puntal veremos cómo ese escenario se torna

más complejo. Así, comenzando a destrinchar el caso brasileño, vemos que su experiencia

marca diferentes etapas en el modo que se articula. En sus momentos iniciales bastó el

expurgo puntual de los elementos que se consideraban peligrosos para el status quo,

retirándolos de sus puestos, sean en los poderes ejecutivo y legislativo, que continuaron

funcionando bajo supremacía militar, así como en otros aparatos considerados esenciales

para la reproducción sistémica, como las universidades, las propias Fuerzas Armadas y otros

órganos administrativos. A pocos se les aplicó de hecho la tortura física o se llegó a la muerte,

siendo lo más usual el exilio, aún en escala menor.

Cuando el proceso de lucha llevó a un recrudecimiento en torno del año 1968, que

coincidía con una coyuntura internacional igualmente conturbada, la dictadura se endureció,

ejerciendo un mayor control y aplicando con fuerza los instrumentos que tenía a disposición,

algunos de ellos rayanos a los legal, pero que en su gran medida revestían aún de tal carácter.

Lo que no equivale a afirmar que Brasil constituyese una dicta blanda, como sus autoridades

así lo referían, sino que ella bastó para dar cuenta con los objetivos que se había propuesta.

De hecho, demostró que podía transponerlos caso así lo requiriese, como en la actuación que

le cupo en la represión a la Guerrilla do Araguaia o en la muerte de personajes emblemáticos.

Alcanzado esos objetivos, la dictadura volvería a canalizar por otros medios sus

estrategias de control social, las que ya alertaban autoridades norteamericanas, como bien

ilustra Renato Lemos (2014), que comenzaron a presionar por una distención, a pesar de lo

cual la iniciaría en 1974 una lenta distención, que tendría su ápice en 1979, con la

promulgación de la amnistía general e irrestricta, y se arrastró hasta 1985, con el retorno

definitivo de la democracia, aún por medio del voto indirecto. Sin embargo, ello que no fue

impedimento para un pequeño recrudecimiento en 1981, con el fallido Atentado Rio Centro,

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lo que nos muestra que sus líneas fueron más tortuosas de lo que habitualmente admitimos o

reproducimos como imaginario de las mismas.

Esos episodios nos sirven para deshacer otro habitual engaño. Es bastante común

confundir fuerza de las dictaduras con fuerza en el uso de sus aparatos represivos, en otras

palabras, suponemos que una dictadura que más reprimió era la más fuerte, lo que no es

correcto en análisis, ya que mezcla dos variables diferentes. La fuerza de una dictadura no

estuvo marcada únicamente por el despliegue del que se valió, sino que reposó en el éxito

que tuvo para conseguir, bajo diferentes medios, no solo represivos, sus objetivos más

importantes.

Como ejemplo claro de ello podemos colocar el régimen argentino, quizás el que

mayores dosis represivas aplicó y el que menos objetivos consiguió cumplir, acabando en

una implosión después de la Guerra de Malvinas. Desastre que no fue solo militar o

económico, sino que nos muestra también derrotas importantes en el frente social y político,

como no haber podido influir en la estructura sindical del movimiento obrero o crear nuevas

estructuras partidarias que barriesen con las antiguas, lo que había llevado a momentos antes

de la Guerra a movilizaciones contrarias que tuvieron un muerto, motivo por el cual se habría

escogido una solución bélica como forma de frenar el descontento insuflando espíritu

patriótico.

Esa situación contrasta visiblemente con el caso brasileño, que aplicó la fuerza en

menos proporciones, no obstante consiguiese introducir reformas en diferentes esferas que

trajeron una renovación significativa en sus estructuras políticas. Muchas veces tachados de

artificiales, los cambios no eran un mero barniz, de hecho, las principales agrupaciones

partidarias post dictatoriales salieron de su vientre, sea a su derecha, como a su izquierda,

con un centro poderoso que consiguió mantenerse en la esfera del poder sin interrupciones y

sin voto directo para el principal cargo ejecutivo, lo que ha significado un cambio social

menos acentuado de lo que en otros países de la región, manteniendo en el poder viejas

estructuras que sostienen el status quo más allá de vientos y tormentas que soplaban en su

contra.

La represión no fue un fin en sí mismo, sino un método necesario, de acuerdo a la

lógica dictatorial, que servía como medio para conseguir los objetivos que se pretendían, que

no eran precisamente el de instaurar indefinidamente un estado de terror, el que funcionó

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como forma de encuadrar la sociedad primeramente por esta vía, ya que las otras se revelaban

inocuas, para una vez iniciada las reformas pretendidas, proceder a un dominio con mayores

cuotas de consentimiento, pudiendo disminuir así la presión que era ejercida de modo más

directo.

Esto se observa precisamente en el fuerte rechazo que provocaron las dictaduras que

más reprimieron, incluso que llevaron a una mayor refracción o directamente a la rápida

reversión de los cambios pretendidos, a la par que aquellas que lo hicieron de una forma más

indirecta y con menor uso de la violencia tuvieron un reconocimiento mayor, sin grandes

reversiones, siendo asimiladas sus reformas por el tejido social sin el rancio conferido en las

otras, sello del que nunca pudieron desprenderse.

Podemos destacar en este caso la Ley de Amnistía brasileña, que fue vista

positivamente por casi todas fuerzas políticas del país, en especial la que tenían mayor

relieve, sin que la misma recibiese impugnación severa, como ocurriera en otros países,

siendo vista a modo de piedra angular de la redemocratización, la que alcanzó vigencia de

forma perenne, sin que nunca fuera cuestionada de modo consistente por aquellos que

sufrieron la violencia dictatorial, que negociaron así su reinserción en la vida democrática.

Algo que a su medida también lo ocurriría con el caso de la Ley de Caducidad uruguaya,

refrendada en dos ocasiones por una ajustada mayoría de su población.

En contrapartida, los regímenes y periodos dictatoriales más severos fueron aquellos

que mayores resistencias concitaron y los que, en más corto o más largo plazo, también

mayores demandas por reparación y justicia efectiva recibieron, como lo fueron el argentino

y, más recientemente, el chileno, únicos casos con condenados por delitos decurrentes de sus

acciones represivas, legales o ilegales, estatales o para-estatales.

Otro de los problemas en las investigaciones ha estado centrado en la escasa

desagregación inicial, por lo que se la ha visto in totum, sin todavía percibir adecuadamente

que la misma tuvo matices específicos, que merecen explicación, en especial de las razones

conscientes o inconscientes que llevaron a ellos. La represión escogió actores privilegiados

como blanco, correspondiendo así a los objetivos que las dictaduras se habían trazado en

diferentes campos, los que podían variar en cada caso particular el énfasis conferido a cada

uno de ellos en cada etapa, actuando así como importante disciplinador.

Hay que señalar el papel desempeñado por la disciplinación en nuestras sociedades,

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que si bien se orientan hacia mecanismos más consensuales, la aplican de diversas formas,

muchas veces como un horizonte que no se debe transponer so pena de sufrir terribles

consecuencias. Interpretación abierta por trabajos clásicos como los de Michel Foucault, pero

que también se radicaron en otras esferas, como la económica con obras como la de Noemi

Klein (2007), de modo general, o María Alejandra Corbalán (2012) para el caso argentino.

Retornando a los actores, parece obvio concluir que los impactos más profundos fueron

propinados contra agentes políticos, no solo individuos sino también institucionales. Lo que

se trataba era de acabar con las que consideraban principales fuentes desestabilizadoras, no

sólo agrupaciones armadas, sino también sus grupos de superficie y otras que nunca

transpusieron esa barrera, sirviendo el combate a las primeras como paraguas para hacerlo

contra las otras, de modo preventivo. No por casualidad, el régimen brasileño acabaría con

los partidos políticos pre existentes de modo radical, proponiendo su extinción como parte

de un borrón y cuenta nueva sobre el cual reedificar el sistema.

Las ramificaciones de lo político por diversas esferas también fueron objeto de

represión y acompañamiento. Por momentos, el blanco preferencial fueron las alas jóvenes,

especialmente la estudiantil, fuente de descontentos varios y fértil semillero de liderazgos,

los que había que extirpar debidamente, en especial por una coyuntura que los movilizaba

internamente con una fuerte inspiración en causas de porte mundial, como las de Vietnam,

Cuba, las revoluciones africanas, asiáticas y el Mayo Francés. Práctica que fue acompañada

con la introducción de nuevos sistemas superiores de educación y ciencia, que privilegiaron

el cientificismo en detrimento del compromiso político, una mayor privatización y

elitización, como bien recuerdan varios estudios para el caso brasileño (Souza, 1981).

En muchos casos, además del medio universitario (Motta, 2014), sobre el que mayores

estudios poseemos, la represión también fue direccionada al nivel secundario, donde diversas

organizaciones actuaban, planteándose como objetivos el actuar preventivamente en el

segmento juvenil, como forma de anticiparse al ingreso al medio universitario, donde las

chances por conseguir apoyo eran menores, dada la fuerza de las fuerzas de izquierda, que

fue duramente peleada en el caso brasilero, donde había una larga tradición de centros

estudiantiles vinculados a la derecha, especialmente católica (Lima, 2014).

Igualmente hubo injerencias en el sector sindical, vinculado o no a partidos, ya que este

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era parte del trípode populista que se quería extirpar, el que fue duramente golpeado, tanto

de modo directo, como por la práctica de privilegiar las direcciones contrarias, que de este

modo tenían demandas atendidas y así podían mostrar sus triunfos ante los asociados,

práctica que terminaría por cristalizar estructuras altamente burocratizadas, que habrían de

perdurar incluso durante las nuevas democracias, como cerrando los vasos comunicantes con

otros movimientos. Recordemos que una de las consignas, muchas veces refrendadas en

hechos, más peligrosas para el establishment había sido el de la unidad obrero estudiantil,

que había producido conflictos de gran porte, como el Cordobazo de 1969, por ejemplo.

Con menores estudios al respecto, la violencia también fue sentida por sectores y

organizaciones de base rural, teniendo en claro las dictaduras que había regiones que estaban

abiertamente vinculadas a viejas tradiciones de izquierda, como Pernambuco en Brasil o

Tucumán en Argentina, siendo que en esta última también fue la base de acción del Ejército

Revolucionario del Pueblo (ERP), el que fue erradicado en el Operativo Independencia, que

digámoslo más otra vez, fue gestado integralmente en un gobierno surgido del voto popular,

con figuras que después se reconvirtieron a la vida democráticas, como el general Antonio

Domingo Bussi, que fue gobernador de facto de la provincia entre 1976 y 1978, uno de los

pocos a seguir una carrera como político una vez de su retorno, obteniendo el 18 % de los

sufragios en las elecciones para diputado de 1987, la mayoría del 55 % en la constituyente

provincial de 1989, electo gobernador por el Estado entre 1995 y 1999, y diputado nacional

en ese último año, a pesar de lo cual no pudo imponer su hijo como delfín, con lo cual su

ocaso comenzara, el que lo llevó a prisión por el resto de su vida.

Ello era crucial porque la propiedad de la tierra era un tema que inflamaba la sociedad

de modo radical, poniendo en jaque el sistema de dominación. “Reforma agrária na lei ou na

marra” era el slogan que Francisco Julião e las Ligas Camponesas blandían asustadoramente,

el que había sido encampado por João Goulart como una de la Reformas de Base que su

gobierno impulsaba. También en Chile, desde antes de llegar Salvador Allende al poder, el

tema estaba a la orden del día, siendo uno de los puntos de fricción social y política más

candentes. De esta forma, era algo insoslayable que llevo incluso a que los gobiernos

autoritarios de los dos países no hicieron oídos sordos a esa demanda, sino que la

incorporaron a sus proyectos, ya que no eran incompatible y se asociaban muy bien al ideal

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modernizador que querían emprender2, cambiándoles sólo el sentido, de socializante a

individualizante, para lo cual precisaban desplazar igualmente a sus líderes.

Además, ella se unía a tradiciones ancestrales, las cuales movilizaron el segmento

indígena, que en Chile posee fuerza singular, en especial en la Araucanía, por lo cual las

dictaduras llevaron adelante una represión sesgada, tanto por el peligro potencial que

representaban, que en el caso brasileño estaba concentrado en puntos específicos, por cuanto

interfería con la idiosincrasia que se quería estatuir, visto que muchos de estos regímenes

eran conservadores y nacionalistas, en el que su ideal de Nación rayaba lo hispanista y por

tanto la figura del indio resultaba incómoda. Incluso el régimen de Franco era tal vez su única

adhesión en el viejo continente, así como de allí vinieron vitales inversiones (García

Gutiérrez, 2011), así como el sudafricano otro de los regímenes que hizo lo suyo en Chile, el

cual igualmente propalaba la primacía blanca.

En Brasil, el gobierno documentó esa acción en el poco conocido Relatorio Figueiredo,

producido en 1967 y que permaneció sin localización por 45 años, el que se creía perdido

oportunamente en un incendio, donde se expone parte de las privaciones a que los indios

fueron sometidos, incluso por aquellos que cumplían la función de velar por su integridad

desde el propio Estado, como el Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Debemos señalar que

esta era una práctica estatal y militar de larga data, inaugurada por el mariscal Cândido

Rondón y continuada por diversos antropólogos, como los hermanos Villas Boas, que se

encargaron en diversos momentos históricos de llevar adelante proyectos monumentales de

su rescate (Resende, 2015).

En ese sentido, la acción fue también decisiva en otros sectores populares de gran peso,

como el de las barriadas populares, entre las cuales la Poblaciones chilena habían sido base

para la acción de partidos políticos de izquierda y grupos armados, como el Movimiento

Revolucionario (MIR), o las Villas argentinas que lo fueron de los Montoneros, donde

también actuaron diversas agrupaciones religiosas, en su mayoría pertenecientes a la fracción

de la Teología de la Liberación, que había declarado su opción preferencial por los pobres,

cuyos miembros fueron sometidos a tácticas disciplinadoras desde diversos frentes, incluso

desde la propia Iglesia en varios casos. Recordemos que su jerarquía se alió inicialmente a

2 Tanto el IPÊS, particularmente el de Rio, como El Ladrillo (recopilado por Sergio de Castro, 1992) lo

proponían como medida.

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los golpes y esos regímenes, como lo fue visiblemente en Brasil, Argentina y Uruguay,

habiéndose colocado en la oposición la primera en una fecha posterior, entre 1968 y 1969,

cuando se da el pico de represión más aguda, manifestando críticamente (Comblin, 1979;

Della Cava, 1989; Mainwaring, 1986 y Cancian, 2011).

De todos modos, no debemos encasillar la represión como algo dirigido únicamente

contra los sectores subalternos, la misma estuvo también orientada hacia otros segmentos,

aunque, claro está, muchos de ellos con mayores recursos para hacerles frente o para que su

acción no fuese tan directa, como los empresarios que se transformaban en obstáculos o hasta

dentro de los propios militares.

En el caso del segmento empresarial, no ha sido debidamente estudiado, pero a las

clásicas persecuciones que las sucesivas dictaduras argentinas sometieron invariablemente a

organizaciones o personalidades filo peronistas, como la Confederación General Económica

(CGE), su secretario general José Ber Gelbart o una empresa emblemática como SIAM Di

Tella, por ejemplo, también otras que no se podían encuadrar en esa condición también lo

fueron, como ocurrió con la Unión Industrial Argentina (UIA), única a quedar bajo

intervención tras 1976, tal vez porque podía oponerse al proyecto anti industrial del equipo

económico dictatorial. El caso de Chile, situaciones parecidas se vivieron en torno de los

gremialistas, CORFO (Corporación de Fomento de la Producción de Chile) y SOSOFA

(Sociedad de Fomento Fabril), que trabaron lucha en torno de la privatización de la

producción del cobre, sobre el cual giraba su economía.

Muchas veces las fracciones militares también se articularon en torno a esos ejes y

podían entrar en conflicto por compartir proyectos opuestos, como lo fueron el caso de los

célebres conflictos entre los generales de ejército Augusto Pinochet y de aviación Gustavo

Leigh, que tuvo como ápice la destitución de éste en 1978 (Valenzuela, 1987 y Valdivia,

2003) y del general Jorge Rafael Videla y su equipo económico encabezado por José Alfredo

Martínez de Hoz (h) que colisionara respectivamente con el almirante Emilio Massera y el

general Genaro Díaz Bessone (Canelo, 2009). O que fuera un problema jerárquico mucho

más complejo, en lo que lo social estuvo más presente, como las tácticas de disciplinamiento

a las que se vieron sometidos en Brasil los militares de los escalafones más bajos (Almeida,

2012).

Igualmente, las dictaduras tuvieron intervenciones en la estructura burocrática estatal

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(Mathias, 2004), expurgando cuidadosamente aquellos elementos que consideraban nocivos,

en especial dentro de los órganos de planificación y comando, no solamente aquellos que

tenían pasado de izquierda, sino fundamentalmente todo aquel que pudiese comprometer el

proyecto en curso, como ocurriera con diversos nacionalistas y corporativistas que eran reales

o potenciales adversarios, siendo el ejemplo de la ODEPLAN (Oficina de Planificación) en

Chile más que elocuente. En tal sentido, los economistas fueron blanco preferencial, no solo

los marxistas, sino que también la persecución recayó en especial en aquellos que tenían

pasado estructuralista, con énfasis en la CEPAL (Comisión Económica para la América

Latina)3 que con la ayuda de sus controladores vio diezmado su personal y transfigurado sus

objetivos, como admitiera el propio Enrique Iglesias, que la comandó entre abril de 1972 y

febrero de 1985, es decir durante el periodo en que las dictaduras se encaramaron en el poder

e hicieron sentir sus efectos más deletéreos.

El hecho de que Iglesias permaneciera desde el periodo anterior a la implantación de

la dictadura no cuestiona nuestra tesis inicial, ya que el proceso fue complejo, dado que estos

grupos no eran cohesionados y durante el período más álgido del conflicto, que lo era

económico, social, político e ideológico, se desgajaron de sus posiciones iniciales para

adherir a posturas más ortodoxas, ya sea por motus propio, tal cual demostrara Ricardo

Bielchovsky (1995), o por fuerza del proceso disciplinador que hacía sentir sus efectos,

siendo que, en este caso, lo llevaría próximo al neoliberalismo, otra ideologia que se impone

mediante métodos parecidos (Cockett, 1995 y Mendes, 2005) , del que se apartaría cuando

éste entrara en crisis, en un oportuno pragmatismo que de alguna forma ayuda a entender y

explicar sus tortuoso curso intelectual, tal cual lo hicieron de forma más detallada en otro

trabajo con el caso de Roberto Campos (Ramírez, 2017).

De todos modos, hubo algunas situaciones paradojales, como el caso de los programas

nucleares argentino y brasileño, que de alguna forma demuestran como el objetivo más alto,

por ejemplo conseguir la autonomía en ese campo, subordinaba la represión, para el caso

argentino, y la sumisión a la Gran Potencia del Norte, en el caso brasileño, que llegó a trabar

relaciones no deseadas con otros países, los que, a su vez, también demostraban hacerlo

3 En una reunión del Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPÊS), que tuvo gran protagonismo en el golpe

de Estado de 1964, Glycon de Paiva Teixeira, su vicepresidente, opinó que dicho Instituto debía convertirse en

un centro de “‘post-graduation’ [...] [para] economistas, visando neutralizar os cepalistas, todos mais ou menos

‘tisnados’”. Subrayado en el original. Acta de la Reunión Plenaria del Comité Ejecutivo del IPÊS, 8/4/63.

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díscolamente, como ocurriera con el acuerdo Brasil-Alemania. En el primer caso, varios de

los renombrados cientistas que actuaban en el programa atómico era de conocida filiación

marxista y fueron protegidos por el director de la Comisión Nacional de Energía Atómica

(CNEA), que por ellos trabó duros embates internos dentro de la dictadura con conocidos

represores (Diego Hurtado de Mendoza, 2009), ciertamente mucho más inmediatistas y sin

una visión de largo plazo, que no tuvieron sus pedidos atendidos.

Ello nos encamina hacia un tipo de represión con foco más amplio, la que se dio en

términos ideológicos y culturales, en parte con violencia directa contra aquellos agentes

culturales más visibles, sea con muertes, desaparecimientos, prisiones y exilios, lo que

incluyó en muchos casos ensañamiento con requintes de crueldad en algunos de sus casos

más emblemáticos, así como otras que se orientaron a través de la censura o boicot a sus

obras (Stephanou, 2001; Berg 202 y García, 2015, entre muchos otros) o de forma mucho

más difusa que procuraba recrear un ambiente más conservador dentro de la sociedad,

partiendo de las escuelas como un todo, la que fueron sometidas a un reordenamiento de sus

currículos explícitos, es decir programas de estudios, y ocultos, o sea aquel que se transfiere

de forma indirecta a través del ambiente socializador que se respira, como el de actos,

efemérides, etc. (Souza, 1981 y Rodríguez, 2009).

Finalmente, estudios más recientes apuntan como esa represión poseía caracteres

culturales explícitos, ensañándose de formas más crueles con aquellos que representaban las

dichas minorías, que vieron así potenciados sus suplicios, como con las mujeres (Joffily,

2013), homosexuales (Joffily, 2016), negros y judíos, con lo cual se reforzaban trazos

patriarcales y xenófobos de nuestras sociedades.

En apretada síntesis, en la ponencia hemos tratado de mostrar como la represión

funcionó dentro del engranaje dictatorial no como su objetivo final, sino como una táctica

disciplinadora social, en busca de sus metas que pretendían ser las de una amplia

reestructuración, la que ya no podía ser instaurada por mecanismos consensuales sino

mediante el empleo de dosis variada de la violencia física y simbólica, actuando la primera

sobre la segunda, incluso en herencias que extrapolaron las temporalidades de las mismos,

algunas de las cuales están aún presentes.

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