UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD ETAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

SOCIOLOGIA

(DEL TRABAJO)

EL SINDICALISMO EN EL SECTOR PUBLICO:

(FSTSE) ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL NEOLIBERALISMO

TESIS QUE PRESENTA EL ALUMNO:

ROSA MARIA RAMÍREZ GUZMÁN

91330191

PARA OBTENER EL GRADO DE:

LICENCIATURA

ASESOR:

PROF. JAVIER RODRÍGUEZ LAWNAS r'r :.

h t.1

Con todo mi amory respeto Ana Karen y Eduardo Por su amor y comprensión.

A mis padres Ehna y Enrique Sin su apoyo y cariño no seria Go que soy

A mis hermanos Por compartir conmigo Cos momentos más importantes de mi vida

Ing. Ayonso Rojo Guerrero Por su amistady apoyo

Maestro Javier Rodiguez Lagunas Por sus enseñanzas para lograr mi o6jetivo.

I N D I C E

INTRODUCCION

CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO

I . 1 El ambiente sindical.

1.2 El trabajo en el sector público y la relación laboral.

PAC.

5

7

16

CAPITULO I1

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO, SU DEFINICION LEGAL Y

TRATAMIENTO LABORAL

11.1 ¿Quiénes son y como están regulados los trabajadores del Apartado "B"? 23

11.2 Los trabajadores, la Ley y la Organización Sindical del Sector Público. 27

11.3 Lo que se proyecta para el trabajador del Sector Público:

el Servicio Civil de Carrera 41

11.4 El proyecto de la FSTSE con respecto al servicio civil de Carrera 47

11.5 Conclusiones del capítulo I1 52

CAPITULO I11

EL TRABAJADOR DEL SECTOR PUBLICO EN LA DISYUNTIVA DE LA

REFORMA DEL ESTADO

111.1 ¿Qué es la Reforma del Estado?

111.2 La profesionalización del Estado Mexicano 111.3 El sindicalismo mexicano frente a las reformas del Estado

5 5

62

70

111.4 Comportamiento obrero y sindical ante la modernización estatal en los

tres últimos sexenios 71

111.5 Conclusiones del capítulo 111 88

CAPITULO IV

LA FSTSE Y LAS NUEVAS FORMAS DE NEGOCIACION ANTE LOS CAMBIOS

DEL SINDICALISMO MEXICANO

IV. 1 La orientación de la FSTSE presentando nuevos matices

IV.2 Perspectivas de la FSTSE

IV.3 Competencias laborales en la agenda sindical

IV.4 Conclusiones del capítulo IV

V. BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA

89

93

96

99

101

INTRODUCCION

La presente tesis refiere al Sindicalismo en el Sector Público, específicamente a la Federación

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), al trabajo en el sector

burocrático partiendo del hecho de que una importante franja de trabajadores se encuentran

localizados en él. Actualmente destaca también la importancia del sector por que muchas

definiciones de la política laboral del Estado se están presentando precisamente en él. El sector

burocrático es quizás un importante laboratorio en donde se ejercitan buena parte de las

políticas laborales, como por ejemplo la del contratismo que se incrementó en los dos últimos

sexenios sin que las organizaciones sindicales digan o puedan decir algo.

Es un sector que a muy temprana historia de lo que es nuestro marco jurídico laboral se le

marginó de los derechos fundamentales del trabajo, particularmente de la estabilidad, de la

contratación colectiva, de la huelga y de la libertad para formar sindicatos. Al que primero,

mediante estatutos de excepción se le arrebataron sus derechos y la posibilidad de concertar

sus luchas con otros sectores y a los que finalmente, a principios de la década de los setenta se

le consignaron estas limitaciones a nivel constitucional bajo el argumento de que se

conquistaba una legislación del trabajo de la que hasta entonces carecían.

Pese a esta restringida situación laboral, es un sector que en diversos momentos ha

reivindicado por la vía de los hechos su autonomía sindical, organizándose no obstante las

limitaciones que la ley les marca; que ha hecho paros para lograr la satisfacción de sus

demandas y reivindicar su legitimo derecho a la huelga; que en muchos casos negocia sus

condiciones de trabajo mejor que como se negocian algunos contratos colectivos de trabajo,

pese a carecer de derecho para ello. En fin, es un importante laboratorio de la política laboral

pero también, un semillero de algunas de las más significativas luchas por recuperar su trabajo.

Así, el material que se presenta en este trabajo de investigación esta dividido en cuatro partes

o capítulos:

En la primera parte mostramos un panorama de antecedentes del como era el tipo original de

regulación y organización de los trabajadores desde antes de 1938, no sólo del sector público,

5

sino en general, las primeras formas de organización que dieron inicio a la formación de los

sindicatos y federaciones, señalando así su evolución, problemáticas y corrientes sindicales

que en la actualidad observamos.

En la segunda parte nos enfocamos a los esquemas de regulación y legalización de las

relaciones laborales del sector público en México, específicamente el papel de la Federación

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), cuales son las leyes que los

rigen y las formas de negociación y resolución de los conflictos laborales de este sector, así

como la propuesta en algunos aspectos (Servicio Civil de Carrera) de la modernización de los

trabajadores del sector público.

El periodo aproximado en este capítulo es de 1982- 1996, donde encontraremos principalmente

las Reformas del Estado y la evolución de las relaciones laborales, los cambios en la

Administración Pública y los problemas que han tenido que enfrentar el sindicalismo del

sector público y los trabajadores a los cuales representa.

Para concluir el trabajo presentado, encontraremos los proyectos o caminos de orientación a

seguir, en particular por la FSTSE, que presenta nuevos matices para encontrar la forma de

encarar las nuevas formas de negociación que necesita, ante las grandes problemáticas del

neoliberalismo sindical en el sector público y las competencias también sindicales que existen.

6

CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO

A) EL AMBIENTE SINDICAL

Desde la segunda mitad del siglo pasado la naciente clase obrera empezó a crear sus propias

organizaciones de lucha en defensa de sus intereses; formaron círculos de obreros en diferentes

ciudades del país; editaban su propia propaganda y periódicos en los que exponían sus

demandas; elaboraban sus propias ideas sobre la lucha de la clase obrera y recogían las

experiencias del movimiento obrero europeo; se lanzaron a algunas luchas importantes y

realizaron huelgas ya alrededor de 1850'.

Pero no es sino hasta principios del siglo XX, como resultado del crecimiento de la industria y

del aumento del número de obreros, cuando empiezan a surgir grupos que andando el tiempo

habrían de convertirse en las grandes organizaciones sindicales modernas.

Así, los sindicatos constituyen una fuerza suficientemente potente para defender eficazmente

los intereses de los trabajadores, su función es organizar la lucha de sus afiliados para

conquistar mayores salarios, prestaciones, económicas y sociales cada día mejores, buenas

condiciones generales de trabajo entre otros derechos.

Es irrefutable que los trabajadores empiezan a educarse políticamente en sus sindicatos, por

que ahí adquieren conciencia de su fuerza como clase, por que aprenden a defenderse

colectivamente frente al patrón y sus enemigos, a organizarse, a discutir en asambleas sus

problemas, a conocerse entre sí, a saber de su fuerza y adoptar resoluciones democráticas

apoyadas por la mayoría. El ejercicio del derecho de huelga es la experiencia más alta de esta

educación política sindical. El ejercicio de la huelga permite que los trabajadores adquieran

rápidamente conciencia de su fuerza y la posibilidad de defender sus derechos. En un principio

' Para ilustrar la época véase: José Woldemberg. Historia del Movimiento Obrero en México, Editorial Siglo

7

luchan sólo por demandas de carácter económico, por prestaciones tendientes a lograr vender

en mejores condiciones su fuerza de trabajo, pero pronto se dan cuenta de que la lucha exige

demandas de otra naturaleza. Al constatar que las leyes se interpretan y se aplican no en forma

imparcial sino que siempre benefician a los poderosos mientras que a los humildes se les

cometen las mayores injusticias y atropellos.

En 1900, se fundan organizaciones gremiales de ferrocarrileros, el SME en 1905, al parecer es

el más antiguo del país; grupos de obreros textiles que en 1906 dirigirían las huelgas que

culminaron con la masacre de Río Blanco, Santa Rosa y Orizaba, Veracruz; los embriones de

los sindicatos actuales, eran animados y promovidos por los grupos anarcosindicalistas que

jefaturaba uno de los dirigentes obreros más honestos que ha tenido el movimiento obrero

mexicano, Ricardo Flores Magón. La característica de este movimiento sindical naciente fue

su profundo espíritu de clase, su combatividad y valentía para defender a sus compañeros de la

voracidad de las empresas y de las arbitrariedades de la tiranía porfirista2.

Durante los años de la revolución, una vez derrocada la dictadura porfirista, se crean

numerosas organizaciones sindicales que pese a su experiencia y debilidad defienden los

derechos de la clase obrera influyendo de esa manera para que la Constitución de 191 7 , se

incluya un conjunto de derechos de los obreros, entre ellos el de constituir sindicatos, el de

huelga. la jornada de trabajo de 8 horas etc. Es en las décadas de los 20 y 30 que se acelera la

constitución de sindicatos, federaciones que su función es coordinar y organizar la acción de

los sindicatos a escala estatal y nacional para defender los intereses profesionales de los

trabajadores. Son organismos encargados de organizar las grandes movilizaciones de adhesión

a los candidatos oficiales en periodos electorales. Siendo estos años de grandes luchas obreras

por la conquista y cumplimiento de derechos que si bien eran reconocidos en la constitución,

los patrones y el gobierno, ya desde entonces se negaban a cumplir.

También, son años de grandes movimientos huelguísticos, de pleno ejercicio de huelg 'a , arma

principal de la clase obrera para hacer valer sus derechos. hubo en estos años (1900 a 1930)

XXI, No. 3y4 ' Ibid.

8

grandes movimientos huelguísticos, con los cuales podemos decir que la clase obrera no goza

hoy de un sólo beneficio que no haya sido arrancado mediante el esfuerzo y sacrificio de

generaciones anteriores de obreros sindicalistas; la jornada de ocho horas, el derecho de

huelga, el de sindicalización etc., son producto de la lucha y no de dádivas graciosas de los

patrones o del gobierno; nunca se ha entregado a la clase obrera ningún beneficio por el cual

no haya luchado.

En el caso de México, no puede hablarse de la existencia de normas destinadas a prohibir la

organización de los trabajadores en asociaciones profesionales. Por una parte el Artículo 9".

De la Constitución de 1857 garantizaba el derecho de asociación con cualquier fin lícito. Por

otra, los Artículo 4" y 5" del mismo ordenamiento, establecían la libertad de trabajo;

específicamente este último disponía que "nadie puede ser obligado a prestar trabajos

personales sin su pleno consentimiento". De esta forma, la suspensión de labores, individual o

colectiva, no podía ser considerada por sí misma como delito3. Puede decirse que el Artículo

9". De la Constitución de 1857 en donde consignaba en forma vaga el derecho de asociación y

reunión constituía el Único apoyo que este cuerpo jurídico brindaba a las agrupaciones

artesanales y obreras que comenzaron a organizarse por esos años.

A pesar de las disposiciones represivas del Código Penal del Distrito Federal y la Legislación

semejante dictada en otros estados de la República, prácticamente no hubo año del porfiriato

en que no se registraran huelgas. Entre las principales causas de estos movimientos se

encontraban las demandas contra la reducción arbitraria de los salarios y por su mejoramiento

para equilibrar el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad; las quejas que

por maltrato de los patrones y del personal directivo o por el aumento de la jornada, por los

despidos y muy frecuentemente por la discriminación del trabajador mexicano respecto del

extranjero.

En este contexto, a través de distintas formas, artesanos y proletarios comenzaron a

organizarse y realizaron diversos intentos por establecer alianzas a la vez que procuraban crear

.' Bensunsan Areous Graciela. Estudios del marco jurídico que apoya a la organización sindical del trabajo. Edit UAM-Xochimilco. México. 1996.

9

organizaciones que superaran los límites del oficio. Producto de estos intentos fue el Gran

Círculo de Obreros, una de las organizaciones más importantes en el periodo de 1867 a 1884.

A partir de entonces y hasta 191 O puede decirse que la dictadura porfirista suprimió muchos

canales de expresión de la clase trabajadora y que se ejerció un importante control sobre ella

para facilitar la intervención extranjera.

Con el triunfo de madero muchos de los movimientos llevados a cabo por los trabajadores

textiles, mineros, ferrocarrileros, estibadores y otros gremios, pedían a los patrones la

celebración de Contratos Colectivos, lo que suponía a su vez el reconocimiento de los

sindicatos y sus dirigentes por los empresarios. Esta creciente ola de huelgas influyo en la

creación del Departamento del Trabajo, dependiente de la Secretará de Fomento, organismo

que tendría entre sus funciones principales las de recoger y publicar la información vinculada a

la cuestión obrera como mediador en las negociaciones colectivas. Durante el gobierno de

Huerta el Departamento del Trabajo tuvo una importante participación en la organización de

sindicatos, apoyando a aquellos que ya estaban creados en al tarea de obtener su

reconocimiento, labor que venía realizando a partir de los primeros meses de 191 2.

La Casa del Obrero Mundial, motivó la firma del pacto de Veracruz el 17 de febrero de 19 15.

Entre los aspectos principales de este pacto se encuentra la resolución del Gobierno

Constitucionalista de mejorar la condición de los trabajadores por medio de leyes apropiadas,

otro punto es la actividad de organización sindical que se emprendería'en las poblaciones

ocupadas por el ejército Constitucionalista, 'Como consecuencia de estos acuerdos fueron

promulgadas diversas leyes laborales y se fundaron doce nuevas filiales de la Casa del Obrero

Mundial. Las buenas relaciones entre el Gobierno Constitucionalista y la Casa del Obrero

Mundial permitieron a esta organización respaldar con éxito algunas huelgas estalladas con el

objeto de obtener mejores salarios y condiciones de trabajo, pero al resolverse la crisis militar

y debido a que las huelgas comenzaron a afectar a sectores de mayor importancia se

transformó esta relación en represión abierta hacia los huelguistas con decretos y otras

instancias adoptadas por el Gobierno Constitutionalist$.

Ibid.

Entre tanto, la Casa del Obrero Mundial fue clausurada el 2 de agosto de 1916, por lo que no

tuvo participación como organización en el Congreso Constituyente de Querétaro, que se

realizó durante los días que transcurrieron entre el 1 O. De diciembre de 1916 y el 3 1 de enero

de 19 17. El Artículo 123 de la Constitución surgido de este Congreso indica. a nuestro juicio,

la terminación de la etapa de la tolerancia en lo que a las relaciones entre el Estado y el

movimiento obrero se refiere.

El Artículo 123 de la Constitución promulgada en 191 7, se ocupó de tres aspectos

fundamentales en lo que a nuestro tema se refiere. La fracción XVI del mencionado artículo

reconoció el derecho a la coalición para trabajadores y patrones sin establecer restricciones de

ninguna especie. Las Fracciones XVII y XVIII, se legalizó la utilización de las huelgas como

arma de defensa de los intereses obreros. En el mismo sentido, se autorizaron los paros

patronales y por último en la Fracción XX, se dispuso el sometimiento de los conflictos entre

capital y trabajo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, integradas por representantes de

trabajadores, de patrones y del Estado. Puede decirse que con este ordenamiento entró en

México. desde 19 17, en la fase de reconocimiento e integración de los sindicatos.

La característica como institución jurídica del sindicato es, por una parte, la defensa de los

derechos de los trabajadores; por otra. su representación en todos los órdenes y ante todas las

instituciones públicas y privadas. Así lo comprendió y estableció el constituyente de 191 7 al

imponer la normatividad incluida en el Artículo 123 de nuestra Constitución General de la

República con el valor jurídico de garantías sociales frente a las garantías individuales

establecidas y reconocidas en la propia Constitución desde 1 8575.

El derecho de coalición convirtió al Sindicato en un sujeto colectivo con personalidad jurídica

propia, lo cual le ha permitido existencia legal para realización de todas las actividades propias

de una personal moral, las cuales son; representar un todo tipo de actuaciones y diligencias

jurídicas o sociales a sus agremiados, celebrar contratos de cualquier naturaleza, exigir la firma

de contrataciones colectivas en materia laboral y establecer en éstas las mejores condiciones de

trabajo; llevar a cabo actos que impliquen la suspensión de labores y tener capacidad para

Ibid.

1 1

interponer demandas por incumplimiento patronal de obligaciones contraídas. Posteriormente

los órganos integrados de esta forma aumentarían y la participación de los sindicatos en ellos

tendrá cada vez una importancia mayor. Además, desde 1938 año en que el P R M se integró

por sectores, las organizaciones obreras más importantes (CTM, CROM y otras) quedan

incluidas en el Partido, con lo que se consolida la fase de integración de estas organizaciones a

la vida del Estado.

La CROM utilizó su posición oficial para controlar a los trabajadores libres y a los sindicatos

independientes, como fueron los conflictos de tranviarios y ferrocarrileros. Este último

conflicto fue señalado como la causa inmediata de la creación de la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje el 22 de diciembre de 1927, acto que sustrajo de la competencia de la

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, la resolución de los conflictos en las industrias

federalizadas. Con la mayor parte de los movimientos permitieron que a la CROM ejercer

presión sobre el resto de las organizaciones y extender su influencia, y una intensa actividad

para obtener la celebración de Contratos Colectivos de larga duración y con condiciones

favorables para los trabajadores.

Puede decirse que en el periodo transcurrido entre 191 7 y 193 1 , la mayor parte de los

conflictos se originaban más en el incumplimiento del precepto constitucional y de las leyes

estatales reglamentarias que en las demandas por nuevas prestaciones. El sector obrero y el

capital demandaron una reforma constitucional que facultara al Congreso de la Unión para

dictar un Código del Trabajo de aplicación en todo el territorio. Estas demandas y el interés del

presidente Portes Gil en despolitizar las luchas reivindicativas hicieron que este gobernante

dedicara parte de sus esfuerzos a la tarea de promulgar una legislación federal del trabajo en

donde se reglamentaran asuntos importantes como el registro de los sindicatos, la contratación

colectiva y el derecho de huelga. El proyecto de Portes Gil, en su exposición de motivos,

señalaba la urgencia de promulgar una ley nacional que estableciera los derechos y

obligaciones de los trabajadores y de los patrones así como la función coordinada del estado.

Muchas de sus disposiciones quedaron incorporadas a la Ley laboral aprobada en 193 1 , en un

contexto económico conflictivo originado en la crisis de 1929 y sus consecuencias en México.

12

Puede decirse que con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 193 1 quedaron

establecidos aspectos fundamentales del régimen jurídico de la organización obrera. La ley

laboral de 193 1 reglamentó en su capítulo IV (artículos 232 a 257) lo relacionado con el

sindicato, al cual definió como “la asociación de trabajadores o patrones de una misma

profesión, oficio o especialidad, o profesiones, oficios o especialidades similares o conexos,

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes”. Concepción

ideológica que aún se conserva en la Ley vigente de 19706 .

En la formación de los sindicatos la Ley de 193 1 admitió 4 formas posibles de sindicalización:

1- El sindicato gremial constituido por individuos de una misma profesión, oficio o

especialidad; 2- El sindicato de empresa, formado por individuos de varias profesiones, oficios

o especialidades que presten sus servicios a una misma empresa; 3- El sindicato de industria,

constituido por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que presten sus

servicios en dos o más empresas industriales, y 4- El sindicato de oficios varios, formado por

sujetos de diversas ramas profesionales, con la única condición de no ser menos de 20 ;

personas las que lo constituyan (Art. 233). La Ley vigente ha conservado esta clasificación ; agregando una categoría más: El sindicato nacional de industria constituido por trabajadores

que presten sus servicios a una o varias empresas de la misma rama industrial, instalados en 20

o más entidades federativas (Art. 360 de la LFT 1970).

..

1

Reunido el número legal de veinte trabajadores la Ley Federal del Trabajo de antes y la actual

ha fijado cuatro requisitos formales a cualquier clase de asociación profesional para su

constitución: El primero, convocar a una asamblea general de asociados que hubieran

manifestado su propósito de integrar dicha asociación; el segundo, nombrar una mesa directiva

que dirija las deliberaciones sindicales; el tercero, proceder a formular el estatuto

correspondiente en el que se fijarán las normas de conducta y reglas a seguir, y cuarto,

establecer el régimen de admisión o separación de asociación de asociados, los derechos y

obligaciones de éstos y el procedimiento para la elección de las personas que habrán de

ostentar los puestos directivos y su duración. Otras reglas podrán ser incluidas en los

13

instrumentos de administración interna. De todo ello se levantará un acta circunstanciada para

ser acompañada a la solicitud del registro que se llevará a cabo por la autoridad federal

señalada en la Ley, por la Secretaría del Trabajo cuando se trate de un sindicato de naturaleza

federal, según lo establece la parte final del Artículo 123 constitucional en el apartado "A" o

del apartado "B" si el sindicato ha sido formado por trabajadores al servicio del Estado y

prestan servicios a la administración pública. Con el registro se persigue una doble finalidad;

por una parte el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato para que pueda actuar

en los términos de la legislación vigentes, por la otra parte, responsabilizar en un momento

determinado a cualquier asociación profesional que incurra en una falta o violación jurídica.

Finalmente, el registro de un sindicato cuya actuación sea local o regional lo hará la Junta de

Conciliación y Arbitraje facultada para proceder a dicho registro.

En junio de 1937 el Presidente Cárdenas presentó al Congreso el Estatuto de los Trabajadores

al Servicio del Ejecutivo, a través del cual se les reconocía el derecho de asociación y de

huelga "limitada". En el Senado se amplió el ámbito de aplicación del Estatuto a los

trabajadores del poder Legislativo y Judicial. El Estatuto estuvo un año en discusión y

finalmente fue puesto en vigor el 5 de diciembre de 1938.

Pocos meses antes, el 29 de abril de 1938, Cárdenas presentó una iniciativa al Congreso para

reformar la Fracción XVIII del Artículo 123 que en su parte final exceptuaba a los trabajadores

de los establecimientos fabriles militares del ejercicio del derecho de huelga, a efectos de que

se eliminará esa prohibición. La propuesta de Cárdenas fue aprobada en diciembre de 1938.

El Estatuto de los trabajadores al Servicio del Estado adoptaba el criterio, en lo que a

organización colectiva se refiere, el sindicato Único por dependencia. En caso de que varios

grupos pretendieran ese derecho, sólo se reconocería como sindicato a aquel que afiliase a la

mayoría de los trabajadores (Art. 46). Señalaba el derecho a la libre sindicalización, pero una

vez que el trabajador se afiliara a una organización no podría dejar de formar parte de ella

salvo en caso de expulsión (Art.47). La fijación de los salarios se haría a través de los

presupuestos de egresos respectivos (Art. 30), por lo que no habría negociación colectiva.

Tampoco era lícita la cláusula de exclusión en ningún caso (Art. 54). Los sindicatos de

14

trabajadores el Servicio del Estado debían registrarse en el Tribunal de Arbitraje (Artículos

49y50), para lo cual debían cumplirse requisitos muy semejantes a los fijados en la Ley de

1931.

Con relación al derecho de huelga se admitían dos tipos: la general y la parcial, con

importantes restricciones y sólo era admitida en casos verdaderamente excepcionales. Además

se estableció la calificación previa del Tribunal de Arbitraje.

En materia de organización colectiva las restricciones no provenían exclusivamente del

Estatuto. Cárdenas se opuso a que este sector quedara integrado a la CTM, central que los

había apoyado con el propósito de organizarse. Con base en una convocatoria la Secretaría de

Gobernación, se crea la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicios del Estado.

(FSTSE), separada de la CTM.

La última reforma a la ley laboral introducida por Cárdenas se refiere a la supresión de la

prohibición que los sindicatos tenían para ejercer actividades políticas y fue probada por el

Congreso de la Unión el 17 de octubre de 1940. Esta reforma legalizó la situación de las

centrales obreras que se adhirieron al PRM en 193 8.

El 19 de febrero de 1940, último año del general Cárdenas, se promulgó la Ley de Vías

Generales de Comunicación, la cual faculta al Gobierno para decomisar las vías generales de

comunicación, los medios de transporte y los servicios auxiliares y accesorios de éstos. Esto se

justificaba según el gobierno por la necesidad de garantizar planamente el funcionamiento de

la comunicación frente a posibles sabotajes provocados por agentes extranjeros’.

El 10 de octubre de 1941 fue aprobada la iniciativa de ley enviada a las Cámaras por el

Presidente Ávila Camacho con el propósito de adicionar el Código Penal con el Art. 145 que

contenía los llamados delitos de disolución social. Este artículo fue discutido por varios años

sí procedía o no, se hicieron varias modificaciones y hasta 1950 más o menos quedo

establecido.

15

En 1948 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobó el convenio número 87 en el

cual quedó establecido como principio universal en materia de derecho del trabajo, que a

ningún trabajador puede obligársele a formar parte de un sindicato o no formar parte de él.

Todo empleador o patrón estará impedido de exigir a título de condición para otorgar un

empleo, el que la persona a quien se contrate se afilie previamente a un determinado sindicato;

tampoco podrá separarlo del empleo que ejerza por haber dejado de pertenecer a la

organización con la cual haya celebrado contrato colectivo. Se trata de la llamada libertad de

afiliación sindical.

De manera concomitante a los sindicatos se les ha concedido el derecho de redactar con plena

libertad sus estatutos y reglamentos internos, así como establecer los requisitos de admisión o

separación de asociados, sujeta esta última a un procedimiento riguroso, al igual que ostentar

la administración de la relación de trabajo con los patrones, respetando a la representación que

le compete.

B) EL TRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO Y LA RELACION LABORAL

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL APARTADOS “A” Y “B”

En diciembre de 1959, el presidente López Mateos envía al Congreso la iniciativa de Reformas

al Artículo 123 a fin de incorporar en é1 los principios de protección del trabajo de los

servidores del Estado. La iniciativa, escasamente debatida, fue aprobada en sesión ordinaria de

la Cámara de Diputados del 17 de septiembre de 1960 y entró en vigor el 5 de diciembre del

mismo año. De esta manera el Artículo 123 quedó integrado por dos apartados: é1 “A” y el

“B”. Este Último regula las relaciones entre los poderes de la Unión, los gobiernos del Distrito

y de los Territorios Federales y sus trabajadores. Las disposiciones principales de este

apartado, se refieren a la jornada de trabajo, a los descansos, a los salarios, a la estabilidad en

los empleos, a la asociación sindical y a la huelga, y a la seguridad social. Contiene asimismo

normas respecto de la designación de personal, fijación de los salarios en los presupuestos de

egresos de las respectivas dependencias, escalafón, autoridades competentes, empleados de

confianza y personal militar. En la Fracción X del apartado “B” relativa al derecho de

asociación y de huelga, se dispuso que: Los trabajadores tendrán derecho de asociarse para la

16

defensa de sus intereses comunes, podrán asimismo hacer uso del derecho de huelga previo al

cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de

los Poderes Públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este

Artículo les consagra.

La ley reglamentaria del apartado “B” fue aprobada el 27 de diciembre de 1963, bajo el título

de Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado. En lo relativo dispuesto a esta Ley

no sólo se extiende a los trabajadores al servicio de los poderes de la unión, sino también a los

organismos descentralizados e instituciones que tengan a su cargo la función de servicios

públicos.

En el año de 1967 el jefe del ejecutivo, Díaz Ordaz, integró una comisión para preparar un

proyecto de Ley laboral y el anteproyecto de Ley Laboral fue remitido a todos los sectores

interesados para que hicieran las observaciones pertinentes. Pero en términos generales el

debate y las observaciones hechas al anteproyecto no alteraron de manera importante el texto

en discusión.

A partir de 1970 las causas de huelgas enumeradas en la Ley sólo deben entenderse en sentido

ejemplificativo, más no limitativo, por tanto, la huelga procede en todos los casos en que se

encuentre roto el equilibrio entre los factores de la producción, aun cuando la causa concreta

no este contemplada en la Ley.

El 1”. de octubre de 1980 el ejecutivo envió al Congreso la iniciativa de adición al Título Sexto

de la Ley Federal del Trabajo con un capítulo XVII que regularía las relaciones de trabajo en

las universidades e instituciones de educación Superior, el texto reconoce el derecho a la

organización, contratación colectiva y a la huelga, con algunas restricciones como el no poder

formar sindicatos nacionales de universidades. Esta adición fue aprobada por la Cámara de

Diputados el 9 de octubre de 1980.

Puede decirse que con todas las reformas mencionadas y con las últimas hemos llegado al

estado actual de la legislación laboral en lo que a organización de los trabajadores y al

17

ejercicio de sus derechos colectivos se refiere. Se ha intentado poner en relieve las más

importantes modificaciones experimentales de la legislación, que nos permiten ver las

diferentes etapas por las que ha atravesado la relación entre el Estado y sindicatos en México,

hablamos desde 1957 a la fecha aproximadamente aunque por último podemos mencionar que

aun existen sectores de trabajadores que no gozan plenamente de los derechos de una libertad

sindical.

Las problemáticas del sindicalismo mexicano han sido desde la promulgación de la Ley

Federal del Trabajo de 193 1 ya que el sindicalismo nacional ha recorrido diversas etapas del

impulso, aceptación o rechazo de sus actividades gremiales, pues al traducirse su actuación en

cambios drásticos del orden público al realizarse algunas de las acciones que le son propias, es

lógico que la sociedad manifieste su protesta cuando ve afectados sus intereses. Si partimos de

la época de los años treinta o cuarenta de nuestro siglo se pueden encontrar las siguientes

etapas de evolución sindical. Durante el gobierno de los presidentes Lázaro Cárdenas y

Manuel Ávila Camacho nos encontraremos frente a la etapa de sindicalismo triunfante y

operativo, con buen cúmulo de atribuciones apoyadas en la Ley, otras no muy ajustadas al

ordenamiento legal pero permitidas. Se exigieron y obtuvieron beneficios y reivindicaciones

sociales y económicas de enorme valor colectivo; hubo libertad absoluta para el planteamiento

de movimiento de huelga y se obtuvieron las mejores condiciones de trabajo hasta hoy

conocidas.

A esta etapa siguió una de limitaciones legales que abarcó un periodo de los años 1947 a 1964,

aunque a de reconocerse que ha sido la etapa de consolidación del sindicalismo nacional y del

encuentro con sus auténticos fines, esto es, no se alteraron ni la constitución o realización de

los objetivos sociales y económicos y mucho menos se afectó la personalidad jurídica de los

sindicatos; se concedió libertad de acción sujeta a las normas legales, cuya reforma se inició

para ajustarlas a las nuevas exigencias colectivas y al avance de la industrialización y la

técnica, la tercera etapa se inicia en los primeros años de la administración política del señor

Echeverría con la preparación de los llamados pactos sociales, que han adquirido gran

importancia hasta nuestros días en que parecen han sido abandonados, por lo menos en su

estructura formal. El pacto social se significa dentro del contexto de la concertación social

como nueva fórmula de negociación colectiva a la que se enfrenta el sindicato moderno debido

a la obligatoriedad que entraña su particular participación en el debate. De ahí el futuro del

sindicato estará en adaptarse al nuevo método negociador.

Por su parte el sindicalismo se desarrollo en la diferencia, pese a mantenerse en un centro de

gravedad político fundamental. Así podemos describir al sindicalismo de la época en:

1) EL SINDICALISMO CORPORATIVO (OFICIAL): Es el destacamento más numeroso de

la organización obrera en México. La casi totalidad de sus integrantes pertenecen al

Congreso del Trabajo (CT), fundado en 1966, que agrupa al 78.9% de los sindicatos

registrados en el país; los principales miembros del Congreso del Trabajo son; La

Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de

Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Nacional de Obreros de México

(CROM). la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) y la Federación de Sindicatos de

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)*.

Los orígenes de esta vertiente de sindicalismo mexicano se remontan a los años treinta, cuando

se estableció una alianza histórica entre los sindicatos y el gobierno de Lázaro Cárdenas; época

en la que establecieron los principales rasgos corporativos de Estado de este sindicalismo. Es a

partir de entonces que la arena estatal se convierte en espacio privilegiado de la acción sindical

y que la política estatal viéndose como una componente central de ésta; de tal forma que el

ámbito de las relaciones laborales y de la contratación colectiva se convierta en un asunto de

política estatal.

Lo anterior lleva a que los sindicatos sean corresponsables, sí bien de manera subordinada,

tanto el funcionamiento estable del sistema político. Como de la buena marcha de la

economía; objetivos ante los cuales acaba por subordinar las políticas laborales. En respuesta

obtienen posiciones en el sistema político, a través del reparto de esferas de influencias y

cargos de elección popular que realiza é1 (PRI), al cual pertenecen.

X De la Garza Toledo Enrique y Herrera Lima Fernando Fco. “Las transformaciones del sindicalismo en México”. Cuadernos de Trabaio CENPROS. Núm 6. México, 1995.

19

Un último elemento que debe mencionarse para tener una visión sintética del sindicalismo

corporativo consiste en la presencia de una cultura de tipo patrimonial, que caracteriza tanto a

las dirigencias como a las bases sindicales, y que ha contribuido en mucho a la perpetuación de

una gerontocracia sindical. Este tipo de sindicalismo ha tenido que enfrentar retos que han

desbordado su capacidad, sobretodo en el terreno de l a productividad y la calidad, si bien ha

sido una pieza clave en la ofensiva flexibilizadora de las relaciones laborales.

SINDICALISMO INDEPENDIENTE: Esta vertiente se define por su oposición a las

políticas gubernamentales y por su constante confrontación con las dirigencias

corporativas. Su afinidad con grupos y partidos de izquierda lo lleva a poner en primar

término la política estatal y no los espacios de contratación colectiva, este sindicalismo

tuvo su origen en la llamada insurgencia sindical de los años setenta y estuvo conformado

por dos vertientes principales, la Tendencia Democrática (TC) de los Electricistas y la

Unidad Obreras Independiente (UOI). El sindicalismo independiente en la última década a

tenido intentos de reagrupamiento y acción conjunta emprendedores pero han tenido muy

poco éxito.

3) SINDICALISMO BLANCO: Es el tercer actor del sindicalismo mexicano, que tiene una

larga trayectoria de empresas, desde sus inicios fue directamente promovido por los

empresarios, al del sindicalismo corporativo y su inspiración teórica se encuentra en las

vertientes más conservadoras del social cristianismo, este sindicalismo no se define con

relación al Estado ni privilegia la esfera estatal para su acción. Se ubica en el campo de las

relaciones laborales de la empresa su terreno casi Único de acción, subordina su política a

la buena marcha de la economía y los objetivos de la empresa son los que subordinan la

definición de las políticas sindicales9.

Ibid.

20

REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y CAMBIOS EN EL SINDICALISMO

CORPORATIVO

Con los procesos de reestructuración productiva y de reforma del Estado mexicano, todo el

dispositivo anterior ha entrado en crisis, especialmente en las vertientes del sindicalismo

corporativo. En todo caso, al tiempo que los campos tradicionales de acción sindical parecen

estrecharse cada vez más, los sindicatos no muestran hasta el momento no haber sido capaces

de delimitar nuevas formas de acción en los terrenos que la pugna por la productividad pudiera

estar abriendo tanto en los microespacios productivos, como en las grandes políticas estatales

ligadas a la reestructuración productiva y a la apertura económica.

La reforma del Estado a afectado al sindicalismo corporativo u oficial en diversas maneras:

a) El monopartidismo se ha sometido a fuertes tensiones que han forzado la introducción de

formas conflictivas y limitadas de pluralismo que han reducido los costos del poder del

PRI.

b) Los cambios en las formas de gestión estatal de la fuerza de trabajo han implicado que

disminuyeran durante diez años tanto los montos de financiamiento, como la calidad de los

servicios públicos relacionados con el gasto social. Pero las instituciones tradicionales que

se encargaban de estos servicios pierden terrenos ante programas modernos que no iban

dirigidos ya a los trabajadores asalariados organizados.

c) Las constantes de inexistencia de huelgas, los registros de las direcciones sindicales y los

topes saláriales fijados por el gobierno, dejan un espacio reducido para la acción mediadora

o gestora del corporativismo.

d) La participación sindical en la política económica se ha visto subordinada al gobierno y

empresarios; y ha implicado la imposición de fuertes contracciones en los salarios de los

trabajadores.

e) El campo de la contratación colectiva también se ha estrechado para el corporativismo, los

macroacuerdos han contribuido a la caída del poder adquisitivo, las prestaciones

económicas, su monto a sido insuficiente como para contrarrestar la caída de los salarios

reales.

21

La reestructuración productiva ha repercutido sobre el sindicalismo oficial, con la combinación

de nuevas tecnologías duras, con nuevas formas de organización del trabajo, nuevas políticas

de personal de las empresas y nuevas relaciones laborales en los procesos de trabajo se han

visto acompañadas en muchas ocasiones con la búsqueda de nueva fuerza de trabajo y nuevas

ubicaciones geográficas. Esto ha provocado cambios importantes en el sindicalismo ya que se

han producido grandes perdidas en las capacidades de intervención de los sindicatos en las

políticas estatales, en la seguridad social y en las relaciones laborales. Ante esta situación, el

gobierno actual parece estar probando la posibilidad de una nueva forma de corporativismo

que, sin romper propiamente con el Estado, represente una actualización del mismo, que lo

haga compatible con el nuevo estilo de desarrollo".

Por último podemos decir que el papel del sindicalismo corporativo u oficialista es complejo,

pero se trata finalmente de un grupo que sostiene una alianza política con el sistema; que es un

pilar fundamental del mismo; tiene fuerza política y propia cierta autonomía, lo que permite

levantarse como un grupo de presión, pero existen mecanismos en los sistemas que permiten

controlar al movimiento obrero.

Por otro lado dentro del propio Congreso del Trabajo existen diferentes tendencias del

sindicalismo oficialista y es necesario hacer una separación de aquellos que corporativamente

están ligados al gobierno a través del partido en el poder y reconocidos como uno de sus tres

sectores, motivo por el cual estatutariamente obligan a sus agremiados a la afiliación

automática al PRI como con la CTM, CROM, mineros y ferrocarrileros y finalmente nuestro

tema central que es la FSTSE.

"' Ibid.

22

CAPITULO I1

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO, SU DEFINICION LEGAL

Y TRATAMIENTO LABORAL

A) ¿QUIENES SON Y COMO ESTAN REGULADOS LOS TRABAJADORES

DEL APARTADO “B”?

Las relaciones de trabajo en este sector resultan de excepción en su marco legal y en la práctica

a tal grado llegan las restricciones de sus derechos, que en materia de huelga nunca se ha

realizado en los marcos de la ley, se ha vuelto común que los trabajadores recurran al paro de

labores por la vía de los hechos y las autoridades en esas condiciones han tenido que negociar.

Antes de 1960 en la constitución ni existía ningún apartado legislativo en materia laboral, las

disposiciones y principios del artículo 123 eran únicas y generales para todos los trabajadores

del país. No es sino hasta 1972 cuando en la Organización Internacional del Trabajo se

establece el convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública. En

1960 se adiciona el apartado “B” al Artículo 123 constitucional y luego se crea su ley

reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado LFTSE. En su

momento el apartado “B” y la LFTSE mejoraron prestaciones y luego la jornada laboral

semanal y diaria, pero retrocedió en el conjunto de los derechos y en particular en los de

carácter colectivos.

Recordando un poco que el Estatuto Jurídico se crea en 1938 gracias a las luchas del sector

público, destacando la lucha de los maestros y telegrafistas que ejercían su autonomía sindical,

logrando plasmarla en el Estatuto, después siempre fue motivo de luchas preservar esos logros

alcanzados, pero en cambio en 1960 es de señalarse que sólo con la dirección de la Federación

de Sindicatos al Servicio del Estado FSTSE, se adiciona el Apartado y se crea la Ley Federal

de Trabajadores al Servicio del Estado LFTSE.

23

La Ley Federal de los trabajadores el servicio del estado (LFTSE) establece en su artículo 1"

que los trabajadores del apartado "B" serán los de las dependencias de los Poderes de la

Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de los siguientes organismos: ISSSTE, Juntas

Federales de las Mejoras Materiales, Instituto Nacional de Vivienda, Lotería Nacional,

Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión

Nacional Bancaria y de Seguros, etc., así como de otros organismos descentralizados similares

a los anteriores que tengan a su cargo funciones de servicios públicos.

En términos generales el empleo en el sector público en los últimos años ha crecido a tasas y

bajas probablemente relacionadas con el redimensionamiento del Estado (parte de la reforma

del Estado) y la recomposición del gasto público.

Otro indicador para analizar el número de trabajadores regulados por el apartado "B" del

Artículo 123 constitucional son los asegurados directos al ISSSTE. Entre 1990 y 1992 los

asegurados directos del ISSSTE apenas han incrementado en un 2.2% mientras que entre 1980

y 1985 crecieron en 3 1.6% (ver cuadro 1).

CUADRO 1

ASEGURADOS DIRECTOS DEL ISSSTE

AÑOS MILES

1975

1,503.7 1980

1,068.6

2,264.6 1992

2,2 16.5 1990

1,978.9 1985

Fuente: Anexo estadístico al Cuarto Informe

De Gobierno de Carlos Salinas de Gortari

24

Según estimaciones de la FSTSE el número de trabajadores afiliados en 1992 sería alrededor

de 1.4 millones, los trabajadores afiliados a la FSTSE son mucho menores que los afiliados al

ISSSTE por que hay trabajadores como los universitarios que pertenecen al apartado “A” del

Art. 123 Constitucional y están afiliados al ISSSTE”.

MARCO JURIDIC0 Y ADMINISTRATIVO :

La regulación de las relaciones laborales de los trabajadores del Estado están normadas por

leyes federales como:

* * Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).

* * Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE).

* * Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

** Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

* * Ley de premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Estas leyes tienen derivación y complemento en diversas disposiciones jurídicas y

administrativas aplicadas de manera específica en el régimen interno de las dependencias

gubernamentales:

** Condiciones Generales de Trabajo.

** Reglamentos Internos de Trabajo.

* * Reglamento de escalafón.

* * Reglamento de Seguridad e Higiene.

** Catálogo Institucional de Puestos.

* * Reglamento de Capacitación y Adiestramiento.

** Tabuladores saláriales

** Decretos y Acuerdos.

I 1 De la Garza Toledo Enrique. “El cambio en las relaciones Laborales en los trabajadores del apartado “B” ” Trabaio Núm I O . Edit. DCSH UAM-Iztapalapa. México, 1995.

25

En cuanto a la organización gremial, la LFTSE establece que en cada dependencia habrá un

solo sindicato el cual podrá adherirse a la única central reconocida por el Estado, la Federación

de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE). En está, a pesar de ser mayoritaria, no están

incorporados los sindicatos de algunos organismos públicos regidos por el apartado “B”, como

pueden ser los del IPN, Colegio de Bachilleres etc. Así se inició un largo trayecto jurídico que

delineó el perfil laboral de la burocracia, que tendría otro momento medular en 1960 con la

incorporación del apartado “B” al texto del Artículo 123 constitucional. Con este, los derechos

y las obligaciones de los trabajadores se elevaron a rango constitucional, condensándose

orgánicamente la representatividad de sus intereses en la existencia simultánea de la FSTSE,

que también surgió en 1938. Con ello, se hizo justicia a los reclamos de las décadas pasadas, y

se sentaron las bases de condiciones laborales de excepción que terminaron de concretarse de

manera formal en 1963 con la expedición de la LFTSE”.

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles considera que los trabajadores del

apartado “B” pueden recibir estímulos por tener un desempeño sobresaliente y puede ser en

dinero o en especie. El 7 de marzo de 1994 el gobierno federal (a través de sus Secretarías de

Estado) y la FSTSE firmaron el convenio para el mejoramiento de la productividad y calidad

en la Administración Pública Federal dentro del marco del Acuerdo Nacional para la

Elevación de la Productividad y la Calidad (firmado el 25 de mayo de 1992). Este es un

convenio de marco general para la administración pública que posteriormente tendrá que

especificarse por medio de convenios por dependencia. El convenio fija como sus objetivos el

fomentar una nueva cultura laboral de los trabajadores, mejorar la calidad de los servicios y el

nivel de vida de los trabajadores. Los medios que se plantean para lograr dichos objetivos

serían la modernización pública, el mejoramiento de los recursos humanos la innovación

tecnológica y el fortalecimiento de las relaciones laborales. En tecnología se reconoce la

interlocución a la FSTSE para proponer nuevos equipos; en las relaciones laborales se propone

mejorar la comunicación, propiciar la colaboración y la participación de los trabajadores.

Tiburcio Robles, Jesús Armando. “Relaciones Laborales en el sector público”. Documentos de Trabajo. Núm. 37. Edit. Fundación Friedrich Ebert. México, 1992.

26

B) LOS TRABAJADORES, LA LEY Y LA ORGANIZACI~N SINDICAL

DEL SECTOR PUBLICO

En México es posible distinguir cuatro componentes principales de la población asalariada

sujeta a contratación colectiva: a) los trabajadores que se desempeñan en actividades que son

de jurisdicción federal; b) los trabajadores que pertenecen a sectores económicos de

jurisdicción local; ambos sujetos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) reglamentaria del

apartado “A” del Artículo 123 de la Constitución; c) Los trabajadores que dependen del Estado

cuyas relaciones laborales son reglamentadas por la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado (LFTSE) (reglamentaria del apartado “B” del Artículo 123 la Constitución

Política), d) Los trabajadores de la Agricultura que pertenecen a organizaciones sindicales que

se adhieren a la Confederación Nacional Campesina (CNC), o a otras confederaciones a los

cuales no se aplican las disposiciones de la LFT.

Estos cuatro componentes están organizados en sindicatos cuya representatividad puede

clasificarse en dos grandes grupos: Los sujetos a la Ley Federal del Trabajo (apartado “A” del

Artículo 123) y los sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

(apartado “B” del Artículo 123). Existe una tercera categoría que corresponde a las

organizaciones del personal académico y administrativo de las instituciones de educación

superior (universidades) cuyas relaciones laborales se ajustan a una legislación especial, pero

que desde el punto de vista de la seguridad social pertenecen al sector público y en cuanto tal,

están adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE).

Nos ocuparemos sólo de los trabajadores del sector público sujetos a las disposiciones de la

LFTSE que, a su vez, pertenecen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicios

del Estado (FSTSE) y que agrupan esencialmente a “los titulares y trabajadores de las

dependencias de los poderes de la unión del Gobierno del Distrito Federal.

En términos cuantitativos, estimamos que basándose en los antecedentes disponibles (ISSSTE,

Anuarios estadísticos) la afiliación correspondiente a este sector equivale a más de un millón

cuatrocientos de trabajadores, que, junto a sus familias suman aproximadamente seis millones

27

de personas que de alguna manera están sujetas a las condiciones saláriales y a las prestaciones

que resultan de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) imperantes en el sector público.

Desde el punto de vista político, la existencia de los trabajadores al Servicio del estado como

un sector organizado distinto del resto de los trabajadores del país, tiene implicaciones

importantes. El Estado, al definir un interlocutor específico en la burocracia federal

representado por la FSTSE puede regular las relaciones laborales de sus trabajadores fijando

topes saláriales, entregando beneficios sociales (salud, educación, capacitación etc.),

promoviendo la construcción de viviendas, y definiendo condiciones de empleo diferentes a

las que predominan en el sector privado. La intervención de dicha política en el ámbito de las

relaciones laborales convierte al Estado han un actor importante que contribuye a moldear los

resultados globales obtenidos por los trabajadores mexicanos.

La FSTSE como integrante orgánico de la Confederación Nacional de Organizaciones

Populares (CNOP), uno de los tres pilares de los que está constituido el Partido

Revolucionario Institucional (PRI), convierte a aquella en una organización que no se limita a

la administración de cuestiones laborales, sino que interviene también en la movilización de

los burócratas dentro del sistema político”. La FSTSE es una caja de resonancia para los

problemas, reivindicaciones y demandas que pueden existir en un sector social como

numerosas ramificaciones en la estructura social. Puede ser una fuente de reclutamiento para el

liderazgo político en momentos de elecciones, y posee una parte de la diputación federal

adscrita al partido gobernante, es una fuente de apoyo de masas, especialmente en aquellas

movilizaciones generadas por el ejecutivo federal. La relevancia de la FSTSE no se limita a su

papel de negociadora de las condiciones de trabajo de la burocracia, representa un actor

político de primera magnitud.

LAS CONDICIONES DE EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO

Los trabajadores de sector público mexicano, están sujetos a una legislación laboral especifica,

tanto en sus relaciones de establecimiento de sus condiciones de empleo, como en lo que

’’ Schers. David, “El sector popular de México, el PRI”, PH.D University o f New México, 1972.

28

respecta a la forma en que pueden ejercer sus derechos laborales. Esta situación permite tener

una imagen muy concreta de cuales son dichas condiciones, así como hacer una comparación

con la situación existente en el sector gobernado por las disposiciones del apartado “A” del

Artículo 123 Constitucional y por la LFT.

Para relativizar la situación de los trabajadores del sector público comparándola con la que

rige a otros sectores y, la dinámica de los incrementos saláriales, por sector de trabajadores,

observamos que los salarios de dicho sector crecen más lentamente que los de otros sectores de

la fuerza de trabajo mexicana. Las condiciones de empleo en el sector público se separan de

las vigentes en otros sectores, en las prestaciones sociales: asignaciones familiares, prestamos

a corto plazo, créditos para construir o adquirir vivienda, préstamos preferenciales para

adquirir automóviles etc. (para observar bien estas prestaciones en necesario remitirse a la Ley

del ISSSTE) las prestaciones contribuyen a financiar el gasto familiar y cubren al trabajador y

a sus familiares directos. Fuera de las prestaciones individuales, existen las prestaciones

colectivas, identificadas con los servicios médicos que brinda el ISSSTE.

La disponibilidad de las cifras de asegurados directos al ISSSTE, que cubre la población que .

se adhiere a la FSTSE, más algunos sectores que no lo están, permite estimar la población

sindicalizada en el sector público.

Los sindicatos adheridos a la FSTSE no publican estadísticas de la afiliación totales ni

tampoco desglosadas por entidades federativas, secciones o especialidades profesionales, es

por ello que los estudios realizados la fuente principal de información respecto a la afiliación

indirecta reside en las estadísticas de asegurados del ISSSTE. Y que actualmente nos refiere

que es aproximadamente a más de un millón cuatrocientos afiliados a la FSTSE.

No fue sino hasta 1938 y paralelamente al proceso que tenía lugar entre los trabajadores del

servicio privado que se promulgo el “Estatuto de los trabajadores al Servicios de los Poderes

de la Unión” que normó el servicio público y reglamento la relación jurídica del trabajo

buro~rático’~. Dicho estatuto distinguió entre trabajadores de base y de confianza siendo los

I4 Bensunsan, Graciela, “Construcción y Desarrollo del derecho laboral en México”, en el Obrero mexicano, siglo

29

primeros susceptibles de ser integrados al servicio civil. Quedaron excluidos los trabajadores

de confianza, los militares y los integrantes del servicio exterior. Se reconocieron los derechos

de; estabilidad en el trabajo, la asociación de huelga limitada, la vigencia del estatuto duro

hasta 1941 cuando se derogó y fue reemplazada por otro que amplió el número de puestos de

confianza y aclaró las condiciones en que se realizarían los ascensos.

Fue sólo en 1960 cuando, la puesta en vigor del estatuto de 1938 se incorporó al apartado “B”

del Artículo 123 Constitucional que regula las relaciones de trabajo entre el Estado y sus

servidores. Los derechos de los trabajadores del Estado fueron elevados a rango constitucional

y su contenido fue reglamentado el 27 de diciembre de 1963 cuando se promulgo la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). El ámbito de aplicación de dicha

Ley fue el de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión, y de organismos

descentralizados e instituciones que tuvieran que ver a su cargo la prestación de servicios

públicos.

Se debe destacar que junto con el proceso legislativo tuvo lugar un proceso de organización

sindical, así en 1938 junto con la promulgación del Estatuto se fundó la Federación de

Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), que pasó a representar a los trabajadores de base de

la burocracia estatal (Estatutos de la FSTSE), culminación de un lento proceso de organización

de los trabajadores públicos que inició en 191 2 con la creación de la “unión de carteros de la

ciudad de México” y otras organizaciones. Dicha organización celebró un Congreso en 1936

en el que cambio su nombre a Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FNTE), que se

transformó en FSTSE el 5 de diciembre de 1938.

Inicialmente, la FSTSE agrupaba a 29 organizaciones sindicales, sobre todo en las Secretarías

de Estado y algunas empresas de propiedad estatal, su membresía se fue expandiendo para

alcanzar en años recientes unos 71 sindicatos nacionales y a más de millón cuatrocientos

afiliados. La FSTSE desde su creación, se adhiere al partido de la revolución y más tarde,

después de la fundación del PRI, establece una “declaración de principios””, que sus luchas

XXI, editores México, 1985.

“Declaración de Principios”, el “Programa de acción” y el “Estatuto de la Federación”, el prólogo fue escrito por

IS En este sentido puede observarse la edición de 1983 de los “Documentos básicos” de la FSTSE que contiene la

30

están integradas a las de esta organización política y por ende a la CNOP, de la que depende

directamente y a la que aporta cuadros y financiamiento. De esta manera con la existencia de la

FSTSE y con la promulgación de la LFTSE, los trabajadores del estado cuentan con una

organización y un ordenamiento legal que institucionaliza su lugar en el sistema político del

país.

Desde el punto de vista organizacional, debemos señalar que la FSTSE descansa en una

estructura en la que domina el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) compuesto de 32 secretarios

y de un secretario general, cuya presencia política no necesita destacarse ya que forma parte de

la estructura dirigente del partido de la CNOP. Vale la pena agregar que existen representantes

de la FSTSE ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la junta directiva del

ISSSTE, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE y la Procuraduría de la Defensa de los

trabajadores al servicio del Estado. La presencia de los dirigentes de la FSTSE en estas

instancias refleja el poder alcanzado por la organización en el plano político.

En cuanto a sus objetivos declarado, que están enumerados en el artículo 8 de su Estatuto

pueden resumirse en tres puntos fundamentales: a) la defensa de la categoría de empleados

públicos económica, y socialmente; b) el compromiso de los empleados con el gobierno de la

república y c) la promoción de todas aquellas de orden legal que pueden contribuir a mejorar la

situación de los empleados públicos.

La reseña anterior nos indica que la FSTSE, al agrupar a los sindicatos de trabajadores del

sector público en forma única, posee una importancia política considerable. Los sindicatos

nacionales, que representan a los trabajadores al servicio del Estado, constituyen también un

eje articulador de demandas y un instrumento de control de las mismas que repercute

directamente sobre los niveles jerárquicos más altos de la administración pública. Cada

sindicato de burócratas está organizado en secciones, cada una de las cuales tiene una

autonomía relativa para negociar condiciones generales de empleo particulares'6.

el Lic. Germán Parra. Secretario general de la FSTSE por el periodo de 1983-1986. l 6 Ibid.

31

En las disposiciones de la LFTSE queda asentada la responsabilidad de los titulares de las

dependencias de la Administración Pública Federal en cuanto a la fijación de las Condiciones

Generales de Trabajo. Dichos titulares deben tomar en cuenta la opinión del sindicato de la

dependencia para la fijación de condiciones, pero la responsabilidad les incumbe no obstante

vale la pena señalar que la fijación está sujeta a la autorización de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), que debe hacerse responsable de las prestaciones económicas que

signifiquen erogaciones con cargo al gobierno federal y que deban cubrirse a través del

presupuesto de egresos de la Federación, sin cuyo requisito no podrá exigirse al Estado su

cumplimiento (Art. 91 de la LFTSE). Las decisiones en materia laboral se toman dentro de

cada dependencia en lo que corresponde al área de las oficialias mayores de las mismas. Es a

través de la oficialía mayor, especie de Dirección General de Administración de cada secretaría

de Estado, en donde se procesan las demandas de los sindicatos y donde se laboran las

respuestas a las mismas. Las decisiones relativas a remuneraciones y prestaciones, así como las

que tienen que ver con la seguridad social se toman al más alto nivel y reflejan una política

elaborada en la cima del Estado. Ello repercute sobre lo que ocurre en el sector privado, ya que

los beneficios que reciben los burócratas son tomados frecuentemente como punto de

referencia en las negociaciones colectivas del sector laboral, sujeto al apartado "A" del

Artículo 123 de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo.

Con referencia a lo anterior podemos señalar algunas diferencias entre la LFTSE y la LFT para

así ver con mas detalle las CGT del sector público que es nuestro tema.

El derecho colectivo en la LFTSE en cuanto a negociación colectiva y huelga son derechos

inexistentes, por que el corporativismo impide el ejercicio de libertad sindical y la libre

formación de sindicatos y federaciones.

Entre las ventajas de la LFTSE con relación a la LFT, destacan: El aguinaldo de 40 días, frente

al de 15 días de la LFT; las vacaciones de 20 días desde el primer año, frente a los 6 días de la

LFT; la inmovilidad en el puesto de trabajo, el otorgamiento de la base a los seis meses a los

trabajadores públicos dan mayor estabilidad en el empleo; la jornada de trabajo diaria de 7

horas y 35 horas a la semana en la mayoría de los casos frente a la jornada diaria de 8 horas y

32

de 48 a la semana máxima, de los trabajadores del apartado “A”; la investigación obligatoria

previa al despido o baja, estos son los principales aspectos que se pueden destacar.

Entre las desventajas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se

encuentra; la rigidez y restricción de las negociaciones colectiva, la falta de bilateralidad en las

negociaciones y la rigidez de las Condiciones Generales de Trabajo; la organización sindical

del apartado “B” se encuentra limitada o casi impedida para la negociación de la materia de

trabajo de sus agremiados; otra limitante e ilegal medida hacia los trabajadores públicos son la

existencia de las “Contraloría Internas”, que existen en todos los centros de trabajo, que

abrogan facultades que son exclusivas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estas

son algunas limitantes entre muchas otras que podemos destacar.

Otra reforma importante que hay que señalar es la que se público el 1” de enero de 1983 en el

Diario Oficial de la Federación referente a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración

Pública, que implicó reducción de funciones y de la materia de trabajo de las dependencias, el

achicamiento de las Secretarías d estado que afecto a los trabajadores que fueron transferidos a

los gobiernos de los estados, a la iniciativa privada o simplemente desaparecieron sus plazas,

medidas arbitrarias y unilaterales repercutiendo en la inmovilidad en el puesto o lugar de

trabajo, afectando así la propia estabilidad en el empleo, entes una de las mayores ventajas de

este sector’ ’.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

A diferencia del sistema que se denomina Contrato Colectivo de Trabajo las Condiciones

Generales de Trabajo son el ordenamiento más preciso de las relaciones laborales en las

diversas dependencias desde el punto de vista de la forma de desempeñarse en el trabajo. Se

puede observar las CGT desde el punto de vista de su rigidez (obstáculos para emplear y

desemplear, usar la fuerza de trabajo dentro del proceso de trabajo y poner el salario en

función de la productividad), así como de bilateralidad.

17 Campos Limas, Jesús. “Las relaciones laborales en el sector público”. Trabajo y Democracia Hoy. Núm. 34 Año 6. México, 1996.

33

La bilateralidad contenida en las Condiciones Generales de Trabajo es muy restringida, puesto

que el titular de la dependencia cuando mucho oye al sindicato. Las CGT no se pactan sino se

emiten por el titular de la dependencia. Sin embargo, la unilateralidad no es total puesto que la

FSTSE contempla la existencia de comisiones mixtas de escalafón entre el titular de la

dependencia y el sindicato. Para el cese de un trabajador debe estar de acuerdo el sindicato, en

caso contrario lo decide el tribunal respectivo. Aunque las CGT son emitidas unilateralmente,

el sindicato puede objetarlas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Las Condiciones Generales de Trabajo refrendan aspectos de rigidez unilateral contenidos en

la LFTSE; la inmovilidad del trabajo, excepto por faltas graves: las especificaciones detalladas

de las funciones de los puestos; el catálogo general de puestos; la intervención sindical en el

cese de trabajadores; existencia de comisiones mixtas de escalafón; además no establece

límites para el empleo de trabajadores eventuales y la definición de puestos de confianza es

rígido pero unilateral.

En cuanto a la flexibilidad funcional, la definición del catálogo de puestos es bilateral y

pueden las CGT interpretarse en el sentido de la no-polivalencia; hay obstáculos serios para la

movilidad interna (sólo es posible entre adscripciones, sin cambio de categorías, funciones o

salario).

En síntesis, las CGT no tienen los presupuestos del modelo flexible de relaciones laborales,

salvo en aspectos puntuales; en cambio, contienen dosis apreciables de rigidez con

unilateralidad; pero la dosis de bilateralidad es menor a la que corresponde a los contratos

colectivos del apartado ”A”. Los obstáculos para su cambio más que la resistencia de los

sindicatos se encuentra en la cobertura que dan varias Leyes Federales a las Condiciones

Generales de Trabajo sin cuya modificación las últimas tampoco podrían ser flexibilizadas’*.

18 De la Garza Toledo Enrique. “El cambio en las relaciones Laborales en los trabajadores del apartado “B” ” Trabajo Núm I O . Edit. DCSH UAM-Iztapalapa. México, 1995.

34

Para visualizar mejor las características y los contenidos que poseen las Condiciones Generales

de Trabajo, trataremos de sintetizar su contenido, acerca de los temas que contienen y las

disposiciones que son las siguientes:

A) CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES:

Los trabajadores podrán ser de base o de confianza, interinos o eventuales. Se rigen dé acuerdo

con las disposiciones del Articulo 5" de la LFTSE. En algunos casos se incluyen otras

categorías como los investigadores científicos y el personal de Lista de Raya.

Los trabajadores de Base: Están conformados por todos los burócratas hasta el nivel de

coordinador de analistas, al término de seis meses cumplidos de trabajo ininterrumpidos. Es en

el nombramiento del trabajador que sé específica si é1 puesto que ocupa es basificable, fuera de

indicar el código presupuestal, el nivel, el salario, la fecha de ingreso y el tipo de empleo.

Los trabajadores de confianza: En los términos del Artículo 5" de la LFTSE son todos aquellos

cuyo nombramiento requiere la aprobación del presidente de la república o aquellos que

desempeñan funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, manejo de fondos o

valores, auditoria, control directo de adquisiciones, son responsables de entradas o salidas de

bodegas, investigación científica, asesoría o consultoría personal del Secretaría Particulares o

ayudantías, secretarios particulares, agentes del ministerio público federal y del Distrito

Federal, agentes de las policías judicial y preventiva, funcionarios del poder ejecutivo, en la

cámara de Diputados y Senadores, y funcionarios en el poder judicial.

Los trabajadores interinos: Son los que sustituyen temporalmente a otro trabajadora mientras

dura la ausencia del titular del puesto.

Los trabajadores eventuales: Son los que laboran un periodo menor de seis meses en función

de un contrato por obra determinada.

35

B) ADMISION Y NOMBRAMIENTOS

Las Condiciones Generales de Trabajo establecen los requisitos necesarios para optar a un

puesto. Se definen también los tipos de nombramiento: definitivo, interino, provisional, por

tiempo fijo o por obra determinada. Las causales de terminación de los efectos del

nombramiento pueden ser por abandono de empleo, renuncia, muerte, incapacidad física,

conclusión de la obra determinada, ausencia mayor a cinco días sin causa justificada y por

resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

C) JORNADA DE TRABAJO, HORAS EXTRAORDINARIAS, HORARIOS Y CONTROL

DE ASISTENCIA

Se fija una jornada laboral de 40 horas semanales de lunes a viernes, que equivale a un tiempo

completo. El tiempo extraordinario no debe exceder un cierto número de horas, ni un número

de veces en un periodo determinado. Cuando se trata de horas extras a una jornada ordinaria,

se pagan con 100% de recargo y cuando se trata de horas extras en días festivos o de descanso

obligatorio con 200% de recargo. En el caso de trabajo en lugares insalubres o peligrosos, la

jornada de trabajo durará sólo seis horas a la remuneración de las cuales se agregará una

compensación del 20% a las percepciones ordinarias. Se establecen requisitos de puntualidad y

de registro de las horas de entrada y de salida.

D) SUELDOS, SALARIOS, SOBRESUELDOS, AGUINALDOS, SEGURIDAD SOCIAL Y

PRESTACIONES

Las Condiciones Generales de Trabajo definen los distintos tipos de remuneración bajo el

principio de que a trabajo igual corresponderá salario igual. Los mínimos serán equivalentes al

salario mínimo nacional, y cada vez que éste sufra modificaciones los otros se modificarán

proporcionalmente. Se establece que se podrán hacer descuentos sólo por deudas contraídas

con el Estado como son: El descuento del ISPT, descuento de Préstamos de corto y mediano

plazo, crédito de vivienda etc. El aguinaldo se ajustará a las disposiciones de la LFTSE, la cual

prevé el pago de cuarenta días de salario integro pagables en dos cuotas equivalentes. En

36

materia de seguridad social y prestaciones, los trabajadores al servicio del estado son

acreedores a todos los beneficios que cubre el ISSSTE.

E) CAMBIOS DE ADSCRIPCION, PERMUTAS Y ESCALAFON

Las modificaciones a la adscripción de un trabajador son posibles siempre y cuando se realicen

dé acuerdo con la organización sindical y cuenten con el beneplácito del trabajador. Se pueden

otorgar comisiones para desempeñar comisiones sindicales, estas últimas pueden ser por

tiempos determinados solamente por el secretario general del sindicato de la dependencia y

sólo se da a conocer a la autoridad correspondiente donde labora el trabajador. Las permutas

sólo son autorizadas si los dos trabajadores están completamente de acuerdo que les conviene

el cambio ya sea de dependencia o área de trabajo y este movimiento por lo regular lo realiza

el sindicato con la autorización de las autoridades correspondientes de cada lugar donde se va

a llevar a cabo el movimiento. En lo que a disposiciones lagares constituyen el escalafón, se

compone de un catálogo de puestos de base, un registro individual de los trabajadores y del

derecho escalafonario. Además el escalafón está compuesto de cuatro grupos; profesional,

técnico, administrativo y de servicios, dentro de los cuales tienen lugar los movimientos

particulares de los trabajadores. También, en el caso de la comisión de escalafón existe una

comisión mixta que se encarga de un sistema organizado para llevar a cabo promociones de

trabajadores, ajustes en los nombramientos y autorización en las permutas, el escalafón se

implementa dé acuerdo con factores, entre los cuales están los conocimientos y la

capacitación, la aptitud, la antigüedad, la disciplina y la puntualidad. La dependencia en la que

se encuentran los trabajadores deberá promover mecanismos para que esos factores puedan ser

mejorados.

F) OBLIGACIONES DEL TITULAR

La persona a cargo de la dependencia es responsable de pagar salarios y prestaciones; afiliar a

los trabajadores en el ISSSTE; Proporcionar servicios sociales en donde no existan servicios

del ISSSTE; facilitar ascensos, permutas y ajustes; Cumplir con medidas recomendadas por la

comisión nacional mixta de higiene y seguridad; cubrir indemnizaciones y demás prestaciones;

37

Proporcionar útiles de trabajo; cubrir las aportaciones que fijen las leyes; indemnizar por

accidentes de trabajo etc., y otros beneficiosque son particulares a cada institución. El titular

es también responsable en algunos casos de proporcionar abogados y fianzas para los

trabajadores que estén procesados por actos ejecutados en cumplimiento de su deber. Debe

desarrollar programas de capacitación para el personal, expedir constancias, respetar el

régimen interno del sindicato, proporcionar a éste la información para la defensa de los

intereses de los trabajadores y guardar la debida consideración a los trabajadores absteniéndose

del mal trato de palabra y obra.

G) DERECHOS Y OBLICACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores deben desempeñar las labores propias del trabajo contratado, recibir su

salario, percibir indemnizaciones, participar en concursos escalafonarios, disfrutar de servicio

médico, obtener permisos y licencias, recibir trato respetuoso, cambiar de adscripción, gozar

de servicios sociales (guarderías, capacitación, turismo social), recibir ropa de trabajo

apropiada, participar en actividades deportivas, no ser separados de su empleo salvo por las

causales señaladas en las Condiciones Generales de Trabajo, obtener permisos para asistir a

asambleas sindicales, percibir equipo de seguridad, orientación jurídica y hacerse acreedores a

becas.

En contra parte, los trabajadores deberán prestar sus servicios en el tiempo convenido;

desempeñar funciones propias de su nombramiento con la intensidad y calidad apropiadas;

guardar reserva en los asuntos de su trabajo; evitar la ejecución de actos que pongan en grave

peligro su seguridad; asistir a cursos obligatorios de capacitación; usar los instrumentos de

trabajo que se le proporcione; observar medidas preventivas e higiénicas; someterse a

exámenes médicos, abstenerse de realizar propaganda durante las horas de trabajo; dar aviso

de robo de vehículos, etc.

H) LICENCIAS, DESCANSOS, VACACIONES, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS

Las licencias podrán ser con o sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo se otorgarán para el

38

desempeño de cargos de elección popular; para ocupar puestos de confianza y para aquellos

trabajadores que tengan un mínimo de años de servicio. Con goce de sueldo se aplican a los

dirigentes sindicales y a los trabajadores que desempeñan comisiones sindicales, así como a

los pasantes de todas las profesiones que pretendan obtener un título profesional; a los

trabajadores accidentados debidamente acreditados en el ISSSTE; al trabajador que sufra la

muerte de un familiar; el nacimiento de un hijo, desempeñe labores insalubres, o practique un

deporte que implique asistir a competencias; a la mujer en estado de gravidez, al padre o

madre con un hijo enfermo, etc. Los descanso sólo se otorgan con notas buenas que el

trabajador durante un mes no tiene ninguna falta grave o más de tres retardos en este tiempo,

existen también descansos estipulados en las Condiciones Generales. Las vacaciones se

aplican a los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio y serán

divididas en dos periodos de diez días hábiles cada uno. Las vacaciones no son acumulables.

Se establecen procedimientos especiales para el goce de las vacaciones por parte de los

trabajadores enfermos. Las mujeres en estado de gravidez tienen derecho a un mes de licencia

con goce de sueldo antes de la fecha del parto y a dos meses más después del mismo.

En algunos casos se otorgan estímulos consistentes en diplomas, notas al mérito, distintivos,

medallas, premios en efectivo. En otros casos pueden otorgarse recompensas como vacaciones

extraordinarias, becas a instituciones del país o del extranjero, premios en efectivo. Todo ello

se brinda también como resultado de la acumulación de antigüedad en el trabajo.

I) HIGIENE, Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

Se aplican las disposiciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado, de la Ley Federal del Trabajo y de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación. Además se establecen comisiones mixtas de Higiene y Seguridad que

deben velar por las condiciones en que se desarrolla el trabajo en cada dependencia, y por que

los trabajadores reciban las indemnizaciones que les corresponden en caso de sufrir un

accidente. Se fijan procedimientos en casos de accidentes como es el levantamiento de acta,

aviso al ISSSTE, certificación de lesiones por el médico titulado, conocimiento del agente del

ministerio público etc., igualmente de fijan procedimientos para casos de muerte en el trabajo.

39

Los exámenes médicos se solicitan al trabajador en caso de que sus enfermedades sean muy

frecuentes y si es que cubre las incapacidades que presente, así para valorar si se les dan a

veces licencias médicas o lo que requiera el trabajador enfermo.

J) PROHIBICIONES Y SANCIONES

Abandonar el trabajo, ausentarse en horas laborales, portar armas, ingerir bebidas

embriagantes, destruir, sustraer y extraviar documentos oficiales, comprometer la seguridad

por descuido, imprudencia o negligencia; causar destrucción, hacer anotaciones falsas en las

tarjetas de registro; hacer préstamos con interés o retener sueldos por encargo de otras

personas; solicitar, insinuar o aceptar del público gratificaciones u obsequios por dar

preferencia en el despacho de los asuntos; penetrar en las oficinas fuera del horario establecido

autorizado, etc. Todas estas son causas susceptibles de ser sancionadas.

Las sanciones por incumplimiento de lo anterior pueden ser amonestaciones verbales, escritas;

amonestaciones con notas malas; suspensiones temporales en sueldos; remoción a otra unidad

de trabajo, cese o baja, dichas sanciones se aplicarán después de investigaciones previas y la

comprobación de la falta cometida. Existe también el derecho de apelación a un funcionario

superior como puede ser desde un director hasta un oficial mayor de cada dependencia, esto es

si las actuaciones o procedimientos laborales de é1 afectan a una mayoría de trabajadores,

pueden pedir su remoción.

K) LOS CONFLICTOS LABORALES Y SU RESOLUCION

Los conflictos laborales en el sector público y su resolución no están sujetos a las

disposiciones legales vigentes, como una lectura de éstas pudiera hacer pensar. Existen formas

casuísticas para la resolución de los mismos que se ajustan frecuentemente a la forma en que

cada titular de las dependencias del estado define su responsabilidad en esta materia. El

conflicto laboral, así como todos los reclamos y peticiones (suspensión de plazas

escalafonarias congeladas, revisión de catálogo de puestos de trabajador por dependencia,

descongelamiento de sobresueldos, reclasificación de las zonas de vida cara, elevación del

aguinaldo a fin de año, actualización de las Condiciones Generales de Trabajo, puesta al día de

40

pagos atrasados, reclamos por el funcionamiento de las clínicas del ISSSTE, reestructuración

de los tabuladores, incremento del número de créditos hipotecarios del ISSSTE, etc.) en el

sector público es inseparable de la consideración de asuntos políticos.

w u d 2 3 3 9 7 Y

El procedimiento para resolver las demandas de los empleados públicos difieren

completamente de la negociación colectiva, procedimiento que es común en el sector privado.

La discusión de algunas de las demandas señaladas posee una dimensión política que las otras

no poseen. Sobre todo en la Secretaría de Programación y Presupuesto puede observarse un

procedimiento que involucra una definición de las relaciones con la Federación de Sindicatos

de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que aparece una y otra vez en las

declaraciones de los titulares de la secretaría, como en las de los dirigentes sindicales. Se llega

de esta manera, a una politización y una centralización consecuente de la discusión de las

demandas. Por lo cual no existen procedimientos como son la conciliación, el arbitraje o la

mediación. Se trata de la entrega de beneficios por parte del Estado con la consulta previa a los

sindicatos, pero no de una negociación propiamente como tal. Así pues, la resolución de los

conflictos laborales del sector público es un proceso eminentemente po l í t i~o '~ .

C) LO QUE SE PROYECTA PARA EL TRABAJADOR DEL SECTOR

PUBLICO: EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

En los años recientes son cada vez más la voces, que se inclinan por declarar agotada la etapa

del desarrollo estabilizador; la del estado gigante y acaparador de la infraestructura y los

servicios que sirvieron para subsidiar el crecimiento y madures del capital privado; la del

Estado paternal soporte del consumo popular; la del Estado corporativo, integracionista,

vertical y limitante para la competitividad de las fuerzas sociales. Se sugiere, por consiguiente,

la necesidad de alcanzar una nueva racionalidad económica y estructural del Estado que

permita cambios importantes con una nueva sociedad emergente. Esto es el reconocimiento de

que se presenta un potencionamiento de la actividad social y política tanto en las clases como

en los diversos grupos y sectores organizados con la fuerza real, en una aguda y contradictoria

etapa de transición que ya perfila un México, diferente ante el nuevo milenio.

41

Este es el sustrato que ha dado cauce a la propuesta gubernamental de reformar al Estado,

misma que se conceptualizó públicamente en el Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas

en 1989, aunque sus fundamentos básicos quedaron asentados a lo largo de la década de los

ochenta. Esta iniciativa, como objetivo declarado no se limita a promover una reestructuración

económica aislada, sino que se propone la transformación de la vida nacional entera2’.

En este sentido las acciones de gobierno repercuten en forma directa en el ámbito laboral del

país, por haber jugado el Estado durante mucho tiempo, el papel de mayor y más importante

empleador. Los avanzados Contratos Colectivos de Trabajo, producto de organizaciones

sindicales fuertes, creadas en su entorno, son ahora el objetivo de las innovaciones

tecnológicas, los cambios en las relaciones laborales, de la organización del trabajo. y de la

reestructuración productiva. Por esa razón, el análisis de lo que sucede en las empresas para

estatales es el indicador para tratar de explicar, lo que puede ser nuevo esquema de relaciones

y reglas del juego laboral entre el Estado y los sindicatos, mismas que se producen entre

empresarios y los sindicatos.

Trataremos entonces en nuestro caso, de ubicar la secuencia exclusivamente de la parte laboral

de la política de modernización administrativas. que se expresa en el programa para

implementar un Servicio Civil de Carrera en los empleados del sector público.

Entre los antecedentes a lo que hoy se denomina Servicio Civil de Carrera (SCC), encontramos

un frustrado proyecto de Ley del Servicio Civil que data de 191 l . Otro es el acuerdo

presidencial de 1934 que habla sobre la Organización y Funcionamiento del Servicio Civil,

ambos instrumentos fundamentan el Estatuto Jurídico de 1938, el cual después de su

renovación de 1941 sería la antesala para que expidiera la LFTSE en 1963. Las iniciativas

legales entorno el SCC fueron concebidas para normar las condiciones laborales de los

trabajadores públicos, que al igual que el funcionamiento administrativo de las instituciones

del Estado, carecían de un sistema normativo que regulará su acción. En su momento, hubo

’’ Ibid. ’ O Carlos Salinas de Gortari; “Reformando al Estado”, Nexos, No. 148; abril, 1990, pp. 27-32.

42

intentos para que esto se subsanara en el contexto de la Ley Federal del Trabajo (que data de

193 1) pero al no haber ocurrido así, el objetivo, se dijo, quedó satisfecho con la LFTSE.

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se definieron como objetivos: el perfeccionamiento

de los sistemas de administración de los recursos del Estado; la regulación de las

responsabilidades de los servidores públicos y el fortalecimiento del control y vigilancia de la

administración. Como instrumento concreto, se proponía instaurar el Servicio Civil de Carrera

y general así las condiciones de una eficaz carrera administrativa fomentando la vocación de

servicio del personal federal y su capacitación permanente. Se pretendía también dar

regularidad y coherencia a las expectativas de crecimiento laboral de los empleados públicos.

Esa iniciativa formó parte de una política económica enfocada hacia la profunda

transformación de las funciones económicas y productivas del Estado, así como de su relación

con la sociedad. Sus grandes ejes eran el control de la inflación, el saneamiento de las finanzas

públicas, la apertura de la economía hacia la mayor participación del capital privado y hacia el

exterior y la disminución del peso de las exportaciones de petróleo en la economía nacional.

Sin embargo, los hechos se sobre ponen a las leyes o a sus proyectos. Ni hay una ley propia

para el SCC ni ha sido necesario, hasta ahora modificar la Ley Laboral para que tomen forma

las determinaciones -mecanismos administrativos con carácter obligatorio- emitidas a lo largo

de ocho años. Finalmente, aceptando que las medidas aplicadas son formulas administrativas

que pueden quitar poder a las representaciones sindicales y por tanto, una pérdida de control

sobre los trabajadores, surge también la pregunta de ¿hasta donde el SCC podrá afectar la

naturaleza del sindicalismo aplicado hasta hoy y en particular el de la FSTSE.

PROYECTO GUBERNAMENTAL

Dentro de la estructura de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), se crea en 1983

la Direcci6n General del Servicio Civil. A esta instancia se le concedieron amplias facultades

para la fijación de políticas y toma de decisiones sobre aquellos aspectos medulares de las

relaciones laborales aplicables al personal al servicio del Estado. Cinco meses después de esta

disposición. se creó la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, integrada por los titulares

43

de las Secretarías de Gobernación, Programación y Presupuesto, Contraloría General de la

Federación, Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como el Secretario

General de la FSTSE. En ambas instancias se adoptan medidas y decisiones trascendentes.

Con estas dos estructuras administrativas se afianzó un proceso de cambios profundos en las

particularidades del trabajo en el sector público. Por otra parte se dejó de lado el

procedimiento salarial basado en las llamadas categorías presupuéstales y fue sustituido por el

tabulador general de salarios. Por la otra, se adicionó al Artículo 20 de la FSTSE la obligación

de clasificar laboralmente a los trabajadores con la participación sindical, sobre la base del

Catálogo General de Puestos que a su vez sustituyó al Catálogo de empleo de la Federación.

Estas iniciativas tomaron la delantera a la comprensión y posibilidades de respuesta de los

trabajadores del Estado y sus organizaciones. La dirigencia de la FSTSE se incorporó a la

Comisión Intersecretarial en los términos previstos y tal vez, en la mayor de las directivas de

los sindicatos sin gran preocupación, interés especial, o quizá sin un conocimiento de los

contenidos y las posibles implicaciones de los proyectos del SCC.

No fue sino hasta 1984, cuando los acontecimientos tomaron un giro distinto. El detonante fue

la discusión pública de dos documentos alusivos: el proyecto para la instauración del Servicio

Civil de Carrera en México, de circulación extraoficial y autoría adjudicada por la voz general

de la SPP, y el Proyecto Tipo de Condiciones Generales de Trabajo, que era el anexo V del

informe de labores de la SPP, correspondiente al periodo del 1". de septiembre de 1983 al 31

de agosto de 1984.

Los objetivos aparecen menos rebuscados a lo largo del texto referido:

- Modernizar urgentemente la Administración Pública.

- Promover la eficacia y la productividad del Sector Público.

- Establecer condiciones adecuadas para la superación.

- Perfeccionar los sistemas administrativos.

- Lograr convergencia de la actividad y la aptitud del trabajador en la institución en que

labora.

- Mejorar la regulación de las actividades de trabajo.

44

- Fomentar la vocación de servicio en el personal.

- Crear condiciones de trabajo y debida adecuados para los trabajadores que permitan la

eficaz prestación de servicios.

- Sistematizar integralmente la administración del personal.

De manera más explícita se dice que el SCC tiene como finalidad vincular la obtención de los

objetivos nacionales e institucionales con la profesionalización y el desarrollo de los

servidores públicos, comprendiendo desde el ingreso del trabajador hasta su separación de la

función pública. Se dispone crear como mecanismo para aplicarlo, un Modelo que incorpore

como funciones necesarias:

- Clasificación de puestos.

- Selección y contratación de personal.

- Remuneraciones.

- Promociones.

- Desarrollo de personal.

- Planeación de Recursos Humanos.

- Relaciones jurídico laborales.

- Programas de Seguridad Social e higiene.

- Sistemas de información.

Este modelo abarca todas las etapas por las que debe pasar un trabajador al establecer su

relación laboral con el Estado2'.

RESPUESTA SINDICAL

Con esta información en sus manos, fueron principalmente los sindicatos independientes y las

corrientes democráticas quienes desencadenaron las reacciones que mediante eventos y

publicaciones habrían de influir y desembocar las acciones oficiales del sindicalismo federado.

'' Ibid.

45

En octubre de 1984 se realizó en la Ciudad de México el primer Foro Nacional sobre Servicio

Civil de Carrera. De la síntesis de los resolutivos de las mesas de trabajo se obtuvieron los

siguientes acuerdos unitarios:

- Difusión amplia en los sindicatos de los acuerdos

- Entregar los acuerdos a la FSTSE y al Congreso del Trabajo

- Exigir a la SPP la entrega a los sindicatos de los documentos oficiales relativos al proyecto

del SCC

- Difundir ante la opinión pública los resultados del Foro

- Impulsar Foros Regionales sobre SCC entre los trabajadores del sector público

- Organizar y promover otros foros nacionales.

- Formar una comisión de representantes sindicales que se abocara a la instrumentación de

los acuerdos.

Los dos puntos de vista el de los sindicatos independientes y corrientes democráticas sobre el

proyecto del SCC lograron atraer la atención sindical sobre el SCC al interior de la FSTSE, la

cual a lo largo de 1985 convocó a la realización de cinco Foros Regionales y a uno Nacional.

En formal y oficialmente, la FSTSE adoptó esa línea con motivo de la celebración de su XIV

Congreso Federal en marzo de 1986. Consecuentemente, a partir de entonces la aplicación

global del proyecto de la SPP pareció congelarse. La Comisión Intersecretarial y la Dirección

General de Servicio Civil fueron regularizando sus funciones y concentrando las decisiones a

las que hemos aludido, pero no prospero en la discusión sobre un proyecto de Ley respectivo.

Tampoco lo hicieron el resto de las medidas específicas incluidas en el proyecto original.

La atención misma de los grupos y organizaciones sindicales tomó otro giro, ya desde 1985,

quienes habían llamado la atención nacional sobre el SCC se vieron ante la necesidad de

dedicar sus esfuerzos para responder a los ajustes presupuéstales en el sector público y los

consiguientes recortes de personal. Para julio de ese año se estima en cincuenta mil

trabajadores despedidos en sector gobierno**.

El desplome de los salarios y la reducida distancia económica entre nivel y nivel del tabulador

salarial no hacían nada atractiva la posibilidad de hacer carrera como trabajador público. La

Roberto Wilde; Quien es quien en el recorte”, El cotidiano; año 2, No. 7, Ago-Sep. 1985. UAM-A.

46

crisis ha destrozado el intento de aplicar un instrumento laboral novedoso, como pretendía

serlo el tabulador sálarial. Sé hacia constar que estos efectos negativos repercutían con mayor

fuerza en el personal ubicado en los grandes grupos ocupacionales de técnicos y profesionistas;

el Estado viene perdiendo importantes cuadros técnicos formados por é1 con su respectivo

costo social. Con ello se debilita al Estado y por ende, a la Nación.

Bajo esa óptica, resultaba difícil pensar en una verdadera y útil carrera dentro del Servicio

Civil circunstancia agravada por la desigualdad de trato para los trabajadores de base en

comparación con los de confianza, contando los segundos con salarios muy superiores, aún sin

tomar en cuenta otro tipo de percepciones a que son acreedores los mandos medios y

superiores.

D) EL PROYECTO DE LA FSTSE CON RESPECTO AL SERVICIO CIVIL

DE CARRERA

Los cambios de dirigencias, primero en el Gobierno Federal en diciembre de 1988 y después

en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en marzo de

1989, fueron condición propicia para reactivar las iniciativas de un proyecto general para el

Servicio Civil de Carrera, las cuales se nombrarían en el XV Congreso Federal en el cual se

nombrara a la nueva directiva de la FSTSE.

En ese Congreso, el dictamen de la mesa de trabajo instalada para tratar el tema de la LFTSE,

concluyó, con el acuerdo de buscar la bilateralidad en la fijación de las Condiciones Generales

de Trabajo para cada Dependencia, así como el apoyar la implantación del Servicio Civil de

Carrera. En ese sentido, se buscaría una más adecuada paridad ante la Comisión

Intersecretarial del Servicio Civil. Los resolutivos del evento hicieron suyos estos puntos y

facultaron al Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE para que se abocara a hacer todo lo que

estuviera en sus manos para la implantación del Servicio Civil de Carrera.

47

Como expresión de estos acuerdos, en septiembre de 1989 se presentó la Estrategia de

Mediano Plazo para la Carrera de Servicio Civil, para el periodo 1989-1 992. A partir de

entonces la manifestación pública de las pretensiones y de las medidas aplicadas en torno al

SCC han quedado básicamente en manos de la FSTSE como representación sindical ante la

Comisión Intersecretarial. Las iniciativas sindicales son las que han permitido que las fases del

proyecto del SCC recobren vida, aunque no necesariamente han sido sus propuestas las que

han encontrado cabal aplicación. De cualquier forma, con el surgimiento de esta estrategia, se

abrió una nueva etapa para las posibilidades del SCC en México.

ESTRATEGIA DE MEDIANO PLAZO c.. ? . m,. * Y, h . r ,.$I.- \':" .\ ; *-: *

Ofrece como objetivo general tratar de que el Gobierno Federal adopte una política de &$s..' desarrollo del personal que permita a los trabajadores su superación salarial, profesional y d 5-?

" S , I',

(-3 i

sociocultural. Se agrega que eso será posible si, se cumplen los siguientes objetivos: c ;Tj 5 (2 m '2

- Establecer una política salarial global. justa y equitativa que cumpla con el precepto 9 0 2z.

constitucional de igual pago a igual trabajo, colocando en línea coherente a los tabuladores

saláriales del sector central y organismos descentralizados con los tabuladores \J

profesionales ya existentes, esto es, que cuenten con tabuladores profesionales.

6 9 y c 9: y m

L.: . . <;I 2 p1: t.2

- Configurar y ejercer una política de adiestramiento, capacitación y becas para estudios <-I 3, c z ;,!

.. 4 "

medios, profesionales o de especialización, que permita su ascenso y/o cambio a otras

funciones de mayor horizonte.

- Establecimiento de estructuras escalafonarias que reflejen la organización y esquemas de

trabajo reales de las dependencias y se correspondan con una estructura salarial que

incentive.

- Construir los reglamentos funcionales e intercomunicados del escalafón, donde el

trabajador compita por su propia superación y no con sus compañeros, mediante

procedimientos ágiles e impersonales.

- Que los sindicatos y sus representaciones legítimas. recuperen su papel protagónico activo

en la lucha de los aspectos más sentidos del trabajador

48

De allí que para afianzar esas bases, la estrategia de propone cuatro metas muy concretas:

l . Utilizar todos los niveles del tabulador con separaciones sustanciales.

2. Llegar a establecer una carrera salarial de base que tenga como mínimo un rango de 3.5

veces el Salario Mínimo General.

3. Que cada trabajador tenga el puesto y el salario que realmente corresponda a sus funciones,

terminando con las asignaciones por favoritismo.

4. Que todas las organizaciones sindicales, cuenten con su tabulador y sistema escalafonario

funcional e intercomunicado

RESULTADOS PARCIALES DE LA ESTRATEGIA

Primer punto. El efecto del tabulador no logró aproximarse al objetivo de contar con

diferencias sustanciales entre nivel y nivel, que incluye a las tras zonas económicas

contempladas en el Tabulador General Salarial. Esto debido a muchas cuestiones que se

hicieron desde el gobierno como el reducir niveles, congelándolos y compactándolos en unos

cuantos.

Segundo punto. No se a podido avanzar para obtener en el corto plazo una base salarial

sustantiva, como correctamente lo establece la estrategia, que un trabajador que presta sus

servios en el sector público encontrará motivación para hacer del Servicio Civil parte de su

proyecto como trabajador, se requiere desde el punto de vista salarial, tenga un punto de

partida sustancial y metas con expectativa de crecimiento, el punto comparativo para esto se

establece con el Salario mínimo General pretendiendo que sea superado en 3.5 veces por el

ingreso más bajo en la burocracia, pero, contrastando estos dos elementos saláriales, a partir

del surgimiento de la iniciativa del SCC, encontramos que para finales de 1983 que el nivel

más bajo era superior al Salario Mínimo General en un 1.8 veces. En tendencia decreciente,

esta relación ha llegado a un efímero 10% favorable al salario burocrático, con lo cual se

puede decir que prácticamente están equiparados.

49

En general, los incrementos directos y reacomodos tabulares han tenido efectos favorables

principalmente para los grupos ocupacionales de técnicos y de profesionistas, que son los que

se encuentran en los niveles superiores. Se ha presentado una desigual disminución de la caída

salarial advirtiéndose un alto grado de indefinición para el futuro, dado que pareciera la

posibilidad de movimientos tabulares y se prefigura la continuación del PECE, pues no se han

alcanzado las metas gubernamentales para los indices de la inflación.

La segunda de las líneas estratégicas propuestas en los Consejos de la FSTSE ofrece iniciar un

proceso de recuperación de la economía familiar mediante apoyos por la vía de las

prestaciones y el acercamiento de mercancías a menos precios que los que se ofrecen en el

marcado. En este apartado se encuentran el Fondo del Ahorro Capitalizable, el Sistema

Nacional de Descuento promovido y administrado por la FSTSE. La adjudicación generalizada

de la Tarjeta Plan joven de la Comisión Nacional del Deporte, y la reciente puesta en marcha

de la tarjeta de crédito (FSTSE-Bancomer, FSTSE-Banorte etc.).

La tercera de las líneas estratégicas era iniciar un proceso de regularización salarial en los

grupos críticos. Donde ya se ha visto los resultados saláriales, sólo han reforzado a los grupos

técnicos y profesionistas.

Una cuarta línea reitera los trazos de la Estrategia de Mediano Plazo: desarrollar una estrategia

de Servicio Civil justa que promueva el desarrollo profesional de los trabajadores siendo

también orientada al crecimiento de la productividad del Estado en mayor beneficio de la

sociedad.

Tercer punto. Un lugar y un salario para cada cual realmente compatibles con las actividades

que realiza en el trabajo. Es una tarea que está aun por realizarse en varias dependencias, en

donde ya existen estructuras para ello, ameritan frecuentes modificaciones y actualizaciones.

Cuarto punto. A nivel central se han dado pasos importantes y progresivos para racionalizar las

estructuras y funciones laborales. El procedimiento que se ha utilizado es la reestructuración

del Catálogo General de Puestos que en 1989 contaba con un total de 563 puestos de trabajo,

50

agrupando a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal; en 1990 se redujeron a

289 y en 1991 sobrevivieron 149. Lo anterior ha tenido repercusiones en el número de ramas

ocupacionales y en el total de niveles escalafonarios.

De acuerdo con estos esquemas, se disminuye la dispersión de los puestos laborales en toda la i,

burocracia, se racionaliza la definición de sus funciones y se crean verdaderas expectativas

escalafonarias que pueden hacer atractivo emprender una carrera laboral en el sector público.

El siguiente paso sería instaurar tabuladores profesionales o por rama de actividad donde no

los haya, así como el impulso concertado de escalafones realmente funcionales en cada una de

las instituciones.

Pero la compactación

también, el punto de

tabular, eliminación de puestos y redefinición de funciones pueden ser

partida para una mayor flexibilización en el uso de la mano de obra

mediante lo que podemos llamar el empleado múltiple. Si esto no se presenta en el contexto de

nuevos esquemas gerenciales y administrativos, formas ágiles de administración de recursos

humanos y proyectos de incrementos de la productividad con capacitación y beneficios reales

para los trabajadores, en el corto plazo las organizaciones sindicales verán mas atrofiadas su

representatividad y su capacidad de negociación; pero la falta de reglas más claras, afectará en

un lapso no mucho más prolongado a los objetivos de crear un ambiente sano que posibilite la

ejecución de las prácticas que el estado reformado debe asumir23.

CONCLUSIONES DEL CAPITULO I1

El proyecto inicial para hacer del Servicio Civil de Carrera una carrera fue considerado de

corte autoritario e inadaptable, dado que tomaba como modelo sistemas aplicados en otros

países desarrollados. Bajo un esquema similar pero con otros conceptos, la nueva fase con la

iniciativa de la FSTSE parece no haber tenido mejor suerte en cuanto a sentar las bases de

lanzamiento para generar expectativas de crecimiento laboral: buenos niveles saláriales;

tabuladores regulares: catálogos de puestos coherentes con el trabajo y escalafones ágiles,

funcionales, remunerativos y vinculados con la productividad. Esto, no desmerece a los

esfuerzos hechos y los avances de que los datos dejan constancia, pero éstos también permiten

ver que interviene una variable de alto peso; la etapa de transición y por lo tanto de

incertidumbre abierta desde la década de los años ochenta.

Los limitados resultados obtenidos hasta ahora pueden orillar a concluir la inviabilidad del

SCC en México. Sin embargo, la necesaria reforma del Estado ofrece una posibilidad de

actualizar y regularizar las condiciones laborales de los trabajadores públicos, de tal manera

que otorgue a éstos beneficios y permita que aquel satisfaga sus requerimientos. Seguramente

el SCC habrá de adoptar modalidades particulares por centro o rama de trabajo, reconociendo

la heterogeneidad del medio en el cual se trata de implementar. Encontrándose que una de las

mayores complicaciones a las que se enfrenta se trata de globalizar condiciones laborales en

Secretarías de Estado e Instituciones descentralizadas, a pesar de las diferencias que existen

entre estas dos.

Esta problemática deberá, entonces, ser abordada con una perspectiva de más largo alcance

para darle mayor profundidad a la estrategia de la FSTSE, de tal suerte que pueda trascender a

posibles altibajos en los futuros cambios de la dirección sindical.

a) Dado que el proyecto de establecer una Carrera de Servicio Civil no está aún sustentado en

un rango de Ley que de bases para su instauración integral, se corre el riesgo de que las

medidas puntuales que se van adoptando no tengan carácter obligatorio tanto para los

titulares de las dependencias como para las representaciones sindicales. El cambio en la

52

legislatura federal puede ser el marco en el que, desde una óptica sindical, se aporten

propuestas para un proyecto de ley respectivo.

b) Es perceptible que hasta hoy, la principal preocupación ha sido encontrar respuestas a la

presión ejercida por la caída salarial, lo cual da la impresión de que se ha dejado de lado la

conceptualización y el impulso de medidas concretas, sobre el tipo de organización y

relaciones del trabajo que los sindicatos proponen para el Estado reformado. Por tanto, el

debate nacional que se ha abierto en torno a posibles modificaciones en la legislación

laboral es un terreno del cual los trabajadores de la burocracia no pueden estar ausentes.

c) En lo que se refiere a la estrategia salarial parece conveniente hacer un ajuste

complementario, pues resulta difícil compactar el tabulador y eliminar puestos en forma

indefinida. No es conveniente continuar con ésta práctica, ya que se expone a los

trabajadores a una indefinición laboral que puede terminar revirtiéndose a los propios

sindicatos. El insistir en incrementos directos al salario, debe ser acompañado de una

política que establezca mecanismos concretos de medición, evaluación y remuneración de

los incrementos en la productividad del trabajo. Esto, implica una actitud diferente y un

nuevo esfuerzo de los sindicatos.

d) Empezando por el camino que ya está abierto, definir claramente las funciones de cada

puesto en los catálogos institucionales, ubicar tabularmente a los trabajadores de acuerdo a

las actividades que realiza y, establecer procedimientos escalafonarios que ofrezcan

beneficios significativos. Se trataría ahora de volverlos ojos hacia las preocupaciones e

intereses cotidianos de los trabajadores, cuya defensa requiere cada vez mayor preparación,

creatividad e imaginación. Es un reto al que se tienen que enfrentar los grupos dirigentes

ya consolidados en sus organizaciones, pero también las nuevas generaciones de

sindicalistas que hasta hoy se han quedado en la denuncia económica y coyuntural y hacer

de lado aquella tradicional práctica sindical que enfatizó en las prebendas y el clientelismo

para alcanzar apoyo y participación política.

e) Para que el Estado reformado pueda cumplir con los objetivos que se ha trazado, requiere

también del apoyo como representante patronal. No sólo desde los niveles donde se trazan

las líneas generales. sino de aquellos que representan directamente las dependencias e

instituciones. Se necesita voluntad de cambio y disposición en los asuntos laborales, para

hacerlos concertadamente con los trabajadores y sus representaciones.

53

La propuesta de reformar el Estado tiene entre sus fundamentos, la idea de que han madurado

lo suficiente las organizaciones de la sociedad, entre los trabajadores de campo y la ciudad, los

empresarios y los grupos profesionales y urbanos. Se conjugan elementos de la política y los

distintos intereses en el mundo del trabajo. El país se enfrenta a la apertura comercial en este

campo, el Estado deberá jugar una función reguladora para que sus resultados sean equitativos

y no concentrados. En ello, deberá jugar un importante papel la modernización laboral con la

participación directa de las organizaciones de los trabajadores a su servicio.

54

CAPITULO 111

EL TRABAJO DEL SECTOR PUBLICO EN LA DISYUNTIVA DE LA

REFORMA DEL ESTADO

A) ¿ QUE ES LA REFORMA DEL ESTADO?

La Reforma del Estado en tiempos como los actuales es un imperativo. Como proceso

deliberado para obtener resultados mediante estrategias de cambio institucional, se orienta a

conseguir a favor del desarrollo de la sociedad una cobertura más clara de las acciones del

Estado. La parte medular de la Reforma del Estado es abatir costos innecesarios que

repercuten en la vida pública, eliminar el patrimonialismo de la función pública y determinar

las áreas que corresponden a la vida de la sociedad y las que corresponden al Estado.

En términos de ampliar y mejorar sus capacidades de dirección, la Reforma del Estado permite

dotarlo de mejores medios de gobierno. Esto implica dejar atrás la visión estatista y

burocratizada que se tiene de la sociedad para dar paso a la existencia de un Estado útil, eficaz

y socialmente necesario. Un Estado reformado considera en el diseño y ejecución de sus

políticas los costos, los beneficios y las ventajas de sus decisiones. La Reforma del Estado es

también una toma de conciencia para revalorizar que los recursos públicos son escasos por lo

tanto, no pueden aplicarse con propósitos de ganancia clientelar.

La Reforma del Estado devuelve a este su razón de ser: Responde con creces a la sociedad.

Esto significa que sus funciones tienen que ser consecuentes con el progreso y el desarrollo de

la sociedad, y no asumir tareas que en sentido estricto no son fundamentales. Cuando el Estado

aumenta su intervención de espaldas a la sociedad, sobreviven situaciones que deterioran su

capacidad de conducción y situaciones donde el déficit fiscal y el uso excesivamente

politizado de los recursos financieros y presupuéstales provocan que broten lealtades no

ciudadanas, sino partidistas, gremiales o corporativas.

55

En su Reforma el Estado da cara para no volver a fungir como centro omnipresente y

omnicompetente del quehacer público. La eficacia del Estado no depende de su tamaño

burocrático, de su densidad administrativa, ni de su amplitud organizacional. Su eficacia

depende de la calidad que produce para atender las necesidades del crecimiento económico, el

bienestar social y el desarrollo sustentable. Su perfil organizacional y funcional debe ser aquel

que garantiza a la sociedad mejores condiciones de vida y, las libertades civiles y políticas.

Todo esto en contextos en que los recursos son escasos, las demandas en competencia

numerosas, y los reclamos por la justicia redestributiva, constante^^^.

En conexión con el punto anterior, la categoría Reforma de Gobierno, es la que permite situar

el redimensionamiento de la Administración Pública. Es considerada la causa principal de los

desajustes del Estado. Hoy su importancia exige revalorarla como una institución creativa e

indispensable. La administración pública constituye el sistema de capacidades que los Estado

han institucionalizado para asegurar el bien público y los intereses políticos, que los

identifican como organizadores de poder legal y legítimo.

La Reforma de Gobierno se asocia con la importancia que tienen los procesos de gestión

pública. La misma se refiere al cúmulo de acciones que organizan e impulsan la dirección y

regulación de la sociedad. Por su importancia estratégica en el comportamiento de la vida

democrática, la Reforma del Gobierno alude también a la concepción, diseño, decisión y

ejecución de las políticas que dan estabilidad y desarrollo a la sociedad.

Los gobiernos no pueden ser ya cortos aislados y cerrados de deliberación y decisión

burocrática; tampoco sitio en el que se estructuran decisiones que no recogen la opinión

ciudadana; menos ámbito de fallida pretensión autárquica. Los gobiernos deben ser ahora

instituciones abiertas, receptivas, que se adopten y sean inteligentes y que recojan de la

opinión ciudadana la materia prima (información) para dar sentido y organicidad a sus

políticas.

'' Uvalle Berrones, Ricardo. "El redimensionamiento de la Administración Pública". El Cotidiano. Núm. 72 Año 12. México. Edit. UAM-Azcapotzalco, octubre 1995.

56

Esta noción del gobierno es propia de tiempos que, como el actual, dan cuenta de que la

conducción de la vida ciudadana es un proceso abierto y democrático, no cerrado y unilateral.

La Reforma de Gobierno se plantea en contextos que son más contestatarios, informados y

participativos. Ello exige romper los formatos omnicomprensivos de lo que debe ser la acción

de gobierno. Lo unilateral, lo discrecional y las tendencias a la burocracia son ajenos a la

convivencia democrática. No lo son, en cambio, la información de cómo se lleva a cabo la

gestión pública ni la publicidad de la política.

De acuerdo con lo señalado, la Reforma de Gobierno puede categorizarse como un conjunto de

procesos que tienen como objetivo analizar, revisar, evaluar y mejorar los rendimientos de la

gestión pública considerando costos, ventajas y beneficios tanto de las decisiones públicas

como las políticas. Asimismo, incorporar al proceso de gobierno las aportaciones tecnológicas

que contribuyen a que la toma de decisiones y sus respectivos cursos de acción sean efectivos

en términos de racionalidad progresiva”.

La Reforma de Gobierno puede plantearse de acuerdo con los puntos siguientes: 1) El

redimensionamiento de la Administración Pública; 2) La profesionalización del Servicio

Público; 3) Las modificaciones legales al régimen administrativo; 4) el impulso a los

Programas de Simplificación y Desregulación Administrativa; 5) La institucionalidad del

Servicio Civil de Carrera y 6) El impulso a los proyectos de Descentralización política y

Administrativa.

En este caso, sólo nos referiremos a lo que es el Redimensionamiento de la Administración

Pública, que forma parte de lo que es la Reforma del Estado. La administración pública es el

gran medio que permite al Estado gobernar la sociedad. Su misión institucional se relaciona

con los objetivos que dan vida a los proyectos de un país. Es una actividad amplia, positiva,

constructiva y transformadora. Su actividad es común a los individuos, las organizaciones, las

familias. las comunidades y los municipios. Su compromiso es con el sano desenvolvimiento

de las fuerzas productivas, el aumento del crecimiento económico y la búsqueda del bienestar

57

social. Considerada como el gobierno de la comunidad; tiene como meta conservar,

transformar y preservar la sociedad aspirando a elevar sus condiciones y niveles de vida.

EL REDIMENSIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MEXICANA

No hay duda que la administración pública mexicana ha jugado un papel innegable en la vida

de la nación, también es cierto que su expansión es producto de las carencias de un país que

como México, fincó en el Estado la base fundamental de su progreso. El carácter protector del

estado mexicano es el que explica el papel protagónico de la administración pública y su

redimensionamiento debe contextualizarse en los logros, carencias, contradicciones e

insuficiencias de la acción estatal y gubernamental. Su redimensionamiento no responde a

situaciones casuísticas, sino a requerimientos de los cambios nacionales y mundiales. Esta es

una nueva realidad, que por su dinamismo y desarrollo, es en algún sentido inevitable. Es una

realidad nutrida de hechos no siempre previsibles, en este sentido, la sociedad civil mexicana

se expresa más como una sociedad abierta, lo cual obliga a revisar y replantear las tareas

sustantivas de la administración pública.

De 191 7 a 1982 las reformas a la administración pública se impulsaron para racionalizar su

vida centralizada, intervencionista y multifacética. Respondía este propósito al paradigma de

un Estado intervencionista y comprometido con las banderas del bienestar social postuladas

por la Revolución de 1910 y la Constitución de 191 7 , es hasta 1982 que las distintas reformas

administrativas fueron, reformas encaminadas a eliminar obsolencia, deterioros y desgastes

que inhibían el desempeño fructífero de la administración pública, mismos que eran

sufragados con costos altos.

El Estado mexicano y su administración pública sacudidos y permeados por la profundidad de

los cambios tecnológicos que en la última década han provocado la mundialización de la vida

estatal. la integración de las economías abiertas, la formulación de agendas comunes de

gobierno, la integración de comunidades de Estados y la intensidad de la competencia en una

escala que no tiene precedente.

I

58

De 1983 a 1988, el redimensionamiento de la administración pública se traduce en políticas

que detienen su crecimiento administrativo, depuran su funcionamiento y corrigen sus excesos.

Destaca en este caso la política de privatización, fusión, liquidación y transferencia de

organismos y empresas públicas que llegaron a la suma de 1,115 entidades. El

redimensionamiento seguido tiene como meta de gobierno disminuir el tamaño administrativo

del Estado y por eso, la propia administración pública es reestructurada con estrategias

financieras.

En el periodo de 1988 a 1994 continúa la disminución organizativa y funcional de la

administración pública. La política de privatización responde ahora al concepto de Reforma

del Estado. Se trata de una reforma que proclama no más Estado propietario ni administrador.

Es una reforma no propensa a la expansión de la administración pública, sino a su contracción

y disminución. Es también un periodo en el que las tesis del marcado tienen injerencia para

situar y evaluar los costos de la administración pública.

Es un periodo en que los recortes a las plantillas de personal se acentúan, provocando que los

trabajadores al servicio del Estado tengan que vivir sólo con la inseguridad en el cargo, sino

que enfrentan un sistema económico que no los reubica con rapidez y en algunos casos cancela

esa posibilidad26.

En este caso, trataremos de dar cuenta de uno de los aspectos importantes que intervienen en

las Reformas del estado, se trata de analizar la dinámica que ha presentado el empleo público,

si el volumen de este tipo de empleo ha disminuido durante la década de los ochenta, como el

discurso neoliberal pareciera sustentar en aras de la modernización del Estado.

Para investigar empíricamente la evolución del empleo público y, algunos de los posibles

efectos de la Reforma del Estado sobre los servidores públicos, es necesario, analizar: La

Administración Central, constituida por las Secretarías y los Departamentos de Estado, nos

dedicaremos a lo que es la evolución del empleo público en la administración central durante

los ochenta y al inicio de los noventa para tener un panorama más amplio.

x Ibid.

59

El empleo público en la Administración Central mexicana es uno de los ordenadores de

análisis se ha sustentado en la propuesta de que la dinámica del empleo público estará más

estrechamente vinculada. que en otros mercados de trabajo, con la orientación política y

económica de cada régimen presidencial, precisamente por asumir al Estado como empleador.

De aquí se puede desprender el seguimiento por periodos sexenales.

Miguel de la Madrid inició su periodo presidencial en medio de una situación financiera que éI

mismo calificó como de emergencia en su discurso de toma de posesión. Así ante la profunda

crisis económica con la que comenzó este sexenio, una buena parte de la atención se centró en

resolver los problemas económicos aplicando medidas de corto y largo plazo.

En las medias de corto plazo, por ejemplo, el programa inmediato de reordenación Económica

entre los programas, y entre las medidas de largo plazo, los lineamientos centrales iban por el . " .

lado del fortalecimiento de la rectoría del Estado y la reestructuración del sector paraestatal a :, ;.?

través de la disminución de su tamaño y, la transformación de su papel como una de los ejes ! ; I ";I . _

del desarrollo económico nacional.

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Por lo que toca al sector central, también se hacen reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la 21,

Administración Pública Federal con la idea de adecuar una vez más la estructura orgánica de la

administración central para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados. Hay que destacar

es que junto con esta reestructuración de la administración central se manejó también la

necesidad de reducir el gasto público a través del recorte de personal. Este objetivo se enmarco

en la tónica que guiaba el encuadramiento legal de las relaciones entre el Estado y sus

trabajadores y que era la de la modernización y la optimización del aparato admini~trat ivo~~.

A mediados del sexenio (1985) las autoridades argumentaban explícitamente en torno a la

necesidad, debida a la situación de crisis económica a reducir los gastos del gobierno, entre

otras cosas, recortando al personal de la administración pública. El número de trabajadores

'' Blanco Mercedes. "El empleo público en México". El Cotidiano. Núm. 72 Año 12 México. Edit. UAM- Azcapotzalco, octubre 1995.

60

afectados se dieron a conocer diferentes datos. según del grupo que provenían y donde,

aparentemente, la parte oficial tendía a disminuir la magnitud de la medida y la parte afectada

la sobrestimada.

La línea oficial, representada por los secretarios de Estado, los líderes sindicales y por la

propia Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del estado (FSTSE), hablaba de

acciones tales como las de reubicar y basificar a los trabajadores del Estado, sin embargo, estos

últimos sentían la amenaza de un recorte de personal. Está situación provocó una gran

inquietud entre la mayoría de los empleados públicos, tanto de la administración central como

de la paraestatal, ante el temor de perder su trabajo, se constituyó un Frente Intersecretarial

para la Defensa del Empleo y el Salario (FIDES) que se opuso abiertamente a tales reajustes de

personal.

El recorte de personal no se dio sólo entre los trabajadores de menor calificación, sino también

afecto a los mandos medios y altos ya que, como producto de una reestructuración interna de la

administración central y paraestatal (por ejemplo, desaparecieron 15 subsecretarías y 50

direcciones generales), se liquidó a un grupo de funcionarios.

Por lo anterior y porque, buena parte de los puestos en la administración central se enmarcan

legalmente bajo la garantía de la inmovilidad en el empleo, el número de personas que

continuaron laborando en la administración central a lo largo del sexenio de De la Madrid no

sólo disminuyó sino que incluso aumento ligeramente. En los últimos meses, pero se reitera en

términos macro estructurales y de evolución en el nivel agregado, lo que en realidad sucedió es

que el ritmo de crecimiento en la Administración central si disminuyó, sobre todo comparado

con los sexenios anteriores, pero no se dio un cambio de la tendencia histórica hacia la

expansión. es necesario señalar que ese decrecimiento en números absolutos de empleados en

la administración central, en el último año del sexenio de Miguel de la Madrid, podría estar

apuntado a futuras transformaciones estructurales por lo que se observa en los primeros años

del régimen de Carlos Salinas de Gortari. En los anuarios estadísticos del ISSSTE, se ve

claramente una reducción del número absoluto de trabajadores que laboran en la

administración central entre 1988 y 1989, sin embargo para 1991 y 1992 se presenta un leve

61

incremento. Este sería el caso, durante el régimen de Salinas de Gortari, del Pronasol, que

congregó a un buen contingente de empleados a su servicio pero que no esta incluido en el

universo aquí considerado.

Para finalizar el análisis del crecimiento del empleo público en la administración central

mexicana ha puesto la consideración de una variedad de elementos tanto económicos como

políticos para su investigación, así este análisis de la reducción del número absoluto de

trabajadores que laboran en la administración central entre el final del mandato de Miguel de

la Madrid y el inicio del de Salinas de Gortari permite suponer cambios en la tendencia

histórica de evolución del empleo público. Esta afirmación debe ser evaluada cuidadosamente

porque después del decrecimiento inicial es este último sexenio hubo un leve incremento28.

B) LA PROFESIONALIZACION DEL ESTADO MEXICANO

Otra Reforma del Estado Mexicano, es la de su profesionalización, problema que se ha venido

señalando desde principios de 1994: la urgente necesidad de un reforzamiento de la

profesionalización y los sistemas de carrera de los funcionarios públicos, funcionarios de

confianza, diferentes de los trabajadores de base.

Una de las formas en que diversos países han buscado la eficiencia, honradez y

profesionalismo de las administraciones públicas ha sido la de los Servicios Civiles de Carrera.

Básicamente consisten en sistemas que regulan la entrada y promoción de los funcionarios

públicos con base en el mérito y la capacidad profesional y no en los vínculos partidarios o

personales. Incluye también los principios de seguridad laboral y de que a igual nivel o función

igual categoría y salario. Busca proteger a los funcionarios de las evaluaciones de tipo político,

darles seguridad en el empleo y posibilidades de promoción profesional. Con esto intenta

también atraer candidatos bien calificados, desarrollar una memoria administrativa y políticas

demás largo plazo, así como sustituir estructuras de castigos por estructuras de incentivos

monetarios y profesionales dirigidas a que los servidores públicos cumplan sus labores de una

manera profesional y justa.

Ibid.

62

En México, la mayoría de los servidores públicos no están realmente regidos por un servicio

civil de carrera. En diversos momentos se ha intentado desarrollar servicios de carrera en

varias áreas o incluso para el conjunto de la administración pública, se menciona por

integrantes del PRI que en los ochenta, el desarrollo de un servicio civil se detuvo por que

hubiera implicado dar mayor poder a los sindicatos, quienes deseaban administrarlo.

Por ello, en los últimos años un grupo importante de funcionarios y especialistas de la

administración pública mexicana ha venido insistiendo en que para alcanzar políticas públicas

más eficientes, honradas y en efecto públicas en nuestro país, así como una mayor legitimidad

administrativa, se requiere de una mayor profesionalización de nuestros funcionarios, lo que

implica entre otras cosas la incorporación de algunos elementos de los servicios de carrera29.

Es de destacar que el reciente Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo propone la introducción

del Servicio Civil de Carrera, primero en algunas áreas y luego en el conjunto de la

administración pública mexicana.

Por su puesto, todo esto tendría que implicar un órgano superior que formule ciertos,

principios generales de las carreras, y en general que articule y dé seguimiento al paquete de

reformas que debería acompañar su introducción, a fin de impedir que las carreras sean

demasiado heterogéneas o cerradas. Como ya se señalo de manera insistente, la introducción

de servicios civiles y en general la modernización administrativa a ella asociada se debe dar a

la manera de una política pública; esto es, con una estrategia y objetivos generales bien

pensados y coordinados, basados en diagnósticos precisos y con una programación de

objetivos a la que se le puede dar seguimiento.

A pesar de que el Estado se resiste a cambiar, no ha dejado de impulsar su reforma apremiado

por encontrar salidas a su evidente desfase respecto a la economía y la sociedad mexicanas.

Las condiciones impuestas por la mundialización y particularmente la indigencia efectiva del

TLC con Estado Unidos y Canadá, lo constriñen y empujan a la conversión.

’’) Méndez, José Luis. “La profesionalización del Estado Mexicano. ”. El Cotidiano. Núm. 72 Año 12. México. Edit. UAM-Azcapotzalco, octubre 1995.

6 3

La centralidad de los intereses del capital en el Estado y la necesidad de encontrar una salida a

la crisis del modelo de acumulación, completamente a la deriva a principio de los ochenta,

determinó el predominio de las políticas neoliberales de reestructuración productiva y

modernización. Se modificó así la orientación estatal y con Carlos Salinas de Gortari la

Reforma del Estado se concibió como un ajuste de cuentas con el tradicional intervencionismo

estatal, que priorizó en la práctica el adelgazamiento del Estado obeso, esto es, básicamente el

remate del extenso sector paraestata13'.

La Reforma Económica del Estado que dirigió Carlos Salinas de Gortari durante 1988-1994,

esbozó una verdadera revolución conservadora y no parece que ésta vaya a revertirse. Un

Estado más institucionalizado, menos patrimonialista, engarzando adecuadamente al mercado

y la economía, en extremo cambiante sin duda navegará con menos incertidumbre por una

transición que no parece avistar tierra firme. No implica necesariamente un Estado

democrático, pero si un Estado sin tantas rigideces y despilfarros, sin esa presencia apabullante

e incontrolada que llegó a subordinar al conjunto de la sociedad. Más bien se trata de montar

un Estado flexible ante los designios y transmutaciones aceleradas del capital, capaz de

garantizar con prontitud atractivas condiciones de acumulación internas, en el marco de una

economía dominada por el proceso de mundialización y nuevos actores mundiales.

En general la Reforma del estado se presenta como la necesidad de cambiar sus distintos

componentes (los poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como las formas, condiciones

procesos y relaciones que comprenden. Sin embargo, aún poco preciso el sentido y magnitud

de los cambios. El objetivo sería, al parecer dar vida a una república democrática con poderes

acotados y en equilibrio, combinando un ejecutivo central fuerte con poderes regionales

capaces de actuar por su cuenta, federados voluntaria y equitativamente.

La Reforma Política del Estado es, por su puesto, una Reforma de la forma de dominación de

clase y no puede dejar de expresar los intereses materiales predominantes. Pero como es la vía

para el restablecimiento del imprescindible consenso social, de la legitimidad estatal, por

64

fuerza debe considerar e integrar de una u otra manera al menos una parte de los intereses y

aspiraciones de las clases subordinadas.

Si el estado no tiene la competencia para condensar de cierto modo intereses diferenciados de

clases contradictorias, irremediablemente caerá en la reproducción del autoritarismo

excluyente y en formas de legitimación frágiles y polarizantes.

Por eso es que, si bien la Reforma Económica del Estado ha podido avanzar el detrimento

claro de una parte de la sociedad, la cual está siendo afectada duramente en sus intereses

materiales, la Reforma Política, tiene que abrir, al menos parcialmente, algo más que válvulas

de escape. Y para que la reforma electoral contribuya deberás a rehabilitar la legitimidad del

orden prevaleciente, requiere involucrar a nuevos actores sociales y no sólo a los aparatos

partidarios y estatal. A una sociedad tan diferenciada y desigual (social, cultural, regional,

demográficamente), que no ha dejado de activarse y resistir, dando vida a una multitud de

organizaciones formales e informales de carácter diverso (gremial, sectorial, barrial, local,

profesional, religioso, ciudadano etc.), o que hecha mano incluso de sus organizaciones de

defensa tradicionales, como los sindicatos, no se le puede seguir constriñiendo a

representaciones sobrepuestas que, las más de las veces les resultan ajenas.

Bien, la Reforma Política del Estado debe garantizar una transición efectiva hacia un nuevo

periodo de estabilidad y gobernabilidad, no puede dejar de abrir cauces de participación social

en su proceso de reformulación. Como la reforma de la intervención estatal en la economía, la

reforma política del Estado, la completa reorganización del estado y el régimen político son

hoy esenciales si han de modernizarse efectivamente conforme al tiempo, los ritmos y las

nuevas condiciones materiales, sociales, políticas y geográficas de México y el Planeta3'.

Por otro lado, cuando se quiere hablar sobre algún aspecto de la vida nacional en la década de

los ochenta, debe hacerse siempre bajo la necesaria referencia a la crisis por la que atraviesa la

sociedad mexicana. La crisis no conlleva sólo a aspectos de difusión y ruptura, sino que

3' Anguiano, Arturo. "Nuevo ropaje del Estado Mexicano". El Cotidiano. Núm. 72 Año 12. México. Edit. UAM- Azcapotzalco. octubre 1995.

65

también abre un marco de posibilidades reestructurantes para los sujetos sociales y sus

proyectos, necesariamente implica una reformulación de la relación Estado-sociedad. Al

abordar cualquier ámbito de la política gubernamental es sumamente importante hacerlo bajo

esa óptica, es en esa perspectiva donde se escribe la estrategia de modernización propuesta por

el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

La modernización aparece como un imperativo de la crisis, pero no se trata de un proceso

neutro no anónimo, sino que lleva el sello de la racionalidad capitalista de los grupos

dominantes, que puede reconocérsele como un proceso de adecuación transformación de las

distintas relaciones y comportamientos sociales vigentes y sus proyectos, cada uno de los

cuales pone en juego su viabilidad política y económica para incidir en la gestión estatal.

La crisis en las” sociedades contemporáneas, es la denominada crisis de gobernabilidad. A

dicha problemática de gobernabilidad se le ha procurado atender a través de dos estrategias

alternativas: a)Una de corte neoliberal que buscaría aliviar la sobre carga de expectativas y

demandas que afronta el Estado, restringiendo sus tareas y funciones, para dar paso a las reglas

de mercado y b) Reforzamiento de la capacidad estatal para atender los problemas y demandas

sociales, o al menos para promover formas de corresponsabilidad para afrontarlas.

Estas dos estrategias no son absolutamente excluyentes, aunque, obviamente, su combinación

en un proyecto de gobierno no resulta homogénea ni constante para los distintos ámbitos de su

aplicación social. El proyecto salinista, situado en el contexto descrito de crisis,

modernización, ha optado por una combinación donde la estrategia neoliberal es prioritaria

para asumir la fase de transición que aspira al control de la inflación y a recuperar el

crecimiento3’.

POLITICA LABORAL Y SISTEMA POLITICO.- La política laboral ha cubierto un amplio

espacio de las relaciones de poder, bajo el intercambio de compromisos entre el estado y las

organizaciones sindicales y empresariales, aunque sus procedimientos nunca se han

caracterizado por la deliberación y el debate abiertos, sino por mecanismos de representación

66

cupulares donde la definición provino esencialmente del poder ejecutivo, dejando escaso

margen a las iniciativas del movimiento obrero y de los empresarios.

Sin embargo, las políticas estabilizadoras y de ajuste estructural aplicados durante la década de

los ochenta, requirieron la transformación de las relaciones del estado con los actores sociales.

Si desde el sexenio de Miguel de la Madrid se promovieron dichos cambios, en la actual

administración el proceso ha continuado con mayor énfasis buscando fundamentarlo en una

reforma del Estado -condición de la modernización del país- que deje atrás la idea de que la

justicia social es proporcional al tamaño de la propiedad y atribuciones del estado.

Se trata, así, de formular una nueva racionalidad para las políticas socioeconómicas del

Estado, reinterpretando principios vitales heredados de la Revolución Mexicana, tales como el

carácter de nacionalista y de justicia social que debieron alentar la acción gubernamental.

Ahora las relaciones laborales aparecen claramente como relaciones no privilegiadas en el

aspecto del sistema político, abriéndose más la resolución de su disputa a la capacidad de cada

fuerza para imponer sus intereses, lo cual no implica que se elimine la promotoria

gubernamental para establecer concertaciones y evitar riesgos sociales33.

El modelo de las relaciones laborales vinculada al régimen corporativo, se ha caracterizado por

los siguientes rasgos:

a) El carácter autoritario de las instituciones laborales, legitimado por el sentido titular de la

intervención estatal.

b) Un referente político-ideológico que subestima la efectividad de las formas y

procedimientos legales, creando incertidumbre sobre el alcance de los derechos y

obligaciones de los trabajadores y patrones.

c) La homogeneización de las condiciones de trabajo de la legislación y, más en general del

conjunto de relaciones de trabajo a partir del intervencionismo estatal; pero a su vez,

también se significó por los incumplimientos a tales disposiciones.

.+ ”” Bensunsan Areous, Graciela. Política y Gobierno en la transición Mexicana. “Política laboral y proyecto de gobierno”. México. Edit. DCSH UAM-Xochimilco, 1996.

67

d) Un régimen sindical corporativo con prácticas antidemocráticas, encargado del control

social y político de los trabajadores, a través de una relación clientelar y paternalista entre

dirigencia y las bases.

e) Un rígido y complejo patrón contractual.

f) Una reglamentación burocratizada del derecho de huelga, que muchas veces inhibe la

expresión de los conflictos y otras llega a obstaculizar su resolución.

Este proceso de transformación y reconversión de las relaciones laborales profundizará el

carácter dual y polarizado de la estructura productiva. al coexistir un pequeño pero poderoso

grupo de empresas modernas y exportadoras, con una mayoría de medianas y pequeñas

unidades productivas atadas al mercado interno.

En este proceso aparece la política de reprivatización de empresas públicas, que exige y

fomenta una mayor flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo y la flexibilización se ha

expresado en:

a) La delimitación o desaparición de la intervención del sindicato en la implementación de los

cambios en los procesos de trabajo;

b) Aumento de la movilidad interna;

c) Ascenso por calificación;

d) Salario vinculado a la productividad y por hora.

La vinculación entre Política laboral y la Política Económica diseñada para enfrentar la crisis y

orientar su resolución. se aprecia de mejor manera cuando se analiza el aspecto específico de

lo salarial. Esta transición implica resolver el problema inflacionario, ajustando las estructuras

internas de producción, consumo y precios. Desde la óptica gubernamental, una forma de

regulación dirigida a controlar la inflación, como premisa para un nuevo modelo de

acumulación y crecimiento.

Es esta perspectiva, la determinación del salario ha tenido que ver cada vez menos con el

mercado y la demanda internos y. en esa misma medida, su referente fundamental tampoco es

el costo de la vida ni un supuesto modelo de consumo obrero masivo y estandarizado,

68

quedando entonces como referente prioritario para el salario el costo de producción y de la

productividad empresarial. Así es como la política salarial se oriento, desde el sexenio pasado,

bajo el firme principio de la austeridad que privilegia la protección de la planta productiva, la

ganancia empresarial y la preservación de las fuentes de empleo, por encima de toda disputa

salarial emprendida por los trabajadores.

Es de sobra conocido que el estado mexicano tiene dos formas básicas de intervenir en la

regulación del salario: la manera directa en la fijación del salario mínimo y establecer los

correspondientes salarios de los trabajadores a su servicio; y de manera indirecta sobre los

salarios contractuales, a través de las autoridades e instituciones laborales que concilian al

respecto3'.

Los salarios mínimos son los que se establecen mediante la CNSM y el PECE en 1988, los

contractuales son los que el mismo Estado determina el monto para los trabajadores a su

servicio. La racionalidad del proyecto gubernamental se ha instrumentado básicamente a partir

de los acuerdos del PECE y por las políticas concretas de las agencias correspondientes.

Es esto ha existido acuerdo entre los sectores gubernamental y empresarial: mientras no crezca

la economía del país, no habría incrementos reales en el salario de los trabajadores ni creación

de fuentes de trabajo. Con todo la estrategia gubernamental ha logrado sortear hasta ahora las

más drásticas impugnaciones a su política salarial.

Hasta ahora, el cambio de modelo económico y el ajuste correspondiente en las relaciones

laborales ha operado a través de los mecanismos corporativos incorporados en la legislación

vigente, que forman parte del sistema político; por tanto, podría suponerse viable su

conservación para avanzar en el tránsito hacia el mundo de la competitividad y el mercado.

Ibid.

69

C) EL SINDICALISMO MEXICANO FRENTE A LAS REFORMAS DEL

ESTADO

El sindicalismo mexicano durante el transcurso de su desarrollo fue adquiriendo la

característica de contribuir al ejercicio del poder por parte de un Estado que también se

conformaba y constituía como el agente rector de la nación. Se formó entonces una alianza

entre el Estado y el sindicalismo. donde ambos pudieran obtener beneficios. La relación que se

conformaba entre el Estado y el sindicalismo fue el de una asociación simbiótica. donde

mediante esta alianza el Estado ha asegurado, además del apoyo electoral al partido oficial

(PRI), un apoyo constante a sus medidas de gobierno. Mientras que para el sindicalismo su

carencia con el Estado se volvió un elemento básico para el logro de reivindicaciones.

El desarrollo del Estado mexicano, en tiempos del gobierno del general Lázaro Cárdenas,

exigía la institucionalización del partido gobernante y la necesidad de mantener una fuerza

social y política agrupada en sectores, es por ello que se constituye el sector obrero

representado por la CTM. Para el sindicalismo mexicano esta institucionalización está

formalmente incorporada a la estructura del partido oficial, generando limitaciones para

defender los intereses de sus representantes, al ser estos considerados principalmente como

instrumentos y no como interlocutores. La relación corporativa ha servido para que el Estado

resuelva autoritariamente conflictos graves y para que la conciliación se mantenga como forma

de arreglo.

El funcionamiento efectivo de los organismos establecidos para la negociación entre Estado,

sindicatos y empresarios es limitado. De hecho, el corporativismo mexicano reproduce

prácticas poco democráticas, muy centralizadas en la instancia ejecutiva gubernamental, con

una intervención vertical y centralizada en las cúpulas sindicales donde la estructura

organizativa de las centrales obreras funciona definitivamente, favoreciendo las prácticas

antidemocráticas, el consenso pasivo y el clientelismo.

70

El corporativismo se encuentra ahora en crisis y se presenta con un sindicalismo que no logra

ocupar un lugar primordial y de defensa de los trabajadores en la llamada "Reforma del

Estado" que de cierta forma tiene sus inicios durante el régimen de Miguel de la Madrid

Hurtado, con el objeto principal de darle una determinada dirección a la economía para sacarla

de su estancamiento y retroceso que sufre el país.

D) COMPORTAMIENTO OBRERO Y SINDICAL ANTE LA

MODERNIZACION ESTATAL EN LOS TRES ULTIMOS SEXENIOS

Hace más de quince años, el país inició un acelerado proceso de cambio que hoy llamamos ~ * b . . . * ~ . " S :

".. cu: transito a la modernidad. En dos lustros, México, transformo su perfil. Los gastados \ contenidos del Estado protector surgido de la Revolución Mexicana comienzan a ser Fb'-.""

n... - I

desplazados por urgencias internacionales ineludibles. El futuro de la nación empezó a c' 9 52 1;:

t.,,

depender de su capacidad de competencia en el mercado mundial.

A partir de 19833'. el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se propuso terminar con la nr 7- ? g

inercia que durante décadas impidió la modernización de la planta productiva mexicana. Desde cLJ n; Ir: o,

is q el aparato institucional se impulsaron una serie de reformas jurídico-administrativas destinadas i3; "1 5

rTl 52 a facilitar los nuevos procesos. Significativos sucesos políticos cambiaron rápidamente su 0

P r,,

sentido a la rectoría económica del Estado. La sociedad mexicana delineó de diferente manera

sus contornos, lo mismo que la idea de organización social en que se apoyaba.

. .

México ha sufrido en este periodo un profundo cambio político durante casi los dos sexenios

pasados y el presente. Recuento de urgencias políticas que en su solución terminarían por

construir una nueva relación entre el Estado, la economía y la sociedad; audacias jurídicas que

eligieron un renovado proyecto nacional; acuerdos cupulares que edificaron un pacto social

diferente; atrevimientos políticos que impusieron la contradictoria ideología del liberalismo

social.

-3 5 Es difícil marcar fechas precisas, pero podemos hablar o señalar como inicio del tránsito en México a la ~nodernidad en el momento en el que se da a conocer públicamente el Plan Nacional de Desarrollo, el cual señala los objetivos políticos de la transformación del aparato estatal.

71

El origen y el fin de la batalla era la reestructuración productiva del aparato económico

nacional. El arma utilizada: la flexibilidad laboral, donde se trata de implantar una nueva

racionalidad en la producción que quitara rigidez, tanto a los sistemas de máquinas empleadas,

como a la forma de organización del trabajo.

Las opciones alternativas creadas desde los asalariados y de la democracia sindical que

abandera esta lucha dejaron de tener sentido en los ochenta, la tendencia del sindicalismo

independiente a organizarse por área de producción se sustituiría, en la nueva racionalidad

impuesta por el círculo de calidad. El obrero especializado dejó de ser la figura central del

aparato de producción, convirtiéndose en obstáculo para su desarrollo; el obrero calificado

abandonaría su supuesta vocación autonomista para empezar a hacer suyo el discurso

flexibilizador, y la gran masa asalariada, sin calificación ni especialización, que encontraba

sitio en los anteriores sistemas tayloristas, fue expulsada de los espacios productivos de punta

y enviada a engrosar las ya de por sí abultadas filas del desempleo.

De este controvertido y desigual proceso y cambio social, político y cultural, seguiremos

hablando; en lo particular de la respuesta que los trabajadores mexicanos dieron a la estrategia

de reestructuración productiva impulsada por el capital. Es pertinente señalar que se va a

entender como respuesta obrera y, antes de ello, precisar como se va a entender al obrero; es

un sinónimo de trabajador asalariado que pertenece a una organización sindical, es una figura

más amplia que aquélla concebida tradicionalmente. Por respuesta obrera; se define al

conjunto de formas que adopta, desde los trabajadores, el conflicto capital-trabajo, en un

espacio y en un tiempo determinado.

La respuesta obrera en este periodo (1 982-1 993) se expresó en dos grandes modalidades:

1) La respuesta obrera instituciona1izada.- Son todo tipo de conflictos establecidos entre el

capital y el trabajo dentro de los tiempos y espacios que marca la Ley, la contratación

colectiva y la autoridad laboral. Respuesta obrera ejercida en un marco de la lucha de

clases controlado, calendarizado y formalmente reglamentado.

72

2) La respuesta obrera no instituciona1izada.- Todo tipo de conflictos establecidos fuera de

espacios y tiempos predeterminados. Lucha obrera, espontánea u organizada, que busca el

interés proletario al margen de las reglamentaciones institucionales.

Por otro lado vale señalar que la respuesta obrera va a utilizar tres distintas estrategias,

frecuentemente combinadas, que al paso de los años se convirtieron en opciones posibles de

acción sindical ente los retos que planteó la modernización:

a) La confrontación.- Acción directa emprendida desde las bases sindicalizadas

movilizadas que buscan conservar lo que se tiene contractualmente y lo que se ofrece

jurídicamente; por lo tanto, se opone frontalmente a las formas y a los contenidos de la

reestructuración productiva en México. En específico son los diversos contingentes

obreros que en los años setenta impulsaron la insurgencia sindical y, en algunos casos,

de la disidencia al anterior de los sindicatos controlados por las organizaciones

oficiales.

b) La concertaci6n.- Agrupaciones obreras en las que su decisión de deambular por los

rumbos de la concertación nace de la experiencia de sufrir la violenta imposición de las

nuevas relaciones laborales, aceptan las condiciones que impone el capital a cambio de

respeto al empleo, a la subsistencia de la fuerza de trabajo y la permanencia de la

organización sindical.

c) La oportunidad o de adaptación.- Sindicatos pertenecientes a centrales obreras oficiales

que, aceptan la nueva lógica del capital a cambio de la conservación de sus privilegios

corporativos. Sus diferencias con el capital y el Estado tienen que ver en esencia con su

existencia futura como poder político no intentan acabar con las grandes centrales

obreras y sus líderes profesionales. Como ejemplo.- CTM.

La lucha por el control de los procesos productivos en México, durante el tiempo que nos

ocupa (1 982 a 1993), transitó de la confrontación directa del trabajo contra el capital a la

aparente concertación de intereses entre los actores de la producción. El éxito relativo a la

modernización laboral tuvo que ver más que con la innovación tecnológica y las sofisticadas

formas de organización del trabajo, con la palpable y contundente derrota obrera. La

73

insuficiencia de su respuesta permitió, más que las máquinas. la imposición de un nuevo orden

laboral. 9 2 5 9 3 3 N 3.11

Este es el escenario de nuestra historia. Los actores principales son: El Sindicalismo

Independiente y el oficial.

1) Sindicalismo independiente.- Corriente obrera que en los años setenta impulsa unos

movimientos de insurgencia sindical que busca, la independencia del control corporativo

ejercido a través de las organizaciones oficiales y de la ley laboral. Este esquema sindical

se apoya en la autonomía obrera; proceso de lucha que nace de la confrontación del trabajo

con el capital, al interior de los procesos productivos, en la disputa por el control efectivo

de la producción. Son formas diferentes de organización sindical ajenas al Estado, a los

partidos políticos y a las centrales obreras oficiales, su orientación es hacia una real

democracia obrera que rompa con el mito de la asamblea general.

2) Sindicalismo Oficial.- Es el producto de la alianza del movimiento obrero con el Estado.

El gobierno cardenista lo institucionalizó, a fines de los años treinta, con la fundación del

Partido de la Revolución Mexicana. Entre 1940 y 1958, es puesta a prueba su

funcionalidad por los diferentes gobiernos de la Revolución. En los años sesenta, se

consolida como modelo sindical que centraliza políticamente al movimiento obrero

mexicano. El 18 de febrero de 1966, alcanza la cúspide con la fundación del Congreso del

Trabajo, central de cúpular obreras representantes del sindicalismo oficial, de la cual se

pretendió imponer la voluntad presidencial al conjunto de las agrupaciones obreras en

México. Pero el principal representante de este esquema es la CTM que hasta el día de hoy,

es el interlocutor del Estado con el movimiento obrero36.

En lo que respecta al estudio histórico sobre el periodo que nos ocupa trataremos de dar una

visión general de cada sexenio incluyendo a los trabajadores, sindicatos y gobierno:

36 Méndez Barrueta, Luis H. Y Quiroz Trejo, José Othon. Modernización estatal y respuesta obrera: Historia de una derrota. México. Edit. UAM-Azcapotzalco, 1994.

74

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO: CAMBIOS EN EL MODELO DE DESARROLLO

Y EFECTOS EN EL SINDICALISMO

Con la llegada al poder de Miguel de la Madrid, el país comienza a sufrir cambios en su forma

de conducción. Cambios en la estructura organizativa del Estado que vendrán a afectar de

manera considerable la relación que hasta entonces el Estado y el Sindicalismo habían

mantenido.

Parte de una coyuntura que se da del 1". De septiembre de 1982 y concluye con la firma del

Pacto de Solidaridad Nacional el 18 de agosto de 1983. Es el observar las primeras acciones

del recién llegado gobierno de De la Madrid, que perfilaban ya a un proyecto de realismo

económico que, en el corto plazo, alterarían las condiciones de vida y trabajo de millones de

mexicanos. El Plan Nacional de Desarrollo y la política económica de austeridad constituían el

marco que haría posible la transformación del Estado y la sociedad mexicana y, en particular

una no menos trascendente reestructuración de la planta productiva nacional que iba a

cambiarle el perfil al mundo del trabajo.

La respuesta obrera en este inicio del periodo se centró fundamentalmente, en el

enfrentamiento del sindicalismo oficial con el gobierno. Era la primera batalla establecida del

viejo orden laboral y político contra el proyecto racionalizador del capital. Los despidos

masivos, las readecuaciones contractuales y el bloqueo a los derechos laborales comenzaron a

generalizarse3'.

Durante el sexenio de De la Madrid, estaba claro que los gastos gubernamentales tendrían que

racionalizarse. Se establecía que el gobierno no recuperaría los niveles de ingreso que había

logrado antes de la crisis de 1982, y que ello significaba transformaciones importantes de la

función del Estado en la economía; por lo tanto el Estado adoptó la posición de hacer más

eficiente su intervención y de estimular el capital privado.

75

El gobierno de De la Madrid se vio en la necesidad de comenzar a reducir y racionalizar los

subsidios, a eliminar las ineficiencias generadas por el paternalism0 estatal. Necesitaba

además, estimular la iniciativa privada nacional y el capital extranjero para sustituir la

inversión del gobierno y su reducida capacidad de obtención de divisas. Para ello era necesario

reducir el excesivo proteccionismo, abrir el país al exterior, para que con el estímulo de la

competencia internacional, de acuerdo con el gobierno, la industria nacional se volviera más

eficiente.

El cambio estructural del gobierno de De la Madrid fue definido como meta prioritaria en la

política económica nacional. El sector industrial, se determinó como pieza fundamental para

lograr el crecimiento económico auto sostenido del país. En el Plan Nacional de Desarrollo y

en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) se

plantearon objetivos de una política industrial orientada a promover modificaciones

fundamentales en la estructura productiva que posibilitaran el desarrollo equilibrado y auto

sostenido de la industria y su creciente competitividad en el contexto internacional. En este

sentido, se definió que una vertiente para avanzar hacia el cambio estructural del aparato

productivo, consistiría en apoyar la racionalización, modernización y reconversión de la

industria existente3’.

Este gobierno se caracterizó por imponer una política de estabilización de corto plazo

siguiendo al pie de la letra los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se

trataría de reorientar la planta industrial de modo que las exportaciones no petroleras se

convirtieran rápidamente en una fuente de divisas cada vez más importante. El objetivo de

lograr una producción eficiente y competitiva a nivel internacional forma parte de una

estrategia de largo plazo denominada de cambio estructural.

Pero entre junio y julio de 1983 el sindicalismo mexicano cuestionó al gobierno y a su modelo

de desarrollo, con uno de los movimientos huelguísticos más importantes, que se dio por

aumento salarial de emergencia. Centenares de huelgas estallaron incluso cuando las

De María y Campos, Mauricio. “La política de Cambio Estructural”. El cotidiano No. 2 I , UAM-A Enero- Febrero de 1988, pp. 16- 17.

76

dirigencias nacionales habían dispuesto proponerlas o cancelarlas. El gobierno no perdonó ni

entendió aquellas actitudes. Con las dirigencias nacionales mantuvo un trato distante, sin

reconocer la representatividad que tenían. Hacia los asalariados conservó una política

económica dura, inflexible, que sacrificó niveles de bienestar en aras de la ortodoxia

financiera. El sindicalismo así golpeado se mantuvo, en términos generales, en una tensa

inmovilidad durante los años siguientes".

En el periodo del 19 de agosto de 1983 al 20 de febrero de 1986, se Inicia un movimiento

obrero -el oficial- nuevamente disciplinado y con una confrontación -la del sindicalismo

independiente- sin futuro. Se destaca la complaciente actitud del sindicalismo oficial hacia las

políticas de austeridad impulsadas por el Estado, contraria a la disposición del sindicalismo

independiente de la lucha por conservar sus conquistas alcanzadas. El capital enseña una

nueva cara en su enfrentamiento con el trabajo y la autoridad laboral mostró, sin pudor su

preferencia.

La movilización obrera, aunque intensa y decidida, no puede superar su tradicional

aislamiento. La respuesta de los trabajadores al capital no inquietó ni puso en entredicho el

proyecto de reestructuración laboral impulsado por el Estado. El sindicalismo independiente

comenzaba a desdibujar su perfil y a presenciar el desmoronamiento de sus victorias.

El estallamiento de cientos de huelgas, fue un hecho insólito en realidad sindical del país; y

aunque la estadística oficial minimiza la acción al reporte en 1983 sólo 13,536

emplazamientos a huelga y 230 estallamientos, la CTM declara en el mes de mayo 174,167

emplazamientos y 9,104 huelgas estalladas en el mes de junio. Para observar la importancia

del hecho basta considerar que sólo en mayo de 1983 registró más emplazamientos que todos

los ocurridos de 1984 a1992; y que el mes de junio contabilizó más huelgas estalladas que

todas las consignadas por la información oficial en el mismo periodo"'.

Trejo Delarbre, Raúl. Crónica del Sindicalismo en México. (1976-1988). México, edit. Siglo XXIIUNAM,

Méndez, Luis y Quiroz, José Othón. Modernización Estatal y Respuesta Obrera; Historia de una 1990. PP. 27-28. 40

Derrota.México, edit. UAM-Azcapotzalco, Colección de libros El Cotidiano, 1994, pp. 29-62.

77

La CTM a partir de estos hechos no ha vuelto a ir más allá de la amenaza declarativa en sus

desacuerdos con el Estado; la importancia de este hecho radica en que la CTM, representante

fiel del sindicalismo corporativo, funcional a sus intereses, puso a prueba la fortaleza de un

gobierno y de un proyecto de modernización que atentaba primordialmente contra los

privilegios corporativos de la más importante central obrera del país. Pero en el momento

crucial del enfrentamiento, pudo más su disciplina partidista y su alianza histórica con el

Estado, tomando el camino de la negociación cupular, abandonando la posibilidad de una

lucha frente al gobierno desde esta central sindical.

El 21 de febrero de 1986 en un mensaje que el primer mandatario dirige a la nación, sorprende

con el agresivo tono con que se dirige al gobierno norteamericano y a las instituciones

financieras internacionales y su convocatoria a todos los sectores sociales del país para que no

permitan que se negociara independencia a cambio de desarrollo económico. Esto no paso de

un discurso ya que los arreglos financieros con el exterior fluyeron y el gobierno retomó y

profundizó su política de realismo económico y su proyecto de reestructuración productiva. La

respuesta obrera, resurge, pero sin alternativa, termina profundizando la derrota de los

trabajadores.

El 14 de diciembre de 1987, se firma un Pacto de Solidaridad Económica con el gobierno y la

burguesía nacional. Los sectores sociales, incluyendo de manera destacada al obrero, en el más

puro estilo corporativo, firman también y legitiman con ello una alianza que directa e

inmediatamente los perjudica. El estado salva su proyecto, el empresario fortalece su posición

política en beneficio de sus propósitos de readecuación laboral y los trabajadores después de

los desfavorables resultados en su enfrentamiento con el capital, comienzan a reflexionar sobre

la necesidad de un cambio de orientación a su lucha.

Frente al proceso de reconversión industrial, el sindicalismo presentó una ausencia de

propuestas adecuadas a las nuevas condiciones económicas y políticas establecidas desde el

gobierno. Esta falta de propuestas le impide al sindicalismo restablecer su capacidad para

intervenir en la regulación de los problemas del mercado de trabajo y renovar la

representatividad de sus agremiados. El sindicalismo mexicano mostró un gran desinterés

7 8

tradicional en los renglones que conciernen a la organización del trabajo. Es por ello que al

reformarse el Estado al sindicalismo se ve rezagado en torno a proposiciones funcionales de la

organización de los procesos de trabajo.

Miguel De la Madrid en los discursos públicos, reiteraba su alianza con el movimiento obrero,

pero en la práctica, su política salarial y laboral indicó que más que aliados, en los trabajadores

y sus líderes encontraba impedimentos a la Reforma del Estado. Ya que aunque no se mostraba

atendía la idea de que el sindicalismo mexicano representaba un obstáculo para su gobierno y

su modernización, es por ello que durante su mandato se encargo de debilitarlo y de

constreñirlo para que sus políticas marcharan sin premuras y en busca de los objetivos

planteados4’.

CARLOS SALINAS DE GORTARI: CAMBIOS EN EL ESTADO (GLOBALIZACION Y

MODERNIZACION SINDICAL)

En la etapa del 16 de diciembre de 1987 al 1” de diciembre de 1988. recoge un tiempo político

de incertidumbre en que, se pensaba, todo podía suceder. No sólo el esperado despertar de la

respuesta obrera como contestación al saldo negativo que dejaba para los trabajadores el

arranque del Pacto de Solidaridad, sino incluso la posible ruptura del sistema político

mexicano que hacía suponer el reordenamiento de las fuerzas partidarias para enfrentar la

sucesión presidencial.

Ante la crisis política que vivió el país y ante la promesa de democracia que despertó el

resultado electoral del 6 de julio de 1988, el movimiento obrero se mantuvo prácticamente al

margen. La inmovilidad de las organizaciones obreras ante los retos que marcaba la nueva

coyuntura. Su no participación política ayudó en mucho al presidente electo para recobrar el

carácter de legitimidad que había perdido en el proceso electoral. La debilidad del sindicalismo

independiente y la adecuación oportunista del sindicalismo oficial jugaron a favor de la

JI Pérez Pérez, Gabriel. “El sindicalismo Mexicano frente a la Reforma del Estado”.México, junio 1996.

79

estabilidad del sistema político. La opción sindical corporativa mostró que, aun dentro de la

modernidad, le seguía siendo funcional y eficiente al Estado que se transformaba.

El gobierno de Carlos Salinas continuó con una política de subordinación y reducción del

poder de los dirigentes sindicales y buscó, de igual forma que su antecesor, que los sindicatos

no representarán un obstáculo para los programas de gobierno. La Reforma del Estado

propuesta por Carlos Salinas es consecuencia de las importantes medidas económicas

adoptadas desde los primeros días de su mandato por Miguel de la Madrid y constituye un

cuestionamiento del Estado desde el Estado mismo. La reforma propuesta se presenta como un

proceso de cambio que experimenta el país en su estructura económica, social y política con

I

miras a transformar su ámbito nacional. Busca trascender los límites territoriales para

incorporar a la nación mexicana a un mundo cambiante, globalizado, caracterizado por la I .

interrelación y la interdependencia de los países y la aguda competencia entre ellos para ganar 1.

espacios en los mercados internacionales.

Es en el primer informe de gobierno del ex presidente Salinas de Gortari en donde expone su

proyecto de Reformar al Estado, en el se sostiene que un Estado no puede atender al pueblo ‘- por estar tan ocupado administrando empresas y por lo tanto no puede ser justo. Un Estado

extenso, abrumado, termina siendo un Estado débil. Además, se afirmaba, que al vender

empresas públicas no sólo se respetan las organizaciones sindicales y se ratifican los derechos

laborales, sino que además los trabajadores participan en la propiedad de las empresas y se

benefician de su expansión. Es así como se afirmó que la reprivatización de las empresas

públicas trae consigo la democratización del capital.

El expresidente. sostuvo: “que el Estado debe cambiar para mantener su capacidad de defensa

de nuestra soberanía y, en lo interno ser promotor de la justicia y conductor de la sociedad.

Debido a que el Estado crecientemente propietario se volvió rápidamente incapaz ante el

incremento de las necesidades de una población en rápido aumento; ante una planta productiva

sobre protegida y poco competitiva; ante la demanda de mayor calidad de bienes y servicios;

80

ante la existencia de más transparencia en las relaciones del Estado y la sociedad y, todo ello,

en medio de una crisis fiscal sin precedentes””.

La crítica al Estado mexicano va encaminada a que recurrió a nacionalizaciones, creación de

empresas públicas, proteccionismo a la industria y a las relaciones laborales que fueron buenas

en su momento. Momento en el cual se desarrolló y consolidó el estado benefactor, pero que

en la actualidad, la situación ha cambiado y el Estado no debe de ser ineficiente y para ello

surge la necesidad de reformarlo y modernizarlo.

En su mensaje a los obreros del día 1” de mayo de 1990, el expresidente Salinas delineó en

ocho puntos su proposición de “Un nuevo Sindicalismo”. En el siguiente listado se enumeran

los puntos expuestos por el entonces jefe del Ejecutivo para la modernización sindical:

Un sindicalismo fuerte y representativo con capacidad de interlocución.

Necesidad de abandonar la estrategia de confrontación de principios de siglo.

Establecimiento de formulas de cooperación entre los factores de la producción.

Preservación de la alianza histórica del movimiento obrero con el Estado.

Respecto a la autonomía sindical desde el punto de vista político gubernamental.

Perfeccionamiento de las relaciones laborales con obligaciones tanto a empresas como para

sindicatos.

Urgencia de la comprensión y disposición obrera para incrementar la productividad, bajar

costos y coadyuvar a ganar mercados dentro y fuera del país.

Imprescindible crear desde la empresa una cultura de motivación y comunicación que

otorgue incentivos, aliente y premie el esfuerzo obrero . 43

En lo esencial, lo que destaca de los ocho puntos señalados es que se busca establecer nuevas

formas de cooperación entre los factores de la producción y, busca la disposición obrera para

incrementar la productividad. Por lo tanto el objetivo principal de la nueva relación sindical es

que ésta contribuya al incremento de la producción en el trabajo.

Ibid. Méndez, Luis y Quiroz, José Othón, “Organización Obrera: nuevos rumbos, ¿nuevas perspectivas?”. El 4 -3

Cotidiano no. 36, México, UAM-AZC. , Julio-Agosto 1990, pp.48.

Complementario a los ocho puntos de la modernización sindical se encuentra también como

proyecto acorde a la Reforma del Estado, lo que el expresidente Salinas denominó

“Democracia Industrial”. que es la libertad de trabajadores y empresarios por dialogar y decidir

directamente sobre su circunstancia en la fabrica o en el centro de trabajo. La democracia

industrial es é1 dialogo entre los factores de la producción: empresarios y trabajadores con el

convencimiento de que del éxito de la productividad se beneficiarán ambos.

La búsqueda de mejores relaciones productivas por parte del Estado se llevó acabo en

condiciones de debilidad sindical, donde el Estado, en lo general, no espera negociar con los

sindicatos las nuevas medidas productivas, sencillamente las impone y al sindicalismo por su

condición de subordinación al Estado y por su falta de alternancia seria, no le queda más que

aceptar, y en el mejor de los casos buscar acoplarse a ellas. La debilidad del sindicalismo

mexicano frente a la Reforma del Estado bien la podemos caracterizar en cuatro casos

distintivos y sobresaliente.

Comenzando con el caso del sindicato petrolero (STPRM). Este constituye un ejemplo claro

de la política de reducción del poder de los dirigentes sindicales que ha buscado el Estado para

que no representen un obstáculo en la búsqueda de mayores niveles de productividad y calidad

en la empresa. Al llegar al poder Carlos Salinas una de sus primeras acciones como presidente

fue el de destituir a Joaquín Hernández Galicia “La quina”, como líder de los petroleros, quien

se había constreñido en el poder y que representaba un obstáculo a la reforma salinista, este fue

sustituido por Sebastián Guzmán Cabrera, quien después de una serie de problemas con

respecto al control del sindicato es sustituido por Carlos Romero Deschamps, ambos dirigentes

puestos por el aval del Ejecutivo.

Otro ejemplo parecido, por la sustitución de un líder que representaba de alguna forma un

obstáculo a la Reforma del Estado, es el caso de Carlos Jonguitud Barrios quien fue sustituido

como líder del SNTE por Elba Esther Gordillo, para poder controlar las movilizaciones

magisteriales. y principalmente impulsar una reforma educativa sin mayores obstáculos para la

modificación del Artículo 3” Constitucional.

82

Otro ejemplo es el caso del sindicato independiente de Volkswagen de México, el cual a raíz

del conflicto laboral de junio y julio de 1992, atravesó por un proceso de reestructuración

autoritaria respaldada por la STyPS, en donde a consecuencia del conflicto fueron cambiados

los estatutos del sindicato, el Contrato Colectivo de Trabajo fue flexibilizado, el sindicato

perdió su independencia, al ser incorporado al cuerpo formal de la FESEBS, al sindicato le

limito su legítimo derecho de representación y su posibilidad de intervenir en la conformación

de las condiciones de trabajo. El caso del sindicato de VW nos ejemplifica la contradicción de

la política modernizadora del Estado, basada por un lado en la orientación económica

neoliberal y por el otro lado en una política laboral intervencionista y corporativa, que tiene

por objeto ajustar las relaciones industriales a la lógica de la transformación productiva

impulsada por el Estado.

Por último uno de los ejemplos más sobresalientes del periodo salinista lo tenemos en el

sindicato de Telefonistas (STRM), este sindicato ante el anunció del gobierno mexicano a

finales de 1989 de privatizar la empresa telefónica se presentó como un sindicato que no

estaba en contra de la privatización, sino al contrario buscaba insertarse de alguna forma al

mismo proceso de cambio. Al privatizarse la empresa telefónica a finales de 1990, el STRM

realiza una alianza tanto con la empresa y con el gobierno, y con ello logra firmas a lo largo

del régimen salinista una serie de convenios de modernización y productividad con la

participación del sindicato en los convenios y procesos de modernización, logra establecerse

como el ejemplo más claro del sindicalismo de la modernización respaldado por el

expresidente Salinas. Esto le costaría de alguna forma el sometimiento del STRM a los

intereses de la empresa, por los cambios al Contrato Colectivo de Trabajo, en primer lugar por

que se flexibiliza la movilización de los trabajadores a las disposiciones de la empresa

telefónica y por que se establece una imposición unilateral para la implantación de nuevas

tecnologías, quedando esta en manos de la empresa y donde el sindicato sólo es avisado de los

cambios aceptados44.

Pero, cuando se presentó la crisis política de 1994, por el levantamiento del EZLN y por los

crímenes políticos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massiue; el gobierno no buscó

Ibid.

83

apoyo en la FESEBS precisamente, quien como hemos dicho representaba la organización que

mejor legitimaba a los lineamientos modernizadores del Estado, si no más bien, este apoyo lo

busco en la CTM, manteniendo la alianza histórica corporativa para enfrentar las elecciones

presidenciales de 1994 y recuperar los votos al partido oficial, la CTM por su parte respaldo al

partido gobernante y con ello trato de que no se modificaran los privilegios adquiridos por

tanto tiempo.

Se muestra la lucha de la CTM por conservar sus espacios políticos después del Acuerdo de

Productividad; como la próxima sucesión presidencial y la necesidad de contar con una clase

política unida, obligaron a quienes detentan el poder al dar a la CTM un lugar de PRIvilegio en

el sistema de dominación.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON: LA CONTINUIDAD DE UN PROYECTO

Podemos decir que el presidente Ernesto Zedillo, dentro de sus planteamientos generales,

persigue los mismos objetivos, con respecto a la Reforma del Estado. Esto es que sigue una

estrategia de corte neoliberal, de privatización del aparato público de incentivos a la inversión

extranjera, y de apertura al comercio exterior. De igual forma que sus antecesores, el

presidente Zedillo se plantea como meta fundamental de su gobierno el de acabar con la grave

crisis económica que afronta el país y de igual forma, pone un énfasis especial en la eficiencia

del aparato productivo nacional para salir delante de la crisis en la cual nos encontramos.

Según el Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000, la mejoría en las condiciones de vida de los

mexicanos solamente será posible con un crecimiento económico generador de empleos

productivos y promotor de la recuperación de los salarios reales. Para alcanzar dicho

crecimiento hay que vencer un doble reto. Primero promover las condiciones que aliente la

máxima demanda posible de fuerza de trabajo para la operación eficiente del aparato

productivo. Segundo, coadyuvar a la elevación sostenida de la productividad laboral. Elevar el

potencial productivo de la fuerza laboral y propiciar su desarrollo, sostiene el presidente

84

Zedillo, constituye un objetivo de la mayor importancia que alcanzar el crecimiento sostenido

de la producción, la productividad y los salarios.

Con respecto a la Reforma del Estado, hoy ha sido mayor y más riguroso el debate sobre la

Reforma Política que sobre la Reforma Económica del Estado. La Reforma del Estado se

presenta como la necesidad de cambiar sus distintos componentes (los famosos tres poderes:

Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como las formas, condiciones, procesos y relaciones que

comprenden. Sin embargo, resulta aun poco preciso el sentido y magnitud de los cambios. De

singular importancia es el hecho de superar el atascamiento en que han caído el gobierno y los

partidos, quienes se erigieron en los actores prácticamente exclusivos del proceso estatal y que

en gran medida determina su enfoque primordialmente electoral, de corto plazo, sujeto a

intereses coyunturales y fragmentarios”.

Pero, con respecto a la relación que se ha mantenido entre el Estado y el sindicalismo en lo que

va del gobierno zedillista, podemos decir que en lo general es lo mismo que lo de su antecesor,

se ha continuado con un proceso de privatizaciones en donde se a pasado por alto a las

dirigencias sindicales correspondientes y no se les ha tomado en cuenta para su participación

en estos procesos. Los ejemplos claros de esto lo constituyen el conflicto con SUTAUR- 100,

la reforma a la seguridad social y la venta a la petroquímica.

Comenzando con el caso de la Ruta-100, el día 8 de abril de 1995 a los miembros del

Sindicato Único de Trabajadores del Auto transporte Urbano Ruta-100, les impidieron la

entrada o fueron desalojados de los módulos donde desempeñaban su trabajo. Todo apuntaba a

señalar que la desaparición de la Ruta- 1 O0 fue una decisión política con el objetivo central de

eliminar al sindicato más “radical” de la actualidad y abrir paso al paulatino retiro del subsidio

que se encuentra como fondo del problema. Dentro de los planes del Departamento del Distrito

Federal (DDF) para modernizar el transporte público figuraba consecionar líneas de autobuses

y el Sindicato de Ruta-100 estorbaba para tal fin. El DDF cedió las principales rutas de

45 Anguiano, Arturo. “Nuevo Ropaje del Estado en México”. El Cotidiano no. 72, México, UAM-Azc. Octubre de 1995, pp.27-35.

penetración que operaba la quebrada Ruta-100 a los transportistas privados del Estado de

México.

Un segundo ejemplo, que de igual forma pasa al Sindicato, son las modificaciones a la Ley del

Seguro Social aprobadas el 8 de diciembre de 1995. De cierta forma el gobierno actual ha

continuado con la política de privatización de la Seguridad Social, proceso que se inició

precisamente en el anterior sexenio con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro

(SAR), en 1992. Y actualmente con la intervención de las Administradoras de Fondos para el

Retiro (AFORES) y aseguradoras en la administración de las cuotas, la intervención de

empresas privadas en áreas y servicios que cubría el IMSS, entre otras cuestiones, establecen

las bases para la privatización de la Seguridad Social, como parte de la Reforma del Estado.

Un último ejemplo de como la Reforma del Estado encabezada ahora por Ernesto Zedillo, lo

constituye la venta de la petroquímica. El gobierno presionado por la crisis económica y

financiera y por los compromisos contraídos, tanto con la firma del Tratado de Libre Comercio

(TLC) en 1993, como en febrero de 1995 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el

gobierno de los Estado Unidos como condición para el otorgamiento del préstamo de más de

21 mil millones de dólares a nuestro país, el gobierno decide y compromete acelerar el proceso

ya iniciado de privatizar otras empresas estatales incluidos las plantas petroquímicas. El

gobierno ha tratado de justificar la venta de las petroquímicas argumentando que con la venta

logrará su desarrollo y modernización. Todo este proceso de venta de la petroquímica sigue

por encima de los trabajadores y los miembros del sindicato petrolero que se oponen, de la

misma forma como se ha venido dando desde sexenios a n t e r i ~ r e s ~ ~ .

Por otra parte en la actualidad, son dos principalmente los grupos obreros que se distinguen, y

que de cierta forma ya se venían configurando desde el sexenio anterior, uno lo encabeza la

CTM y el otro es un grupo que se llama el foro de los 21 “El sindicalismo ante ¡a nación”,

dentro del cual podríamos incluir a la FESEBS, aunque con sus distinciones.

46 Pérez Pérez, Gabriel. “El sindicalismo Mexicano frente a la Reforma del Estado”.México, junio 1996.

86

Por su parte la CTM a buscado enfrentarse hoy a la nueva realidad que establece la situación

actual de crisis con la firma de un acuerdo con la COPARMEX, en julio de 1995, para la

conformación de una nueva cultura laboral, dentro de los once puntos que conforman el

acuerdo destacan el reconocimiento de que vivimos en un mundo económico globalizado y

que para poder elevar el nivel de vida de la sociedad es necesaria la productividad que debe

permitir una remuneración mejor a las personas que intervienen para lograrla. La nueva cultura

laboral mexicana, dice la COPARMEX y la CTM debe tener como sustento formal el diálogo,

la concertación y la unidad de esfuerzos entre las organizaciones sindicales y los directivos

empresariales.

Mientras que por otra parte el Foro “El sindicalismo ante la Nación” se empezó a perfilar

desde principios de 1995 cuando tres organizaciones sindicales SNTE, SME, y COR,

decidieron construir un espacio de reflexión colectiva sobre la situación actual y la puesta en

marcha de estrategias y acciones comunes en beneficio de la clase trabajadora del país. Estas

dos grandes divisiones del sindicalismo nacional, que hemos mencionado, tomaron diferentes

posiciones durante el 1” de mayo de 1996.

Por un lado estuvieron los miembros del corporativismo tradicional encabezados por la CTM,

en la explanada del CT, en donde el presidente Zedillo ratificó la solidaridad de los

trabajadores y el gobierno. De igual forma los lideres obreros en voz de Héctor Valdés Romo,

Secretario General de la FSTSE y de Mario Moreno Carvajal Secretario de la CROC,

manifestaron su apoyo y alianza a la reforma del Estado dirigida por el jefe del Ejecutivo.

Mientras que por su parte, los llamados foristas marcharon ese día del Trabajo y se

manifestaron en la explanada de la plaza de la Constitución para expresar su inconformidad

con el modelo neoliberal conducido por el gobierno.

87

CONCLUSIONES DEL CAPITULO I11

La Reforma del estado, debe garantizar una transición efectiva hacia un periodo de estabilidad,

crecimiento económico y gobernabilidad, para ello es necesario abrir cauces de participación

social, que incluyan las diferentes manifestaciones del sindicalismo mexicano en su proceso de

reformulación. La Reforma del estado que se discute actualmente tiene su mayor peso en la

discusión de políticas electorales que sean libres, competitivas y democráticas; pero esto no es

de ninguna forma suficiente para superar la crisis existente tanto política como económica. Se

necesita por parte del Estado una voluntad de depuración, redefinición de estructuras y

prácticas antidemocráticas, de todo el aparato gobernante.

Para que la Reforma del estado sea algo más que una reforma electoral y contribuya a la

reestructuración del país, requiere involucrar a nuevos sectores sociales, como los sindicatos, y

no sólo a los aparatos partidarios y estatal. Pero la tarea no se queda nada más en una mayor

democracia que incluya a todos los sectores, si bien es necesaria no lo es todo. Una

democratización amplía, verdadera, con alternativa de poder y representaciones efectivas, no

garantiza de ninguna manera la supresión de la pobreza y el desarrollo del país.

Por lo tanto, además de democratizar al sistema político y su relación con los sindicatos,

también surge la necesidad, debido a los nuevos niveles de competencia y a la apertura

comercial con los procesos de globalización mundial de que los sindicatos sean organismos

que promuevan la productividad y la calidad en la empresa sin descuidar el bienestar de los

trabajadores y sin estar subordinados a los intereses empresariales. El estado y el sindicalismo

tienen como fundamento, enfrentar de manera más eficaz los retos de la modernización

productiva y las nuevas pautas de competitividad internacional. El Estado tiene por lo tanto

que respetar los intereses sociales, económicos y políticos de los sindicatos. La Reforma del

Estado debería de acabar con prácticas autoritarias y de imposición de estrategias

gubernamentales que los sindicatos por su posición actual de debilidad han tenido que aceptar.

88

CAPITULO IV

LA FSTSE Y LAS NUEVAS FORMAS DE NEGOCIACION ANTE LOS CAMBIOS DEL SINDICALISMO MEXICANO

A) LA ORIENTACIóN DE LA FSTSE ESTA PRESENTANDO NUEVOS

MATICES

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) está pasando por

una etapa compleja que pone a prueba el tipo de existencia que ha tenido hasta ahora, a las

voluntades dispuestas al cambio, a las resistencias al mismo, y a la viabilidad misma de que

esta central adquiera características y formas de funcionamiento más compatibles con las

condiciones nacionales en general y con las necesidades de los trabajadores en particular.

El cambio de dirigencia nacional que tuvo efecto en marzo de 1992 puede llegar a convertirse

en el punto de inflexión determinante que marcó la nueva tendencia hacia el tipo de

organización con la cual la FSTSE saldría de la transición iniciada desde 1989. Todo

dependerá de la capacidad que tenga cada dirigencia para traducir y consolidar en los hechos

sus propias propuestas, convirtiéndolas en un proyecto estratégico adecuado a las nuevas

circunstancias económicas, políticas y sociales; así como de su difusión, recepción y

aceptación por parte de los sindicatos afiliados y de sus trabajadores.

La FSTSE se define así misma como “la organización gremial de servidores públicos de más

alto nivel de nuestro país, formada por las representaciones sindicales de las dependencias y

entidades de los Poderes de la Unión que busca la participación plena, responsable y capaz de

sus miembros para contribuir al proceso de modernización y democratización de nuestra

sociedad, a través del respeto absoluto y escrupuloso a la autonomía y libertad de pensamiento

de los trabajadores que integran los sindicatos federados”.

47 FSTSE, “Qué debemos entender por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado”, Comité Ejecutivo Nacional, 1992- 1992, 1992, p.29

89

Desde su toma de posesión la dirigencia nacional por medio del Secretario General Héctor

Valdés Romo, estableció su propuesta e inicio un proceso público e interno para salirle al paso

a esa imagen y tratar de crear nuevas prácticas que le otorguen una presencia identificada con

lo que ha llamado el Secretario General un “sindicalismo vigoroso”, cuya manifestación

práctica deberá ser que el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional se realice en un sentido de

buscar mejor las condiciones económicas de los trabajadores ya que son los principales

acreedores de la recuperación de la crisis; buscar una más justa redistribución del ingreso

nacional; respetar la autonomía de los sindicatos y motivar su democratización; promover una

convivencia sindical que respete las libertades e iniciativas de los trabajadores así como

preferencias políticas, impulsar una concepción actualizada de la administración pública

racional y eficaz que apoye la creación de una nueva cultura laboral en el servicio público.

Como la voluntad sindical no es suficiente, se requerirán, además, de políticas públicas claras

y de la expansión de una nueva moral en el servicio público.

En un proceso que ha estado entrecruzado con no pocas dificultades desavenencias y simpatías

algunos sindicatos se han incorporado a diversas instancias de la nueva directiva de la FSTSE

(1 994-1 997) desde donde la convergencia con la lógica del liderazgo de Carlos Jiménez

Macías los ha colocado como responsables directos de que se puedan llevar a cabo las

propuestas y tareas expuestas en el papel.

En lo externo, ha recuperado los vínculos con el sindicalismo internacional de diferente corte

ideológico, desarrollando una activa labor de relaciones e intercambios no circunscritos al

turismo sindical. En el concierto del sindicalismo sindical ha evitado colocarse en algunos de

los polos publicitariamente en disputa y más bien ha tendido a jugar un papel de promotor de

la unidad, aunque sus propias tendencias internas apunten a promover un sindicalismo de

nuevo tipo más cercano al de los llamados “modernizadores”.

Las posibilidades de que la FSTSE sea un factor de equilibrio en el Congreso del Trabajo está

en su peso específico real en cuanto a membresía. Hacia su interior, la FSTSE presenta y

perfila algunos cambios. Del XVI Congreso Nacional Surgió una directiva Nacional nominal

de 45 Secretarías. 45 Comisiones Auxiliares, 3 Comisiones Autónomas y otras

90

representaciones que involucran a un total de 475 personas, sin incluir a los comités estatales y

municipales. Para 1989- 1992, con una estructura ligeramente modificada, el listado de los

considerados en la directiva ascendía a 1,364 personas la reducción fue, por lo tanto, del 65%.

Ese mismo Congreso aprobó la realización de un Congreso Extraordinario para la

modificación de los Documentos Básicos, mismo que en el momento de escribir estas notas

esta siendo preparado mediante la programación de Foros de consulta en las organizaciones

afiliadas; aunque desde nuestro punto de vista el esquema sigue siendo entre las bases. Como

parte del proceso interno previo, el Comité Ejecutivo ha venido realizando una serie de ajustes

organizativos para ser más funcionales sus operaciones mediante un programa que se ha

denominado “la modernización de la FSTSE”. Programa que pretende regular la realización de

objetivos específicos de carácter sindical y laboral.

Respecto a la recuperación de la presencia sindical en el ámbito laboral, la búsqueda de apoyos

a las remuneraciones de los trabajadores así como de nuevas formas de procedimientos

escalafonarios están en marcha. Así mismo, se pretende la incorporación de los servidores

públicos al Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad, mediante la

concertación de un convenio nacional específico y la constitución de comisiones mixtas en

todas las dependencias gubernamentales.

En este aspecto, las condiciones se presentan difíciles para los sindicatos. El salario promedio

del sector central ha tenido una pequeña recuperación a partir de 1990 pero su mejoramiento

sustantivo sigue la exigencia más importante de los trabajadores sindicalizados. Las razones.

aunque de sobra conocidas, saltan a la vista.

El mínimo burocrático alcanza escasamente un nivel del 40% superior al mínimo general por

debajo de la relación existente en la primera mitad de los ochenta. Así, la aspiración salarial no

es muy estimulante; un trabajador de nuevo ingreso en el nivel salarial más bajo solamente

puede alcanzar, como sindicalizado, el doble sé sus percepciones al final de su carrera laboral.

91

El sindicalismo del sector público tiene que enfrentar a una actitud administrativa-gerencia1 en

los centros de trabajo en la cual aun predominan los criterios paternalistas-autoritarios para los

cuales el sindicato no deja de ser un mal necesario (u obligatorio por Ley) al cual a lo sumo

debe otorgársele el derecho de pataleo y la tarea de promover actividades de ayuda social y

deportiva. Este aspecto es determinante superarlo si se pretende que las dependencias estatales

incorporen en sus procesos de trabajo los métodos modernos de incremento de la

productividad y de la calidad de los servicios, elementos insoslayables para la estructura estatal

que el país necesita ante la apertura internacional en marcha. El complemento necesario a crear

es la capacidad de los propios trabajadores y sus organizaciones para gestionar, negociar y

proponer elementos, criterios y formas de medición, evaluación y remuneración de la

productividad y la calidad4’.

Por último, debemos señalar que el experimento modernizador de la FSTSE por muy exitoso

que pueda ser en sus tareas de corto plazo tienen frente a sí otros retos a resolver para que

puedan adquirir continuidad hacia el futuro:

a) La volatilidad de la dirigencia que tiene una duración limitada de tres años, después de los

cuales suele suceder un relevo al estilo de los equipos de administradores que arriban a las

dependencias gubernamentales cambiando no solamente los individuos sino también

programas y estilos de trabajo sin que necesariamente medie una evaluación que rescate lo

positivo de lo realizado en el pasado.

b) El aislamiento en el que aun se encuentran los trabajos y las propuestas. Por muy

brillantes, no dejan de ser cupulares y sin consulta. Las urgencias y los requerimientos de

efectividad con resultados sé esta imponiendo por sobre la necesidad de poner en ejercicio

prácticas participativas. Los trabajadores no se pueden identificar con un proyecto ni

hacerlo suyo cuando no lo conocen. No esta bastando para las sociedades modernas que las

cosas se hagan en su nombre; las quieren hacer. La consideración de valida con relación a

las propias dirigencias de los sindicatos federados que en muchas ocasiones conocen de los

planes y de las negociaciones de la FSTSE por que ya se realizaron y tienen que ejecutarlas

48 Tiburcio Robles, Jesús Armando. “La FSTSE con el esquema del sindicalismo moderno”. El Cotidiano. Núm 56. México. Edit. UAM-Azcapotzalco, julio 1993.

92

en sus organizaciones. No es de poca importancia el asunto ya que solamente serán las

dirigencias reconocidas por las bases y con las cuales tienen contacto cotidiano las que

podrán darle viabilidad con sólidas raíces al sindicalismo moderno que quiere

desarrollarse.

c) La sobrecarga política que impone uno de los cambios sexenales más complejos de la

historia post-revolucionaria del país.- compaginar el discurso de trascender las costumbres

corporativo-partidarias con los hechos, cuando las dirigencias sindicales tienen

convicciones, compromisos y expectativas políticas y partidarias bien definidas no parece

muy factible. La lógica de la lucha política tiende a imponerse. Un mal manejo de esta

situación, cuando los trabajadores en lo individual se expresan cada vez más independiente

de las preferencias de sus dirigentes, puede desmerecer en legitimidad del proyecto

sindical, que podrá ser interpretado como pretexto útil para la obtención de posiciones

políticas de éstos.

B) PERSPECTIVAS FSTSE

Dar respuesta a los integrantes de los Sindicatos del presente y del futuro no es tarea fácil para

la federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), requiere de un

esfuerzo intelectual individual y colectivo, de un derroche de imaginación y creatividad. Es esa

la responsabilidad de los dirigentes sindicales de la Federación. Algunos puntos de la agenda

de discusión de la FSTSE son:

Cumplir el resolutivo del pasado Congreso General Ordinario de oponerse a la

privatización y concesión de la materia de trabajo: los servicios públicos que brinda el

GDF a la ciudadanía en general. Proponer además soluciones viables que hagan posible

el mejoramiento de las prestaciones de los servidores públicos. El sindicalismo debe

alcanzar su finalidad de defensa de los intereses de sus trabajadores agremiados por un

lado y su inserción social de servicio a la comunidad.

Integrarse a la construcción de una nueva cultura de trabajo, basada en la productividad

y la calidad; para ello deberá abandonar prácticas clientelares que inciden en la

93

ineficiencia del trabajo, acrecentando su acción en el mejoramiento y estímulo de los

trabajadores públicos que cumplen adecuadamente con sus obligaciones laborales.

Promover la capacitación integral de los trabajadores al servicio del Estado de tal

manera que cumplan sus aspiraciones individuales de desarrollo profesional y laboral

en cualquier parte del mercado de trabajo, dentro y fuera del sector público.

Participar como protagonista en el proceso de la Reforma Política del país, conociendo

sus alcances y consecuencias en la vida de los trabajadores del sector público.

Adecuarse, sin menoscabo de su membresía y fortaleza, a las nuevas circunstancias de

descentralización administrativa, financiera y territorial que sufrirá el país.

Reconstruir su propuesta de un Servicio Civil de Carrera específico para los servidores

públicos. De esta manera se atenderán las aspiraciones de promoción de todos los

trabajadores y éstos aportarán sus conocimientos sobre cada una de las áreas

sustantivas para dar continuidad a los programas establecidos por la propia Federación

y los Sindicatos.

Aprovechar la existencia de las Comisiones Mixtas para incidir más en el diseño y

planeación de políticas de productividad, calidad, seguridad y higiene, escalafón;

incluso demandar más la participación sindical en la planeación de los servicios del

sector público.

Demandar la capacitación a todos los niveles específicamente de mandos medio y

superiores. Una nueva cultura del trabajo requiere de una integración armoniosa de

todas las partes, Estado, trabajadores y organizaciones sindicales. Mientras prevalezca

la cultura del autoritarismo será imposible formar acuerdos de trabajo que hagan más

eficiente la gestión pública en general49.

Acorde a los nuevos tiempos del sindicalismo la Federación de Sindicatos de Trabajadores al

Servicio del Estado (FSTSE) deberá replantear su discurso y práctica en una nueva cultura

político-sindical basada en las siguientes premisas:

a) la existencia de corrientes hacia el interior de la Federación de Sindicatos de

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) no rompe su unidad esencial por el

94

contrario, las divergencias de ideas sirven para mejorar los planteamientos y propuestas

mejores que se puedan presentar a todos los sindicatos federados.

b) la profundización de la democracia implica el reconocimiento de la pluralidad

existente. A su interior la FSTSE debe practicar una política de tolerancia y

concertación para establecer una unidad real y no sólo formal.

c) La participación cada vez mayor de los sindicatos del Estado promoviendo la

discusión y aceptación por consenso de las distintas propuestas que hagan las demás

organizaciones sindicales del país.

d) La FSTSE deberá promover la capacitación intensiva y extensiva de los dirigentes

sindicales del país para hacer frente a las nuevas realidades y poder construir, en la

práctica, un sindicalismo más propositivo.

e) Actualizar si es necesario la estructura organizativa de la FSTSE pensando más en una

organización con criterios territoriales más que con criterios gremiales. De esta manera

se podrá hacer más frente a la Reforma Administrativa que conlleva la Reforma

Política del país.

El sindicalismo del sector público debe cambiar para enfrentar los nuevos retos que presente

al país, además de cumplir con las demandas de los sindicatos nacionales para coadyuvar hacer

un espacio más humano y democrático.

Así mismo, la experiencia mexicana, es evidente que el sindicalismo mexicano, especialmente

la FSTSE tiene ante sí varios asuntos fundamentales por resolver, entre los cuales tenemos:

a) Recuperar su autonomía ideológica y política. Recuérdese que los sindicatos, al estar

subordinados por décadas a los discursos y proyectos oficiales, han conducido a los

trabajadores mexicanos, a l a mayoría de la sociedad a una situación de pobreza

generalizada 1983- 1997.

b) Enseguida, es imprescindible que los sindicatos también recuperen su autonomía orgánica.

Durante décadas los sindicatos estuvieron adscritos por voluntad o por imposición al sector

obrero; los resultados que produjeron los sindicatos integrados o corporatizados en los

años ochenta, fueron desastrosos. Hoy cuando el PRI se esta desarticulando es el momento

95

adecuado para que los trabajadores, sus sindicatos y sus líderes, no se encaprichen en

seguir participando en la esfera política a través del PRI, en todo caso, sería preferible que

los sindicatos mismos formen un frente común para enfrentar la situación.

c) Para los sindicatos es indispensable asumir y desarrollar la democracia es preciso

practicarla como un modo de vida para elegir y renovar periódicamente a los lideres, para

tomar las decisiones fundamentales, así como para recuperar la vida misma de las

organizaciones sociales, en las cuales a prevalecido el autoritarismo, el caciquismo y la

corrupción. Para erradicar estos u otros vicios es necesaria una participación sindical más

activa, individual y colectivamente. Desde luego, la democracia también se requiere para

construir una o varias estrategias obreras, que permitan enfrentar y superar la llamada

política neoliberal.

d) Paralelamente, un eje fundamental de los objetivos sindicales actuales es la formación de

un nuevo proyecto ideológico y político. ¿Cómo? A partir de observar la situación actual

del capitalismo y retornando la mejor tradición de las estrategias utilizadas en los últimos

dos siglos por los trabajadores a través de los sindicatos y partidos. Este planteamiento

puede resultar utópico, ¿no es cierto? Posiblemente lo sea pero está utopía es preferible al

mejor de los proyectos que pueda formular el capitalismo en su versión actual.

e) Para los trabajadores; resulta esencial recuperar sus ingresos y sus niveles de vida. De

1982 a 1997 los trabajadores mexicanos han visto decaer sus salarios reales en más de un

60%. La ola neoliberal también les ha disminuido las prestaciones y servicios sociales,

tanto en los núcleos organizados como en los amplios sectores que constituyen el trabajo

informal. Las condiciones de salud, vivienda, educación, transporte, etc., se han visto

ampliamente deterioradas con las "novedosas" políticas neoliberales. Recuperar, ampliar y

mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores, son de los objetivos

fundamentales de la época; de fin de siglo, es decir, es un problema que no puede ignorar

ningún proyecto sindical.

C) COMPETENCIAS LABORALES EN LA AGENDA SINDICAL

Ante las políticas dominantes del libre mercado, el sindicalismo se encuentra hoy con una

nueva agenda para analizar y proponer acciones que definan su quehacer de manera

96

prospectiva, ante las nuevas condiciones que marcan el desempeño de las organizaciones

sindicales frente a las transformaciones radicales de las configuraciones geoeconómicas, así

como de los procesos de cambio tecnológico y organizativo del trabajo, de los regímenes

políticos y de las formas de organización social y de los valores sociales y culturales.

Los sindicatos se encuentran ante serios desafíos en su carácter de representantes de los

intereses de los trabajadores y en su papel de gestores de los derechos laborales y sociales.

Hasta hoy, las organizaciones sindicales se han visto debilitadas en su capacidad de

representación y negociación por carecer de alternativas viables y largo plazo. Ello porque

generalmente, han respondido más de manera defensiva y coyuntural, que de modo ofensivo, :!;~,,d propositivo y prospectivo, ejemplo es que mientras que desde 1994 existe una propuesta del !&k? PAN para modificar el estatuto jurídico del derecho laboral mexicano, aún hoy, no se conoce ', ~

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pendientes en la agenda sindical, tiende acrecer5'. .']. ;? 3 "S L >?

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Los sindicatos no sólo carecen de una estrategia sindical actualizada y a largo plazo para '? ':I '" r:1

enfrentar las demandas tradicionales como el empleo, el salario, la seguridad social que por Ir. i , ...' ,,?

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demás hoy parecen espejismos, sino además la agenda se satura con nuevos desafíos, el :Ti > ;-y ;.:

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corporativismo sindical y la Reforma del Estado, la libertad de afiliación sindical, la nueva I - '

cultura laboral, y las competencias laborales. Se requiere de nuevas formas de acción sindical

que preservando la autonomía de las organizaciones, intervengan en la definición de políticas

de Estado para orientarlas a favor de los trabajadores y de la sociedad.

El sindicalismo tiene hoy un reto ineludible revisar sus postulados de defensa del trabajo en su

más amplio sentido y actuar conforme a ello. Generar nuevas vías para la negociación desde el

nivel de los impactos sociales de carácter nacional hasta nivel de la empresa, lo cual implica,

en realidad, construirlos, entonces se habrá dado la posibilidad de tener un papel activo y

definitorio de la manera y los modos en que los cambios se seguirán dando con costos más

regulados y menos negativos en el empleo, el salario y las condiciones del trabajo.

50 Jeannette Góngora, Javier Rodriguez, Merco Antonio Leyva. "Las competencias laborales en la agenda sindical". El Cotidiano. Núm. 79. México. Edit. UAM-Azcapotzalco, octubre 1996.

97

El sindicalismo reconoce en relación a la capacitación para el trabajo que a pesar de los

ordenamientos jurídicos existen problemas tanto de orden técnico y operativo, como en la

voluntad empresarial para ejercer el derecho del trabajador a ser capacitado. No obstante, los

sindicatos continúan viendo la capacitación en relación directa con el puesto de trabajo y el

nivel salarial y no se contempla los nexos que existen con transformaciones técnico-

organizativas en el conjunto de la empresa, de los sectores y ramas de la economía y por tanto

tampoco parece existir nexo alguno entre esta temática y el problema de la formación en el

ámbito de los mercados de trabajo”.

’’ Ibid.

98

CONCLUSIONES DEL CAPITULO IV

Debemos reconocer para finalizar, que las facciones actuales del sindicalismo oficial tiende a

tomar partido en torno a los grupos de poder estatal y económico. Ahí radican sus diferencias

más profundas y no en si están o no de acuerdo en modernizar sindicatos o federaciones para

ajustarlos a las nuevas exigencias del capital. Todos ellos, además, siguen basando su poder

principal en los apoyos gubernamentales, en particular el de la presidencia, aunque han

cobrado mayor relieve los respaldos empresariales. Desde la perspectiva de sus compromisos

con el modelo de regulación neoliberal del trabajo, todos los sindicatos oficiales son

neocorporativos. Los proyectos modernizadores de la FSTSE, de los sindicatos de la industria,

del SUTERM, pertenecientes al Congreso del Trabajo (CT), la fracción más tradicional,

coinciden algunos aspectos con los proyectos de los sindicatos de telefonistas y de los

trabajadores de la educación.

Los problemas de la crisis del sindicalismo oficial no son pocos y pueden ser agravados por el

descontento de los trabajadores y de otras capas de la población que, electoralmente y en otros

ámbitos cuestionan sus liderazgos y su utilidad. Sufren impugnaciones desde varios frentes: en

el espacio legal y electoral, además de ver amenazadas sus cúreles y otros puestos de gobierno

corren el riesgo si progresa la oposición de perder todo el respaldo jurídico que usan para

controlar cuotas sindicales, registros de nuevos sindicatos y el uso de la fuerza pública contra

sus opositores.

Por último, debemos declarar y considerar el servicio público debe revalorarse tomando en

cuenta que es el centro del quehacer estatal. Recuperar su carácter humanista es condición

básica para mejorar el desempeño de la administración pública. Que tenga consistencia y

cohesión es requisito para facilitar la cooperación institucional y compartir valores. Que sea

elemento de cambio institucional no sólo es deseable, sino necesario para revitalizar la misión

del gobierno.

99

El servicio público debe considerarse como un conjunto de inversiones, no como mero rumbo

de gastos. Es inversión por los elementos intelectuales, éticos y profesionales que integra,

además, por que es suma de experiencias que no pueden deshacerse de manera lineal,

postulando la mera reducción de costos y gastos. Sin omitir deficiencias y aun insuficiencias

en el desempeño del servidor público, no es motivo suficiente para darle tratamiento drástico

por la vía ya conocida de los recortes de plantillas.

Por el contrario, es importante que el servicio público tenga un nuevo lugar en la agenda de los

gobiernos y que sea categorizado como factor de realización institucional no carga onerosa

para las finanzas del Estado ni para la vida de los ciudadanos. Es correlativo a una buena

administración pública, un servicio público profesional y competente en el elemento que

coadyuva a que el quehacer de la misma administración pública sea eficiente.

La gran reforma de la administración pública comienza cuando el servicio público es valorado

como capital humano, del cual depende el éxito de la gestión pública de acuerdo con las

facetas de habilidad funcional, seguridad laboral, promoción basada en el mérito, capacitación

y actualización de excelencia y remuneración justa

1 O0

B I B L I O G R A F I A Y H E M E R O G R A F I A

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