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Las Relaciones cívico-militares se componen de complejas interacciones entre agencias civiles de gobierno, diversos grupos sociales, medios masivos de comunicación, partidos políticos, e instituciones militares. Tales interacciones se desarrollan históricamente. Se convierten en “normales”, cultural, estructural e institucionalmente o al menos se convierten en relativamente predecibles, aunque también permanecen sujetas al cambio. La participación militar formal y habitual, abierta y encubierta dentro de la estructuración e implementación de políticas ocurre en todos los sistemas políticos. Esta participación ocurre a nivel nacional y se extiende a sedes locales donde las operaciones militares emplean civiles, afectan los servicios y presupuestos gubernamentales, impactan los medio ambientes locales y la economía, y proporcionan una gama de servicios no disponibles de otras agencias gubernamentales. 1 En la misma forma, las instituciones y personal militares establecen relaciones formales e informales con grupos civiles de interés de toda clase, partidos políticos e instituciones religiosas. En algunas sedes locales, y a veces a nivel nacional, el “electorado militar” (personal militar, miembros de familia y dependientes) ejerce un peso considerable en la selección de legisladores, ejecutivos estatales y locales, y hasta a veces personal policial local y jueces.

Existe, sin embargo, una variación significativa, entre los países, en la influencia constitucional, estatutaria, socioeconómica y política inmediata de las instituciones militares en la política cotidiana y la administración pública. Esta variación es un foco principal de investigación en las relaciones cívico-militares comparadas, que es un tópico poco estudiado en las universidades estadounidenses. 2

Desafortunadamente, el término “relaciones cívico-militares” se usa a menudo en una forma menos analítica, como un eufemismo conveniente para la propensión de los líderes militares a intervenir directamente en la política y asumir el gobierno. Este uso es particularmente común cuando se aplica a América Latina. De acuerdo al especialista brasileño, Profesor Luis Bitencourt Emilio, “el punto crítico no está en la comprensión de las relaciones cívico-militares en la región, sino más bien en la evaluación de la posibilidad de que las fuerzas armadas se subordinen a la autoridad política. (...)este esfuerzo para crear un eufemismo aceptable, ‘relaciones cívico-militares’ ha creado cierta indigestión en los estómagos militares(...)”. 3 Una fuente de esta “indigestión” han sido las políticas para la seguridad regional diseñadas por Estados Unidos para el consumo hemisférico desde 1959, y más aún desde 1990.

Este artículo investiga los cambios en la agenda estadounidense de seguridad para el Hemisferio Occidental y ciertas áreas de relaciones cívico-militares en Latinoamérica desde 1990. 4

El foco no está en la propensión a los golpes militares o aún en si las relaciones cívico-militares se han movido en la dirección de una “supremacía civil”, un término vago que, en su uso común pasa por alto los límites constitucionales, legales y políticos a la autoridad gubernamental en cualquier régimen constitucional. 5 Después de investigar las políticas de seguridad regionales de los Estados Unidos de 1959 a 1990, los cambios en la agenda de seguridad desde 1990, y las respuestas a la nueva agenda estadounidense por parte de los funcionarios latinoamericanos, el artículo evalúa los cambios en ciertas áreas de las relaciones cívico-militares latinoamericanas. 6

No existe razón a priori para suponer que los cambios en las políticas sobre seguridad deban o necesariamente tengan que producir cambios en las relaciones cívico-militares en Latinoamérica. Pero dados los esfuerzos y los gastos de recursos realizados por los Estados Unidos en la región para lograr los objetivos de seguridad, hay buena razón para preguntarse si la tan divulgada agenda de seguridad hemisférica ha sigo lograda, si los resultados provienen de una influencia estadounidense, de su intervención, o de las decisiones semi-autónomas de quienes toman las decisiones políticas latinoamericanas o de quienes lideran las fuerzas armadas. Desde 1990 Estados Unidos ha proclamado consistentemente su apoyo a la “democracia” y “subordinación” de las fuerzas militares a la autoridad civil. Ha gastado dinero, ha inventado nuevas instituciones dentro de la rama del Poder Ejecutivo que se dedica a estos fines, ha enviado consejeros, ha invitado a personal militar de Latinoamérica a entrenarse en los Estados Unidos, y a los líderes civiles a convertirse en expertos en administración de sistemas de defensa. Ha apoyado fuertemente el establecimiento y el reforzamiento de ministerios de defensa controlados por civiles. También ha comprometido su apoyo al “imperio de la ley“ y la “estabilidad”. ¿Se han logrado estas metas, o por lo menos ha ocurrido algún movimiento en este sentido desde 1990? Tal vez lo que es más importante, cualquiera que sea la agenda de seguridad de los Estados Unidos, es preguntarse ¿se han producido cambios fundamentales en las relaciones cívico-militares en Latinoamérica desde 1990?

Acá se le da especial atención a seis puntos dentro de las relaciones cívico-militares desde 1990: (1) 0DUFRV� OHJDOHV�\�FRQVWLWXFLRQDOHV�EiVLFRV������5HJtPHQHV�GH�H[FHSFLyQ�FRQVWLWXFLRQDOHV, en la medida en que ellos afectan las relaciones civico-militares. 7 (3) La doctrina militar referente a la “democracia” y a la “VXERUGLQDFLyQ�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�SROtWLFD�FLYLOHV´����� El concepto de la REHGLHQFLD�GHELGD y de derechos humanos, (5) Cambios en la MXULVGLFFLyQ�GH�ODV�FRUWHV�PLOLWDUHV�VREUH�FLYLOHV�\�los IXHURV�PLOLWDUHV, esto es, el punto hasta el cual el personal militar está sujeto a la jurisdicción de las cortes ordinarias para “crímenes comunes” (incluyendo asesinato, secuestro, asalto, robo, etc.), y (6) operaciones y tareas militares. 8 El análisis sistemático de cada una de estas dimensiones de relaciones cívico-militares, país por país,

requeriría una investigación mucho más profunda y un tratamiento mucho más detallado del que es posible en este artículo. Sin embargo, se proporcionan materiales ilustrativos en la discusión de cada una de estas dimensiones de relaciones cívico-militares y los apéndices ofrecen referencias textuales para apoyar los aspectos constitucionales y estatutarios del análisis.

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Después de la Revolución Cubana de 1959 el número de gobiernos

militares en Latinoamérica se incrementó gradualmente. Ocurrieron golpes militares en El Salvador y Ecuador en 1961; en Argentina y Perú en 1962; en Guatemala, Ecuador, República Dominicana, y Honduras en 1963. En 1963 el Presidente John F. Kennedy proclamó: “Nosotros en este hemisferio debemos usar todo recurso bajo nuestro mando para prevenir el establecimiento de otra Cuba en este hemisferio.” 9 Siguieron golpes militares en Brasil y Bolivia en 1964. Poco tiempo después de los golpes militares de Brasil y Bolivia, Thomas Mann, el Secretario de Estado Asistente de los Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos remitió un memorándum al Subcomité de Asuntos Interamericanos del Congreso titulado “Política actual de los Estados Unidos en Latinoamérica”. El memorándum declaraba: “Estados Unidos está jugando un rol decisivo en la defensa exitosa de este hemisferio contra la agresión y subversión comunista. (...) Es nuestra esperanza e intención que, con una defensa adecuada contra la intervención totalitaria, Latinoamérica logrará un mayor progreso significativo en el camino de la democracia moderna”.

Hasta 1965, la política de los Estados Unidos con respecto a la serie de golpes militares permaneció errática. En algunos casos Estados Unidos buscó evitar los golpes militares; en otros incentivó los golpes militares, y aún en otros colaboró en llevarlos a cabo o virtualmente los dirigió. Las políticas inconsistentes con relación a los golpes y gobiernos militares estuvieron basados en un REMHWLYR� GH� SROtWLFD� FRQVLVWHQWH: “No más Cubas”. Donde el apoyo a gobiernos civiles parecía estar de acuerdo con ese objetivo, como en Venezuela, Colombia, y Chile, los Estados Unidos apoyaron a los gobiernos reformistas. Donde los gobiernos e instituciones civiles eran débiles o menos abiertamente anti-marxistas, los Estados Unidos toleraban o incentivaban golpes militares, como en El Salvador, Bolivia, y Brasil. En 1965 Estados Unidos envió una expedición militar a la República Dominicana, ostensiblemente para proteger a ese país contra la amenaza del Comunismo Castrista. Después de un período de confusión política, Estados Unidos apoyó la instalación de “un régimen elegido, pero autoritario”. 10

En las dos décadas siguientes, en muchas partes de la región el rol de las Fuerzas Armadas en la política se incrementó. La preocupación de Estados Unidos por la “democracia”, en la medida en que haya existido genuinamente, generalmente se subordinó y sacrificó en favor de preocupaciones de seguridad definidas en el marco de la Guerra Fría. 11 Muchos gobiernos militares y regímenes civiles autoritarios, algunos elegidos apropiadamente y algunos resultantes de elecciones orquestadas para proporcionar una fachada

de legitimidad a democracias fingidas, expandieron los roles constitucionales, legales, administrativos, y políticos de las Fuerzas Armadas. 12 Los énfasis y detalles de la política variaron de país a país, pero la tendencia general de desplegar personal de las Fuerzas Armadas en misiones de “acción cívica” y “desarrollo interno” se extendieron a través de la región. Las juntas militares dirigían las políticas nacionales; los soldados peleaban contra insurgentes y perseguían subversivos pero también vacunaban niños, construían escuelas, llevaban agua potable, mejoraban carreteras, construían sistemas de comunicación, y administraban programas de deporte nacionales, entre otras muchas tareas.

Al mismo tiempo, la inteligencia militar aumentaba su autonomía, expandía la vigilancia de civiles, y llegaba a ser más “operacional” en la represión y erradicación de “subversivos”. En algunas partes de Latinoamérica, la inteligencia militar y política se superponían a tal punto que las líneas telefónicas, medios de comunicación masiva, y muchos lugares de trabajo estaban vigilados permanentemente por las Fuerzas Armadas. Esta expansión de operaciones de inteligencia militar y expansión del rol militar ocurría generalmente tanto bajo gobiernos militares como civiles. A fines de los años 70, aún donde los regímenes civiles o nominalmente civiles habían sobrevivido (por ejemplo, Colombia, Venezuela, y la República Dominicana), el rol político de las Fuerzas Armadas había aumentado significativamente. 13

*RELHUQRV�0LOLWDUHV������������ Ecuador 1963-1966; 1972-1978 Guatemala 1963-1985 Brasil 1964-1985 Bolivia 1964-1970; 1971-1982 Argentina 1966-1973; 1976-1983 Perú 1968-1980 Panamá 1968-1981 Honduras 1972-1982 Chile 1973-1990 Uruguay 1973-1984 El Salvador 1948-1984

Después de 1978, el número de gobiernos militares en Latinoamérica disminuyó gradualmente. La amenaza del comunismo internacional y la influencia de la Revolución Cubana en el Hemisferio Occidental virtualmente desaparecieron después de 1989. Combatir el comunismo y la “subversión” declinaron como razones plausibles para establecer o mantener regímenes militares. Aunque persistieron insurgencias importantes y guerras civiles en partes de América Central, Colombia y Perú en los años 90, la agenda y política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos en la región favorecieron un retorno a la “democracia”, es decir, a gobiernos civiles elegidos. En 1995 no quedaba ningún gobierno militar en el hemisferio.

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Desde fines de la década de 1980, y antes de los ataques terroristas a

objetivos civiles y militares de los Estados Unidos el 11 de Setiembre del 2001, la política de los Estados Unidos en Latinoamérica específicamente proponía cambiar la doctrina militar en lo referente a misiones militares (tanto externas como internas), las relaciones entre agencias civiles y las Fuerzas Armadas, el entrenamiento relacionado con los derechos humanos, y el rol de las Fuerzas Armadas en el “desarrollo nacional”. 14 De acuerdo a Linda D. Kozaryn del Servicio de Prensa de las Fuerzas Americanas, que escribió en 1996:

“(...) Establecer un control civil de lo militar es una necesidad en muchas democracias en ciernes. Estados Unidos ahora planea ayudar a enseñar a los líderes de defensa civiles a administrar sus fuerzas armadas. Estados Unidos abrirá un Centro Interamericano para Estudios de Defensa en Washington, de acuerdo a William J. Perry. El Secretario de Defensa de Estados Unidos anunció planes para el nuevo centro el 7 de octubre, durante la Segunda Reunión Ministerial de Defensa de las Américas. En la primera sesión de julio de 1995, los funcionarios de defensa se comprometieron a alcanzar niveles históricos de cooperación para la seguridad a fin de robustecer sus democracias, dijo Perry (...)”.

“El Centro Interamericano para Estudios de Defensa estará localizado en la Universidad de Defensa Nacional en Fort McNair, señaló Perry. Estados Unidos proporcionará los fondos y administrará el centro, pero Perry propuso que representantes de otras naciones también participaran en la Junta de Asesoramiento del centro”.

“El plan es hacer que viajen equipos a través de toda la región para brindar cursos,” dijo Perry. “Todo el asunto consiste en avanzar en el conocimiento civil de los asuntos militares, y en la habilidad de controlarlos en forma más efectiva.” 15

En la Reunión de Ministros de Defensa de las Américas realizada a mediados de 1995, que fue la “primera reunión que se había realizado hasta entonces de los líderes militares y civiles del hemisferio”, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos anunció que se había llegado a un consenso: “La piedra angular de nuestro enfoque para las Américas es un compromiso compartido por la democracia, el imperio de la ley, la resolución de conflictos, la transparencia en la defensa, y la cooperación mutua.” 16 El informe identificaba tres importantes amenazas a la democracia, a la paz y a la prosperidad: los conflictos internos (tales como los movimientos guerrilleros en el Perú, Colombia, Guatemala y México) ; las disputas limítrofes (tales como la breve guerra entre Perú y Ecuador en 1995); y las amenazas transnacionales (tráfico de drogas, terrorismo, organizaciones criminales internacionales). Otros analistas civiles y militares añadieron a la lista de 1994 a 1997: la migración

masiva, la protección de las fajas marinas y aéreas, incluyendo el Canal de Panamá; la protección de los derechos humanos; la misiones de logro y mantenimiento de la paz; la limitación de las armas de destrucción masiva, incluyendo las armas nucleares, biológicas y químicas; la protección del medio ambiente; el control de los carteles criminales financieros y económicos internacionales; el contrabando de armas; el crimen organizado; la lucha contra la corrupción; y la lucha contra la pobreza. 17

Repetidas reuniones y conferencias que involucraban a los jefes militares y a los funcionarios de los ministerios de defensa de la región presentaron y reiteraron la nueva agenda para las relaciones cívico-militares 18.

En noviembre de 1997, la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army War College) se reunió con el Comando Sur de los Estados Unidos, La Junta Interamericana de Defensa, la Oficina de la Guardia Nacional, y el Consorcio Latinoamericano de la Universidad de Nuevo México, y la Universidad Estatal de Nuevo México, a fin de coauspiciar una conferencia titulada “El Rol de las Fuerzas Armadas en las Américas: Relaciones Cívico-Militares para el Siglo XXI”. La reunión se realizó del 3 al 6 de noviembre en Santa Fé, Nuevo México -teniendo como anfitriones a la Guardia Nacional de Nuevo México- 19. La lista de recomendaciones resumidas de esta sesión parece una lista de deseos para una nueva Agenda de Seguridad, enfatizando el rol del Departamento de los Estados Unidos en enseñar a los latinoamericanos las relaciones cívico-militares adecuadas y a los militares de Estados Unidos a proporcionar asesoramiento acerca de los derechos humanos y “coordinar” el servicio de inteligencia regional, el antiterrorismo, y las operaciones anti-narcóticos.

“(...) El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Junta

Interamericana de Defensa deberían proporcionar los fondos y otro apoyo a los tanques de pensamiento, tales como el recientemente establecido Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos en Washington, DC, dedicados al desarrollo de la competencia civil en asuntos de defensa y seguridad. Tales institutos no deberían estar limitados a los Estados Unidos sino que deberían ser establecidos a través de toda Latinoamérica”. 20

3DUD�ORV�0LOLWDUHV�(VWDGRXQLGHQVHV�� “El Comando Sur de los Estados Unidos debería tomar la

iniciativa para crear sistemas de comunicación electrónica para mejorar la participación en la información de seguridad entre las instituciones de defensa hemisféricos.”

“El Programa de la Guardia Nacional de los Estados Unidos

“State to State Partnership Program” (Programa Socios de País a País) debería expandirse para desarrollar sociedades con más militares

latinoamericanos en respuesta a los requerimientos de las autoridades civiles constituidas debidamente en esos países.”

“El entrenamiento en derechos humanos para las fuerzas

armadas latinoamericanas debería continuarse y expandirse a todos los niveles.”21

Estas recomendaciones formaban parte de una agenda más grande negociada políticamente que apenas disfrazaba las discrepancias en las visiones diversas de Latinoamérica y de los Estados Unidos respecto del mundo posterior a 1989 -- y también las discrepancias acerca de las prioridades y políticas dentro del establecimiento de defensa norteamericano y las Fuerzas Armadas. También aclaraban la presunción incuestionada de que la "democracia" y los "mercados" de alguna manera promoverían la igualdad social y mejorarían las oportunidades para muchos latinoamericanos. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) expresaba presunciones similares en este periodo, con una atención sorprendentemente directa respecto a los intereses nacionales de los Estados Unidos:

“(...) El centro de nuestra estrategia es ayudar a la democracia y al libre mercado a expandirse y sobrevivir en otros lugares donde tenemos las preocupaciones de seguridad más fuertes y donde podemos influir en un grado máximo.”

Esta no es una cruzada democrática; es un compromiso

pragmático para ver que la libertad VH� DILDQFH� GRQGH� pVWD� QRV� D\XGH�PiV. Así, debemos poner el objetivo de nuestro esfuerzo en ayudar a los Estados que colaboran con nuestro interés estratégico (...). Debemos enfocar nuestros esfuerzos donde tengamos mayor influencia. Y nuestros esfuerzos deben ser impulsados por la demanda; deben enfocarse en naciones cuya gente está presionando por la reforma o ya la han asegurado.

“Al promover y ayudar al crecimiento de la democracia, los Estados Unidos también apoyan el surgimiento y establecimiento de gobiernos que llegarán a ser mejores socios comerciales y gobiernos más estables. Transiciones sin problemas de poder reducirán el riesgo mortal de que armas nucleares puedan caer bajo el control de agentes irracionales. Facilitando la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, la democracia puede también evitar que cientos de miles de individuos huyan de sus países y contribuyan a aumentar los flujos de refugiados desestabilizadores y costosos, a producir estados anárquicos y fracasados, y a esparcir enfermedades y epidemias de proporciones catastróficas.” 22

Consistente con este "nuevo" enfoque de las relaciones hemisféricas, el plan de estudios en las escuelas militares de los Estados Unidos que entrenaban al personal latinoamericano cambió hacia la "nueva agenda". 23 De

acuerdo al comandante de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en 1999, el plan de estudios de la escuela reflejaba la democratización rápida de Latinoamérica. A medida que las guerras civiles en la región disminuían, se desenfatizaba la contra-insurgencia a favor de cursos sobre mantenimiento de la democracia, desminado, y actividades anti-narcóticos. "‘Lo que estamos haciendo’, dice el Coronel Glenn Weidner, ‘es dar a estos soldados una exposición a los ideales americanos y relaciones cívico-militares apropiadas. Los cursos de la Escuela de las Américas incluyen más horas de instrucción en derechos humanos que aquellos en cualquier otra escuela de entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos’". 24

Hacia 1999 la lista de "nuevas misiones" encargadas a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica llegaron a ser una letanía repetida en numerosas reuniones y conferencias a las que asistían los comandantes militares, ministros de defensa, y otros civiles y militares de alto rango. Como ilustración, antes de partir hacia Bolivia para encontrarse con sus contrapartes en septiembre de 1999 (y poco tiempo antes de que un confuso golpe "cívico-militar" expulsara al presidente de Ecuador), el General ecuatoriano Telmo Sandoval Barona dijo a la prensa que las Fuerzas Armadas de Latinoamérica habían llegado a ser "ejemplos para el mundo" en apoyar la democracia y superar la pobreza. 25 En la misma reunión, el General guatemalteco Miguel Ángel Calderón hizo una presentación llamada "La Doctrina Militar en el Ejército de Guatemala," que fue diseminada junto con fotos en la página web de Internet del Ejercito de Guatemala. Los comentarios del General Calderón incluyeron casi todos los temas en la nueva agenda de seguridad de los Estados Unidos, desde los derechos humanos hasta misiones para hacer cumplir la ley, desde subordinación a la autoridad civil hasta el compromiso del ejército a la consolidación de la democracia. El ejército guatemalteco estaba inclusive en el proceso de transformar sus "cimientos axiológicos". 26

En septiembre de 1999, el Instituto de Estudios Estratégicos puso a disposición "Seguridad y Relaciones Cívico-Militares en el Desorden del Nuevo Mundo: El Uso de las Fuerzas Armadas en las Américas". 27 Esta colección reconocía mejor los retos heterogéneos de transformar las relaciones cívico-militares desde México, Colombia y Venezuela hasta el cono sur, pero enfatizaba las amenazas de inestabilidad económica, populismo autoritario resurgente, insurgencias, y narco-política. 28 Claro que el enfoque de "seguridad" primario del volumen era la lucha a los carteles de drogas, la corrupción gubernamental, y la corrupción de las Fuerzas Armadas mismas.

El enfoque en las insurgencias en curso y las narco-guerras en Colombia parecían personificar esta visión. De acuerdo a Richard Downes:

“Los problemas de Colombia ponen en riesgo a Estados Unidos de múltiples maneras. El impacto de la industria de las drogas ha sido devastador en la sociedad de Estados Unidos. Las importaciones anuales de Estados Unidos de 300 millones de toneladas de cocaína, 70 por ciento de origen colombiano, han causado 100,000 muertes y

$300 mil millones en costos en los últimos 10 años. Las importaciones de cocaína alimentan los hábitos de 12 millones de usuarios de drogas en los Estados Unidos, incluyendo 3.6 millones de adictos, contribuyen a 14,000 muertes por año relacionadas con drogas, y llevan a costos económicos incontables para los cuidados de salud, seguridad pública, y la pérdida de productividad.”

“Debido al alza en arrestos relacionados con las drogas, uno de

cada 155 ciudadanos de los Estados Unidos está encarcelado. Más ciudadanos de los Estados Unidos están detrás de las rejas que sirviendo en las fuerzas armadas. El comercio ilegal de drogas de Colombia constituye una amenaza de seguridad nacional a los Estados Unidos, y su violencia interna ha resultado en el secuestro de varios ciudadanos de los Estados Unidos. Los 25,000 ciudadanos de los Estados Unidos que viven en Colombia soportan diversos grados de riesgo debido a la situación interna. Económicamente, Colombia sirve como un mercado principal para las exportaciones de los Estados Unidos, y 41 por ciento de las exportaciones de Colombia se destina para los Estados Unidos. El comercio en ambos sentidos Estados Unidos – Colombia es 60 por ciento más alto que el comercio Estados Unidos – Chile, cuatro veces el comercio de los Estados Unidos con los países de la antigua Yugoslavia, y 400 de las 500 compañías de Fortune operan en Colombia. Estados Unidos es la fuente principal de inversión extranjera. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, el medio ambiente actual levanta serias dudas acerca del futuro político y económico de Colombia”. 29

Al final de los años 90, a pesar del discurso sobre derechos humanos y democracia (incluyendo el control civil de las Fuerzas Armadas), OD� DJHQGD�RSHUDWLYD� GH� VHJXULGDG�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SDUD�HO� KHPLVIHULR��PHGLGD�HQ�GyODUHV� \� RWURV� UHFXUVRV� FRPSURPHWLGRV�� KDEtD� OOHJDGR� D� VHU�SUHGRPLQDQWHPHQWH� OD�JXHUUD�FRQWUD� ODV�GURJDV��HO� WHUURULVPR� LQWHUQDFLRQDO�� OD��HVWDELOLGDG��� \� OD� SURPRFLyQ� GH� OD� �GHPRFUDFLD� GH� PHUFDGR��� HV� GHFLU�� OD�OLEHUDOL]DFLyQ�GHO�FRPHUFLR�\�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�ODV�HPSUHVDV�SULYDGDV� 30 Un tema suplementario –el mejoramiento de la pericia civil en la defensa nacional y el incentivo de la "cooperación civil y militar en asuntos militares"– surgió más explícitamente, con la creación del Center for Hemispheric Defense Studies (Centro Hemisférico para Estudios de Defensa (CHDS) en la National Defense University (Universidad Nacional de Defensa) en 1997. El Departamento de Defensa reportó que más de 286 estudiantes se graduaron del seminario "Planeamiento de Defensa y Administración de Recursos" del CHDS, solamente en 1999. En otros programas el Departamento de Defensa afirmó que oficiales militares y civiles extranjeros estaban "expuestos, en un nivel práctico, a un amplio rango de valores democráticos en acción, tales como la libertad de prensa, el Estado de derecho, y el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Ellos también ven de primera mano la manera en la que funciona la milicia de los Estados Unidos bajo el gobierno civil." 31 En resumen, el Departamento de Defensa buscaba borrar la imagen

del gobierno y de los militares de los Estados Unidos de administrar "escuelas para dictadores" y de enseñar torturas mientras ajustaba sus relaciones con los militares latinoamericanos en un Hemisferio Occidental posterior a la Guerra Fría.

En la práctica, las fuerzas militares de los Estados Unidos se encargaban de una variedad de misiones terrestres y aéreas en todo Latinoamérica, frecuentemente justificadas como parte de la guerra contra las drogas. Acuerdos bilaterales y despliegue de fuerzas ponían a las fuerzas de los Estados Unidos "en riesgo" – y potencialmente involucradas en conflictos internos e internacionales – en una base diaria en Centroamérica y las naciones andinas. 32 El compromiso de la administración Clinton de enviar aviones de guerra y helicópteros a Colombia a mediados del año 2000 como parte del “Plan Colombia” preocupaba a las naciones vecinas a medida que las operaciones de las FARC y del ELN se intensificaban, aunque las demoras en el envío de la mayoría de helicópteros Blackhawks y UH-1N preocupaban a algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos. 33 En Brasil, el presidente de Venezuela comentó: “así es como empezó Vietnam". 34 El día anterior, el ministro del exterior de Brasil, Luis Felipe Lampreia, declaró que este país estuvo "fuertemente preocupado" con las consecuencias militares potenciales del "Plan Colombia", prediciendo que la guerra sería aún peor a comienzos del 2001. 35 Hacia septiembre del 2000, Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil habían desplegado unidades especiales hacia sus fronteras, anticipando el "trasvase" como resultado de las operaciones de fumigación y erradicación de drogas. Los inmigrantes que huían del “Plan Colombia” crearon nuevos desafíos humanitarios y de seguridad a los vecinos de Colombia. 36 Todo esto, antes de las negociaciones entre los principales grupos guerrilleros y el gobierno del Presidente Andrés Pastrana se rompieran a fines de febrero de 2002.

Las relaciones existentes entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y sus contrapartes latinoamericanas portaban mensajes entremezclados. Para los planificadores de defensa en los Estados Unidos, la conexión entre “seguridad”, “estabilidad”, y “mercados” en la década del 90, virtualmente reprodujo la retórica y las premisas socioeconómicas de la administración Eisenhower en la década de los 50, estando ausente ahora la lógica anticomunista. 37

Una vez más se les aseguró a los latinoamericanos de que la inversión extranjera, el crecimiento económico, y la “democracia” (gobiernos elegidos) pavimentarían la ruta hacia una vida mejor. En las palabras de la Síntesis de la Estrategia de Seguridad Norteamericana para las Américas del Departamento de Defensa, de octubre del 2002, ³1XHVWUR� HQIRTXH� GH� OD�SROtWLFD�D�ODUJR�SOD]R�������WLHQH�FRPR�SUHPLVD�OD�FUHHQFLD�GH�TXH�ORV�JRELHUQRV�GHPRFUiWLFRV�� FRPSURPHWLGRV� DO� HVWDEOHFLPLHQWR� GH� PHUFDGRV� HFRQyPLFRV�OLEUHV��VRQ� OD�PHMRU�JDUDQWtD�GH�SD]��HVWDELOLGDG��\�GH�ELHQHVWDU�HFRQyPLFR�HQ�OD�UHJLyQ�´�38�

La premisa de que la democracia y los “mercados libres” estaban ligados de alguna forma se había convertido en un lugar común, repetido casi ritualmente por los conductores civiles de la política y el personal militar norteamericano. Por cierto el uso del término “democracia de mercado” se hizo tan común que pocos hacedores de la “Política” cuestionaron sus orígenes o significado a pesar de su carencia de pedigrí dentro de la teoría democrática clásica o moderna.

En 1998 el Secretario de Defensa Cohen les dijo a los participantes en una conferencia en Santiago de Chile:

“(...) dentro del período de nuestras vidas, millones de personas

de todo el mundo, especialmente la gente de la cuenca del Pacifico y de Latinoamérica han experimentado de primera mano el vínculo integral entre la libertad y la democracia y la libertad de mercados; entre la seguridad frente a la inestabilidad y la seguridad para la inversión.

Y así el título de esta sesión no podía haber sido más apropiado. La paz y la estabilidad son las verdaderas piedras angulares de la prosperidad. Y sin ellas es imposible imaginarse la inmensa cantidad de inversiones en capacidad productiva e infraestructura de apoyo, mucho de ella hecha a través de las fronteras internacionales, la cual ha puesto combustible al crecimiento económico de la Cuenca del Pacífico por muchas décadas.” 39

¿Dónde la seguridad para las inversiones y la libertad de los mercados ha producido las bendiciones aclamadas por el Secretario de Defensa Cohen en el Hemisferio Occidental? ¿En el Perú y el Ecuador? ¿En México? ¿En Brasil y Colombia? ¿En Centroamérica? ¿Tal vez en Chile? A lo largo de los años 90 las desigualdades en riqueza e ingreso aumentaron; la inseguridad económica para millones de latinoamericanos empeoró, así como la inseguridad personal con el alza en el crimen y la violencia que acompañaron a las políticas de "libre mercado" apoyadas por los Estados Unidos.

Por supuesto, la seguridad y la estabilidad no dependían solamente de las inversiones y la libertad de mercados. El terrorismo y las narco-guerrillas habían reemplazado la amenaza marxista del pasado. La seguridad hemisférica también dependía de confrontar nuevas amenazas. Al final de 1998, Cohen dijo a los asistentes a la III Reunión de Ministros de Defensa del Hemisferio, en Bogotá:

“El mejor disuasivo que tenemos contra los actos de terrorismo es descubrir quién está conspirando, quién tiene el material, dónde lo están obteniendo, con quién están hablando, cuáles son sus planes. Para hacer eso, para detener a los terroristas antes de que detonen sus armas, se tiene que tener esa clase de capacidad de recolección de inteligencia, pero esto choca directamente con las protecciones Constitucionales de la privacidad. Y es una tensión que continuará

existiendo en toda sociedad libre – la reconciliación de la necesidad de libertad y la necesidad de la ley y el orden-. Y habrá un equilibrio constante en el que todos tendremos que participar.

Porque una vez que las bombas exploten –ésta es una visión

personal, ésta no es una visión gubernamental de los Estados Unidos, sino mi visión personal – que una vez que estas armas empiecen ha ser detonadas la gente dirá protéjannos. Estamos deseosos ha abandonar algunas de nuestras libertades y algunos de nuestros derechos, pero deben protegernos. Y esto es lo que nos guiará hacia el siglo veintiuno, esta clase de tensión Constitucional de cuánta protección podemos proporcionar y aún así preservar las libertades esenciales.

Y así, ese es el reto que pienso que todos nosotros tenemos que

afrontar por nosotros mismos. Lo que más necesitamos es tener un entendimiento de que debemos compartir inteligencia acerca de actividades terroristas. Si ustedes recogen información acerca de grupos que están planeando ataques dentro de sus propios países, y que cruzan las fronteras, entonces ésa es información que debería ser compartida. Lo mismo es verdad para todos nosotros en el hemisferio. Tenemos una obligación de hacer eso y yo creo que de hecho proporcionará la clase de disuasión que todos estamos buscando.” 40

Pero para los oficiales latinoamericanos las ideas de "inteligencia compartida" (2SHUDFLyQ�&yQGRU, ¿el esquema de "inteligencia compartida" que unió a las Fuerzas Armadas del cono sur en el terrorismo estatal internacional en los años 70 y 80?) tenía una referencia muy concreta. 41 ¿Creían realmente los conductores de la política de los Estados Unidos que monitorear por medio de inteligencia militar los movimientos políticos y sociales a través de las fronteras como parte de operaciones contra el terrorismo y operaciones anti-drogas era una medida que daría poder a la sociedad civil e incentivaría la "democracia"? ¿Y cómo responderían los oficiales latinoamericanos a la observación de que las limitaciones constitucionales acerca de inteligencia militar y vigilancia doméstica de civiles para los Estados Unidos era un problema que encaraban los Estados Unidos en el combate contra el terrorismo? ¿Tal vez deberían felicitarse ellos mismos de que ninguna de tales restricciones legales inconvenientes impedían sus propias operaciones? 42 ¿Era la intención del Secretario Cohen definir este problema de un modo que diera legitimidad a las prácticas tradicionales latinoamericanas: vigilancia militar ilimitada y en escala completa por la inteligencia militar de todas las "amenazas posibles"? ¿Cuál era el balance real entre "democracia" y "seguridad" en la "nueva" agenda de los Estados Unidos para el hemisferio? A medida que los movimientos guerrilleros de Colombia, paramilitares de ala derecha, y narco-mafias se trasvasaban hacia Venezuela, Perú, Ecuador, y Bolivia, afectando los intereses de los Estados Unidos y costando mayores bajas americanas, ¿cómo definiría realmente los Estados Unidos el rol de las fuerzas militares y policiales en la región? 43

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Los oficiales militares y políticos latinoamericanos tienen una larga historia de interpretar la retórica cambiante de la política de los Estados Unidos. Ellos entienden que la retórica de los Estados Unidos tiene una base doméstica en EE.UU. y que no tiene ningún significado concreto para sus propios Estados excepto en las relaciones bilaterales. También entienden que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las misiones militares individuales, así como las agencias relativamente autónomas, la Agencia Antidrogas (DEA) y otras agencias de los Estados Unidos tienen sus propias "políticas exteriores". Desde comienzos de los años 90, las visiones optimistas de los analistas civiles y conductores de la política de los Estados Unidos tenían poco sentido para la mayoría de los oficiales latinoamericanos. Es más, ellos representaban amenazas potenciales para sus instituciones basadas en un mal entendimiento de los requerimientos de seguridad nacional y regional.

Sin embargo, los oficiales también entendían los beneficios en las

relaciones públicas y presupuestales de hacerse eco de la nueva línea política de seguridad de los Estados Unidos y algunos se unieron al coro. 44 En todo el hemisferio las guerras de guerrillas e insurgencias desde los años 60 habían enseñado a las Fuerzas Armadas los peligros de la "mala prensa". Los departamentos de comunicaciones y los esfuerzos de relaciones públicas se expandieron significativamente, tanto en las páginas web militares como en coordinación con los medios locales e internacionales. Hacia los años 90 la mayoría de las Fuerzas Armadas de la región confiaban en especialistas en medios de comunicación masiva (y oficiales familiarizados con el trabajo de Antonio Gramsci) para efectuar un control reiterativo del pasado así como del presente. 45

En general, sin embargo, los funcionarios latinoamericanos tendían a tomar un enfoque más cauto, ante los escenarios de amenaza y perspectivas de "democracia" en la región, que el de los conductores de la política de los Estados Unidos y publicistas del Departamento de Estado. Muchos artículos que aparecían en las publicaciones de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica y en publicaciones militares patrocinadas por los Estados Unidos transmitían un sentido diferente del "nuevo orden mundial". El general argentino Aníbal Laíño parecía reafirmar visiones "realistas" tradicionales del orden internacional y de la naturaleza de la política: "El conflicto es inherente a la naturaleza humana, y ésta persiste en todo lugar en el planeta, a pesar de las ideas de teóricos idealistas". Laíno luego identificó un conjunto de "situaciones potencialmente críticas" (SPOC’s) que proporcionan una agenda de seguridad aparentemente ilimitada para las Fuerzas Armadas. Apreciaciones similares por el General chileno Carlos Molina Jhonson y el Coronel uruguayo Sergio H. Caubarrere demostraban los diferentes significados dados a la democracia, el desarrollo, y la seguridad por los funcionarios latinoamericanos y sus contrapartes de los Estados Unidos. 46 Esto era especialmente verdad con respecto a las pretensiones de hegemonía regional y global inherente en la agenda de seguridad de los Estados Unidos y la presunción de que a través de

"programas educacionales de bajo costo" los dirigentes latinoamericanos llegarían a compartir la visión de post Guerra Fría de los Estados Unidos.

Pero, por supuesto, muchos oficiales militares de los Estados Unidos compartían la visión de Laíño en vez de la de los conductores civiles que inventaron el cuento de hadas del nuevo orden mundial y de una inevitable "democratización" de la región. De acuerdo al Teniente Coronel (Ret.) Ralph Peters, que escribe en la edición hispanoamericana de la Revista Militar en 1999:

“La literatura es historia antes de que la verdad sea sacada de ella. Creo que nos beneficiamos hoy en día, más que nunca, de estudiar los textos clásicos. El barniz de la civilización, tan nuevo y tan frágil, está siendo removido en muchas partes del mundo. Los problemas de ayer son los de hoy, y serán los de mañana. Si queremos realmente saber quién es nuestro enemigo, debemos mirar hacia dentro (de nosotros).

Los seres humanos son una constante en un mundo cambiante. Nos aferramos a lo que sabemos, porque el cambio es difícil para nosotros. Los conflictos que nuestras fuerzas armadas confrontarán en los años venideros tendrán muchas causas superficiales; pero, fundamentalmente, sólo habrán dos: la naturaleza humana y los efectos del cambio en ella.” 47

Premisas similares respecto a la naturaleza humana y a la política

internacional condujeron a muchos oficiales latinoamericanos y estadounidenses a dar significados diferentes a términos aparentemente similares –"democracia", "estabilidad", “desarrollo”, “seguridad”, “derechos humanos”-, de los que les daban muchas de sus contrapartes entre los políticos. Estos diferentes puntos de vista acerca de democracia, estabilidad, desarrollo, seguridad, y derechos humanos, conducen a evaluaciones bastante diversas de las misiones militares apropiadas y de las relaciones cívico-militares durante la década del 90. Para Laíño y para muchos funcionarios latinoamericanos, las “situaciones potencialmente críticas” que afectan a sus naciones incluyen la pobreza, la desigualdad, la miseria, los ataques a sus propias instituciones militares, la vulnerabilidad económica y militar de sus países, la erosión de la soberanía inherente a la intensa “globalización” de las dos últimas décadas, y el unilateralismo y multilateralismo alternado de la política estadounidense, de acuerdo a la cambiante percepción estadounidense de sus propios intereses.

¿Por qué deben aceptar los latinoamericanos una supervisión internacional de sus políticas nacionales que el Congreso de los Estados Unidos y la opinión pública rechazarían para los Estados Unidos? 48. ¿En qué devendrían las misiones históricas primarias de las Fuerzas Armadas desde el surgimiento del Estado nación: mantener el orden interno y defender la soberanía nacional?. Tal como Luis Bitencourt le hizo recordar a su auditorio latinoamericano y estadounidense en 1997:

“Muchos (latinoamericanos) creen que los militares tienen y deben tener un poder efectivo moderador y controlador sobre los errores políticos.

(...) Segundo, los latinoamericanos generalmente miran las

iniciativas de seguridad estadounidenses con considerable desconfianza. Algunos las ven simplemente como egoístas, episódicas e intrusivas en los intereses y autonomía de los países de la región. Otros las ven como simplistas e incapaces de distinguir y entender las peculiaridades regionales. 49

La elaborada página web en internet del ejército brasileño en 1999 parecía confirmar la aseveración de Bitencourt de que la agenda de seguridad estadounidense tal vez no era congruente con los intereses brasileños. Para el ejército brasileño en 1988 o 1999, la preocupación más importante era la VREHUDQtD� EUDVLOHxD y ORV� LQWHUHVHV� QDFLRQDOHV� EUDVLOHxRV. 50 La posición brasileña igual que en el pasado, fue que las Fuerzas Armadas de Brasil eran el último determinante del futuro del Brasil, ya sea que entraran en conflicto con las preocupaciones medio ambientales internacionales, las organizaciones de derechos humanos, los antropólogos profesionales o los movimientos feministas: “$ SURILVVmR� PLOLWDU� WHP� UHYHODGR�� QD� JUDQGH� DYHQWXUD� KXPDQD��DVSHFWRV� GH� PDUFDQWH� VLQJXODULGDGH�� QD� UD]mR� HP� TXH� RV� SDtVHV� VHPSUH�SHUFHEHUDP�HP� VXDV�)RUoDV�$UPDGDV� R� HOHPHQWR� ILQDO�� R� ~OWLPR� DUJXPHQWR�¶�SDUD� D� SUHVHUYDomR� GH� VHXV� LQWHUHVVHV�� $� H[LVWrQFLD� H� R� IXWXUR� GDV� QDo}HV�GHSHQGHP�� IXQGDPHQWDOPHQWH�� GD� FDSDFLGDGH� GH� VXDV� )RUoDV� $UPDGDV�VXVWHQWDUHP�DV�GHFLV}HV�GR�(VWDGR��EHP�FRPR�GH�DWXDUHP�FRQWUD�DPHDoDV�j�VXD� VREHUDQLD� H� LQGHSHQGrQFLD�´� 51 Muchos oficiales hispanonoamericanos compartieron los puntos de vista de sus contrapartes brasileños.

¢4Xp�KD�FDPELDGR�GHVGH�����"��¢4Xp�KD�SHUPDQHFLGR�LJXDO"�

Mas allá de las diferencias político culturales entre los funcionarios latinoamericanos y los conductores de la política estadounidense, ¿Son los PDUFRV� OHJDOHV� \� FRQVWLWXFLRQDOHV� EiVLFRV que rigen las relaciones cívico militares en Latinoamérica durante el año 2002, diferentes de lo que fueron en 1990? ¿Las misiones militares, el entrenamiento y las operaciones, son significativamente diferentes en el año 2002 de lo que fueron en la década anterior? 52. ¿Han cambiado fundamentalmente los términos y el discurso de las relaciones cívico militares?

Las respuestas a estas preguntas varían grandemente dentro de la región. Algunos cambios en las Fuerzas Armadas y en las relaciones cívico militares han ocurrido en todo sitio, desde una reducción (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argentina) hasta la expansión (México, Ecuador, Perú Colombia), desde misiones de seguridad interna aumentadas (Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México, Nicaragua) a despliegues de seguridad interna muy limitados (Argentina, Chile). 53 En algunos países (Brasil, Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador) ha habido despliegues dramáticos de las Fuerzas

Armadas en misiones urbanas de “lucha contra el crimen” urbanas. En otros países (Chile, Uruguay, Argentina) las unidades de las Fuerzas Armadas raramente han sido desplegadas en áreas urbanas desde 1990.

Las nuevas doctrinas de defensa y seguridad han expandido las misiones y roles en algunas partes de Latinoamérica, tal vez más notoriamente en la Nueva Política de Defensa del Brasil, mientras que se constriñen las operaciones militares y el entrenamiento en otros países. 54 En general, los presupuestos militares han sido reducidos y muchas industrias militares han sido vendidas como parte de la “reducción del Estado” y de los esquemas de privatización típicos del modelo neoliberal que ha prevalecido, en mayor o menor grado, en la mayor parte del hemisferio. Las relaciones entre las instituciones militares y partidos políticos civiles, las legislaturas, las instituciones judiciales y las nuevas fuerzas policiales civiles ofrecen también un rango de experiencias distintas. En la mayor parte de la región, sin embargo, las Fuerzas Armadas buscaron redefinir sus misiones de acuerdo a la nueva agenda de seguridad regional para justificar y relegitimizar su función.55. Desde el 11 de septiembre de 2002, se han reafirmado las tradiciones latinoamericanas relativas a la fusión de los servicios de inteligencia externos e internos, el rol dominante de la seguridad interna para las Fuerzas Armadas y la ausencia de límites claros entre las misiones de “seguridad interna” y las de seguridad nacional.

/DV�)XHU]DV�$UPDGDV�\�ODV�&RQVWLWXFLRQHV

¿Han ocurrido en América Latina desde 1960 cambios significativos en las definiciones constitucionales del rol de las Fuerzas Armadas? ¿Han estado las Fuerzas Armadas esencialmente circunscritas a la defensa nacional y a la seguridad externa, o ha persistido la conjunción tradicional de la defensa externa y la seguridad interna?

Las constituciones latinoamericanas desde principios del siglo XIX han formalizado y legitimado un rol multifacético y tutelar para las Fuerzas Armadas. ¿Ha cambiado esto en la última década? Luigi Einaudi contesta esta pregunta afirmativamente: “En la historia latinoamericana así como en este país, las constituciones han asignado regularmente a los militares un derecho corporativo, inclusive un deber, para presidir de un modo profesional, no partidario, el destino de la nación concediéndole a los comandantes militares la obligación constitucional de determinar cuándo los políticos habían violado la Constitución. Tales formulaciones, virtualmente incomprensibles para personas educadas en una tradición liberal, en la actualidad han desaparecido de las constituciones escritas en la generación pasada en Latinoamérica”. 56. Russell Ramsey, escribiendo también en la revista teórica del ejército estadounidense, 3DUDPHWHUV, va aún más lejos: “Las Fuerzas Armadas de Latinoamérica emergen ahora al final de la Guerra Fría como una fuerza positiva en medio de una osada democratización y desarrollo económico dentro del más grande y antiguo bloque homogéneo de Estados-nación independientes y constitucionales. (...) El pretorianismo militar bajo todas las banderas está en la

actualidad en descrédito, y el principio SRVVH�FRPLWDWXV es ahora la ley en toda Latinoamérica excepto en Haití y en Cuba.” 57.

Estos puntos de vista sobre los militares latinoamericanos no están enteramente confirmados por la evidencia. Con la excepción de aquellos países donde las Constituciones, ya sea, eliminaron al ejército en favor de una fuerza policial nacional (Costa Rica, Panamá) o históricamente evitaron definir una misión constitucional para las Fuerzas Armadas (Argentina, Uruguay), las Fuerzas Armadas latinoamericanas tienen misiones multifacéticas ampliamente extendidas dentro de las constituciones más recientes de la región. Las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, las leyes de seguridad nacional, las leyes de elecciones, y una legislación más especializada asigna mayores misiones a las Fuerzas Armadas. En ningún lugar existe una ley tan constreñida como el principio de 3RVVH� FRPLWDWXV reconocido por ley en los Estados Unidos en 1878. 58. Es más, en diversos países las Fuerzas Armadas se han expandido y han hecho de rutina sus misiones tradicionales de mantener el orden interno, describiendo orgullosamente sus contribuciones a la seguridad ciudadana en declaraciones públicas, revistas militares y websites de internet. 59. Aún en México, donde hasta la década del 90 muchos analistas visualizaban que el rol político de las Fuerzas Armadas sería limitado, la constitución se refiere explícitamente a la misión de la seguridad interna del ejército. El artículo 89, al enumerar los roles presidenciales y congresales y al nombrar y aprobar oficiales (coroneles y rangos mayores) estipula el rol de la seguridad interna de las tres ramas militares así como también de la Guardia Nacional: “IV. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacionales y los empleados superiores de Hacienda; V. Nombrar a los demás oficiales del ejército, armada y fuerza aérea nacionales con arreglo a las leyes; VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea, SDUD� OD�VHJXULGDG� LQWHULRU�\�GHIHQVD�H[WHULRU de la Federación; VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción cuarta del artículo 76 (...)”.

Mantener el orden constitucional, hacer cumplir la ley, aliviar desastres, realizar “misiones de desarrollo nacional” múltiples, y la supervisión de elecciones son misiones definidas constitucional y legislativamente para las Fuerzas Armadas. En muchos casos tendencias posteriores a 1990 han H[SDQGLGR explícitamente y de facto estas misiones para incluir la protección del medio ambiente, controles de migración e inmigración, operaciones anti narcóticos, embarques de armas ilegales y de contrabando, mantenimiento de la paz regional e internacional, y misiones de desarrollo económico, ya sea que estén o no relacionados explícitamente con la “defensa y seguridad” (por ejemplo, en la constitución del Ecuador, tal como fue reformada en 1998, “Art. 190. /DV� IXHU]DV� DUPDGDV� SRGUiQ� SDUWLFLSDU� HQ� DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV�UHODFLRQDGDV� FRQ� OD� GHIHQVD� QDFLRQDO”). Donde las constituciones no definen explícitamente estas misiones, la legislación y los reglamentos militares a menudo contemplan tareas económicas múltiples, “de desarrollo”, y muchas

otras como parte del rol militar. 60. En contraste, la constitución brasileña (1988, tal como fue modificada en 1998) establecía que cualesquier cambio legislativo en niveles de fuerza sean iniciados por el Presidente (no por el Congreso):

“artículo 61:_ $ LQLFLDWLYD� GDV� OHLV� FRPSOHPHQWDUHV� H� RUGLQiULDV�FDEH� D� TXDOTXHU�PHPEUR� RX� &RPLVVmR� GD�&kPDUD� GRV�'HSXWDGRV� GR�6HQDGR� )HGHUDO� RX� GR� � &RQJUHVVR� 1DFLRQDO�� DR� 3UHVLGHQWH� GD�5HS~EOLFD��DR�6XSUHPR�7ULEXQDO�)HGHUDO�� DRV�7ULEXQDLV�6XSHULRUHV��DR�3URFXUDGRUB*HUDO�GD�5HS~EOLFD�H�DRV��FLGDGmRV��QD�IRUPD�H�QRV�FDVRV�SUHYLVWRV� QHVWD� &RQVWLWXLomR�� �� ��� B� 6mR� GH� LQLFLDWLYD� SULYDWLYD� GR�3UHVLGHQWH� GD� 5HS~EOLFD� DV� OHLV� TXH�� ,�� B� IL[HP� RX� PRGLILTXHP� RV�HIHWLYRV� GDV� )RUoDV� $UPDGDV����� I�PLOLWDUHV� GDV� )RUoDV� $UPDGDV�� VHX�UHJLPH� MXUtGLFR�� SURYLPHQWR� GH� FDUJRV�� SURPRo}HV�� HVWDELOLGDGH��UHPXQHUDomR��UHIRUPD�H�WUDQVIHUrQFLD�SDUD�D�UHVHUYD�� �$FUHVFLGR�SHOD�(PHQGD�&RQVWLWXFLRQDO�������B�'�2�8�����������´� Tal legislación y reglamentaciones redactados a menudo en forma

amplia y ambigua ofrecen bases legales para un “sobredimensionamiento de misión” siempre, y cuando, la carencia de amenazas a la seguridad tradicional puedan motivar cortes presupuestales y reducción forzosa. En México, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (1986) es típica, definiendo a las Fuerzas Armadas como “instituciones permanentes” (esto es establecido por la constitución no por el legislativo) y a sus misiones para que explícitamente incluyan la defensa de la integridad, la independencia y soberanía de la nación, garantizando la seguridad interna, ayudando a la población civil en épocas de necesidad pública, llevando a cabo acción social y cívica para contribuir al progreso del país y, en el caso de desastres, mantener el orden y ayudar a las personas en las zonas afectadas”. 61 En Bolivia, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación (1992) le asigna a las Fuerzas Armadas una lista aun más grande de misiones, que vale la pena reproducir en su versión española para captar el “sabor” de la tremenda diferencia entre las nociones estadounidenses de “defensa nacional” y la idea latinoamericana de la importancia fundamental de las instituciones militares dentro del sistema político:

$57,&8/2������/$6�)8(5=$6�$50$'$6�'(�/$�1$&,Ï1� VRQ�OD�,QVWLWXFLyQ�$UPDGD�)XQGDPHQWDO�\�SHUPDQHQWH�GHO�(VWDGR�%ROLYLDQR��\�VXVWHQWDQ�FRPR�SULQFLSLRV�GRFWULQDULRV���D�� 3UHVHUYDU�HO�0DQGDWR�&RQVWLWXFLRQDO��OD�SD]�\�OD�8QLGDG�1DFLRQDO�\ OD�HVWDELOLGDG�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GHPRFUiWLFDV�GHO�(VWDGR��E�� 6HU� LQWHJUDGRU� GH� OD� QDFLRQDOLGDG�� ILHO� H[SUHVLyQ� GH� FLYLVPR�� HO�KRQRU� \� OD� JUDQGH]D� GH� OD� 3DWULD�� GH� VXV� WUDGLFLRQHV� \� GH� VXV�JORULDV���F� 6HU� H[SRQHQWHV�GHO� KHURtVPR�� YDORU��SRGHU�\�SXMDQ]D�GHO�SXHEOR�EROLYLDQR�� VLPEROL]DQ� OD� KLVWRULD� GH� OD� ,QGHSHQGHQFLD� \� HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�5HS~EOLFD��VLHQGR�SRU�HOOR�GHSRVLWDULDV�GH�VX�OLEHUWDG��SURJUHVR�H�LQWHJULGDG�WHUULWRULDO�\�HVSLULWXDO���

G�� &RQVWLWXLU� HO� EDOXDUWH� GH� OD� 6HJXULGDG�1DFLRQDO� \� GH� OD�'HIHQVD�VREHUDQD�GH�OD�3DWULD��FRQWULEX\HQ�DO�ELHQHVWDU�JHQHUDO�GHO�SXHEOR�EROLYLDQR��VRQ�HO�VRVWpQ�GH� OD�YLJHQFLD�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GHO� (VWDGR�� GH� OD� GHPRFUDFLD� \� GH� ORV� GHUHFKRV� \� JDUDQWtDV�FLXGDGDQDV���H�� 6HU� HO� IDFWRU� LQGLVSHQVDEOH� SDUD� HO� ORJUR� GH� ORV� 2EMHWLYRV�1DFLRQDOHV�� HO� GHVDUUROOR� LQWHJUDO� GHO� SDtV� \� OD� LQGHFOLQDEOH�GHFLVLyQ�GH�UHLYLQGLFDFLyQ�PDUtWLPD�� I�� 6XVWHQWDUVH� HQ� OD� FRKHVLyQ� GH� VXV� HVWUXFWXUDV�� VX� PLVLyQ� \�RUJDQL]DFLyQ�YHUWLFDO��EDVDGDV�HQ�SULQFLSLRV�IXQGDPHQWDOHV��GH�GLVFLSOLQD��MHUDUTXtD��RUGHQ�\�UHVSHWR�D�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GHO�(VWDGR�� D� VXV� OH\HV� \� UHJODPHQWRV. 62 http://www.mindef.gov.bo/Normas%20Leyes%20Militares/ley%201405/titulo_primero.htm#TITULO PRIMERO.

Ni el caso mexicano ni el boliviano sugieren un movimiento hacia un

ejército concebido de acuerdo con principios de tipo SRVVH� FRPLWDWXV�� 63. En igual forma, en la República Dominicana, la colorida página de internet del ejército orgullosamente proclama sus misiones de seguridad interna y externa, así como sus tareas de desarrollo económico y social: � ³/D�PLVLyQ�GHO�(MpUFLWR�1DFLRQDO�HV�GHIHQGHU�OD�LQWHJULGDG�WHUULWRULDO�GH�OD�5HS~EOLFD��VHU�FHORVR�JXDUGLiQ�GH�OD�VREHUDQtD��PDQWHQHU�OD�SD]�\�HO�RUGHQ�S~EOLFR�\�FRQ�HOORV��VHU�HO� LQJUHGLHQWH�SULPRUGLDO�SDUD�FUHDU� ODV�FRQGLFLRQHV�IDYRUDEOHV�DO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GH�OD�QDFLyQ� HQ� XQ� FOLPD� GH� Pi[LPD� VHJXULGDG�� HVWR� FRPR� HV� FODUR�� HQ�HVIXHU]R�FRQMXQWR�\�FRRUGLQDGR�FRQ�ODV�GHPiV�LQVWLWXFLRQHV�PLOLWDUHV�TXH�QDFLHURQ� GH� VX� SURSLR� VHQR� SDUD� YLYLU� KHUPDQDGDV� \� FyQVRQDV� FRQ� HO�FRQFLHUWR�DUPyQLFR�GH�XQD�)XHU]DV�$UPDGDV�FDSDFHV�\�HILFLHQWHV´��64�

Mas bien, las definiciones constitucionales y estatutarias mexicanas, bolivianas y de la mayoría de países latinoamericanos de las misiones militares permanecen bastante amplias, o, en algunos casos han sido expandidas desde 1990.

En otros casos, la ambigüedad constitucional y estatutaria más la “necesidad” son las que deciden las misiones militares; en octubre de 1999 el ejército salvadoreño desplegó unos 4000 soldados en una campaña conjunta con la policía nacional para proteger la cosecha del café contra el sabotaje, el robo y el secuestro de camiones. 65 En Brasil, las misiones militares oscilaban entre proteger pájaros exóticos y hacer cumplir las leyes de caza hasta llevar a cabo campañas contra las enfermedades venéreas y la fiebre del dengue(...) 66

Frank Mc Cann en su libro 6ROGLHUV� RI� WKH� 3DWULD� $ +LVWRU\� RI� WKH�EUD]LOLDQ�$UP\��1889 - 1945. Stanford, Stanford University Press, (próximo a salir a luz) definitivamente desdeña cualquier idea que pueda subsistir de que, históricamente, la función principal del ejército brasileño ha sido la defensa

externa. Esta es una lectura esencial para cualquier persona interesada en las relaciones cívico-militares en el Brasil. Según William Mendel:

“Las amenazas a los intereses brasileños incluyen las actividades criminales de los narco-guerrilleros y los traficantes de drogas, el contrabando de armas que va desde armas de fuego hasta plumas de pájaros y asaltos directos en contra del medio ambiente y de la economía por parte de los madereros ilegales, los mineros de oro, los pesadores y los cazadores (...)”.

“La Política de Defensa Nacional (PDN) de 1996 está dirigida a la

soberanía nacional, la unidad nacional, la protección de los recursos, la defensa de los intereses nacionales en el extranjero y la presencia internacional brasileña, y la paz y seguridad internacionales. Fue un paso hacia la unificación de las fuerzas armadas bajo un Ministro de Defensa (logrado en 1999). La PDN identifica a las pandillas criminales armadas en el Amazonas (guerrilleros, traficantes de drogas, otros criminales), como las principales amenazas a la soberanía nacional, e identifica las amenazas en la frontera sur (Argentina) como no significativas. Esto resucita y refuerza el proyecto Calha Norte para traer un mayor apoyo para el desarrollo a unas 5000 municipalidades a lo largo de 16,000 kilómetros de frontera brasileña.” 67

En otros casos, las misiones de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública y para hacer cumplir la ley se han expandido para hacer frente a la percepción de un crecimiento de la violencia, el crimen y la corrupción en las agencias civiles. Esto ha ocurrido en Honduras, Guatemala, el Salvador, México, Colombia, Brasil, y, más dramáticamente, en el Ecuador (antes del golpe de estado de principios del año 2000 que destituyó al presidente titular y finalmente lo reemplazó por el vicepresidente), donde el ejército tomó los servicios de aduana en 1996:

“Los cada vez mayores niveles de crimen y violencia en el Ecuador -particularmente en la ciudad capital de Quito y en el mayor puerto de Guayaquil- han empujado al gobierno a hacer un uso más amplio de las tropas del ejército en patrullas contra el crimen. El presidente del Ecuador, Mahuad declaró un estado de emergencia a principios de 1999 y ordenó al ejército apoyar en forma más intensiva el cumplimiento de la ley. Hacia febrero de 1999, el jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas informó que más de 8,000 soldados estaban apoyando a la policía en luchar contra la criminalidad”.

“Los actuales esfuerzos de patrullas de tropa en las áreas rurales

y a lo largo de la costa tienen la intención de liberar a la policía de obligaciones exigentes en el cumplimiento de la ley. El ejército está también involucrado en deberes de protección de las fronteras, dirigidos a detener el flujo de drogas e inmigrantes ilegales, así como mantener lo que el Ecuador considera una presencia necesaria frente al Perú. Las

Fuerzas Armadas han controlado las aduanas desde 1996, una acción dirigida a reducir la corrupción y la ineficiencia. Los militares alegan que los recibos de aduana han aumentado en un 40% durante la permanencia de las Fuerzas Armadas en este rol. Sin embargo, está programado que las aduanas volverán al sector civil en 1999. 68.

En Cali, Colombia, un despliegue más limitado de personal del ejército también estuvo dirigido a diversas actividades criminales:

“El Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de Colombia (o AFEAU) -de aproximadamente 70 oficiales y tropa, está dirigido a luchar el crimen violento y a combatir toda una gama de actividades terroristas. La unidad está compuesta de especialistas traídos de las Fuerzas Armadas y de la policía que están entrenados en rescate de rehenes, operaciones de asalto urbano y disparos de gran precisión. Un equipo especial de la AFEAU recientemente desplegado en Cali para combatir ‘las actividades de los guerrilleros, narcotraficantes, y criminales comunes’ ha pedido del alcalde de Cali. La ciudad ha experimentado un índice creciente de asesinatos y una mayor actividad por parte de los grupos armados y de las pandillas a través de toda el área”. 69.

Así las nuevas constituciones y las reformadas en la década del 90 no han eliminado las misiones de seguridad interna de las Fuerzas Armadas tal como lo sugieren Einaudi y Ramsey, aunque en algunos países se han realizado esfuerzos para distinguir mejor entre las funciones de defensa y las policíacas, y asignar funciones primarias, pero no exclusivamente policiales a la policía nacional ( o estatal o provincial en los sistemas federales). En algunos casos, sin embargo, las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas han sido significativamente ampliadas. En Venezuela, por ejemplo, la constitución de 1999 cambia las relaciones de poder dentro del estado venezolano al aumentar el poder del presidente, y darle a los militares responsabilidades adicionales en la política nacional interna. 70.

A pesar de la diversidad del lenguaje constitucional relacionado con las Fuerzas Armadas, en la mayoría de los casos las misiones constitucionales de los militares son bastante extensas. Las leyes especiales, por ejemplo la legislación antiterrorista, leyes para el control de armamento, las leyes de seguridad nacional y leyes más especializadas (por ejemplo las leyes que regulan los aeropuertos, el transporte terrestre, los sistemas de comunicaciones, etc. definen en mayor forma las misiones militares.) Un examen de las cláusulas constitucionales de las constituciones latinoamericanas más recientes hacen evidente que, con algunas excepciones importantes tales como Nicaragua, Brasil, y Argentina, los alegatos de que existen restricciones severas en las misiones militares no están fundamentados.

En resumen, aún cuando han ocurrido algunos cambios pequeños en las constituciones latinoamericanas desde 1990, en su mayor parte no han quitado las presunciones de guardianía y “tutelaje” referentes a las Fuerzas Armadas en el sistema político o su participación multifacética en la vida nacional y en la administración pública. Las constituciones generalmente asignan a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad internas; éstas son reforzadas más aún por las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas en diversos estatutos y reglamentaciones administrativas.

/DV�)XHU]DV�$UPDGDV�\�ORV�5HJtPHQHV�&RQVWLWXFLRQDOHV�GH�([FHSFLyQ�

�Los regímenes constitucionales de excepción suspenden las libertades y

los derechos civiles, redistribuyen la autoridad del gobierno, y a menudo asignan funciones de dictar política, hacer cumplir la ley, y detentar autoridad judicial a las Fuerzas Armadas a fin de enfrentar las “emergencias”. Los regímenes constitucionales de excepción más comunes son el “estado de sitio”, el “estado de emergencia”, y el “estado de conmoción interna”, pero hay muchos y muy diferentes de tales regímenes excepcionales en la historia constitucional de Latinoamérica. Mas aún, el “mismo” régimen de excepción es definido en forma diferente de país a país y de una constitución a otra en el mismo país. En algunos países (por ejemplo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y Chile) los regímenes de excepción adicionales se originan en la legislación de seguridad nacional, en las provisiones legales para lograr el alivio a los desastres y las respuestas a las emergencias, y aún en leyes acerca de la política económica y del medio ambiente. Desde el punto de vista de las relaciones cívico-militares, el aspecto más importante de tales regímenes de excepción es el grado de autoridad legal otorgado a las instituciones militares para el gobierno interno y el grado de libertades civiles y derechos suspendidos durante tales periodos. 71.

Los regímenes de excepción pasan inadvertidos en tiempos “normales”. Pero como parte de la arquitectura legal y constitucional son elementos críticos de los sistemas políticos. 72. En Latinoamérica han sido ubicuos desde su independencia. Mientras existan como recursos constitucionales y legales, subsiste la premisa subyacente de la vida política de que en tiempos de crisis, las libertades civiles y los derechos pueden evaporarse precisamente cuando son más necesitados. Hasta el punto en que la implementación de regímenes de excepción descansa sobre instituciones militares (incluyendo la policía nacional, definida como parte de las Fuerzas Armadas o IXHU]D� S~EOLFD). El balance en las relaciones cívico-militares está inclinado potencialmente hacia la autoridad militar. Los ciudadanos llegan a acostumbrarse a una presencia militar más o menos permanente en el cumplimiento de la ley, a soldados en las calles y en carreteras rurales, y a personal militar en oficinas gubernamentales críticas y en centros de comunicaciones. El reiterado uso de los regímenes de excepción reafirma en esta forma las tradiciones autoritarias y el rol histórico de las Fuerzas Armadas en gran parte de la región a pesar de la existencia de gobiernos civiles elegidos. Este patrón ha sido especialmente

evidente en el Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, y Nicaragua desde los inicios de la década del 90, pero no ausente del todo en otros lugares.

¿Han sido modificados significativamente los regímenes de excepción en Latinoamérica desde 1990?. ¿Las reformas constitucionales han cambiado las condiciones bajo las cuales se pueden declarar regímenes de excepción? ¿Se han colocado límites más restrictivos en la declaración por parte del Ejecutivo de los regímenes de excepción? ¿Los conductores de la política estadounidenses o los reformadores latinoamericanos han puesto este tema en la “agenda de la seguridad”?. La respuesta a estas preguntas es casi uniformemente NO.

Del examen de los regímenes de excepción más importantes en las constituciones latinoamericanas más recientes es claro que este aspecto de “democratización” y de relaciones cívico-militares ha sido muy poco alterado desde la caída del muro de Berlín.

Mientras que las premisas institucionales básicas de los regímenes de

excepción no han cambiado desde 1990, algunas constituciones han sido reformadas para delimitar ligeramente la autoridad presidencial en declarar regímenes de excepción, para aumentar la supervisión legislativa, al menos post-facto, y para restringir explícitamente el abuso de autoridad gubernamental (incluyendo la militar) sobre los civiles durante el periodo en que rige el régimen de excepción. El registro aquí está mezclado, y sin un mayor análisis de los cambios en la ley militar y en los procedimientos penales militares (una tarea que escapa al alcance del presente análisis, pero que sí preocupa) no es posible evaluar toda la magnitud de este cambio. Más aún, se ha progresado definitivamente al reconocer los abusos potenciales inherentes al uso de regímenes de excepción y prever por lo menos en principio una rendición de cuentas cuando termina el régimen de excepción.

³'HPRFUDFLD´�\�³6XERUGLQDFLyQ�GH�ODV�)XHU]DV�$UPDGDV�

D OD�$XWRULGDG�&LYLO´� Igual que en el pasado, muchos funcionarios latinoamericanos de la

década del 90 tienen conceptos de la “democracia” diferentes a los de los conductores de la política de Estados Unidos. Y estos conceptos diferentes no incluyen necesariamente una subordinación irrestricta a la autoridad civil, ni siquiera respeto por su legitimidad. Esta visión “antipolítica” ha sido presentada y reiterada frecuentemente, pero tal vez el General ecuatoriano Paco Moncayo en sus anotaciones de 1997 incluye la crítica más enfática de las ideas “liberales” de democracia y relaciones cívico-militares:

“La democracia se deforma cuando los partidos políticos son convertidos en negocios electorales, un tipo de oligarquía de poder (...) cuando los candidatos van al mejor postor y las campañas cuestan millones de sucres conduciendo al control plutocrático de los procesos electorales y la corrupción (...) el proceso electoral carece de legitimidad

cuando los votantes deben seleccionar entre candidatos escogidos porque tienen el dinero para comprar el puesto (...) los presidentes vienen al cargo con deudas que tienen que pagar, se crean negocios para recuperar los costos de la campaña. Los contratos gubernamentales son inflados y las obras públicas cuestan más de lo que deberían, la burocracia se expande para incluir a los “partidarios” (“co-idearios”); se destruye la posibilidad de un desarrollo aceptable para la comunidad.” 73

¿Pero qué democracia occidental es inmune “al negocio electoral” criticado por el General Moncayo? Si este tipo de “democracia deformada” destruye la posibilidad de justicia social y deslegitima al gobierno, ¿dónde no sería cuestionada la legitimidad del gobierno elegido? Ciertamente no en los Estados Unidos, donde la influencia de los comités de acción política y los lobbies de las compañías ejercen una tremenda presión sobre las decisiones legislativas y en la conformación de la “opinión pública” (por cierto el resultado de la elección presidencial estadounidense en el 2000, y la manera en la cual las agencias gubernamentales federales, estatales o locales se comportaron para determinar el resultado, bien podría haber provocado una respuesta para “defender la democracia” por parte de las Fuerzas Armadas en algunos países latinoamericanos).

La crítica del general Moncayo a la “democracia de mercado” es compartida por muchos oficiales (y civiles). 74 Sus puntos de vista son parte del mismo discurso salvador y antipolítico que hay en la región desde la década de 1920 75. Moncayo empieza con una discusión de Platón, Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, Bodin, Hobbes, y Tocqueville, analiza el desarrollo del capitalismo y del liberalismo en Europa Occidental, rápidamente se mueve a través del siglo veinte y de la Guerra Fría, para concluir que la “democracia es tanto un logro como un proceso (...) cuya esencia es la atenuación de la concentración de riqueza y poder.” La Democracia “es fundamentalmente una forma de vida en la cual la justicia es posible”, pero la democracia representativa que se conforma a la economía de mercado y al liberalismo económico QR�HV�HO�~QLFR�WLSR�GH�GHPRFUDFLD��DSOLFDEOH�HQ�WRGRV�ORV�FDVRV´�76 (En agosto del 2000, Moncayo asumió el cargo de alcalde de Quito).77

Las observaciones del Presidente venezolano Hugo Chávez en el Colegio Interamericano de Defensa en 1998 también pone en claro los límites para el “control civil” desde el punto de vista de ciertos oficiales patriotas: 78 (Como presidente venezolano en 2002 Chávez celebró la fecha de su fallido golpe de estado (1992) como un día feriado patriótico).

“El mundo globalizado no es el mundo que conocimos durante el cambio de siglo; los avances científicos y tecnológicos y el nuevo rol de los militares son temas que necesitan ser debatidos y discutidos. Nosotros le hemos dado una máxima prioridad en Venezuela. Necesitamos discutir el rol de los militares en el hemisferio y en nuestros

países. Aunque cada país enfrenta sus propios desafíos específicos, hay muchos temas e común que podemos discutir.”

“(...) Como soldados hemos sido entrenados para proteger la

democracia. Esto es una característica que los soldados de Venezuela comparten con muchos de ustedes. Pero para nosotros tiene una significación especial dado que somos los abanderados de un orgulloso y glorioso pasado en el cual se creó un ejército con el propósito de liberar a una nación y lograr su independencia. El objetivo nunca fue conquistar otras naciones o dominar a su propia gente. Fue con estos ideales que se creó el ejército de Venezuela bajo el liderazgo de Simón Bolívar y una generación de soldados que incluían pensadores, quienes establecieron nuevas repúblicas, justo como George Washington hizo acá. Un soldado y un creador de instituciones democráticas que completamente refuta la idea de que la imagen de un uniforme militar mancha de tiranía, como se dice en algunos lugares.”

“(...) Yo digo esto acá, entre soldados, porque creo que debe ser

dicho. Se ha dicho mucho acerca de nosotros. Que somos traidores, que estamos siempre observando la posibilidad de dar golpes de estado, que somos tiranos, gorilas derechistas, y muchas otras cosas. Déjenlos, lo toleramos; pero no somos nada de eso. Somos simplemente soldados forzados por una situación. Ahora, sin ser ya soldado, aunque eso es lo que continuamos siendo, casi una década después, responsablemente asumimos el rol de conducir un proceso para levantar el país, un proceso en el cual los militares tienen un rol muy importante.” 79

La página web de Internet del Ministerio de Defensa de Venezuela en

1999 reafirmaba la idea del Presidente Chávez de que las Fuerzas Armadas fueron responsables de mucho más que la “defensa” 80. El caso venezolano es mucho más complicado por el rol extensivo de la *XDUGLD�1DFLRQDO, una fuerza fundada por un ex-presidente y comandante del ejército a fines de la década de 1930, cuya gama de misiones de seguridad interna y externa se superpone parcialmente y a veces compite con las del ejército. 81 En cualquier caso, la nueva constitución venezolana, aprobada abrumadoramente en diciembre de 1999, restringía aún más el control civil sobre las Fuerzas Armadas; es decir, se movía en una dirección exactamente opuesta de la del modelo liberal rechazado por Moncayo, Chávez, y otros oficiales nacionalistas en el hemisferio. En especial, eliminaba el requisito de aprobación por el congreso de los ascensos de oficiales de alto rango, una característica de la mayor parte de las constituciones latinoamericanas, desde los inicios del siglo diecinueve.

A no ser que se objete que el General Moncayo y el Presidente Chávez tienen puntos de vista idiosincráticos referentes a las relaciones cívico-militares y más generalmente a la política, es importante notar que tales ideas que se refieren al deber de la Fuerzas Armadas de resistir a gobiernos corruptos y/o ilegítimos es bastante antigua en Latinoamérica, a menudo sancionada por

“cláusulas de usurpación” en las constituciones del siglo diecinueve llevadas hacia adelante hasta fines del siglo veinte. 82. Ilustrativamente, las reformas más recientes del Código de Justicia Militar Salvadoreño explícitamente excluyen de “rebelión punible bajo esta sección” los esfuerzos del personal militar para asegurar una adecuada sucesión presidencial. “1R� FRQVWLWX\H�UHEHOLyQ�SXQLEOH�HO�DO]DPLHQWR�HQ�DUPDV�SDUD�YHODU�HVSHFLDOPHQWH�SRU�TXH�QR�VH YLROH� OD� QRUPD� FRQVWLWXFLRQDO� GH� OD� DOWHUQDELOLGDG� HQ� OD� 3UHVLGHQFLD� GH� OD�5HS~EOLFD�´�83�

Implícito en este lenguaje constitucional está el derecho y el deber de los oficiales militares de decidir si las autoridades civiles se han guiado adecuadamente por las constituciones y por las leyes. Esta aparente contradicción con la prohibición constitucional de “deliberación” copiado del lenguaje constitucional francés de la década de 1970 ha sido sin embargo la norma en Latinoamérica. Se requiere obediencia debida a las órdenes militares; la obediencia debida a la autoridad civil es condicional. Los gobiernos que ignoran o transgreden los ïntereses trascendentales de la nación, o que exceden su autoridad, “fuerzan” a los militares a intervenir, tal como el Presidente Chávez les hizo recordar a sus colegas en el Colegio Interamericano de Defensa en 1998.

En otra conferencia en 1997, el General del Ejército Estadounidense retirado Fred Woerner reconoció que una de las lecciones del fallido golpe de Estado en Venezuela en 1992 fue que “bajo condiciones de tensión social, económica y política, un militar puede apartarse del proceso democrático en el interés de VX GHILQLFLyQ�GHO�ELHQ�PD\RU��³ 84�Woerner añadía que “la lección más importante es que los golpes de Estado intentados no eran rechazados mayoritariamente por el pueblo. Esto nos señala el poder, la omnipresencia y la longevidad de la tradición autoritaria”. 85 En la misma conferencia el especialista argentino, Luis Tibiletti, comentó que “los orígenes hispánicos de la cultura y su historia institucional han hecho del control civil de los militares algo que no es ni normal ni natural.” 86.

Desde 1990, quienes hacen la política estadounidense y algunos académicos han enfatizado la importancia de los ministros de defensa civiles y el rol de los ministerios de defensa en aumentar el “control civil” de las Fuerzas Armadas para vencer las tradiciones mencionadas por Tibiletti. Por supuesto, en Latinoamérica han existido por mucho tiempo los ministros civiles de defensa, sin alterar significativamente el balance real de poder en las relaciones cívico-militares. El caso chileno de 1990-1994 fue tal vez el más obvio en este respecto, pero recientes reformas en Brasil, Argentina y en otro lugar revelan la debilidad de medidas tan formalistas como indicadores de cambios significativos en las relaciones cívico-militares. Los ministerios de defensa dotados parcialmente de personal civil pueden servir como conductos administrativos y hasta con menores molestias para el Alto Comando sin modificar la propensión de los militares a influir o determinar la política cuando el “bien común” está en juego. 87

En la práctica, esto significa que muchos oficiales militares latinoamericanos y también políticos civiles y conductores de la política, no necesariamente aceptan la idea estadounidense de “relaciones cívico-militares” traducidas como un eufemismo de una incondicional “subordinación militar a la autoridad civil.” Tal vez aún más importante, el control OHJLVODWLYR�efectivo y la supervisión de instituciones y operaciones no existe casi en ningún sitio en Latinoamérica. En Brasil, el presidente formula la política de defensa, “mientras que el legislativo escasamente lo evalúa y lo monitorea”. 88. Lo que en este respecto es verdadero para Brasil también lo es casi para cualquier lugar del hemisferio.

Claramente, las nociones de los Estados Unidos de “subordinación

militar a la autoridad civil” y su incorporación en la agenda de seguridad regional no son necesariamente compatibles con las tradiciones constitucionales, legales, políticas y profesionales latinoamericanas. Pero, como comentó el Profesor Emilio Bitencourt, “(...) ésta [la nueva agenda de seguridad] es una iniciativa de los Estados Unidos, y los Estados Unidos es un amigo de Latinoamérica...nos guste o no.” 89

/D�³2EHGLHQFLD�'HELGD´�\�ODV�)XHU]DV�$UPDGDV�

Desde las reformas borbónicas a finales del siglo dieciocho, la “obediencia debida” ha sido una defensa legal para el personal militar español e hispano-americano. La obligación legal primaria de oficiales y personal enlistado ha sido obedecer órdenes. La idea de “órdenes ilegales” apenas existía en la tradición militar ibérica e hispano-americana; ODV� yUGHQHV� VH�FXPSOHQ��QR�VH�GLVFXWHQ�90. Desde las RUGHQDQ]DV militares españolas de 1768 hasta los años 80, los oficiales latinoamericanos eran responsables por el ³H[DFWR� FXPSOLPLHQWR� GH� ODV� yUGHQHV� SDUWLFXODUHV� TXH� WXYLHUHQ� �����´�� Este lenguaje variaba poco desde Chile, Argentina, y Perú hasta El Salvador y Guatemala. Tal vez la ejemplificación de la ³REHGLHQFLD�GHELGD´�es capturada en los comentarios a sus tropas atribuidas a un capitán salvadoreño después de la masacre en El Mozote en 1981: “Lo que hicimos ayer, y el día anterior, eso se llama guerra. Eso es lo que es la guerra. La guerra es el infierno. Y, maldición, si les ordeno matar a su madre, eso es justo lo que harán”. 91 En contraste, como se hizo notar anteriormente, la constitución venezolana de 1999 creó una obligación positiva de desobedecer órdenes concernientes a “desapariciones forzadas” y denunciar a aquellos que dieron tales órdenes –aún si el gobierno hubiera decretado un “régimen de excepción”-. 92

Así, desde 1990 ha habido tanto reafirmaciones de la tradición de “obediencia debida” y rupturas explícitas con ella, como lo hace evidente el lenguaje constitucional y legislativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Algunos países en Latinoamérica han actuado explícitamente para eliminar el principio de la REHGLHQFLD� GHELGD en las constituciones nacionales, algunas veces mediante la incorporación de leyes y tratados de derechos humanos internacionales en las cartas nacionales. En otros casos, el principio se ha mantenido. En aún otros casos el principio ha

sido rechazado (o mantenido) en los códigos militares en vez de hacerlo en las constituciones. No ha habido, sin embargo, ninguna tendencia uniforme con respecto al principio de OD� REHGLHQFLD� GHELGD desde 1990. Lo que se puede decir es que el concepto de REHGLHQFLD�GHELGD ha sido objetado y que ha sido rechazado en varios países. 93 En donde esto ha ocurrido representa un cambio importante en las relaciones cívico-militares tradicionales en Latinoamérica, uno que mejora las posibilidades del “gobierno de la ley” y respeto por los principios internacionales de los derechos humanos. Tal vez el ejemplo de mayor envergadura es El Salvador, donde diversos tratados y protocolos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se han incorporado explícitamente en la legislación nacional 94. En Colombia, también, el código militar reformado (1997,1999) explícitamente excluye la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos puedan ser “cometidas como actos de servicio militar”. El artículo 3 estipula “en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia”. 95

(O�³)XHUR�0LOLWDU´��&DPELRV�HQ�OD�-XULVGLFFLyQ�GH�ODV�&RUWHV�0LOLWDUHV�VREUH�HO�3HUVRQDO�GH�ODV�)XHU]DV�$UPDGDV�\�VREUH�&LYLOHV� La falta de jurisdicción de las cortes criminales civiles sobre el personal

militar para “crímenes comunes” y la jurisdicción de las cortes militares sobre civiles, ambos “en tiempos de paz” y “tiempos de guerra” ha sido un tema controversial en muchas partes de Latinoamérica desde tiempos coloniales. Los IXHURV militares�de la América española colonial frecuentemente protegían al personal militar de la autoridad civil y de las cortes ordinarias. Este patrón en muchas partes de la región hasta fines del siglo veinte; frecuentemente significó la falta de responsabilidad e impunidad hasta en las violaciones más severas de derechos humanos. Las cortes militares típicamente protegían al personal de las Fuerzas Armadas contra las acusaciones de abuso, secuestro, extorsión y asesinato de civiles. Este patrón fue denunciado frecuentemente desde 1970 hasta 1990 – y sigue siendo tema en algunos país hasta el presente-.

La jurisdicción militar sobre civiles por “crímenes contra el Estado”,

terrorismo, y hasta por “insultar, difamar o calumniar” oficiales (LQMXULD��GHVDFDWR), deshonrar la bandera u otros símbolos nacionales priva a los civiles del debido proceso y los somete a la severidad de la ley militar. En “tiempos de guerra”, interpretado en algunos países como “en estado de sitio” u otro régimen de excepción constitucional, los civiles han encarado sentencias de encarcelamiento de por vida o hasta ejecución a manos de consejos de guerra.

Tanto la falta de responsabilidad del personal de las Fuerzas Armadas a

las leyes y cortes civiles como la aplicación de la ley militar a los civiles es incompatible con la mayoría de las interpretaciones de la democracia constitucional moderna. Sin embargo, estos persisten, en diferentes grados, en

los países latinoamericanos como características claves de las relaciones cívico-militares. 96

Desde 1990, sin embargo, cambios constitucionales importantes y enmiendas de códigos de justicia militares han eliminado o suavizado estos patrones históricos en algunos países. La Reforma del Código Militar Colombiano prohíbe procesar civiles en cortes militares (Art. 5). Al mismo tiempo, en otros países, particularmente Chile y Perú, la jurisdicción militar sobre civiles ha sido reafirmada por falla legislativa para hacer reformas, o hasta ha sido fortalecida, en el caso peruano, como parte de la batalla contra el “terrorismo” y la insurgencia. El lenguaje en otros países permanece ambiguo, sometiendo al personal militar a la ley militar cuando cometen crímenes mientras “llevan a cabo sus deberes militares” (como en Ecuador) pero a la jurisdicción civil cuando cometen “crímenes comunes” (como en Uruguay). 97 En tales casos las reglas para determinar la jurisdicción apropiada cuando los crímenes son cometidos (y los conflictos políticos potenciales en la asignación de la jurisdicción) complican la evaluación.

Lo que se puede observar de una inspección de las reformas

constitucionales y cambios en la ley militar es una tendencia hacia la reducción de la jurisdicción de las cortes militares a la limitación o eliminación de su jurisdicción sobre civiles. Esta tendencia –todavía no universal ciertamente—es una respuesta directa a violaciones de derechos humanos denunciados en las últimas varias décadas. Ha sido resistida exitosamente en Chile, Perú, y en cierta medida en Ecuador. En algunos casos las constituciones son vagas, permitiendo que códigos de justicia militares determinen la jurisdicción de tribunales militares. Pero en otros países, se ha prohibido a las cortes militares juzgar civiles en cualquier circunstancia. En Nicaragua, aún otra importante reforma estableció específicamente la autonomía de las cortes militares de la cadena de mando jerárquica, haciendo a los jueces militares al menos en teoría independientes de sus comandantes. Esta reforma ha sido rechazada en todos los demás lugares, como en Chile.

La jurisdicción de las cortes militares sobre los civiles y las limitaciones

con respecto al alcance de las cortes civiles sobre el personal militar son dos de los legados más importantes de las relaciones cívico-militares de la Latinoamérica colonial que persisten en la mayoría de la región a fines de los años 90.

La expansión de la jurisdicción de las cortes militares en la legislación de

seguridad nacional, antiterrorista, y de control de armas desde los años 70 ha alejado más a algunos países de la consolidación de las libertades y derechos civiles. En algunos países, especialmente Perú y Chile, las cortes militares ejercen jurisdicción sobre los civiles en casos que envuelven la “seguridad nacional” y la “traición”. 98 Al cierre del año judicial 1998, el Tribunal de Justicia Militar peruano sentenció en última instancia a 64 personas, entre ellas 30 a cadena perpetua por el delito de traición a la patria. En el caso de “terrorismo agravado” para las bandas de delincuentes comunes, que se encuentran en

posesión o uso de armas de guerra e incurren en delitos contra el patrimonio, la seguridad, la vida, el cuerpo y la salud, el Decreto Legislativo 895 dictó sentencias condenatorias a veinte personas, de las cuales seis tienen cadena perpetua. “A cien años del Código de Justicia Militar, Tribunales Militares brazo de la justicia,” $FWXDOLGDG�0LOLWDU� Perú. Enero-Febrero 1999, Año XXXVII, No

398 (http://www.ejercito.mil.pe/noticias/index.html).

La transformación de las relaciones cívico-militares del viejo estilo en la región y la evolución de un marco más democrático y menos medieval para la participación del personal de las Fuerzas Armadas en la vida de la nación será difícil en la medida en que el personal militar sea inmune de la jurisdicción civil y, aún más importante, en la medida en que las cortes militares reclamen jurisdicción sobre los civiles en “tiempos de paz” bajo regímenes constitucionales de excepción, o en “tiempos de guerra”. Un impedimento adicional a las relaciones cívico-militares más democráticas es la falta de autonomía de las cortes militares del comando jerárquico. Hacia el 2002, solamente se había logrado un progreso limitado en democratizar esta dimensión de las relaciones cívico-militares en el hemisferio.

0LVLRQHV�\�2SHUDFLRQHV�0LOLWDUHV�

Finalmente, ¿están las Fuerzas Armadas latinoamericanas realmente

llevando a cabo diferentes misiones de diferente manera en el año 2002 de lo que hicieron antes de 1990?

En algunos casos, la respuesta es claramente “sí”; en otros la respuesta

no es tan clara. En algunos lugares donde las guerras terminaron, especialmente en Centroamérica, las Fuerzas Armadas se convirtieron de tiempo de guerra a tiempo de paz con reducción de tamaño, reorganización, y reorientación. En México, sin embargo, nuevas insurgencias y el desafío de los carteles de drogas empujaron al ejército a una reorganización importante, adquisiciones de armas, y agrandamiento de la fuerza. 99 (O�([FHOVLRU reportó en septiembre del 2000 que, de acuerdo al congresista y general retirado, Álvaro Vallarta Ceceña, México había consignado entre 20,000 y 34,000 tropas apoyadas por lanchas, aviones, radares y transporte terrestre en la lucha contra el tráfico de drogas. El general retirado también pidió un fin a este compromiso, debido a la corrupción que había causado dentro del ejército, incluyendo el arresto reciente de los generales Jesús Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, pero el Ministro de Defensa identificó el narcotráfico como la “amenaza de seguridad nacional principal que confronta el Estado Mejicano.” 100. Una militarización similar y más feroz ocurrió en Colombia. A mediados del 2000 los Estados Unidos consignaron aproximadamente 50 helicópteros y un contingente creciente de “entrenadores” a preparar “batallones militares antinarcóticos especiales” para la guerra contra las guerrillas, paramilitares, y carteles de drogas como parte del “Plan Colombia” –una operación de múltiples fuerzas que amenazaba militarizar más los límites de Colombia con Ecuador, Venezuela, y Brasil-. 101 Y a pesar de la derrota aparente de las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) en el Perú, una

insurgencia latente continuaba en ese país. 6SHFLDO� :DUIDUH informó a los lectores en 1999:

“En los últimos 18 meses, SL ha incrementado sus ataques: En 1997, atacó San Miguel, la capital de la provincia de La Mar, tres veces –durante el último ataque, al menos 180 senderistas participaron en la acción-. De acuerdo a fuentes del gobierno peruano, los senderistas que atacaron San Miguel tenían entre 14 y 16 años de edad, y aquellos al comando tenían entre 20 y 24. Sendero continúa financiando sus operaciones a través de robos y otros crímenes, y a través del “impuesto de guerra” que extrae de hombres de negocio e individuos locales. La cooperación entre la facción de Sendero Luminoso “Sendero Rojo” y traficantes de drogas que operan en el Valle del Huallaga también puede estar proporcionando una fuente de ingresos.” 102

En octubre de 1999, (O� &RPHUFLR� reportó que 3000 soldados comandados por el General Luis Alatrista estaban tratando de hacer contacto y destruir fuerzas senderistas que habían matado a cuatro oficiales y a un sub-oficial en la selva de Junín. 103

6SHFLDO�:DUIDUH� también había reportado en 1997 que alguna actividad guerrillera continuaba en Bolivia:

“El Ejército Guerrillero Tupac Katari de Bolivia, o EGTK, que muchos especialistas creyeron que se había disuelto, evidentemente está todavía en existencia en áreas rurales de Bolivia y se piensa que está en contacto con los rebeldes del Frente Patriótico Chileno Manuel Rodríguez, o FPMR. El EGTK, mejor conocido por sus bombardeos de torres de electricidad y tuberías de petróleo en el Altiplano Boliviano a principios de los años 90 fue mal herido cuando sus altos líderes fueron arrestados en 1992 (...) preocupaciones acerca de infiltraciones posibles de guerrillas desde Perú y Chile, junto con rumores de que escapados del FPMR habían entrado a Bolivia, han resultado en una toma de conciencia de los problemas potenciales de guerrillas y terroristas de Bolivia y en un patrullaje del ejército más intensivo a lo largo de las áreas de frontera de Perú y Bolivia para prevenir que las guerrillas crucen hacia Bolivia. “ 104

En el Perú y Ecuador, la breve guerra de 1995 indujo a adquisiciones de armas adicionales y reconsideración del entrenamiento, requerimientos de fuerzas, y logística interna. Al norte, las guerrillas y el narcoterrorismo que se expandía en Colombia se trasvasó hacia Venezuela, Ecuador, Perú, y aún hacia Brasil. Los planificadores de defensa y organizaciones militares han respondido diferencialmente a estas amenazas. Más allá de las amenazas de guerrillas e insurgentes, casi todas las instituciones militares latinoamericanas han participado en la batalla antinarcóticos, aún en aquellos países, por ejemplo Perú y Ecuador donde inicialmente había gran resistencia a asumir esa misión. 105 En algunos casos los traficantes de drogas han penetrado

significativamente y corrompido a la policía nacional y a las Fuerzas Armadas. En otros casos la penetración y la corrupción es todavía limitada, pero en ningún lugar está enteramente ausente. No solamente las unidades de la policía y del ejército han participado en las guerras contra las drogas; la marina, los guardacostas, y el personal de la fuerza aérea también se han unido a la batalla. En Bolivia, por ejemplo, enfatizando que la lucha contra las drogas es una responsabilidad nacional:

“El comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, General

Carlos Béjar, recientemente anunció que la unidad Diablos Azules de fuerzas especiales de la Marina Boliviana estaría participando pronto directamente en operaciones antidrogas en los ríos y lagos de Bolivia. Detener las drogas y químicos precursores que se mueven a lo largo de las rutas ribereñas de Bolivia constituye un nuevo rol para la unidad. Se dice que la fuerza posee 33 botes de velocidad y botes de patrulla capaces de llevar a cabo misiones de interdicción en el Amazonas, sus tributarios y lagos. Otras dos unidades militares de Bolivia –los Demonios Verdes del ejército y los Demonios Rojos de la fuerza aérea—continuarán proporcionando apoyo logístico a la policía –notablemente la Fuerza Antinarcóticos Especial y la Unidad de Policía Móvil para la Patrulla Rural”. 106

Adicionalmente a las narco-guerras y a las amenazas militares cambiantes, casi en todo lugar las “misiones de medio ambiente” han estado de moda, entre todas las ramas de servicio. En Guatemala la marina estaba protegiendo a tortugas marinas; en Chile el personal militar monitoreaba la calidad del agua mientras fluía hacia el Océano Pacífico desde los centros mineros del norte, sitios industriales y otros vectores de contaminación. 107 Desde el cono sur hasta México personal de las Fuerzas Armadas ha sido consignado a proteger los recursos naturales: bosques, áreas de pesca, agua y calidad de aire, y especies en peligro. En Ecuador, el ejército se vanagloriaba de su rol en protección del medio ambiente como parte de sus nuevas misiones constitucionales. 108 En Argentina la página web de Internet del ejército exaltaba su compromiso a la educación sobre el medio ambiente. 109

De la misma manera, a las misiones de mantenimiento de paz internacionales se les ha concedido gran publicidad, a pesar de la realidad de que, antes del año 2000, solamente en Argentina, Brasil y Uruguay tales misiones habían pasado de ser esencialmente compromisos simbólicos de personal; Chile ha expandido su participación en misiones internacionales desde fines el año 1999. Pero, como se indica en la tabla de abajo, aún para Brasil y Uruguay, las operaciones de mantenimiento de paz han disminuido en importancia desde mediados de los años 90.

7DEOD����Participación Latinoamericana en las Misiones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, Tropas y Personal de 1996-1999 y otras contribuciones de Personal para las Misiones de Mantenimiento de Paz (Junio de cada año)

País 1996 1997 1998 1999 Argentina 595 573 687 685 Brasil 1128 782 24 18 Bolivia 70 Chile 20 37 33 Colombia Cuba 4 Ecuador 3* El Salvador 2 2 2 Honduras 12 12 12 Uruguay 920 57 68 26 Venezuela 6 5 5 )XHQWH:)RUR�3ROtWLFR�*OREDO��ZZZ�JOREDOSROLF\�RUJ�VHFXULW\�SHDFHNSJ�SNR��B��KWP� (Q�$EULO��QLQJXQR�HQ�-XQLR��

En conjunto, la “nueva” agenda de seguridad regional ha sido adoptada selectivamente y con variados grados de entusiasmo. Aún en países latinoamericanos con consignaciones significativas para las misiones de mantenimiento de paz internacional, contra-narcóticos, protección del medio ambiente y contra-terrorismo, sin embargo, las Fuerzas Armadas continuaban llevando a cabo las mismas misiones y operaciones en las cuales siempre participaban. 110 En donde habían insurgencias, las combatían. En donde habían rupturas de la “ley y el orden”, participaban en esfuerzos para restaurar el orden interno. Algunas veces hacían esto directamente y solos; otras veces “apoyaban” a la policía nacional en esta misión. 111 Continuaban llevando a cabo inteligencia política rutinariamente, monitoreando a los partidos políticos, sindicatos de trabajadores, organizaciones de derechos humanos, ONG’s, los medios de masas y otras fuentes potenciales de disidencia. Claro está, las operaciones extensivas de los militares y las operaciones de inteligencia interna militarizada representaban un gran impedimento a la democratización en muchas partes de Latinoamérica. 112 Las Fuerzas Armadas también continuaban llevando a cabo el “desarrollo” tradicional, trabajo de mapeo y cartográfico, administración de las industrias de armamento, trabajos públicos, salud pública, ayuda en emergencia y desastres, patrulla fronteriza y misiones de entrenamiento. En la mayor parte de Latinoamérica los oficiales continuaban estando preocupados con la política pública, discutían circunstancias políticas actuales y ocasionalmente hacían declaraciones públicas sugiriendo que los civiles habían excedido los límites de “entrometimiento” en asuntos militares.

La mayoría de las fuerzas latinoamericanas en los años 90 tenían misiones y operaciones antinarcóticos. Un aumento de los fondos de los Estados Unidos para entrenamiento, equipamiento y colaboración entre países para actividades antidrogas (y una ayuda reducida estrictamente a lo “militar”) ha ayudado a impulsar a las Fuerzas Armadas en esta dirección. 113 Pero la amenaza obvia de seguridad interna, representada por la riqueza, poder y alcance expandido en todas las esferas de la vida por los cárteles, virtualmente aseguraba una respuesta militar eventual aún sin tanto estímulo de los Estados Unidos. En la mayoría de los casos las operaciones antidrogas habían erosionado la moral, ocasionando episódicas purgas y hasta juicios de personal militar –a pesar de la efectividad de ciertas unidades de élite en encontrar y destruir instalaciones de drogas-. En la práctica, las operaciones antidrogas han entrenado unidades de policía especializadas o derivado unidades de infantería ligera a objetivos diferentes; hoy en día los laboratorios de drogas, mañana las guerrillas, ¿otro día el palacio presidencial?. La experiencia previa con unidades de élite en la región al menos requiere que se haga la pregunta.

Las misiones del medio ambiente también han ofrecido nuevos retos

para las Fuerzas Armadas. Enmiendas a las constituciones latinoamericanas han estipulado conjuntos amplios de derechos del medio ambiente para los ciudadanos y obligaciones para el gobierno. 114 En muchos casos, sólo las Fuerzas Armadas tienen las capacidades y recursos organizacionales para llevar a cabo tales misiones. Las “tareas” del medio ambiente algunas veces también ofrecían oportunidades nuevas para las Fuerzas Armadas. Viendo el otro lado, la custodia impropia e ilegal de los bosques, recursos minerales, vida salvaje y la abundancia del océano han proporcionado ingresos para oficiales corruptos junto a sus “socios” civiles. Zonas de seguridad en los bosques de Centroamérica y en el interior de Brasil han sido fuentes de enriquecimiento para el personal militar, así como para leñadores, cazadores ilegales y mineros.

Los años 90 también confrontaron a las Fuerzas Armadas latinoamericanas con el legado de abusos de derechos humanos heredados de la “Guerra Fría” y de las campañas para proteger la seguridad nacional. Casi en todo lugar, con excepciones selectivas en casos de alta exposición pública, decretos de amnistía y cortes militares protegían al personal militar contra juicios y castigo. 115 En general, las Fuerzas Armadas buscaban “mirar hacia el futuro”, es decir, “olvidar” las violaciones de derechos humanos antes de 1990, para sobreponerse a su imagen, en las palabras de un ex Ministro de Defensa guatemalteco, de “parias internacionales” 116 Nuevas generaciones de oficiales deseaban distanciarse ellos mismos de las atrocidades de sus predecesores; purgas limitadas, el paso del tiempo y retiros limpiaron gradualmente la mayoría de las instituciones militares del personal asociado más cercanamente con las “guerras sucias” de los años 70 y 80. Sin embargo, la impunidad permanecía difícil de tolerar para las víctimas de torturas, familias de los muertos y desaparecidos y otros críticos de los regímenes militares.

En varios países las innovaciones constitucionales e institucionales alteraron las relaciones cívico-militares mediante el establecimiento de defensores de derechos humanos o equivalentes para defender las libertades y derechos civiles contra el abuso del gobierno, tanto civil como militar. En México, la legislación (1992) estableció una nueva Comisión de Derechos Humanos con una amplia autoridad para investigar violaciones de derechos humanos alegadas 117; el artículo 22 de la constitución mejicana explícitamente prohíbe la tortura, proporcionando fundamento constitucional para el artículo 14 del Código de Justicia Militar: “Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla, serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”. Este lenguaje también socavaba la pretensión de “obediencia debida” como una defensa legítima para las violaciones de derechos humanos, convirtiendo en un crimen tanto el dar una orden para cometer un acto ilegal como el cumplirla.

En otros casos, se han incorporado tratados de derechos humanos y convenios internacionales en las constituciones y se les ha dado prioridad en la ley sobre la legislación doméstica. 118 Esta dimensión de las reformas post-1990 era claramente una respuesta a las violaciones de derechos humanos de las guerras civiles e insurgencias de las varias últimas décadas; claramente eliminaba apelaciones a la “soberanía” y “seguridad nacional” como defensas legales para violaciones de derechos humanos del gobierno, impactando, por ello, las premisas y el marco para las relaciones cívico-militares. La constitución venezolana de 1999, aprobada en un plebiscito que fuera obstaculizada por una gran inundación que dejó miles de muertos, fue más lejos al incorporar las preocupaciones sobre los derechos humanos en una carta básica, eliminando cualquier estatuto de limitaciones para las violaciones de derechos humanos, dando a los tratados internacionales de derechos humanos precedencia sobre la ley doméstica, prohibiendo amnistías o perdones en los casos de violaciones de derechos humanos y estableciendo un “Defensor del Pueblo” para hacer respetar los derechos humanos en todas las áreas de las operaciones del gobierno. La carta venezolana hasta prohibía cambiar estas prohibiciones con respecto a amnistías para violadores de derechos humanos por plebiscito, como había ocurrido en Uruguay en 1990. 119 . Además, respondiendo a la práctica de muchos de los gobiernos militares de “desaparecer” oponentes del régimen, la constitución venezolana de 1999 explícitamente declaró ilegal las “desapariciones forzadas” --en vez de dejarlo al código penal o código de justicia militar-. 120

Las provisiones constitucionales no deberían confundirse con la protección efectiva de derechos humanos. La evaluación de las consecuencias prácticas de tales reformas esperan una investigación futura. Y a pesar de estas reformas, las relaciones cívico-militares en muchas partes de la región permanecían plagadas por el legado de violaciones de derechos humanos ocasionadas por las campañas de insurgencia y contrainsurgencia después de 1959. Sin embargo, la difusión de instituciones mandadas por la constitución para defender los derechos humanos representaba una innovación significativa

en la región. Claro está, hasta algunos activistas de derechos humanos en el hemisferio se unieron a nacionalistas civiles y militares que objetaban la erosión potencial de la soberanía implícita en la intervención unilateral o multilateral de potencias extranjeras para imponer “derechos humanos” con poderío aéreo y bayonetas, como en la ex Yugoslavia. 121

En parte “democratización” significa un avance hacia una protección más completa de las libertades y derechos civiles, responsabilidad para con los ciudadanos de los oficiales del gobierno, incluyendo el personal e instituciones militares y el “gobierno de la ley” en vez de la ley de la fuerza e impunidad de los poderosos. Una discusión detallada de las luchas continuas en muchas partes de la región sobre leyes de amnistía, decretos y perdones que confirieron impunidad al personal militar y policial por violaciones de derechos humanos desde los años 60 hasta los 90, ha sido deliberadamente dejada fuera de la presente discusión –aunque la impunidad vía amnistías permaneció controversial en toda la región-. 122 Mientras que la situación varía de país a país, la resistencia a la impunidad persiste y el así llamado “tema de derechos humanos” permanece como un capítulo no concluido de la historia reciente latinoamericana. En algunos aspectos este tema ha sido el indicador simbólico en la batalla sobre relaciones cívico-militares en las transiciones de gobiernos militares a gobiernos civiles. Pero como los golpes militares, el tema de derechos humanos es otro eufemismo inadecuado para “relaciones cívico-militares” que necesita una consideración aparte.123

Lo que no puede ignorarse aquí es que en la mayor parte de Latinoamérica desde principios de los años 90 el “entrenamiento en derechos humanos” ha sido explícitamente introducido en el plan de estudios militar y también en muchos de los sitios web de Internet que buscan redefinir la imagen de las Fuerzas Armadas de la región. 124 (www.ejercito.mil.co/index1.html). Este cambio en el discurso de las Fuerzas Armadas y prácticas de entrenamiento era en sí mismo sintomático del esfuerzo de divorciar la imagen de la “nueva milicia” de la milicia del período 1959-1990.

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¿Ha cambiado en Latinoamérica desde 1990 el acostumbrado y subyacente marco constitucional y legal para las relaciones cívico militares? ¿Ha variado fundamental y significativamente en la práctica el rol de las fuerzas armadas en la política? ¿Ha contribuido la agenda de seguridad regional estadounidense a la “democratización” de la política latinoamericana y a la transformación de las relaciones cívico militares? En general, la respuesta es no. Las políticas estadounidenses han contribuido poco hacia el logro de estos objetivos y sólo han ocurrido pequeños cambios en las prácticas diarias en las relaciones cívico militares, con importantes excepciones en ciertas dimensiones, en determinados países.

Desde 1990 las fuerzas armadas latinoamericanas respondieron a los desafíos del desorden en el nuevo mundo y a los cambios en la agenda de

seguridad nacional de los Estados Unidos, tomando en cuenta sus circunstancias nacionales y reconociendo que los Estados Unidos han sido un socio inconstante en el pasado. Se adaptaron a los cambios de viento y a los mares temporalmente difíciles pareciendo a veces cambiar de dirección, pero en su mayor parte sin cambiar sus objetivos de largo plazo. Las premisas fundamentales y las misiones que enmarcaron las relaciones cívico militares cambiaron poco a pesar de los cambios momentáneos en los énfasis operacionales y alguna atadura instrumental a las misiones alternativas y palabras de cliché como “mantenimiento de la paz”, “derechos humanos” y “protección del medio ambiente”. 125.

A comienzos del 2002, en ningún lugar de la región con la posible excepción de Costa Rica estuvieron las fuerzas militares sin una influencia significativa en la política. En todo lugar, aun en Argentina, se la tomó en cuenta por parte de los conductores de la política, especialmente en asuntos percibidos como sensibles. En Argentina las fuerzas armadas y especialmente el ejército sufrieron la más seria erosión de influencia debido a las circunstancias relacionadas con la transición del gobierno militara al gobierno civil a mediados de los años ochenta. Con la elección del Presidente Fernando De La Rua y el reemplazo del Comandante del Ejército, General Martín Balsa con el General Ricardo Brinzoni surgieron algunos signos de participación militar renovada en los debates políticos y de justificaciones de la “guerra sucia” de los años 70 y 80. 126. La página web de internet relativamente nueva del ejército argentino hizo recordar al personal militar y a otros lectores que “el ejército argentino ha sido siempre un protagonista, ... un catalizador del progreso”. 127. El ejército argentino también anunció la creación de una “fuerza de despliegue rápido” para ser utilizada en cualquier lugar dentro de la nación cuando fuere necesitada. 128. Por otro lado, en marzo 2001, el juez argentino Gabriel Cavallo, resolvió que las leyes que concedían amnistía a los violadores argentino de derechos humanos (Ley de Punto Final, 1986 y Ley de Obediencia de Vida , 1987) eran inconstitucionales, puesto que los crímenes contra la humanidad no podían ser amnistiados y no tenían estatutos de limitaciones. 129. Siempre fue un rompecabezas el cómo esta resolución de la corte influiría en la política argentina y en las relaciones cívico militares más de una década después de la promulgación de las dos citadas leyes. Poco después el comandante del ejército argentino declaró que “las leyes habían contribuido a un período de calma relativo disfrutado por la sociedad” añadiendo que anularlas sería una seria regresión en el proceso de reconciliación experimentado por Argentina. Algunos voceros militares advirtieron que la decisión podría “provocar un grado de tensión” en las fuerzas armadas. 130. El colapso económico en la Argentina a comienzos del 2002 no trajo una respuesta militar inmediata pero sí provocó llamadas de algunos sectores de la sociedad para que los militares “hagan algo”. Su resistencia a hacerlo, aunque eventualmente sucumbieran, indicó que había ocurrido cambios en la predisposición de las fuerzas armadas argentinas para asumir responsabilidad para gobernar en tiempos de crisis extrema.

En otros lugares el cuadro también era complejo. Las misiones constitucionales y estatutarias cambiaron poco como sí lo hizo la influencia

histórica de las fuerzas armadas en política. La agenda de seguridad regional de Estados Unidos posterior a 1990 se coló a las relaciones cívico militares nacionales con impactos variables, pero a través de la región los oficiales militares recibieron cambios en la retórica política de los Estados Unidos con excepticismo considerable. La política nacional, las preocupaciones institucionales, y los temas de seguridad nacional percibidos, predominaron al dar forma a las relaciones cívico militares. Los oficiales se resistieron, tanto como pudieron, a la pérdida de recursos, prestigio e influencia. De igual manera buscaron transformar ciertos elementos de la agenda de seguridad de los Estados Unidos en justificación para el alcance de las misiones. Cuando la agenda estadounidense parecía amenazar las visiones tradicionales de soberanía nacional (en asuntos que involucran temas de medio ambiente, derechos humanos, pueblos indígenas y hasta leyes de la familia y temas de la mujer) los líderes de las fuerzas armadas hicieron recordar a sus compatriotas de la conexión entre la seguridad QDFLRQDO y las fuerzas armadas en un mundo lleno de amenazas, lo que el general argentino Laiño llamó situaciones potencialmente críticas.

En El Salvador (1992) y en Guatemala (1996), por ejemplo, como resultado de los acuerdos de una paz negociada y de las misiones de mantenimiento de paz internacional, las fuerzas armadas enfrentaron una reducción significativa y algunas purgas, pero permanecieron importantes actores políticos. En Chile, las fuerzas armadas, antes de 1999, sufrieron lo menos posible, por cierto mantuvieron altos niveles de colaboración con sus aliados civiles y la mayor parte de lo ganado del régimen militar. En el Perú y en el Ecuador, antagonistas en una breve guerra en 1995, los militares generalmente retuvieron o aumentaron su rol central en la política y expandieron las misiones internas significativamente. En Colombia las fuerzas armadas estuvieron frustradas por el estancamiento en la guerra contra los guerrilleros y especialmente por la ]RQD�GH�GHVSHMH concedida a las guerrillas. Esta frustración fue dada a conocer en una declaración de guerra a fines de febrero de 2002. Los Estados Unidos anunciaron que las fuerzas de la guerrilla serían consideradas “terroristas” (objetivos legítimos) antes que una fuerza política. La seguridad regional y la seguridad interna fueron nuevamente ligadas, y no solo para las fuerzas armadas colombianas. Al proseguir la guerra contra el terrorismo, Colombia y otros países desempolvaron sus regímenes políticos de excepción y la legislación de seguridad nacional que militarizó la autoridad política y la administración regional. Los civiles una vez más enfrentarían a los tribunales militares en el “teatro de operaciones”. En el Ecuador el gobierno declaró un estado de sitio para confrontar la posibilidad de un rebase de la guerra colombiana. En Panamá y en Venezuela también se adoptaron medidas de emergencia y Brasil envió refuerzos a sus fronteras. 131 AFP Después de 1990, casi en ningún sitio de Latinoamérica la democracia fue “consolidada”, ni se redujo la desigualdad económica y social ni la corrupción en el gobierno. La llamada guerra antidrogas había sido perdida. Después de millones de dólares gastados en la erradicación y en la represión de sembríos, el área de tierra bajo cultivo de drogas había aumentado (aunque había cambiado de sitio) y el control sobre el negocio de drogas, el comercio de

armas, el contrabando y otras áreas de crimen internacional habían cambiado de manos a veces. En ningún sitio los congresos legislativos o las instituciones civiles FRQWURODURQ� HIHFWLYDPHQWH las operaciones militares, la inteligencia, los presupuestos o el planeamiento de defensa. Tal como la página Web en internet del ejército brasileño resumió el período posterior a 1990, en la forma más suscinta, si bien un poco romántica: “HO� HMpUFLWR� GH�KR\�GtD� HV�HO�PLVPR�SXHEOR� HQ� DUPDV� GHO� SDVDGR�� HO� EUD]R� IXHUWH� TXH� JDUDQWL]D� OD� VREHUDQtD�� OD�PDQR�DPLJD�TXH�DPSDUD�HQ�PRPHQWRV�GLItFLOHV”. 132.

1RWHV

1Así /RV� $QJHOHV� 7LPHV� informó en Febrero 24, 2000: “Los comandantes militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército han lanzado una campaña oculta para elevar el presupuesto de US$ cuatro mil millones de trabajos civiles en más de 50%, en un momento en que la Administración Clinton está cuestionando públicamente la agenda tradicional de la agencia de cuatro importantes proyectos acuáticos. ” El Cuerpo del Ejército ha sido fuertemente criticado por construcciones dispendiadoras y perjudiciales al medio ambiente ...(“Army Corps Officials Push Growth Plan”, P. A14) El día siguiente el diario 1RUWK�&RXQW\� 7LPHV (San Diego, California) informó que el Teniente Coronel Charles Landry (U.S. Army Corps of Engineers) no vio “asuntos importantes en el horizonte” que pudieran impedir la implementación del proyecto de “entrenamiento de la playa de la zona costera” (“Sand replenishment likely for area,” Pages A1, A4). En Estados Unidos así como en cualquier otro sitio, “las relaciones civico-militares” son multifacéticas y no del todo transparentes. 2 A pesar de los grandes presupuestos militares en los Estados Unidos, del permanente compromiso contraído por las instituciones militares con las relaciones congresales y los lobbies para programas favorecidos, y el enorme impacto a nivel local de los militares y de los programas relacionados a militares, es fácilmente posible especializarse en ciencias políticas en la mayoría de universidades de Estados Unidos y nunca tomar un curso en relaciones cívico-militares. De igual forma, es común que los estudiantes de pre-grado nunca consideren dentro de sus estudios el rol de las instituciones militares en el desarrollo histórico del país. Un examen de las ofertas de cursos de las 25 más prestigiosas escuelas de Ciencias Políticas para 1998 revela que sólo tres de ellas ofrecían algún curso de Ciencias Políticas referido a las

relaciones cívico-militares y ninguna de ellas específicamente estaba dirigido a Latinoamérica.(Weeks, 1999: 8): Top 25 Ph.D. programs in Political Science for 1998 http://www.usnews.com/usnews/edu/beyond/bcrank.htm : 1. Harvard University_0 (1998_1999); 2. University of California_Berkeley_0 (Spring 1999 y Fall 1999); 2. University of Michigan_Ann Arbor_1 (graduate seminar on Chinese military__Jaffe_Fall 1999) 4. Stanford University_0 (Spring 1999); 5. Yale University_0 (1998_1999); 6. Princeton University_0 (1998_1999); 7. University of Chicago_0 (1998_1999); 8. Duke University_1 (American CMR, Peter Feaver, undergrad__Fall 1999); 8. Massachusetts Institute of Technology_2 (Innovation in Military Organizations_Spring 1999, Barry Posen y Harvey M. Sapolsky__seminar); (U.S. General Purpose Forces__Barry Posen y T. Postol__Spring 1999__undergrad); 10. University of California_Los Angeles_0 (1998_1999); 10. University of California_San Diego_0 (Otoño 1999); 10. University of North Carolina_Chapel Hill_0 (Otoño 1999) 10. University of Rochester_0 (Otoño 1999); 14. University of Wisconsin_Madison_0 (Otoño 1999) 15. Cornell University_0 (Otoño 1999); 15. Indiana University_Bloomington_0 (Primavera y Oto164o 1999); 15. University of Minnesota_Twin Cities_0 (Primavera y Otoño 1999); 18. Columbia University_0 (1998_1999); 18. Ohio State University_Columbus_0 (Primavera 1999 y Otoño 1999) 20. Northwestern University_0 (Primavera 1999); 20. Washington University_0 (Primavera y Otoño 1999) 22. Michigan State University_0 (Otoño 1999); 22. University of Illinois_Urbana_Champaign_0 (Otoño 1999); 22. University of Iowa_0 (Otoño 1999); 25. SUNY_Stony Brook_0 (1998_1999) 3 Luis Bitencourt, “Relaciones Civico-Militares in las Americas para el siglo 21st : Una Perspectiva Latinoamericana,” en Donald E. Schulz, ed., 7KH�5ROH�RI�WKH�$UPHG�)RUFHV� LQ� WKH�$PHULFDV��&LYLO�0LOLWDU\�5HODWLRQV�IRU� WKH���VW�&HQWXU\, ((O�URO�GH�ODV�IXHU]DV�DUPDGDV�HQ�ODV�$PHULFDV��5HODFLRQHV�FtYLFR�PLOLWDUHV�SDUD�HO�VLJOR������ Strategic Studies Institute, Abril, 1998: 90-91 4 Para estudios en el país acerca de cambios en las relaciones cívico-militares durante la década de 1990 por expertos latinoamericanos, consulte Rut Diamint, ed. &RQWURO� FLYLO� \� IXHU]DV� DUPDGDV� HQ� ODV� QXHYDV� GHPRFUDFLDV�ODWLQRDPHULFDQDV, Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella, Nuevohacer, 1999. 5 A los estudiantes estadounidenses virtualmente nunca se les pide considerar lo que un oficial militar de alto rango debería hacer si recibiera una “orden ilegal” de su comandante en jefe, el Presidente de los Estados Unidos de América o de oficiales superiores. ¿Significa la “supremacía civil” que un oficial debería ejecutar sumariamente a alguna persona siguiendo las órdenes del presidente en “épocas de emergencia”? ¿Siguiendo las órdenes del Secretario de Defensa? ¿Es eso lo que significa “supremacía civil? ¿O la pregunta es mejor hacerla referida al “imperio de la ley”, bajo la suposición de que el tema no es supremacía “civil” vs “militar, sino más bien ceñirse a la constitución y a

la ley del país? Si es así, entonces, no cumplirían los oficiales militares un deber positivo al no obedecer a un presidente, a un Secretario de Defensa (y tal como lo reconoce la ley militar en los Estados Unidos) a un oficial superior? ¿Y no es eso precisamente lo que los oficiales latinoamericanos han alegado, en ciertamente diferentes contextos desde el siglo diecinueve? 6 Este artículo no considera al relación más amplia entre la globalización económica, la difusión de los modelos económicos neoliberales y la nueva agenda de seguridad de los Estados Unidos. Para muchos críticos de la izquierda, la nueva agenda de seguridad es esencialmente la dimensión militar del impulso de los Estados Unidos para lograr hegemonía en un mundo unipolar. Consúltese, por ejemplo, Jorge Lora Cam, “Militarización, soberanía y fronteras. El Pentágono y las fuerzas armadas andinas,” en � 5HYLVWD�*OREDOL]DFLyQ� (Agosto� 1999)� vía link en (O� 6LJOR� (Santiago, Chile, Setiembre 15, 2000, Internet versión): http://www.elsiglo.cl/. 7 El análisis acá está limitado a los regímenes� FRQVWLWXFLRQDOHV de excepción Otros regímenes de excepción tal vez tengan referencia las Leyes de Seguridad Nacional u otra legislación que reglamente las “emergencias” En Ecuador por ejemplo, de 1978 a 1999 (después del “retorno a la democracia”) los gobiernos nacionales declararon estados de excepción 96 veces’, suspendiendo las libertades civiles y derechos, y sujetando a los civiles a la ley militar, más como rutina que como excepción. Consultar a Gina Benavides, “Medidas de excepción en Ecuador,” Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Quito, Ecuador, 1999. 8 Este foco pasa por alto muchos otros aspectos de las relaciones cívico-militares. Sin embargo, es un punto de partida importante que considera las principales fuentes de discusión durante el periodo 1959 - 1990 y los aspectos críticos de “responsabilidad” del personal y de las instituciones militares ante la autoridad civil y el imperio de la ley. Entre los importantes asuntos que no han sido tratados acá se incluyen problemas legales críticos en lo referente a la “democratización” en Latinoamérica, tales como los códigos penales altamente represivos que estipulan “crímenes contra la seguridad interna del estado” que oscilan entre “la defensa pública de criminales” hasta el unirse a pandillas juveniles que causan disturbios, además de los conocidos temas como la sedición, la “rebelión”, insulto a funcionarios públicos, etc. Como una revisión ligera acerca de estos códigos, consúltese %ROLYLD��&yGLJR�3HQDO�6HJ~Q�/H\�1��������GH�0RGLILFDFLRQHV�DO�&yGLJR�3HQDO��/LEUR�6HJXQGR��3DUWH�(VSHFLDO, Título I, Delitos Contra la Seguridad del Estado; Argentina, Código Penal, Titulo VII Delitos contra la seguridad pública Titulo VIII, Delitos contra el orden público(Cap. 1: Instigación a cometer delitos Cap. 2: Asociación ilícita Cap. 3: Intimidación pública Cap. 4: Apología del crimen Cap. 5: Otros atentados contra el orden público Titulo IX Delitos contra la seguridad de la Nación Cap. 1: Traición Cap. 2: Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación Titulo X Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional (Cap. 1: Atentados al orden constitucional y la vida democrática Cap. 2: Sedición Cap. 3: Disposiciones comunes); 3HU~��&yGLJR�3HQDO (1999): TITULO XIV: Delitos contra la tranquilidad CAPITULO I: Delitos contra la paz pública CAPITULO II:

Terrorismo TITULO XV: Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional CAPITULO I: Atentados contra la seguridad nacional y traición a la Patria CAPITULO II: Delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado CAPITULO III: Delitos contra los símbolos y valores de la Patria TITULO XVI: Delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional CAPITULO I: Rebelión, sedición y motín CAPITULO II: Disposiciones comunes. It is also important to remember that similar legislation has existed in most of the region, albeit not so “modern” in the list of crimes, since the late nineteenth century. Es también importante recordar que en la mayor parte de la región ha existido legislación similar, si bien es cierto que no tan “moderna” en la lista de crímenes, desde las postrimerías del siglo diecinueve. 9 U.S. Department of State Bulletin, Diciembre 9, 1963: 903. 10 Jonathan Hartlyn, 7KH� 6WUXJJOH� IRU� 'HPRFUDWLF� 3ROLWLFV� LQ� WKH� 'RPLQLFDQ�5HSXEOLF, (/D�/XFKD�SRU� OD�3ROtWLFD�'HPRFUiWLFD�HQ� OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD� Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998: 98. 11 Para un tratamiento más detallado de estos temas consúltese Brian Loveman, 3RU� OD� 3DWULD�� 3ROLWLFV� \� WKH� $UPHG� )RUFHV� LQ� /DWLQRDPpULFD� ,Wilmington, Del: Scholarly Resources, 1999: Capítulos 6 y 7. 12 Edward S. Herman y Frank Brodhead, 'HPRQVWUDWLRQ� (OHFWLRQV�� � 8�6��6WDJHG�(OHFWLRQV�LQ�WKH�'RPLQLFDQ�5HSXEOLF��9LHWQDP��DQG�(O�6DOYDGRU, Boston: South End Press, 1984; Paul Drake y Eduardo Silva, eds. (OHFWLRQV� DQG�'HPRFUDWL]DWLRQ� LQ� /DWLQRDPpULFD, 1980-85, Center for Iberian and Latin American Studies, University of California, San Diego, 1986. 13 Acerca del caso colombiano consúltese Francisco Leal Buitrago,�(O�RILFLR�GH�OD� JXHUUD�� � /D� VHJXULGDG� QDFLRQDO� HQ� &RORPELD, Bogotá: TM Editores, 1994; sobre la República Dominicana, Jonathan Hartlyn, 7KH�6WUXJJOH�IRU�'HPRFUDF\�LQ� WKH� 'RPLQLFDQ� 5HSXEOLF� �/D� /XFKD� SRU� OD� 'HPRFUDFLD� HQ� OD� 5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998; sobre Venezuela, consúltese José Machillanda Pinto, 3RGHU�SROtWLFR�\�SRGHU�PLOLWDU�HQ�9HQH]XHOD�� ���������, 2nd ed. Caracas: Ediciones Centauro, 1988; Deborah Norden, “Democracy and Military Control in Venezuela: From Subordination to Insurrection,” /DWLQ�$PHULFDQ�5HVHDUFK�5HYLHZ, 33 (2), 1998: 143-165. 14 La llamada “nueva” agenda de seguridad de la década de 1990 no fue notablemente diferente HQ�FRQFHSWR� de la agenda de los años 1970s en la 10º Conference of American Armies in Caracas: “El tema central de esta Reunión, que generalmente se manejaba dentro de esquemas de seguridad militar, fue el relativo a la ‘seguridad económica colectiva’, basada en la interdependencia de los conceptos vinculados a la seguridad y el desarrollo y, por ende, a la idea de que cualquier sistema de seguridad a nivel continental debe ir acompañado de una acción tendiente al progreso de los pueblos del Hemisferio, ya que, las causas del subdesarrollo son las que originan principalmente las amenazas a la seguridad.” De acuerdo a la página web

oficial (en Abril, 1999, www.ejercito.gub.uy/viccomea/index.html ), la Conference of American Armies “HV� XQ� 2UJDQLVPR� 0LOLWDU� GH� FDUiFWHU�LQWHUQDFLRQDO� LQWHJUDGR� \� GLULJLGR� SRU� ORV� (MpUFLWRV� GHO� &RQWLQHQWH� $PHULFDQR�FRQ� OD� DXWRUL]DFLyQ� GHO�JRELHUQR�GH�VXV� UHVSHFWLYRV�SDtVHV�B� ���� TXH� IXQFLRQD�GHVGH� ������ WLHQH� FRPR� ILQDOLGDG� DOFDQ]DU� XQD� HVWUHFKD� LQWHJUDFLyQ� \�FRRSHUDFLyQ� SDUD� HO� HVWXGLR� FRQMXQWR� GH� SUREOHPDV� GH� LQWHUpV� PXWXR� GHQWUR�$PpULFD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�VDOYDJXDUGDUOR�GH�WRGDV�ODV�DPHQD]DV�D�OD�SD]��D�OD�GHPRFUDFLD�\�D�OD�OLEHUWDG�GH�ORV�SDtVHV�PLHPEURV.” Así, mientras que asuntos especiales de la agenda tales como el narcotráfico, el desarrollo sostenible, la migración, habían cambiado en la década de 1990, el foco subyacente sobre estabilidad, crecimiento económico y “lucha contra la pobreza” como aspectos de “seguridad” y “democracia” y por lo tanto de preocupación para los planificadores de defensa y para las fuerzas armadas, permanecía constante. Acerca de la II Conferencia Interamericana de Directores de Institutos de Altos Estudios Estratégicos 1997, convocada en El Salvador, consúltese (http://apc.nicarao.org.ni/pieca/contenidos/reg12_4.htm; (http://www.mundolatino.org/i/politica/EUA_Amla/capit_15.htm#(11)a). Noviembre 19, 1999. Luis Dallanegra Pedraza, 5HODFLRQHV� SROtWLFDV� HQWUH�(VWDGRV�8QLGRV�\�$PpULFD�/DWLQD� � � � � � � � � � � � �¢3UHGRPLQLR�PRQURLVWD�R�XQLGDG?luisdallanegra@pinos.com 15 U.S. Department of Defense, Defense Link, www.defenselink.mil/news/Oct1996/n10091996_9610092.html. 16 U.S. Department of Defense, Office of International Security Affairs, 8QLWHG�6WDWHV�6HFXULW\�6WUDWHJ\�IRU�WKH�$PHULFDV, 1995. 17 Ramsey (1994); Max C. Manwaring, “Latin American Security and Civil-Military Relations in the New World Disorder,” /RZ� ,QWHQVLW\� &RQIOLFW� � /DZ�(QIRUFHPHQW 4(1) (Summer 1995): 29-43; Gabriel Marcella, ed. :DUULRUV� LQ�3HDFHWLPH��7KH�0LOLWDU\�DQG� �'HPRFUDF\� LQ�/DWLQRDPpULFD±1HZ�'LUHFWLRQV� IRU�8�6��3ROLF\, London: Frank Cass, 1994); Richard Millett y Michael Gold-Bliss, eds., %H\RQG�3UDHWRULDQLVP��7KH�/DWLQ�$PHULFDQ�0LOLWDU\� LQ�7UDQVLWLRQ. Miami, Fl: North-South Center, 1996. 18 A veces los oficiales estado unidenses , los civiles y los oficiales latinoamericanos parecían excesivamente optimistas al describir el éxito de la agenda de seguridad posterior a 1990. “ El teniente coronel (USAF Ret) Russel Ramsey escribió en 1994 que “el entrenamiento linguístico y las operaciones compartidas entre los oficiales militares estado unidenses y latinoamericanos hoy en día contribuyen a relaciones de las fuerzas armadas democráticamente obedientes. Russell W. Ramsey, “U.S. Strategy for Latinoamérica,” 3DUDPHWHUV (Autumn 1994): 70-83. Como una evidencia de sus afirmaciones, Ramsey cita sus artículos:“U.S. Military Courses for Latin Americans are a Low-Budget Strategic Success,” 1RUWK�6RXWK�� WKH�0DJD]LQH� RI� WKH� $PHULFDV, 2 (Febrero -Marzo 1993): 38-41; “A Military Turn of Mind: Educating Latin American Officers,” 0LOLWDU\�5HYLHZ, 73 (Agosto 1993): 13; Berry L. Brewer, United States Security Assistance Training of Latin American Militaries: Intentions y Results,

Wright_Patterson Air Force Base, Ohio, Septiembre 1995. (www.benning.army.mil/usarsa/main.htm. ) 19 Consúltese Donald E. Schulz, “The Role of the Armed Forces in the Americas: Civil Military Relations for the 21st Century,” Strategic Studies Institute, Abril 1998. 20 Para una mejor comprensión de las misiones y los puntos de vista de Southcom, consúltese 'LiORJR�� (O� IRUR� PLOLWDU� GH� ODV� $PpULFDV en www.allenwayne.com/dialogo/. 21 Ibid. 22 U.S. Agency for International Development, “Democracy,” (www.info.usaid.gov/democracy/.) La cursiva fue añadida por el autor. 23 Joseph C. Leur, "School of the Americas y U.S. Foreign Policy Attainment in Latinoamérica," Information paper, School of the Americas (www.benning.army.mil/usara/ACADEMIC/leru.htm ); Russell W. Ramsey; “A Military Turn of Mind: Educating Latin American Officers,” 0LOLWDU\�5HYLHZ, 73 (Agosto 1993): 10-17. 24 www.benning.army.mil/usarsa/main.htm. U.S. Army School of the Americas, Ft. Benning, Georgia. Para una descripción de los nuevos cursos y objetivos en la School of the Americas consúltese a Russell W. Ramsey, “The Democratic Sustainment Course at the U.S. Army School of the Americas,” (Julio 1999). Para una fuerte defensa del registro de derechos humanos del Ejercito de los Estados Unidos y la importancia de entrenar al personal militar de los Estados Unidos, consúltese a Russell W. Ramsey, "Forty Years of Human Rights Training,"� -RXUQDO�RI�/RZ�,QWHQVLW\�&RQIOLFW��/DZ�(QIRUFHPHQW Vol 4, No 2 25 “ Militares de América se reúnen hoy en Bolivia,” (O�7HOpJUDIR (Guayaquil), 15 de noviembre de 1999. A mediados del 2000 el congreso ecuatoriano legisló una amnistía para personal civil y militar, autores y participantes en los eventos del 21 de enero de 2000, y los eventos relacionados con el cambio de Gobierno Constitucional. 26 La Axiología es la rama de la Etica que se ocupa de la bondad relativa o del valor de los motivos y fines de las acciones. :“4XLHUR�GHFLUOHV�TXH�HO�(MpUFLWR�GH� *XDWHPDOD�� HVWi� HQ� SOHQR� SURFHVR� GH� UHFRQYHUVLyQ�� UHDOL]DQGR� ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV� QHFHVDULDV� HQ� VX� HVWUXFWXUD�� \� HQ� VXV� IXQFLRQHV� \�HVSHFLDOPHQWH�HQ�VX�RULHQWDFLyQ�D[LROyJLFD��FRQ�HO�REMHWR�GH�GHILQLU�FODUDPHQWH�HO�DFFLRQDU�GH� OD� ,QVWLWXFLyQ�$UPDGD��SDUD�FRQ� OD�VRFLHGDG�\�DVt�SRGHU�VHJXLU�FRDG\XYDQGR�� DO� IRUWDOHFLPLHQWR� GHO� SRGHU� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GHPRFUiWLFDV�GHELGDPHQWH� UHSUHVHQWDGDV� HQ� *XDWHPDOD�� Página web de Internet del Ejército de Guatemala (http://www.mindef.mil.gt/noticias). El último marco de la página web retrataba una paloma blanca, precedida de estas palabras: �<�

FRQFOX\R�HVWDV�SDODEUDV��URJiQGROHV�TXH�OD�FDPDUDGHUtD�\�OD�IUDWHUQLGDG�PLOLWDU�TXH� VH� PDQLILHVWDQ� HQ� OD� SUHVHQWH� FRQIHUHQFLD�� IRPHQWH� OD� XQLGDG� \� QRV�DSUR[LPH� D� OD� YLVLyQ� EROLYDULDQD�� GH� XQD� $PpULFD� XQLGD���� Al general guatemalteco le faltó hacerles recordar a los representantes de los Estados Unidos en la conferencia que "la visión Bolivariana", desde antes de la Conferencia Panamericana de 1826 en Panamá, definió a los Estados Unidos como una amenaza principal a la seguridad nacional – al menos para las naciones hablantes de español y portugués en el hemisferio. 27 Max G. Manwaring ed., 6HFXULW\�\�&LYLO�0LOLWDU\�5HODWLRQV� LQ� WKH�1HZ�:RUOG�'LVRUGHU�� 7KH� 8VH� RI� $UPHG� )RUFHV� LQ� WKH� $PHULFDV. Una antología de un Simposio co-auspiciado por The Chief of Staff, United States Army, The George Bush School of Government y Public Service, U.S. Army War College, Septiembre 1999. 28 Consúltese especialmente a Donald E. Schulz, “The United States y Latinoamérica: A Strategic Perspective,” in Manwaring ed. (Septiembre 1999): 1-19. 29 Richard Downes, Landpower y Ambiguous Warfare: The Challenge of Colombia in the 21st Century, (El poder de la tierra y la guerra ambigua: El reto de Colombia en el siglo 21º) Conference Report, Strategic Studies Institute, Marzo 10, 1999. 30 Tal como el Presidente William Clinton lo puso en un discurso en el Consejo de las Américas, traducido en la revista militar Ecuatoriana, 5HYLVWD� )XHU]DV�$UPDGDV�GH�(FXDGRU (Tenemos que ganar en Colombia. Tenemos que ganar la lucha por el Area de Libre Comercio de las Américas. Tenemos que demostrar que la libertad y los mercados libres van de la mano. Eso es en lo que ustedes creen, y vamos a tener una oportunidad de demostrarlo.”: http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/publicaciones/revistamdndic2000/textoclavesobreplancolombia.htm. 31 Departamento de Defensa, Oficina del Secretario de Defensa, Asuntos Inter-Americanos, “United States Security Strategy for the Americas,” (Estrategia de Seguridad Estadounidense para las Américas) Octubre 2000: 19. 32 Acerca de las misiones que se hicieron con vuelos desde Ecuador consúltese, por ejemplo, “Comandante de la FAE revela varios 'problemas' en la Base Aérea de Manta,” 'LDULR�+R\ (Quito), (electrónico), 6 de Septiembre de 2000; “Ajustan operaciones en base de Manta,” (O� 7HOpJUDIR (Guayaquil), (electrónico), 6 de Septiembre de 2000. 33 Para un extenso análisis del “Plan Colombia” en Español consúltese a Ingrid Vaiciu, “El Plan Colombia: El Debate en los Estados Unidos” International Policy Report, Agosto 2000 (http://www.ciponline.org/colombia/aid/ipr0800/ipr0800.htm); “Helicópteros

Black Hawks, en el 2002", (O�7LHPSR (Bogotá) (electrónico), 22 de Septiembre de 2000 34 “Chávez lanza nuevas críticas a Plan Colombia ‘Así empezó Vietnam’," (O�&RORPELDQR (Medellín), (electrónico), 6 de Septiembre de 2000.Por supuesto, Chávez estaba simplemente repitiendo lo que muchos artículos periodísticos y oponentes políticos del “Plan Colombia” habían estado diciendo desde hacía meses. Para ubicar una lista de artículos sobre el Plan Colombia, consúltese la página WEB pagada por el Center for International Policy (http://www.ciponline.org/colombia/aid/news.htm). 35 “Plan Colombia, protagonista en Cumbre Suramericana,” (O�7LHPSR�(Bogotá) (electrónico), Agosto 31, 2000. 36 “Colombianos huyen a Ecuador por fumigación de plantaciones,” (O�0RVWUDGRU (electrónico), 13 de

Septiembre de 2000; “Destruyen 5 mil hectáreas de coca y 90 laboratorios en Colombia,” (O 0RVWUDGRU (electrónico), 14 de Septiembre de 2000; “5 mil hectáreas de coca fueron eliminadas,,” (O &RPHUFLR (Quito), 14 de Septiembre de 2000. En este último artículo el director de la DEA en Colombia es citado como que ha dicho que nada le impedirá seguir luchando contra el narcotráfico. “En el Perú, el ministro de defensa Carlos Bergamino anunció que su país estaba enviando refuerzos militares a la frontera con Colombia, esperando que las guerrillas colombianas y los narco-traficantes huyan a los países vecinos en respuesta a la fumigación, apoyados por helicópteros de ataque.

37 Consúltese Stephen Rabe, (LVHQKRZHU�\�/DWLQRDPpULFD��7KH�)RUHLJQ�3ROLF\�RI�$QWLFRPPXQLVP, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1988. 38 “United States Security Strategy....” (2000): 7.

39 Pacific Basin Economic Council (Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico) "Peace y Stability: the Cornerstone of Prosperity" Secretary of Defense William S. Cohen, Santiago, Chile, 25 de mayo de 1998. 40 Hemispheric Cooperation In Combating Terrorism, Defense Ministerial of the Americas III (Cooperación Hemisférica para Combatir el Terrorismo, Defensa Ministerial de las Américas III)Secretary of Defense William S. Cohen, Cartagena, Colombia, Martes 1 de diciembre de 1998. 41 Para una breve descripción de la “Operation Condor,” consúltese “Archives Unearthed in Paraguay Expose U.S. Allies' Abuses,” ( Archivos descubiertos en Paraguay exponen los abusos de los aliados de Estados Unidos”) 1HZ�<RUN�7LPHV, Agosto 11, 1999: “El servicio de inteligencia compartido entre los aliados de Washington en Sud América no empezó con la Operación Cóndor, sino que el plan formalizó y profundizó la cooperación entre la policía y las fuerzas militares que habían tomado el poder en seis países: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Después de que el General Manuel Contreras invitó a los jefes de seguridad a crear “las bases de una excelente coordinación y acción mejorada” en una reunión en noviembre de 1975, las fuerzas policiales de los países miembros empezaron a operar en las jurisdicciones de los otros miembros. Sus nuevos lazos permitieron a los oficiales de seguridad tomar parte en interrogaciones conjuntas, perseguir a gente a través de las fronteras y a ordenar una estricta vigilancia de los ciudadanos que buscaban asilo en otros países.” Consúltese J. Patrice McSherry, "Operation Condor Clandestine Interamerican System," 6RFLDO� -XVWLFH, Vol. 26, no. 4 (Winter 1999)144-174;"Analyzing Operation Condor: A Covert Inter-American Structure," trabajo escrito presentado en el XXII International Congress of Latin American Studies Association (LASA), Miami, Marzo 2000. 42 En realidad, a pesar de la “democratización” en el Brasil después de 1985, las fuerzas armadas se rehusaron a proporcionar información acerca de operaciones de inteligencia nacionales e internacionales durante la dictadura a autoridades civiles, aun después de solicitudes directas del presidente en 1993. Consúltese “Ejército habría ocultado la existencia de la O. Cóndor,” Diario El Sur (Concepción, Chile), 23 Mayo, 2000 (Internet versión): La administración del presidente Itamar Franco solicitó en 1993 información. Los documentos obviaron supuestamente datos de importancia. SAO PAULO, (AFP). El Ejército brasileño ocultó presuntamente información pedida por el gobierno del ex presidente Itamar Franco en 1993 sobre la Operación Cóndor, referida a colaboración de los regímenes militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay para aniquilar a la izquierda opositora, según indican documentos divulgados ayer en la prensa local. El gobierno de Franco investigó en 1993 el tenebroso plan y solicitó información al Ejército que, a pesar de haber terminado el régimen militar en 1985, habría ocultado datos importantísimos.” 43 “Colombian Insurgency Spillover Intensifies”( El rebase de la insurgencia colombiana se intensifica) 6SHFLDO� :DUIDUH�� The Professional Bulletin of the

John F. Kennedy Special Warfare Center y School PB 80_99_3 Summer 1999 Vol. 12, No. 3: “d El crimen de marzo de 1999 de tres rehenes estado unidenses, presumiblemente pro rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, en Venezuela (cerca de la frontera) ha puesto en relieve el rebase todavía creciente del conflicto. Autoridades colombianas, venezolanas y estado unidenses están investigando los crímenes. Sobretodo, un complejo entero de problemas relacionados se ha centrado en la actividad insurgente en Colombia (from FARC y the National Liberation Army, or ELN): tráfico de armas y de drogas por parte de las guerrillas y grupos criminales, extorsión, raptos, y otros tipos de criminalidad y violencia, e inmigrantes ilegales, todo lo cual está afectando las áreas de frontera de Colombia con Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá. Para utilizar una página web acerca de las denuncias y para “chatting” acerca de los incidentes en la frontera que tienen que ver con los “narco-subversivos” consúltese http://www.webmediaven.com/forum/colombia.html. Los mayores peligros fronterizos, tanto de las FARC como del FLN han precipitado el despliegue de la Quinta División del Ejército Peruano en el área de frontera del Amazonas. Esta división incluye unidades anti guerrilleras que combatieron exitosamente a Sendero Luminoso en el Perú. Al desplegar estas fuerzas, el Perú indicaba que las incursiones de las FARC han estado ocurriendo desde 1993.Ecuador también tomó medidas para contrarrestar las actividades de las FARC y la violencia que podría transvasarse desde Colombia y Estados Unidos tomó la decisión de comprometer fuerzas especiales para “propósitos de entrenamiento” al Ecuador para contra restar las guerrillas colombianas y a los narcotraficantes. Consúltese Spc. Jon Creese , “Special Ops units help Ecuador fight drug war,” Army Link News (http://www.dtic.mil/armylink/news/Jul1999/a19990707ecuador.html): "Esta área presenta la mayor amenaza” dijo said Master Sgt. Brian Cochrane, sargento ingeniero mayor para el equipo. “Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a través del río son utilizadas como músculo para el tráfico de drogas. La parte más difícil es encontrar un lugar para entrenar con una amenaza tan grande”, dijo él. “Uno no puede entrenar sin seguridad, así que estamos siempre armados, ya sea cuando estamos en patrullaje o haciendo entrenamiento físico”.....”Esto realmente les da a los muchachos la oportunidad de un conocimiento cultural del país”, dijo Sparrow. “Fundamentalmente estamos aquí para entrenar a la nación anfitriona en destrezas especiales para mejorar

prepárenlos para luchar, pero nuestra pericia está basada en capacidad de lenguaje y experiencias culturales de largo plazo e interacción con las fuerzas Latinoamericanas."..."Estamos tratando de construir relaciones cívico-militares más fuertes aquí", decía el Sargento de 1ª. Clase David Williams, sargento de equipo para el Equipo de Apoyo Táctico 16, Compañía A, 96º Batallón de Asuntos Civiles (Aéreo) ligado al 7º SFG(A). "Necesitamos regresar continuamente. Esa es la única manera de construir una buena relación entre los militares y civiles." 44 Por ejemplo, escribiendo en 0LOLWDU\�5HYLHZ en 1998, el Mayor Salvadoreño Roberto Antonio Garay concluyó: $ QLYHO�UHJLRQDO�VH�UHFRQRFH�HO�SDSHO�TXH�OD�

)XHU]D�$UPDGD�HVWi�GHVHPSHxDQGR��VXERUGLQDGD�D�OD�DXWRULGDG�FLYLO��DSROtWLFD�\ DFDWDQGR�FRQ�WRWDO�UHVSHWR�OD�GHFLVLyQ�VREHUDQD�GHO�SXHEOR�HQ�OD�HOHFFLyQ�GH�VXV� JREHUQDQWHV�� HQ� FRQVRQDQFLD� FRQ� HO� TXH� KDFHU� GHPRFUiWLFR� PXQGLDO�”Mayor Roberto Antonio Garay Saravia, Ejército de El Salvador, “Fuerza Armada y Transición Política,” Hispano-American edition, 0LOLWDU\� 5HYLHZ,LXXVII (Julio-Agosto 1998) 4: Internet versión. 45 Para encontrar un ejemplo de los esfuerzos para lograr estas relaciones públicas consúltese Argentina (http//www.ejercito.mil.ar/origin.htm); Bolivia (http://www.mindef.gov.bo/); Brazil (http://www.exercito.gov.br/); Chile (http://www.ejercito.cl/); Colombia (http.//www.ejercito.milco/); Ecuador (http://www.fuerzasarmadasecuador.org/); Guatemala ( http://www.mindef.mil.gt/ ); Peru (http.www.ejercito.mil.pe/); Uruguay (http://www.ejercito.gub.uy/); (http://www.ejercito.gub.uy/rrpp/WebNueva/index.htm/); Artículos relativos a relaciones públicas y seguridad abundan en las revistas militares. Consúltese, por ejemplo, la 5HYLVWD� 7DUTXL, del Ecuador donde oficiales de todo el hemisferio y ecuatorianos escriben acerca de la importancia de la “Comunicación social” ( Grab. Oswaldo Jarrín, “La comunicación social y la seguridad nacional,”; Brig. Alfredo Ewing Pinochet, “La comunicación social en la seguridad pública,” Septiembre 2001) http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/publicaciones/revistamdnoct2001/art.editorial.htm;

46 General Aníbal Ulises Laiño, “Desafíos al estado nación,” 0LOLWDU\� 5HYLHZ,Hispano-American edition (Julio-Agosto 1996): 46-48; Brig. General Carlos Molina Johnson, “Conflicto y cooperación: Un enfoque conceptual,” 0LOLWDU\�5HYLHZ, edición Hispano-Americana (Enero-Febrero 1997): 30-41; Colonel Sergio J. Caubarrere, “La cultura militar en el siglo XXI,” 0LOLWDU\� 5HYLHZ,Hispano-American edition (Julio-Agosto 1996): 54-63. 47 19. Teniente Coronel (Ret.) Ralph Peters, “Nuestros nuevos enemigos de siempre�´� 0LOLWDU\� 5HYLHZ Hispano_American edition, LXXIX (Septiembre_Octubre 1999) 5. Publicada por la ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR Fort Leavenworth, Kansas 66027_1254. Versión de Internet, extracto traducido por el autor. 48 Consúltese, por ejemplo, Max Manwaring, “Brazilian Security in the New World Disorder: Implications for Civil-Military Relations,”(“Seguridad brasileña en el desorden del Nuevo Mundo: Implicancias para las relaciones cívico-militares”) in Millett and Bliss-Gold (1996): 223-40; Alvaro de Souza Pinheiro y Paulo Cesar Miranda Azevedo, “A Vision of the Brazilian National Security Policy on the Amazon,”( “Una Visión de la Política de Seguridad Nacional

Brasileña en el Amazonas) /RZ� ,QWHQVLW\� &RQIOLFW� � /DZ� (QIRUFHPHQW 3(3) (Winter 1994): 387-409. 49 Bitencourt Emilio (1998): 94-95. 50 ( www.exercito.gov.br/revista_eb/Revista6.HTM.) Las opiniones del Teniente Coronel (Ret.) Ralph Peters publicadas en 0LOLWDU\� 5HYLHZ difícilmente le daría confianza a sus contra partes latinoamericanos: &RQWUDULR�D ORV�PLWRV�SURSDJDGRV�SRU� ORV�YLHMRV� L]TXLHUGLVWDV�SDWpWLFRV��(VWDGRV�8QLGRV�QR� HULJLy� VX� LPSHULR� FXOWXUDOBHFRQyPLFR� D� H[SHQVDV� GH� ORV� REUHURV� \�FDPSHVLQRV�GHO�PXQGR��1R�REVWDQWH��JUDFLDV�D�OD�HUD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��YDPRV�H[SDQGLHQGR�HVH�LPSHULR�D�H[SHQVDV�GH�ODV�FXOWXUDV�IUDFDVDGDV��GHELGR�D�TXH�HO�PXQGR� LQVLVWH� HQ� FRQVXPLU� QXHVWUD� HVFRULD�� /D� L]TXLHUGD�QR� HQWHQGLy� QL� OD�FURQRORJtD� QL� OD� GLQiPLFD� GH� OD� KLVWRULD�� <� ORV� UHVWRV� HQFRJLGRV� GH� OD�L]TXLHUGD²UHSUHVHQWDQGR� SRFR� PiV� TXH� XQD� GLYHUVLyQ� HQ� ORV� FDPSRV�XQLYHUVLWDULRV²�D~Q�HVWiQ�SURPXOJDQGR�XQ�LGHD�DEVROXWDPHQWH�HTXLYRFDGD��OD�QRFLyQ� GH� TXH�(VWDGRV�8QLGRV� HVWi� UHVXHOWR� D� HPSREUHFHU� D� RWURV�� (VWDGRV�8QLGRV�SUHILHUH�SDtVHV�SUyVSHURV��HQ� ILQ�� ODV�PDVDV�KDPEULHQWDV�QR�FRPSUDQ�PXFKR�VRIWZDUH��\�VLQFHUDPHQWH�DIOLJHQ�D� OD�FRQVFLHQFLD�RFFLGHQWDO���3HUR�QR�HV�SRVLEOH� IRU]DU�D� OD�JHQWH�D� ORJUDU�p[LWR�� �$TXpOORV�TXH�VH�GHMDQ�DWUiV�HQ� OD�FRPSHWHQFLD� JOREDO� VyOR� SRGUiQ� FXOSDUVH� D� Vt�PLVPRV�� \� D� VXV� DQWHSDVDGRV.���'HVGH� OXHJR�� DQWH� OD� SURYRFDFLyQ� VXILFLHQWH�� VRPRV� FDSDFHV� GH� GDUOHV�PXHUWH�D�PXFKDV�SHUVRQDV�\�GH�KDFHUOR�FRQ�HQWXVLDVPR��3HUR� WDOHV�HYHQWRV�VRQ�H[FHSFLRQDOHV��(O�SXHEOR�HVWDGR�XQLGHQVH��SRU�VX� HTXLOLEULR� \�VDJDFLGDG��OXFKDUi�FRQWUD�XQ�HQHPLJR�DXWpQWLFR��SHUR�QR�VRSRUWDUi�OD�PDWDQ]D�QR� SURYRFDGD� GH� XQD� SREODFLyQ� H[WUDQMHUD� VREUH� VX� PDOD� FRQGXFWD� HQ� XQD�WLHUUD�OHMDQD��/D�VHxD�GH�OD�JUDQGH]D�GH�QXHVWUD�FLYLOL]DFLyQ�HV�VHQFLOOD�\�UDUD��HQ�HVWH�SXQWR�HQ�QXHVWUD�HYROXFLyQ� VRFLDO�� SUHIHULPRV� UHDOL]DU� DFWRV� GH�ERQGDG�TXH�GH�PDOGDG��VLHPSUH�\�FXDQGR�QR�QRV�FXHVWH�PXFKR��eVWD�HV�XQD�FXDOLGDG�VRUSUHQGHQWHPHQWH�HVFDVD�� “$V�ORQJ�DV�LW�GRHVQ¶W�FRVW�XV�PXFK.” Esta característica especial de la civilización estadounidense deber haber calmado especialmente a los militares latinoamericanos y a los conductores de la política. 51 (www.exercito.gov.br/revista_eb/Revista6.HTM.) . Las provisiones constitucionales, la legislación y notas publicadas en español y en portugués ha veces han sido dejadas sin traducir a fin de transmitir el “sabor” y “espíritu” del lenguaje original. 52 Para una visión semi-optimista de la nueva agenda sobre seguridad y mejoras en las relaciones cívico-militares de 1987 a 1997, consúltese a Richard Downes, “Building New Security Relationships in the Americas: The Critical Next Steps,” en Schulz, ed. (Abril 1998): 13-30. Una evaluación mucho más compleja y menos optimista es la de Fernando Bustamante, “Democracy, Civilizational Change, and the Latin American Military,” en Felipe Agüero y Jeffrey Stark, )DXOW� /LQHV� RI� 'HPRFUDF\� LQ� 3RVW�7UDQVLWLRQ� /DWLQRDPpULFD,Miami: North-South Center, 1998: 345-368. Sobre desarrollos en Centroamérica desde 1990 consúltese a Orlando Pérez, “New Missions or Old

Mandates: The Transformation of Civil-Military Relations in Post-Authoritarian Central America,”(Nuevas misiones o Viejos mandatos: La transformación de las relaciones cívico-militares en la Centro America post autoritaria) Trabajo presentado en las sesiones de la Latin American Studies Association, Miami, Fla., Marzo 16-18, 2000. 53 Acerca de México consúltese a Graham H. Turbiville, Jr., “ Law Enforcement and the Mexican Armed Forces: New Internal Security Missions Challenge the Military,” (Cumplimiento de la ley y las Nuevas Fuerzas Armadas Mejicanas: Nuevas Misiones de Seguridad Interna retan a los Militares) Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS.,1997. http://call.army.mil/call/fmso/fmso.htm y, por el mismo autor, “US_Mexican Border Security: Civil_Military Cooperation” Military Review (Julio-Agosto, 1999); también en línea en http://call.army.mil/call/fmso/fmsopubs/issues/border/border.htm; “Mexico's Multimission Force for Internal Security,” (La Fuerza Multimisionera para la Seguridad Interna) Military Review (Julio-Agosto, 2000) y en línea en http://call.army.mil/call/fmso/fmsopubs/issues/multimission/multimission.htm. Las misiones anti narcóticos del ejército mejicano se adelantan al final de la guerra fría por lo menos en dos décadas. 54 Sobre las múltiple misiones llevadas a cabo por el ejército brasileño, especialmente en la región del Amazonas, consúltese a William W. Mendel, “The Brazilian Amazon: Controlling the Hydra,” Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS. (http://call.army.mil/call/fmso/fmso.htm.) Este artículo apareció en � 0LOLWDU\�5HYLHZ (Julio_Agosto 1999). Tal vez la experiencia más penosa para las fuerzas armadas ocurrida en El Salvador, con una reducción dramática y una redefinición de su misión bajo la supervisión de las Naciones Unidas. En Octubre 1998, sin embargo,el Ministro Salvadoreño de Defensa, General (ret.) Jaime Guzmán Morales, presentó el “Plan de la Nación,” elaborated by the army. The document "/D� QDFLyQ� VDOYDGRUHxD� VX� GHIHQVD��VHJXULGDG�\�GHVDUUROOR". ofrece puntos de vista del ejército acerca del futuro del país y define las múltiples misiones de las fuerzas armadas “en tiempos de paz”: protección del medio ambiente, obras públicas, seguridad pública, misiones humanitarias, alivio de desastres y otros. Diálogo Centroamericano, San José, Costa Rica No. 34 Octubre 1998. El Salvador, “El ejército en tiempos de paz” * Da a conocer "Plan de Acción" sobre defensa, seguridad y desarrollo. (www.ciponline.org/dialogue/9810es05.htm.) 55 En ningún sitio fue esto más evidente que en Guatemala como lo ejemplificó en 1998 el Ministerio de Defensa en el resumen de las actividades militares, variando desde la cooperación con las universidades y cumplimiento de la ley hasta la vigilancia de lugares arqueológicos y la creación de una escuela de marimba. El ejército guatemalteco también realizó su primer ciclo de cursos en derechos humanos La descripción de las actividades militares publicado en la página web del Ministerio de Defensa hacia fines de 1999, ilustró coloridamente el alcance de la misión de los “nuevos militares” desde administrar un hospital universitario con el Ministerio de Salud hasta proteger

lugares arqueológicos, hasta la realización de casi 46,000 operaciones “en apoyo del cumplimiento de la ley” (con más de 7800 detenciones), hasta programas ambientales, incluyendo la protección de las tortugas de mar y las iguanas verdes” (6H� GHVDUUROOy� XQ� YLJRURVR� SODQ� GH� SURWHFFLyQ� GHO� HQWRUQR�HFROyJLFR�SRU�PHGLR�GH�OD�HMHFXFLyQ�GH�YDULRV�SURJUDPDV�HQ�ORV�TXH�GHVWDFDQ��OD� SURWHFFLyQ� GHO� YHQDGR� FROD� EODQFD�� WRUWXJDV� PDULQDV�� LJXDQDV� YHUGHV� \�VLHPEUD�GH�PDQJOH���y la creación de una academia de marimba ()XQGDFLyQ�GH�OD� $FDGHPLD� GH� 0DULPED� �*HUPiQ� $OFiQWDUD�� 6H� LQDXJXUy� HO� ��� GH� MXOLR� GH������ HQ� OD� VHGH� GHO� 6HUYLFLR� GH� 0~VLFDV� 0LOLWDUHV�� FRQ� OD� LGHD� GH� TXH� ODV�IXWXUDV�JHQHUDFLRQHV�WHQJDQ�XQ�OXJDU�HQ�GRQGH�SRGHU�DSUHQGHU�D�WRFDU�QXHVWUR�LQVWUXPHQWR�QDFLRQDO�� Para una revisión de los efectos del ambiente de post guerra fría de las misiones militares en Bolivia consúltese Ministry of Defense, “Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, Balance de la realidad y perspectivas de reforma en el futuro, ” Seminario, 30 mayo, 2000, http://www.mindef.gov.bo/publicaciones/Pub_Mindef/Adecuacion_a_reformas.htm#Bolivia: Reformas estructurales y Fuerzas Armadas (Agosto 7, 2000). 56 Luigi Einaudi, “The Politics of Security in the Western Hemisphere,”(La política de la seguridad en el Hemisferio Occidental) 3DUDPHWHUV (Winter 1996_97): 13_25. 57 Russell W. Ramsey, “U.S. Strategy for Latinoamérica,”�3DUDPHWHUV (Autumn 1994): 70_83. 58 La ley de 1878 prohibe específicamente el uso del ejército para hacer cumplir la ley a menos que esté autorizada por el congreso o la constitución y no permite la intervención militar a través de la acción por parte del Secretario de Defensa o una orden ejecutiva del Presidente U.S.C. TITLE 18 _ CRIMES AN D CRIMINAL PROCEDURE PART I _ CAPÍTULO 67 _ MILITARY AND NAVY § 1385. Uso del Ejército y de la Fuerza Aérea como posse comitatus. Quienquiera que , excepto en casos y bajo circunstancias expresamente autorizadas por la Constitución o Ley del Congreso, por propia voluntad utilice cualquier parte del Ejército o de la Fuerza Aérea como un posse comitatus o de alguna otra forma a fin de ejecutar la ley será multado bajo este título o encarcelado por no más de dos años, o ambos. Le prohibe al personal del ejército de los Estados Unidos irrogarse poderes para registrar, detener o arrestar a personas. Reformada en 1981 bajo la Ley Pública 97_86 para permitir un creciente apoyo del Ministerio de Defensa en la prohibición de drogas y otras actividades de cumplimiento de la ley. (Title 18, "Use of Army and Air Force as Posse Comitatus" _ United States Code, Section 1385). La Marina y el Cuerpo de Marina no están incluidos en la ley, pero están sujetas a ella mediante la Reglamentación DOD (32 C.F.R. Section 213.2, 1992). Los Guarda Costas está exceptuada en tiempo de paz, así como están la Guardia Nacional que opera bajo la autoridad del estado del Titulo 32. La ley de los EE.UU. busca también evitar la influencia militar en las elecciones: El código de EE.UU., Sección 592 establece, Un oficial del Ejército o de la Marina que tiene control de tropas y las trae a un lugar donde se realiza una elección general o una especial será multado con U.S.$5,000 o puesto en prisión por

cinco años o ambos, y será descalificado para serle asignado cualquier puesto de honor, beneficio o confianza bajo los Estados Unidos”. Pero aun en los Estados Unidos, alguna legislación poco conocida parecería contradecir el principio de posse comitatus 10 US Code Sections 331 a 334. La Sección 332 establece: “Cuando quiera que el Presidente considere que las obstrucciones ilegales, combinaciones o ensamblajes, o rebelión en contra de los Estados Unidos haga imposible cumplir las leyes de los Estados Unidos en cualquier estado o territorio por el curso ordinario de los procedimientos judiciales, él puede acudir al servicio federal tal como la milicia de cualquier estado, y usar de tales fuerzas armadas para suprimir la rebelión”. Reciente legislación anti droga y anti terrorista parecen también haber despertado en cierta medida el principio de posse comitatus. Consúltese J. Patrice McSherry, "Militarizing U.S. Internal Security," 1$&/$� 5HSRUW� RQ� WKH� $PHULFDV, Vol. XXXII, no. 6 (Mayo_Junio, 1999): 1. 59 Es típica la elaborada página web del Ejército Guatemalteco con múltiples enlaces que permiten que cada comandante de zona y comandante especial ilustren las acciones de múltiple acción cívica, educacional, ambiental, anti narcóticos y de cumplimiento de la ley. Consúltese (en Diciembre 1999) http://www.mindef.mil.gt/noticias/Publicaciones/memorias/mdn01.htm. 60 Una importante excepción a esta generalización es Argentina, donde la gradual redefinición de los roles de las fuerzas armadas han delimitado y restructural las fuerzas militares. Speaking at the InterAmerican Defense Board in 1999 the Argentine Defense Minister described this process as follows: “Hablando en la Junta de Defensa Interamericana en 1999 el Ministro Argentino de Defensa describió este proceso en la forma siguiente: “en Argentina la aprobación de las leyes de Defensa Nacional en 1988 y de Seguridad Interna en 1992, estableció el andamio esencial alrededor del cual las fuerzas armadas pueden legalmente encontrar su equilibrio en una democracia. La Ley del Servicio Militar Voluntario de 1994 reemplazó la leva obligatoria con un nuevo esquema de una fuerza totalmente profesional abierta a hombres y mujeres por igual. A su vez, la Ley de Restructuración de 1998, la cual fue aprobada unánimemente por todos los partidos políticos en el congreso nacional completa el cuadro poniendo en su lugar un presupuesto de cinco años que empieza en 1999 con una asignación especial durante ese período de cinco años para propósito de renovación de equipos. La nuevas guías para el aparato militar establecen además una estructura flexible y un tamaño acorde con los intereses que van a ser protegidos, misiones que se van a cumplir y áreas de acción de acuerdo con la capacidad económica y tecnológica par mantenerlo, priorizando una acción conjunta y una integración operacional”. (Discurso del Ministro de Defensa de Argentina, Mr. Jorge Domínguez, en el Inter-American Defense College, Washington, D.C., Septiembre 24, 1999.: A pesar de este aparente entrincheramiento del ejército argentino, su página web oficial proclamaba que el ejército estaba comprometido con una gran variedad de misiones “subsidiarias:” “Disponer, en el marco específico y en el de la Acción Militar Conjunta, de una capacidad de disuasión creíble, que posibilite desalentar

amenazas que afecten intereses vitales. Subsidiariamente Participar en Misiones de Organizaciones Militares de Paz; Prestar Apoyo Logístico en la lucha contra el Narcoterrorismo; Brindar Apoyo a la Comunidad; Contribuir a la preservación del Medio Ambiente; Contribuir al sostenimiento de la actividad Antártica Nacional.” (http://www.ejercito.mil.ar/origin.htm). 61 Mexico, Secretary of National Defense Internet website, (http://www.sedena.gob.mx/historia/hist_01.html). 62 Ley N. 1405, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, 30 Diciembre, 1992. 63 Por supuesto, desde Setiembre 11, 2001, ha habido llamados en los Estados Unidos para eliminar o “reformar” la legislación de posse comitatus; en junio 2002 la creación del Presidente George Bush de un Departamento de Seguridad Interna apuntaba a una fusión de las agencias de inteligencia extranjera e interna y una permanente vigilancia de civiles que fueran potenciales terroristas, más consistente con la tradición latinoamericana. La consecuencia probable de este importante cambio en la política estadounidense es animar más a las fuerzas armadas latinoamericanas a renovar con vigor sus practicas habituales, ahora en nombre del anti terrorismo”. 64 Página web Oficial del Ejército: http://www.ejercito.rd.mil.do/index.htm.

65 Policía y ejército inician plan de seguridad para recolección de café,” SAN SALVADOR, Oct 18 (AFP) _ Unos 16.000 policías y 4.000 miembros del ejército de El Salvador iniciaron este lunes un plan de seguridad para las actividades de recolección de café, blanco de la delincuencia, aseguró este lunes el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Sandoval. Patrullas eran desplazadas este lunes por ciudades, carreteras y centros de acopio y beneficio del grano, como parte de la operación "Triángulo Productivo", ejecutada en todo el país a fin de garantizar la recolección y almacenamiento del café, principal producto de exportación de El Salvador.” (http://www.ciponline.org/dialogue/index.htm). (Noviembre 19, 1999). 66 Frank McCann, 6ROGLHUV�RI�WKH�3DWULD��$�+LVWRU\�RI�WKH�%UD]LOLDQ�$UP\�� 67 Mendel (1999). Nota 23: Marcia Gomes, "Government Launches Project for Defense of National Sovereignty," (El Gobierno lanza Proyecto para la Defensa de la Soberanía Nacional.) Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 Noviembre 1996, tal como está traducido FBIS-LAT-96-221 (DRLAT 221-M-96008), Noviembre 8 de 1996. 68 “Ecuador Emplea Militares en su Rol Anti_crimen,” 6SHFLDO� :DUIDUH The Boletín Profesional del John F. Kennedy Special Warfare Center and School PB 80_99_2 Primavera 1999 Vol. 12, No. 2.

69 “Colombian Special_Ops Unit Fights Urban Crime ,” (La Unidad Especial Ops Lucha con el Crimen Urbano) En 6SHFLDO�:DUIDUH��(Primavera 1999): ibid. 70 Orlando Pérez, “Dismantling Liberal Democracy: Neopopulism and the Reorientation of Civil-Military Relations in Venezuela,” (Desmantelando la Democracia Liberal, el Neopopulismo y la Reorientación de ls Relaciones Cívico-Militares en Venezuela) Trabajo presentado en la Sesión 2001 de la Latin American Studies Association, Washington, DC, Septiembre 6-8, 2001: 2. 71 Consúltese Brian Loveman, 7KH� &RQVWLWXWLRQ� RI� 7\UDQQ\�� 5HJLPHV� RI�([FHSWLRQ�LQ�6SDQLVK�$PHULFD, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993. 72 Para el caso chileno consúltese $UTXLWHFWXUD�SROtWLFD�\�VHJXULGDG�LQWHULRU�GHO�HVWDGR� ���������. (eds. Brian Loveman and Elizabeth Lira) Santiago: DIBAM/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2002. 73 “Las fuerzas armadas en la construcción de la democracia,” Comando Con junto de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional, Quito, Ecuador, 1997 (http://www.ecuadoriannet.com/ccffaa/democracia.htm). 74 Alguna evidencia limitada sobre la opinión pública latinoamericana con relación a posibles justificaciones de golpes de estado o intervenciones militares sugiere que una minoría significativa de la población cree que las crisis económicas, las huelgas estudiantiles o de trabajadores o la violencia política podría justificar un golpe de estado. Entre 1991 y 1999, aproximadamente 15 a 46% de los encuestados en El Salvador y en Nicaragua pensaban que el desempleo, las huelgas estudiantiles y laborales justificarían un golpe de estado. (University of Pittsburgh Central American Public Opinion Project, surveys from 1991, 1997, 1999). Datos de una encuesta de Latinobarómetro (1998) indicaron que en la mayor parte de niveles de América Latina acerca de la confianza por las fuerzas armadas ésta excedía a la de los partidos políticos y del Congreso (en Honduras el Congreso le “ganó” al Ejército (46%) versus (41%). 75 Consúltese Brian Loveman and Thomas M. Davies, Jr� 7KH� 3ROLWLFV� RI�$QWLSROLWLFV�� 7KH� 0LOLWDU\� DQG� 3ROLWLFV� LQ� /DWLQRDPpULFD, 3rd ed. Scholarly Resources, 1997. 76 Moncayo (1997): 5, emphasis added. 77 “El General que está al frente de Quito,” (O�&RPHUFLR (electrónico), Agosto 7, 2000. 78 On the concept of military “antipolitics,” consúltese Loveman and Davies, Jr, (1997). 79 Observaciones del Presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frias, en el Inter_American Defense College, Septiembre 22, 1999.

80 9,6,Ï1�� /DV� )XHU]DV� $UPDGDV� GH� 9HQH]XHOD�� FRPR� SDUWH� GHO� 3RGHU�1DFLRQDO�� WLHQHQ� SDUD� HO� SUy[LPR� PLOHQLR�� HO� GHEHU� LQHOXGLEOH� GH� RUJDQL]DU��HTXLSDU�\�DGLHVWUDU�XQD�IXHU]D�FRQ�XQD�DOWD�FDSDFLGDG�FRQMXQWD��TXH�JDUDQWLFH�OD� VREHUDQtD� GH� OD� 3DWULD� \� VDOYDJXDUGH� OD� GHIHQVD� GH� ORV� LQWHUHVHV��JHRSROtWLFRV� QDFLRQDOHV�� FRQ� VXILFLHQWH� IOH[LELOLGDG� SDUD� DWHQGHU� FXDOTXLHU�DPHQD]D� R� KLSyWHVLV� GH� FRQIOLFWR� LQWHUQR� R� H[WHUQR�� DVt� FRPR� SDUD� FRRSHUDU�DFWLYDPHQWH� FRQ� HO� GHVDUUROOR� GH� OD� 1DFLyQ.” (www.mindefensa.mil.ve/Vision.htm). 81 Acerca del marco legal para las misiones de la Guardia Nacional de Venezuela, consúltese Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, Ley Orgánica de la Administración Central, Ley del Servicio Nacional de Seguridad, Ley de Policía Judicial, Código de Enjuiciamiento Criminal, Reglamento del Servicio en Guarnición y en el Instructivo N° 5046 del 200CT90 del Ministerio de la Defensa; Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley del Servicio Nacional de Seguridad, Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Régimen Penitenciario y su Reglamento, y el Reglamento de Internados Judiciales, Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y la Ley de Tránsito Terrestre y su Reglamento; Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, Ley Orgánica de la Administración Central, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, Ley de Policía Judicial, Ley de Reforma Agraria, Ley del Servicio Nacional de Seguridad, Código Civil, Código de Enjuiciamiento Criminal y Reglamento del Servicio en Guarnición; Ley de Extranjeros y su Reglamento; Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos y la Ley del Servicio Nacional de Seguridad; Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, Ley Forestal de Suelos y Aguas y su Reglamento, Ley de Protección a la Fauna Silvestre, Ley de Pesca, Ley de Sanidad Nacional, Ley de Armas y Explosivos y su Reglamento, Código Penal, Reglamento de Guardería Ambiental, Reglamento. de Manejo de Desechos Tóxicos, Reglamento General de Pesticidas; Ley Orgánica de la Renta de Salinas, Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas y su Reglamento, Ley de Timbre Fiscal, Reglamento de Resguardo de la Renta Aduanera, Decreto Nº 555 del 8 de febrero de 1995, Decreto Nº 1795 del 21 de octubre 87, Resolución Conjunta Nº 143 y 560 del 19 de JUL 71 de los Ministerios de Hacienda y Defensa respectivamente. (indudablemente existen otras leyes que le dan mayores tareas a la Guardia Nacional - pero esta “corta” lista debería transmitir el carácter multifuncional de esta rama de las fuerzas armadas),

82 Era típico el idioma de la Constitución Hondureña de 1982: “$57,&8/2���B�1DGLH� GHEH� REHGLHQFLD� D� XQ� JRELHUQR� XVXUSDGRU� QL� D� TXLHQHV� DVXPDQ�IXQFLRQHV�R�HPSOHRV�S~EOLFRV�SRU� OD� IXHU]D�GH� ODV� DUPDV�R�XVDQGR�PHGLRV�R�SURFHGLPLHQWRV�TXH�TXHEUDQWHQ�R�GHVFRQR]FDQ� OR�TXH�HVWD�&RQVWLWXFLyQ�\� ODV�OH\HV� HVWDEOHFHQ�� /RV� DFWRV� YHULILFDGRV� SRU� WDOHV� DXWRULGDGHV� VRQ� QXORV�� HO�

SXHEOR� WLHQH� GHUHFKR� D� UHFXUULU� D� OD� LQVXUUHFFLyQ� HQ� GHIHQVD� GHO� RUGHQ�FRQVWLWXFLRQDO.” 83 El Salvador, Dirección de Asuntos Jurídicos, &yGLJR�GH�-XVWLFLD�0LOLWDU (con sus reformas), Junio, 1998: Título II, Capítulo I, (Rebelión) Art.3. 84 General Fred F.Woerner (USA Ret.), “Civil-Military Relations in Latinoamérica: Pitfalls and Prospects,” (Relaciones cívico-militares en Latinoamérica: Atrasos y Perspectivas) in Schultz (Abril 1998): 72. La cursiva añadida por el autor, no está en el original. 85 Woerner (1998): 72. 86 Licenciado Luis Tibiletti, President, Ser 2000, Argentina, “Armed Forces Missions and the Strengthening of Democracy in the Americas,”( Las misiones de las Fuerza Armadas y el Robustecimiento de la Democracia en las Américas) in Schulz, ed. (Abril, 1998): 77. 87 .En junio de 1999, el Presidente brasileño Fernando Henrique Cardozo juramentó a Elcio Alvarez, un ex senador como el primer ministro civil de defensa. De acuerdo al enlace Defensa de Internet del Departamento de Defensa de los Estados Unidos “Esto puso a las fuerzas armadas del Brasil bajo control civil por primera vez.” "(www.defenselink.mil/news/Nov1999/n11121999_9911121.html.) (Q� OD�SUiFWLFD�aún queda por verse si la existencia de un ministro de defensa civil “pone a las fuerzas armadas del Brasil bajo control civil” Para buscar evidencias de lo contrario en el caso chileno, consúltese Gregory Weeks, "The Long Road to Civilian Supremacy Over the Military: Chile 1990_1998," (El Largo Camino hacia la Supremacía Civil Sobre los Militares) 6WXGLHV� LQ�&RPSDUDWLYH� ,QWHUQDWLRQDO� 'HYHORSPHQW v. 35, n. 2 (Summer 2000): 65-82. David Pion-Berlin adopta una posición opuesta, especialmente en lo que se refiere al rol del Ministerio de Defensa en Argentina. (Pion-Berlín, 1997). 88 Eliézer Rizzo de Oliveira, “Brazilian National Defense Policy and Civil-Military Relations in the Government of President Fernando Henrique Cardoso,” (Política de Defensa Nacional Brasileña y Relaciones Cívico-Militares en el gobierno del Presidente Fernando Henrique Cardozo) in Schultz, ed. (Abril, 1998): 35. 89 Bitencourt Emilio (1998): 100. 90 Para una mirada histórica comparativa en este concepto en la región consúltese Ministerio de Defensa Nacional, El Salvador, 'RFWULQD� PLOLWDU� \�UHODFLRQHV�HMpUFLWR�VRFLHGDG, San Salvador: ONUSAL, 1994. 91 Attributed to Captain Salazar of the Atlacatl Battalion to his troops after the El Mozote massacre in Diciembre 1981. (http://206.63.251.86/hw/salvador3.html.)

On the massacre consúltese Leigh Binford, 7KH�(O�0R]RWH�0DVVDFUH, Tucson: University of Arizona Press, 1996. 92 6H� SURKLEH� D� OD� DXWRULGDG� S~EOLFD�� VHD� FLYLO� R� PLOLWDU�� DXQ� HQ� HVWDGR� GH�HPHUJHQFLD��H[FHSFLyQ�R�UHVWULFFLyQ�GH�JDUDQWtDV�� �SUDFWLFDU�� SHUPLWLU� R�WROHUDU� OD� GHVDSDULFLyQ� IRU]DGD� GH� SHUVRQDV��(O� IXQFLRQDULR� R� IXQFLRQDULD� TXH�UHFLED�RUGHQ�R�LQVWUXFFLyQ�SDUD�SUDFWLFDUOD��WLHQH�OD�REOLJDFLyQ�GH�QR�REHGHFHUOD�\ GHQXQFLDUOD�D�ODV�DXWRULGDGHV�FRPSHWHQWHV (Art. 45). 93 Para un enfoque más global sobre este asunto consúltese Mark Osiel, 2EH\LQJ�2UGHUV��$WURFLW\��0LOLWDU\� 94 Ricardo Mendoza Orantes, ed., 'HFODUDFLRQHV� \� WUDWDGRV� LQWHUQDFLRQDOHV�VREUH� GHUHFKRV� KXPDQRV� YLJHQWHV� HQ� (O� 6DOYDGRU, San Salvador: Editorial Jurídica Salvadoreña, 1999. 95 Ley 522 de1999 (agosto 12) por medio de la cual se expide el código penal militar. 96 En México, sin embargo, una prohibición constitucional no sólo sobre la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles en tiempos de paz, sino hasta sobre cualquier ejercicio de autoridad por personal militar no estrictamente relacionado con la disciplina militar: “Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer mas funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. 97 A veces la situación es aún más complicada . En Uruguay, en 1997, a pesar del lenguaje en el Artículo 253 de la Constitución ("OD�MXULVGLFFLyQ�PLOLWDU�TXHGD�OLPLWDGD�D�ORV�GHOLWRV�(³PLOLWDUHV�\�HO�FDVR�GH�HVWDGR�GH�JXHUUD´)� esta norma no es necesariamente respetada en la práctica. Véase “Los de afuera son casi de palo,” %UHFKD, 765 (versión en Internet).�98 Tal como la página web oficial de Internet del Ejército Peruano informó a fines de 1999: “(V�DVt�TXH�GHQWUR�GHO�RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR�� OD�-XVWLFLD�0LOLWDU�FRQVWLWX\H�XQ�IXHUR�SULYDWLYR�HQFDUJDGR�GH�LQYHVWLJDU�\�VDQFLRQDU�ORV�GHOLWRV�GH�IXQFLyQ�R� LOtFLWRV�GHULYDGRV�R�YLQFXODGRV�HQ�IRUPD�FDVXDO��DO�VHUYLFLR�R�PLVLyQ��'H� RWUR� ODGR�� WDPELpQ� HVWi� HQFDUJDGD� GH� LQYHVWLJDU� \� MX]JDU� D� FLYLOHV� HQ� ORV�FDVRV�GH�GHOLWRV�GH�WUDLFLyQ��D�OD�SDWULD��WHUURULVPR�\�WHUURULVPR�DJUDYDGR����/D�PLVLyQ�GH�KR\�99 “Reorganization of Mexican Army emphasizes ‘special operation forces'”( “La Reorganización del Ejército Mejicano enfatiza ‘las fuerzas de operación especiales’”) 6SHFLDO� :DUIDUH� The Professional Bulletin of the John F.

Kennedy Special Warfare Center and School PB 80_96_1 Enero 1996 Vol. 8, No. 4. 100 “Acepta EU Someterse a la Certificación Multilateral Antidrogas,” ([FHOVLRU (electrónico), Septiembre 6, 2000; “Definiría la PGR si se fincan a Quirós y Acosta delitos federales,” /D�-RUQDGD (electrónico), Septiembre 6, 2000. Sobre el rol de las fuerzas armadas en la batalla contra el narcotráfico, la página web de Internet del Ministerio de Defensa: http://www.sedena.gob.mx/ejto/ocn/asp_gen.html (Noviembre, 2000). 101 Juanita Darling, “U.S. Training Colombia’s 2nd Drug Battalion,” /RV�$QJHOHV�7LPHV, Agosto 6, 2000: primera página. Los artículos en los periódicos militares ecuatorianos también ponían en claro la percepción de la amenaza de un rebase del conflicto colombiano. Consúltese, por ejemplo, Tcrn. de E.M. Arturo Coral Mera, “La subversión en la frontera colombo_ecuatoriana y sus efectos en el Ecuador,” y Gral. Oswaldo Jarrín Román. “La seguridad en la frontera norte,”� 5HYLVWD� 7DUTXL (electrónica:http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/publicaciones/revistatarqui2001/indextarqui2001.htm), febrero, 2001. 102 “Peru's Sendero Luminoso Still Has Teeth,” (“Sendero Luminoso del Perú todavía tiene dientes”) 6SHFLDO�:DUIDUH��The Professional Bulletin of the John F. Kennedy Special Warfare Center and School PB 80_99_1 (Winter 1999) Vol. 12, No. 1. 103 (O�&RPHUFLR (Lima), Octubre 21, 1999: “Tres mil efectivos siguen sin tregua a 'Alipio' en la selva.” El informe indicaba que “Las acciones son dirigidas por el general Luis Alatrista desde el cuartel de la base aérea de Mazamari, centro de operaciones que además abastece de alimentos y pertrechos a los dos mil efectivos que desde principios de este mes están en el interior de Satipo, entre los ríos Ene, Anapate y Sanibeni. Comuneros temen por la vida de nativos y colonos secuestrados por senderistas.” 104 “Bolivian guerrilla elements still active,” (“Los elementos de la guerrilla boliviana todavía están activos”) 6SHFLDO�:DUIDUH The Professional Bulletin of the John F. Kennedy Special Warfare Center and School PB 80_97_3 Summer 1997 Vol. 10, No. 3. 105 Para el caso mejicano consúltese Graham H. Turbiville, Jr. “Law Enforcement and the Mexican Armed Forces: New Internal Security Missions Challenge the Military,”(“Cumplimiento de la Ley y Fuerzas Armadas Mejicanas: Nuevas Misiones de Seguridad Interna Retan a los Militares”) Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, KS. (1997) 106 “Bolivian Blue Devils undertake counterdrug duties,” (“Los Diablos Azules Bolivianos Asumen Obligaciones de la Lucha Anti-drogas”) 6SHFLDO�:DUIDUH,The Professional Bulletin of the John F. Kennedy Special Warfare Center and School PB 80_98_2 Spring 1998 Vol. 11, No. 2.

107 La Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante en la preservación del medio ambiente acuático: “Velar por la calidad del Medio Ambiente Acuático en el Mar, Puertos, Bahías, Ríos y Lagos Navegables de la República, minimizando sus condiciones de riesgo a través de la Preservación, Fiscalización y Control de la Contaminación y dar vigor y hacer cumplir las normas legales de carácter nacional e internacional”. (www.directemar.cl/.) El Profesor residente en la Escuela de las Américas, Russell Ramsey, enfatiza el rol de las fuerzas armadas en la promoción de “desarrollo sostenible”en “Roles Militares y Policiales en el Desarrollo Sostenible Latinoamericano”, Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos Ft. Benning, Georgia 31905 Registros de la 4ta. Conferencia Internacional sobre las Américas “Hacia el Año 2000: Puntos de Convergencia en las Américas” Universidad del Sur de la Florida Tampa, Florida, Enero 28-31, 1998, accesible en (www.benning.army.mil/usarsa/main.htm)

108 “La Fuerza Terrestre ecuatoriana, consciente de la realidad en que vive el mundo y el país, y en cumplimiento del ONP, de preservar el medio ambiente, teniendo como base legal la Constitución Política de la República de 1979 y en la nueva aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, que establece como una misión de las Fuerzas Armadas "Apoyar al desarrollo económico y social de la nación", viene realizando convenios y proyectos con instituciones nacionales e internacionales en lo que respecta a: medio ambiente, ecología, biodiversidad, manejo de cuencas hidrográficas, forestación y reforestación, agroforestería, fomentación de viveros forestales, protección y conservación de los recursos naturales, guardias forestales para la protección de parques, manglares y reservas ecológicas, biológicas nacionales, control y fiscalización de recursos forestales.” Crnl. de E.M. Jorge Ruales Calvache, “La Fuerza Terrestre en la protección del medio ambiente,” Revista Tarqui (electrónica) Febraru, 2001: (http://www.fuerzasarmadasecuador.org/espanol/publicaciones/revistatarqui2001/artf.tenproteccionmedioambiente.htm).

109 “En concordancia con la toma de conciencia de la humanidad sobre la necesidad de preservar los recursos naturales y su hábitat, el Ejército Argentino tiene asignada como una de las misiones subsidiarias, la de "Contribuir a la Preservación del Medio Ambiente", con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus integrantes y de apoyar a la comunidad mediante acciones concretas de educación, prevención y ejecución de tareas que tiendan a alcanzar este objetivo. La Fuerza no solamente cuida el medio ambiente en el desarrollo de sus actividades, sino que también educa y difunde al resto de los actores sociales, la importancia de su preservación.” http://www.ejercito.mil.ar/origin.htm.

110 Para ejemplos de los puntos de vista militares acerca de las misiones de mantenimiento de la paz y la lista de las operaciones, consúltese: (Argentina, Air Force http://www.faa.mil.ar/); Brazil, Army Internet Website , (the “sign-off reads on Noviembre 18, 1999: “Participar de Força de Paz: orgulho do soldado brasileiro;” Chile Army Internet website Marzo 12, 2000 (http://www.ejercito.cl/, “Participación del Ejército de Chile en Operaciones de Mantenimiento de Paz); Uruguay army website “El Ejército Uruguayo en Misiones Operativas en el Exterior” (http://www.ejercito.gub.uy/index2.htm); Colonel José María Burone, Ejército de Uruguay “Las Operaciones de Paz: Vigencia de las Mismas como Instrumento para Mantener la Paz y Seguridad Internacional” (0LOLWDU\�5HYLHZ,Julio/Agosto, 2000); online at http://www_cgsc.army.mil/milrev/spanish/JulAug00/indxja00.htm. 111 En Guatemala, por ejemplo, a pesar de la formación de una fuerza de Policía Nacional relativamente grande en 1997, el ejército continuaba proporcionando apoyo significativo al personal de cumplimiento de la ley. La recientemente formada Policía Civil Nacional Guatemalteca o PNC, empezó sus operaciones el julio 15, 1997 en el inicio de los acuerdos de paz entre el gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. "El Presidente Guatemalteco Urzu declaró la guerra a los “transgresores de la ley, a los criminales de cuello y corbata, narcotraficantes, violadores, agitadores, miembros de las pandillas juveniles. 6SHFLDO�:DUIDUH The Professional Bulletin of the John F. Kennedy Special Warfare Center and School PB 80_97_3 ( Summer 1997) Vol. 10, No. 3. 112 Consúltese, por ejemplo, Daniel Zirker, “‘Tyger! Tyger! Burning Bright:’ Musings on Intelligence Agencies, Political Scandals and Democracy in Brazil,” Trabajo presentado en la sesiones de la Latin American Studies Association, Miami, Fla. Marzo 16-18, 2000; Rachel Garst e Iduvina Hernández, “Intelligence Reform in Guatemala,” Trabajo presentado en las sesiones de la Latin American Studies Association, Miami, Fla. Marzo 16-18, 2000; Carlos Basombrío Iglesias, “Militares y democracia en la América Latina de los ‘90 (Una revisión de los condicionantes legales e institucionales para la subordinación), in Diamint, ed. (1999): 105-162. 113 John Leur (1996) provides the following example: “Major Giovanny Vaca, Ecuador, a 1993 SOA graduado del curso de Joint Operations Course ...comandó una misión antidrogas a lo largo del río Putumayo. La misión incluía una fuerza conjunta ecuatoriana y colombiana y empleaba tanto helicópteros como elementos de patrullaje en bote. La operación tuvo como resultado la destrucción de dos plantaciones de coca, la captura de 20 kilos de contrabando y la destrucción de una franja de aterrizaje clandestina. El Mayor Vaca es una pieza clave en los esfuerzos anti-drogas ecuatorianos. La misión conjunta y multifacética fue un éxito gracias a la alta calidad del entrenamiento recibido en SOA y demuestra la multiplicación del combate que proviene de una sólida comunicación a través de la frontera y los contactos promovidos por SOA.”

114 Consúltese, por ejemplo, en las constituciones operativas al final de 1999: Argentina (Artículo 41); Brazil, (1988 tal como as se reformó, 1999, Capítulo VI DO MEIO AMBIENTE, Artigo 225; Colombia (Artículo 80_82, Artículo 361; Cuba (Artículo 27); Ecuador (Artículo 86-91); Nicaragua (Artículo 60); Panamá (Artículo 114); Paraguay (Artículo 8); Perú (Artículo 67). For text consult: Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Obligación del Estado. Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. [Internet]. Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: http://www.georgetown.edu/pdba/Comp/Ambiente/obligacion.html. ( 8 de noviembre 1999). 115 Para detalles sobre los decretos de amnistía consúltese Brian Loveman, “Protected Democracies and Military Guardianship: Political Transitions in Latinoamérica, 1978-1993,”(“Democracias protegidas y Guardianía Militar: Transiciones Políticas en Latinoamérica”) Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 36 (2) (Summer 1994): 105-89. 116 Entrevista del autor en Guatemala con el General Héctor Alejandro Gramajo Morales. 117 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 29 Junio, 1992, amended, Noviembre 26, 2001. 118 Así, por ejemplo, la constitución reformada Nicaraguense: $UW�� ���B�(Q�HO�WHUULWRULR� QDFLRQDO� WRGD� SHUVRQD� JR]D� GH� OD� SURWHFFLyQ� HVWDWDO� \� GHO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ORV�GHUHFKRV�LQKHUHQWHV�D�OD�SHUVRQD�KXPDQD��GHO�LUUHVWULFWR�UHVSHWR�� SURPRFLyQ� \� SURWHFFLyQ� GH� ORV� GHUHFKRV� KXPDQRV�� \� GH� OD� SOHQD�YLJHQFLD� GH� ORV� GHUHFKRV� FRQVLJQDGRV� HQ� OD� 'HFODUDFLyQ� 8QLYHUVDO� GH� ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��HQ�OD�'HFODUDFLyQ�$PHULFDQD�GH�'HUHFKRV�\�'HEHUHV�GHO�+RPEUH�� HQ� HO� 3DFWR� ,QWHUQDFLRQDO� GH� 'HUHFKRV� (FRQyPLFRV�� 6RFLDOHV� \�&XOWXUDOHV� \� HQ� HO� 3DFWR� ,QWHUQDFLRQDO� GH� 'HUHFKRV� &LYLOHV� \� 3ROtWLFRV� GH� OD�2UJDQL]DFLyQ� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� \� HQ� OD� &RQYHQFLyQ� $PHULFDQD� GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�(VWDGRV�$PHULFDQRV�� 119 Innovaciones Constitucionales para Proteger las Libertades y Derechos Civiles y los Derechos Humanos: Bolivia, 1994 CAPITULO II DEFENSOR DEL PUEBLO: ARTICULO 127; ARTICULOs 129-131; Colombia 1991, como se reformó 1997, CAPITULO 2 DEL MINISTERIO PUBLICO, Artículos 275-277; 284; Ecuador 1998, Sección cuarta De la Defensoría del Pueblo, Artículo 96; Paraguay 1992, CAPÍTULO IV DE OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO SECCIÓN I DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, Artículos 276-280; Perú 1993, CAPITULO XI DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, Artículos 161-162; Venezuela, 1999, Artículos 23, 29-30; Sección Segunda: De la Defensoría del Pueblo, Artículos 280-282. Textos de estos artículos están a disposición del autor en línea o vía correo electrónico. Las limitaciones de longitud hacen imposible su inclusión aquí.

120 $UWtFXOR� ���� 6H� SURKLEH� D� OD� DXWRULGDG� S~EOLFD�� VHD� FLYLO� R�PLOLWDU�� DXQ� HQ�HVWDGR�GH�HPHUJHQFLD��H[FHSFLyQ�R�UHVWULFFLyQ�GH�JDUDQWtDV��SUDFWLFDU��SHUPLWLU�R WROHUDU�OD�GHVDSDULFLyQ�IRU]DGD�GH�SHUVRQDV��(O�IXQFLRQDULR�R�IXQFLRQDULD�TXH��UHFLED�RUGHQ�R�LQVWUXFFLyQ�SDUD� SUDFWLFDUOD�� WLHQH� OD� REOLJDFLyQ� GH� QR�REHGHFHUOD� \� GHQXQFLDUOD� D� ODV� DXWRULGDGHV� FRPSHWHQWHV�� /RV� DXWRUHV� R�DXWRUDV�LQWHOHFWXDOHV�\�PDWHULDOHV��FyPSOLFHV�\�HQFXEULGRUHV�R�HQFXEULGRUDV�GHO�GHOLWR�GH�GHVDSDULFLyQ�IRU]DGD�GH�SHUVRQDV��DVt�FRPR�OD�WHQWDWLYD�GH�FRPLVLyQ�GHO�PLVPR��VHUiQ�VDQFLRQDGRV�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�OH\.

121 Una breve pero ferviente exposición a este respecto es la de Apolinar Díaz_Callejas, "Soberanía, injerencia y derechos humanos," Conferencia leída en el seminario internacional de la Comisión Andina de Juristas sobre "Derechos humanos en el umbral del tercer milenio: retos y proyecciones ". Cartagena de Indias, 2 Julio, 1997. (http://www.apolinardiaz.org/derechoshumanos3.html. ). 122 Por ejemplo, en Octubre, 2000 el gobierno de Fujimori en el Perú buscó condicionar las elecciones negociando previamente la “reconciliación nacional” con amnistías para los oficiales militares acusados de violación a los derechos humanos. Consúltese “Gobierno de Perú condiciona elecciones a reconciliación nacional,” /D�7HUFHUD (Santiago), (electrónico), 21 Octubre, 2000. En Chile, los oficiales militares y los partidos políticos derechistas continuaron insistiendo en la necesidad de una aplicación completa de la amnistía de 1978 (o una amnistía que cubriera el período de 1978 hasta el presente) a fin de “cerrar” la transición política. 123 Sobre el caso chileno, por ejemplo, consúltese Elizabeth Lira and Brian Loveman, “Derechos humanos en la transición ‘modelo’: Chile 1988-1999,” en Iván Jaksic and Paul Drake, eds., (O�PRGHOR�FKLOHQR: 'HPRFUDFLD�\�GHVDUUROOR�HQ� ORV� QRYHQWD,” Santiago: Lom, 1999: En Uruguay, a pesar de una ley de amnistía aprobada en un plebiscito el asunto de investigar “la verdad” y encontrar restos humanos todavía permanecía como un problema pendiente en 1997: “El ejército no quiere dejar entrar a los jueces a los cuarteles. El comandante en jefe del ejército uruguayo, teniente general Raúl Mermot, ordenó a sus subordinados impedir el ingreso a predios militares de la justicia civil, que inició una investigación sobre el destino de desaparecidos durante la pasada dictadura castrense (1973_1985). Mermot, que partió en la noche del jueves a China como integrante de la delegación que acompaña al presidente Julio María Sanguinetti en una visita oficial a ese

El País, envió un radiograma a todas las unidades militares del país para comunicar su decisión a los oficiales superiores de las fuerzas armadas. La medida fue adoptada por Mermot dos días después que un magistrado civil diera lugar a una denuncia presentada por el senador socialdemócrata Rafael Michelini, quien reveló la presunta existencia de cementerios clandestinos en dos cuarteles de Montevideo pertenecientes al arma de infantería.” impide juzgar y sancionar a los responsables de torturas, secuestros y asesinatos de presos políticos ocurridos antes del 1 de marzo de 1985, pero autorizó investigar el destino final de los desaparecidos. Poco tiempo después de que el

gobierno autorizó el ingreso a las bases militares: “El Gobierno uruguayo abre cuarteles a la justicia.” MONTEVIDEO, Abr 19 (AFP) _ El gobierno uruguayo franqueará el ingreso de la justicia a los cuarteles si los tribunales lo disponen en sus actuaciones por la desaparición de personas durante la dictadura militar (1973_1985), según fuentes allegadas al ministerio de Defensa citadas por el matutino El País. El tema fue considerado la noche del jueves por el presidente Julio María Sanguinetti con el ministro interino de Defensa Nacional, Juan Luis Storace.” (www.derechos.org/nizkor/uruguay/doc/zanahoria.html)

124 A pesar de las muchas denuncias de abusos ejecutados por el ejército colombiano, ha sido tal vez el más agresivo en promover su énfasis en derechos humanos durante el entrenamiento, en su página web. Las unidades del ejército colombiano han creado oficinas de derechos humanos en todo el país; y es notable el tratamiento que se hace de la legislación sobre derechos humanos en la página web del ejército. 125 El Ministerio de Defensa boliviano resumió esta situación en un seminario realizado el año 2000 en la siguiente manera: “A pesar de una reducción de nuestro presupuesto en más de la mitad durante las últimas dos décadas, el tamaño, el modelo, y organización de las fuerzas armadas no ha experimentado cambios.” Ministerio de Defensa, Seminario, “Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: Balance de la realidad y perspectivas de reforma en el futuro,” http://www.mindef.gov.bo/publicaciones/Pub_Mindef/Adecuacion_a_reformas.htm#Bolivia: Reformas estructurales y Fuerzas Armadas. 126 En agosto del 2000 el nuevo comandante del ejército general Ricardo Brinzoni, buscó distanciarse de las políticas conciliatorias de su predecesor el general Balza. Algunos oficiales militares incluyendo los participantes en la “guerra sucia”, y sus familias estuvieron demandando nuevas investigaciones y juicios criminales para los actos de los Montoneros y de los guerrilleros ERP que habían matado a personal militar y policial en los años 70s y 80s, un llamado por “juicios por la verdad” para los izquierdistas quienes, según alegato de las familias de los militares, trajeron el país al borde del descalabro. Victoria Ginzberg escribió en la 3iJLQD���: “Ocho meses después de que el gobierno se inició (el gobierno de la Alianza), los militares parecen haber recuperado una iniciativa política cuya pérdida lamentaron en la década pasada. Consúltese Victoria Ginzberg, “El Ejército Impulsa una versión propia de los juicios de la Verdad. Vuelve la teoría de los dos demonios” 3iJLQD� �� (electrónico), http://www.pagina12.com.ar/2000/00_08/00_08_05/pag03.htm. En el mismo tema de la 3iJLQD���, Martín Granovsky escribió que el Ministro de Defensa Ricardo López Murphy había permitido la remilitarización de la política de defensa. 127 “(O�(MpUFLWR�$UJHQWLQR�KD�VLGR�VLHPSUH�SURWDJRQLVWD�GH� ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�RFXUULHURQ�HQ�HO�SDtV�� OOHYDQGR�OD�GHODQWHUD�HQ�PXFKRV�PRPHQWRV��GRQGH�VX DSRUWH� FRQVWLWX\y� XQ� FDWDOL]DGRU� SDUD� HO� SURJUHVR��'HVGH� OD� FRQVROLGDFLyQ�

GHO� (VWDGR� PRGHUQR� HQ� ������ VH� PRYLOL]y� D� OD� YDQJXDUGLD�� D� WUDYpV� GH� OD�UHIRUPD� GHO� 7HQLHQWH� *HQHUDO� 3DEOR� 5LFFKHUL� \� OD� LQVWDXUDFLyQ� GHO� 6HUYLFLR�0LOLWDU� 2EOLJDWRULR�� TXH� IDYRUHFLy� OD� LQWHJUDFLyQ� GH� ORV� GHVFHQGLHQWHV� GH�LQPLJUDQWHV�HQ�HO�PDUFR�GH�ORV�YDORUHV�GH�OD�QDFLRQDOLGDG��SHUPLWLy�JDUDQWL]DU�OD�VREHUDQtD� QDFLRQDO� HQ� ORV� ULQFRQHV� PiV� DOHMDGRV� GHO� WHUULWRULR� VLQ� SURGXFLU�HQIUHQWDPLHQWRV� EpOLFRV� PDQWHQLHQGR� XQD� SROtWLFD� GH� GLVXDVLyQ� GHIHQVLYD�H[LWRVD�� FRPR� WDPELpQ� LQIOX\y� GHFLVLYDPHQWH� HQ� HO� � � � � � � � � GHVDUUROOR� GH� OD�LQGXVWULD� SHVDGD�� OD� H[SORWDFLyQ� GHO� SHWUyOHR�� OD� DHURQiXWLFD�� HWF.” http://www.ejercito.mil.ar/origin.htm (Agosto 7, 2000). 128 “/D� )'5� >� )XHU]D� GH� 'HVSOLHJXH� 5iSLGR@� HVWDUi� RUJDQL]DGD�� HTXLSDGD� H�LQVWUXLGD� FRQ� PHGLRV� RUJiQLFRV� GHO� (MpUFLWR� SDUD� RSHUDU� D� UHTXHULPLHQWR�� HQ�IRUPD� LQPHGLDWD� HQ� FXDOTXLHU� ]RQD� GHO� SDtV�� D� ILQ� GH� SURSRUFLRQDU� D� OD� DOWD�FRQGXFFLyQ� GH� OD� )XHU]D� XQ� LQVWUXPHQWR� RSHUDFLRQDO�� HILFLHQWH� \� UiSLGR� SDUD�DFWXDU� HQ� VLWXDFLRQHV� TXH� UHTXLHUDQ� HO� XVR� LQPHGLDWR� GH� OD� IXHU]D". http://www.ejercito.mil.ar/origin.htm. (Noviembre 3, 2000). 129 “Juez argentino declara nulas leyes que libraron de prisión a militares,” (O�0RVWUDGRU (electrónico), 6 Marzo, 2001; “Decisión de juez abre nueva etapa para democracia argentina” (O� 0RVWUDGRU (electrónico), 7 Marzo, 2001. El Congreso argentino había derogado las leyes en 1998, pero dejando a las cortes el asunto de la aplicación retroactiva en algunos casos en especial. 130 “Juez Anuló Dos Leyes de Amnistía a Militares.” (O�0HUFXULR (electrónico), 7 marzo, 2001. 131 “Ecuador tiene listos 10.000 soldados para defender la frontera” Sábado 23 de Febrero de 2002, 13:34; Ejército brasileño se prepara ante conflicto colombiano Viernes 22 de Febrero de 2002, 17:40 (http://www.emol.com/ 23 febrero, 2002); “U.S. Debating Wider Assault on Colombia Rebels,” (“Los EE.UU. debatiendo asalto más amplio sobre los rebeldes de Colombia”) Los Angeles Times, 23 Febrero, 2002: A1, A9. Reuters 132 www.exercito.gov.br/revista_eb/Revista6.HTM. Se encuentran definiciones ilustrativas de las misiones militares en la mayor parte de las páginas web militares Consúltese, por ejemplo, Brasil, http://www.exercito.gov.br/Homepage.htm; Chile, http://www.ejercito.cl/; Colombia, http://www.ejercito.mil.co/index1.html; Perú, http://www.ejercito.mil.pe/principal.htm; Venezuela, http://www.ejercito.mil.ve/index.html. 133 La letra cursiva añadida por el autor en las siguientes cláusulas constitucionales para indicar el lenguaje que reafirma o elimina ³REHGLHQFLD�GHELGD´�como una defensa legal para el personal de las fuerzas armadas.�

134 La cursiva añadida por el autor. Esto es un rechazo explícito del concepto de REHGLHQFLD�GHELGD�como una defensa contra las violaciones de los derechos humanos o contra las libertades y derechos civiles. 135 Estas cláusulas se refieren a las constituciones nacionales tal como fueron reformadas hasta la fecha mencionada. /DV�FOiXVXODV�UHIHUHQWHV�D�OD�MXULVGLFFLyQ�GH�ORV�WULEXQDOHV�PLOLWDUHV�QR�IXHURQ�QHFHVDULDPHQWH�UHIRUPDGDV en la mayor parte de revisiones constitucionales recientes. En algunos casos parecen existir contradicciones entre las constituciones y los códigos militares, y entre los códigos militares, las constituciones y la práctica; pero el apéndice se refiere, a no ser que se indique de otra forma, a las cláusulas constitucionales. 136 Esta provisión ha existido en México desde el siglo diecinueve. No es una respuesta a las presiones para reformar posteriores a 1989. 137 Comisión Andina de Juristas, (http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/jmilitar/CJ013.HTM. ) 138 La Comisión Andina de Juristas informó en Agosto 1999 que en el Perú: “Un total de 429 terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA han sido condenados por la justicia militar a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, informó ayer el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), teniente general FAP Oscar Granthon Stagnaro. Durante la ceremonia por el "Día de la Justicia Militar" realizada en la sede principal del CSJM, el general Granthon dijo que de agosto de 1992 _cuando entró en vigencia el decreto ley Nº 25659, que regula el delito de traición a la patria_ se han procesado mil 897 terroristas. ‘Fueron condenados 429 a cadena perpetua, 157 a penas que van entre los 30 y 35 años de prisión y 237 a sanciones que oscilan entre los 10 y 28 años de cárcel’, indicó. Dijo, asimismo, que 412 terroristas fueron remitidos al fuero común para ser procesados en esta instancia, se absolvió a 49, otros 45 están en trámite ante los juzgados de instrucción, 532 están en la condición de prófugos, a 14 se les ha cortado la secuela de juicio y otros 22 han sido absueltos. Los juicios, afirmó, se realizan respetándose los derechos procesales de los encausados, "sin ninguna restricción de sus derechos humanos y de defensa", anotó. El general Granthon informó, asimismo, que un total de 732 delincuentes comunes han sido procesados en la justicia castrense por delito de terrorismo agravado, por los asaltos, robos, asesinatos y secuestros que realizaron con armas de guerra, entre mayo de 1998 a la fecha. De esta cantidad, explicó, 66 han sido condenados a cadena perpetua y 132 han recibido penas que van entre los 6 y 35 años de prisión.” (http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/jmilitar/). 139 Ibid.