JUEZ PONENTE: NARVAEZ CANO PABLO SANTIAGO, JUEZ …

Juicio No. 11333202002455

JUEZ PONENTE: NARVAEZ CANO PABLO SANTIAGO, JUEZ PROVINCIAL

(PONENTE)

AUTOR/A: NARVAEZ CANO PABLO SANTIAGO

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL,

MERCANTIL, LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES

INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. Loja, viernes 18 de

junio del 2021, las 12h40. No. 11133202002455. Propone:. Dr. Pablo Narváez Cano:. VISTOS:.

Antecedentes:

1) Comparece la señora: BERNARDA TOLEDO (POSEE UN NOMBRE, UN APELLIDO),

deduciendo a fs. 36, acción de protección en contra del INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL (IESS), representado en esta circunscripción territorial por el Dr. RICARDO

BUENO ARÉVALO, en calidad de Director Regional de Loja y Zamora Chinchipe y, la

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, en la persona de la AB. ANA VIVANCO

EGUIGUREN; acción de garantías jurisdiccionales que en extracto puede subsumirse a lo siguiente:

1.1 “La compareciente indica que es de estado civil viuda. Su esposo Sr. Daniel Ismael Valencia

Fuentes, falleció el 01 de febrero de 1993, quien laboró bajo relación de dependencia para varios

empleadores, aportando toda su vida laboral al IEESS y habiendo cumplido con la edad y con el

número de aportaciones en demasía; con lo cual su derecho a recibir la jubilación se encontraba

activado. Efectivamente, realizó los trámites administrativos para que se le acredite los respectivos

valores de jubilación; pero antes de que ocurra la acreditación del dinero falleció. La compareciente

sin trabajo y sus hijos menores de edad quedaron en orfandad, pasaron necesidades, para poder

subsistir. Ante tal estado de dolor y necesidad por el fallecimiento de mi esposo, quedaron sin sustento

mensual para atender sus necesidades básicas, por lo que concurrí a las dependencias del IESS en

Guayaquil (ya que en aquel entonces vivía en la ciudad de Manabí) para iniciar los trámites a fin que

como viuda se me acredite los valores por jubilación y la pensión por viudez. Presenté cuanto

documento me solicitaban una y otra vez a distintos funcionarios, incluso algunos me insinuaban que

entregue dinero para “ayudarme” a dar trámite a mi solicitud. Pasó el tiempo y la actuación

negligente y corrupta de algunos funcionarios de esta entidad, consiguieron agotar mis expectativas; a

lo que se sumaba la falta de dinero me impidieron seguir exigiendo mis derechos. Así que para el año

2014, me viven a vivir en forma definitiva a Vilcabamba y a la presente fecha me encuentro afectada

151813835-DFE

en mi salud, no tengo una fuente de ingresos para solventar mis necesidades de sobrevivencia; por lo

que por el mes de enero de 2020, he retomado nuevamente la tarea de exigir mis derechos ante el

IESS, en las dependencias de la ciudad de Loja. He presentado la documentación por dos ocasiones ya

que la primera vez me extraviaron mi carpeta. Se me ha indicado por parte de los funcionarios de

Loja, que debo obligadamente retirar o desistir del trámite que presenté en el IESS en Guayaquil, a

través de mi hija Susana Isabel Valencia Toledo, de lo contrario no pueden haber dos trámites; por lo

que accedí a dicho requerimiento; así he venido exigiendo que se atienda con celeridad mi trámite

hasta que conseguí que hace aproximadamente un mes una Trabajadora Social, me realice la

entrevista y presente su informe, indicándome que ese es el trámite a seguirse. Al ver que no tengo

resultados mi mencionada hija se trasladó a las dependencias del IESS, en donde se le indica que el

informe es negativo; por cuanto la “situación no está clara” que no tendría derecho a los beneficios de

jubilación que le corresponden a mi esposo; y, finalmente que no hay como dar más trámite por

cuanto el sistema del IESS para casos antiguos no está funcionando y posiblemente se active el

siguiente año; que tenga paciencia. Como usted puede advertir, he tenido paciencia por más de una

década y aún se me pide más paciencia “para ver si pueden ayudarme…; lo cual considero una

actuación denigrante por parte de los funcionarios del IESS hacia mi persona, actuación que

evidentemente afecta a mi dignidad como ser humano, más cuando ya tengo 75 años de edad, soy una

anciana que me encuentro enferma, sin recursos para sobrevivir, esperando que los funcionarios del

IESS en algún momento se les ocurra respetar mis derechos; lo que hasta la presente fecha no sucede.

Tal parece que están propiciando pase el tiempo a ver si fallezco y que los recursos que le

pertenecieron a mi difunto esposo se queden en la entidad. Considera que se ha violentado su derecho

a la seguridad social de su difunto esposo, en la prestación de jubilación y pensión de viudez y su

derecho a la protección especial de mayor adulta; por lo que solicita se declare la violación al derecho

a la jubilación de su difunto esposo en las prestaciones de jubilación y prensión por viudez y como

medidas de reparación se disponga al IESS se calculen los valores por pensión de viudez que le

pertenecen a su esposo y se los devuelva a la accionante; que el IESS calcule los valores por pensión

por viudez desde la fecha del fallecimiento de su referido esposo y sean entregados a la

compareciente; la reparación material por los daños causados por los años de incumplimiento; se

ordene la reparación inmaterial disponiendo a la accionada ofrezca disculpas públicas por los 27 años

de afectación a su derecho”;

2) Admitida a trámite la acción de protección y citados los accionados, en la audiencia respectiva, se

da el trámite de rigor y se desarrolla de la siguiente forma: a) La defensa de la actora fundamenta su

acción en los términos que estableció en su demanda; b) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

a través de su abogado Ángel Vladimir Ortega Lasso, manifestó: “Solicita que se rechace y deseche la

acción propuesta por improcedente. Que la accionante está tratando de engañar a su autoridad y a su

vez engañar a la Coordinación de Pensiones de Loja, porque dentro del expediente que consta dentro

de la Coordinación Provincial de Pensiones de Guayaquil, el esposo de la accionante, se encontraba

realizando los trámites administrativos para realizar su jubilación y no obtuvo la jubilación; era una

jubilación por invalidez, lamentablemente falleció el señor y el tramite quedo ahí, no se ingresó la

solicitud o no se aceptó por el médico del IESS, la invalidez por lo cual no hubo jubilación; sin

embargo la Ley de Seguridad Social, habla de quienes pueden tener derecho al montepío; se quiere

reclamar una pensión de jubilación cuando nunca se culminó el trámite y nunca obtuvo el título de

jubilado del señor Valencia Fuentes tal como consta de las copias. En base a lo que ha manifestado la

parte accionante, que el IESS jamás ha dado contestación, se debe desmentir porque de acuerdo de la

documentación que consta del expediente, existen las copias enviadas desde la dirección de

Guayaquil, la Comisión de Prestaciones Regional 2 del IESS, mediante el expediente 88.819 de fecha

27 de mayo de 1996, resuelve disponer que el Departamento de Mortuoria y Montepío, proceda a

liquidar las prestaciones causadas por el fallecimiento del señor Daniel Ismael Valencia Fuentes,

únicamente a favor de los deudos que han probado su derecho a los mismos, no así aquellos

integrantes de los grupos Valencia Muñoz y Valencia Villamar, que a pesar del tiempo transcurrido de

la notificación que se efectuó por medio del diario el Telégrafo el día 17 de septiembre de 1993, no

han concurrido a justificar documentadamente el parentesco con el causante y su estado civil. Esta

misma Comisión, solicita a la cónyuge sobreviviente copia de la cedula legible, ya que consta firmada

en el documento anexo del expediente está ilegible. Más adelante se hace la liquidación para dicha

pensión, pero la Comisión que es la encargada de resolver las controversias existentes dentro del

IESS, mediante acuerdo del 12 de febrero de 1997, niega la prestación de montepío por haber ocurrido

el deceso fuera del periodo de protección estatutario y no haber acreditado el mínimo de seis

imposiciones del año anterior del siniestro; así mismo, la misma Comisión resuelve devolver a los

peticionarios los aportes individuales en la cuantía de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS NUEVE SUCRES, en partes iguales a cada uno y pone la lista de los beneficiarios;

dentro del mismo acuerdo, igualmente dice: el mencionado causante aporto al IESS por un periodo

equivalente a 202 meses por lo cual el periodo de protección estatutario para el seguro de muerte,

décima parte del tiempo cubierto por un minino de seis meses es igual a 20 meses 7 días y no ha sido

excedido por el periodo de cesantía del afiliado, 14 meses 10 días, por lo que no hay lugar a la

concesión de la prestación de montepío, esto es la normativa legal que existía en ese entonces; y, por

cuanto no se cumplía con el reglamento estatutario, se resolvió la devolución de los aportes

individuales en partes iguales a los beneficiarios y para constancia están los boletines de pago del

IESS; ante ello, la señora Bernarda Toledo, apela esta resolución a la Comisión Nacional de

Apelaciones el 21 de febrero de 1997, ( fojas 194), donde se emite su resolución, mediante la cual,

niegan a la señora Bernarda Toledo el derecho a los beneficios del seguro de muerte por haber

ocurrido el deceso fuera del periodo estatutaria que indica el Art. 149, y por no haber acreditado el

mínimo de seis imposiciones dentro del año del siniestro, ratificando la decisión apelada; este decisión

fue notificada a la señora Bernarda Toledo. Más, el 21 de enero del 2006 la señora Bernarda Toledo

presenta una nueva solicitud, pidiendo que se revea esto y mediante oficio la Subdirectora de

Pensiones del Guayas le indica que los aportes han sido devueltas a ella y a sus hijos, lo cual fue

notificada y que por el tiempo transcurrido no se puede atender de manera favorable su requerimiento .

Posterior a ello continúa la parte accionante, a través de la Defensoría del Pueblo, el 12 de marzo del

2007 solicita que se conteste dentro del plazo legal lo cual es contestado de forma correcta . La forma

correcta a reclamar era por la vía Contencioso Administrativa, pero por estar abandonado el trámite

por más de 10 años, en el año 2008 la Coordinación de Pensiones Provincial del Guayas archivan y

custodian el expediente. Como IESS no hemos violado ningún derecho constitucional de la señora

Bernarda Toledo; por lo que solicita se deseche la presente acción de protección por cuanto no cumple

con los requisitos del Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional y se declare improcedente porque de los hechos no se desprende vulneración de

derechos constitucionales”. La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o

el reemplazo de las instancias judiciales ordinas pues ello ocasionaría desconocimiento de la

estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución, en tal sentido vale garantizar la

seguridad jurídica en el debido proceso se debe considerar siempre que según el artículo 76 numeral 3

de la misma carta fundamental sólo se puede juzgar ante la autoridad competente y además señor juez

y de acuerdo al artículo 169 ibídem el sistema procesal constituye un medio para la realización de la

justicia en tanto, que las normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad,

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido

proceso; en consecuencia, la acción de protección no constituye, ni podría asumir potestades que no le

corresponden, afectando el bien de la seguridad jurídica de los ciudadanos y también de las

instituciones como tal estructura jurisdiccional del Estado. Que la acción deducida, recae en las

causales de improcedencia de los artículos 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, una de ellas claramente determina se debe rechazar una acción de protección

cuando se busque declarar un derecho, por lo que solicita considerar lo establecido en el artículo 42 de

la LOGJCC, concretamente a sus numerales 1, 4 y 5 que se subsumen en las causales de

improcedencia”;

3) La Procuraduría General del Estado, habiendo sido notificada en forma legal, sin ninguna

justificación, no ha comparecido a la audiencia convocada;

4) Concluida la audiencia, el juez de instancia ha pronunciado sentencia, que en su parte resolutiva,

dispone: “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,

rechaza la acción de protección por improcedentes, al no existir derechos constitucionales vulnerados.

Una vez ejecutoriada esta sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional, conforme lo

dispone el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador. La parte accionante

interpuso recurso de apelación de la sentencia. NOTIFÍQUESE”;

5) La ACCIONANTE, inconforme con la sentencia, interpone recurso de apelación, sin que haya

llegado a fundamentar los agravios que se generen de la sentencia pronunciada. Ahora, siendo el

estado el de resolver, para hacerlo se considera:

6) JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: El Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil,

Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de

Loja, conformado por la Dra. Tania Ochoa Pesantez, Dr. George Salinas Jaramillo; y, Dr. Pablo

Narváez Cano, en calidad de Juez Ponente, por lo que es competente para conocer y resolver la

presente acción de protección conforme a lo estatuido en el inciso final del numeral 3ro del art. 86 de

la Constitución de la República del Ecuador, en lo posterior la Constitución; y, el sorteo que obra a fs.

1, del cuaderno de esta instancia, que como reglas comunes a las garantías jurisdiccionales sobre la

apelación, se han establecido en el art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, posteriormente LOGJCC, lo que permite declarar la validez del proceso por haberse

tramitado conforme las reglas propias a la naturaleza de la acción;

7) LEGITIMÁCIÓN ACTIVA: La ACCIONANTE de conformidad con el art. 86.1 de la

Constitución, se encuentra legalmente legitimada para interponer la presente acción de protección;

8) Pretensiones ante el Tribunal de Apelación: De la sentencia pronunciada, la accionante ha

interpuesto recurso de apelación, sin indicar los fundamentos del agravio de la sentencia; sin embargo,

en materia de garantías constitucionales, el proceso se resuelve en mérito de los autos, por lo que el

análisis se hará de la presente acción se efectuará en el desarrollo de la sentencia, por lo que se

efectuarán las consideraciones que el caso amerite;

9) A fin de establecer si existe o no vulneración a derechos constitucionales, derivados por los hechos

que se exponen, obtenemos que la Corte Constitucional, mediante Caso No. 053010JP, sentencia

No. 00116PJOCC, ha establecido que en acciones constitucionales debe tratarse como eje a

resolverse el “thema decidendum”, por lo que consideramos que dado el evento propuesto, es

necesario efectuar el análisis que permita identificar el/los problema/s propuesto/s; y, si sobre

aquel/llos acto/s impugnado/s, se vulneraron o no los derechos constitucionales alegados por la actora;

sin perjuicio, que por aplicación del principio “iura novit curia”, se extienda el análisis a otros

derechos constitucionales que no se hayan argumentado a través de su abogado/a en la acción de

protección; así, de lo indicado, se obtienen:

PROBLEMAS PROPUESTOS:

1) ¿EN LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS, EXISTE VULNERACION DEL DERECHO A LA

SEGURIDAD SOCIAL DEL DIFUNDO DANIEL ISMAEL VALENCIA FUENTES, ESPOSO DE

LA ACCIONANTE, EN LA PRESTACIÓN DE LA JUBILACIÓN?

2) ¿SE VULNERÓ EL DERECHO DE LA ACCIONANTE A EN LA PRESTACIÓN DE

MONTEPÍO?

3) ¿SE HA VULNERADO EL DERECHO DE PROTECCIÓN DE ADULTA MAYOR DE LA

ACCIONANTE;

10) Para la comprensión de este caso, hay que efectuar un análisis respecto de la normativa

constitucional y llevarla al caso concreto a fin de establecer si existe o no vulneración a derechos

constitucionales, derivados por los trámites administrativos que gestionó la accionante; tenemos:

a) La Constitución de la República del Ecuador, en relación a las normas que se exponen. Así, el Art.

11 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 3, 4, 5, 6 y 9;

b) El art. 35 ejusdem: consagra: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo,

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. En

relación a las personas de atención prioritaria el art. 37.3, supra, además garantiza: “El Estado

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 1. La atención gratuita y

especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función

de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal”;

c) El art. 66 numeral 23, respecto a los derechos de libertad, indica: “El derecho a dirigir quejas y

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No

se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”;

ch) En cuanto a los derechos de protección el art. 75ejusdem, hace relación a la tutela efectiva,

imparcial y expedita de los derechos e intereses de los individuos…;

d) El art. 76, consagra: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1)

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los

derechos de las partes… 7) El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a)

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b)

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado

en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del

procedimiento… h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se

presenten en su contra… l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las

servidoras o servidores responsables serán sancionados”;

e) La seguridad jurídica prevista en el art. 82 ibidem, que se fundamenta en el respeto a la constitución

y en la existencia de normas jurídicas, previas, claras y públicas y aplicadas por las autoridades

competentes;

f) En cuanto a la acción de protección, el art. 88 de la Constitución, contiene el siguiente precepto:

“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en

la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por

actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación

proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios

públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en

estado de subordinación, indefensión o discriminación”;

g) En relación a los adultos y adultas mayores la Constitución de la República del Ecuador, consagra:

“Art. 36. Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los

sesenta y cinco años de edad. Art. 37. El Estado garantizará a las personas adultas mayores los

siguientes derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a

medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus

limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de

transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos

notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna,

con respeto a su opinión y consentimiento. Art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y

programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros especializados que

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus

familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 2. Protección especial

contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a

fomentar la participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas

para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función

de su vocación y sus aspiraciones. 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 4. Protección y

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o

negligencia que provoque tales situaciones. 5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la

realización de actividades recreativas y espirituales. 6. Atención preferente en casos de desastres,

conflictos armados y todo tipo de emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para el

cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad,

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados

para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 8. Protección,

cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 9. Adecuada

asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. La ley sancionará el

abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas

para su protección”;

11) Hay que considerar que respecto de los actos de la administración pública, todos conocemos que

se presumen legítimos, excepto cuando no han sido dictados por la autoridad que no tiene

competencia para ello, o que no se lo haya dictado con los procedimientos señalados por el

ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente, o bien que se

lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación. La Corte Constitucional, respecto a la

procedencia de la acción de protección de derechos, ha indicado que las cuestiones de mera legalidad,

que poseen una vía idónea, que hayan sido resueltas en vía constitucional, reflejan una interferencia a

la justicia ordinaria, así lo ha dejado plasmado en varias sentencias No. 10213SEPCC, señalando:

“Si una decisión judicial rechaza una acción de protección con fundamento en que es cuestión de

legalidad, dicha decisión debe sostenerse en una argumentación racional y jurídicamente

fundamentada, en base a criterios que el operador de justicia se haya formado solo luego de un

procedimiento que precautele los derechos constitucionales de las partes para poder llegar así a

conclusiones y establecer que la acción efectivamente pretendía someter a debate constitucional

cuestiones de legalidad”; lo que en efecto deriva a los jueces a verificar y fundamentar la existencia o

no de una violación constitucional, solo de esa forma se podrá establecer la vía que se considera

adecuada y eficaz para satisfacer la pretensión; por lo que si la sentencia recurrida no cuenta con la

debida argumentación racional y jurídicamente fundamentada que demuestre que el actor pretendía

someter a la justicia constitucional un asunto de mera legalidad, sin que exista un análisis que dé las

razones del porqué llegaron a esa conclusión, ni cómo las normas incorporadas en la sentencia

permitirían resolver el conflicto planteado, se adecúa el hecho que la misma carece del sustento de

razonabilidad, que exige la aplicación de normas correctas que justifiquen la resolución judicial;

12) Hechos fácticos propuestos y probados: En la especie, el presente caso expuesto a la justicia

constitucional, la ACCIONANTE conforme al texto literal de la acción y la pretensión propuesta, lo

que reclama de forma específica es la vulneración del derecho a la prestación de jubilación de su

difunto esposo y la pensión por viudez que a su decir se deriva de la misma prestación hacia la

accionante; y, como medidas de reparación se disponga al IESS, el cálculo de los valores que por la

prestación de jubilación le pertenecieron a su esposo y se los devuelvan a la accionante; que el IESS,

calcule el valor que le corresponde por viudez y se los acredite a la accionante; reparación material por

los daños causados; y, reparación inmaterial disponiendo que la accionada ofrezca disculpas públicas

por su afectación a su dignidad de mujer en condición de adulta mayor.

13) Al efecto, para efectuarse el análisis argumentativo respecto a la pretensión expuesta, y por

aplicación del art. 86.3 de la Constitución de la República del Ecuador, se consideran ciertas las

afirmaciones efectuadas por los accionantes, siempre que la acción se haya dirigido contra autoridad

pública y que no exista prueba en contrario, dado que los actos del poder público se presumen

legítimos; así, lo ha reglado también el inciso final del art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así, el art. 86.3supra, consagra textualmente: “Presentada la

acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento

del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no

demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante

sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación

integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a

cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse”. (El

resaltado me pertenece). Criterio que es avalado por el tratadista Ismael Quintana, en su obra La

Acción de Protección, que textualmente señala: “La inversión de la carga de la prueba en el numeral 3

del artículo 86 de la Constitución es solo aplicable cuando el accionado es la autoridad pública. De

este modo, si se imputa a un particular un acto o una omisión violatorio de derechos, en todos los

casos, la carga de probar que el privado no obró o actuó de esa manera, corresponde, en principio, al

accionante. Ocurre que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

inconstitucionalmente amplió, amplió los casos de inversión de carga probatoria al evento que el acto

u omisión impugnado provenga de un particular, presumiendo ciertos los hechos cuando se trate de

discriminación o violación a los derechos del ambiente o la naturaleza (Art. 16, inc.. final LOGJCC).

Concebimos como inconstitucional la disposición que la Ley trae sobre la presunción de la certeza del

acto u omisión de particular por hechos relacionados con discriminación, pues se atenta contra el

principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución (Art. 76, N° 2 CE) y en

instrumentos internacionales (vrg. Arts. 8.2 CADH y 14.2 PIDCP), así como también se vulnera el

derecho a la defensa (art. 76 N°7, letras a, b, c y h CE). Sería impensable que un juez conceda una

acción de protección por una omisión o acto de particular por supuesta discriminación en desmedro de

los derechos del accionado”. Pág. 265.

14) En el presente, caso se obtiene que al ser la accionada una entidad pública, los hechos alegados

por la accionante se consideran ciertos, excepto la accionada llegue a probar lo contrario; así pese a las

afirmaciones que ha efectuado la accionante, la parte demandada desvirtuando aquellas afirmaciones,

en el proceso se han llegado a justificar los siguientes hechos:

1. En el caso subjudice se ha probado que la accionante se casó legalmente con el señor Daniel

Ismael Valencia Fuentes, conforme consta del libelo de demanda y la copia de la cédula de identidad

de la accionante;

2. El señor Daniel Ismael Valencia Fuentes, conforme al documento de fs. 16, registra el historial de

tiempo se servicios laborados a favor de diferentes patronos, llegando a 218 aportaciones;

3. El señor Daniel Ismael Valencia Fuentes, fallece el 04/02/1993, conforme partida de defunción de

fs. 20;

4. Por el fallecimiento del Sr. Valencia Fuentes, la accionante presentó su primera reclamación ante

la Comisión de Prestaciones Regional 2 del IESS de Guayaquil, mediante expediente 88.819, por el

que reclama pago de Montepío, por el que la Comisión con fecha 27 de mayo de 1996 dispuso

disponer al Departamento de Mortuoria y Montepío proceda a liquidar las prestaciones causadas por el

fallecimiento de Daniel Valencia, únicamente a favor de los deudos; y con fecha 12 de febrero de

1997, la misma Comisión, negó la prestación de Montepío por haber ocurrido el deceso fuera del

periodo de protección estatutaria y no haberse acreditado el mínimo de seis imposiciones en el año

anterior del siniestro;

5. Posteriormente en el mes de enero del año 2006, la accionante volvió a solicitar el mismo

requerimiento antes señalado, lo que fue negado básicamente porque les han sido devueltos los

valores de aportes del finado Valencia Fuentes, tanto a la accionante como a sus herederos, negando

nuevamente su pedido; lo que se corrobora con el documento de fecha 18/01/2007, suscrito por la Sra.

Janeth Ramírez Molina, Coordinadora de Montepío, dirigido a la Ing. Marjorie Troya Toral, en

calidad de Subdirectora Provincial de Pensiones, haciendo conocer lo siguiente: “De conformidad a la

disposición 6553 del 20061212 ante el reclamo de la Sra. Bernarda Toledo, debo indicar que

revisado el expediente, he podido verificar que con Acuerdo 9700158 de 970212, se devolvieron los

aportes a la cónyuge e hijos (Toledo Bernarda, Fabián, Carlos Agustín, Fernando Patricio, Luis

Eduardo; Susana Isabel y Jorge Daniel Valencia Toledo) hijos menores de edad, negado el derecho de

Montepío por cuanto a pesar de tener 202 imposiciones estaba fuera del periodo de protección ya que

solo laboró hasta el 26 de marzo/90 y fallece el 4 de febrero del 1993 excedido con 14 meses 10

días. Que la citada señora fue notificada como consta de actas 970221, que posteriormente presenta

su Apelación al referido Acuerdo. Que en 970515 el Abogado del IESS y Jefe de la División,

Intervención y Supervisora Regional 2 hace un escrito al Presidente de la Comisión de Apelaciones

indicando los pormenores del asunto, indicando su criterio que es improcedente el reclamo por cuanto

la normativa está ceñida a los Estatutos y Resoluciones vigentes, no habiéndose concluido el mismo

por cuanto fue observado por la Comisión en 970529. Es mi opinión que en vista del tiempo

transcurrido y el trámite abandonado por cerca de 10 años y estando negado en forma correcta ceñido

a los Estatutos y reglamentos, esto debe ser comunicado a los deudos salvo su mejor criterio”. (El

subrayado y resaltado nos pertenece);

6. Con oficio No. 223009000230 del 29/01/2007, la Ing. Marjorie Troya Toral en calidad de

Subdirectora Provincial de Pensiones Guayas, remite comunicación a la Sra. Bernarda Toledo a su

domicilio en la ciudad de Guayaquil, señalando lo siguiente: “Con referencia a su comunicación del

21 de diciembre/06, reclamando el pago de los beneficios de Monte Mortuorio y Montepío del

causante indicando en la referencia, sobre el particular, una vez revisado el Expediente de su cónyuge

la Coordinadora de Montepío mediante oficio #22300900.3M. 0082 del 200701.18 informa que:

Revisado el Expediente, ha podido verificar que con Acuerdo 97.00158 de 9702.12, se devolvieron

los aportes a usted y a sus hijos (TOLEDO BERBARDA, FABÁN, CARLOS AGUSTIN,

FERNANDO PATRICO, LUIS EDUARDO, SUSANA ISABEL Y JORGE DANIEL VALENCIA

TOLEDO, hijos menores de edad, negándole el derecho de Montepío por cuanto a pesar de tener 202

imposiciones estaba fuera del periodo de protección ya que solo laboró hasta el 26 de marzo/90 y

fallece el 04 de febrero del 2003, excediendo con 14 meses y 10 días. Que usted fue notificada como

consta en Actas en 97.02.01, presentando posteriormente su Apelación al referido Acuerdo. Que en el

97.05.15 Funcionarios del Instituto hacen un escrito al Presidente de la Comisión de Apelaciones

indicando los pormenores del asunto, indicando su criterio que es improcedente el reclamo por cuanto

al negativa esta ceñida a los Estatutos y Resoluciones vigentes, no habiéndose concluido el mismo por

cuanto fue observado por la Comisión en 97.05.29. En vista del tiempo transcurrido y el trámite

abandonado por cerca de 10 años y estando negado en forma correcta ceñido a los Estatutos y

Reglamentos, lamento comunicar a usted que no se puede atender de manera favorable su

requerimiento. Con copia del presente envió al Archivo General y el Expediente de Montepío 88819

de VALENCIA FUENTES DANIEL ISMAEL PARA SU ARCHIVO Y CUSTODIA”;

7. La hija de la accionante Susana Isabel Valencia Toledo, en representación de su madre Bernarda

Toledo, conforme fs. 9798, incluso llego a presentar reclamo o queja ante Comisionado de la

Defensoría del Pueblo en la Provincia del Guayas, en relación a la negativa del pago de Montepío, de

su fallecido padre, lo que fue atendido por la Defensoría del Pueblo, con fecha 12/03/2007, sin que

exista más documentación al respecto;

8. Se advierte además que el trámite inicial administrativo ante el IESS, por el que la accionante

pretendía el reconocimiento y pago por Montepío, Mortuoria y Cesantía, por la jubilación no

culminada de su finado esposo, al ser negada, ésta fue apelada con fecha 21/02/1997, la misma que

obtuvo respuesta el 15 de mayo de 1997 conforme consta a fs. 36 y 33 respectivamente:

9. Con los documentos que obran de autos, se establece que la accionante ha efectuado los trámites

administrativos tendientes a que se le reconozcan derechos de Montepío, Mortuoria y Cesantía, lo que

ha sido oportunamente atendido negando las pretensiones de la accionante por parte el IESS en sus

diferentes etapas, en la Dirección Provincial IEESGuayas; así como que esas pretensiones han sido

nuevamente activadas y resueltas en forma oportuna por la Dirección Provincial IESSLoja; lo que ha

quedado demostrado con la abundante prueba documental que obra del expediente;

10. La prueba actuada para mejor resolver en esta instancia, se ha podido corroborar que las

aportaciones del esposo difunto de la accionante ascienden a 218 aportaciones, imposiciones con las

que no alcanza a cubrir el periodo de protección que requiere como asegurados activos en caso de

invalidez o muerte, por no cumplir con los presupuestos del art. 149 del Estatuto Codificado del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aún vigente a esta fecha y que textualmente refiere: “Los

asegurados que dejaren de estar sujetos al Seguro Social, conservarán, para efectos de los Seguros de

Invalidez y Muerte, la calidad de asegurados activos durante un periodo igual a la décima parte

del tiempo cubierto por imposiciones a la fecha de sus cesantía. En ningún caso este periodo de

protección podrá tomarse como tiempo de imposiciones ni de ser menos de 6 meses. El tiempo de

protección de que trata el inciso anterior, se suspenderá respecto de los que pasen a gozar de pensión

de invalidez, mientras disfruten de esta pensión”;

11. Se afirma por la accionante que su difunto esposo cumplió mayoría de edad y el número de

aportaciones necesarias para acceder al derecho de jubilación y que los trámites administrativos se

encontraban en trámite; sin embargo, no se ha justificado el evento de existir las aportaciones que

requiere la normativa antes señalada conforme al numeral anterior;

12. Se verifica que el señor Daniel Valencia Fuentes, conforme fs. 16, presentó el trámite para

jubilación el 18/09/1989; sin embrago, el trámite no concluyo debido al fallecimiento del asegurado

en marzo de 1993;

15) El Ecuador, es un Estado Constitucional de Derechos y justicia, en el que se garantiza la libertad

individual de las personas a través de la Constitución y de la Ley. Los derechos de las personas,

incluyendo los sociales, colectivos y ambientales, son inmediatamente exigibles ante los jueces;

siendo que la existencia o no de estos mecanismos es lo que define a un Estado Constitucional de

Derechos y Justicia. Así, las Garantías Constitucionales constituyen el medio adecuado que tienen los

Estados para asegurar que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental

establecido en la Constitución o instrumentos internacionales, se puedan reconocer o reparar éstos

derechos a través de los mecanismos de Garantías que la Constitución establezca; con la finalidad de

respetar los derechos humanos y no sean conculcados o desconocidos, se establecen las Garantías

Constitucionales, que no son otra cosa que herramientas jurídicas mediante las cuales exigimos al

Estado un comportamiento de respeto o garantía de los derechos humanos; así las garantías

jurisdiccionales, son los mecanismos que tienen las personas para defender sus derechos

fundamentales a través de los jueces constitucionales; y, entre esas garantías se encuentran

consagradas en el art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que para la

procedencia se deben reunir los requisitos establecidos en el art. 40 de la LOGJCC;

16) Frente al caso expuesto, del primer problema propuesto, en cuanto a que si existe o no

VULNERACION DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL DIFUNDO DANIEL

ISMAEL VALENCIA FUENTES, ESPOSO DE LA ACCIONANTE, EN LA PRESTACIÓN DE LA

JUBILACIÓN?

17) Al efecto, el art. 24 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra: “EI derecho a la

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la

atención de las necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”.

18) La garantía a la jubilación, se encuentra tutelada en instrumentos internacionales como el

Convenio 102 de la O.I.T; la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración

Universal de los Derechos Humanos; la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales; el

Convenio 118 de la O.I .T. y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

que de conformidad con el art. 35 y Disposición Transitoria Décimo primera de la Constitución de la

República del Ecuador, integran el Derecho de la Constitución en materia de derechos fundamentales;

El derecho y garantía de la jubilación esta supeditada al Estado; sin embargo, dicho evento debe reunir

las características necesarias constantes en la legislación de los Estados, dado que ningún derecho es

absoluto y siempre los derechos y garantías pasan a ser reglados en la legislación. En este caso, el

derecho en análisis esta tutelado en el art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo

que respecto de los derechos y grupos de atención prioritaria, establece: “Las personas adultas

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las

personas en condición de doble vulnerabilidad”. Así mismo el art. 387 del mismo texto, ampara que:

“El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 1. La atención gratuita

y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en

función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal.

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5.

Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de

acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y

consentimiento”. Conforme a lo expuesto ut supra, el derecho y garantía a la jubilación, como norma

previa clara y pública, resulta evidente que dicho derecho se instituyó, con el fin de solventar las

contingencias que sobrevienen de la edad de las personas adultas mayores y que responde a la realidad

social, laboral y biológica de las personas, así lo ha establecido la Corte Constitucional para el periodo

de Transición dentro de la sentencia No. OO5lOSINCC, CASO No. 002309IN, que en lo

principal, señala: “…Las pensiones jubilares tienen un doble fundamento que responde a la realidad

social, laboral y biológica de las personas: a) porque por el cumplimiento de los ciclos vitales, las

personas, luego de haber aportado con su fuerza de trabajo en los procesos económicos, al separarse

de los mismos, ya no dispondrán de los ingresos generados con su trabajo, sin embargo, continuarán

necesitando de ellos para su subsistencia; y, b) porque las personas, durante el tiempo de servicios,

dedican sus ingresos a cubrir sus necesidades, por tanto, es imposible que puedan ahorrar para

garantizar la inversión en el futuro que les permita subsistir en la etapa de descanso. Es por ello que el

Estado se vuelve depositario de los aportes obligatorios que realizan las personas y sus empleadores,

de recaudar e invertir adecuadamente las contribuciones obligatorias y automáticas, a fin de entregar

las pensiones mensuales en el momento en que, cumpliendo los requisitos legales, la persona se acoja

a los beneficios de la jubilación. Teóricamente, el Estado invierte esos fondos que recibe en

fideicomisos, en actividades creadoras de riqueza, destinando el producto de estas al pago de

pensiones jubilares y otros beneficios, fortaleciendo con ello la economía nacional, y se protegen los

recursos constituidos por los aportes obligatorios, los que llegan a formar la base de su propia pensión

futura y no la de otra persona…”; sin embargo, en este caso no advertimos que se haya violentado el

derecho a jubilación dado que el mismo no concluyo por el lamentable deceso del esposo de la

accionante Sr. Daniel Valencia Fuentes; con ello, resulta que conforme al Estatuto Codificado del

IESS, se le contestó oportunamente a la accionante que NO cumplía con el periodo estatutario

comprendido en el art. 149 de la referida Codificación, aplicable y vigente a esa fecha; por lo que no

se advierte vulneración de este derecho;

19) En relación al segundo problema propuesto: “SE VULNERÓ EL DERECHO DE LA

ACCIONANTE A LA PRESTACIÓN DE MONTEPÍO”, se advierte:

20) La pensión por viudez, al momento del deceso del esposo de la accionante se encontraba

establecida en el art. Art. 125, del Estatuto Codificado del IESS, que textualmente disponía:

“Beneficiarios por Viudez. Tienen derecho a viudedad: a) La viuda de un jubilado del IESS; b) La

viuda de un jubilado del Estado; c) La viuda del asegurado que hubiere acreditado por lo menos 60

imposiciones en el Seguro Social; y, d) A falta de viuda, la mujer libre de vínculo matrimonial que

hubiere convivido en unión libre, monogámica, bajo el mismo techo, con el jubilado o asegurado

también libre de vínculo matrimonial, por lo menos durante dos años anteriores a la muerte de dicho

asegurado, o que tengan hijos comunes. A falta de hijos en común, probará la vida marital la

declaración que el asegurado o jubilado hubiere hecho de su estado y del plazo mencionado en el

literal d) del presente artículo respecto de una sola mujer. Si el asegurado o jubilado fallecido tuviere

varias convivientes, ninguna de ellas gozará de montepío. Tampoco tendrá derecho a viudedad la

conviviente que estuviere comprendida en el caso previsto en la letra c) del Art. 127 del presente

Estatuto. Perderá el derecho a montepío la conviviente que entre en nueva unión libre. La conviviente

del asegurado o jubilado fallecido, beneficiaria de pensión de viudez, estará sujeta a lo que dispone,

para el caso de la viuda, el Art. 138”;

21) Entendamos que la pensión por viudez es el reclamo que ahora efectúa la accionante como

Montepío, el mismo que doctrinariamente se entiende como: “Fondos, capitales o depósitos de dinero

que, mediante descuentos a los componentes de un cuerpo o profesión, o por especiales contribuciones

de los mismos, están destinados a favorecerlos en sus necesidades, a facilitarles recursos para

determinada obras y para pagar pensiones a la viuda u huérfanos que el miembro del montepío puede

dejar…” Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres. Pág. 259. En ese aspecto,

el montepío no es más que la pensión o renta mensual que entrega el IESS a la persona viuda, viudo,

huérfanos, conforme se desprende de las disposiciones que estaban vigentes a la época del

fallecimiento del causante.

22) Además, en relación a este derecho, el art. 143 de la referida codificación disponía: “Terminación

de las Pensiones. Para la determinación de las pensiones de que trata este Capítulo, se tomará en

cuenta la pensión de jubilación del causante, más las bonificaciones y mejoras a que pudo tener

derecho, aun cuando no hubiere gozado de ellas”; es decir, se requería que el causante haya estado en

condición declarada de jubilación lo que no ha ocurrido en este caso dado a su fallecimiento; por lo

que siendo que no se han cumplido los presupuestos de los arts. 123 y 143 del Estatuto Codificado del

IESS, no se ha vulnerado el derecho pensión por viudez o montepío que aduce la accionante, por no

encontrarse asistida dentro de los parámetros estatutarios en referencia.

23) En relación al tercer problema, ¿SE HA VULNERADO EL DERECHO DE PROTECCIÓN DE

ADULTA MAYOR DE LA ACCIONANTE?

24) La CRE, consagra en los arts. 3638 varios derechos de los adultos mayores. En este caso, la

accionante por su edad se encuentra dentro del grupo atención prioritaria y se acoge a los derechos

constitucionales expuestos como de los que se derivan de la Ley Orgánica de Personas Adultas

Mayores. En el caso subjudice, es claro que los derechos de la persona adulta mayor tienen un rango

constitucional reglado en la Ley, los que no pueden desconocerse bajo ningún concepto.

25) En función a este derecho, la Corte Constitucional dentro de la sentencia No. 28716SEPCC

CASO N." 057814EP, señaló: “Así, el Art. 36 de la Constitución de la República, determina, que:

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco

años de edad. Conforme a lo dispuesto en la norma constitucional citada, los ámbitos públicos y

privados se encuentran en la obligación de otorgar atención prioritaria y especializada a las personas

adultas mayores. Adicionalmente, la norma constitucional ecuatoriana determina que las personas que

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad se considerarán como adultas mayores… La

categorización de las personas en este grupo en atención a su edad, responde a necesidad de ubicar a

las personas en segmentos generacionales que no solamente esté enmarcada en el ámbito biológico,

sino además, en el rol y función que cada persona desempeñe y cumpla, lo cual le lleva a ser titular de

distintos derechos y obligaciones, adecuados a la correspondiente etapa generacional16• Por

consiguiente, las personas adultas mayores gozan de todos los derechos reconocidos en la

Constitución de la República, adicionalmente gozan de derechos adecuados a su situación de

vulnerabilidad. En la agenda de igualdad para adultos mayores del período 20122013, del Ministerio

de Inclusión Económica y Social, se establece que: Los adultos mayores son una realidad importante

porque en su voluntad se engloban todas las sabidurías. Son grandes porque han prolongado su

existencia y contemplan con agrado las huellas marcadas en sus caminos. Existe grandeza en los

adultos mayores porque han tenido carácter y fuerza de voluntad para la conquista de las cosas

importantes y las no tan importantes, en un momento cuando la vida y el corazón son alimentados por

la experiencia. Para los adultos mayores, su vida fue su más importante proyecto y, para conseguir sus

metas, no solo debe acompañarles un cielo despejado, sino su propia fuerza y la mano del Estado para

enfrentar los tramos finales de aquellos interminables cantinos17• En este sentido, para el Estado

ecuatoriano en virtud del mandato constitucional citado, se constituye en un deber ineludible, la

protección a este grupo de atención prioritaria”.

26) Conocedores de los derechos de las personas adultas mayores y de su condición de prioridad, este

Tribunal, luego del análisis prolijo que ha efectuado del proceso y las constancias procesales que

obran de autos, no ha logrado identificar que se hayan vulnerado derechos constitucionales que tengan

relación a los de una persona adulta mayor, ni otros derechos que merezcan nuestro análisis;

conclusión a la que arribamos, Primero: Porque de autos de ha establecido que el difunto esposo de la

accionante Sr. Valencia Fuentes, jamás estuvo dentro los requerimientos que contemplaba el Estatuto

Codificado del IESS vigente y aplicable a la fecha del fallecimiento del asegurado; Segundo: Porque,

al no cumplir los requisitos que se exigen en el referido estatuto, no procede otorgar derechos de los

que hoy se reclama; Tercero: Porque el IESS, en tiempo oportuno si dio un pronunciamiento motivado

a las pretensiones de la actora; más aún cuando en este proceso se ha demostrado que al no ser posible

entregar la jubilación y la pensión por viudez a su esposa e hijos, se han devuelto a la accionante los

aportes que se habría acumulado por el periodo que comprendieron las aportaciones del señor

Valencia Fuentes en el IESS; lo que ni siquiera ha sido rebatido de ninguna manera por la accionante;

con ello lo que se ha pretendido a través de esta acción es generar un derecho que ni siquiera se

encuentra reglado, llegando a efectuar erradas afirmaciones, las que se han desvirtuado con la amplia

prueba aportada por la accionada; coligiéndose incluso que por parte de la patrocinadora de la

accionante que ha existido deslealtad, creando falsas expectativas al proponerse acciones contrarias a

las normas invocadas. Además, a la accionante se le ha dado el tratamiento en cuanto a sus

pretensiones expuestas y en base a las disposiciones aplicables y vigentes a la fecha que pudieron ser

exigibles; por lo que no se ha vulnerado el derecho de adulto mayor de la accionante.

27) También se ha precautelado y otorgado el derecho al debido proceso, por el que la Corte

Constitucional, en sentencia No. 00642008EP, señaló: "...el eje articulador de la validez procesal, la

vulneración de sus garantías constituye un atentado grave no solo a los derechos de las personas en

una causa, sino que representa una vulneración al Estado y a su seguridad jurídica, puesto que

precisamente estas normas del debido proceso son las que establecen los lineamientos que aseguran

que una causa se ventile en apego al respeto de derechos constitucionales y a máximas garantistas

como el acceso a los órganos jurisdiccionales y el respeto a los principios y garantías

constitucionales". Por lo expuesto, el derecho al debido proceso se torna en una garantía eficaz a la

vigencia de otros principios y derechos, pues en última instancia protege el principio de legalidad e

igualdad de las personas, y principalmente el principio de tutela judicial efectiva, inmediata y expedita

de los derechos. De esta forma, dentro de un proceso se puede evidenciar la vulneración al derecho al

debido proceso en la violación de aquellas garantías mínimas establecidas en el texto constitucional

(artículo 76) en la práctica de las actuaciones judiciales, que en definitiva se traduce en el

incumplimiento de los deberes primordiales del Estado, de garantizar sin discriminación alguna el

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Con ello se quiere resaltar que para cumplir con el fin del Estado constitucional de derechos y justicia,

es necesario no solamente el cumplimiento de un determinado derecho o regla, sino que se evidencie

en la práctica, el cumplimiento efectivo de determinados derechos o reglas procesales, para que

puedan eficazmente alcanzar el propósito para el cual fueron creados y constituirse en una verdadera

garantía de los derechos. Por lo expuesto, el derecho constitucional al debido proceso, que comprende

varias garantías básicas que deben asegurarse en todo proceso, en efecto es una estructura compleja

que se compone de un conjunto de reglas y principios, éstos se superponen a todas las normas y reglas

procesales por su carácter de prevalente que irradia a todo el ordenamiento jurídico, y con mayor

razón, a la actividad judicial. En tal sentido, la normativa legal que rige su actuación que si bien no

puede ser desconocida por los operadores judiciales, debe ser conforme a los principios y derechos

constitucionales (principio de legalidad), de tal forma que propendan al cumplimiento de los fines del

Estado, y a la realización del derecho de las personas como verdadera garantía de acceso a la

administración de justicia. A ello se debe la importante labor que cumplen los jueces y demás

operadores judiciales de aplicar las leyes y demás normas legales en armonía con lo establecido en la

Constitución de la República, norma suprema del ordenamiento jurídico, y eje central del derecho

nacional, con la finalidad de garantizar la vigencia de la Carta Suprema. Es decir, con mayor razón los

servidores públicos deben asegurar el efectivo goce del derecho al debido proceso, en todas sus

actuaciones, quedando prohibida cualquier acción que vaya en contra de su ejercicio, pues su

protección es una exigencia necesaria para garantizar la efectividad material del derecho…”.

(Resolución de la Corte Constitucional 11, Registro Oficial Suplemento 183 de 30 de Abril del 2010);

28) En el caso expuesto, al haberse establecido por éste TRIBUNAL y por aplicación del principio

iura novit curia, que se NO vulneraron los derechos constitucionales de la accionante, al no advertirse

en esta causa se cumplan los presupuestos del art. 40 de la LOGJCC; y, conforme a lo señalado por la

Corte Constitucional, mediante sentencia No. 01613SEPCC caso No. 100012EP, en la que estimó

que “…la acción de protección es una garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez

efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía

para la tutela de estos derechos que no sean garantías jurisdiccionales…”; ante la no vulneración de

derechos y en aplicación al derecho de tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica,

esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA, con las motivaciones aquí desarrolladas rechaza el recurso de apelación interpuesto, y

confirma la sentencia pronunciada en primera instancia. Ejecutoriada esta sentencia, a través de

Secretaría, remítase la misma a la Corte Constitucional en cumplimiento del numeral 5 del art. 86 de

la Constitución de la República del Ecuador. Hágase saber.

NARVAEZ CANO PABLO SANTIAGO

JUEZ PROVINCIAL (PONENTE)

SALINAS JARAMILLO GEORGE HERNAN

JUEZ PROVINCIAL

OCHOA PESANTEZ TANIA MARIELA

JUEZA PROVINCIAL

JUEZ PONENTE: NARVAEZ CANO PABLO SANTIAGO, JUEZ …

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