JUICIO ADMINISTRATIVO **********. SECRETARIO DE...
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JA-0056/2016-III 1 JUICIO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE: JA-0056/2016-III ACTOR: **********. AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y OTRAS. MAGISTRADA PONENTE: GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: CARLOS PAULO GALLARDO BALDERAS Morelia, Michoacán, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver el juicio administrativo número JA- 0056/2016-III, promovido por **********, por su propio derecho, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, compareció por
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JA-0056/2016-III 1
JUICIO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE: JA-0056/2016-III
ACTOR: **********.
AUTORIDAD DEMANDADA:
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y OTRAS.
MAGISTRADA PONENTE: GRISELDA
LAGUNAS VÁZQUEZ
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
CARLOS PAULO GALLARDO
BALDERAS
Morelia, Michoacán, a veintidós de febrero de dos mil
diecisiete.
VISTOS para resolver el juicio administrativo número JA-
0056/2016-III, promovido por **********, por su propio derecho, y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de enero de
dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, compareció por
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propio derecho, **********, a interponer demanda administrativa
en contra de las autoridades y actos que se precisan a
continuación:
“…II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA
Y, EN SU CASO, LA FECHA DE NOTIFICACIÓN O LA
FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO.
La baja administrativa, que trajo como consecuencia
jurídica la separación del cargo que venía desempeñando
como Policía Estatal Preventivo de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán; separación
del cargo o baja que se declaró en fecha 15 quince de
septiembre de 2015 dos mil quince, y que me fue
informada mediante notificación personal de fecha 28 de
octubre de 2015 dos mil quince, mediante el acuerdo
administrativo contenido en el oficio número **********, de
fecha 22 veintidós de octubre de 2015 dos mil quince,
emitido por el Licenciado en Derecho Salvador Sánchez
Suárez, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
asistido por el Pasante Jurista Carlos Daniel Rodríguez
Cortés.
III. AUTORIDADES DEMANDADAS.- Tienen ese
carácter:
1.- El funcionario público que le recaiga el
nombramiento de Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo.
2.- El licenciado Salvador Sánchez Suárez, en cuanto
Director de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán;
3.- Así como al pasante jurista Daniel Rodríguez
Cortés; quien conjuntamente firmó el acuerdo impugnado
con la autoridad mencionada en el apartado anterior; y
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4.- El titular de la Unidad de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo.
…
V. ACCIÓN INTENTADA.- En el presente Juicio
Administrativo y de conformidad con el artículo 193 del
Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, hago valer las siguientes:
1.- La acción de Nulidad respecto de la determinación
y/o emisión de la orden de baja administrativa que me
trajo como consecuencia la separación del cargo que
venía desempeñando como Policía Estatal Preventivo en
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán; baja que se decretó en fecha 15 quince de
septiembre de 2015 dos mil quince, y que me fue
informada mediante notificación personal de fecha 28/
veintiocho de Octubre de 2015 dos mil quince, por el
acuerdo administrativo contenido en el oficio número
**********, de fecha 22 veintidós de octubre de 2015 dos
mil quince.
2.- Solicito el Reconocimiento de mi Derecho a la
Indemnización Constitucional y demás prestaciones a que
tenía derecho por motivo del desempeño de mi cargo
operativo, de conformidad con el artículo 123 apartado B,
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como el reconocimiento del
derecho amparado en el artículo 209 de la propia Ley del
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para el efecto de que se incluido
algún programa de empleo del Gobierno del Estado de
Michoacán.
3.- El Pago de Daños y Perjuicios, que consisten en la
falta de pago que ha incurrido la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, desde fecha 15 quince de septiembre
de 2015 dos mil quince, hasta la fecha en que se dé cabal
cumplimiento a la resolución condenatoria que se emita
en mi favor dentro del presente controvertido; así como
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las precepciones que veía recibiendo por la prestación de
mis servicios a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Michoacán.”
Lo anterior, lo reiteró el actor en el apartado de “PETICIÓN
CONCRETA”, y agregó, la diversa pretensión que hizo consistir
en: ordenar a las autoridades demandadas a que se registre el
resultado del presente juicio administrativo, en el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de
la demanda a la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia,
quien por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil dieciséis,
admitió la demanda y mandó emplazar a las autoridades
demandadas a fin de que dieran contestación a la misma (fojas
25 a 26).
TERCERO. Mediante escrito presentado el quince de
marzo de dos mil dieciséis, la autoridad demandada Secretario
de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, a través de sus
apoderados jurídicos, dio contestación a la demanda (fojas 28 a
40), como consta en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil
dieciséis, (fojas 41 a 42).
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CUARTO. Por medio de proveído de siete de junio del año
en curso, se tuvo por precluído el derecho para contestar la
demanda a la autoridad demandada Director de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán (foja 43).
QUINTO. La autoridad demandada Encargado del
Despacho de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dio contestación a
la demanda (fojas 45 a 51), como consta en el auto de cinco de
agosto de dos mil dieciséis, (fojas 52 a 53).
SEXTO. Seguidos los trámites procesales, el trece de
octubre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia de pruebas
y alegatos, en el presente juicio, en la que se hizo la relación de
pruebas ofertadas por las partes y se ordenó poner los autos a
la vista para dictar sentencia; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. De inicio, es necesario resolver la cuestión de
competencia planteada por la autoridad demandada al señalar
que “…la relación entre ********** y el Estado, es de carácter
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administrativo-policial, sino con un cargo administrativo dentro de
una institución de seguridad pública, como quedó debidamente
sustentado con la baja, por lo que no le son aplicables las normas
exclusivas de seguridad pública para determinar qué derechos
les corresponden, y es incompetente esta autoridad para conocer
de este asunto.”, lo anterior –agregó la autoridad demandada-
porque: “…el hoy actor desempeñaba funciones administrativas
con el carácter de nivel de estructura y de confianza…” (foja 30
a 31).
Lo anterior es infundado.
En efecto, para establecer en este caso, la competencia de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán
y resolver la cuestión planteada por la autoridad demandada, es
necesario verificar las funciones que tenía encomendadas el
actor ante la autoridad demandada, esto es, determinar si tenía
funciones administrativas o de confianza o por el contrario,
realizaba funciones de seguridad pública.
Para verificar lo anterior, se toma en cuenta que narró en
el hecho primero de la demanda lo siguiente:
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“…HECHOS:
…
PRIMERO.- El suscrito en fecha 16 dieciséis de enero
de 2006 dos mil seis, cause alta en la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, como
elemento operativo, desempeñándome como Elemento
de la Policía Estatal Preventivo. …”
Por su parte, la autoridad demandada Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al contestar el
hecho primero de la demanda, narró en lo conducente lo
siguiente:
“…PRIMERO.- El primero de los hechos que se
contesta no es propio de la autoridad que representamos,
arrojándole la carga de la prueba a la parte actora para
que pruebe su dicho, sin embargo, se niega en su
totalidad en cuanto a lo que pudiera afectar los intereses
de la institución que representamos, siendo falsas las
afirmaciones del actor pues como se demuestra con la
documental de fecha 18 de septiembre de 2015 el hoy
actor desempeñaba funciones administrativas con el
carácter de nivel de estructura y de confianza por lo que
se niegan las afirmaciones del actor ya que de
conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica hasta
el 15 de septiembre de 2015 el actor realizaba funciones
administrativas dentro de la Secretaría de Seguridad
Pública de ahí que no se trata de una relación
administrativa para con el actor, solicitando desde este
momento se declare incompetente esta Ponencia en
sentencia. …”.
Por ende, es necesario resolver las actividades o
funciones que realizaba el actor, esto es, si como lo manifestó el
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actor, realizaba funciones inherentes a la seguridad pública –
como elemento operativo, se desempeñaba como Policía Estatal
Preventivo- o como lo adujo la autoridad demandada,
únicamente realizaba funciones administrativa y de confianza
dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán.
Para resolver lo anterior, se relaciona la jurisprudencia a
2a./J. 67/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, registro 2001527, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 957, de rubro y texto
siguientes: “TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII,
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE
MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA
LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación
con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de
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derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable
a los miembros de las instituciones policiales que realicen la
función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de
Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a
dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen
funciones similares a las de investigación, prevención y reacción
en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema
de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral
con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción
XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.”, determinó que los trabajadores
administrativos de las instituciones policiales, que no realicen
funciones similares a las de investigación, prevención y reacción
en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema
de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral
con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción
XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso, el actor manifestó en el hecho segundo de la
demanda, que ingresó como elemento operativo y se
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desempeñaba como Elemento de la Policía Estatal Preventivo, y
agregó: “…Siendo el caso que en cumplimiento de mi deber
en fecha 04 de mayo del año 2011, se suscitó un evento ya
que aproximadamente a las 17:30 horas, atendí un reporte
sobre un robo de cable de cobre en la vivienda marcada con
el número ********** de la calle **********, de la colonia **********
de esta ciudad, en cuyo lugar en la azotea se encontraban
tres personas golpeando a un sujeto, que lo señalaron como
un ladrón, solicite que fuera entregado el presunto
delincuente y al negarse las personas de entregar al
presunto responsable que se llevó a cabo un forcejeo, por lo
que extravié mi radio de comunicación lo que me percate al
llegar al Ministerio Público con el detenido, regresando al
lugar pero no fue posible recuperarlo, por lo que informe de
inmediato al entonces Director de Seguridad Pública,
mediante tarjeta informativa. - - -Como resultado de la pérdida
de la radio se me instauró un Procedimiento Administrativo
identificado con el número **********, por la Comisión de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
determinó imponer la medida disciplinaria, consistente en una
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SUSPENSIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES Y SUELDO POR
EL TÉRMINO DE 15 QUINCE DÍAS NATURALES, así como una
MULTA por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.). - - -Por lo que me inconforme de la
resolución que recayó al Procedimiento Administrativo
disciplinario número **********, y presente formal demanda de
juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, en fecha 18 dieciocho de enero de 2013
dos mil trece, registrado con el número de expediente JA-
045/2013-III, recibiendo la notificación de la sentencia definitiva
en fecha 18 dieciocho de octubre de 2013 dos mil trece, que
decretó la nulidad lisa y llana de la sanción administrativa antes
referida. …”.
De lo transcrito, se advierte que el actor realizaba
funciones vinculadas a la investigación, prevención y reacción en
el ámbito de seguridad pública, pues a ello corresponde acudir a
atender el reporte de robo reseñado en el segundo hecho de la
demanda, lo cual no fue no desvirtuado por la autoridad
demanda, toda vez que únicamente manifestó que el promovente
realizaba funciones administrativas y de confianza, pero no
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describió en qué consistían éstas actividades, para estar en
condiciones de verificar que efectivamente el actor realizaba ese
tipo de funciones.
Además, lo narrado por el actor deberá considerarse que
esta acreditado en autos, ya que se apoyó en un hecho notorio
al relacionar el diverso juicio administrativo número JA-045/2013-
III, que promovió ante este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, y de la sentencia que emitió este órgano
jurisdiccional, se advierte que el actor combatió en éste juicio, lo
siguiente: “…II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA
Y, EN SU CASO, LA FECHA DE NOTIFICACIÓN O LA FECHA
DE CONOCIMIENTO DEL ACTO. La resolución de fecha 25
veinticinco de octubre del año 2012 dos mil doce, que pone fin al
Procedimiento Administrativo Disciplinario número **********,
instruido en mi perjuicio y de otras personas, por la Comisión de
Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, que como elemento de la policía estatal preventiva;
imponiéndose las siguientes sanciones: - - -1.- Una suspensión
temporal de funciones y sueldo por el término de 15 quince días
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naturales. - - -2.Una multa por la cantidad de $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).”.
Asimismo, consta que la autoridad demandada el juicio
JA-045/2013-III, al dar contestación a la demanda manifestó, en
lo conducente, lo siguiente: “…AL TERCERO.- Manifiesto que es
improcedente e infundado, debido a que en ningún momento se
le violento al demandante, lo dispuesto por el artículo 7 fracción
IX del ©digo de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,
piando estos argumentos invertidos de mala fe, ya que en autos
obra que la resolución de fecha 25 veinticinco de octubre de 2012
dos mil doce que resuelve la suspensión temporal de labores
del cargo que desempeña como elemento de Policía Estatal
Preventivo el C. **********, en sus considerando primero, cita
conforme a lo dispuesto por los artículos 177, 178, 206 y 207 de
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado; 28, 90
párrafo segundo, del Reglamento de la Policía Estatal
Preventiva, Io, 2o, 8o, 9o fracciones I, II, y VII del Reglamento de
la Comisión de Honor y Justicia del Estado, es un órgano
colegiado…”.
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En la sentencia emitida en el referido juicio se declaró la
nulidad lisa y llana del acto impugnado, por la indebida
fundamentación y motivación de la competencia en cuanto a la
integración de la Comisión de Honor y Justicia.
Lo anterior es un hecho notorio, al tratarse de un juicio
tramitado por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Michoacán, y es factible tomarlo en consideración y no
necesitan ser probados, y se puede invocarse, puesto que el
actor lo refirió en el segundo hecho de la demanda de la presente
juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 353 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, de aplicación
supletoria al Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, por disposición expresa del artículo 263, que
dispone: “Artículo 353. Los hechos notorios no necesitan ser
probados y el Juez puede invocarlos, siempre que hayan sido
alegados por las partes.”, en congruencia con la tesis I.10o.C.2
K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, Registro: 2009054,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
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Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, página
2187, del rubro y texto siguientes:
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS
RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006,
página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS.
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que
conforme al artículo 88 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto
jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de
dominio público que es conocido por todos o por casi
todos las miembros de un círculo social en el momento en
que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera
duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba.
Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en
el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron
el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de
dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III,
septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la
integración de los expedientes impreso y electrónico, y el
acceso a éste, así como las notificaciones por vía
electrónica, mediante el uso de la firel, a través del
sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación,
con el objeto de generar una infraestructura suficiente
para salvaguardar el derecho fundamental de una
administración de justicia pronta, expedita, completa e
imparcial, por lo que se implementaron las bases para el
uso eficiente de las tecnologías de la información
disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo
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certeza a las partes de los mecanismos, mediante los
cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo
anterior, en congruencia con el contenido de los diversos
Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y
XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que
determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se
concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo
de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en
términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho
notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto
genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y
sentido en que se dictó un auto o una sentencia que,
además, son susceptibles de invocarse para decidir en
otro asunto lo que en derecho corresponda.”
Por consiguiente, atendiendo a la sentencia emitida por
este órgano jurisdiccional en el diverso juicio JA-045/2013-III, se
advierte que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, instruyó a **********,
el Procedimiento Administrativo Disciplinario número **********, y
además, al contestar la demanda en ese juicio, la demanda
señaló que el actor se desempeñaba como Policía Estatal
Preventivo.
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Lo anterior se relaciona con la copia simple del
movimiento de personal, expedida por la Secretaría de Finanzas
y Administración del Estado, a nombre de **********, de fecha
dieciocho de septiembre de dos mil quince, glosado en la foja 23
de autos, el cual reconoció la autoridad demandada a través del
escrito de contestación de la demanda, por lo que no existe
controversia sobre su contenido y elaboración de esa
documental, en la que consta que el actor, en el apartado de
“CATEGORÍA”, se desempeñaba como: “…POLICÍA DE
CARRERA.”, la cual conforme al artículo 128 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo,
es independiente de los nombramientos para desempeñar
cargos administrativos o de dirección que se lleguen a
desempeñar en las instituciones de Seguridad Pública, puesto
que dicho precepto dispone: “Artículo 128. La Carrera Policial
es independiente de los nombramientos para desempeñar
cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a
desempeñar en las instituciones de Seguridad Pública. - - -En
ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y
de dirección. - - -En términos de las disposiciones aplicables, los
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titulares de las instituciones de Seguridad Pública podrán
designar a los integrantes en cargos administrativos o de
dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su
cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su
categoría policial y derecho inherente a la Carrera Policial.”, pero
en el caso, quedó demostrado que el actor, conforme al cargo
que tenía asignado, realizaba funciones de investigación y
prevención del delito, actividades propias de los elementos que
prestan servicios de seguridad pública.
Luego, la versión proporcionada, ahora, proporcionada
por el actor, es verosímil y lleva a establecer que realizaba
funciones inherentes a la investigación, prevención y reacción en
el ámbito de seguridad pública, lo que desvirtúa lo manifestado
por la autoridad demandada, respecto de que el actor realizaba
funciones administrativas y de confianza.
Así, el actor atendiendo a las actividades que realizaba
ante la autoridad demandada, los conflictos que susciten entre
ellos, se rigen por sus propias normas administrativa, puesto que
el primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo
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123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los miembros de las instituciones policiales, como
sucede con los elementos de la Policía Federal, se rigen por sus
propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen
laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B, esto es,
dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal
del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros
de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan
las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que
deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la
aplicación de las normas laborales establecidas en el citado
apartado y su ley reglamentaria.
Luego, en contra de lo aducido por la autoridad
demandada, la relación del actor con la autoridad demandada es
de naturaleza administrativa y no laboral, por lo que competencia
para conocer del presente asunto, corresponde a este Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 143, 144, 154
fracción XI, 157, 159 fracción I y 163 fracción I del Código de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 82/98, de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
la Novena Época, Registro: 194909, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de
1998, Materia(s): Administrativa, página 382, que establece:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS
CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL. En la tesis de jurisprudencia 24/1995,
sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte
de Justicia, publicada en la página 43, Tomo II,
correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación,
con el rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES
AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN
JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se
estableció que los miembros de tales corporaciones, al
formar parte de un cuerpo de seguridad pública,
mantienen una relación de naturaleza administrativa con
el Gobierno del Estado o del Municipio, que está regida
por las normas legales y reglamentarias
correspondientes, por disposición expresa del artículo
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo
cual se excluye a los miembros de los cuerpos de
seguridad pública, así como a los militares, marinos y al
personal del servicio exterior, como sujetos de una
relación de naturaleza laboral con la institución a la que
presten sus servicios. Por otro lado, los artículos 5o.,
fracción II, 6o. y 9o. de la Ley de Seguridad Pública y 13
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del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito
Federal establecen que la Policía Bancaria e Industrial es
un cuerpo de seguridad pública que forma parte de la
Policía del Distrito Federal y está bajo el mando de la
Secretaría de Seguridad Pública, nombre que adoptó
dicha dependencia por la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,
según el artículo 9o. transitorio del decreto que la
promulgó, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el viernes treinta de diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro. Sin embargo, los preceptos citados, no señalan
qué órgano debe conocer de una demanda promovida por
uno de los miembros de ese cuerpo de seguridad en
contra del propio ente, en la que se deduzcan
pretensiones derivadas de la prestación de servicios, sólo
la fracción I del artículo 23 de la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal,
determina que las Salas de dicho tribunal son
competentes para conocer de los juicios en contra de
actos administrativos que las autoridades de la
administración pública del Distrito Federal emitan; por
tanto, ante la falta de disposición legal en el Distrito
Federal que otorgue a alguna autoridad facultades
expresas para resolver ese tipo de controversias, la
competencia para conocer de las mismas debe recaer en
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en
acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 17 de la Constitución General de la República,
que consagra la garantía de que toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia, por ser ese
tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de
que está investido, el más afín para conocer de la
demanda relativa.”
Por consiguiente, procede analizar la legalidad de los actos
impugnados por el actor.
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SEGUNDO. El actor expresó los siguientes conceptos de
violación:
“…VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La baja que
trajo como consecuencia la separación del suscrito en
cuanto elemento operativo de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán, fue emitida de manera
ilegal, al no cumplir los elementos y requisitos de validez
siguientes:
PRIMERO.- Las autoridades señaladas como
demandadas en el presente escrito, al resolver mi
separación del cargo de policía Estatal, violan mis
derechos humanos consagrados básicamente en los
artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dado que nunca se llevó a
cabo ningún procedimiento conforme a derecho,
violándose además los principios de audiencia, legalidad
y seguridad jurídica, que establece nuestro marco
constitucional en los artículos antes referidos, ya que toda
autoridad está obligada a preservar los derechos humanos
de todo gobernado, siendo que las demandadas al
separar me en mis funciones sin realizarse un
procedimiento en el cual se observen las formalidades
esenciales del procedimiento que garantizan una defensa
previa y adecuada al acto de privación y ajustada a
derecho, circunstancias que se encuentra reconocido en
el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos de la cual el Estado Mexicano es parte.
Además es claro el procedimiento que se debe de
seguir por un órgano que se denomina Comisión de Honor
y Justicia de la Secretaría de Seguridad pública del
Estado, conforme a la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán, que en sus artículos
178, 206 y 207 disponen:
“Artículo 178” (Se transcribe).
JA-0056/2016-III 23
“Artículo 206” (Se transcribe).
“Artículo 207”. (Se transcribe).
En estas condiciones, tenemos que se debe seguir un
procedimiento previo a imponer la sanción disciplinaria,
como no aconteció al ordenarse mi baja administrativa que
da por terminada mi relación con la Secretaría de
Seguridad Pública, recayendo la responsabilidad en la
comisión de Honor y Justicia o en su caso en la Unidad de
Asuntos Internos de la propia Secretaría referida.
Consecuentemente, al no haber precedido al cese,
baja o separación definitiva de mi nombramiento de un
procedimiento administrativo ajustado a derecho
respetando los principios de legalidad, imparcialidad,
seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia,
eficacia y buena fe, mi separación carece de los
elementos de validez contenidos en los artículos 5 y 7
fracciones II, XI y X del Código de Justicia Administrativa
del Estado que disponen:
“Artículo 5”. (Se transcribe)
“Artículo 7 fracción II, IX y X”. (Se transcribe)
Por lo anterior los actos impugnados, son nulos de
pleno derecho, ya que no se me otorgó la garantía de
audiencia y seguridad jurídica que me diera la oportunidad
de una defensa previa al acto privativo de mi derecho a
continuar desempeñando el cargo del cual fui separado,
derecho humano que se traduce en la garantía por parte
de la autoridad de preservar la notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la
defensa; la oportunidad de alegar; y el dictado de una
resolución que dirima las cuestiones debatidas. Al no
respetarse estos requisitos, se dejó de cumplir el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del
afectado.
JA-0056/2016-III 24
Por lo expuesto en el presente agravio tiene aplicación
las tesis jurisprudenciales cuyo texto rezan:
“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU
CONTENIDO”. (Se transcribe).
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO”. (Se transcribe).
Por lo anterior, resulta incuestionable que la separación
definitiva en mis funciones se realizó de manera ilegal y
vulnerando mis derechos humano de audiencia, legalidad
y seguridad jurídica, sin observar los requisitos rectores de
todo procedimiento o proceso administrativo, sin
considerar en su actuación los demandados los elementos
de validez establecidos en el numeral 7 fracción IX, del
Código de Justicia Administrativa del Estado, por lo que
resulta evidente que el acto administrativo cuya nulidad se
demanda, no es válido por omitir dichos elementos
encontrándose afectado de nulidad y en consecuencia sin
efectos jurídicos, atento a los dispuesto por los artículos
10 y 11 del mismo Código de Justicia Administrativa.
SEGUNDO.- Aunado a lo anterior, nunca se me notificó
la correspondiente resolución administrativa que
contenga la determinación de baja o remoción de mi cargo
de la policía estatal de Michoacán, por lo que no puedo
saber con toda seguridad que o quienes intervinieron en
la tomo de decisión ni bajo que fundamento legal se
decretó mi baja, en consecuencia se viola el contenido del
artículo 7 fracción I en relación con la fracción VIII, del
Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, que a la letra establecen:
“Artículo 7 Fracción I y VIII”. (Se transcribe).
JA-0056/2016-III 25
Se considera que la determinación de baja que se me
hizo saber mediante la notificación del acuerdo
administrativo de fecha 22 de octubre del año pasado, no
se desprende una debida Fundamentación y Motivación
referente a la competencia de las autoridades que en su
momento emitieron el acto de molestia, no quedando
precisado que autoridades ordenaron mi baja, ni bajo qué
argumentos se determinó separarme, razón por la cual se
deja al suscrito en evidente estado de indefensión por no
conocer con certeza, si en realidad es quienes tienen la
competencia de que sin instaurar un procedimiento
administrativo, pueda ordenar mi baja administrativa,
situación que no puedo saber de la lectura integra que le
di a al acuerdo administrativo notificado el veintiocho de
octubre del año pasado, negando que se encuentre
fundada la competencia, de grado, materia o territorio, por
parte del Órgano Colegiado denominado Comisión de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Michoacán, que es el competente para emitir
una resolución que pudiera culminar con la baja; porque la
competencia es un elemento necesario para su validez,
conforme al artículo 7 fracción I en relación con la fracción
VIII del Código de Justicia Administrativa del Estado.
Para robustecer lo dicho, se trascriben los criterios
jurisprudenciales siguientes:
“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. (Se
transcribe)
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE
UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE
LA PARTE CORRESPONDIENTE. (Se transcribe).
JA-0056/2016-III 26
En ese tenor, la emisión de dicho acto administrativo,
es ilegal por el hecho de no asentar quienes dicen ser
competentes para ordenar mi separación del cargo en la
propia resolución, no se cita el artículo de ordenamiento
legal que lo faculte para en su caso iniciar y resolver un
procedimiento administrativo; es evidente que se viola en
mi perjuicio las fracciones I y VIII del artículo 7 del Código
de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, ya
que no se funda ni motiva la competencia de las
autoridades emisoras, además quedo en estado de
indefensión por no saber realmente si quienes ordenan mi
separación inmediata y definitiva, en realidad es autoridad
con facultades de resolver mi situación administrativa. Se
considera que las autoridades demandas debieron fundar
y motivar debidamente su competencia para esos efectos
y haberlo hecho constar en el propio acto administrativo
que se debió de notificar de manera personal, es decir
debió existido una resolución; y al no haberlo hecho viola
en mi perjuicio el principio de seguridad jurídica que se
contempla en el artículo 5º del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, en relación con
los derechos humanos de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de advierte que del documento de movimiento
de personal en el que se inscribió el motivo de mi baja, en
el apartado de antecedentes se contiene la leyenda
“CAUSA BAJA POR ARTICULO 14 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN.”, cuyo artículo establece:
“Artículo 14.” (Se transcribe).
De lo anterior no guarda relación jurídica con los actos
que se impugnan y que me causa perjuicio, resaltando que
la baja administrativa no está fundada y motivada, ni
emitida por autoridad competente.
TERCERO.- Por otra parte y en el caso de que se
hubiere decretado mi baja como consecuencia de la
JA-0056/2016-III 27
pérdida del radio de comunicación, dentro del
procedimiento administrativo número **********, dicho
procedimiento quedo agotado al ser emitida la resolución
definitiva la cual me sancionó, sin embargo dicha sanción
fue declarada Nula de pleno derecho, en sentencia
definitiva dentro del Juicio Administrativo número JA-
045/2013-III, lo cual no puede servir de apoyo para emitir
la baja ahora impugnada, destacando que existe cosa
juzgada en relación a la sanción derivada del expediente
**********. Lo anterior, porque en el citado juicio
administrativo el acto impugnado intitulado “La Resolución
de fecha 25 veinticinco de octubre del año de 2012 dos mil
doce, que pone fin al Procedimiento Administrativo
disciplinario número **********, instruido en mi perjuicio por
la comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, que como elemento de la
Policía estatal preventivo…”, la sanción que resulto de la
investigación de la perdida de radio ya fue decretada nula,
y no puede volver a imponer la sanción ahora por la
Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán.
Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia
siguiente:
“COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU
EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. (Se transcribe)
Asimismo, sirve de sustento la Tesis siguiente:
“COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO
POR EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL,
CUANDO ADVIERTA SU EXISTENCIA, SIN QUE SEA
NECESARIO QUE EN LA DEMANDA DE AMPARO
CORRESPONDIENTE SE EXPRESEN CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN SOBRE TAL CUESTIÓN,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN LA PROMUEVA.
(Se transcribe)
JA-0056/2016-III 28
También, sirve de sustento la Tesis de Jurisprudencia
siguiente:
“RECURSO DE REVISIÓN. DEBE PREVALECER LA
AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADASRESPECTO DE
LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES
COMPETENCIALES”. (Se transcribe).
Con lo anterior, queda demostrado que se me pretende
imponer una nueva sanción dentro del expediente de
procedimiento administrativo número **********, que ahora
se encuentra en la Unidad de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán; situación que corrobora que en el acto que
ahora se impugna media error de hecho y de derecho
violando en mi perjuicio el numeral 7 fracción II del código
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
CUARTO.- Una Vez que se ha advertido sobre los
principales elementos de ilegalidad de la baja impugnada,
y toda vez que siempre me he esforzado por cumplir con
las funciones propias de mi cargo de personal operativo
siendo que siempre he participado en cursos y talleres
tendiente a la profesionalización de mi trabajo, Siempre he
cumplido con los principios fundamentales de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez; y, atendiendo a lo
establecido en el tercer párrafo de la fracción XIII del
apartado B del Articulo 123 de la Constitución Federal; la
cual la hago valer para que las autoridades demanda me
cubran una Indemnización constitucional a razón de tres
meses de mis precepciones que obtenía derivado de mis
servicios que prestaba a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán; ya que no incumplí
ninguno de los requisitos para seguir permaneciendo en el
cargo y fui separado por autoridad incompetente.
También se deberán de cubrir los daños que con motivo
de la Separación ilegal que del cargo que venía
desempañando me ocasiono; daños que se traducen a la
falta de pago de las quincenas o meses que se me dejen
de cubrir contados desde el último pago que se generó a
JA-0056/2016-III 29
mi favor, que lo fue hasta la primera quincena del mes de
abril del año 2015 dos mil quince y hasta en tanto la
autoridad demandada de cabal cumplimiento a la
sentencia que recaiga al presente asunto en caso que sea
de condena.
Así mismo demando el reconocimiento de mi derecho
amparado en el artículo 209 de la propia Ley del Sistema
de Seguridad Publica para el Estado de Michoacán de
Ocampo, que establece:
“Artículo 209.”(Se transcribe).
Lo anterior con la finalidad de que una vez que sea
decretada la nulidad de la separación del cargo que
impugno, se me incorpore a los programas que refiere el
artículo antes citado, para obtener una actividad
económica licita que permita obtener el ingreso necesario
y suficiente para la manutención de mi familia, logrando
así el cumplimiento de mis obligaciones familiares; ya que
los programas de ocupación para personal separado del
cargo, son de orden público e interés social ello con la
finalidad de evitar que el personal de las instituciones de
seguridad pública separado injustificadamente, sean
susceptibles de delinquir en virtud de que se encuentran
altamente capacitado en el manejo de las armas y demás
estrategias de seguridad.
QUINTO.- Las autoridades señaladas como demandas
violan en mi perjuicio, en todas y cada una de sus partes
lo dispuesto por el artículo 8, del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, que establece:
“Artículo 8”. (Se transcribe).
La determinación impugnada no cumple con ninguna de
las disposiciones que señalan las cuatro fracciones que lo
integran el artículo antes citado, pues como se desprende
del documento en el que se contiene el decisión que me
causa agravio, no se me indica en qué oficina puede ser
consultado el expediente formado con motivo de mi baja
administrativa, pues como he dejado de manifiesto, han
JA-0056/2016-III 30
sucedido una serie de irregularidades en la integración del
supuesto procedimiento administrativo sancionador, que
sería necesario poder revisar en el expediente para
verificar por lo menos que constancias integran dicho
expediente ya que las autoridades que interviene están
obrando de manera dolosa al omitirse un procedimiento
administrativo y sin que se cumple el menor requisito legal
y ni siquiera se me indica que número de expediente se le
asignó, o como puede ser identificado, en qué oficina se
encuentra.
Las autoridades ahora demandadas omiten el
especificar si es que existe algún medio de impugnación
que prevea las leyes de la materia tendiente a que se
revoque, anule, o modifique las determinaciones que se
han ordenado y ejecutado en mi contra, o en su caso que
advertir sobre la existe del Recurso de Revisión o el Juicio
de Nulidad que prevé el artículo 128, del Código de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de
Ocampo, y asimismo omite indicar que se puede presentar
juicio de nulidad ante el Tribunal en que se actúa, en el
término con el que se cuenta en ambos casos, lo que se
traduce en un acto por demás ilegal y fuera de la norma
jurídica que debe tutelarlo, dejando una vez más al
suscrito en completo estado de indefensión, violentando
nuevamente mi esfera jurídica. Lo que me deja en
evidente estado de indefensión pues de no conocer el
marco jurídico aplicable, no podría acudir a éste instancia
a exigir mis derechos.
Finalmente media error respecto de la referencia
específica de identificación de los documentos que
contienen la sanción que se impugna, no hay manera de
identificar el supuesto expediente que contiene el
procedimiento administrativo sancionador.
Con lo que se incumplen todos y cada uno de los
requisitos de validez del acto administrativo formal, que
precisa el artículo 8 del Código de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán, por lo que procede la
anulabilidad de los actos que en esta vía se impugna de
JA-0056/2016-III 31
conformidad del artículo 12 del mismo ordenamiento legal
citado con anterioridad.”
Por su parte, las autoridades demandadas dieron
contestación a la demanda conforme a lo siguiente:
-Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán:
“…ÚNICO.- Los conceptos de violación de la demanda
que se contesta, manifestamos que son improcedentes,
infundados e inatendibles, en virtud de que como se
aprecia en los autos, la parte actora carece de acción y
derecho, es decir, las peticiones solicitadas por el actor, no
son derechos que tenga adquiridos el actor, mucho menos
reconocidos por la Ley, por tanto carece de derecho para
poner en movimiento a este alto tribunal. …”
-Encargado de Despacho de La Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán:
“…AL PRIMERO Y SEGUNDO. Éstos se contesta (sic)
de manera conjunta, toda vez que guardan relación el uno
con el otro, ya que en lo medular la parte actora se
adolece de la falta de procedimiento previo en el que
recayera una resolución la cual determine una baja o cese
de las funciones que venía desempeñando y que con ello
se violente lo dispuesto en los numerales 1,14 y 16
constitucionales, en relación con los elementos de validez
que establece el artículo 7 del Código de Justicia
Administrativa del Estado.
JA-0056/2016-III 32
En esa tesitura, es menester precisar que ambos
resultan por demás improcedentes, en virtud a que la
acción de nulidad que ahora pretende ejercitar no se
encuentra debidamente acreditada, ni siquiera
robustecida con probanza alguna que permita a esta
instructora declarar la nulidad del acto, lo anterior debido
a que en su narración de hechos se advierten diversas
inconsistencia (sic) que hace presumir que tuvo
conocimiento del acto antes de lo manifestado, esto es
que con motivo de su escrito de petición se emitió
respuesta mediante acuerdo de fecha 28 de octubre de
2015, mediante oficio número **********, en el cual tuvo
conocimiento que causa baja con fecha 15 de septiembre
de 2015, este hecho se encuentra en total duda respecto
del conocimiento del acto que ahora impugna, lo anterior
debido a que en líneas posteriores de su narración de
hecho manifiesta, que pudo sin decir fecha en específico
obtener copia simple del movimiento de personal,
documento en el cual cabe resaltar que su fecha de
emisión es del día 18 de septiembre 2015, por lo que se
puede concluir que fue mucho antes que tuvo
conocimiento del acto, y no el día 22 de octubre de 2015,
como lo refiere en el escrito de demanda, por el contrario,
con ello se advierte que a la presentación de su escrito de
impugnación, ya había transcurrido el termino de 45 días
hábiles que establece el arábigo 223 del Código de
Justicia Administrativa del Estado.
AL TERCERO. Deviene la improcedencia del presente
concepto de violación, lo anterior dado que el presente
concepto no guarda relación con la materia de la litis
traída a juicio, dado que supone que pudiera haberse
decretado su baja como consecuencia de la pérdida del
radio de comunicación que se ventilara dentro del
procedimiento administrativo número **********, en el que
el mismo manifiesta que ya se resolvió mediante
procedimiento diversa (sic) dentro del Juicio
Administrativo número JA-045/2013-III.
Lo anterior se puede advertir del propio oficio que ahora
impugna, en el cual en su contenido no hace alusión
JA-0056/2016-III 33
alguna a ningún procedimiento, por no puede ser
considerado que se le pretende imponer una nueva
sanción por año que ya fue juzgado, máxime aun porque
la actora no demuestra la relación que guarda el ahora
concepto de violación con el acto de autoridad que ahora
se impugna.
AL CUARTO Y QUINTO. Bajo todo lo expuesto en
líneas Ut supra, es menester aducir que los argumentos
que contemplan estos conceptos de violación son por
demás improcedentes, pues como se ha dejado en claro,
existen elementos suficientes para advertir que existe
consentimiento del acto que ahora reclama por esta vía.
Lo anterior, debido a que con fecha 28 de octubre de
2015, mediante oficio número **********, en el cual
supuestamente tuvo conocimiento que causa baja con
fecha 15 de septiembre de 2015, este hecho se encuentra
en total duda respecto del conocimiento del acto que
ahora impugna, lo anterior debido a que en líneas,
posteriores manifiesta, que pudo sin decir fecha en
específico obtener copia simple del movimiento de
personal, documento en el cual cabe resaltar que su fecha
de emisión es del día 18 de septiembre 2015, por lo que
se puede concluir que fue mucho antes que tuvo
conocimiento del acto, y no el día 22 de octubre de 2015,
como refiere, por ello a la presentación de la presente
demanda ya había transcurrido el término que establece
el arábigo 223 del Código de justicia Administrativa del
Estado, de ahí que no le corresponda el pago de las
prestaciones que ahora reclama. …”
TERCERO. A continuación procede analizar las causales
de improcedencia del juicio, al tratarse de una cuestión de orden
público y oficioso y preferente al fondo del asunto, conforme
último párrafo del artículo 205 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán.
JA-0056/2016-III 34
Este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 205,
fracción VIII, del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, relativo a la inexistencia de los actos impugnados, en
relación a la autoridad demandada Unidad de Asuntos Internos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán,
y la diversa autoridad demandada que el actor hizo consistir en
el pasante jurista Daniel Rodríguez Cortés.
Se considera de ese modo, puesto que del contenido del
oficio **********, de veintidós de octubre de dos mil quince, no se
advierte que la autoridad demandada Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán, hubiera firmado el oficio o intervenido en la ejecución
del mismo, sino que lo emitió al Director de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que implica que
se trata de una autoridad distinta.
En lo referente a la autoridad demandada pasante jurista
Daniel Rodríguez Cortés, es señalar que es verídico que
suscribió el oficio combatido, sin embargo, no actuó con
JA-0056/2016-III 35
facultades de decisión e imperio para la emisión y ejecución del
acto combatido, puesto que su actividad se limitó a asistir al
Director de Asuntos Jurídicos que emitió, “para su debida
constancia legal” del oficio y por lo cual no le es atribuible el acto
de autoridad.
Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos
atribuidos por el actor a las autoridades demandadas, se
actualiza la causal de improcedencia en comento, por ende, con
fundamento en el artículo 206, fracción II, del Código de Justicia
Administrativa del Estado del Michoacán, procede sobreseer el
juicio en relación a los actos atribuidos por el actor en lo que
atañe a las autoridades demandadas Unidad de Asuntos Internos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán,
y pasante jurista Daniel Rodríguez Cortés.
Orienta lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época,
Registro: 219936, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Tomo IX, Abril de 1992, Materia(s): Común, página
639, del rubro y texto siguientes:
JA-0056/2016-III 36
“SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR
INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Si la
autoridad responsable no tiene dentro de sus funciones la
de ejecutar el acto reclamado, aun cuando aparezca
probado, debe estimarse que no existen los actos de
ejecución reclamados de aquélla y en consecuencia
procede el sobreseimiento en términos del artículo 74,
fracción IV, de la Ley de Amparo.”
Así como la diversa tesis de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del
Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXIV, página 387,
del rubro y texto siguientes:
“ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. Si la
resolución reclamada aparece firmada, no por el director
sino por el subdirector general de una dependencia, el
acto es ajeno al director citado y, por tanto, conforme a la
fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, cabe
decretar el sobreseimiento del juicio de garantías con
respecto a los actos reclamados de el, puesto que los
mismos resultan inexistentes.”
Por otra parte, procede analizar en párrafos subsecuentes
las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades
demandadas:
El Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán, señala que se actualiza la causal de improcedencia
JA-0056/2016-III 37
prevista por el artículo 205, fracción I, del Código de Justicia
Administrativa del Estado, toda vez que el actor carece de interés
jurídico para el reclamo de las prestaciones estipuladas en el
artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, o que no estén expresamente
reconocidas por las normas jurídicas que regulan el régimen
exclusivo de los elementos policiales; que la relación entre el
actor y el Estado, no es de carácter administrativo policial, sino
que es un cargo administrativo dentro de la institución de
seguridad pública como quedó sustentado en la baja, por lo que
no son aplicables las normas exclusivas de seguridad pública
para determinar qué derechos le corresponden al actor y “…es
incompetente esta autoridad para conocer de este asunto. ...”
Que conforme a la constitución y las leyes que rigen a los
elementos de policía, no les conceden la reinstalación,
restitución, o reincorporación al servicio, salarios caídos, salario
mensual con clave DD, y como daños y perjuicios por la
separación definitiva del servicio y del cargo que venía
desempeñando y no procede incluir al actor en uno de los
programas de empleo contemplados en el artículo 209 de la Ley
JA-0056/2016-III 38
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Michoacán
de Ocampo.
Lo anterior es infundado.
Es así, porque los argumentos de la autoridad a través de
los cuales sustentó la causal de improcedencia relativa a la falta
de interés jurídico, están vinculados con las pretensiones de
fondo del actor y para verificar la procedencia del pago o no de
las prestaciones económicas, así como para la inclusión o no en
el programa de empleo, y lo inherente a la reinstalación del cargo
que desempeñaba el actor, es necesario analizar las pruebas y
los preceptos que regulan a los elementos que prestan servicios
de seguridad pública, lo cual no es factible realizar al examinar la
improcedencia del juicio.
Por ende, procede desestimar la causal de improcedencia
prevista en el artículo 205, fracción I del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán,
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.
135/2001, de la Novena Época emitida por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el
JA-0056/2016-III 39
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV,
Enero de 2002, materia Común, página 5, que señala lo que
sigue:
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE
HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del
juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo
que se desprende que si se hace valer una en la que se
involucre una argumentación íntimamente relacionada
con el fondo del negocio, debe desestimarse.”
La autoridad demandada, encuentra acreditada la causal
de improcedencia del juicio relativa la consentimiento expreso o
tácito, porque no se promovió el juicio ante el Tribunal en los
plazos que señala el Código de Justicia Administrativa del Estado
de Michoacán, toda vez que el actor en el hecho segundo narró
que consiguió copia simple del movimiento de personal, el cual
es de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, por lo
que a la presentación de la demanda, transcurrieron los cuarenta
y cinco días que establece el artículo 223 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán.
Lo anterior es infundado.
JA-0056/2016-III 40
En efecto, el actor en el hecho segundo de la demanda
narró lo siguiente:
“…SEGUNDO.- Fue el caso que desde la segunda
quincena del mes de abril de 2015 dos mil quince, se me
retuvieron en la Pagaduría de la Dirección de Seguridad
Pública en mi perjuicios los sueldos, complementaciones
y compensaciones, bajo el argumento verbal de que el
suscrito me encontraba sujeto a Procedimiento
Administrativo, el cual ya se declaró nulo por la sentencia
de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2013 dos mil
trece, dictada en el Juicio Administrativo número JA-
045/2013-III, por el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán
Ante la falta de asignación de tareas y comisión,
presente escrito de petición ante el Secretario de
Seguridad Pública en el Estado de Michoacán y Director
de Seguridad Pública de la propia Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, que
solicitaba lo siguiente:
…
En contestación a mi escrito de petición recayó el
acuerdo administrativo de fecha 22 veintidós de octubre
de 2015 dos mil quince, firmado por el Licenciado en
Derecho Salvador Sánchez Suárez, en su carácter de
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
asistido por el Pasante Jurista Carlos Daniel Rodríguez
Cortes; Acuerdo que se notificó en fecha 28 veintiocho de
octubre de 2015 dos mil quince, mediante oficio número
**********; que en el segundo de sus resolutivos se
menciona lo siguiente:
“SEGUNDO.- Ahora bien respecto al punto número uno
en el cual solicita se le informe su situación legal actual
laboral, se informa que causó baja de esta Secretaría de
JA-0056/2016-III 41
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
con fecha 15 de septiembre de 2015”.
De ahí que me entero que fue dado de baja, sin que me
llamara a un Procedimiento Administrativo en la Unidad
de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, ya que a la fecha no puedo saber si
se debe a los hechos que dio origen el procedimiento
administrativo número **********, o si bien, se inició un
nuevo procedimiento disciplinario sin saber la causa o
motivos que lo hubieran originado. Sin embargo puede
conseguir copia simple del movimiento de personal en
que se inscribe el motivo de mi baja de la Secretaría de
Seguridad Pública, de la cual se desprende lo siguiente:
“CAUSA BAJA POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO”. …”
De lo transcrito, se advierte que el actor narró que obtuvo
copia del movimiento de personal, sin embargo, el actor no
reconoció en el segundo hecho, que conoció el motivo de la baja
el día dieciocho de septiembre de dos mil quince, por lo que no
existe base para concluir que en esa fecha conoció el movimiento
de personal, además, el actor conoció que había sido dado de
baja del cargo que desempeñaba y demás puntos petitorios,
hasta que la autoridad demandada dio contestación al escrito de
petición que le formuló a la autoridad demandada, mediante el
oficio ********** de veintidós de octubre de dos mil quince (foja
17), el cual fue notificado al actor, el veintiocho de octubre de dos
JA-0056/2016-III 42
mil quince, en la que consta que autoridad le respondió que había
sido dado de baja el quince de septiembre de dos mil quince, lo
que implica que el acto impugnado le fue notificado en una fecha
distinta a la referida por la autoridad demandada.
Por ende, la autoridad demandada apreció en forma
equivocada el hecho narrado por el actor, por lo que no se
actualiza la causal de improcedencia en comento.
En otro aspecto, es conveniente señalar que tomando en
cuenta que el actor narró en el segundo hecho de la demanda,
que escrito de petición lo formuló ante el Secretario de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán, y el oficio que contiene la
respuesta a la misma, lo emitió el Director de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán,
lo que implica que el acto impugnado, es atribuible a ambas
autoridades.
El análisis de legalidad de los actos que el actor atribuyó
a las autoridades demandadas al Secretario de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán y el Director de Asuntos
JA-0056/2016-III 43
Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán, se hará en párrafos subsecuentes.
CUARTO.- Este considerando, procede examinar la
legalidad de la baja de fecha quince de septiembre de dos mil
quince, del cargo que desempeñaba **********, como -elemento
operativo-, desempeñándose como Elemento de la Policía
Estatal Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Michoacán, contenida en el oficio **********, de
veintidós de octubre de dos mil quince, y que le fue notificado el
veintiocho de octubre de dos mil quince, glosada en la foja 17 de
autos, y que constituye el acto impugnado.
Ahora viene, el actor combatió el acto impugnado
mediante el primer concepto de violación al señalar que las
autoridades demandadas al separarlo del cargo que
desempeñaba de Policía Estatal Preventivo, violó en su perjuicio
los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, porque no
llevaron a cabo el procedimiento, lo que infringió los derechos de
audiencia, legalidad y seguridad jurídica, puesto que para
JA-0056/2016-III 44
separarlo de las funciones que realizaba sin ningún
procedimiento no se observaron las formalidades esenciales del
procedimiento que garanticen la defensa previa y adecuada,
contra el acto privativo.
Por ende, los actos son nulos de pleno derecho, puesto
que no se le otorgó la garantía de audiencia y seguridad jurídica.
Lo anterior es fundado.
Para verificar lo anterior, se toma en cuenta lo dispuesto
en el artículo 166, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán, que dispone:
“Artículo 166. La conclusión del servicio de un
integrante es la terminación de su nombramiento o la
cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
…
III. Baja, por:
a) Renuncia;
b) Muerte;
c) Incapacidad permanente;
d) Jubilación; o,
e) Retiro.”
Del precepto legal transcrito se desprende que la baja
constituye una causa de terminación o cesación del cargo, que
JA-0056/2016-III 45
recae al elemento de seguridad pública que se encuentra en
alguno de los supuestos ahí precisados, sin que al efecto, la
autoridad hubiere acreditado la actualización de alguno de ellos
en lo referente al actor, sin embargo, lo cierto es que, por virtud
de la baja determinada, se impide al elemento de la policía estatal
continuar en la corporación policiaca concluyéndose la relación
administrativa. Por tanto, evidentemente la baja determinada
para con el actor del cargo que desempeñaba, constituye un acto
privativo, por el cual, se suprimió en definitiva su derecho a
permanecer en el cargo consignado en el artículo 146 de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo1, ordenamiento que además dispone que dicha baja
deberá llevarse a cabo sólo en los casos y a través de los
procedimientos previstos en la misma ley.
Al respecto conviene señalar que los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establecen la garantía de seguridad jurídica, prerrogativa que
1 Artículo 146. Los integrantes de los cuerpos de Seguridad Pública tendrán derecho de iniciar y realizar la carrera policial y a obtener ascensos, y no podrán ser privados del derecho de permanecer en el empleo respectivo, salvo en los casos y mediante el procedimiento previsto en esta Ley.
JA-0056/2016-III 46
tiene todo individuo de que su esfera jurídica no sea modificada,
sino por medio de procedimientos apegados a derecho, a fin de
que las autoridades no apliquen arbitrariamente el orden jurídico.
Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los numerales referidos en el párrafo que
antecede, distingue y regula dos tipos de actos2, a saber:
Actos de privación; y,
Actos de molestia.
Los primeros -privación- son aquellos que producen como
efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un
derecho del gobernado; los autoriza solamente a través del
cumplimiento de determinados requisitos precisados en el
artículo 14 constitucional como son, la existencia de un juicio
seguido ante un tribunal previamente establecido, que se cumpla
con las formalidades esenciales del procedimiento.
2 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
JA-0056/2016-III 47
En cambio, los actos de molestia que, pese a constituir
afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los
mismos efectos que los privativos, pues sólo restringen de
manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de
proteger determinados bienes jurídicos y su legalidad está
determinada, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y
cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad
con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la
causa legal del procedimiento.
Orienta lo anterior la jurisprudencia 40/1996 del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se
transcriben a continuación:
“ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA.
ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14
constitucional establece, en su segundo párrafo, que
nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo
Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo,
que nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. Por
consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de
JA-0056/2016-III 48
manera diferente los actos privativos respecto de los actos
de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que
producen como efecto la disminución, menoscabo o
supresión definitiva de un derecho del gobernado, los
autoriza solamente a través del cumplimiento de
determinados requisitos precisados en el artículo 14,
como son, la existencia de un juicio seguido ante un
tribunal previamente establecido, que cumpla con las
formalidades esenciales del procedimiento y en el que se
apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho
juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a
constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no
producen los mismos efectos que los actos privativos,
pues sólo restringen de manera provisional o preventiva
un derecho con el objeto de proteger determinados bienes
jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo
16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado
por una autoridad con competencia legal para ello, en
donde ésta funde y motive la causa legal del
procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de
autoridad impugnado como privativo, es necesario
precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del
cumplimiento de las formalidades establecidas por el
primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia
y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos
que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción
debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue,
esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es
la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad,
o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción
provisional.”
En razón de lo anterior, en el presente caso se está ante
un acto privativo emitido en perjuicio del actor, ya que, la baja de
cargo que desempeñaba ocurrida el quince de septiembre de dos
JA-0056/2016-III 49
mil quince y de la cual le fue notificada el veintiocho de octubre
de dos mil quince, a través del oficio **********, le impide al
elemento policial estatal continuar en la corporación de seguridad
pública, concluyendo la relación administrativa y para lo cual las
autoridades demandadas debieron cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 14, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a que cuando la ley, no prevea un procedimiento
administrativo específico para resolver la baja del cargo
desempeñado por el actor, las autoridades demandadas
debieron instaurar un procedimiento que salvaguardara el
derecho humano del ahora actor, de ser oído en su defensa para
determinar su baja en el cargo, sin embargo, de las constancias
que obran en autos no se desprende que al actor se le haya
seguido procedimiento alguno por parte de las autoridades
demandadas previo a la emisión de una resolución, y es que, al
tratarse de un acto privativo de sus derechos, es obligación
ineludible, la de observar las formalidades esenciales del
procedimiento, que se resumen en los siguientes actos: a)
Notificar del inicio del procedimiento; b) Brindar la oportunidad de
JA-0056/2016-III 50
ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; c)
Propiciar la oportunidad de alegar; y, d) Dictar una resolución
fundada y motivada que defina la situación jurídica del afectado.
Por ende, las demandadas al omitir aportar pruebas que
acrediten ese extremo, esto, que la baja la realizaron cumpliendo
con las formalidades esenciales del procedimiento, implica que
lo hicieron en forma inmediata, sin dar oportunidad al actor de
que conociera el inicio del procedimiento, ni se le permitió ofrecer
pruebas y alegar y resolver lo que corresponde en cada caso
concreto, antes de la decisión de la demandada de separarlo del
cargo a partir del quince de septiembre de dos mil quince, lo cual
dejó al actor en estado de indefensión al actor, al no habérsele
respetado su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el artículo 7, fracción IX del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán,
Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 103/2010,
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de la Novena Época, Registro: 163057, publicada
JA-0056/2016-III 51
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Administrativa, página 368,
del rubro y texto siguientes:
“POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O
BAJA DE LOS AGENTES QUE INCUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE
MAYO DE 2009, NO ES INMEDIATO, PUES PARA
ELLO SE REQUIERE SUSTANCIAR EL
PROCEDIMIENTO RELATIVO Y RESOLVER CADA
CASO CONCRETO. La entrada en vigor de la citada
legislación no tiene como consecuencia necesaria,
inmediata o inminente la baja o cese de los agentes de la
Policía Federal Ministerial que incumplan con los nuevos
requisitos de permanencia en el cargo. Esto es así, pues
del análisis conjunto de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República no se advierte esa
posibilidad. En efecto, el artículo 86 de esta ley prevé que
los agentes de la Policía Federal Ministerial podrán ser
separados de sus cargos si incumplen con los requisitos
de permanencia establecidos por las leyes vigentes, pero
esta regla admite discrecionalidad en función del caso
concreto, la cual deriva del procedimiento aplicable,
contenido en el artículo 47 del mismo ordenamiento,
conforme al cual necesariamente deberá instrumentarse
dicho proceso para concretar esa forma de terminación
extraordinaria del cargo. Dicho procedimiento inicia con la
formulación de una queja -fundada y motivada en relación
con el caso concreto- por el superior jerárquico ante el
Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General
de la República, en la cual deberá señalarse el requisito
de ingreso o permanencia que se considera incumplido,
adjuntando los documentos y pruebas pertinentes del
caso; dicho Consejo notificará la queja al servidor público,
lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su
JA-0056/2016-III 52
derecho convenga y resolverá, proporcional y
razonablemente, aunado a que durante la tramitación del
procedimiento se podrá suspender al servidor público una
vez que dicho Consejo resuelva sobre la procedencia del
cese o baja solicitados -sólo si fuere necesario para evitar
obstáculos y para su mejor resolución-. Además,
conforme al artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, quienes se
encuentren en servicio al momento de entrada en vigor de
la indicada ley, tendrán un plazo de 60 días hábiles para:
a) manifestar su voluntad de permanecer en la
Procuraduría General de la República y someterse a las
evaluaciones de control de confianza y de competencias
profesionales y aprobarlas; b) acogerse al programa de
reubicación dentro de la administración pública federal
conforme con su perfil; o c) adherirse a un programa de
conclusión definitiva de servicios; lo cual se instrumentará
en el plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor de la
referida ley; siendo hasta después de optar por la
permanencia y de no someterse o no acreditar
razonablemente las evaluaciones para verificar el
cumplimiento de los requisitos de permanencia, cuando
por esa causa dejarán de prestar sus servicios, -lapso
dentro del cual los interesados pueden cumplir el nuevo
requisito de permanencia sobrevenido que no hubieran
cubierto-.”
Asimismo, como la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia
Constitucional, Común consultable en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995, página
133, de rubro y texto siguientes:
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
JA-0056/2016-III 53
ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida
por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades,
entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga
"se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias
para garantizar la defensa adecuada antes del acto de
privación y que, de manera genérica, se traducen en los
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin
de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión
del afectado.”
Conforme a lo anterior, con fundamento en el artículo 278,
fracción II del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, se declara la nulidad lisa y llana de la baja de fecha
quince de septiembre de dos mil quince, del cargo que
desempeñaba **********, como -elemento operativo-
desempeñándose como Elemento de la Policía Estatal
Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán, contenida en el oficio **********, de veintidós de
octubre de dos mil quince, y que le fue notificado el veintiocho de
octubre de dos mil quince, glosada en la foja 17 de autos, y que
constituye el acto impugnado.
JA-0056/2016-III 54
Resulta innecesario examinar los restantes conceptos de
violación hechos valer por el actor, ya que en nada alterarían el
sentido de la presente ejecutoria, ni obtendría una nulidad de
mayor beneficio.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia3 del Segundo
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto se
trascribe a continuación:
“CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE
INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando
el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno
de los conceptos de violación, lo que va a traer como
consecuencia que quede sin efecto la resolución que
constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el
estudio de los demás conceptos de violación expresados
por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión
propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio
que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo
en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la
potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo
que dicho análisis corresponde a la misma al haber
reasumido jurisdicción.”
QUINTO. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 280 del Código de Justicia Administrativa del
3 Octava Época. Registro: 220693. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. IX, Enero de 1992. Materia(s): Común. Tesis: VI. 2o. J/170. Página: 99.
JA-0056/2016-III 55
Estado, y por virtud de haberse decretado en el presente fallo la
nulidad del acto impugnado, corresponde a este Tribunal fijar los
términos en que es procedente restablecer a la parte actora en
el ejercicio de sus derechos.
Al respecto, cabe reiterar que las relaciones entre los
elementos de las instituciones de seguridad pública y el Estado,
son de naturaleza administrativa y no laboral, por virtud de
disponerlo así la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 123 Apartado B fracción XIII4, en la que
además se determina que cuando la autoridad jurisdiccional
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier
4 Artículo 123.- (…) B. (…) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
JA-0056/2016-III 56
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado
sólo está obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho conforme a las leyes en
materia de seguridad pública y no conforme a las laborales, así
como los daños y perjuicios que acredite la parte actora haber
sufrido, como dispone el artículo 280 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, pero que
en ningún caso procede la reincorporación al servicio, del
accionante.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.
103/2010 de la Novena Época, en Materia Constitucional,
laboral, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXXII, Julio de 2010, Página 310, que
textualmente establece:
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE
LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA,
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE
JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS
JA-0056/2016-III 57
CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE
MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se
advierte que los miembros de las instituciones policiales
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los
requisitos de permanencia o si incurren en
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la
autoridad resolviere que la separación, remoción, baja,
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue
injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tengan
derecho, sin que en ningún caso proceda su
reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio
o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo
anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la
prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se
corrobora con el análisis del proceso relativo del que
deriva que el Constituyente Permanente privilegió el
interés general por el combate a la corrupción y la
seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir
el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el
pago de la indemnización respectiva, por lo que
independientemente de la razón del cese tiene preferencia
la decisión del Constituyente de impedir que los miembros
de las corporaciones policiacas que hubiesen causado
baja se reincorporen al servicio.”
Asimismo, tiene aplicación la tesis5 número 2a. XXVIII/2014
(10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE
LAS INSTITUCIONES POLICIALES, CONSTITUYE UNA
5 Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de
2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Página: 1083
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RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL. La prevista en el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución
General de la República, reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, no da lugar a que sea posible emprender
un ejercicio de armonización o de ponderación entre
derechos humanos, pues al ser una restricción
constitucional es una condición infranqueable que no
pierde su vigencia ni aplicación, la cual constituye una
manifestación clara del Constituyente Permanente, que no
es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de
una decisión soberana del Estado Mexicano.”
De manera que, se reitera, es mediante la indemnización
correspondiente como se salvaguarda y restituye al accionante
en el goce de su derecho violentado con la ilegalidad del acto de
la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 Apartado “B” fracción XIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 191 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán.
Ahora bien, los conceptos de aguinaldo y prima vacacional
referidos por el actor como integrantes de la percepción
quincenal que recibía por la prestación de los servicios de
seguridad pública, no forman parte de dicha percepción, porque
la primera es una prestación económica que se entrega en forma
anual y la segunda, es una prestación económica que se entrega
JA-0056/2016-III 59
en forma semestral y así lo refirió el actor. No obstante que tenga
derecho a ellas, la condena correspondiente se hará por
separado.
Asimismo, para efectos de establecer la percepción
quincenal del actor se advierte que señaló que la autoridad
demandada le cubría los conceptos de fondo social de prev. Mu.,
sueldo base, quinquenios, despensa y compensación por riesgo.
Dichos conceptos están precisados en los comprobantes de
nómina glosados en la foja 18 a 22 de autos.
El más antiguo de los recibos de nómina corresponde al
folio **********, por el periodo de pago “DEL 01/09/2015 AL
15/09/20152” –foja 18-, en el que consta que el actor percibía en
forma quincenal la cantidad total de $4,060.04 (cuatro mil
sesenta pesos 04/100 M.N.), por lo que de manera mensual
percibía la cantidad total de $8,120.08 (ocho mil ciento veinte
pesos 08/100 M. N.), -sin deducciones- por lo que la
remuneración ordinaria diaria del actor corresponde a la cantidad
total de $270.66 (doscientos setenta pesos 66/100 M.N.), que se
JA-0056/2016-III 60
obtiene de dividir la cantidad total mensual, entre treinta días mes
calendario.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis XVI.1o.A.T.28 A
(10a.), de la Décima Época, en materia Constitucional y
Administrativa, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, página 1828, de rubro y
texto siguientes:
“MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES.
ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN
ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO,
TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
"Y DEMÁS PRESTACIONES", SIEMPRE QUE
ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN
PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo
123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
permite a las instituciones policiales de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
remover a los elementos que hayan incumplido los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y
prohíbe absoluta y categóricamente que sean
reincorporados a dichas instituciones, aun cuando
obtengan resolución jurisdiccional que declare
injustificada la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que
el Poder Revisor privilegió el interés general por el
combate a la corrupción y la seguridad, por encima de la
JA-0056/2016-III 61
estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones
a que tengan derecho. En este contexto, los miembros de
las instituciones policiales, como todo servidor público,
reciben por sus servicios una serie de prestaciones que
van desde el pago que pudiera considerarse
remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios,
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones,
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas,
compensaciones o cualquier otro concepto que perciba
por la prestación de sus servicios y que necesariamente
debe estar catalogado en el presupuesto de egresos
respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente
Permanente fue imponer al Estado la obligación de
resarcir al servidor público ante el evento de que no pueda
ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea
calificada como injustificada por resolución firme de
autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de esa
obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle
la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así
como los conceptos que recibía por la prestación de sus
servicios, previamente mencionados, desde el momento
en que se concretó la terminación de la relación
administrativa y hasta que se realice el pago de la
indemnización correspondiente, siempre que acredite que
percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley
que lo regía.”
En este orden, con fundamento en el artículo 280 del
Código de Justicia Administrativa, que regula el derecho a favor
de los particulares a que sean restablecidos en el ejercicio de sus
derechos, procede condenar a la autoridad demandada al pago
a favor del actor de la cantidad de $24,359.40 (veinticuatro mil
JA-0056/2016-III 62
trescientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.),
correspondiente a tres meses de los haberes que percibía el
actor como indemnización constitucional.
La autoridad demandada deberá realizar las deducciones
legales correspondientes a dicha cantidad y entregar al actor el
importe neto.
Tiene aplicación la tesis 2a. LXIX/2011, sustentada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. XXXIV, Agosto de 2011, página 531, que establece:
“SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA
INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123,
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El indicado
precepto establece el derecho de los miembros de
instituciones policiales de la Federación, del Distrito
Federal, de los Estados o de los Municipios, al pago de
una indemnización por parte del Estado, cuando la
autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada su
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio, pero no precisa su monto. En tal
virtud, para hacer efectivo ese derecho constitucional
debe aplicarse una norma del mismo rango, debido a que
la inclusión de la indemnización como garantía mínima
para ese tipo de servidores públicos, aun cuando derive
JA-0056/2016-III 63
de una relación administrativa, está prevista en el ámbito
de los derechos sociales y en el rango más alto del
sistema jurídico. De esta forma, como la fracción XXII del
apartado A del artículo 123 de la Constitución prevé el
derecho a la indemnización por el importe de 3 meses de
salario cuando un trabajador es separado
injustificadamente de su empleo, es inconcuso que en
ambos supuestos -remoción de un miembro de alguna
institución policial y despido injustificado de un trabajador-
,existe la misma razón jurídica para definir la
indemnización respectiva. Por tanto, ante la falta de norma
que señale el monto de la prevista en la fracción XIII del
apartado B, debe hacerse una aplicación analógica de la
fracción XXII del apartado A, ambos del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para que se haga efectivo el derecho constitucional a la
indemnización que la Ley Fundamental otorga a los
agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros
de las instituciones policiales que sean separados
injustificadamente de su cargo; es decir, por ese concepto
(indemnización) debe cubrirse el pago de 3 meses de su
remuneración.”
Igualmente, procede condenar a las autoridades demandas
al pago de los haberes que dejó de percibir el actor a partir del
veintiocho de octubre de dos mil quince, en cuya fecha la
autoridad le notificó al actor la separación del cargo y hasta que
hagan el pago de dicha prestación.
Por ende, a la fecha de emisión de la presente sentencia
transcurrieron cuatrocientos ochenta y dos días, por ende, se
JA-0056/2016-III 64
condena a las autoridades demandadas al pago a favor del actor
de la cantidad total de $130,462.61 (ciento treinta mil
cuatrocientos sesenta y dos pesos 61/100 M.N.). Cantidad a la
que las demandadas deberán realizar las deducciones legales
correspondientes y entregar al actor el importe neto.
Lo anterior sin perjuicio de que las autoridades
demandadas deberán realizar el pago de las cantidades
generadas por dicho concepto, hasta que hagan el pago
correspondiente, conforme a la remuneración ordinaria diaria que
percibía el actor. Cantidad a la que las demandadas deberán
realizar las deducciones legales correspondientes y entregar al
actor el importe neto.
Por otro lado, conforme al recibo de nómina ********** por
el periodo de pago “DEL 16/06/2015 AL 30/06/2015”, que el actor
acompañó a la demanda (foja 20), se advierte que éste percibía
por concepto de aguinaldo la cantidad total de $802.00
(ochocientos dos pesos 00/100 M.N.) y dicha prestación se
encuentran consignada en el régimen complementario de
seguridad social establecido en el artículo 122, fracción XI, de la
JA-0056/2016-III 65
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo, cuyo texto es del siguiente tenor:
“Artículo 122. El Consejo generará de acuerdo a las
necesidades del Estado y con cargo a su presupuesto,
una normatividad de régimen complementario de
seguridad social, que tendrá al menos las siguientes
consideraciones:
…
XI. Tener jornadas de trabajo acordes con las
necesidades del servicio así como disfrutar de
prestaciones tales como aguinaldo, vacaciones, licencias
o descanso semanal;…”
De donde se sigue, que el actor recibió el pago del primer
semestre del año dos mil quince por concepto de aguinaldo, por
la cantidad antes precisada.
Por ende, procede condenar a la autoridad demandada al
pago de aguinaldo correspondiente a favor del actor, a partir del
segundo semestre del año dos mil quince y por el año dos mil
dieciséis, por la cantidad total de $2,406.36 (dos mil
cuatrocientos seis pesos 36/100 M.N.). Cantidad a la que la
autoridad demandada deberá realizar las deducciones legales
correspondientes y entregar al actor el importe neto.
JA-0056/2016-III 66
Igualmente, procede condenar a la autoridad demandada
al pago de prima vacacional conforme a lo siguiente:
El pago de dicha prestación económica la prevé el artículo
122, fracción XI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo.
En el juicio obra el recibo de pago de nómina folio
**********, por el periodo de pago “DEL 01/07/2015 AL
15/07/2015, glosado en la foja 20 de autos, en el que consta que
el actor recibió el pago por concepto de prima vacacional la
cantidad semestral de $1,248.50 (un mil doscientos cuarenta y
ocho pesos 50/100 M.N.), esto es, recibió el pago semestral de
dicha prestación.
De donde se sigue, que procede condenar a la autoridad
demandada al pago de prima vacacional, a partir del segundo
semestre del año dos mil quince y por año dos mil dieciséis,
equivalente a la cantidad total de $3,745.5 (tres mil setecientos
cuarenta y cinco pesos 5/100 M.N.) a favor del actor. Cantidad a
la que las autoridades demandadas deberá realizar las
JA-0056/2016-III 67
deducciones legales correspondientes y entregar al actor el
importe neto.
Lo anterior sin perjuicio de que las autoridades
demandadas deberán realizar el pago de las cantidades
generadas con posterioridad por prima vacacional y hasta que
hagan el pago correspondiente de dicha prestación, a favor del
actor, conforme al monto semestral que venía realizando la
autoridad demandada en el referido recibo de pago de nómina
folio **********.
Cantidad a la que autoridad demandada deberá realizar
las deducciones legales correspondientes y entregar al actor el
importe neto.
En lo referente al pago de vacaciones, procede fincar
condenar a la demandada, puesto que se trata de una prestación
prevista en invocado artículo 123, fracción XI, a partir del año
dos mil quince y hasta que la autoridad demandada haga el pago
correspondiente.
Sin embargo, en autos no obra prueba que permita
cuantificar el pago de aguinaldo, por lo cual la autoridad
JA-0056/2016-III 68
demandada deberá realizar la cuantificación correspondiente y
exhibir a este órgano jurisdiccional la constancia que lo acredite.
La autoridad demandada deberá realizar las deducciones
legales correspondientes al pago de vacaciones y entregar al
actor el importe neto que corresponda.
Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.),
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de la Décima Época, registro: 2000463, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI,
Marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, página 635,
que establece:
“SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO
PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE
CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O
BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE
REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES
A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA
CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA.
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO',
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B,
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA
JA-0056/2016-III 69
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que
el referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del
Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios,
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones,
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas,
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía
el servidor público por la prestación de sus servicios,
desde que se concretó su separación, cese, remoción o
baja injustificada, y hasta que se realice el pago
correspondiente. En ese sentido, dado que las
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de
dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público,
miembro de alguna institución policial, las cantidades que
por esos conceptos pudo percibir desde el momento en
que se concretó la separación, cese, remoción o baja
injustificada, y hasta que se realice el pago de las demás
prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de
esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral
de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la
separación.”
Por otro lado, procede condenar a la autoridad demandada
al pago de veinte días por cada año laborado, a favor del actor.
Se considera de ese modo, toda vez que conforme a la
tesis 2a. II/2016 (10a.), el pago de dicha prestación es necesario
JA-0056/2016-III 70
que se hubiera prestado servicios durante el año calendario, esto
es, el pago de veinte días es por cada año laborado.
Dicha tesis fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, registro:
2010991, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s):
Constitucional, página: 951, del rubro y texto siguientes:
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B,
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3
MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO
LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a.
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En
una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación abandona las tesis
indicadas, al estimar que conforme al artículo 123,
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Constituyente otorgó a favor de los servidores públicos
enunciados en el referido dispositivo (agentes del
Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados
y los Municipios) el derecho al pago de una indemnización
en el caso de que, a través de una resolución emitida por
autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su
separación o cualquier vía de terminación del servicio de
la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos
en estado de indefensión al existir una prohibición
absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la
JA-0056/2016-III 71
propia normatividad constitucional se advierte la
obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las
leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal,
municipal o en el Distrito Federal, los montos o
mecanismos de delimitación de aquellos que, por
concepto de indemnización, corresponden a los
servidores públicos ante una terminación injustificada del
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe
fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la
Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador
Constituyente al incluir el apartado B dentro del artículo
123 constitucional, fue reconocer a los servidores
públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que
desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza
jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en
cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si
dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho
de recibir una indemnización en caso de que la
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma
de terminación del servicio fuere injustificada y, por su
parte, en las leyes especiales no se prevén los
mecanismos suficientes para fijar el monto de tal
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo
dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al
apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos
del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de
determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho
los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de
las instituciones policiales debe recurrirse a la fracción
XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica
que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del
apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado
ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso,
la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad
jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es
menester precisar que la hipótesis normativa del artículo
123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley
determinará los casos en que el patrono podrá ser
eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante
JA-0056/2016-III 72
el pago de una indemnización", deja la delimitación del
monto que por concepto de indemnización deberá
cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria,
constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón
pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se
le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al
puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley
reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley
Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional
garantizado para efectos de la indemnización, el
contenido en la fracción XXII del apartado A en su
generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas
prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es
la propia norma quien releva al patrón de la obligación de
reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun
cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a
efecto de determinar el monto que corresponde a los
servidores públicos sujetos al régimen constitucional de
excepción contenido en el artículo 123, apartado B,
fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta
aplicable, como mínimo, el monto establecido en el
diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los
que el propio Constituyente refirió al permitir fuese la
normatividad secundaria la que los delimitara. En
consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3
meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin
que se excluya la posibilidad de que dentro de algún
ordenamiento legal o administrativo a nivel federal,
estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas
que prevean expresamente un monto por indemnización
en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente
señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a
la Constitución, sino que la autoridad aplicará
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.”
En el caso, el actor narró en el primer hecho de la demanda
que ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán el seis de enero de dos mil seis, sin embargo, las
JA-0056/2016-III 73
autoridades demandadas a través del escrito de contestación de
la demanda, niegan dicho hecho, por lo que a fin de que tener la
certeza de la fecha ingreso del actor ante la autoridad
demandada, se determina que las autoridades demandadas
deberán cuantificar dicha prestación, atendiendo a los
documentos que obren en su archivos oficiales o nóminas de
pago de las que se desprenda la fecha en la que ingresó el actor
a prestar servicios de seguridad pública.
Por ende, las autoridades demandadas deberá realizar el
pago de veinte días por cada año en los que prestó servicios el
actor, hasta el quince de septiembre de dos mil quince, -fecha en
la que fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Michoacán, para lo cual deberán remitir las
constancias que acrediten la fecha de ingreso y el pago
correspondiente.
Cantidad a la que las autoridades demandadas deberán
realizar las deducciones legales correspondientes y entregar al
actor el importe neto.
JA-0056/2016-III 74
Por otra parte, en relación a la retención del pago
correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de dos
mil quince, a la primera quincena del mes de septiembre de dos
mil quince, procede condenar a la autoridad demandada a
realizar el pago, puesto que de los recibos de pago de nómina
que acompañó el actor a la demanda glosados en la foja 18 a la
22 de autos, contienen la leyenda de “cancelado”.
El monto quincenal deberá pagarse conforme a lo
precisado en dichos recibos de pago de nómina. Cantidad a la
que las autoridades demandadas deberán realizar las
deducciones legales correspondientes y entregar al actor el
importe neto que corresponda.
En el supuesto de que las demandadas hubieran realizado
el pago precisado, no estarán obligadas a realizar el mismo, lo
cual en su caso, deberán acreditar en autos, en ejecución de
sentencia.
En lo referente a eliminar los registros administrativos que
derivan de la separación del cargo del actor de Agente de la
JA-0056/2016-III 75
Policía Ministerial determinada en el oficio impugnado, es
atendible en las condiciones que a continuación se precisan:
En efecto, los artículos 28, fracción I, 29, 30, fracción VIII
y 31 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán disponen:
“Artículo 28. Para el cumplimiento de sus atribuciones
en materia de información, prevención del delito y
participación ciudadana, el Secretariado Ejecutivo contará
con los siguientes órganos auxiliares:
I.Centro Estatal de Información; y,…
Artículo 29. El Secretariado Ejecutivo a través del
Centro Estatal de Información, operará y coordinará el
resguardo del Registro Estatal de Seguridad Pública y
Privada, el cual estará integrado por los registros de
criminalística, de personal, de armamento y equipo en
términos de los que establece la Ley General y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 30. La información relativa al personal de
Seguridad Pública, ministerial, pericial, privada y otras
corporaciones existentes en el Estado deberá contener al
menos:
…
VIII. Los datos sobre órdenes de aprehensión, autos
que resuelvan la situación jurídica, sentencias, sanciones
administrativas o resoluciones que modifiquen, confirmen
o revoquen cualquiera de las anteriores.
JA-0056/2016-III 76
Artículo 31. Las instituciones de Seguridad Pública
deberán notificar inmediatamente al Centro Estatal de
Información los datos correspondientes para su inclusión
en el registro respectivo.”
De los preceptos transcritos, se desprende la existencia
de un Centro Estatal de Información que a su vez forma parte
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en términos de la
fracción I del artículo 36 de la referida Ley.
En el presente asunto, se advierte que la autoridad
demandada separó del cargo al actor a través del oficio
impugnado, el cual fue declarado nulo a través de la presente
sentencia.
Por ende, la autoridad demandada se encuentra obligada
a dar aviso de dicho movimiento al Sistema Estatal de Seguridad
Pública, a fin que se efectué el registro correspondiente,
debiendo dar aviso además de la resolución dictada por esta
Sala Colegiada a través de la cual se declara la ilegalidad de la
separación del cargo que desempeñaba la actora y su nulidad
lisa y llana, a fin de que se integrara un registro completo en
términos de la fracción VIII del artículo 30 de la Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado.
JA-0056/2016-III 77
En ese orden de ideas, la presente sentencia que
declara la nulidad lisa y llana del oficio impugnado, tiene el
alcance de ordenar a la autoridad demandada que informe
al Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre la emisión de
la presente sentencia, la cual constituye un verdadero
reconocimiento firme e inmutable de que la baja del cargo que
desempeñaba fue ilegal, mientras que el registro solo es
susceptible de entenderse como un aspecto meramente
histórico que se conserva por razones instrumentales y que de
ninguna manera acredita ni determina la veracidad de las
supuestas anomalías que dieron origen a la separación del cargo
que desempeñaba el actor.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.1o.A.95 A (10a.),
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, Registro:
2008925, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s):
Constitucional, página 1840, del rubro y texto siguientes:
“SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE
REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE ESE TIPO DE
JA-0056/2016-III 78
CORPORACIONES, ASÍ COMO DE SUPRIMIR LA
INSCRIPCIÓN DE SU SEPARACIÓN DEL REGISTRO
NACIONAL CORRESPONDIENTE, SE DEBE
CONSIDERAR QUE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ
INJUSTIFICADA TAL DECISIÓN CONSTITUYE, POR SÍ,
UNA FORMA DE REPARACIÓN. De la interpretación del
artículo 60 y demás relativos de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se deduce que no es
procedente suprimir la inscripción de la separación de un
agente del Registro Nacional de Personal de las
Instituciones de Seguridad Pública, sino que únicamente se
debe asentar que la decisión fue considerada ilegal. No
obstante, la existencia de un registro en el que se haga
constar que una persona fue separada de su cargo, por no
acreditar una evaluación de control de confianza,
necesariamente incide en bienes jurídicos relevantes como
el honor y la buena fama; con mayor razón, si la decisión de
mérito fue declarada nula de manera absoluta y, aun así,
subsiste la inscripción correspondiente. Por esa razón, se
debe tomar en cuenta que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido, en diversos casos, que las
sentencias constituyen, por sí, una forma de reparación,
adicional a las distintas medidas que se ordenen en
beneficio de la parte favorecida. Ese criterio implica el
reconocimiento de que las sentencias no solamente
exponen el sentido en que debe culminar una contienda,
pues si bien es cierto que su efecto inmediato es dar solución
a la controversia, también lo es que constituyen una
declaración jurisdiccional sobre la regularidad del actuar del
Estado. Lo anterior también es aplicable a los juicios en
materia administrativa, ya que guardan coincidencia con
aquéllos en el sentido de que el juzgador debe analizar si las
determinaciones adoptadas por algún órgano de gobierno
vulneraron los derechos de un particular. Entonces, si ese
tipo de resoluciones, al causar estado, se convierten en la
verdad legal, de modo que su contenido no puede ser
invalidado, resulta que, en relación con la afectación
psíquica y social que resintió el justiciable, el fallo constituye
un verdadero reconocimiento, firme e inmutable, de que la
remoción de su cargo fue ilegal, mientras que el registro de
JA-0056/2016-III 79
esa decisión sólo es susceptible de entenderse como un
aspecto meramente histórico que se conserva por razones
instrumentales, y que de ningún modo acredita ni determina
la veracidad de las supuestas anomalías que dieron lugar a
la separación del elemento policiaco.”
En otro orden de ideas, resulta procedente condenar a la
autoridad demandad para que el actor sea incluido en un
programa de empleo del Gobierno del Estado de Michoacán,
puesto que el numeral 209 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado que dispone: “Artículo 209. El Consejo,
propondrá al Ejecutivo del Estado, programas de ocupación
laboral o productiva para el personal separado de su cargo,
cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fue injustificada. - - -Los programas a que se refiere este
artículo establecerán los lineamientos de operación
correspondiente.”.
En efecto el artículo 209 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de
Ocampo el veintiuno de julio de dos mil nueve, establece
expresamente el derecho de los elementos de seguridad pública
JA-0056/2016-III 80
a ser incluidos en programas de ocupación laboral que a
propuesta del Consejo implemente el Ejecutivo del Estado, de
cuyo precepto también se desprende que para que emerja ese
derecho basta con que la autoridad jurisdiccional resuelva que la
separación, remoción, bajo, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio fue injustificada; en tanto que en el
presente juicio se surte la hipótesis normativa referida al haber
quedado demostrado el cargo de elemento de la policía
ministerial, así como su separación injustificada.
Por tanto, se reconoce el derecho del actor a ser incluido
en el programa que al efecto implemente el Ejecutivo del Estado
a propuesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quedando
expedito su derecho para que lo haga valer en la vía y términos
ante las autoridades administrativas competentes sin que obste
a lo anterior, que la referida Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Michoacán quedó abrogada el veintinueve
de abril de dos mil dieciséis, en términos de la declaratoria del
Congreso de la Unión para la entrada en vigor del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil
JA-0056/2016-III 81
dieciséis; y en términos de los artículos Segundo y Sexto
Transitorios de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Michoacán de Ocampo, el once de diciembre de dos
mil catorce, que se encuentra en vigor.
Es así porque a la fecha de que se materializó la
separación del cargo, el primero de los ordenamientos citados
aún se encontraba en vigor, de ahí que resulte procedente
reconocer el derecho a que sea incluida en el programa de
ocupación referido; sin que dicho reconocimiento tenga más
alcance que la sola declaratoria de la existencia de ese derecho;
pues conforme al contenido del citado artículo 209, se trata de un
pronunciamiento de carácter declarativo, mas no de condena, en
las que solo se reconoce la existencia o inexistencia del derecho;
a diferencia de las sentencias de condena en las que, además,
se ordena la ejecución o cumplimiento de una obligación.
Al respecto resulta ilustrativo el criterio sustentado por la
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación,
JA-0056/2016-III 82
sexta época, volumen XXII, Cuarta Parte, página 359, registro
272044, que dice:
“SENTENCIAS DECLARATIVAS. SU CONCEPTO.
Por sentencias declarativas ordinariamente se entiende
aquéllas que tienen por objeto la pura declaración de la
existencia o inexistencia de un derecho, sin que vayan
mas allá de esa declaración, pero en todas ellas se
encuentra como elemento esencial, el que se estudia y
resuelve el mérito o fondo de la cuestión, de la misma
manera que se hace en los otros tipos de sentencias.”
Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal
Colegiado del Noveno Circuito, publicado en el mismo órgano de
difusión, octava época, tomo XII, diciembre de 1993, página 962,
registro 214198, que dice:
“SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, DECLARATIVAS
Y DE CONDENA, DIFERENCIAS. En materia civil, todas
las sentencias contienen una declaración de derechos en
su parte resolutiva. Pero las meramente declarativas no
contienen otra cosa más, en lo que respecta la cuestión
principal deducida en el pleito; esto es, que su contenido
se agota en la declaración que hace. Las sentencias de
condena contienen, por una parte, una declaración
respecto del derecho del actor y de la obligación
correlativa del demandado; además, ordena la ejecución
forzosa para el caso de que el demandado, dentro de un
plazo determinado, no cumpla la obligación declarada,
este fallo hace cierto e indubitable el derecho del actor y
manda al órgano de ejecución que lo haga efectivo, en el
supuesto citado. Por esta circunstancia, toda sentencia de
condena es al mismo tiempo declarativa y además
ejecutiva. Citando a Chiovenda, se puede decir que "La
diferencia está, pues, en que la sentencia de condena
JA-0056/2016-III 83
tiene dos funciones distintas, y la de declaración hay una
sola".
Igualmente, es conveniente acotar que es verídico que el
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, emitió el oficio nulo mediante el cual el actor
le fue notificada la baja del cargo que desempeñaba, sin
embargo, se advierte que dicho oficio lo emitió en respuesta a la
petición que el accionante formuló al Titula de dicha
dependencia, por ende, la autoridad demandada obligada a
cumplir con el pago de la indemnización y demás prestaciones
económicas establecidas en la presente sentencia, corresponde
a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán,
y ante cuya dependencia estaba adscrito el actor.
Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia
PC.I.A. J/67 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia
Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, registro:
2011785, publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
publicación: viernes 03 de junio de 2016 10:03 h, Materia(s):
(Administrativa), del rubro texto siguientes:
“CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
JA-0056/2016-III 84
DISTRITO FEDERAL. ESTÁ VINCULADO AL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD Y
DE LA INTERLOCUTORIA DEL RECURSO DE QUEJA
EN QUE SE LE CONDENÓ AL PAGO DE UNA
INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES QUE
CORRESPONDAN. Aun cuando de conformidad con los
artículos 53 a 55 de la Ley de Seguridad Pública, así como
36, 42, fracciones V y IX y 61, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Distrito
Federal, no se otorgan al Consejo de Honor y Justicia
materialmente las atribuciones legales de cuantificar y
pagar la indemnización y demás prestaciones a las que se
condenó en una sentencia de nulidad, en términos de lo
dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que está vinculado
a que no siga subsistiendo la omisión de cumplir con la
sentencia aludida y la interlocutoria del recurso de queja,
por lo que debe asegurarse que dichas determinaciones
se cumplan en sus términos por las autoridades que
deban realizar directa o materialmente el pago, en virtud
de haber sido la autoridad demandada y vencida en el
juicio de nulidad, para lo cual, debe agotar el uso de todos
los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y
sanciones que conforme a las disposiciones aplicables
pueda formular e imponer, para conseguir ese
cumplimiento.”
Finalmente, con fundamento en el artículo 283 del Código
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo,
se requiere a las autoridades demandadas para que en el plazo
de diez días hábiles siguientes a la notificación, informen a este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el
cumplimiento que den a la sentencia.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los
artículos 273, 274 y 278, fracciones II, del Código de Justicia
Administrativa del Estado es de resolverse y se
R E S U E L V E :
PRIMERO.-Este Órgano Jurisdiccional es competente para
conocer y resolver el presente juicio administrativo.
SEGUNDO.- De oficio, este órgano jurisdiccional, decreta
el sobreseimiento del presente juicio en relación a los actos
atribuidos a las autoridades demandadas Unidad de Asunto
Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán y al pasante jurista Daniel Rodríguez Cortes,
conforme al considerando tercero de la sentencia.
TERCERO.- El actor acreditó los hechos constitutivos de
la acción de nulidad y el primer concepto de violación analizado
es fundado.
En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana de la
baja de fecha quince de septiembre de dos mil quince, del cargo
que desempeñaba **********, como -elemento operativo-
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desempeñándose como Elemento de la Policía Estatal
Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán, contenida en el oficio **********, de veintidós de
octubre de dos mil quince, y que le fue notificado el veintiocho de
octubre de dos mil quince, glosada en la foja 17 de autos, y que
constituye el acto impugnado.
CUARTO.- Se condena a las autoridades demandadas al
pago de las prestaciones económicas, precisadas en esta
sentencia.
La presente sentencia tiene el alcance de eliminar los
registros del actor y se reconoce el derecho del actor a ser
incluido en el programa que al efecto implemente el Ejecutivo del
Estado a propuesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en
las condiciones precisadas en esta sentencia.
QUINTO.- No procede reinstalar al actor en el cargo que
desempeñaba.
SEXTO.- Notifíquese personalmente a la parte actora y
mediante oficio a las autoridades demandadas, y en su
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oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente
concluido y dese de baja del Libro de Registro de esta Sala.
Así lo resolvió la Sala del Tribunal de Justicia
Administrativa de Michoacán de Ocampo, en sesión del día
veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por unanimidad
de votos de los Magistrados GRISELDA LAGUNAS
VÁZQUEZ, Presidenta y Ponente, CONSUELO MURO
URISTA y ARTURO BUCIO IBARRA, ante la Maestra en
Derecho Araceli Pineda Salazar, Secretaria General de
Acuerdos, quien da fe.-
MAGISTRADA PRESIDENTA Y PONENTE
GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ.
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MAGISTRADO
ARTURO
BUCIO IBARRA.
MAGISTRADA
CONSUELO MURO
URISTA.
M. EN D. ARACELI PINEDA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.
La suscrita Maestra en Derecho Araceli Pineda Salazar, Secretaria General de Acuerdos,
hace constar que la presente foja forma parte íntegra de la Resolución pronunciada en el
expediente del Juicio Administrativo número JA-0056/2016-III, aprobada en sesión del día
veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos de los Magistrados
GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ, Presidenta y Ponente, CONSUELO MURO URISTA y
ARTURO BUCIO IBARRA; fallo que consta de cuarenta y cinco fojas y es del siguiente
tenor: “PRIMERO.-Este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el
presente juicio administrativo. SEGUNDO.- De oficio, este órgano jurisdiccional, decreta el
sobreseimiento del presente juicio en relación a los actos atribuidos a las autoridades
demandadas Unidad de Asunto Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Michoacán y al pasante jurista Daniel Rodríguez Cortes, conforme al considerando
tercero de la sentencia. TERCERO.- El actor acreditó los hechos constitutivos de la acción
de nulidad y el primer concepto de violación analizado es fundado. En consecuencia, se
declara la nulidad lisa y llana de la baja de fecha quince de septiembre de dos mil quince,
del cargo que desempeñaba **********, como -elemento operativo- desempeñándose como
Elemento de la Policía Estatal Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Michoacán, contenida en el oficio **********, de veintidós de octubre de dos mil quince,
y que le fue notificado el veintiocho de octubre de dos mil quince, glosada en la foja 17 de
autos, y que constituye el acto impugnado. CUARTO.- Se condena a las autoridades
demandadas al pago de las prestaciones económicas, precisadas en esta sentencia. La
presente sentencia tiene el alcance de eliminar los registros del actor y se reconoce el
derecho del actor a ser incluido en el programa que al efecto implemente el Ejecutivo del
Estado a propuesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en las condiciones
precisadas en esta sentencia. QUINTO.- No procede reinstalar al actor en el cargo que
desempeñaba. SEXTO.- Notifíquese personalmente a la parte actora y mediante oficio a
las autoridades demandadas, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto
totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de esta Sala.” Conste.-
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“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 97, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la
presente sentencia el nombre de la actora, de su apoderado, de los terceros interesados,
los números, tipo de signos distintivos en controversia, su denominación, diseño y los
servicios que protegen; información considerada legalmente como reservada, por
actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos
que emite la presente.”
