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Reflexiones a propósito del libro “Y Refundaron la Patria”
Francisco Gutiérrez Sanín1
Este libro tiene –al menos así lo leí—un doble objetivo. Primero, hacer un recuento
exhaustivo, tanto nacional como departamental, de penetración de la guerrilla (ELN y
FARC) y de los paramilitares, lo que se ha conocido en la prensa con el nombre de FARC‐
Eleno o parapolítica, en la vida pública y el estado. En particular, las monografías
regionales contenidas en el disco compacto adjunto ofrecen una visión, a la vez
panorámica y con un gran sentido del detalle, de la manera en que estos agentes lograron
establecer coaliciones subnacionales que tuvieron –y tienen—presencia en organismos de
seguridad y diversas agencias del estado, en los partidos, en el ejecutivo, en los cuerpos
colegiados, en la justicia. Una parte importante del análisis está concentrada en el intento
de entender la forma en que varía por grupo el modelo de penetración del estado y la
1 Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – Universidad Nacional de Colombia. Agradezco a Claudia López sus numerosos insumos, observaciones críticas y sugerencias, sin los cuales no hubiera podido terminar este texto.
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política. El capítulo de Arco Iris [Injerencia política de los grupos armados ilegales. Por Ariel
Avila, Corporación Nuevo Arco Iris] compara esos métodos usando dos recursos analíticos: 1.
Los principales “hitos históricos” que determinaron variaciones relevantes en la manera
de operar militar y políticamente de cada grupo, y 2. Desarrollando la hipótesis de que
tres factores explican dicha variación: a. La dimensión geográfica y poblacional de
operación del grupo armado ilegal, b. El capital social al que es capaz de conectarse o
construir; y c. Su visión y pretensiones políticas. El correlato de todo esto lo establece el
volumen principal, más teórico y general, con reflexiones sobre la manera en que los
grupos armados ilegales, muy especialmente los paramilitares (ya se verá por qué)
entraron en coaliciones y agencias de tipo nacional, estableciendo cabezas de puente
también allí.
Este ejercicio es tan necesario como alarmante. El equipo que está detrás de este libro –
entre quienes se encuentran los pioneros del descubrimiento de la penetración en gran
escala de los paramilitares en la política colombiana—ha recabado una documentación
impresionante, en la que queda de presente tanto la extensión como la profundidad del
avance paramilitar en el país. Queda un acervo documental invaluable para aquellos que
quieran comenzar a estudiar en serio la varianza regional de aquel avance, y en particular
la manera en que diferentes coaliciones establecidas se entrelazaron con los
paramilitares.
El ejercicio sugiere al lector que, primero, no hubo prácticamente rincón del país que
escapara al fenómeno, y segundo que este a la postre encarnó en un modelo de
gobernabilidad que combinaba oferta privada de coerción, captura de rentas, y cierres de
la vida pública (ya volveré sobre esto), alineamiento de intereses de diversos sectores de
las élites políticas y socio‐económicas y combinación de una apuesta verticalista y
autoritaria con una vigorosa movilidad social ascendente (asociados a la participación en
el narco y en el conflicto).
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No creo que haya nadie mejor capacitado para pintar tal paisaje que el equipo que
construyó este libro. La conclusión –o al menos esa es mi primera reacción—es
devastadora. El impacto de los paramilitares en la vida pública del país fue a la vez
simultáneo y profundo. Es claro que ha sobrevivido al desmonte de las Autodefensas
Unidas de Colombia y sus estructuras paralelas. Un fenómeno de esta naturaleza tiende a
ser persistente y de difícil erradicación. Quien esté en busca de fallas realmente serias del
proceso de reinserción comenzado en 2002, tiene aquí la que quizás sea la principal: la
ausencia total, apabullante, de un programa de saneamiento y reforma del estado. A
partir del supuesto de que bastaba con reincorporar a los miembros de las autodefensas,
dejando su suerte al futuro discurrir de los hechos, se perdió la oportunidad de poner la
casa en orden, dejando multitud de estructuras regionales de poder que tienen un pie en
la legalidad y otro fuera de ella. Una pesada herencia para el régimen político colombiano
en el futuro inmediato, que tendrá que lidiar con un estado severamente carcomido y con
sus cadenas de mando tronchadas por la convivencia permanente con grandes estructuras
ilegales.
Que el proceso de paz de 2002 haya tenido tales fallas geológicas no es casual. Los
parapolíticos fueron aceptados por derecho propio en la coalición que ha gobernado al
país desde 2002 hasta la fecha. Su presencia en el uribismo fue muy fuerte. Este libro
muestra que ocho de cada diez parapolíticos pertenecen a la coalición gubernamental. La
pregunta es cómo leer esto, y cómo conectarlo con los otros datos de que disponemos de
la evolución del sistema político colombiano.
Para atribuir un significado concreto al peso del paramilitarismo en el uribismo es
necesario atender al menos tres preguntas claves. La primera es la diferencia, en este
particular, entre el uribismo y las coaliciones de gobierno que lo precedieron. La
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penetración paramilitar, en efecto, no comenzó ayer. Desde la década de 1980 –como
establezco en mi libro (2007), fueron los baronatos liberales quienes encabezaron el
fenómeno, en Antioquia, el eje cafetero, la costa Caribe y el Valle, entre otros—actores
violentos legales e ilegales entraron en, o directamente crearon, alianzas regionales anti‐
subversivas. Aunque no hay cifras seguras sobre esto, la evidencia de que dispongo me
sugiere que sólo hasta 1995 –y eso, bajo fuerte presión de los Estados Unidos—no se
capturó ni se dio de baja a un solo paramilitar. Espero que alguien me desmienta. Pero si
esto es cierto, sugiere que la complicidad del estado colombiano con el fenómeno
paramilitar entre principios de la década de 1980 hasta finales de la de 1990 es
abrumadora, aplastante. Y no creo que proviniera de la unanimidad de la clase política –
entonces, como hoy, dividida alrededor de estos y muchos otros asuntos‐‐, sino de un
conjunto de códigos tácitos que parecen haber guiado el comportamiento de los
organismos de seguridad, minando por tanto líneas de mando y posibilidades reales de
acción por parte de una dirección civil ambivalente y que entonces, como hoy, tenía
apoyos en políticos‐criminales.
¿Cuáles son las innovaciones que aporta en este terreno el uribismo? Creo que
básicamente dos. La primera es que la entrada masiva de políticos vinculados a las
autodefensas en el nivel nacional de la política. El texto de Claudia López (“Refundación de
la patria”) muestra sin lugar a muchas dudas razonables que esto sucedió, y que en efecto
es nuevo. El proceso 8000, tanto por el número de congresistas encartados como por la
gravedad de las acusaciones, es una broma comparado con la parapolítica. Cierto, parte
de esta sensación de invasión masiva podría deberse a la mayor eficacia de la justicia
después de la constitución de 1991, que quizás se empezó a hacer notar con un rezago
temporal, pero el poder explicativo de esta variable no alcanza a cubrir el diferencial tan
grande entre la magnitud de los escándalos actuales y los precedentes. Hay que
reconocer, simple y llanamente, que no ha habido en estas décadas atormentadas ningún
grupo con mayor capacidad de penetración que los paramilitares: ni siquiera el cartel de
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Cali, que en su tiempo fue la agencia más organizada y más sistemática en la persecución
de sus objetivos.
Claro, la evidencia de que ocho de cada diez parapolíticos son uribistas todavía no es
suficiente. Y esto me lleva a la segunda pregunta. No basta con saber que la mayoría de
los parapolíticos son uribistas; es que la mayoría de los políticos, en general, lo son. Habría
que saber cuántos están afectados por fenómenos análogos en otras toldas. El problema
proviene de que para echar estas cuentas bien hay que tener siempre presente la tabla de
abajo. Es menester hacer cuatro conteos (parapolíticos uribistas, parapolíticos no
uribistas, no parapolíticos uribistas, no parapolíticos no uribistas), y no sólo uno. ¿Habrá o
no un diferencial que permita sacar una inferencia válida en una dirección o en otra?
La Tabla, con los cuatro conteos para el Senado de 2006, permite contestar a la pregunta.
Ella muestra la distribución de los senadores investigados o más (condenados) por
vínculos con grupos armados ilegales en 20062. Queremos evaluar dos hipótesis basados
en esa tabla. La primera es –informalmente—que no hay diferencias entre la bancada de
gobierno y las demás fuerzas políticas por el criterio de senadores investigados o más por
vínculos con cualquier grupo armado ilegal. La segunda es que no hay diferencias entre la
bancada de gobierno y las demás fuerzas políticas por el criterio de senadores
investigados o más por vínculos con los paramilitares3.
2 Hay que aclarar que no hay un solo senador condenado por Farc‐política. Si las acusaciones resultan no tener piso, las cuentas serían mucho más desfavorables para la bancada del actual gobierno. Aquí tomo en conjunto a investigados y condenados. 3 Indagar estas hipótesis es importante no sólo por la argumentación de arriba, sino porque en ocasiones, en medio del debate de la parapolítica, se ha sugerido que todas las fuerzas políticas tienen vínculo con los ilegales, sólo que cada una tiene a su actor predilecto. De alguna manera, los choques políticos serían una extensión de los armados. Como se ve, tal sugerencia es insostenible.
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Tabla4 ‐ Senadores investigados o condenados en 2006
Senadores encartados
(Para o FARC o eleno –
político)
Senadores
No encartados
Total
Uribista
Encartados: 35
(Farcpolítico: 0
Parapolíticos:35)
NO encartados: 35
70
No uribista
Encartados: 7
(Farcpolítico: 3,
Parapolítico: 4)
No encartados: 23
30
Total 42 58 100
El resultado es claro. Las diferencias entre la coalición uribista y las demás fuerzas son –
haciendo una sencilla prueba de Chi cuadrado—estadísticamente significativas; las
hipótesis de arriba se pueden rechazar. En el caso de la primera, con confianza del 5%, y
en el caso de la segunda con confianza del 1%5. Dicho de otra manera, la probabilidad de
obtener esas distribuciones si una y otra hipótesis fueran ciertas sería, respectivamente,
del 1 y el 5%. Habría que ver qué sucede en la cámara, cómo estaba la situación en el
2002, etc. Pero con la evidencia que se muestra aquí, se puede afirmar que el uribismo
4 Información proporcionada por Claudia López. 5 La prueba se realizó en Stata 11®.
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estaba más criminalizado, en general, y más paramilitarizado, en particular, que las demás
fuerzas políticas del país en 20066.
Esto me lleva a la tercera pregunta, y es sobre el papel de los parapolíticos en la coalición
actual, en contraste con las anteriores. Este gobierno entró en acuerdos más o menos
explícitos con los parapolíticos que lo respaldaban, algo que quedó refrendado con la
tristemente célebre declaración de “voten por mí mientras no estén en la cárcel”7. Hay
tantas evidencias al respecto –proporcionadas por el propio Uribe o su círculo más
cercano—que realmente lo que está en cuestión es si se trata de un asunto nuevo. Creo
que en esencia sí lo es. En los anteriores modelos, los políticos que tenían alguna relación
con los paramilitares podían alcanzar enorme influencia, pero estaban básicamente
restringidos al ámbito subnacional. Un libro ya clásico en nuestras ciencias sociales, el de
Leal y Dávila (1990) sobre clientelismo, contiene la que quizás sea la primera descripción
académica cuidadosa –lo que el buen Balzac llamaba “la fisiología”‐‐ de un parapolítico, y
allí encontramos alguien que mueve, sí, las cuerdas del poder local, pero también a un
provinciano consumado, que está en la posición receptora de la proverbial cadena de
mando. Este libro muestra que la situación ha cambiado cualitativamente. Los
parapolíticos son aún socios menores, pero participan tranquila y públicamente en las
decisiones nacionales. Claro, con el riesgo y la incertidumbre que típicamente atormentan
a esta clase de actores (la probabilidad de ser encarcelados o asesinados es alta).
La política de prebendas focalizadas a apoyos sociales específicos le permitió a Uribe
coordinar sus diversas fuentes de poder y alinear intereses disímiles, entre ellos los que
encarnaban los parapolíticos. Gracias a ello, estos lograron entrar en la dirección del DAS
6 Por supuesto, todo esto se podría afinar. Por ejemplo, podría ponerse como variable de control el origen territorial. Pero tales afinamientos, en este caso, e independientemente de su resultado, probablemente no estarían muy relacionados con el meollo del asunto. Por ejemplo, el uribismo sentó sus reales en determinados territorios no por casualidad –precisamente el punto de Acemoglu, Robinson y Santos (2009). 7 Cierto que esta declaración a la postre resultó más bien moderada. Siguieron votando por la coalición también desde la cárcel, como lo demostraron las parlamentarias de 2010.
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en donde, muy en la tónica de lo que presenta este libro, le hicieron el trabajo sucio a los
legales quienes, una vez descubierto el pastel, se lavaron las manos y pidieron enérgicas
condenas. Durante los ocho años de uribato, los parapolíticos también fueron una fuerza
real en el congreso. En un importante documento que no se ha valorado suficientemente
en el país, Acemoglu, Robinson y Santos (2009) mostraron que los políticos con votación
proveniente de zonas paramilitares se convirtieron en apoyos críticos del presidente en
algunos temas claves y controversiales.
Concluye Claudia López: “Esas nuevas mayorías partidistas, hacen parte de la coalición
política del Presidente Uribe y cogobiernan con él desde el 2002. La mayoría de sus
cabezas tiene investigaciones por vínculos con mafias de corrupción o crimen organizado y
unos quince han sido condenados. Aunque en la mayoría de departamentos, esos vínculos
tienen antecedentes que pueden rastrearse desde los años 80 ó 90 la impunidad
disciplinaria, fiscal y judicial ha sido la norma”.
En síntesis, es claro que en el debate sobre lo que sucedió en los últimos ocho años se
discuten tres cosas distintas:
1. Que los parapolíticos estén mejor representados en el uribismo que en otras
tendencias. Las evidencias disponibles (cualitativas y cuantitativas) muestran que
la respuesta es positiva. Más aún, hay un diferencial en el grado de criminalización,
en general.
2. Que la intensidad de la penetración paramilitar haya aumentado o disminuido en
2002. Comenzó mucho antes, y en algunas regiones y áreas posiblemente era más
fuerte que lo que es hoy. Además, había impunidad total. No creo que se pueda
negar razonablemente que el proceso de paz, al debilitar críticamente la estructura
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privada de coerción que fue el punto focal del fenómeno paramilitar, también
desarticuló algunos de sus goznes regionales y dio margen de maniobra a otros
actores –algunos de ellos también ilegales—para ocupar los espacios que
quedaban abiertos. La otra cara de la moneda es que el paramilitarismo de la
década de 1980 y 1990 era mucho más pequeño que el de 2002, y prácticamente
carecía de experiencia de gobierno (volveré sobre esto más abajo).
3. Que la parapolítica tenga una relación especial con el uribismo. Como se ha dicho
en varias ocasiones, esta relación especial no proviene del hecho de que haya una
complicidad judicial, aunque es difícil no leer varias de las agresiones a la justicia
como al menos iniciativas que favorecían indirectamente a los protagonistas de los
procesos contra la parapolítica. Siendo lo más caritativos posibles, podríamos
restringirnos al enunciado de la armonía pre‐establecida entre los intereses de la
coalición en general, y los de de su componente más criminalizado, en algunos
temas claves (como el de no “debilitar la gobernabilidad”, esto es, no socavar a
través de procesos judiciales las mayorías gubernamentales). Es claro que en las
regiones los parapolíticos tuvieron la capacidad de disponer de dinero a raudales y
de capacidad de coerción –a veces coordinada entre criminales y agencias del
estado—lo que les dio una ventaja enorme sobre sus competidores. El panorama
agregado que produjo esto se puede aprehender leyendo este libro, o el texto de
Acemoglu, Robinson y Santos (2009), entre otras referencias claves de la literatura.
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Pero el libro que el lector tiene entre las manos no sólo es un recuento‐evaluación de la
parapolítica. Es también, como suele decirse, un libro de tesis. Intenta evaluar un número
limitado de proposiciones, como por ejemplo la de Gibbon sobre los autoritarismos
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locales. Esta es una idea rica y sugerente, que ameritaría un análisis aparte8. Me centraré
en este prólogo, empero, en la interesante proposición del reconocido investigador Luis
Jorge Garay sobre la “captura cooptada del estado”, que juega un papel central a lo largo
del libro.
La proposición parte de una definición “convencional”, a la que agrega un elemento
adicional. La parte convencional es la siguiente: “La Captura del Estado usualmente se
define como la intervención de individuos, grupos o firmas legales en la formulación de
leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas, para obtener beneficios propios y
perdurables especialmente de índole económica y que, por supuesto, van en detrimento
del interés general” (Garay, Salcedo Albarán y Guerrero, s.f.: 5). Sin embargo, se produce
el proverbial salto cualitativo cuando se pasa de sobornos aislados a una intervención
sistémica, es decir, estable y en gran escala. Esta es la captura cooptada del estado.
El equipo de Arco Iris ha evaluado este concepto desarrollado por Garay, divergiendo de
sus conclusiones en dos importantes sentidos. Primero, en algunas ocasiones no se
encuentra mucha evidencia del carácter sistémico de la penetración paramilitar. Es decir,
pese a su amplitud y profundidad en algunos escenarios, su real impacto –al menos en los
nacionales‐‐ está todavía por verse. Por ejemplo, Ungar se pregunta si hubo una bancada
de parapolíticos, que hubieran actuado de consuno para promover los intereses de sus
financiadores ilegales. La respuesta es negativa. En el terreno del aparato de justicia, las
cosas son más complicadas. El cuidadoso análisis desarrollado por Mauricio García Villegas
y Javier Revelo muestra que allí los múltiples pesos y contrapesos funcionaron bastante
8 Mi posición frente a esta conceptualización es ambivalente, así que mientras no aclare mis ideas no puedo analizarla. He aquí mi primera reacción: Encuentro que da muchas claves explicativas. Sin embargo, hay cierto desfase entre la descripción que dan tanto este libro como otros textos, y la noción de “autoritarismos locales”. Pues en la creación del fenómeno paramilitar hubo agencias nacionales (sobre todo pero no únicamente de seguridad) que jugaron un papel central. Hay una tensión dinámica entre lo local y lo nacional que atraviesa toda la trayectoria del paramilitarismo, y no estoy muy seguro de cómo aprehenderla.
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bien, incluso cuando el gobierno hubiera podido poner en casi todos los ámbitos y
posiciones estratégicas fichas suyas. Segundo, se sugiere que la cooptación fue invertida.
Es decir, no fueron los ilegales los que sedujeron e instrumentaron a los legales, sino al
revés. Mientras los unos perdían la libertad y a veces la vida, los otros se las arreglaban
para permanecer.
Por su doble naturaleza, de descripción cuidadosa, apoyado en un trabajo enorme de
recolección y sistematización de información, del que es sin duda uno de los principales
fenómenos sociales y políticos de la década –la parapolítica—y de intento de evaluación
de una importante proposición sobre la naturaleza de nuestro estado, este libro
constituye un aporte invaluable y tiene el potencial de convertirse en un referente para el
debate y el análisis. En las apresuradas notas que siguen, propondré algunos temas que
me parecen particularmente relevantes para debates futuros. En la próxima sección, me
concentro en las diferencias entre los distintos grupos ilegales con respecto de su
capacidad de penetración del sistema político. ¿En qué se parecen y se diferencian la Farc‐
política y la parapolítica? El libro ofrece unas respuestas, pero creo que falta aún
involucrar una dimensión clave, la estratégica. Después, me pregunto qué interpretación
puede darse al fenómeno paramilitar a la luz de la evidencia planteada en el texto.
Enseguida, examino algunos aspectos del debate de captura cooptada del estado y la
naturaleza invertida de la toma del aparato del estado. Termino planteando algunos
temas relativos al tratamiento de los datos. Estas, obviamente, son sólo algunas ventanas
de entrada a un libro que ofrece una enorme masa de evidencias y preguntas para pensar
y discutir el país.
1. Diferencias “estratégicas” entre paramilitares y guerrilla
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En casi todos los capítulos del libro que el lector tiene entre sus manos, se parte del
supuesto de que la parapolítica y la FARC o la ELN‐política son fenómenos análogos,
diferenciados básicamente por las dinámicas sociales en los que están involucrados
(construcción de capital social, etc.). Bueno, en ciertos sentidos lo son, pero en otros muy
fundamentales no.
Claro, todos los grupos ilegales –la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, y las
distintas intersecciones entre ellos‐‐ han penetrado al Estado en distintos niveles. Hay
célebres anécdotas que podrían ilustrar el punto. ¿No terminó Gustavo Ñungo, el famoso
fiscal rigorista que en un consejo de guerra aseveró que era mejor condenar a un inocente
que dejar libre a un culpable, encartado por venderle armas a los insurgentes? Dirigentes
del ELN, sin apercibirse de la brutalidad de su discurso, se entusiasmaron con el hecho de
que una combinación de amenazas y expectativas materiales les permitiría someter a los
alcaldes a su voluntad*. Los ejemplos podrían multiplicarse, y en este libro se encuentran
otros tantos.
La investigación sistemática –ver distintos capítulos de este libro, también Peñate, 1998 y
Gutiérrez, 2008—ha mostrado igualmente qué tanto logró la guerrilla poner a su servicio
jirones del estado. Sobre el particular, se pueden hacer al menos cuatro aseveraciones.
Primero, prácticamente todos los grupos insurgentes intentaron tener acceso al estado,
de distintas maneras y por diferentes caminos. Esta fue una estrategia bastante
consciente y explícita. Hablaban con potenciales aliados dentro de partidos grandes y
pequeños, viejos y nuevos, buscaban tener presencia en la movilización social, y
empezaron a distinguir –creo que de la mano del M19—entre políticos y funcionarios
malos y no tan malos, lo que es cognitivamente el paso inmediatamente precedente al
intento de tratar de establecer una red de alianzas dentro del sistema. Segundo, en
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muchos sentidos los ladrillos con los que la insurgencia construyó su influencia social
provenían del estado. Buscaron entrar en las Juntas de Acción Comunal, la asociación
popular más grande del país, e instrumentar a diversas agencias, sobre todo a aquellas
que tenían interfaz directa con el campesinado. Tercero, fueron los guerrilleros –
aprovechando las ventanas de oportunidad que les abrió la descentralización—quienes
idearon la tecnología de presionar a los alcaldes y a la burocracia municipal para obtener
cosas: rentas, pero también objetivos políticos o estratégicos (que no se construyera un
puesto de policía, o incluso que no se llevara la telefonía al pueblo, que se favoreciera a
sectores donde creían tener influencia, etc.). La guerra municipalista fue un invento de la
subversión, que los paramilitares recogieron y perfeccionaron. Cuarto, la guerrilla
efectivamente logró muchos de sus propósitos. Multitud de evidencias muestran cómo las
FARC y el ELN lograron establecer vínculos de distinta naturaleza con alcaldes,
funcionarios e incluso gobernadores. Obviamente, al desarrollarse la guerra todo esto se
combinó más y más con la participación del narcotráfico y con estrategias de terror
orientadas contra los dirigentes que no se sometían. Todavía está por escribir la historia
de esta brutal violencia cuyos blancos han sido sobre todo líderes municipales. Decenas y
cientos de concejales, por ejemplo, han sido asesinados por las FARC, en medio del
silencio sepulcral de la opinión pública. ¿Es que de pronto se cree que no es tan malo
matar políticos?
Esto nos lleva a consideraciones normativas, en las que Arco Iris es bastante claro,
llegando a la conclusión de que tanto guerrilleros como paramilitares han sido “muy
cobardes”. Muy cierto, y muy oportuno decirlo. Pero la caracterización normativa no tiene
una traducción analítica directa. Ambos pueden ser muy cobardes, pero estar en
posiciones muy distintas con respecto de las dinámica sociales y militares del conflicto.
Dicho de la manera más simple posible: el lugar de las FARC tanto en el marco del
conflicto como en el social e institucional es completamente distinto al de los
paramilitares. Véanse al menos las siguientes tres consideraciones:
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a. El principio estratégico básico –en realidad, la condición de supervivencia—de una
guerrilla es su capacidad de sacrificar territorio para salvar combatientes. En
presencia de un enemigo superior en número, capacidad tecnológica y
entrenamiento, la guerrilla se retira, confiando en su movilidad y –al menos en los
textos clásicos9 sobre el tema‐‐ en el apoyo de sectores de la población (ver por
ejemplo Mao, 1960; Taber, 1965)10. En un conflicto prolongado, esto genera un
incesante ir y venir entre los insurgentes y la fuerza pública, en el que todos los
territorios en disputa cambian de manos frecuentemente. Esto inhabilita
completamente a la guerrilla para cumplir con decoro una de las funciones básicas
que permiten la construcción de dominios territoriales viables, la de la protección.
Mientras no logren pasar a un estadio superior del conflicto, los guerrilleros son
pésimos protectores: son ellos quienes necesitan ser protegidos. Por simples
razones estratégicas, la guerrilla no puede construir modalidades de control
territorial estables siquiera análogas a las descritas y estudiadas en la mayor parte
de este libro.
b. Las relaciones de la guerrilla con las élites locales es más tensa y difícil que la de los
paramilitares. Es verdad que estos últimos pueden convertirse en guardias
pretorianas, por ejemplo de los ganaderos –Castro Caicedo, 1996‐‐, y hay varios
casos en los que terminan amenazando e incluso despojando a aquellos que en
principio los invitaron (Semana, 2004). Y –aunque este tema no ha sido estudiado
aún en detalle—es posible que parte del enorme despojo de tierras que ha tenido
lugar en el país en las últimas décadas11 signifique una sustitución de los antiguos
ricos rurales por otros nuevos, aupados por las dinámicas del conflicto y la
ilegalidad, y con el poder suficiente como para sacar a los antiguos propietarios a 9 Aunque no necesariamente en los hechos, al menos en el caso colombiano. 10 Una de las razones por las que el M19 fue un fracaso militar fue que no siempre se atuvo a este principio, recibiendo aparatosos golpes. 11 La parte principal corresponde a una gigantesca contra‐reforma agraria, que –vale la pena recordarlo‐‐ no ha tenido la más mínima compensación por parte del estado.
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través de la violencia, la compra coercitiva, o la simple hostilización continua. Sin
embargo, como lo han declarado sistemáticamente los líderes paramilitares, parte
de su razón de ser es la defensa de la propiedad, sobre todo la rural, contra la
guerrilla pero también contra cualquier forma de protesta y ciertamente contra
muchas modalidades de presencia y regulación del estado. El dominio paramilitar
está íntimamente articulado a esto. Los paramilitares son a la vez propietarios,
vigilantes y proveedores de seguridad para amplias capas de propietarios rurales,
que coordinan y controlan de diversas maneras. Estas ya no son ciertamente
“conversaciones entre caballeros” (Wilde, 1982). Hay trago, música a todo
volumen, a veces bala, en la interacción entre estas gentes, que en todo caso no
son tan caballeros. Pero hay un vínculo estructural, una vez más reconocido y
subrayado explícitamente por cantidad de dirigentes (Aranguren, 2001). Con la
guerrilla las cosas son a otro precio. No es tan infrecuente ver en las regiones a las
FARC disparando contra abigeos y también contra líderes sociales que incomodan
a terratenientes que pagan cumplidamente su vacuna. Pero la vacuna es alta, las
reglas de juego no son claras, y la ideología es hostil. Más aún, los guerrilleros no
pueden ofrecer un vínculo con el estado central como sí pudieron hacerlo los
paramilitares de la década de 1990 en adelante12. En la medida en que las FARC
constituyen una estructura altamente centralizada –al menos en comparación con
los paramilitares, ciertamente también con el ELN‐‐, las demandas financieras
globales sobre la organización juegan un papel clave que no tiene análogo en los
grupos de autodefensa, cuya estructura es mucho más de red que de ejército. Lo
que ganan los guerrilleros en sistematicidad y planeación, empero, lo pierden en
flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones locales. Así, parte de la
rebelión paramilitar y anti‐guerrillera del Magdalena Medio en la década de 1980
fue producida por la brusca alza en las cuotas que cobraba el Frente 37 a
ganaderos y terratenientes, debido a exigencias financieras provenientes del
12 Los de la década de 1980 todavía están muy enquistados en sus experiencias locales.
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secretariado13. No hablemos ya de las condiciones ofrecidas por la guerrilla y los
paramilitares para la inversión de capital en sus respectivas zonas de influencia.
c. Las formas en que la guerrilla y los paramilitares se relacionan con las agencias del
estado también es muy diferente. Los guerrilleros han sido capaces de interactuar
con los escalones inferiores de la burocracia. Los antiguos territorios nacionales
podrían ser la excepción, pues allí aparentemente han tenido influencia sobre, y
negocios con al menos un gobernador (en Arauca), pero en esos territorios el
estado es un recién llegado, y apenas hay aparato burocrático e infraestructura. En
las regiones prósperas, donde hay estado y mercado, burocracia y capitalismo de
verdad, las cosas son a otro precio. La guerrilla no está interesada en la presencia
material del estado, y tampoco de la inversión, mientras que los paramilitares sí, al
menos mientras que puedan mantenerlos bajo su control.
En síntesis. De manera estratégica –es decir, por las razones militares básicas que le
permiten sobrevivir—la guerrilla debe ser protegida, no proteger14. Sus dominios son
relativamente inestables, y en cuanto haya un ataque en escala significativa por parte del
estado, los guerrilleros deben procurar preservar combatientes a cambio de sacrificar
territorio15. Aunque tienen una relación compleja con las élites económicas rurales, que
definitivamente no está signada sólo por la confrontación, a menudo las agreden y
expropian, de manera mucho más frecuente y amenazante que los paramilitares. Las FARC
son una estructura con cadenas de mando y órdenes efectivas provenientes del centro –
aunque este aspecto puede haberse debilitado en los últimos años‐‐, que pueden entrar
en contradicción con los modos y usos de territorios que están bajo su influencia. Los
13 Ver Medina Gallego, 1990. Para un análisis de estas dinámicas, Gutiérrez, 2008. 14 Claro, pueden establecer redes de extorsión y protección locales, pero ellas están puntuadas por súbitos éxodos de los guerrilleros apenas sea necesario. Más aún, los guerrilleros necesitan que la población no provea información al ejército. Esto lo cambia todo. 15 A propósito, la reivindicación guerrillera, según la cual tenía dominio estable sobre una alta porción del territorio nacional, nunca fue demasiado verosímil. Esos dominios guerrilleros eran porosos, y en muchos casos subsidiarios de la presencia estatal.
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grandes proyectos de inversión en los que se involucraron los paramilitares en su último
período no tienen un correlato en la guerrilla. Por todas estas razones, la parapolítica y la
FARC política son dos cosas muy distintas, en términos de dinámicas sociales expresadas
en el fenómeno, de magnitud, de potencial de penetración del estado, y de prácticas
concretas.
2. Las dificultades para la penetración del estado
En el capítulo “La Refundación de la Patria”. De la teoría a la evidencia. Por Claudia López, se
hace la siguiente afirmación: “Con esos insumos, Arco Iris demuestra que el carácter
contrainsurgente del paramilitarismo no sólo fue más fachada que realidad sino que fue
poco efectivo como instrumento de derrota militar de la guerrilla, con algunas
excepciones. También que el carácter social y revolucionario de la guerrilla es más mito
que realidad. Los narcoparamilitares fueron muy eficaces para masacrar y desplazar civiles
inermes, pero débiles para enfrentar a los combatientes de la guerrilla. En ambos casos
muy cobardes. Lo mismo ocurre con la guerrilla, fue eficaz para secuestrar y asesinar
políticos y civiles, para tomarse pueblos y hacer minado, pero incapaz de repeler la
avanzada paramilitar y defender la población campesina que decía representar. El gran
crecimiento de la guerrilla en los 90 desbordó su propia organización y disciplina interna y
el narcotráfico transformó completamente sus propósitos y accionar. De igual forma, las
autodefensas contrainsurgentes desaparecieron en los años 80 dando paso al
narcoparamilitarismo”. Tal aserto se expresa de diversas formas en otras partes del libro.
Esta conclusión me parece equivocada, por varias razones. Primero, no encuentro por
ninguna parte la demostración de la que se habla. El libro es un recuento –rico en detalles,
a veces asombroso, a veces simplemente aterrador—de la forma en que los paramilitares
lograron apoderarse de una porción sustancial de la vida pública. Decir que los
18
paramilitares construyeron amplias redes políticas e hicieron negocios fantásticos a lo
largo de estos años no tiene por qué implicar que su “carácter contra‐insurgente” haya
sido “una fachada”. ¿Por qué habría de serlo? Para aseverar esto, se necesitaría saber si:
a. En los territorios bajo influencia o dominación paramilitar la guerrilla siguió
actuando con la misma intensidad con la que actuó en otros territorios. No puedo
ofrecer evidencia sistemática en una dirección o en otra, ni conozco muchos
trabajos que se hayan puesto en la tarea de analizar el problema. Pero lo que
conozco que haya sido publicado tanto en la prensa como en la academia, sugiere
de manera más bien abrumadora que en realidad ocurrió todo lo contrario. Los
guerrilleros fueron expulsados de los territorios en los que ganaron los
paramilitares (Puerto Boyacá, Urabá, etc.). De hecho, estas experiencias tempranas
de “limpieza” –el lúgubre nombre que le daban los paramilitares a la operación—
alentaron a muchos sectores a tratar de imitarlas. Fue precisamente el éxito anti‐
insurgente lo que le dio más atractivo a la experiencia, y lo que impulsó su
expansión descentralizada.
b. En los territorios bajo dominación paramilitar la oposición legal tuvo la misma
libertad para actuar que en otras partes. Una vez más, la evidencia habla
abrumadoramente en la dirección contraria (habría que comenzar con el politicidio
de la UP, etc.)
Queda en pie la ineficacia de los paramilitares. Una vez más, estamos en territorio más
bien desconocido. En principio la aserción podría ser aceptable. Los paramilitares no
fueron muy tan exitosos en su combate con la guerrilla, o al menos con las FARC (me
parece que tuvieron mucha más fortuna en su lucha contra el ELN). Sin embargo, queda el
hecho de que la pudieron sacar de muchos territorios. ¿Cómo se explica esto? Por la
19
naturaleza de las autodefensas16. En la lucha contra las guerrillas, éstas estaban
funcionalmente más cerca de una policía (control, orden interno) que de un ejército (lucha
directa con el enemigo). Esto es un poco esquemático, claro. En muchos casos, los
paramilitares participaron en batallas campales –de pronto con más frecuencia entre ellos
mismos que con la guerrilla‐‐. Pero de lo que sabemos por expedientes judiciales y por
declaraciones de reinsertados, con mucha frecuencia coordinaban acciones con agencias
de seguridad del estado, lo que permitía a ambos solucionar sus propios problemas. Con
tal coordinación, a veces tácita a veces explícita, las agencias estatales resolvían el de
movilidad (antes de los paramilitares hacían retroceder a la guerrilla, pero apenas se iban
ella volvía). Aquellas (las autodefensas) resolvían a su vez el del poder de fuego. Los
paramilitares estuvieron muy concentrados en el control interno, en la represión, en la
“limpieza” –en su macabro lenguaje‐‐ mientras que las agencias estatales les
proporcionaban un anillo de seguridad para completarla. En este sentido operaciones
como la toma de Barrancabermeja parecen haber sido ejemplares, casi de manual.
Esto explicaría cómodamente porqué pese a la obvia falta de estructura vertical de las
autodefensas –el sueño de Carlos Castaño de construir un ejército antisubversivo
fracasó—estas hayan tenido un fuerte efecto anti‐insurgente. El lector me perdonará que
insista en lo obvio: no sólo contra‐insurgente. Pues todas las coaliciones anti‐subversivas
descritas en este libro, construidas a través de la interacción entre paramilitares y
políticos, se apoyaron en el derecho de asesinar opositores, líderes sociales, o
simplemente gente incómoda o ruidosa. Lejos de haber abandonado la posición anti‐
insurgente, dichas coaliciones promovieron además un fuerte cierre político, que
identificaba posiciones críticas con posiciones pro‐guerrilleras (cierre que, por cierto, no
se limitó al ámbito de lo local). Creo que, una vez más, hay mucha evidencia para
sustentar esta afirmación.
16 En este prólogo tomo autodefensas como sinónimo de paramilitares. En Colombia, no veo la diferencia entre unos y otros, aunque estoy consciente de que ella se ha tratado de establecer.
20
Ese papel paramilitar de fuerza volcada al control interno no sólo explica la aparente
contradicción entre la pobreza organizacional por parte de las autodefensas y su
capacidad de expulsar efectivamente a las guerrillas de amplios territorios. También
explica muchas cosas más, comenzando por la forma diferencial en que fueron golpeados
el ELN y las FARC. El ELN se concibió como un “pez en el agua”, dándole mucha
importancia a sus apoyos sociales (Aguilera, 2006). Destruir a estos significaba asestarle
un golpe mortal. Las FARC eran, y son, mucho más una máquina militar, que podía
reagruparse en caso de que tuviera que salir corriendo de alguna parte.
Ahora bien, es claro que una vez consolidado el orden interno, la agencia de coerción
privada tenía muchos otros usos. Extorsión, control de negocios ilegales, apoyo a
funciones de gobierno, son algunos de los elementos visibles de un menú muy amplio.
Pero vale la pena insistir en que esa agencia –como otras—podía hacer muchas cosas a la
vez. La suma de actividades económicas y políticas no tiene por qué equivaler a una
constante17. Los agentes ilegales cuidan de sus intereses, tanto como los legales. Por eso
es que –a partir de cierto umbral—tienen que ocuparse también de las instituciones, de su
diseño y funcionamiento. Para hacerlo se apoyan en ideas y en intuiciones políticas.
Ciertamente, en el caso de los paramilitares y la coalición que ellos encarnaron, esas ideas
se pueden rastrear. De hecho, desde el principio sabían que para tener éxito tenían que
hacer política. Léase el periódico Puerto Rojo para ver si no. Eso no les impedía hacer
magníficos negocios, con el plus de que tenían la capacidad de matar a quien se les
opusiera –matarlo argumentando motivos políticos, lo que no era igual que un simple
ajuste de cuentas. Claro, al principio quisieron hacer política con y desde los partidos
tradicionales –Pablo Guarín es liberal apasionado; Castaño, todavía en el 2001, declara a
17 Creo que uno de los más grandes males que hicieron Collier y sus muchachos fue precisamente operar bajo el supuesto (implícito) de que una organización podía ser o económica o política, pero no ambas. Nada en la historia política o militar justifica ese supuesto.
21
un periodista ventrílocuo que es laureanista convencido‐‐, pero después descubren otras
cosas. Pero todo esto me lleva a la próxima sección.
3. Captura cooptada del estado
La descripción y análisis sobre la parapolítica que se hacen en este libro son
extremadamente fuertes. Me parece, en cambio, que el debate sobre la proposición de
captura cooptada del estado deja varios cabos sueltos.
La proposición misma me parece problemática. La definición que sirve de base al
concepto es la siguiente: “La Captura del Estado (CdE) usualmente se define como la
intervención de individuos, grupos o firmas legales en la formulación de leyes, decretos,
regulaciones y políticas públicas, para obtener beneficios propios y perdurables
especialmente de índole económica y que, por supuesto, van en detrimento del interés
general”. Los desarrollos ulteriores –participación de grupos ilegales, que es una
especificidad colombiana; corrupción sistémica, etc.— parten de allí.
Las diferencias entre el concepto clásico y el de Garay son: 1. los agentes captores no sólo
son privados sino ilegales. 2. Los intereses de la captura no son sólo particulares sino
ilegales (impunidad por ejemplo) e ilegítimos (contrarios al interés general) y 3. Los
intereses de la captura no son sólo ventajas económicas, sino sobre todo reducción de la
exposición penal y búsqueda de legitimidad política y social. Si esos procesos de captura
se dan de manera sistémica y sostenida, se puede llegar a la Reconfiguración Cooptada: es
decir, a cambiar el régimen legal y político (La Constitución, las leyes, el sistema partidista)
22
desde adentro (del Estado), de manera consecuente con los intereses de los actores
ilegales captores y sus intereses económicos, penales, políticos y sociales.18
Estos ajustes al concepto de captura del estado son un acercamiento efectivo a la realidad
colombiana, y permiten evaluarla desde una perspectiva conceptual que dialoga con
diversas literaturas (por ejemplo, la economía del crimen). Sin embargo, la formulación
aún me parece demasiado amplia, y basada en términos que son difíciles de definir con
claridad (como interés general). Supóngase que en Colombia se desarrollara un partido
obrero (PO) que tuviera éxito, y que subiera impuestos, salarios y prestaciones sociales
hasta tal punto que pusiera en peligro la inversión. En principio, esto cabría dentro de la
noción de captura del estado tal como se formula arriba. Los políticos del partido estarían
buscando beneficios para el PO, y ciertamente estarían favoreciendo a un grupo a costa
del interés general (y de las generaciones futuras). Cierto, no sería aún captura cooptada,
pero es fácil ver cómo se puede llegar a situaciones límite, muy parecidas a la captura
18 Véase también: “Usualmente, la Captura del Estado se define como un tipo de corrupción en el que agentes privados legales intervienen durante la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas, con el propósito básico de obtener beneficio económico para su propio provecho particular egoísta. No obstante, en Estados de Derecho en proceso de consolidación, puede haber actores legales e ilegales interesados en interferir en la conducción del Estado al nivel de diversos órganos e instancias del poder público, y en los órdenes nacional y/o regional y local. Esta intervención se adelanta mediante procedimientos variados, más allá del mero soborno, con el propósito de obtener beneficios particulares egoístas y a costa del bienestar general, que exceden la esfera económica, como obtención de impunidad. Este trabajo es una exploración conceptual para complejizar el concepto tradicional de Captura del Estado, de manera que sea útil para entender y predecir escenarios más avanzados como los de reconfiguración cooptada del Estado en los que intervienen actores tanto legales como ilegales en la búsqueda de realizar sus intereses particulares, contraviniendo el bienestar general: intereses egoístas de muy diversa índole que van desde los propiamente económicos hasta los políticos y los del poder territorial. El examen de los procedimientos y etapas de la captura del Estado, que inicia con la captura económica, lleva al análisis de formas más complejas y sofisticadas de captura. Se denomina a la etapa de mayor complejidad como Reconfiguración Cooptada del Estado” ((Garay, Salcedo Albarán y Guerrero, s.f.: 2).
23
cooptada pero que no guardan mucha relación con lo que se está viviendo hoy en
Colombia (y que en buena parte es lo que se quiere representar). En Mozambique, por
ejemplo, un partido en el poder (el FRELIMO) ha reajustado a la institucionalidad con
diversos desenlaces, uno de ellos siendo el usufructo de las reformas a favor de la élite
partidista19. El FRELIMO solía ser una guerrilla ilegal (lo mismo que la oposición, el
RENAMO, comenzó como un grupo contra‐insurgente). Ha cambiado el sistema en
consonancia con sus intereses económicos, políticos y penales. ¿Reconfiguración
cooptada?
No sé, pero es algo muy distinto al fenómeno de la parapolítica. Creo que para corregir estos problemas habría que focalizar en algunos eslabones débiles, siendo el principal el de interés general. La idea de que el estado encarna el interés general es tanto incompleta como ambigua; en particular, para los países periféricos ella esconde las múltiples maneras en las que el interés particular puede articularse con diseños institucionales específicos. Teóricos del estado como Evans, por ejemplo, han mostrado de manera contundente cómo los procesos de desarrollo acelerado de la segunda posguerra se caracterizaron por una fuerte imbricación entre agencias estatales y redes privadas (1989). El capitalismo exitoso del mundo subdesarrollado en la segunda posguerra fue particularista por diseño. Esto puede ser objeto o no de crítica –analítica o moral—pero el hecho es que la noción de particularismo en el contexto de procesos de desarrollo esconde experiencias, desenlaces y prácticas muy diferentes entre sí. La especificidad no reside en la existencia de redes particularistas articuladas al estado, sino en su naturaleza (de las redes, y de la articulación). De hecho, un ensayo de este libro (El papel de los políticos a partir de las armas y las drogas. Por Gustavo Duncan), va más allá, y sugiere que los ilegales de hoy serán los legales de mañana. En esa perspectiva de más largo plazo, ¿dónde está el drama? Cierto que en este terreno me siento mucho más cerca de Garay que de Duncan, pero aún así no basta con enunciar que un estado cooptado es uno en donde se intenta privilegiar el interés particular sobre el general. Esta práctica es característica de muchos estados20, incluyendo los genuinamente desarrollistas, y si (como
19 Otros son un crecimiento económico espectacular, y una modernización que –aunque no muy estética, como no suelen serlo las modernizaciones—es bastante vigorosa. 20 En propiedad, de todos, aunque se puedan establecer categorías en donde hay diferencias cualitativas desde el punto de vista del grado de particularismo. El punto de partida hobbesiano es el siguiente: las reglas pueden estar sesgadas, pero es mejor para todos tenerlas que no tenerlas. El hecho de que el estado encarne a la vez la existencia de reglas (interés general) así como sesgos sistémicos (interés particular) le da
24
a mí) la idea de que un Macaco pueda contribuir al desarrollo acelerado produce al lector una sonrisa más bien amarga21, esto le revelará que el problema no es tanto el contraste entre interés general e interés particular –sobre cuya potencia analítica tengo dudas—sino la caracterización de estos particularismos en el conjunto de la estructura de la sociedad.
No quiero sugerir en lo más mínimo que la definición sea totalmente errónea o
irrelevante. Que es útil lo demuestra el valioso debate que tiene lugar en este libro. Pero
creo que el concepto de la captura cooptada del estado por un lado incluye demasiado –
políticas particularistas en general, algunas de las cuales han aparecido históricamente en
diversos proceso de desarrollo, con muy diferentes desenlaces—y por otro demasiado
poco –el problema de las agencias de seguridad debería estar en el centro de atención del
análisis de capturas del estado en el que están involucrados grupos armados ilegales,
como es el caso colombiano‐‐.
Pero también tengo reservas con la crítica. El trabajo de Ungar es muy interesante, y creo
que será difícil refutarlo; plantea por tanto muchas preguntas. ¿Por qué, siendo los
parapolíticos tan corruptos y encarnando tantos intereses inmediatos, no actuaron como
una bancada criminal, como hubiera sido de temer? Más que ausencia de captura, aquí
hay problemas de acción colectiva y contractuales. Para la oleada inmediatamente previa
de penetración de grupos criminales en el estado colombiano –la que estuvo asociada al
proceso 8.000—yo hice un análisis parecido, y hallé lo mismo con lo que se topa Ungar
(Gutiérrez, 2007 a). Para ponerlo en la jerga del bajo mundo, los políticos han actuado
como “faltones” frente a los criminales. Pese al enorme poder de intimidación de estos –y
al hecho de que no pocas veces hubieran puesto en práctica sus amenazas‐‐, no tenían la
capacidad de controlar a aquellos. Primero, los criminales tenían serios problemas de su carácter ambiguo y complejo a todo el asunto, mucho más complicado que lo que podrían sugerir análisis como los que produce el Banco Mundial o Transparencia Internacional. Para un estupendo estudio, ya viejo, en el que el foco de atención está centrado en los diversos juegos entre lo general y particular en una economía moderna, ver Przeworski (1986). 21 Aunque ver las reservas de Duncan, cuyo énfasis es que el narco de hoy podría llegar a ser el empresario de mañana.
25
acción colectiva. Son un mundo muy fragmentado e inestable, en donde hay una
obsolescencia terriblemente rápida del material humano, si se me permite este giro
brutal. Valdría la pena contabilizar la vida útil promedio de un narco; no ha de ser muy
larga. Los criminales están en permanente disputa entre sí. Además, su relación
contractual con los políticos no es transparente. Los criminales no sólo tienen encima los
problemas agente‐principal de un empresario común y corriente que contrata a alguien
para que le haga un trabajo. Necesitan además que la sociedad no pueda identificar a los
agentes como contratistas suyos. Como el político tiene incentivos muy fuertes para
remolonear –para minimizar su riesgo—eso hace difícil el control y permite a aquellos un
buen margen de maniobra (para los detalles del análisis ver Gutiérrez, 2007).
Eso parecería dar pábulo a la tesis de “captura invertida”, pero no estoy muy seguro de
que la cláusula se pueda aplicar con éxito. No es que dude que los políticos hayan usado a
los paras, o los legales a los ilegales: eso está demostrado por muchas fuentes, entre ellas
–y con mucha elocuencia—por este libro. Es que la expresión resuelve algunos problemas,
pero plantea otros nuevos. Los políticos quieren maximizar su probabilidad de éxito
electoral, y para eso se apoyan en paras y en narcos. Pero la evidencia proporcionada aquí
muestra que la relación es difícil de lado y lado. Los criminales tienen un recurso de poder
invaluable, que son sus –llamados por la prensa—ejércitos privados. Por consiguiente,
disponen privadamente del poder de coerción, que pueden vender, pero también usar
contra socios y contratistas (esta clase de uso, de hecho, es casi cotidiano). Como dicen
varios autores en este libro, los paramilitares han gozado de un margen amplio de
autonomía. Aunque fueron tolerados, financiados y apoyados por muchas fuerzas que
formalmente estaban dentro de la legalidad –agencias del estado, empresarios, también
organizaciones de trabajadores y vecinos, etc.—no se convirtieron en títere de ninguno.
Más bien se fueron transformando en una red con múltiples ramificaciones, en la que la
posibilidad de ofrecer la coerción dio un estatus especial a los paramilitares. Uno de los
resultados notables del estudio sobre redes sociales vinculadas al paramilitarismo de
26
Garay y asociados –es el hecho de que un paramilitar ocupe un lugar de gran centralidad22
en la red de Casanare.
Claro: es que cuando se habla de captura del estado se está haciendo referencia a un
fenómeno muy concreto: el hecho de poner la regulación estatal al servicio de un grupo
particular. “Captura invertida” se refiere a otra cosa distinta; es, por decirlo así, un
concepto que se halla en otro nivel de resolución. A los paramilitares se les utiliza, en rigor
no se les captura, pues no tienen –ni de jure ni de facto—una función reguladora sobre el
conjunto de la sociedad. Tienen, es verdad, la capacidad de utilizar, y de ofrecer,
privadamente la coerción y la violencia. Pero como para los paramilitares la seguridad no
es un bien público –mientras que en teoría para el estado sí lo es—algunos sectores de la
sociedad pueden ser excluidos, y lo son, de su acceso. La idea de captura se aplica en toda
su fuerza sólo a un regulador que además es proveedor de bienes públicos (que en
principio son de acceso universal y no rivales).
A lo largo de esta sección he hablado de “políticos”. Obviamente, hay muchas clases de
políticos, y para los narcos y los paramilitares esas diferencias son cruciales. Vale la pena
puntualizar algunas de las más importantes. Primero: en el tiempo. Antes de 2002, el
bipartidismo colombiano era una realidad con la que tenían que contar todos los actores,
incluidos por supuesto los criminales. Durante el período de los baronatos liberales los
paramilitares entraron por la puerta grande del bipartidismo –sobre todo del oficialismo
rojo‐‐. Allí donde tenían intelectuales y cuadros, salían de esa cantera. Donde no los
tenían, mataban a sus oponentes y acto seguido llamaban a sus contactos en las fuerzas
tradicionales a gobernar. Pero en el mundo bipartidista los paramilitares tuvieron sobre
todo presencia regional. Muy distinta es la situación cuando el bipartidismo se derrumba,
y es reemplazado por un nuevo mapa político, lo que en general facilitó a los paramilitares
el salto al plano nacional. A propósito, me sentí bastante contento de que las narrativas 22 Evado las especificaciones técnicas, que están en el texto, cuya lectura recomiendo.
27
regionales corroboraran las proposiciones que planteé en mi libro sobre partidos (2007),
tanto en términos del momento del derrumbe del bipartidismo tradicional como de las
dinámicas diferenciales que hubo en cada período. Claro, algunos departamentos se
quedaron rezagados de la dinámica nacional (Casanare y Putumayo siguieron siendo
liberales en algunas elecciones, de hecho en algunas de ellas se liberalizaron aún más),
pero el cambio en términos agregados es claro. Segundo: por fuerza y por región. En
algunos casos los viejos clientelistas tuvieron muchos incentivos para confluir con los
paramilitares. En otros las relaciones fueron más atormentadas. Tercero, pero no menos
importante: no todos los políticos participaron en la espeluznante piñata paramilitar. Una
parte muy importante del congreso está encartada por parapolítica (según el texto “La
Refundación de la Patria”. De la teoría a la evidencia. Por Claudia López, los paras capturaron el
34% de las curules de los dos congresos anteriores, sacando buena la fanfarronada
paramilitar según la cual tenían precisamente este porcentaje en su bolsillo); pero otra
también muy significativa no. No se puede igualar a todos por el mismo rasero. Más
interesante, muchos de los que no estuvieron en la piñata no son personajes
particularmente altruistas o renovadores. Me pregunto qué sabemos de ellos, de sus
motivaciones, etc.
4. El valor de la evidencia
Este libro no es sólo un ejercicio académico. Lo es también político, en el mejor sentido de
la palabra. Tiene implícito un sentido de urgencia. Precisamente por ello, algunos pondrán
en cuestión sus resultados.
El esfuerzo transformador puede dar origen a sesgos, pero también generar incentivos
para evitarlos. No sé qué tan conscientes estén los autores del potencial de este texto
para generar debate público (me imagino que mucho), pero han sido cuidadosos en la
narrativa y en el tipo de visión que se han propuesto construir. Las monografías están muy
lejos de querer presentar al paramilitarismo como un bloque de acero. Pongo un ejemplo
28
de muchos posibles. Se muestra en detalle cómo políticos, incluso algunos muy corruptos,
pelearon a dentelladas por su espacio cuando algún Bloque quiso invadir su espacio. “El
poder político que tenía el Frente Cacique Pipintá en el departamento se encontraba por
encima de las mismas determinaciones del directorio del partido liberal, esto se expresó
en la orden dada por alias “Ernesto Baez” de que en el municipio de Pácora se obligara a la
población a que votara por Enrique Emilio Ángel, consideración distinta a la que tenía el
directorio liberal departamental, que consideraba que en éste municipio se impulsaría la
candidatura de Dixón Ferney Tapasco. Según lo expresado por Gerardo Patiño Patiño,
Concejal de Pácora, el entonces senador Víctor Renan Barco decidió que en ese municipio
se tenía que votar por Dixón Ferney Tapasco, sin embargo, una orden dada por “Ernesto
Baez” determinó que allí se tenía que votar por Enrique Emilo Ángel. Según el concejal “…
un día lo llamó un amigo y le comentó que están reunidos en el Tambor en el municipio de
la Merced, el alcalde, los concejales, Dixon Ferney, Enrique Emilio y Ferney con Alberto,
Ernesto Báez y toda la cúpula de los paramilitares y que éste último les estaba dando una
orden por que se tenía que trabajar para Enrique Emilio y no por Dixon, que no creyó tal
situación porque ya habían puesto los carteles, los pasacalles y a las 8 de la noche llegaron
los carros, lo cierto del caso es que al otro día no había nada de Dixon, todo lo habían
barrido, la orden era que no podía haber nada que tuviera que ver con Dixon”23.
Obvio, estas peleas terminaban en pactos, acuerdos, etc. Pero generaban ese estado de
interinidad permanente que es tan característico de la gobernabilidad regional
parapolítica, y que los autores han sabido transmitir tan bien. Las afirmaciones sobre las
dinámicas regionales se documentan con cuidado, y se deja siempre espacio para la duda
razonable cuando esta existe. Hay resultados de investigación nuevos, presentados en
trabajos de estupenda factura. De estos destaco –a riesgo de caer en omisiones e
injusticias—el de López sobre “refundación de la patria”, el de Garay sobre redes
23 Juzgado Penal de Circuito Especializado Manizales, Caldas. Sentencia Anticipada. Concierto para Delinquir Sindicado: Enrique Emilio Ángel Barco. Radicado: 17001‐31‐07‐001‐2008‐00127. Agosto 8 de 2008. Pág. 15
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regionales y sendos estudios sobre los impactos de la penetración paramilitar sobre la
justicia y la institucionalidad. Por ejemplo, el análisis de lo que hubiera pasado si el
gobierno no hubiera hundido la reforma política de 2008 me pareció simple, claro e
impresionante. Muestra de manera poderosa la presencia parapolítica en la coalición
nacional gubernamental, y el tremendo deterioro que ha producido en nuestra vida
política. En todos estos casos, se usan fuentes inobjetables y se apoyan sólidamente los
casos.
Obviamente, es imposible compartir todas las aseveraciones que se hacen en el libro.
Varios autores afirman que el gobierno, o el estado, colombianos han sido ilegítimos en
los últimos años, y esto me parece inverosímil, en la medida en que no hay concepto serio
de legitimidad que no pase por la noción de aceptación, obediencia o consenso. Algún día
los analistas políticos colombianos llegaremos a la conclusión de que no puede tomarse la
expresión “ilegítimo” como sinónimo de “desagradable” (para mí). Y si son sinónimos,
entonces es mejor utilizar “desagradable”. Más gente entenderá y disfrutará la frase.
Un aspecto clave de la discusión, más centrada en la vida pública que en los debates
académicos, es la noción de “votaciones atípicas”. Con ella, Claudia López y otros analistas
destaparon la olla podrida del paramilitarismo, invitando a la Corte Suprema a intervenir,
lo que a la postre cambió la relación de fuerzas en el país y previno, precisamente, una
captura más brutal y más asfixiante. Se ha criticado el carácter low tech de la idea de
“votaciones atípicas”. La búsqueda de estas no procede mediante regresiones o modelos
sofisticados, sino por medio de análisis cuidadoso de los datos y buen olfato. El duro juicio
de los hechos pone en tela de juicio la corrección –o la pertinencia‐‐ de tales críticas. En
este –como en la mayoría de los casos—los investigadores deberían orientarse por sus
datos, no por los modelos. Para quien esté hastiado del uso de modelos por gente que no
ha pensado con seriedad los problemas sustantivos, les recomiendo la lectura de D.
Freedman (2005), un estadístico de primera línea quien explica muy bien por qué es
30
mucho mejor repasar con cuidado los datos y pensarlos bien que centrarse en regresiones
aparatosas. A veces modelos muy, muy simples dan origen a hallazgos importantes;
aparatos muy sofisticados, en cambio, pueden convertirse en un ejercicio irrelevante. En
el caso de las llamadas votaciones atípicas, lo que hicieron Claudia López y otros analistas
fue encontrar motivos de sospecha, razonar con claridad, y preguntarse qué estaba
pasando. El viejo y probado método de Sherlock Holmes pasó –tanto en el caso de Holmes
como en el de López‐‐ la prueba ácida de los estrados judiciales. Se equivocaron muy
pocas veces, y acertaron muchas. ¿Cuántos de los que estamos metidos en la dura brega
de la interpretación de datos sociales podemos decir lo mismo? Ahora bien, hay que estar
conscientes de que en algún momento la búsqueda de votaciones atípicas puede fallar. A
veces se presentan genuinas revoluciones electorales en un mismo municipio; o efectos
de bola de nieve; o un aumento brusco de la votación total debido a la politización del
conjunto de la población. En todas estas situaciones, podrían necesitarse instrumentos
más finos para saber bien qué está pasando.
No puedo terminar este prólogo sin expresar mi homenaje emocionado a este grupo de
hombres y mujeres que se dedicaron con gran valentía a investigar al país para identificar
las lacras de su sistema político y pensar la manera de encontrar soluciones.
En fin: este es un libro necesario, riquísimo, que habla de los horrores de nuestro pasado
inmediato y nuestro presente, y que llega en el momento justo. Gracias a la invitación que
me hicieron de escribir el prólogo, tuve la ocasión de leerlo, de disfrutarlo, y de sufrirlo:
pues es un texto que duele. Recomiendo enfáticamente la experiencia.
31
Referencias
Acemoglu, Daron; Robinson, James A.; Santos, Rafael (2009). The Monopoly of violence:
evidence from Colombia. Cambridge: NBER Working Paper Series, December. Available at
http://www.nber.org/papers/w15578.
Aguilera, Mario (2005). “ELN: entre las armas y la política” en Gutiérrez, Francisco, Sánchez Gonzalo y Wills, María Emma (2006). Nuestra Guerra sin Nombre. Bogotá: Editorial Norma. Pp. 209‐267
Arangunen, Mauricio (2001). Mi confesión. Carlos castaño revela sus secretos. Bogotá: Oveja Negra.
Castro Caicedo (1996). En Secreto. Bogotá: Planeta.
Dávila Andrés, Leal Francisco (1990): “Clientelismo. El sistema político y su expresión regional”, Tercer Mundo-Iepri, Bogotá, 1990
Evans, Peter B. (1989). “Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A comparative Political Economy Perspective on the Third World State”. En: Sociological Forum Vol 4, No 4 pps. 561-587
Freedman, David (2005). Statistical models: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Garay, Salcedo Albarán y Guerrero (s.f). La reconfiguración cooptada del Estado: más allá
de la concepción tradicional de captura económica del Estado. Bogotá: corporación
trasparencia por Colombia. Disponible en
http://www.transparenciacolombia.org.co/CapturadelEstado/tabid/211/Default.aspx
Gutiérrez, Francisco, (2007 a). “Organized crime and the political system in Colombia
(1978‐1998)", en Welna Cristopher, Gallón Gustavo (eds.): “Peace, democracy, and human
rights in Colombia”, Notre Dame University Press, 2007 pp. 267‐308
Gutiérrez, Francisco, (2007 b). ¿Lo que el viento se llevo? Los partidos políticos y la
democracia en Colombia 1958‐2006. Bogotá: Editorial Norma.
32
Gutiérrez, Francisco, (2008). “Clausewitz vindicated? Economics and politics in the
Colombian war”, en Kalyvas S., Shapiro Ian, Masoud T. (eds): “Order, conflict and
violence”, Cambridge University Press, 2008
Mao, Tse‐Tung (1960). Lecciones de la lucha revolucionaria China. Bogotá: Ediciones Paz y Socialismo.
Medina Gallego, Carlos (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá. Bogotá: Documentos periodísticos.
Peñate, Andrés (1998). El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado. Bogotá: Universidad de los Andes.
Przeworski Adam (1986): “Capitalism and social democracy”, Cambridge University Press
Semana (2004). “Relaciones explosivas” en Semana, septiembre24.
Taber, Robert (1965). The War of the Flea. London: Granada Publishing Ltd.
Wilde, Alexander (1982). Conversaciones de caballeros: la quiebra de la democracia en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.