Ecuador_ en Busca de Un Nuevo El Dorado

EN BUSCA DE UN NUEVO 'EL DORADO'?

Transnacionales europeas en América Latina. Impactos y alternativas

Em busca de um novo eldorado.pmd 28/3/2007, 09:011

Claudia Torrelli e Ana Saggioro Garcia (orgs.)

EN BUSCA DE UN NUEVO 'EL DORADO'?

Transnacionales europeas en América Latina. Impactos y alternativas

1ª edição

São Paulo, 2007

EXPRESSÃO POPULAR - IRLS


Copyright © 2007, by IRLS e Editora Expressão Popular

Coordenação Editorial: Danilo de Cerqueira CesarOrganizadoras: Claudia Torrelli e Ana Saggioro GarciaProjeto gráfico, diagramação e capa: ZAP DesignRevisão: Ana CorbisierImpressão e acabamento: Cromosete

Todos os direitos reservados.Nenhuma parte deste livro pode ser utilizadaou reproduzida sem a autorização da editora.

1ª edição: novembro de 2006

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1ª edição: março de 2007


SUMÁRIO

Otro escenario de la globalización neoliberal:La Europa transnacional en América Latina ......................................................................................... 7Claudia Torrelli (ASC - Uruguai)

El consorcio OCPLa responsabilidad de las empresas y la obligación de los estados europeos en el respeto delos derechos humanos de las poblaciones amazónicas ecuatorianas ..................................................... 35José Proaño (Acción Ecológica - Equador)

Caso UnileverUma avaliação das operações da empresa unilever no Brasil, Colômbia e Chile ................................. 87Instituto Observatório Social (CUT - Brasil)

UNION FENOSA en Centroamérica y ColombiaCaso presentado ante la primera sesión del TPP sobre empresas transnacionales ............................. 117Atarraya Nacional en Defensa del Agua y Energia (Compilación y Edición: CENSATAgua Viva - FoE Colômbia)

“Uma aranha na teia”Alguns aspectos da política de comércio exterior da União Européia ................................................ 187Ana Saggioro Garcia (IRLS-Brasil).


OTRO ESCENARIO DE LA GLOBALIZACIÓNNEOLIBERAL: LA EUROPA TRANSNACIONAL ENAMÉRICA LATINA

IntroducciónEste artículo comprende cuatro secciones y un breve apartado final a modo de

conclusiones. Aborda la cuestión de las corporaciones transnacionales (CTN) yano sólo como un fenómeno de escala mundial sino la relación entre lascorporaciones transnacionales y la Unión Europea (UE), y como esto se manifiestaen América Latina (AL). En dos palabras: otro escenario de la globalizaciónneoliberal en AL.

A partir de esta realidad se plantea la necesidad de construir respuestas desde lasresistencias y alternativas a este modelo de relaciones birregionales centrado en lasganancias de las grandes corporaciones europeas y algunas pocas empresas de AL.

En la primera sección se plantean las transformaciones ocurridas en el sistemainternacional y la reestructuración de las empresas en función de estos cambios, laimbricación y la colusión de los grandes estados y organismos internacionales conestas empresas para rediseñar el régimen económico internacional y algunos delos desafíos y nuevos escenarios que estas transformaciones representan para hacerposible el cambio social hacia sociedades más justas y sustentables.

En la segunda sección se aborda el papel de la Unión Europea en este contextoy como el proyecto de integración europea ha devenido en agente activo de laglobalización neoliberal, como se manifiestan los cambios y las prioridades de laUnión en sus políticas hacia AL y cuales son los desafíos que este escenario planteapara las sociedades de ambos continentes.

En la tercera sección se describe y analiza la sesión del Tribunal Permanente delos Pueblos (TPP) a las ‘Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas enAmérica Latina’ como una construcción concreta de las sociedades de la UE y ALpara ir al encuentro de los desafíos planteados por las CTN y las relaciones de losdos continentes en el marco de la globalización neoliberal.

CLAUDIA TORRELLI (ASC - URUGUAI)


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En la cuarta sección se intenta dar una perspectiva del debate de las últimascuatro décadas en relación a las CTN, y la evolución en la estrategia que las mismashan adoptado para hacer frente a las críticas. En este contexto se esbozan algunosargumentos sobre la validez de espacios como el tribunal.

Finalmente, y a modo de apuntes finales, se delinean algunas posibilidadespara continuar en la construcción hacia alternativas para regular y deconstruir elpoder de las corporaciones transnacionales y los poderes que las asisten, las encubreny las promueven.

1 - Globalización neoliberal y transnacionales¿Qué hay de nuevo?

Podríamos pensar a las corporaciones transnacionales (CTN) como la‘estructura celular’ en esta nueva fase del desarrollo de la economía política mun-dial. En unas pocas décadas se han convertido en actores dominantes yomniprescentes. Alrededor del planeta se mueven cerca de 63.0001. Sin embargoesta realidad no debe oscurecer el hecho de que las 200 mayores controlan cercadel 25% de la actividad económica mundial. Por otra parte, cerca de dos terciosdel comercio global en bienes y servicios es conducida a través de ellas y más del90% tiene sede en el primer mundo.

Solamente su tamaño y extensión les otorga un poder enorme – un poder queafecta la vida de todos. Utilizando el valor agregado total como indicador de laactividad económica que desempeñan, de las 100 mayores entidades económicasen el mundo, 51 son corporaciones y solo 49 son estados. La complejidad radicaen que si bien su poder es cada vez más concentrado, también más difuso.

A lo largo del siglo XX, los actores dominantes en la economía internacionaly en las economías de muchos de los países eran las empresas pero se dedicaban aproducir y vender en los mercados locales y nacionales. Las más grandes entre estasen los países industrializados eran empresas integradas que buscaban la integraciónvertical a través del control de cada una de las fases de producción, desde las materiasprimas hasta la distribución del producto final, y cada una buscaba a su vez laintegración horizontal proveyendo la mayor cantidad de productos posibles den-tro de los límites de la industria en la cual operaba.

La economía ‘internacional’ era el comercio entre estas grandes empresasnacionales y con algunas diferencias, cada una de las principales naciones indus-trializadas poseía una estructura empresarial similar. Sin embargo las últimas dé-cadas del siglo XX han sido testigos de una reestructura de las empresas a nivelmundial. El rápido crecimiento de las economías de los países desarrollados en las


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tres décadas que siguieron a la segunda guerra mundial llegó a su fin. Por unaserie de razones que los economistas e historiadores aun debaten, las tasas decrecimiento y las tasas de ganancias cayeron dramáticamente en los países indus-trializados.

La competencia global se incrementó a medida que las empresas multinacionaleseuropeas y japonesas - ahora totalmente recuperadas de la Guerra - desafiaban lasupremacía de los Estados Unidos (EE.UU.) en los mercados mundiales yrespondieron al incremento de esta competencia buscando nuevas formas de reducirlos costos de producción y en un proceso que aún se está desplegando, van abando-nado la integración horizontal y vertical dentro de una industria.

Así, las multinacionales se han movido hacia la creación de una estructuradiferente: retienen un grupo de funciones pequeño y esencial, lo que sería unaespecie de núcleo duro, y el resto lo contratan a los proveedores en el resto delmundo, lo ‘externalizan’. Lo que algunos han denominado ‘sistema de producciónen red’ ha emergido al calor de este proceso. Esta forma de operar corta transver-salmente los otrora más definidos límites tanto en términos de países, es decir, elorigen del capital, como los límites entre los propios sectores económicos. Granparte del comercio internacional es intra-firma.

También las alianzas estratégicas y múltiples formas de acuerdos con gobiernosy con empresas con las cuales compiten contribuyen a que los propios contornosde las CTN sean cada más difusos. La imbricación del mundo de las CTN con losdiversos instrumentos del capitalismo financiero contemporáneo generacomplejidades adicionales cuando se trata de darle rostro a los sujetos más impor-tantes del capitalismo global.

Ni solas ni abandonadas.La revolución tecnológica de las últimas décadas ha dado el soporte necesario

para el desplazamiento y la movilidad del capital (que se expresa en las nuevasposibilidades de la internacionalización ya no solo del comercio de bienes, sino delos servicios, la producción y las finanzas en formas inéditas) y la aparición denuevas fronteras de expansión para el capitalismo mundial (como puede ser labiotecnología).

Pero las transnacionales en el mundo no son un fenómeno aislado y espontáneo,su continuo avance no hubiera sido posible sin la connivencia permanente conlos grandes centros de poder. Sólidas alianzas y la pervasiva cooptación de los es-tados y las organizaciones multilaterales construyeron un régimen y una ideología(neoliberales) y gestaron una estrategia (global).


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El origen estuvo principalmente en los Estados Unidos (EE.UU). Paracontrarrestar la caída en la tasa de ganancias el capital norteamericano lideró elcamino hacia la reestructuración de la economía global mientras EEUU buscabareestablecer su hegemonía percibida en declive relativo por aquellos años, los 70.El neoliberalismo tomaba por asalto la oportunidad histórica que el keynesianismole había arrebatado al culminar la Segunda Guerra mundial. El método: desarmartodas las regulaciones nacionales y las barreras para que el capital pudiera moverselibremente a través de las fronteras nacionales. El objetivo: construir un mercadoya no nacional, sino mundial.

En América Latina, la crisis de la deuda en los 80 habilita el avance de esteprograma en favor de la expansión del capital transnacional a través de sucesivosajustes estructurales2. La implementación de estos programas fue una exigenciadel Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) - a AméricaLatina en contrapartida a los préstamos que estas instituciones le otorgaron paraque ésta pagara la deuda a los bancos del norte. Y luego lo conocido, estos ajustesexigieron la liberalización del comercio, la privatización de las empresas públicas,la desregulación de las finanzas, que abren las economías latinoamericanas yestablecen las bases para la entrada masiva de las CTN.

En paralelo, EEUU además de fortalecer el poder del FMI y el BM, comenzabaa idear lo que serían las instituciones que aggiornan el sistema multilateral a lasnecesidades del capitalismo global y cambian radicalmente el régimen comercialmundial: las negociaciones hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC)y el Tratado de Librecomercio (TLC) de América del Norte (NAFTA) consuma-das a mediados de los 90.

Acuerdos inéditos en agricultura, servicios y propiedad intelectual son soloalgunos de los ejes de este nuevo régimen en el seno de la OMC como del NAFTA.Se privatiza, se mercantiliza y se habilita la transnacionalización de vastasactividades, muchas de ellas aún bajo esfera estatal y pública, otras incluso aúnpor fuera de la lógica del capital.

El acuerdo agrícola, en el centro de ásperas disputas ya por aquel entonces, nosolo entre el Primer Mundo y el Tercero sino incluso entre Europa y la UE, fue unpaso clave hacia la consolidación del monopolio del comercio agrícola del mundopara las grandes corporaciones del agribussiness del norte y el control de los siste-mas agroindustriales por ellos tanto en el sur como en el norte.

El acuerdo de Servicios generó las condiciones para el comercio y las inversionesde las CTN del norte, omnipresentes en este sector (agua, electricidad,telecomunicaciones, turismo, distribución supermercadista, etc.) responsable por


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un gran porcentaje del PBI y del empleo y que alberga muchas de las actividadesmás dinámicas de la economía mundial

El nuevo régimen de propiedad intelectual que inauguran estos acuerdos esuna herramienta clave para el control férreo de la transferencia tecnológica y elmonopolio del conocimiento cuando este se encuentra en el norte, o la apropiacióndel mismo cuando este se encuentra en el sur, como es el caso de la biodiversidad.

El NAFTA, por su parte, permitió a los EEUU avanzar hacia el control estra-tégico de su hinterland, (México y Canadá) y sentó los precedentes de susaspiraciones de máxima para el comercio internacional en aquel momento. Entreotras estipulaciones OMC plus3 el artículo 11 del capítulo sobre inversiones esuna de los ejemplos más claros en cuanto a lo lejos que se quiere llegar en las prer-rogativas de las CTN. Este acuerdo convierte a las CTN en sujetos de derecho, lesotorga la posibilidad de demandar a los estados directamente, sin que medie ningúnotro poder público.

El binomio puesto en práctica por los EE.UU, multilateralismo-bilateralismo,(OMC – NAFTA) marca entonces un punto de ruptura en el régimen de comer-cio internacional y en todo lo que tiene que ver con la extensión de los derechosy los espacios para la actuación de las CTN. Desde entonces éste continúaprofundizándose, expresado en la proliferación de acuerdos de librecomercio OMCplus, acuerdos bilaterales de inversión, y variados instrumentos para complemen-tar y/o superar el alcance de lo que no se puede lograr a nivel multilateral, dondela OMC y la Ronda Doha vienen teniendo uno y otro revés.

Esta proliferación de acuerdos no es un proceso exento de tensiones. Siguedesvelando a la fracción más globalizada de las elites mundiales…temerosas deque esta maraña de acuerdos, el famoso ‘espaguetti bowl’ de Bawhatti, se conviertanen realidad en barreras a ese mercado mundial que quieren construir, en su jerga,que desvíen y no que creen comercio4.

Contribuye también a la universalización de este régimen la participación activay comprometida de la UE y Japón y la incorporación de vastos territorios al mer-cado mundial como la China y Rusia, sin los cuales el sistema no puede preciarserealmente de mundial. Las CTN pasan a tener entonces un radio de acción muchomás amplio que la inicial estrategia estadounidense para recuperar su hegemonía,cuatro décadas atrás.

Los desafíos de un nuevo escenarioLas corporaciones transnacionales son actores centrales en la promoción de la

ideología neoliberal y de la globalización. Como vimos, la riqueza y el poder que


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controlan las hace actores de primera línea en la configuración de discursos yregímenes sociopolíticos y económicos que defienden sus intereses a través de laimbricación con las estructuras de las agencias multilaterales y/ de los grandesestados o bloques como los EE.UU. o la UE.

Para quienes estén comprometidos con la transformación social, su existenciareplantea cuestiones centrales como: ¿Son el núcleo de una nueva clase transnacional?¿Transforman y/o refuerzan la anterior división del trabajo en y entre países yregiones?, ¿Afectan las relaciones norte-sur? ¿Modifican las concepciones deinternacionalismo y alianzas políticas progresistas en el seno de los movimientossociales, políticos y laborales? ¿Cómo se vinculan con el imperialismo? ¿Son agentesde la neocolonización del sur? ¿Cuál es su rol en esta espiral descendente de losderechos humanos a escala global a la que asistimos (laborales, ambientales, etc.)?¿Cómo juega esto en la composición del poder a la interna de nuestros países y en laconstrucción de los proyectos regionales como el Mercosur o la Comunidad Andina?

A medida que las CTN comienzan a involucrarse en en un número cada vezmayor de actividades económicas, los estados quedan más flanqueados y las soci-edades más expuestas. Las capacidades para la re-distribución de la riqueza, lajusticia social, y la construcción de modelos y estrategias de desarrollo sustentablese ve severamente limitado.

La movilidad del capital hace que las CTN puedan relocalizar o deslocalizarlos puestos de trabajo, las inversiones o los capitales especulativos y fuerza a losgobiernos a acceder a sus demandas generando a su vez una competencia ferozque pone a trabajadores, comunidades, incluso países, unos contra otros.

La producción en red plantea lo complejo de millones de empresas a lo largode las cadenas de abastecimiento en todo el mundo que pueden ser formalmenteindependientes, pero en realidad están bajo el control de las transnacionales conlas cuales generan relaciones contractuales. De esta manera las CTN controlanmucho más de lo que poseen directamente aunque de hecho sean a menudo lasfirmas que compiten por un lugar en esta red las que cometen las más seriasviolaciones a los derechos laborales y de derechos humanos y tienen las peoresprácticas ambientales.

También cumplen un rol clave en la organización del trabajo. Por un lado ungrupo reducido de trabajadores con buenos empleos, a menudo con salarios de-centes, y por otro, un creciente grupo de trabajadores precarios con escasosderechos, bajos salarios, y pocas expectativas de un trabajo a largo plazo. Este girohacia trabajos precarios es mundial pero especialmente prevalente en el mundoen desarrollo.


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Los impactos de la globalización corporativa están desafiando la condiciónmisma de la democracia y los derechos humanos. Y no sólo está afectando a lospaíses por fuera del cinturón rico de la humanidad, sino que también se extiendenal corazón del ‘Primer Mundo’ donde los estados de Bienestar o las prestacionessociales se están viendo desmantelados. Esto se evidencia en el persistente núme-ro de desempleos y la creciente brecha entre ricos y pobres.

Mientras la globalización concentra y fragmenta, también en el primermundo, la brecha norte- sur y las ‘asimetrías’ continúan profundizándose. Layuxtaposición de estos dos clivajes es quizás uno de los mayores desafíos paraarticular visiones, una estrategia y luchas políticas transnacionales comparti-das.

De alguna forma el poder de las CTN se está volviendo más precaria porqueel neoliberalismo que le da sustento también está siendo cuestionado y perdiendolegitimidad de diversas formas en varios rincones del planeta. Hay mucha genteresistiendo los abusos y las acciones de la presencia de las CTN. En Latinoaméricahay demandas de una nueva dirección, de un nuevo rumbo.

Este despertar debe ser apoyado por un nuevo discurso político y laconstrucción de fuerzas sociales hacia otros paradigmas que pongan los interesesde las mayorías por delante de los de las CTN. El desafío es cómo los movimientossociales, los sindicatos y una amplia gama de actores sociales y políticos desafia-mos la construcción unilateral del mundo al servicio del neoliberalismo y en be-neficio de las grandes corporaciones transnacionales del planeta.

II - La Europa transnacional en América LatinaLa Unión Europea ‘jugador global’

La UE se presenta a si misma como una potencia benigna, portadora de losideales de democracia, derechos y humanos y desarrollo sustentable. Sin embar-go, es una de las fuerzas motoras de la globalización neoliberal.

La UE es hoy el primer exportador mundial de bienes, el primer exportadormundial de servicios, el primer proveedor de inversión extranjera directa (IED) ysede de más de la mitad de las corporaciones no financieras más grandes del mun-do. Su economía está altamente integrada a redes de producción globales.

A partir de la crisis económica de los 70 la integración en Europa comienza aalinearse, primero tímidamente, luego de forma nítida pese a los remanentes de la‘Europa Bienestar’, con los postulados neoliberales y globalizantes. El argumento:los estados de Bienestar y las regulaciones laborales como el impedimento paracompetir exitosamente, especialmente vis a vis los Estados Unidos.


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Ante el europesimismo reinante en ese contexto de crisis mundial, el Acta ÚnicaEuropea, firmada en 1986 estableció las etapas y el calendario de unas 270 medi-das necesarias para la realización del mercado interior. Así comenzó un programade liberalización y desregulación para construir espacios más vastos que los mer-cados nacionales, ya vistos como insuficientes por los grandes capitales, para com-petir a escala mundial.

Esto sentó las bases para que las empresas se movieran libremente dentro deEuropa Occidental y condujo a un proceso de feroz competencia y concentración5.

Desde entonces la UE ha ido construyendo un proyecto que a diferencia delos inicios no ha hecho sino consolidar y profundizar esta integración en funciónde las CTN. En el año 2000, la UE aprobó la decisión para implementar ‘LaEstrategia de Lisboa’ cuyo objetivo nodal es convertir a la UE en la economía máscompetitiva y dinámica del mundo. Y en el 2005 se introdujo un programa aúnmás drástico ‘La estrategia para el Empleo y el Crecimiento’. Ambas contemplanla creación de la flexibilidad laboral como condición para lograr la competitividad.

Otras de las iniciativas recientes más polémicas han sido la Directiva Bolkesteinpara completar la liberalización del mercado interior de servicios que la UE reconoceincompleta y como proyecto más omnicomprensivo, la Constitución Europea.Ambas iniciativas han sido acusadas de querer profundizar el régimen neoliberala favor de las CTN y no de los ciudadanos de la Unión. Las oposiciones que suscitótanto la Directiva como el proyecto de Constitución dan cuenta del ‘malestar dela globalización’ en el seno de la UE.

Junto a la dimensión interna del proyecto neoliberal la UE ha desarrolladouna estrategia cada vez más agresiva para la expansión global de las corporacioneseuropeas y sus ganancias a partir de esa presencia en el mundo. La búsqueda demercados externos está en el centro de la estrategia y también como uno de losobjetivos prioritarios para el logro de la ‘competitividad’.

El indicador más claro de los rumbos de la UE en el escenario global es suprotagonismo en el seno de la OMC, donde es evidente, por lo menos en la últi-ma década, que ya no actúa en respuesta a las iniciativas de vanguardia de EE UU.Un ejemplo claro fue cuando los EEUU, por razones tácticas, abandonaron lapresión para acordar los temas de Singapur6 durante las negociaciones de la Ron-da Doha en el 2003, en Cancun. La UE continuó presionando por su cuenta,haciéndose acreedora de una parte de las acusaciones que la señalaban comoresponsable del colapso por su insistencia en los mismos.

En paralelo a la OMC, y muy especialmente a partir de las dificultades expe-rimentadas en este foro para el avance de sus intereses, también la UE tiene una


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línea bilateral y birregional para avanzar esa agenda allí donde, o no puede cederespacios a los Estados Unidos o tiene intereses propios muy definidos. Estaproyección global extra OMC se plasma en acuerdos de librecomercio conSudáfrica, México, Chile, Israel, negociaciones con los países del Mediterráneo,los países del Mercosur, los países ACP (Africa, Caribe, Pacífico), entre tantas otrasiniciativas.

Una nueva estrategia para una nueva era.La nueva inserción de AL en la economía global significó un incremento

exponencial de las exportaciones de algunos de los países de la UE hacia AL. Lasinversiones volvían, luego de la década perdida en donde habían sido escasas, y lasCTN europeas no perdieron la oportunidad. Como resultante de este nuevoescenario, hacia los 90 y durante toda la década los intereses de la UE en ALcomenzaron a deslizarse desde las cuestiones políticas y de seguridad hacia loseconómicos, orientados a la consolidación de las CTN europeas en los flujos decomercio e inversión de AL para de este modo integrar las dinámicas del sub-con-tinente a las de las cadenas globales.

La presencia de las empresas europeas en AL no es nueva. Hay una trayectoriade décadas de las empresas alemanas, inglesas, francesas, en los sectores de laindustria química, la automotriz, la alimenticia, entre otras, que ingresaron enel período de sustitución de importaciones7. Sin embargo, esta vez seráresponsabilidad de las economías mediterráneas el flujo de IED europea en AL,especialmente de España y sus corporaciones (Repsol, Endesa, Telefónica, Aguasde Barcelona, el BBVA, Iberdrola) que llegaban tarde y mal al poderoso merca-do interno europeo.

De hecho España y Portugal deben su status como economías globales a lapresencia de unas pocas corporaciones que se internacionalizaron a partir de estenuevo desembarco en América Latina. Se sumaron las CTN francesas e italianasy así se consolidó una nueva ola de IED que a diferencia de la anterior, ahora veníaa los servicios públicos y la infraestructura a partir de los procesos de privatizaciones,y que reforzaron fuertemente la concentración de la IED europea en el Conosury México. (Como también concentrado estaba el comercio de la UE en la regiónen estos países).

Hacia el 2000 un proceso que comenzó a deslizarse a finales de los 80 culminócon la UE como primera inversora en América del Sur y muchas de las CTN comolíderes en sectores como las finanzas, la electricidad, las telecomunicaciones, elagua, el petróleo. De ese forma ingresaban también a las elites en AL.


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Acompasando estas nuevas dinámicas del comercio y la IED de la UE en AL,las promisorias oportunidades de las economías emergentes8 y la necesidad dedemarcar territorio frente a los EEUU es que la UE plantea una reestructura desus relaciones con la región. El año 1994 representa un punto de inflexión en lapolítica de su política en AL. Al proyecto ALCA de los EEUU la UE hizo lapropuesta de Acuerdos de Asociación o de Cuarta Generación que aggiornandolos capítulos político y de cooperación que tienen larga data en las relacionesbirregionales, agregaban uno nuevo, la firma de tratados librecomercio. Lapropuesta concreta: TLC con México, Chile y Mercosur enmarcados en una difusaAsociación global con AL.

La densidad y la concentración de la inversión (65% del total de la IED europea)y el comercio en el Conosur y México pusieron a estas geografías en el centro de losintereses económicos y estratégicos de la política europea. Con América Central y laComunidad Andina las relaciones económicas permanecerían enmarcadas en eluniverso del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP).

Desde el momento en que se define la nueva política para América Latina y latrayectoria de las negociaciones hacia los acuerdos queda claro que los intereses dela UE no son monolíticos. No todas las empresas y los países se interesaron deigual manera, lo que da cuenta de una especie de división del trabajo a la internade la Unión. Y obliga a ponderar en términos relativos el lugar de AL y sus paísesen su seno de cara a otros escenarios como la OMC, otros actores como la políticade los Estados Unidos en la región, y otras geografías como el Asia (especialmentedesde el boom chino de los últimos años)

Mientras que España, independientemente de gobiernos conservadores osocialdemócratas ha dado una batalla incansable en todo momento acerca de lasdefiniciones europeas hacia AL, Alemania ha estado más ocupada con su hinterland,el este y centro de Europa. Inglaterra por su parte ha priorizado sus lazos con losEEUU y recrear su presencia en África y Asia. Francia tiene prioridad con elMediterráneo africano y un escollo insalvable para tener una política más proactivahacia la región, los intereses opuestos en el terreno agrícola, especialmente con lospaíses del MERCOSUR9.

Esto no obsta que en coyunturas concretas, además de España, otros paíseshayan dado su apoyo e impulso. Es el caso de Alemania hacia el final de lasnegociaciones con México por TLC o con Mercosur en determinados momentosa lo largo de tantos años de negociaciones, lo que tiene correspondencia con laimportancia de las inversiones alemanas en algunos sectores industriales en Brasily México (el automotriz es el ejemplo paradigmático pero no el único)


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Tampoco todas las CTN se interesaron de igual manera y operarondirectamente para el logro de los acuerdos. Pero lo cierto es que si operaron aquellossectores, corporaciones y asociaciones de lobby que tienen una densidad de interesessuficientes en AL como para justificar un acuerdo extra OMC.

Tanto en el Foro de Negocios Mercosur-UE10, como en los acuerdos conMéxico y Chile, además de las empresas españolas agrupadas en la ConfederaciónEspañola de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación de laIndustria Alemana (BDI), corporaciones varias con intereses muy concretos en laregión e incluso las CTN francesas11 por fuera del lobby agrícola han intervenidoen las negociaciones para el logro de sus intereses.

Enlazando AlternativasIndependientemente de las acciones y políticas de la UE, como en el resto del

mundo, la resistencia a este orden mundial en AL se ha expresado en la oposicióna los EE.UU. donde reside el corazón de la globalización neoliberal y elunilateralismo belicista. Hacia fines de los 90, una nueva ola de luchas en ALconvergió en una bandera: la necesidad de derrotar el ALCA, identificado comola nueva cara del imperialismo y la profundización de la hegemonía norteamericanaen esta región del mundo.

En cuanto a la UE en AL, ha pasado más de una década desde la introducciónde la estrategia TLC entre la UE y algunos países de América Latina que se concretóen los acuerdos con Chile y México. Con la región que constituye el nervio de losintereses de Europa en AL y la geografía de disputa con los EEUU, el acuerdo noha podido cerrarse. Sin embargo, deducir que porque no hay acuerdos delibrecomercio con muchos de los países de AL la UE no es una presencia clave dela globalización neoliberal en esta región sería erróneo.

En todo caso los Acuerdos de Asociación firmados con Chile y Méxicodesmienten cualquier ilusión que pudiéramos hacernos sobre acuerdos diferen-tes a los de los Estados Unidos (por lo menos si eso depende de ella). Ni ladimensión de cooperación, ni la de diálogo político, que muchos aducen paraedulcorar o aceptar estos Acuerdos de Asociación, puede compensar los impac-tos de avanzar en cada uno de los procesos centrales del neoliberalismo que tan-tas consecuencias negativas han tenido en AL (privatizaciones, desregulaciones,liberalización, etc.)

Los acuerdos contienen no solo capítulos que van más allá de las disposicionesde por si gravosas de la OMC, como el acuerdo agrícola, el de servicios y el depropiedad intelectual sino que contienen acuerdos en inversiones y compras


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gubernamentales por ejemplo, que tanto países como los movimientos vienenrechazando desde antes que concluyera la Ronda Uruguay y claramente desde lareunión de Singapur en el 96.

Por otra parte, como vimos, la densidad de las corporaciones con sede en la UEy presencia en AL confirman que la UE es un agente clave del neoliberalismo enAL, independientemente del logro o no de los acuerdos de librecomercio. La explosiónde la resistencia y las luchas contra las CTN europeas en todo el continente que seaborda en la próxima sección dan cuenta de esta realidad. Y es claro que la UE haintervenido fuertemente a favor de las CTN cada vez que se vieron ‘afectadas’.

Esta realidad plantea la pertinencia de la construcción y expansión de las alianzasentre los pueblos de la UE y AL. El Encuentro “Enlazando Alternativas 1” reali-zado en Guadalajara en 2004, entre organizaciones de la sociedad civil de amboscontinentes, aceptó el desafío. Fue el primer paso importante hacia el trabajo enconjunto para construir alianzas y una agenda compartida. Allí tuvo origen la RedBirregional América Latina-Unión Europea.

El punto de partida fue el entendido de que las relaciones entre Europa y ALhan cambiado rápidamente desde los 90 y que es necesario actualizar los antiguosformatos de solidaridad que conformaron la agenda de la sociedad civil en los 70y 80, centrados en la lucha por los derechos humanos, la cooperación, la demo-cracia, y relacionados con los conflictos militares y las dictaduras.

Las relaciones entre la UE y AL ha devenido en nuevos tipos de dependenciade AL con respecto a la UE que necesitan de nuestra respuesta y por otra parte, elneoliberalismo dentro de la propia UE también está afectando a las comunidades,a los trabajadores, migrantes, y al medio ambiente.

Como vimos, las empresas europeas, para poder competir en el escenarioplanetario, necesitan el neoliberalismo dentro de Europa. La concentración de lariqueza, el desempleo y la fragmentación social no son solo patrimonio de Amé-rica Latina o África, si bien aun existe un norte y un sur. Lento o más rápido…esoes dinámica histórica, las fracturas en Europa van a profundizarse, de hecho ya lohan hecho. Tenemos una responsabilidad, recrear el internacionalismo sobre labase de vínculos solidarios.

De lo contrario hay altas posibilidades de que se profundice la pelea por losempleos, los discursos racistas, la lucha de civilizaciones, el ‘otro’, el inmigrante,como enemigo (sean bolivianos y paraguayos en Argentina, argelinos en Francia,turcos en Alemania o marroquíes en Holanda).

El camino es al menos en dos vías paralelas: rechazar la intervención europeaen América Latina y la transferencia de recursos del Sur hacia el norte,


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oponiéndonos a la agenda neoliberal europea liderada por sus corporaciones enAL y hallar puntos convergentes de solidaridad entre ambas regiones para enfren-tar los impactos de esta agenda en los dos continentes.

III - Un tribunal al sistema de poder corporativo europeo en América LatinaTransnacionales y las variables que el neoliberalismo oculta.

Como parte de la construcción de esta agenda y alianzas anti-neoliberales, lared birregional de AL y la UE, tributaria y parte del movimiento altermundista,decide realizar el Encuentro Enlazando Alternativas 212, en paralelo a la Cumbrede Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europeaque tuvo lugar durante la primavera vienesa, en mayo del 2006. Uno de los ejesde este encuentro que organizaba la Red AL UE fue la primera sesión de un Tri-bunal en colaboración con el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP): ‘Políti-cas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina’.

Pretendíamos rescatar el TPP (fundado a partir de la experiencia del tribunalRussell)13 y

la Carta de Argel, que elaboró puntos fundamentales de una Declaración delos Derechos de los Pueblos (paralela a la declaración de los Derechos Humanospero ampliando el concepto y hablando de los pueblos como sujeto)14

Un tribunal de tal naturaleza nos permitía poner en el banquillo de los acusa-dos a la Unión Europea y dar cuerpo a la idea de que la globalización neoliberalno se agota en el imperialismo norteamericano. También nos permitía empezar adesanudar la colusión de las transnacionales y el poder político, centrar de maneracrítica el rol y la responsabilidad de la UE y sus CTN en el régimen neoliberal-transnacional de AL y desmitificar un imaginario en torno a la UE de la cooperaciónal desarrollo y potencia benigna.

El Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó la presentación de casos quedenunciaron a más de una veintena de corporaciones financieras y no financierasen AL; con sede en 8 países de Europa Occidental15 y actuación en una docena depaíses latinoamericanos. Estos casos estuvieron agrupados en cinco áreas temáticas(Servicios públicos, Recursos naturales, Cadena agroalimentaria, el Sistemafinanciero y el Mundo del trabajo) y desfilaron nombres de trasnacionales comoel de Suez, Aguas de Barcelona, Unión Fenosa, Repsol, BBVA, ING, Unilever,Telefónica, Louis Dreyfus, Ence, Botnia, Bayer, British Petroleum, entre tantasotras.

La representatividad geográfica y sectorial y la vasta y sólida informaciónconfirmaron que estamos ante una realidad sistémica y no sólo denuncias por la


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violación a los derechos humanos por parte de algunas corporaciones aisladas. Estoscasos revelaron aspectos centrales del rol de las CTN, algunos de estos comunes auna realidad que es mundial, otros que en cambio iluminaron especificidades quehacen a la naturaleza de las relaciones entre AL y la UE y sus países miembros, asícomo a la economía política de nuestro sub-continente.

Reflejaron a su vez un fiel panorama de la penetración de las CTN europeasdónde ésta ha sido más significativa, desde fines de los 80 hasta la actualidad. Losservicios públicos, la inversión en el sector financiero y los diversos sectores vin-culados a los recursos naturales (agronegocios, minería, hidrocarburos, turismo,etc.) dan cuenta de los patrones de la IED europea en AL.

Y fueron también componiendo una radiografía de la ‘inserción internacio-nal’ de nuestros países. Por un lado, los sectores económicos en los cuales poseemos‘ventajas comparativas’, los que configuran la ‘especialización competitiva’ de pa-íses y/o regiones enteras. Vedettes por su rol exportador, estos sectores son losenclaves en la articulación al mercado global bajo el modelo exportador quereemplazó al modelo de sustitución de importaciones en AL (la industria salmoneraen Chile; los monocultivos en el conosur -representados por sus máximosexponentes, la soja y las plantaciones forestales- la minería en Perú; el sectorhidrocarburífero en Ecuador, Bolivia y Argentina; el turismo en la Riviera Mayamexicana).

Por otro lado, sectores que si bien no exportan (excepto las remesas generadasen nuestros países) dan cuenta de la naturaleza subordinada de nuestros estados,cada vez más dependientes, como es el caso de la IED en los sectores público yfinanciero, y su consecuente transnacionalización. Es el ejemplo de los bancos enArgentina y México (dos de los países más grandes de AL y con la mayor proporciónde banca transnacionalizada), el agua y la electricidad en una abrumadora cantidadde países.

La penetración del capital extranjero y el tipo de inserción internacional quevan configurando entonces el lugar de AL en la división internacional del trabajo,,,,,un verdadero pacto neocolonial, son las variables que la epistemología neoliberaloculta y de la que muy poco se habla.

También el tribunal demostró la enorme diversidad de sectores afectados en laspoblaciones de nuestros países por las transnacionales y cómo la resistencia a lasacciones de las mismas se da en muchos frentes. Presentaron denuncias desde sindi-catos e institutos vinculados a los mismos, pasando por frentes y coaliciones en tor-no a servicios públicos, movimientos campesinos e indígenas, medioambientales,hasta simples ciudadanos.


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Las voces de Viena. De eso no se hablaUn ejercicio inductivo, de lo particular a lo general, de la miríada de casos

presentados y de transnacionales denunciadas a tendencias más generales, revelacomo se yuxtapone la penetración de las CTN, el tipo de inserción internacionalde AL y su rol en la división internacional del trabajo con la violación sistemáticaa todas las generaciones de derechos humanos.

Así, la cuestión de la privatización de los servicios públicos, cuyo caso másemblemático es el de la privatización del agua, ha significado su apropiacióncreciente en manos de unas pocas CTN y el impedimento en el acceso a los serviciosde agua y saneamiento de vastos sectores de la población. Con tarifas excesivas yla reclasificación de los conceptos de usuario, de áreas de cobertura y de la calidaddel agua, estas empresas terminan definiendo quién es sujeto de derechos y quienno. También como parte del desempeño de empresas como Suez se encuentra enel haber despidos de empleados y funcionarios y fraudes fiscales como el no pagode los canones o el incumplimiento de las inversiones16.

El área de los recursos naturales17 representada por la minería, los hidrocarburosy el turismo, dio cuenta de la radicalización de los procesos de privatización,mercantilización y expoliación de la naturaleza, tristemente célebres en la historiade AL desde hace más de 500 años. Estos procesos expresan la actualización de lasviejas o la construcción de nuevas fronteras, los nuevos ‘enclousures’ del capitalis-mo contemporáneo, para el control de recursos estratégicos (agua dulce, tierra,biodiversidad, energía, maderas, minerales y metales).

Y con estos nuevos enclousures emergieron también los casos de las plantacionesde soja y eucaliptos como los exponentes más claros, los ejes centrales en lageopolítica del agribussines, tan cara a toda nuestra región, en una zona del mun-do catalogada como una de aquellas que posee las mayores ‘fronteras agrícolas delplaneta’. El desarrollo del agribussiness,,,,, tendencia mundial basada en la producciónde monoculturas industriales de commodities, deja en manos de pocastrasnacionales y algunas pocas empresas nacionales18 el control de nuestrasestructuras agrícolas y todo el circuito de la cadena de producción de alimentos,desde la producción hasta el consumo.

La contracara de este proceso es la destrucción de la vida de millones depersonas que dependen del manejo compartido de los recursos en estos‘territorios’, y costos ambientales, sociales, políticos y culturales inconmensurablestanto desde el punto de vista de la vida humana como de la supervivencia denuestro planeta. Todo ello da cuenta de la ‘simplificación brutal y esterilizantede los ecosistemas’.19


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Depredación de la naturaleza en términos de la biodiversidad y la calidad delagua y los suelos; la deforestación, la apropiación, concentración y extranjerizaciónde la tierra; el desmantelamiento de los sistemas rurales con el corolario de lacriminalización de las resistencias y la expulsión de las comunidades indígenas,negras y campesinas son realidades urgentes a lo largo de toda América Latina.20

Los beneficiarios: los dueños de la tierra, los bancos, los intermediarioscomerciales, las industrias del transporte o del papel instaladas en el norte, lasprocesadoras de alimentos, donde la presencia de las transnacionales esomnipresente21

Transversal a las actividades mineras, los hidrocarburos, el turismo, los desiertosverdes de soja o eucaliptos; de facto o meta estratégica, la resultante es un crecientecontrol territorial mediante una apropiación ‘all inclusive’ (el agua, las tierras, lasplayas, la biodiversidad, las rutas que comunican a los pueblos y comunidades entresí, los recursos minerales, metálicos o energéticos). El caso de Bennetton en laPatagonia Argentina el ejemplo que demuestra más meridianamente la apropiaciónde las tierras para un sistema integrado de explotación minera, lanar y forestal.

Las prácticas de las corporaciones significan el desplazamiento de poblacionesenteras generando que el caso de turismo en la Riviera Maya llama de ‘refugiadosinternos’. “Uno de los peores impactos de las conductas de las CTN europeas, esla cínica y sistemática destrucción de la vida comunitaria, de las cadenas localesproductivas, artesanales, agrícolas, comerciales y de servicios en general”.22 Des-pojados de sus medios de sobrevivencia básica y destruidos los tejidos comunitarios,terminarán trabajando en condiciones de esclavitudes modernas donde los derechoslaborales parecen ciencia ficción.

Otro aspecto central de la problemática no completamente nueva pero si cla-ramente agravada a partir de la globalización neoliberal son los impactos en elmundo del trabajo y la violación a los derechos laborales en el seno de grandescompañías transnacionales y sus subsidiarias.

En el área del mundo laboral, los cuatro casos presentados ante el tribunaldieron cuenta de la violación de los convenios 87 y 98 de la OIT, que refieren a lalibertad sindical y a la negociación colectiva. Se denunciaron casos de cierre deactividades y despido de trabajadores sin negociación con los sindicatos, despidosy amenazas a sindicalistas. El informe de caso de la empresa noruega Marine Harvesten Chile reporta que las prácticas anti-sindicales se traducen en sistemáticaspersecuciones y hostigamientos contra los dirigentes gremiales.

También los casos hacen referencia a la violación a los derechos de la seguridadpersonal, a la salud y al salario. Tanto el caso de Telefónica como el de Marine


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Harvest denuncian las maniobras de subcontratación donde las condiciones detrabajo son inhumanas y nadie se hace responsable.

c- Relaciones PeligrosasCada una de las narrativas demostró en términos concretos lo que fuera señalado

en la primera sección: las CTN no son una isla. Necesitan de una arquitectura, deregímenes (leyes y políticas) para operar con impunidad, incluso del ejercicio de laviolencia por parte del estado o estructuras ad hoc que ellas mismas crean o de lascuales se valen, como es el caso del paramilitarismo en Colombia.

El FMI y el BM o la OMC, algún tratado de libre-comercio o bilateral deinversión, el lobby cerrado y sistemático, la operación directa de algún país de laUE en defensa de su transnacional, los sistemas legales nacionales, o máscomúnmente, varios de estos agentes actuando en simultáneo y reforzándose,fueron responsables de generar las condiciones para la entrada, permanenciaimpunidad de las transnacionales denunciadas ante el tribunal.

El FMI y el BM vía el ’impulso’ de las privatizaciones de las telecomunicaciones,el agua y la electricidad crearon el espacio para la entrada de Telefónica, Suez, UniónFenosa, Aguas de Barcelona. La realidad es que muchas de ellas, luego de más deuna década, o bien se quedaron con enormes porciones de mercado en los paísesdonde se instalaron o se convirtieron directamente en las empresas líderes del sector.

A partir de las presiones y las políticas de tierra del BM, que impulsaron refor-mas de las leyes de tierras desmantelando los sistemas colectivos de la propiedad,como los ejidales en México o las tierras fiscales y comunitarias en Perú, se allanóel terreno a las mineras como Majaz, las forestales como Stora Enso, Botnia, Ence,las empresas turísticas como Sol Melia, o las petroleras como Repsol.

Los regímenes de inversión, sea a través de leyes, a partir de tratados bilateralesde inversión o a través de acuerdos de inversión en el marco de acuerdos delibrecomercio, por mencionar los más conocidos, también se constituyen comoinfraestructura básica para que estas empresas puedan operar. Un ejemplo másque elocuente es el conflicto de las plantas de celulosa entre Uruguay y Argentinadonde las presiones de Botnia y Ence a Uruguay han sido un elemento central enlos cálculos de este país. Estas empresas cuentan con que la aplicación de los tra-tados de inversión tanto con España como Finlandia les dan una cobertura legalque de ser utilizada podría implicar millones de dólares para el estado uruguayo.

En los dos instrumentos jurídicos se contempla al Centro Internacional deArreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que es el tribunal arbitraldel Banco Mundial, como mecanismo de solución de disputas.


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El caso de Marine Harvest en el sector salmonero de Chile destaca varios ele-mentos actuando en conjunto. Además de la legislación nacional de inversiones ylaboral, ya de por si claves en otorgarle beneficios al régimen de IED y que explicanen gran parte la transnacionalización del sector, denuncia los subsidios que le otorgael estado chileno por contratar trabajadores en ‘zonas extremas’ y por contratar atrabajadores cesantes.

La penetración masiva de los bancos europeos en México está muy vinculadaal acuerdo financiero en el marco del acuerdo de librecomercio de este país con laUE, en vigor desde el 2000, ya que antes los acuerdos del NAFTA daban privilegiosa las transnacionales de las finanzas de los EEUU23. Fue precisamente uno de losmayores intereses de los lobbies de las transnacionales europeas a favor del acuerdo.

Por último, dos ejemplos ilustran como hasta los instrumentos supuestamentefavorables a los países en desarrollo, como son el Sistema Generalizado dePreferencias y la cooperación al desarrollo también se utilizan en favor de losintereses de las CTN.

En el caso del SGP de la Unión Europea con El Salvador el gobierno españolintervino ante la UE para que adecuen el SGP a las necesidades particulares de ElSalvador. Esto no era otra cosa que responder a los intereses de la empresa españolaCalvo, instalada en ese país, de modo que el SGP tuviera vigencia y Calvo puedaevitar los aranceles al ingresar sus productos a España y a la UE.

El caso de la GTZ (la agencia de cooperación Técnica Alemana) es denunciadoen dos casos, una es participando activamente de la elaboración del Informe PatagoniaXXI, junto al BM que está haciendo de soporte a la nueva transnacionalización deesta extensa geografía de la Argentina. La otra es la intervención y presión al gobiernoBoliviano para que aceptase la participación privada en los servicios de prestaciónde agua como condición para otorgar los préstamos.

IV - El tribunal, el derecho y los desafíos del modelo corporativoUn poco de historia.

Hemos visto que la presencia de las CTN como actores centrales en la escenainternacional no es un dato de la década de los 90s. El debate en torno a ellastampoco y su devenir es un claro indicador de las mareas en la alta política mun-dial. Los primeros intentos de regulación aparecieron a inicios de los 70s.24 Laatmósfera prevalente por aquel entonces en muchos rincones del planeta era quelas CTN tenían demasiado poderío económico. Se buscó entonces dar unarespuesta política (desde formas de monitoreo y regulaciones, hasta restriccionesde las actividades de las mismas)


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La UNCTAD III, en 1972, en la resolución relacionada con la IED, puso elénfasis en el derecho de los países en desarrollo para regularlas, en línea con lasnecesidades del desarrollo nacional y para evitar sus posibles efectos adversos. Estafue básicamente la posición del Tercer Mundo. Varias fuentes coinciden en señalarque la decisión habría sido precipitada por el discurso del presidente de Chile,Salvador Allende, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde acusaba aITT (Internacional Telegraph and Telephone Company) de intervenir en losasuntos domésticos de su país con planes para derrocarlo.

En este marco se encomendó a ‘un grupo de eminencias’ que abordasen lanaturaleza y las actividades de las CTN en el proceso de desarrollo. Su actuacióncondujo a la creación de la Comisión y el Centro de las Naciones Unidas sobretransnacionales que comenzó a funcionar en 1974. Desde entonces uno de lostemas sobre los cuales giró la actividad del centro durante sus 17 de años deexistencia fue el trabajo relacionado con la formulación de un código de conductasobre corporaciones transnacionales. Y la ‘alta calidad del trabajo en perseguir lasactividades de las CTN en el sur le valió la ira de estos conglomerados’ 25

En los 70s muchos países en desarrollo presionaban por la formulación de dichocódigo en el seno de las organizaciones de Naciones Unidas. Esta mirada escépticay recelosa a las tranacionales era parte de una coyuntura histórica mayor, donde elsur proclamaba el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) cuyo Plan deAcción 26 establecía, entre otras cosas, que:

“Se deben hacer todos los esfuerzos para formular, adoptar e implementar uncódigo internacional de conducta sobre las corporaciones transnacionales para:

a. prevenir la interferencia en los asuntos internos de los paísesb. regular sus operaciones en los países donde se instalen y que se ajusten a

los planes nacionales de desarrolloc. traer consigo transferencia tecnológica en términos equitativos y favorablesd. regular la repatriación de las gananciase. promover la reinversión de las ganancias en los países en desarrollo”.Como respuesta a esta ola contraria a los intereses de los países ricos y sus

corporaciones, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo(OCDE) adoptó en 1976 la primera versión de las Guías para las empresas de suspaíses miembros. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso laDeclaración Tripartita sobre Principios Vinculados a las Empresas Multinacionales.

El Tribunal de los Pueblos, reunido en Bruselas en 1975, en su sesión ‘Sobre laSituación de América Latina’; al analizar las causas económicas de la violación delos derechos del hombre y del derecho de los pueblos decía:


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‘las empresas extranjeras que ejercen actividades en América Latina, porintermedio de filiales o de sociedades han tenido y tienen, con la complicidad delas clases opresoras de América Latina, una intervención permanente a fin deasegurarse los más altos beneficios económicos y la dominación estratégica….’

Y concluía, luego de una extensa enumeración de las actividades de las CTN que:’Todos estos hechos constituyen violaciones específicas: del derecho de los

pueblos a la autodeterminación; a disponer de sus riquezas naturales; a la no-intervención en sus asuntos internos; al progreso económico, social y cultural; ala plena participación en el proceso y en las ventajas del desarrollo; a escogerlibremente su sistema económico y social; a un precio justo y equitativo de lasmaterias primas; a recuperar su soberanía permanente sobre sus recursos naturales;al derecho de todo Estado a eliminar el neocolonialismo y cualquier otra formade ocupación y de dominación, así como sus consecuencias económicas y sociales;derechos todos proclamados por las Naciones Unidas, que constituyen en su con-junto un sistema coherente de derecho internacional”.

Juez y parte.Como vimos, en los 80s los vientos en el escenario internacional cambiaron y

hacia mediados de la década ya casi nadie hablaba de regular las corporaciones nicuestionaba su conflictivo rol. El código más completo, el de Naciones Unidas,que estimulaba la maximización de la contribución al desarrollo económico, nuncafue finalizado, así como la enorme mayoría de los más de treinta códigos que sehabían pensado en la década anterior.

La radicalización del neoliberalismo sentó las bases para el aumento de ladiscrecionalidad y la impunidad de las trasnacionales y con el ello el aumento dela violación de los derechos humanos. Esto indudablemente fue multiplicandolos conflictos y generando voces contrarias a los discursos oficiales sobre la bondadde las mismas una vez más. Muchos grupos de la sociedad civil comenzaron a rea-lizar campañas o retomaron aquellas que se habían iniciado ya en los 70s... la evi-dencia comenzó a converger mostrando los innúmeros casos de abusos por partede las empresas.

Conclusión: a pesar del militante rechazo a la regulación por parte de las CTN,debieron tomarse en serio el pensar una estrategia para contrarrestar estaspercepciones negativas de modo que no afectasen sus intereses. Comienza entoncesel viraje desde una estrategia de oposición directa a una más sofisticada, unaverdadera estrategia de contención. El eje seguirá siendo el mismo: evitar cualquiertipo de normativa vinculante, pero se destacan dos componentes.


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Uno es la idea de la autorregulación (códigos éticos, de conducta, estándares,etc…) Todas las mayores corporaciones del globo y también algunas grandesasociaciones de lobbies adoptaron algún tipo de instrumento. Se generó así unavirtual explosión de códigos privados y las corporaciones parecieran haber toma-do el liderazgo de la iniciativa. El otro componente de la estrategia fue cooptarinstancias varias de la sociedad civil y los diferentes ámbitos de Naciones Unidasotrora más críticos, con el discurso de la co-regulación.

Uno de los últimos intentos más conocidos para regular el comportamientode las corporaciones trasnacionales en relación al medioambiente por parte deNaciones Unidas fue en 1992, en la Cumbre de Río, a través de un borradorpresentado por el Centro de Naciones Unidas. Y una vez más, sin embargo, unacoalición de los estados poderosos y el lobby de las corporaciones se las arreglaronpara que estas recomendaciones desaparecieran, como desaparecería el centro alpoco tiempo. Algunos señalaron este evento como un hito, ’de lobistas a escalanacional a legítimos agentes globales’.

El exponente más claro de este discurso de la co-rregulación es el ‘GlobalCompact’ (Pacto Global) planteado por Kofi Annan y en línea con su políticapara establecer relaciones más estrechas con las transnacionales. Este pacto, sus-tentado en los principios y valores compartidos, prevé el compromiso ‘voluntario’de las transnacionales a respetar diez principios basados en el respeto a los derechoshumanos, los ambientales, los laborales y contra la corrupción.

Es una ironía que en el momento donde la desregulación económica globalhace más necesarias que nunca unas reglas obligatorias, surja una iniciativa comoésta legitimada por una organización multilateral como las Naciones Unidas. Todasu concepción es “más que cuestionable. El discurso de la ciudadanía corporativaglobal es profundamente falaz, ya que implica que los problemas sociales y ecoló-gicos causados por la globalización neoliberal pueden ser solucionados apelando alas empresas…cuando se encuentran en la raíz del problema”27

Todo este proceso que ha hegemonizado el debate sobre las corporaciones, suaccionar y sus poderes en torno a la auto-regulación o la co-regulación por unlado descentra a la esfera pública internacional como locus desde donde seestablecen las reglas y por otro es debilita a las Naciones Unidas como escenariomultilateral en los intentos de establecer reglas vinculantes.

En este sentido parece importante rescatar la adopción de un documentoinicial “Normas Sobre la Responsabilidad en Materia de Derechos Humanosde las Sociedades Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la Esfera delos Derechos Humanos’ por parte de la Sub- Comisión de derechos humanos


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de la ONU en 1998. Según señalan algunos grupos que participaron en el procesouna de las cosas más interesantes de este intento normativo es que la tarea deproteger y promover los derechos humanos corresponde en primer lugar a losEstados.

Claro que también se señalan falencias, ya que el documento habría sido frutode un arduo consenso. Se mencionan por ejemplo: la falta de precisión al tratarsobre la responsabilidad solidaria de las sociedades transnacionales con sus filiales,contratistas y licenciatarios, la falta de formalización de un mecanismo deaplicación tampoco está formalizado, entre otras.

A pesar de que las perspectivas de futuro en el seno de las Naciones Unidas noson precisamente alentador, y que la concreción de normas vinculantes esté muylejos, Naciones Unidas debiera ser el lugar, al menos a escala internacional, dondeel movimiento y los ciudadanos en su conjunto focalizaran su estrategia hacia laconsecución de normas vinculantes.

¿Entonces, para que un tribunal? En y más allá de las normas…En este contexto ¿para qué un tribunal permanente de los pueblos al sistema,

al régimen de poder corporativo? ¿puede tener algún valor o cumplir alguna funciónun proceso que no tiene ni estatuto legal ni capacidad para que las transnacionalesse ajusten a lo que dictamine?

El valor primario reside en que un tribunal como el de Viena, profundamentearticulado a los actores que están resistiendo el poder corporativo de lastransnacionales, ha sido un catalizador para crear un espacio de acumulación desaberes, experiencias, luchas, denuncias, que no ha quedado como un simple ‘even-to’. Se necesita de esos espacios para generar convergencias, para potencializar lasposibilidades de abrir brechas en los discursos y las políticas dominantes. A partirde aquí hay muchos canales por los cuales se puede ir trabajando.

Lo primero que se impone es consolidar una oposición contundente a losconceptos y procesos que tienen como sustento la auto-regulación o co-regulación.Las transnacionales, como cualquier otra empresa, no disponen de legitimidaddemocrática para dictar derecho y como toda persona jurídica o física deben respetarla ley y someterse a ella.

Un principio elemental de la justicia es que no se puede ser juez y parte, por loque deben existir órganos independientes que puedan juzgar a las transnacionalescuando sea necesario. Cualquier legitimidad normativa que las CTN quieranadjudicarse y por lo tanto conceptos como responsabilidad corporativa,gobernabilidad corporativa y (o) ‘accountability’ no tienen ninguna validez.


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Hay otro nivel que es pensar y accionar en colectivo estrategias para apropiarnosde los canales legales existentes. La posibilidad de dotar al tribunal como foropermanente para avanzar hacia la judicialización de los casos puede contribuir avisualizar de qué reglas podemos ampararnos.

Paralelamente se impone la tarea de deconstruir el andamiaje jurídico cons-truido en todas estas décadas para dar amparo a las transnacionales, como losmencionados acuerdos de inversiones, de servicios, de propiedad intelectual, en-tre otros. Estas reglas de juego, la infraestructura legal para el dominio de lascorporaciones, deben ser desarticuladas.

Y quizás la tarea más importante, reconstruir un otro derecho. Se requiere unnuevo marco global basado en otra legislación internacional que de cuenta de lastransformaciones económicas. El proceso de la creación de esta legalidad esta aúnen sus estadios iniciales.

En este sentido, el tribunal de Viena identificó un conjunto de patrones deexplotación y abusos por parte de las transnacionales que operan en Latinoaméricay como estas permanecen más allá del alcance de las leyes nacionales einternacionales porque:

• no existe legislación• las CTN pueden hacer que los gobiernos no implementen las leyes• todo un nuevo régimen legal da sustento a sus actividades• la actividad está más allá de la competencia de la ley nacional• las violaciones están descentradas en muchas jurisdicciones y los litigios

son extremamente difíciles.Si bien el Tribunal no tiene carácter vinculante alguno, las relaciones entre el

‘soft law’ y el ‘hard law’, entre lo que es obligatorio y lo que no, pueden ser másambiguas de lo que parecen. Instancias como el tribunal pueden ir sentando lasbases hacia la creación de una jurisprudencia y normas vinculantes desde lospueblos y para los pueblos. Esta etapa del tribunal ha contribuido a:

• identificar patrones de abuso según contextos sectoriales, socio-políticos• generar información que en algunas situaciones será la antesala de la

presentación de casos ante la ley para obtener respuestas políticas y legalese ir generando precedentes

• juzgar los abusos a la luz de las leyes que existen (nacionales e internacionales)• identificar brechas, agujeros negros y claras injusticias en la ley, a todos los

niveles.A medida que la globalización avanza, y a medida que la sociedad civil global

se desarrolla y las fuentes del poder social, político, militar, ecológico están cada


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vez mas ligadas globalmente, nuevas reglas y regulaciones serán necesarias y van aser creadas.

Tenemos una opción. Podemos dejar el desarrollo de estas leyes a una elite opodemos usar procesos como los del tribunal para crear una agenda legal, deregulación que a su vez vaya desarmando el entramado jurídico neoliberal, quepueda ser transformada en ley.

No debiéramos olvidar ni perder de vista que la ley misma sirve para organizarlas luchas por los derechos y la justicia. Es en este marco que debiéramos ver eltema legal. El derecho es un terreno de disputa y el proceso del tribunal debe serparte de un continuum en la creación de un nuevo derecho internacional.

V - Apuntes finalesLa globalización neoliberal que personas, pueblos, también algunos gobiernos,

están enfrentando, sea desde las resistencias más acotadas, sea desde un intentoteórico y práctico por construir paradigmas diferentes, tiene en las CTN a uno desus agentes centrales.

La enorme mayoría de las problemáticas más urgentes de la humanidad, desde elacceso a la tierra o a los servicios públicos, conseguir un trabajo o un préstamo bancario,hasta cuestiones de mayor alcance como convivir con un sistema financiero casinoque desestabiliza países enteros, las enormes constricciones para idear e implementarproyectos más desvinculados del neoliberalismo global, están atravesados, antes odespués, más directa o indirectamente, por la presencia y acción de las CTN.

Cualquier proyecto de cambio deberá ineludiblemente tener al tema de lastransnacionales en el centro de la mira. Para ello hay varios canales que segura-mente deberán integrarse.

Hay una dimensión que tiene que ver con el desarrollo de elementosconceptuales y jurídicos que no partan desde el paradigma neoliberal predomi-nante, que no sean meros dispositivos para legitimar el accionar de las CTN y elneoliberalismo. No se trata de un ejercicio teórico estéril sino de reconstruirconceptos que se encuentran arraigados en nuestro sentido común.

La disputa a la economía neoclásica es hoy más imprescindible que nunca. Paraello hay que poder contrastar los beneficios que siempre se adjudican a las CTN conlos aportes reales que han hecho en cuanto a empleo, transferencia tecnológica, vín-culos con las economías locales y regionales, agregación de valor, etc. Y demostrarcuanto en realidad tienen que ver con variables que la epistemología neoliberal noincluye como la extranjerización de las economías, la transferencia de recursos, eldesplazamiento de poblaciones, el saqueo y la privatización de la naturaleza y las


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injusticias ambientales que esto genera, la privatización de los derechos a los serviciosbásicos, el vaciamiento de los estados, etc.

Hay otra dimensión que es más de construcción política. Como vimos, existeuna infinidad de actores perjudicados por su accionar que no se agotan en elsindicalismo clásico. Pero no necesariamente estos actores convergen, o visualizanper se lo unívoco de sus luchas. Así también es una tarea central la construcciónde vínculos y alianzas hacia la construcción de sujetos políticos capaces a su vez demultiplicar otra mirada sobre las CTN.

Conjuntamente con la necesidad de construir sujetos en torno a aquellos másdirecta y visiblemente afectados o aquellos con más disposición, hay que ganar laopinión pública, para transformar el sentido común, para que la ecuación no seaautomáticamente IED = empleo, como ha sucedido por ejemplo en el caso de laconstrucción de las plantas de celulosa en Uruguay.

Necesitamos poner en común miradas y luchas, evocar la unicidad de unarealidad que parece tan fragmentada y así ir consolidando mayores consensos encuanto a alternativas, tarea nada sencilla si pensamos que las CTN atraviesan enmayor o menor medida nuestras vidas, en lo que comemos, en lo que vestimos,en los medicamentos y computadoras que utilizamos, en los autos que compra-mos; la lista es larga.

El horizonte estratégico amplio y hacia el desmantelamiento de las corporacionesy la deconstrucción del neoliberalismo debe ser una combinación integral, toman-do los canales legales existentes, construyendo un derecho nuevo basado no en losderechos de las corporaciones y las lógicas que las sustentan sino en el de los pueblosa idear y contralor sus sistemas económicos y exigiendo nuevas políticas públicasque excedan lo legal y que dejen de ser el brazo legitimador de las CTN.

El desarrollo de conceptos, paradigmas e instrumentos alternativos, laconstrucción de sujetos capaces de apropiarse de ellos y la necesaria creación deun sentido común ciudadano y extendido por fuera del propio movimiento, quesea juez y parte de la necesidad de regular y/o deconstruir el poder corporativo,son condición necesaria para la construcción de alternativas.

La redistribución de la riqueza, sistemas de ‘democracia real’, y patrones deproducción, distribución y consumo sustentables, es decir, en convivencia y respetocon los límites materiales del planeta, solo son posibles si rescatamos espacios queestán bajo el dominio del poder corporativo.


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NOTAS1 Ver: http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=66572 algunos de sus primeros trazos datan de las dictaduras militares; esto es claro en Argentina, Chile y Uruguay

durante los 70 por ejemplo3 Nombre que se da a los TLC que establecen estipulaciones más profundas que las de la OMC y que contienen

acuerdos que no han logrado consenso multilateral. Por ejemplo (compras gubernamentales, inversiones,competencia, etc.)

4 Ver: ‘The Future of the WTO’, (2004). En : http://www.tradeobservatory.org/library.cfm.refid=378855 Ver Derwick, Christina: ‘The EU Corporate Trade agenda” (2005) Seattle to Brussels Network, Brussels- Berlin.6 Inversiones, compras gubernamentales, competencia y facilitación del comercio.7 Ver Informe de ‘La Inversión Extranjera de América Latina y el Caribe’, CEPAL (2001). En: http://

www.cepal.org8 En aquel momento el Argentina, Brasil, Chile y México eran catalogadas como economías con altas pers-

pectivas de crecimiento, en la terminología oficial ‘emergentes’.9 Conocida es también la enorme presión del lobby agrícola francés en contra del acuerdo con Mercosur y de la

apertura agrícola en la OMC, que repercuten directamente en las posibilidades para que el acuerdo de concrete.10 Ver MEBF. En http://www.mebf.org/11 Arcelor, Telecom, Suez, Crédit Agricole.12 Ver la página web: http://www.asc-hsa.org/rubrique.php3?id_rubrique=58; http://www.alternativas.at13 Organizado en torno a los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Vietnam, en el año 1968.14 Houtart Francois: Antecedentes del Tribunal Permanente de los Pueblos. Documento de Trabajo, 200615 Alemania, Austria, España, Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Noruega16 Documentos sobre casos de agua y transnacionales europeas presentados al TPP17 Documentos de casos del área de recursos naturales presentados al TPP18 Como es el caso de Aracruz Celulosa o Amaggi en el sector sojero (Brasil)19 Documento presentado al TPP: “Introducao: o projeto regional de expansao das papeleras”.20 Documento presentado al TPP sobre el caso de Aracruz Celulosa21 Documento presentado al TPP: “The Brazilian- EU soy chain. Millieudensie. Friends of the Earth, The

Netherlands”.22 Documento presentado al TPP sobre el caso de la Rivera Maya.23 Ver Zabludosky, Jaime (2003) ‘La Ventana Europea: Retos de la Negociación del Tratado de Librecomercio

de México con la UE’. En: http://www.realinstitutoelcano.org/buscar.asp24 Setting New Global Rules? TNCs and Codes of Conduct. Transnational Corporations, (dic, 2005) Vol.

14, No 3 (December 2005)25 Wello, Walden. Dilemmas of domination. The unmaking of the American Empire, 200526 Ver el Programa de Acción del establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional (resolución de

la Asamblea 3202 (S-VI), Sección V)27Corporate Europe Observatory: The Global Compact: The UN’s Deal with ‘Global Corporate Citizens’

(1999) En: http://www.corporateeurope.org/observer5/global.html-


EL CONSORCIO OCP

LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS Y LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS

EUROPEOS EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS POBLACIONES

AMAZÓNICAS ECUATORIANAS

JOSÉ PROAÑO (ACCIÓN ECOLÓGICA - EQUADOR)

RESUMEN EJECUTIVODespués de treinta años de actividades petroleras en el Ecuador, la

explotación de petróleo ha provocado la destrucción de aproximadamentecuatro millones de hectáreas de bosque tropical. Como consecuencia de ladestrucción de la Amazonía, hoy en día la población amazónica - campesinose indígenas que han vivido por varias generaciones en la Amazonía Ecuatoriana- ha perdido sus medios tradicionales de subsistencia y sus culturas seencuentran en riesgo de desaparecer.

Hace más de dos años y medio se terminó de construir el Oleoducto de CrudosPesados (OCP), el cual atraviesa 503 kilómetros de selva amazónica, páramo andinoy costa ecuatoriana. Siete petroleras conformaron un consorcio para su construcciónentre ellas la española REPSOL - YPF, la italiana ENI AGIP y la francesaPERENCO. El financiamiento de este proyecto fue dado por varios bancoseuropeos liderados por el Banco de propiedad Estatal West - deutsche Landesbank(WestLB).

El caso OCP es un caso emblemático que demuestra cómo las empresastransnacionales y bancos europeos ejecutores y financistas del OCP se ampararonbajo el modelo pseudo-desarrollista de organismos internacionales como FondoMonetario Internacional y Banco Mundial para invertir en un proyecto que haincrementado los conflictos sociales y problemas ambientales de la Amazoníaecuatoriana. A manera de resumen, podemos decir que:

• La irresponsabilidad ambiental de este proyecto ha afectado a 11 áreas pro-tegidas. Durante su construcción, este proyecto ocasionó el taponamiento ycontaminamiento de fuentes de agua para el consumo humano de lapoblación asentada a lo largo de la ruta. Además, durante las etapas de pruebadel oleoducto se produjeron 5 derrames de crudo que contaminaron las áre-


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as cercanas. Al ampliar la frontera petrolera se multiplicaron los desechostóxicos que luego fueron arrojados al ambiente. La deforestación de 15millones de m² expropiados, ha causado pérdidas irreparables debiodiversidad y terrenos agrícolas a lo largo de la ruta.

• El proyecto aumentó la deuda ecológica en Ecuador creada a partir de lapresencia de la industria petrolera y que se expresa en la devastación dela cuenca amazónica. Los pasivos ambientales generados han afectadogravemente tanto a las poblaciones locales como al medio ambiente. Eldeterioro ambiental ha conllevado a una extrema situación de pobreza,pérdida de conocimientos ancestrales, afectaciones a la salud y modostradicionales de vida de las poblaciones que viven ancestralmente en esaregión. Los indicadores de desarrollo humano en zonas petroleras sonlos más bajos en el país, lo cual demuestra el permanente saqueo y lairresponsabilidad socio-ambiental con que operan las transnacionales.Actualmente, la población amazónica presenta los mayores índices decáncer en el Ecuador.

• Este proyecto generó un amplio rechazo dentro de las organizacionessociales y sólo se pudo concretar de manera autoritaria, mediante el usode la violencia y la represión de parte del ejército y la policía nacional; 73personas fueron detenidas arbitrariamente por oponerse pacíficamente asu construcción. Actualmente, los campos operados por las empresaspetroleras se encuentran militarizados lo que impide el libre ejercicio deorganización social y denuncia y el libre ingreso de los pueblos indígenasa sus territorios.

• El proyecto generó un perjuicio económico al Estado. . . . . Las concesiones ocontratos de explotación de petróleo entre las transnacionales petrolerascon el gobierno ecuatoriano aseguran que la mayor ganancia se la llevenlas empresas. Durante los años que se construyó toda la infraestructuraque beneficiaria a las transnacionales, la deuda externa del Ecuador crecioen casi 22 veces. La deuda actual, luego de la construcción del OCP es de13.906 millones de dólares y el 44% del presupuesto nacional está desti-nado al pago de la misma.

• Con la construcción del nuevo oleoducto, las empresas privadas seapoderaron de la cadena productiva en su totalidad. Por un lado, seapropiaron de los territorios nacionales y sus recursos naturales(biodiversidad, petróleo, agua, conocimientos ancestrales) y por otro lado,se convirtieron en los propietarios absolutos de la cadena productiva y de


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la comercialización, dejando a un lado cualquier forma de intervenciónestatal o manejo social de este patrimonio.

Según el ministerio de relaciones exteriores del Ecuador, Francia, España,Italia, Alemania e Inglaterra, con el 75% del total de la inversión europea en elEcuador, son los países que más invierten en el Ecuador y el sector petrolero esuno de los mayores beneficiarios del flujo de capital de estos países. Las empre-sas petroleras asentadas en la Amazonía Ecuatoriana son en su mayoríatransnacionales. Las transnacionales europeas - socias del OCP - mantienencontratos de explotación de petróleo con el gobierno ecuatoriano en lo que seha denominado “Bloques Petroleros”. Cada bloque tiene una extensión de 200mil hectáreas de bosque amazónico. El funcionamiento del oleoducto permitiócontinuar con la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo que se encuentranen territorios ancestrales de numerosas comunidades indígenas: Shuar, Ashuar,Huaroni, Kechua, Shiwiar y Zapara y también reservas “protegidas” como elYasuni, Cuyabe, Limoncocha, etc.

Estas compañías mantienen dentro de sus propias concesiones las mismasprácticas denunciadas por la construcción del nuevo oleoducto, en donde mantienencontratos de seguridad con los militares ecuatorianos, no respetan el medio ambienteni los derechos a la autodeterminación y al territorio de las poblaciones ancestrales,etc. Para el Estado Ecuatoriano ha resultado difícil ejercer control sobre ellas y se havisto presionado de concederles ventajas en sus operaciones, bajo el chantaje de lainversión extranjera y de la tendencia internacional a eliminar las trabas de inversión.En más de una ocasión las empresas han sido acusadas de corrupción o de promoverla corrupción en base a ofertas y regalos a los gobiernos y comunidades, lo que difi-culta firmar acuerdos en relaciones de igualdad.

Ante este contexto, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo enfrentaresta situación de total debilidad del Estado Ecuatoriano para intervenir ante elirrespeto de los derechos de las poblaciones afectadas por las operaciones petrolerasde estas empresas extranjeras? ¿Qué tipo de alternativas existen actualmente parapoder frenar el poder que ejercen estas empresas que se han convertido en actoresmás poderosos que el mismo Estado y que están amparadas por contratos queprotegen sus inversiones? ¿Pueden tener los Estados de donde provienen las em-presas alguna influencia en las actividades de estas empresas?

En la discusión actual sobre Derechos Humanos se están abordando justamenteeste tipo de preguntas. Tradicionalmente, ha sido el Estado el responsable de lasviolaciones de Derechos Humanos; sin embargo, actualmente se está demandan-do vincular a los actores no estatales al sistema de derechos y obligaciones de la ley


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internacional. En este trabajo se presentarán tanto los actuales mecanismos conlos cuales se puede responsabilizar a las empresas directamente, así como el conceptode obligaciones extraterritoriales que pueden ser utilizados para exigirindirectamente responsabilidad de las empresas a través de las obligaciones asumidasen materia de Derechos Humanos por los Estados de donde provienen las empre-sas. Estos instrumentos nos ofrecen una solución a mediano plazo para afrontar elpoder de las empresas transnacionales.

Sin embargo, la lucha contra las empresas transnacionales que expropian losrecursos naturales de nuestras naciones y la lucha por la soberanía nacional y lapaz en el mundo depende de la medida en la que seamos capaces de arrinconar nosolo a la industria petrolera, sino también a la civilización que la sostiene. Latransición a una nueva civilización no petrolera requiere de la creación de alterna-tivas técnicas, científicas, ambientales y culturales y de nuevos mecanismosmacroeconómicos, financieros, políticos y culturales. La lucha de las comunida-des campesinas, de pescadores e indígenas, que dan una batalla frontal contra laglobalización y el neoliberalismo, al defender su derecho a vivir en sus tierras, conautonomía, sin agresiones físicas, culturales, ambientales, poniéndose al margenincluso de los que se consideran “símbolos del progreso”, nos señala un caminoclaro.

1. LAS EMPRESAS PETROLERAS EUROPEAS MIEMBROS DEL OCP Y SUSFINANCISTAS

1. 1. LAS EMPRESAS EUROPEASEl 15 de febrero de 2001, el entonces presidente del Ecuador Gustavo Noboa

firmó el contrato para la construcción y operación del Oleoducto de Crudos Pe-sados (OCP). El entonces Ministro de Energía, René Ortiz, apoyó la creación deun consorcio para construir el OCP. En verano de ese mismo año, siete empresaspetroleras comenzaron a construir el oleoducto, el cual fue terminado a finales delaño 2003. El consorcio OCP está formado por ENCANA de Canadá (31,4% delas acciones), REPSOL - YPF de España (25,6%),,,,, PECOMPAC ENERGÍA deArgentina que sería posteriormente comprada por PETROBRAS de Brasil (15%),OCCIDENTAL PETROLEUM de Estados Unidos (12,2%), ENI AGIP de Italia(7,5%), TECHINT de Argentina (4,1%) y PERENCO de Francia (4,0%). Acontinuación se presentan informaciones importantes referentes a estas y los dis-cursos, prácticas y políticas ambientales con las que operan.


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1.1.1 REPSOL – YPF (España)Presidente EjecutivoAntonio Brufau Niubó, nacionalidad española.Dirección en país de origenPaseo de la Castellana 278-280, 28046, Madrid (España)Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00;Fax: (34) 91 314 28 21 / (34) 91 348 94 94Dirección en el EcuadorAvda. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar. Edificio Plaza 2000, piso 5. Quito.Teléfono: (5934) 2 297 66 00.Fax: (5934) 2 256 17 08.Breve historia de REPSOL - YPFDe acuerdo a Gavaldá (2002), la creación de REPSOL - YPF se remonta a los

años 80 cuando el Estado Español integró todos sus dominios petroleros en unsolo grupo empresarial, para pocos años más tarde dar lugar a su privatización. En1981 se creó el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) en el que seincorporaron las participaciones estatales del sector con la idea de expandir la pre-sencia española a través del mundo. En 1999 poseía 3.440 de las 7.643 gasolinerasde España.

En 1989 se dio inicio a la privatización con una primera Oferta Pública deVenta (OPV) del 26% de las acciones. Para el año 1993 realiza una Oferta Globalde Acciones de REPSOL - YPF; y en 1995 en una OPV se privatiza el 19 % delcapital; en el mismo año ingresó en Argentina comprando el 66% en la empresaAstra. En 1997 culminó el proceso de privatización y REPSOL comenzó a absorberotras compañías como Pluspetrol Energy y Mexpetrol en Argentina, Harding enel Mar del Norte y NC-115 en Libia adquiriendo doce nuevos bloques entre otrosen Trinidad y Tobago, Venezuela y Bolivia.

REPSOL se instala en Argentina para adquirir el resto de las acciones de EG3,comprar participaciones en otras refinerías del grupo Soldati y el 49% de las accionesde la refinería de San Lorenzo. En 1999 Menem, ex-presidente de Argentina, vendióla empresa estatal presionado por el déficit fiscal, como parte de su políticaprivatizadora. REPSOL se presentó como único oferente y adquirió la empresaYacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Desde entonces pasa a llamarse REPSOL -YPF. YPF, con pozos de gas en Texas y Oklahoma, yacimientos en Venezuela, Perú,Ecuador y una gran cantidad de plataformas marinas en Indonesia, pone en bande-ja a REPSOL unas reservas probadas de 2.681 millones de barriles equivalentes depetróleo que corresponden al 44% de las reservas de petróleo de Argentina y un


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38% de sus reservas de gas natural. Además, vende los pozos de gas en Estados Unidos,y transfiere la propiedad de las áreas de Perú, Ecuador y Venezuela a REPSOL deEspaña con perjuicio para la Argentina, pues los impuestos ganados de los beneficiosvan a España y no a Argentina, que es la que invirtió en los proyectos.

Áreas en las que trabaja REPSOL - YPFREPSOL - YPF trabaja en exploración y explotación de petróleo, refinamiento

y distribución de combustible, transporte y distribución de gas. Además participaindirectamente en proyectos de gran envergadura como el de Camisea en Perú,donde posee el 66% del capital de Pluspetrol Perú Corporation, empresaconcesionaria del proyecto.

Actividades en Ecuador• Exploración y producción en el Bloque 16 y en los campos Bogi, Capirón

y Tivacuno.• Transporte a través del OCP, en el que participa como segundo

inversionista.• Venta y distribución del petróleo a través de 124 estaciones de servicio,

siendo la 2ª empresa con más estaciones.• Gas Licuado de Petróleo (((((GLP), en donde tiene el 75% de las acciones de

Duragás, que posee el 49% del total del mercado de comercialización enel Ecuador con 300.000 toneladas/año.

El Bloque 16 de REPSOL - YPF en la Amazonía EcuatorianaEn 1985 el Bloque 16 fue licitado y entregado a la empresa Conoco de EEUU

en la segunda ronda de licitaciones. Conoco tras explorarlo decidió salir del bloquepor dos razones: primero por considerarlo poco rentable dada la pesadez del crudo(menos de 16º API); y segundo, por las denuncias de las que fue objeto en nivelnacional e internacional. En 1991 el bloque pasó a ser operado por Maxus de EEUU.Maxus logró que Petroecuador le entregue los campos Bogui - Capirón para quemezcle su crudo pesado con crudo liviano, en una verdadera estafa para el país.

Maxus construyó la carretera desde Pompeya en el río Napo hacia el interiordel territorio Huaorani. Los impactos fueron enormes en poco tiempo a pesar delas guardias indígenas. La resistencia Huaorani fue muy importante, pero en 1993Maxus aplica un tremendo acoso a este pueblo. La empresa contrató a toda unabatería de antropólogos que promovieron la creación de un sistema de relacionescomunitarias que operaba a través de la ONHAE (Organización de la Nacionalidad


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Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana), organización que fue manipulada por largotiempo por las petroleras.

A finales de 1995, la YPF de Argentina adquirió a Maxus, y con ello se convierteen la operadora del bloque. En 1999 fue la REPSOL la que compró a YPF y quienopera el bloque hasta el día de hoy. Todas estas empresas han pretendido manteneruna imagen de perfección en la exploración petrolera. Para ello han realizado enor-mes esfuerzos para cerrar las puertas a cualquier posible inspección que evite sehaga público lo que en sus instalaciones se realiza. Sin embargo, son los mismosHuaorani quienes denuncian vertidos de aguas de formación, derrames, y ríoscompletamente contaminados.

Este bloque se encuentra en el territorio Huaorani e inicialmente ocupaba elcorazón del Parque Nacional Yasuní (PNY), un parque al que modificaron sus límitespara permitir la actividad petrolera en él, quedando el bloque petrolero enteramenteen territorio Huaorani. Ambas áreas, el PNY y el Territorio Huaorani son reconocidascomo Reserva Mundial de la Biosfera tras ser declarada en 1989 por la UNESCO.Aquí se asienta el Refugio Napo del Pleistoceno, un lugar que resistió la últimaglaciación y, conservando la vegetación junto con otros refugios, permitió larepoblación de toda la Amazonía. El Yasuní es un refugio de vida sin comparación.

El pueblo Huaorani, del que hoy quedan 1.500 personas, ha sufrido atropellospermanentes que la legalización de sus tierras, dada el 3 de abril de 1990, no hapodido evitar. Al concederles el territorio, el Estado les quitó el derecho al subsuelopara que las empresas petroleras puedan operar en él. Hoy la contaminación en elbloque, que perdura desde la presencia de la petrolera Maxus en los años 1990, semanifiesta con derrames frecuentes y la eliminación diaria de aguas de formaciónen los ríos. Todo esto afecta a los indígenas mientras queda en la impunidad. Enel bloque 16 se ubican tres comunidades Huaorani (Dicaro, Yarentaro y Guinta)con una población de 150 personas.

El bloque produce en la actualidad 55.000 barriles diarios y se pretende am-pliar el contrato desde el 2011 hasta el 2020. Se han perforado más de 100 pozos,9 en el 2001 y unos 12 en el 2002. El bloque explota crudo pesado de 16 gradosAPI con cortes de agua de hasta 90%; es decir, se extrae 9 barriles de agua deformación por cada barril de crudo, lo que da una media de 495.000 barriles diariosde aguas de formación. Este crudo tiene una gran cantidad de azufre y es altamen-te corrosivo, por lo que se espera que la vida útil de las instalaciones petroleras seamuy corta y que los problemas ambientales por derrames y otros accidentes seanmuy frecuentes en corto plazo. La empresa quiere optar por el campo Shushufindi.


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MAPA DEL BLOQUE 16

1.1.2. PERENCO Ecuador Limited (Francia)Gerente GeneralJean-François GavaldaDirección en país de origen23-25 rue Dumont d’Urville, 75116 Paris, Francia.Teléfono: +33 (0)1 53 57 66 00Fax: +33 (0)1 47 20 38 43Responsable y dirección en EcuadorGerente General: Laurent CombeAvenida Amazonas N-35-89. Edificio Amazonas 4000, Piso 10. Quito. Ecuador

Breve historia de PERENCOPERENCO es una empresa privada francesa de rápido crecimiento. De 1973

a 1981 operaba en el Sudeste Asiático y Medio Oriente en operaciones de apoyologístico de la industria petrolera. Eran 180 trabajadores con un presupuesto de25 millones de dólares anuales. En la década siguiente comenzó a desarrollarperforación de pozos en el Sudeste Asiático, África, Medio Oriente y Mar del Norte.Para 1992 tenía un presupuesto de 100 millones de dólares por año y 1.000trabajadores y ya trabajaba en exploración y explotación.


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PERENCO es una empresa francesa que responde a las estrategias de esepaís de control petrolero y de gas en África. En este sentido, los yacimientos delgolfo de Guinea, que están en la órbita de influencia de Francia, entran encompetencia con las aspiraciones de control absoluto de los Estados Unidos.Los Estados Unidos han manifestado que el Golfo de Guinea era para ellos unacuestión de “seguridad nacional”, pues prevén que para el 2015 esta regióngarantizará el 25% de sus importaciones de hidrocarburos, principalmente degas natural. Su principal competidor para “asegurarse” el oro negro africano esen este momento China. Ambos países comienzan una carrera descontroladatras superarse los 60 dólares por barril de petróleo. Pero en esa carrera hay untercero en discordia, Francia, quien siempre ha considerado que África era lareserva energética de los franceses (petróleo, gas y uranio). Las tres petrolerasfrancesas: Total, Maurel & Prom (“M & P”) y PERENCO cargan con estaresponsabilidad. PERENCO - que estuvo asociada con “M & P” y Total en unaconcesión colombiana - es la tercera petrolera francesa. Está dirigida por Jean-François Gavalda, antiguo “monsieur Afrique” de Elf. PERENCO se ha con-vertido en la segunda empresa productora de Gabón.1

Los bloques 7 y 21 de PERENCO en la Amazonía EcuatorianaEl 18 de diciembre de 1985 se firmó el contrato de Prestación de Servicios

para el Bloque 7 entre la empresa BP y la estatal petrolera, entonces CEPE. Poste-riormente se firmó un contrato de Participación modificatorio el 23 de marzo del2000 con Kerr McGee, el cual está vigente en la actualidad con PERENCO. Lossocios de este bloque son PERENCO con un 45% de las acciones y operadora,Burlington con 30% y Preussag Energie Internacional con 25%. El 20 de marzode 1995 se firmó el contrato de Participación entre Petroecuador y Oryx para elbloque 21, en el que participaban también Santa Fe, Sipetrol y Clapsa, aunque laoperación del bloque quedó en manos de Oryx junto a la del bloque 7. Hoy esPERENCO la Operadora (45%), pero participan Burlington con un 37,5% yPreussag Energie Internacional con 17,5%.

Los bloques 7 y 21 son parte de la Reserva de la Biosfera Yasuní y alberganparte del territorio Huaorani. Una parte del bloque 21 también está dentro de laReserva de la Biosfera Sumaco. Los pueblos afectados son las comunidades Kichwa(Manguilla, Comuna Centro Manduro, Patasyacu, Puerto Colón, Corazón delOriente, Hermano Miguel), y Huaorani y colonas (Flor de Manduro, GarcíaMoreno, La Belleza, Asociación Payamino, Conde, Magdalena, Las Palmas, NuevaFátima, El Cristal, Asociación Río Punino, Jaguar 2, Jabalí, Vencedores, El Mono).


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Mapa del Bloque 21

1.1.3. AGIP (Italia)PresidenteRoberto Poli.Dirección en país de origenPiazzale Mattei, 1; 00144 Roma, Italia.Teléfono. +39.06.59821Fax +39.065982.2141Email. [email protected] y dirección en EcuadorIng. Livio BurbiAv. Amazonas 4080 y UNP, Edif. Punta del Sol, pisos 9 y 10. Quito.Comercializadora: AGIP Ecuador S.A.Avenida Patria y Amazonas; Edif. Cofiec. 8° Piso – Quito.

Áreas en las que trabajaExploración y producción de petróleo y gas, petroquímica y refinación.

Además, aprovisionamiento, transporte, distribución y venta de gas natural yproducción y venta de energía eléctrica.


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Además de Nigeria, AGIP trabaja en los siguientes países:• América: Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Guyana, Perú, Trinidad y

Tobago, EEUU, Venezuela.• África: Argelia, Angola, Camerún, Chad, Egipto, Guinea Bissau, Libia,

Nigeria, República del Congo, Senegal, Somalia, Túnez.• Medio Oriente: Irán, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos

Árabes Unidos.• Asia: Azerbaiyán, India, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Pakistán, China,

Singapur, Tailandia.• Europa: Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia,

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Rumania,Rusia, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suiza, Holanda, Turquía,Reino Unido.

• Oceanía: Australia.

El Bloque 10 de AGIP ENI en la Amazonía EcuatorianaLa empresa se ha valido de personajes siniestros en Ecuador como el ex minis-

tro René Ortiz, quien tiene en su currículum trabajar para AGIP durante 10 años,cargo que abandonó para posesionarse como Ministro de Energía y Minas. Coneste cargo firmó la entrega a Occidental de los campos petroleros Limoncocha yEdén Yuturi, generando un perjuicio al Estado de más de 125 millones de barrilesde reservas de petróleo y propició, sin ninguna base jurídica, el acuerdo deentendimiento entre empresas privadas (Arco, REPSOL - YPF, Oxy, City y Oryx)involucradas en la construcción del OCP. Ortiz pretendió otorgar beneficios a laempresa AGIP a través de acuerdos con Arco para la instalación de equipos, loque suponía un perjuicio para el Estado de 18 millones de dólares y que fuedetenido por la denuncia de los trabajadores petroleros.2 Además, Ortiz incrementólas tarifas que recibían las empresas comercializadoras del gas, donde AGIP con-trola un 40%. Esto provocó un perjuicio al Estado de 82 millones de dólares poraño: De igual manera, entregó al consorcio Arco-AGIP una cuota de 10.000 barrilesde crudo pesado para ser transportado por el SOTE, lo que disminuyó la calidaddel crudo nacional. Hoy en día Ortiz es el presidente y abogado de la Asociaciónde Empresas Petroleras Extrajeras y también es parte del Foro Petrolero, el cualpretende la privatización de la empresa nacional y a mediados del 2005 ostentabael cargo de abogado de la empresa Occidental pretendiendo que el Estado no lerescinda el contrato a Occidental a pesar de las graves violaciones contractuales yatropellos cometidos por ésta.


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En un detallado estudio de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP,1994) se describe lo que fue el proceso de resistencia que dura hasta hoy. Las primerasprotestas vinieron en noviembre de 1988 con los trabajos de sísmica y posteriormenteen septiembre de 1990 cuando comienzan las perforaciones exploratorias.

En Julio de 1988 la compañía Arco firmó un Contrato de Prestación deServicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 10. En1989, en abril, la Asociación Sarayaku paraliza las actividades de sísmica, despuésde que las cuadrillas de trabajadores entraron a los lugares sagrados, destruyeronlas chacras e intervinieron en áreas de caza y pesca. Un mes más tarde el jefe deoperaciones de Arco en el bloque 10, llegó en helicóptero a Sarayaku con dosmillones de sucres en efectivo (1.000 dólares entonces) para comprar elconsentimiento de la comunidad, pero la comunidad rechazó la oferta delfuncionario. Días más tarde, ingresó un nuevo grupo de funcionarios de alto nivelcon representantes de ARCO, para propiciar acuerdos con las comunidades. LaAsamblea de la comunidad de Sarayaku, Confeniae, OPIP, FCUNAE enfrentó lasituación. Según la versión oficial del gobierno, los líderes indígenas determinaronque no se permitiría salir de Sarayaku a los representantes del gobierno y de ARCOa menos que firmaran acuerdos indicando que se suspenderían las actividades sís-micas en los territorios de las comunidades de Sarayaku y en la cuenca delBobonaza. Según un dirigente de la OPIP “las autoridades han tergiversado los hechos.Que fueron secuestrados es una gran mentira, incluso esos días pasaron bailando yconversando sobre los temas del documento que se firmó.”

El documento firmado llamado “Acuerdos de Sarayaku” contiene 50 puntosdivididos en 8 capítulos. El capítulo 7 se refiere a la indemnización por los dañosecológicos y socioculturales. Para determinar la magnitud de estos dañosambientales se nombró una Comisión Evaluadora conformada por expertos deCEPE, la Dirección Nacional de Hidrocarburos y las organizaciones indígenas dela Amazonía para hacer una valoración de los impactos realizados por la sísmica.En Junio de 1989, el informe de esta comisión reveló que los impactos fueronenormes y las instituciones petroleras decidieron no continuar con el estudio. Elinforme denunciaba 1.046 hectáreas de selva deforestada, 372.320 árboles corta-dos, descargas de desechos tóxicos a las aguas, descargas de aguas negras de loscampamentos a los ríos, altos niveles de ruidos, cacería intensiva de trabajadores,invasión de territorios tradicionales, ofensas a territorios sagrados y espíritus delbosque, escasez de caza y pesca, introducción de enfermedades de piel e intestinalesy malas condiciones laborales para los trabajadores. Ante la renuncia de la empre-sa a participar del diálogo, a finales de 1989 llegaron los militares a Moretekocha


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para “garantizar la seguridad y ‘el orden’ en el bloque 10", todo esto con el silenciocómplice de AGIP.3

Entre 1990 y 1991 organizaciones internacionales que evalúan los impactosconcluyen que: “La evidencia disponible sugiere que los impactos de la exploraciónsísmica exceden con mucho los impactos de los pozos exploratorios”, y que la sísmicafue hecha sin estudios de impacto 18 meses antes. En 1992 Arco anunciadescubrimientos fabulosos de reservas y rompe el diálogo con la OPIP. En 1993Arco comenzó una nueva etapa de división de las comunidades y pagó a algunasfamilias para que se cree la organización DICIP (Directiva Inter ComunitariaIndependiente de Pastaza), para restar representatividad a la organización.4

Actualmente esta organización se denomina ASODIRA (Asociación de Indíge-nas Independientes de la Región Amazónica) cuyas bases a mediados de 1999 sedividieron para formar una Asociación de Centros Autónomos de Pastaza (ACAP).

En 1999, como si la empresa fuera sorda, las comunidades seguían denuncian-do la aparición de nuevas enfermedades, la desaparición de caza y pesca, lacontaminación del agua de los ríos, la violación de los lugares sagrados y las purinas(espacios intocables del bosque para que se regeneren los alrededores) y pérdidas desaladeros (San Virgilio, 1999). En Pandunuqui (1999) la familia Dagua escribió cómoel río Liquino que era “el principal espacio de pesca de la comunidad” estaba tan con-taminado que los peces tenían mal sabor y olor, y a un afluente del río Curaray, elIsmayacu (río de mierda), se le había bautizado así después de que la empresa drena-ra en él todas las aguas de los campamentos y la perforación, siendo constantes lasdenuncias de las comunidades ribereñas que la usaban diariamente.5

La relación de los militares con la empresa seguía estrechándose. En febrerode 1999, unos 300 pobladores se tomaron pacíficamente las instalaciones petrolerasde Arco a las afueras de Puyo. Al día siguiente, el ejército, con perros entrenadosy paramilitares las desocuparon con extrema violencia. Después de eso, las misionesde verificación de los impactos eran sistemáticamente impedidas como ocurrióen julio de ese año, cuando un grupo de dirigentes indígenas junto con una eco-logista y una periodista internacional, ante las denuncias de los pobladores de quelas tuberías tenían escapes importantes de crudo, intentaron ingresar a la zona paraverificar la denuncia y fueron detenidos por más de 15 horas por militares deldestacamento que brindaba seguridad a la compañía ARCO en el sitio denomi-nado El Triunfo donde funciona el CPF de la Compañía. Ante todo esto Arco yAGIP seguían guardando silencio.

A finales de 1999 la empresa Arco salió del país y AGIP, perteneciente a ENI deItalia, quedó como única operadora del bloque con el mismo tipo de contrato. Esta


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rechazó ser responsable de los pasivos ambientales, dejando a las comunidades indíge-nas con promesas sin efecto, y tampoco asumió su responsabilidad en la presión a lascomunidades y la persecución de sus líderes. Actualmente en el bloque 10 las inversionesestán amortizadas por lo que cabría suponer que la mayor cantidad de ganancias quegenera este bloque es para el Estado. Sin embargo, la empresa está produciendo el barrilde crudo a un costo que entre el 2001 y 2004 ha alcanzado cifras escalofriantes (14,15dólares en el 2001; 13,58 (2002); 15,53 (2003) y 17,96 para el 2004), y que si secomparan con el valor del barril de petróleo esos mismos años (16 dólares en 2001; 19(2002); 22,60 (2003) y 28,50 en el 2004) demuestran que la explotación petrolera deesta empresa no es rentable para el Estado, sobre todo si el precio de producción delcrudo para Petroecuador era de 2-3 dólares para esos mismos años. De esta manera,Petroecuador está subvencionando a AGIP.6 A pesar de esto, en abril del 2003, AGIPsolicitó al gobierno cambiar el tipo de contrato al de participación y quedarse con el80% frente al 20% para el Estado. El gobierno no respondió favorablemente a estaspretensiones y AGIP anunció que ponía en venta sus intereses en Ecuador. Sin embar-go, esta idea no prosperó y AGIP continúa operando el bloque 10.

MAPA del BLOQUE 10


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1.2. BANCOS EUROPEOS FINANCISTAS DEL OCPEl costo total para la construcción del OCP fue de 1.800 millones de dólares,

el cual fue financiado por un consorcio financiero de bancos internacionales lide-rados por el banco alemán de propiedad estatal, Westdeutsche Landesbank(WestLB). Además, el consorcio financiero está formado por los siguientes ban-cos: ABB Credit Company de Suiza (pertenece ahora a GE Comercial Finance deEEUU), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de España, Banco Nacionaldel Lavoro (BNL) de Italia, Banco Espiritu Santo de Portugal, Banco de Escociade Inglaterra, Caja Madrid de España y Unicrédito Italiano de Italia7, coordinadospor el Chase Manhattan Bank, el cual presionó para la construcción de esta obra.

A mediados del año 2000 el Chase Manhattan (después de la fusión con J.P.Morgan & Co, J.P Morgan Chase & Co) de los EEUU fue contratado como“financial advisor” por el consorcio OCP y financió 400 millones de dólares, quees 31% de total del costo total de la obra. Además, 310 millones de dólares sonfinanciados por compañías de seguros y fondos de pensión (en total posiblemente7 accionistas), los tipos de interés son fijos. Las compañías de seguros conocidasson John Hancock (EEUU) con 150 millones de dólares, New York Life (EEUU)con 40 billones de dólares y Provident (ahora parte de Nationwide Financial)(EEUU). La duración total de crédito es de 17 años hasta julio 2018; 13,5 añosdados por los bancos y en los 3,5 últimos años por las compañías de seguros y depensión.

Las empresas que tienen contratos con el consorcio OCP tienen que pagarpor el petróleo acordado, aunque la empresa no entregue la cantidad de barrilesacordados. Si una empresa del consorcio OCP quiebra, los bancos reciben susconcesiones de explotación. Aunque esto se debería arreglar directamente conel Estado Ecuatoriano, que es la contraparte del contrato de la empresa.

En el caso de Perezcompac Energia (Argentina), que después de la crisis ar-gentina fue asumida por Petrobrás (Brasil), tiene una garantía extra con variosbancos, que pagarán sus deudas hasta un monto de 200 millones de dólares si laempresa quiebra. Estos bancos son Banco Latinoamericano de Exportaciones(BLADEX) Internacional, Banco Europeo para América Latina (BEAL), que esparte de Westdeutsche Landesbank (WestLB) de Alemania, BankBoston (Argen-tina) que es parte de FleetBoston Financial de EEUU, BNP Paribas de Francia,Citibank, que es parte de Citigroup de EEUU, Deutsche Bank de Alemania,HypoVereinsbank de Alemania y Vereins und Westbank, que es parte deHypoVereinsbank de Alemania.


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1.2.1 WEST – DEUTSCHE LANDESBANK (WEST – LB)Presidente:Dr. Thomas R. FischerDirección en país de origen:Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, AlemaniaTeléfono.: 49 (0) 211 826-01Fax: 49 (0) 211 826-6119E-Mail: [email protected]ße 1, 48145 Münster, AlemaniaTeléfono.: 49 (0) 251 412-01Fax: 49 (0) 251 412 2921E-Mail: [email protected]

Historia del bancoComo se dijo anteriormente, el banco alemán WestLB fue el principal fi-

nancista de la construcción del OCP. La historia de este banco comienza en elaño 1960 cuando se fusionan los bancos estatales Westfalen Girozentrale deMünster creado en el año 1832 y Rheinischen Girozentrale y Provinzialbank deDüsseldorf creado en el año 1854. A pesar de su corta carrera bancaria este ban-co se convirtió en poco tiempo en un gran banco en nivel internacional. Conun capital de más de 430 millones de euros en 2001 se registró como el mayorinstituto crediticio estatal alemán. El banco se encontraba el quinto puesto dentrode los diez mayores bancos después de bancos privados como el Deutsche Bank.

Bajo la presidencia de Friedel Neuber (1981-2001) el banco se convirtió en lainstitución con más poder en asuntos económicos del Estado federado de Renaniadel Norte - Westfalia. Después de enfrentar escándalos de enredos políticos con elgobierno del Estado federado de Renania del Norte – Westfalia, el banco nombróa Jürgen Sengera como el nuevo presidente del consejo administrativo enseptiembre de 2001. En junio de 2003, el banco anunciaba el término de losescándalos de los últimos años. Sin embargo se registró una crisis económica in-terna con una pérdida de 1.700 millones de euros en el año 2002; la pérdida másgrande en la historia del banco y de todos los bancos alemanes en 2002. Además,se reportó que el banco no contaba con un manejo de riesgos interno funcional yfundamentado. Como si fuera poco, ya para entonces el financiamiento de unproyecto con efectos ecológicos y sociales catastróficos en Ecuador había llevadonuevamente al Banco a ser el punto de atención en los medios de comunicaciónalemanes (Südwind y Urgewald 2004).


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WestLB en otros paísesEl WestLB tiene como uno de sus campos de trabajo centrales el

financiamiento de grandes proyectos en nivel internacional. En el año 2001el WestLB estaba considerado como el mayor financista de proyectos en nivelmundial, reportando una suma de inversiones de 3.300 millones de dólares(Graf 2004). Según informaciones de organizaciones de desarrollo y ecológi-cas se encuentran en el portafolio de este banco otras bombas de tiempo eco-lógicas y financieras. Las organizaciones alemanas de Urgewald, Rettet denRegenwald y el instituto Südwind investigaron varios proyectos del portafoliode proyectos del WestLB.

En Turquía el WestLB financió con una suma de 35 millones de euros la re-presa Birecik que se encuentra cerca de la frontera con Siria. Esta es parte del enormeproyecto de represas llamado GAP (Güney Anadolu Projesi), el cual prevé cons-truir hasta el año 2010 más de 20 represas en los ríos Eufrates y Tigris que tienencomo objetivo la irrigación e hidroelectricidad. A pesar de que se prometió reali-zar consultas a las poblaciones kurdas que resultarían afectadas por el proyecto,éstas no se dieron debido en parte a la guerra civil que llevan desde hace años los(para) militares turcos y el partido trabajador kurdo. En el año 2000 algunaspoblaciones kurdas fueron desalojadas forzosamente mientras que otras tuvieronque escapar debido a la inundación de sus terrenos sin que se haya dado unacompensación adecuada. Con la inundación de estos territorios, se destruyó laciudad Zeugma de 2.000 años de antigüedad.

Las organizaciones alemanas describen como “baile en el volcán” alfinanciamiento del WestLB a la minería de oro en el grupo de islas Lihir en Papúa,Nueva Guinea por un monto de 110 millones de dólares. Desde que la mina entróen funcionamiento en 1997 se extraerían cada año alrededor de 110 millones demetros cúbicos de desechos de cianuro y cerca de 20 millones de toneladas deotros minerales altamente tóxicos que son vertidos en el mar. Esto llevó a ladestrucción de los bancos de coral, a un descenso de peces y representa un enor-me peligro en la salud de la población local.

El WestLB conjuntamente con dos bancos italianos organizó los dos créditosimportantes para la realización del proyecto Gasoducto Blue Stream de 1.200 km.,el cual conecta la ciudad Izonilnoye en el sur de Rusia con Ankara, transportandode esta manera gas ruso al mercado turco. El gaseoducto cruza 370 km. de territorioruso, 380 km. del Mar Negro y con 2.115 metros de profundidad es el gaseoductomás profundo en nivel mundial. Finalmente atraviesa 450 km. desde Samsumhasta Ankara en Turquía. La ruta del gaseoducto atraviesa el bosque protegido de


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Arkhipo-Osipovskoe, además de una bahía también protegida por leyesambientales. El gaseoducto representa una gran e imprevisible amenaza para elecosistema del Mar Negro.

En Uganda el proyecto Bujagali de 580 millones de dólares pone en peligro lascorrientes fluviales de Bujagali, las cuales son un lugar sagrado para el grupo étnicoBusoga de esa región. Allí se construiría una represa de 30 metros de altura con unacapacidad de producción de electricidad de 200 Megawats. Los financistas más im-portantes son el Banco Mundial y el WestLB; este último destinó en 2001 un crédi-to de 115 millones de dólares para dicho proyecto. Debido a denuncias de corrupcióny de poca sostenibilidad económica, este proyecto ha sido cuestionado por variasagencias de desarrollo internacionales. A pesar de esto y de que una comisión inves-tigadora independiente del Banco Mundial presentara un informe crítico sobre elproyecto, los dos grandes financistas insisten obstinadamente en el proyecto.

Según las organizaciones alemanas también la represa Sawalkote en Kashmir,India, de 197 metros de alto trae una cantidad de peligros. El proyecto que costó1.600 Millones de dólares estuvo acompañado de corrupción, llevó a una catás-trofe ecológica y no es económicamente sustentable para la India. La represa fueconstruida en medio de una región en donde India y Pakistán han llevado a caboguerras en tres ocasiones en los últimos 55 años.

La investigación realizada mostraba también la presencia del WestLB en elfinanciamiento de otros proyectos en Argentina, Rusia, Indonesia y Venezuela.Los análisis cualitativos mostraron que el OCP en Ecuador no era de ningunamanera la excepción. Las organizaciones se toparon con que dos tercios de losfinanciamientos del WestLB en los mencionados países se destinaron a sectoresaltamente sensibles como petróleo, gas, petroquímicos, minería y energía. Casitodos los casos presentados en esa investigación en donde el WestLB ha financia-do proyectos tienen grandes consecuencias sociales en la población y llevan alempobrecimiento, desalojo y amenazan con la salud, además de que han tenidoconsecuencias irreversibles en los ecosistemas.

2. PRÁCTICAS SOCIO AMBIENTALES DE LAS TRANSNACIONALESPETROLERAS

2.1. DENUNCIAS CONTRA EL CONSORCIO OCPEl Oleoducto OCP fue diseñado para transportar hasta 450.000 barriles

de petróleo crudo al día, a través de 503 kilómetros desde la región amazónica,


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cruzando los Andes hasta el océano Pacífico. La construcción del oleoductose hizo por una ruta con alto riesgo sísmico en cuya mayor parte los suelosson inestables geológicamente: atraviesa 95 fallas sísmicas, bordea 6 volcanesactivos como el Reventador y el Guagua Pichincha, además de 7 áreas prote-gidas: Bosque Protector Lumbaqui, la Reserva Ecológica Cayambe Coca, elBosque Protector Cumandá, la Reserva Ecológica Antisana, el Bosque Protectorde la Cuenca Alta del Río Guayllabamba, el Bosque Protector Mindo Nambilloy el Bosque Protector San Francisco, afectando directamente al Parque NacionalSumaco, el Bosque Protector La Cascada, la Reserva Geobotánica Pululahuay el Bosque Seco Lomas de Balao. En su trazado el oleoducto amenaza tambiénimportantes áreas urbanas como Lago Agrio, Cascales, Lumbaqui y Reventadoren la provincia de Sucumbíos, El Chaco, Borja, Baeza y Papallacta en laprovincia del Napo, Quinindé y la ciudad de Esmeraldas en la provincia deEsmeraldas, incluyendo a 6 poblaciones de la provincia de Pichincha y la ca-pital del Ecuador, Quito8.

Mapa de la ruta del OCP

La construcción del OCP se dio a costa de violaciones a varios derechos, cuyaprotección está amparada tanto en la legislación nacional como internacional, no


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solamente contra las comunidades directamente afectadas por su construcción sinocontra cualquier persona que se oponía a este proyecto. Cuando recontamos lahistoria que se dio durante la construcción del OCP resulta inaceptable en el nivelde corrupción administrativa que llegaron las instituciones del Estado y todos losprivilegios que recibieron las empresas petroleras miembros del OCP para llevar acabo este proyecto.

A. Procesos fraudulentosEl entonces presidente, Gustavo Noboa, firmó con el Consorcio OCP un

Contrato de Autorización el 15 de febrero de 2001 para la construcción del OCPsin contar con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) necesarios para determi-nar la ruta del OCP. Posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas anuncióque el plazo máximo para concluir dichos estudios sería de 60 días a partir de lafirma del contrato.

La licencia ambiental fue otorgada por la Ministra del Ambiente, LourdesLuque, en noviembre de 2003 en circunstancias públicamente reprochadas portodas las ONGs ambientalistas, incluyendo aquellas que se hallaban en diálogocon esta instancia oficial. El Ministro del Ambiente anterior a Luque, RodolfoRendón, renunció ante las fuertes presiones para que aceptara la construcción delOCP. Como respuesta del Consorcio OCP a las más de 100 observaciones delMinisterio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, la constructoraargentina TECHINT presentó un documento general y ambiguo, en apenas tressemanas. La Ministra entregó la licencia ambiental al consorcio al día siguiente derecibir este documento. El director de Fundación Natura y el presidente delCEDENMA declararon entonces que “la celeridad con la que los Ministerios res-pectivos aprobaron los Estudios Ambientales evidencia que era una decisión ya toma-da”9. Las actividades del Consorcio OCP y de su empresa constructora TECHINTcomenzaron en varios sitios de la llamada “ruta norte” antes de que se le adjudica-ra la obra y fuera elegida la ruta, razón por lo que fueron multados.10.

Por último, el Acuerdo Ministerial No. 112, suscrito el 11 de noviembre de2003, por el Ministro de Energía y Minas, Pablo Terán, otorgó el permiso deoperación para el funcionamiento inicial del oleoducto al consorcio OCP. Unamparo constitucional presentado por las organizaciones de Acción Ecológica,CEDHU, CONAIE, CONFEUNASSC en noviembre 2003 pidió al TribunalConstitucional suspender inmediatamente dicho permiso debido a que el infor-me técnico elaborado previo al otorgamiento del permiso privilegiaba nuevamenteal consorcio y daba paso en la brevedad posible, al inicio de las operaciones del


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consorcio, sin considerar los costos sociales, económicos y ambientales que sederivarían para el país y sus ciudadanos. El amparo fue rechazado en primerainstancia por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo delDistrito de Quito y en segunda instancia, por la Segunda Sala del Tribunal Cons-titucional.

B. Daños económicos, sociales y ambientales durante la construcción del oleoducto• Frente a las denuncias de que el OCP atravesaría zonas frágiles y deleznables

y que iba a producir fuertes impactos ambientales, pues pasaría por lamisma zona donde el SOTE en 32 años había reportado ya 27 derrames,la constructora TECHINT hizo caso omiso. Como pronosticado se dierongrandes impactos sobre el medio ambiente durante la construcción delOCP. En Octubre del 2002 la erupción del Volcán Reventador provocóserios daños al OCP rompiendo 870 m. de tubería. La reacción de laempresa fue enterrar la tubería a sólo 5 metros de profundidad y en mediode los lahares procedentes del volcán11. Hoy la empresa TECHINT poseeel record de haber ocasionado 5 derrames de petróleo antes de que se aca-bara de construir el OCP12 aunque haya anunciado en 2005 que sólo tieneun 0,38% de accidentes frente al 3,47% que es ‘habitual en la industriapetrolera’ en los países desarrollados13.

Además, Weemaels (2002) investigó 47 km. de DDV del OCP y registró eltaponamiento y la contaminación de 157 esteros y fuentes de agua. De acuerdo aesta investigación, sólo en los 28 km. analizados en la provincia de Sucumbíos, sereportó el taponamiento, la contaminación y posterior inutilidad de un mínimode 139 fuentes de agua y esteros, o sea un promedio de una afectación a cada 200metros. Estos taponamientos generaron inundaciones temporales o permanentesen varias hectáreas de potreros o de cultivos, contaminación de pozos, la muertede ganado por envenenamiento, etc. La falta de medidas de mitigación para ladetención de la tierra removida y de la vegetación tumbada generó la desaparicióno el recubrimiento de vertientes de agua y la contaminación de pozos, vertientes,esteros y ríos, los cuales son, a menudo, la única fuente de agua potable de lasfamilias. Frente a esta situación, numerosas familias han tenido que buscar otrasfuentes de agua de menor calidad, o se han visto obligadas a seguir utilizando aguacontaminada. Los impactos de la contaminación del agua o de la pérdida devertientes sobre la ganadería han sido numerosos. En varias ocasiones, loscampesinos han tenido que vender su ganado ya que no tenían con qué abrevarlo,lo cual representó una pérdida económica para estas familias. En fincas que


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practicaban la piscicultura, la contaminación del agua por la tierra provocó lamuerte masiva de peces y la pérdida de sus peceras.

La constructora TECHINT ha sido sancionada y se le ha retirado la licen-cia de construcción del OCP. En mes de marzo, 2001 fue sancionada por elMinisterio del Ambiente por construir una trocha en Mindo sin autorizacióny antes de tener la licencia14 y en marzo 6 del 2002 se retiró temporalmente lalicencia ambiental al OCP en la zona de Guarumos por daños en la vía deacceso debido a los malos trabajos de abandono de la obra. Además, la empre-sa llevó al país a una emergencia radioactiva en contra del argumento ecolo-gista y de la ratificación de la Comisión Anticorrupción de que la obra no eranecesaria para el país:

• El 10 de diciembre del 2002, cinco fuentes radioactivas fueronsustraídas de la empresa Interinspec en el campamento de TECHINTen Quinindé, Esmeraldas. El material sustraído era utilizado para hacergammagrafía de las soldaduras y ver su calidad. Pero “lo perdieron” ysólo pudieron recuperar 3, previo pago a los ladrones, y violando lasnormas de la Comisión Atómica. El país se declaró en “emergenciaradioactiva” desde mayo del 2003 (5 meses después) por no haberseencontrado las dos restantes.

• El 14 de agosto del 2003 se hizo público que el 6 de enero de ese añola misma empresa ‘perdió’ nuevamente, en el río Quinindé, una cajacon material radioactivo para el mismo uso, en el recinto Trompa delPuerco. El material contenía Iridio 192, sustancia radioactiva muypeligrosa, a la que se prefirió dejar ahí, en el lecho del río, porque éstevenía muy caudaloso, y diferir su búsqueda hasta el verano, parabuscarla con menos caudal. A la empresa no le importó poner en riesgoa las 70.000 personas que habitan Quinindé, sobre todo en zonas dondese pesca con dinamita y podrían haber hecho estallar la caja metálicaque contenía la carga radioactiva. Por esta irresponsabilidad laComisión de Energía Atómica de Ecuador (CEEA) le suspendió la li-cencia y le multó con sólo 3.000USD. La búsqueda la realizaron 9meses después, con el despliegue de 50 infantes de marina y buzos,después de tener que desviar el río de su lecho, y aún así tardaron 9días en hallarla.

• A finales de agosto del 2003 se descubrió también que el 22 de febrerode ese año a la misma empresa le robaron otra fuente radioactiva en elReventador mientras revisaban los trabajos del OCP.


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Además existe un inminente peligro de más daños ambientales debido a que:• El OCP aflora en la superficie en cruces de los cuerpos de agua (Reventador,

Papallacta) y en laderas (Reventador, Sucumbíos).• El OCP no está enterrado a la profundidad requerida por las normas

internacionales de seguridad aceptadas por el Ecuador. Por ejemplo, en elterreno del Sr. Giuseppe Barna, vecino directo de la estación Amazonas,el OCP está enterrado a sólo 94 cm. por debajo de una vía pública, cuandodebería de ser a 3 m de profundidad.

• La ausencia de una cobertura vegetal adecuada en los taludes y laderaspodría conllevar a futuras rupturas y consiguientes derrames, a más deaumentar los riesgos de derrumbes en terrenos accidentados.

• No se realizó una inspección interna de la tubería antes de empezar a bom-bear el crudo.

• El oleoducto no dispone del sistema de aislamiento requerido para trans-portar crudo a una temperatura de ochenta grados centígrados. Elafloramiento del oleoducto en los ríos puede degenerar en su rupturadebido a la erosión fluvial.

• El oleoducto cruza por zonas geológicamente inestables y de alta actividadsísmica, como la del Reventador y del tramo ubicado entre Papallacta yBaeza, donde han ocurrido la mitad de los derrames por ruptura del SOTE;por zonas urbanas, como la de Yaruquí y Lago Agrio; y por zonasproveedoras de agua potable, como la de Papallacta.

C. Falta de consulta e indemnizaciones adecuadas a comunidades afectadasEn la mayoría de los casos, los campesinos no han sido indemnizados por es-

tas pérdidas no contempladas en el contrato firmado con OCP. Según Weemaels(2002), el 94% de los campesinos que firmaron el contrato, o percibieron dineropara que se asentara el oleoducto en sus fincas, no cobró el precio justo por el pasodel OCP en su terreno; el 92% de ellos declaró que lo aceptaron por la presión delconsorcio y se sintieron forzados a aceptar; 21% recibieron amenazas de declararsu terreno de utilidad pública; el 34% fue presionado; al 15% se le amenazó conla posible intervención de la fuerza pública; el 7% aceptó por miedo, y tres dueñosde fincas fueron amenazados de muerte. Esta fue la famosa “consulta” para lascomunidades que en resumen se trató de amenaza, miedo, engaño, mentira,ofrecimiento de ventajas que nunca cumplieron y, en última instancia, deexpropiación con el apoyo del ejército. Los campesinos protestaban que lasindemnizaciones eran de un dólar por metro cuadrado aunque estuvieran cultiva-


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das o con bosque. Tras las obras, el informe Weemaels (2002) reconoce que el15% de los afectados declaró haber perdido animales; el 89% sufrió pérdida decultivos; el 19% reportó la pérdida de infraestructuras, dentro de las cuales constancasas, corrales y galpones para la cría de animales, canales de riego y drenaje, etc.

D. Militarización y represiónPor último, la construcción del OCP fue ampliamente rechazada y solo se pudo

concretar de forma autoritaria y mediante el uso de la violencia. De hecho, du-rante los dos años que duró la construcción del OCP, 73 personas fueron detenidasarbitrariamente por oponerse pacíficamente al paso del oleoducto.15 Ante la faltade razón la prepotencia fue la salida del Presidente Gustavo Noboa, quien manejabael siguiente discurso: “El OCP va porque va, y por donde digan los técnicos que ha deir”, “cuatro majaderos no van a joder al país”, “vamos a darles guerra trinchera portrinchera”. Con estas palabras, el presidente dio carta blanca a unos niveles derepresión sin precedentes en el Ecuador. El 25 de junio del 2001 el Ministro deEnergía declaró de “utilidad pública” el trazado del OCP y como expropiable a lafinca de cualquier persona que se resistiera a su paso.

La construcción del OCP usó unos niveles de represión inaceptables, tantodel ejército como de la policía. El Comando Conjunto de las FFAA firmó unconvenio con las 27 empresas petroleras del país con el fin de “brindar seguridada sus funcionarios e instalaciones”. El paso siguiente fue la firma de acuerdos parti-culares para “proveer a los contingentes militares de combustible, sistemas decomunicación y, en caso de ser necesario, cierto tipo de alojamiento”16. El conveniocon OCP además ratificaba: “Proporcionar apoyo inmediato a la Compañía en casode emergencia, con la participación de una Fuerza de Reacción que permita controlarla amenaza”17.

El 7 de noviembre del 2001 se firmó también un ‘Convenio de Apoyo Mutuo’entre Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. y la Policía Nacionalpor cuatro meses renovables. El objeto del convenio fue que la compañía OCPentregaría una donación mensual libre y voluntaria al Comando de Sucumbíosde 4.000 dólares para obras de infraestructura, equipamiento, mantenimiento ydesplazamiento para 5 hombres involucrados en este operativo y el Comando, acambio, y como autogestión, proporcionaría la seguridad de la Compañía OCPcon 5 de sus miembros policiales.

Una de estas Fuerzas de Reacción fue la denominada “Policía OCP” queocasionó la detención con exceso de brutalidad de más de un centenar de personas,quienes fueron golpeadas, heridas, torturadas y, algunas de ellas, encarceladas


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durante semanas. Algunas personas extranjeras (22) y solidarias con los defenso-res del bosque de Mindo que frenaron las operaciones subiéndose a los árboles,fueron deportadas, entre ellas July Butterfly y Giuseppe di Marzo, expulsados conviolencia como fueran maleantes, cuando los delincuentes eran quienes ordenabanlas detenciones y quienes las ejecutaban.

Efectivamente, quien dirigía el operativo que detuvo en Guarumos al activistaitaliano Giuseppe de Marzo y a varios ecuatorianos, fue el Teniente de policíaDanny Torres, quien fuera detenido meses después por narcotráfico. Este oficialintegrante del GOE (Grupo de Operaciones Especiales), directamente pagado yal servicio de OCP, fue quien lanzó varios operativos violentos dirigidos haciaquienes se oponían pacíficamente a la construcción del Oleoducto.18

La construcción del OCP iba acompañada con la necesidad de estaciones debombeo y calentamiento del crudo a 80 grados centígrados para vencer la resistenciade su pesadez. La primera de ellas, la Estación Amazonas, que recibiría el crudo delos diferentes campos petroleros se construyó en Lago Agrio, dentro del períme-tro urbano, a pesar de que por sus altos niveles de contaminación y elalmacenamiento de más de millón y medio de barriles de crudo, la municipalidadprohibió su construcción. La empresa presionó al Municipio de Lago Agrio paraque la obra se realizara en el lugar que ella decía; esto es, a menos de 4,5 km. delcentro de la ciudad y a menos de 500 metros del primer barrio. El consorcio quisovencer las protestas de la población usando al ejército. Al impedirlo el alcaldeMáximo Abad, el consorcio negoció bajo mesa con 5 de los concejales municipales(Alejandro Orellana, Alejandro Vargas, Freddy Vizueta, Pedro Montero y FelixEstrada), quienes recibieron una cantidad de dinero, compraron carros y fueroncontratados por OCP para sus obras19. Como rechazo de estos hechos la poblaciónse lanzó a la calle y OCP contrató a 30 sicarios, por 10 dólares al día, para amenazarla vida del alcalde Máximo Abad y evitar que se tomaran acciones contra losconcejales.20 Como premio a estas acciones algunos de los sicarios fueron contra-tados posteriormente como trabajadores de plantilla del OCP. A los trabajadoresse les pagaban 2,99 dólares ‘el día de trabajo’, horas extras 30 centavos de dólar, ydías festivos 50 ctvs de dólar por hora extra. La jornada no era inferior a las 12horas sin un solo día de vacación, pues ese día, de tenerlo, no se cobraba. No habíaseguro de vida, ni de accidentes. La huelga empezó 8 de diciembre y la empresa lacalificó como “una conspiración laboral” para retrasar la obra y el 12 de diciembredespidió a 131 trabajadores.21 Entre los despedidos estaban algunos de estos‘empleados’ que hacen público a la prensa los ‘acuerdos’ con los concejales y elconsorcio.22


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E. Insostenibilidad económicaDurante la adjudicación del proyecto, el consorcio OCP quedó solo en la

puja por la construcción del Oleoducto, pues al Cuerpo de Ingenieros del Ejércitono se le permitió participar y la compañía Williams se retiró del proceso. Esteúltimo denunció el 7 de diciembre del 2000 la intención gubernamental de fa-vorecer al Consorcio OCP. Tras quedar sin competencia, el consorcio elevó loscostos de construcción de 899 millones a 1.100 millones. Mientras que el con-sorcio guardó un sospechoso silencio, el Ministro de Energía excusó este au-mento de 201 millones de dólares al argumentar que se aumentaba la capacidadde transporte de 390 a 450 mil barriles. A esto Alberto Acosta escribió: “Laofrecida inversión de 1.100 millones de dólares esconde una falacia; el tubo costaráexagerando unos 700 millones y el resto será sobreprecio a ser recuperado por losconstructores por la vía de las tarifas de transporte de su propio crudo, sobre las cualesa cuenta de ser ‘transporte terrestre’ no pagarán IVA. Entonces, los millones de dóla-res para inflar la balanza de pagos serán un sueño pasajero; un 80% de las inversionesserán importaciones de bombas, tuberías, láminas, conexiones, tanques: comprasexoneradas del pago de aranceles”23.

El editorial del periódico La Hora denunció que no solo a la firma del con-trato, la empresa no tenía depósito de capital social, ni estaba inscrita en el Re-gistro Mercantil, sino que el apresuramiento llevaría a la corrupción y a enor-mes pérdidas para el país24. Una investigación llevada a cabo por la Comisiónde Fiscalización del Congreso Nacional encontró evidencias de corrupción ysobreprecio en la firma del contrato para la construcción del Oleoducto. Estofue corroborado por el informe de la Comisión de Control Cívico de laCorrupción, que declaró que el oleoducto no era necesario por cuanto el paísno cuenta con suficientes reservas de hidrocarburos. Estos hechos provocaronel enjuiciamiento político del Ministro de Energía y Minas Pablo Terán, el mismoque, según la prensa y los medios políticos, se “salvó” gracias a la negociación desu partido con la oposición.

El 31 de enero del 2001 la Procuraduría realizó 73 observaciones y 15salvedades graves al proyecto del OCP y acusó que las empresas REPSOL -YPF, Alberta y Occidental (tres de las empresas que constituyen OCP Ltda.)le habían estafado al Estado 90 millones de dólares. Hoy el oleoducto no puedetrabajar al ciento por ciento de su capacidad instalada por falta de la suficien-te producción de crudo pesado; tiene una capacidad de transporte de 450.000barriles por día y el consorcio dispone actualmente de apenas 150.000 barrilespor día.


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2.2. OTRAS DENUNCIAS CONTRA LAS TRASNACIONALES EUROPEAS SOCIAS DEL OCP2.2.1 REPSOL - YPFA. Daños ecológicos y sociales

Según la Misión de Verificación realizada en 2004 al bloque, sobre la carreterade Maxus, que atraviesa el bloque 16, se ha dado un reasentamiento de distintascomunidades Huaorani y Kichwas que viven en viviendas de madera y zincconstruidas por la propia empresa. Las comunidades son: Guiyero, Km. 32, otropoblado conocido como Km. 36, Timpoca o Tivacuno, Tihue, Dicaro, Yarentaro,otro conocido como Km. 58 y Guinta. Se observan grandes espacios deforestados,además de polución, ruido y emisión de gases que se genera por el tráfico devehículos y contribuyen a la pérdida de fauna a la vez que afecta a la salud de lapoblación. Cuando llueve, hay descargas de las piscinas de desechos tóxicos a losríos. Hay varios reportes de derrames que permanecen sin ser limpiados. En ple-no Parque Nacional Yasuní hay un incinerador de los desechos de la petrolera queocasiona fuertes impactos ambientales porque libera emisiones de dioxinas, furanos,metales pesados y otros componentes bio-acumulativos y nocivos para la salud. Apesar de que existen letreros que informan que en caso de emergencia se debe llamara Quito o a un número celular, el problema es que no hay teléfonos ni líneas ce-lulares en ese sitio. En pleno parque la empresa usa herbicidas químicos paramantener sin vegetación el derecho de vía.

Con la introducción petrolera a sus territorios los Huaorani han transforma-do su modo de vida. Tradicionalmente había sido un pueblo muy igualitario, peroahora los hombres sufren de alcoholismo, los niños de violencia, y en general todoel pueblo de hambre, una profunda tristeza y un permanente estado de dependenciacon la petrolera en cuanto a las necesidades básicas como alimentación y salud.Las demandas de las comunidades a la empresa nunca son satisfechas, ni a plenitud,ni a tiempo. La cuenca del Tiputini estaba considerada cuenca hidrográfica con elmayor número de especies de peces para su tamaño. Hoy en ella ya no se encuentranpeces, porque está contaminada por los desechos tóxicos de las operacionespetroleras aguas arriba. Sin embargo, los pobladores Huaorani continúan utili-zando el agua de este río para bañarse y cocinar. Las principales enfermedadesobservadas en el Territorio Huaorani son gastrointestinales, respiratorias ydermatitis. Algunos problemas en la salud de los niños se deben a la contaminacióndel río Tiputini en el que se bañan. Los niños presentan enfermedades comohepatitis, malaria y se han presentado muchos casos de dengue. Son frecuenteslos casos de abortos; se ha reportado una alta incidencia de hepatitis B y se sospechade casos de SIDA.25 La situación de incertidumbre, de miedo al futuro, de


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dependencia de las petroleras, ha hecho tomar decisiones como reducir el núme-ro de hijos por no poder mantenerlos. Los cambios en los hábitos alimentariosresponden también a los hábitos de la empresa de entregar raciones de comida alas personas e incluso de la prohibición de cazar. En la Estación Científica de laUniversidad Católica, los Huaorani han firmado un convenio que les impide cazar.Como resultado de este proceso los Huaorani han perdido su autonomía ysoberanía alimentaria.

En cuanto a las relaciones laborales con la empresa, de los 300 trabajadoresiniciales quedan 100 por las políticas de flexibilización laboral que aplica la em-presa. Los contratos son a corto plazo, no generan estabilidad laboral, ni ofrecencobertura de seguridad social y de salud. Se nota una clara discriminación laboralen las condiciones salariales en proporción de $100 a $600 entre los Huaorani ylos trabajadores externos. Las jornadas laborales exceden las 11 horas. No hay unacobertura de seguridad social para los indígenas. Los trabajadores no cuentan conningún tipo de organización sindical por temor a las posibles sanciones por partede la empresa.

B. Militarización y control territorialREPSOL - YPF ejerce sobre el Parque Nacional Yasuní un control tal que no

sólo no se permite la entrada a quienes la empresa no desea, sino a los mismosHuaorani, quienes durante la Misión de Verificación (2004) han manifestado que“el acceso a la zona es totalmente restringido y la empresa ejerce un control territorialapoyado por los militares”. La presencia de los militares impone miedo en las co-munidades.

El Ejército Ecuatoriano se convirtió en un ‘grupo armado’ al servicio de laempresa. En el “Contrato de Seguridad Militar para el Bloque 16, Ecuador”, firma-do el 1 de octubre de 2003 por el Coronel Juan A. Reinoso, el ejército se convierteen “Contratista” de la REPSOL - YPF, quedando a las instrucciones y órdenes dela compañía. Según el contrato, la Compañía tratará con las comunidades indíge-nas y dará las directrices de conducta que el contratista debe observar en referenciaa estas.26

El contrato criminaliza a campesinos, indígenas y demás personas quedenuncien las actividades de la REPSOL - YPF. Según el objetivo del contratoentre la REPSOL - YPF y el Ejército, se trata de que el ejército proporcioneseguridad integral en el área de Operaciones de la Compañía mediante patrullajes,control militar permanente en todas las locaciones, carreteras de acceso yembarcaderos de ríos y afluentes; a fin de “impedir el ingreso de delincuentes y/o


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elementos subversivos” en las áreas de operación e influencia de la compañía. Conesta excusa el Ejército, cumpliendo órdenes de REPSOL - YPF, expulsó de la zonaa los miembros de una misión de verificación en 2004, aunque esta contaba conla autorización previa del Ministerio del Ambiente.27

C. Agresiones económicasREPSOL - YPF debe un monto de 60 millones al Estado Ecuatoriano: En un

cambio contractual donde la tarifa por el SOTE pasó de $1,545 por barril en 1997a $1,80 a partir de 1998, la REPSOL – YPF sólo pagó $1,02 por barril.28 Por elloen el 2001 la Contraloría del Estado multó a REPSOL - YPF con 62 millones dedólares. Hasta el momento REPSOL - YPF no ha pagado a Petroecuador debidoa que apeló ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos.29

REPSOL - YPF está siendo investigada debido a un Convenio de cooperaciónmutua con Petroproducción: REPSOL - YPF adquirió e instaló equipos por 22millones para incrementar la producción en 10 pozos del campo Shushufindi y acambio recibía el 30% de la producción incrementada de crudo para ayudar a lamezcla de su crudo del bloque 16. Este proyecto fracasó al no cumplirse las metas,ocasionando un perjuicio al Estado del orden de los 25 millones de dólares y cau-sando daños irreversibles al yacimiento más rico del país. El caso está siendo in-vestigado por la Contraloría y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.30

Posteriormente el gobierno entra en conflicto con REPSOL - YPF y otraspetroleras, que reclaman se les devuelva parte del IVA. REPSOL - YPF reclama11,3 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas.31 Dado que no se llegó aun acuerdo, se llevó el caso a un Arbitraje Internacional que resolvió a favor deREPSOL - YPF, por lo que el Estado ecuatoriano debe pagarle a la empresa lacantidad de 15 millones de dólares, que saldría del presupuesto nacional.

En agosto del 2002 la REPSOL - YPF a través de su Presidente, Eliseo Gómez,acusó de corrupto al sistema judicial del país al asegurar que en Ecuador “los juiciosson una subasta, el que paga más, gana”. Las acusaciones de esta compañía que tienenefastos antecedentes de corrupción y estafa al Estado, daños al medio ambientey a culturas indígenas ancestrales de la Amazonía ecuatoriana y de otros países,causó verdadera indignación en la opinión pública.

2.2.2 PERENCOA. Daños ecológicos y sociales

Las 2,5 ha que ocupa la estación Gacela en el bloque 7 son propiedad del Sr.Angamarca a quien nunca le pagaron por ellas. Desde antes que la empresa comenzó


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a operar el campo, el sr. Angamarca ha denunciado la contaminación en toda lafinca y la muerte de animales. Posteriormente, en 2004 una inspección delMunicipio de Orellana encontró en la finca del Sr. Angamarca en la comunidadde Flor de Manduro un derrame de crudo procedente de una de las tuberías puestaspor PERENCO. La empresa pretendió tapar el crudo con aserrín y una limpiezasuperficial. La inspección comprobó los hechos y como el crudo flotaba en lasaguas del río.32

En la Plataforma del pozo Jaguar 1, las comunidades de Ayuruno y Sol Nacientedenunciaron en septiembre del 2004 que PERENCO eliminaba las aguas negrasde los campamentos directamente en los ríos sin tratamiento alguno, afectando alas familias que viven río abajo. La inspección ambiental del Municipio de Orellanacomprobó la denuncia. En el 2005 PERENCO contrató a la empresa Geotelecpara que se cambiara el curso del río Napo a su paso por Campo Alegre. El resul-tado fue la destrucción de 2 casas con cultivos. Un derrame pocos días despuésacabó contaminando el estero Yutsuyacu, donde la población se abastecía de agua.En una inspección realizada por el Consejo Provincial de Orellana el 28 de agostodel 2005 en la comunidad Flor de Manduro, se establece que los valores deHidrocarburos Totales de todas las muestras de aguas rebasan los límites permiti-dos por la Ley de Gestión Ambiental y la Ley de Aguas. Esta agua es consumidapor la población. Pero además, establece que las muestras de suelo tambiénsobrepasan las cantidades de hidrocarburos permitidas por la ley. El informe de lainspección reconoce que a pesar de carecer de agua segura, de dañar las tierras y deno hacer remediación en zonas por derrames, PERENCO no ha indemnizado alos afectados.33

En abril del 2005, los comuneros cercanos al pozo Jaguar 1, que estaba aban-donado, denunciaron que, a pesar de no operar, la empresa no retiró las tuberías,y en un intento de robo se produjo un derrame que afectó más de 1.400 m de ríoy dejó sin agua para el consumo a tres comunidades (Unión y Progreso, Jaguar 2y Centro Manguilla). Ante la petición de los comuneros de reunirse con la em-presa, el representante Edgar Gudiño se negó rotundamente, pretendiéndose li-berar de la responsabilidad de no haber retirado la tubería.

B. Convenios asimétricos, falta de consulta e indemnizaciones adecuadasEn la comunidad indígena de Campo Alegre de Yutsuyacu, PERENCO firmó

en 2002 convenios para el paso de la sísmica a cambio de 50 láminas de duratecho,clavos, tanques de agua y un día de tractor para rasar la tierra y poder construiruna casa. En el 2003 las familias Grefa y Alvarado denunciaron a PERENCO que


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después de 3 años de un derrame de químicos en el pozo Lobo 3 la empresaconstruyó una cancha deportiva y una instalación de agua que nunca funcionó.En abril del 2003 un nuevo derrame de crudo por rotura de tubería, acabó con lasfuentes de agua y actividades de pesca de la familia, pues acabó con todo ser vivodel río Pequeño que drena al río Grande y al Río Napo. Las familias exigieron lalimpieza del lugar y un sistema de agua que abasteciera a las dos familias. En mayodel 2003, la empresa firmó un convenio y entregó a la familia seis rollos de alambrede púas, cinco volquetas de materiales, 34 planchas de duratecho y varillas de hierropara la construcción de una casa.

En octubre del 2003 PERENCO firmó un convenio con la AsociaciónPayamino para abrir el pozo Coca 19 en donde se comprometió a pagar 2.000dólares para materiales del botiquín y medicinas comunitarias, útiles escolares pordos años, construcción de un comedor escolar y sus implementos, escritorio parael profesor Aguinaldo Navideño, una computadora, apoyo para proyectosproductivos, piscícolas y agropecuarios, una malla para el cerramiento de la escuela,y trabajo para la comunidad, así como talleres cada 6 meses sobre protecciónambiental. Sin embargo, hasta hoy - mediados del 2006, sólo ha entregado cara-melos en Navidad y un computador que no funciona.

En enero del 2003, en la vía a Los Zorros, varias comunidades dirigieron a laDefensoría del Pueblo un escrito en el que rechazaron la actitud de la empresa dequerer hacer exploración sísmica sin haber informado a la población de los im-pactos de ésta. Para la construcción del Oleoducto Yuralpa – Puerto Napo, el Es-tado decidió expropiar 61,5 km2 de 19 comunas indígenas sin consulta de ningúntipo, y lo hizo a través de un decreto publicado el 24 de junio del 2003 en el Re-gistro Oficial.

En enero del 2004, en la comunidad Sol Naciente, PERENCO ubicó un tan-que de petróleo de 8.000 galones de combustible dentro del área escolar, a unos 6metros de una de las aulas. Cuando dos meses después la empresa contratistapretendía retirarlo, por las protestas de los padres de familia, se produjo un derra-me dentro de la escuela, contaminando la tierra, el pozo de agua y un estero. Pararemediar se firmó un convenio 4 meses después en el que la empresa secomprometía a dotar con agua a la escuela, construir un comedor escolar y unaindemnización de 10 dólares por cada metro cuadrado afectado.34

En carta dirigida a la Defensoría del Pueblo en 2004, los socios de Flor deManduro denunciaron a PERENCO por la contaminación de suelos, aguas, aire,y la fractura de la tranquilidad y buenas relaciones entre los socios de estacomunidad. Dos nuevos derrames se produjeron en agosto de ese año, afectando


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nuevamente ríos y cultivos, sin que se diera indemnizaciones. En septiembre del2004 y con el objeto de que la comunidad de Flor de Manduro permita lasoperaciones de exploración y nuevos pozos hasta el año 2007, PERENCO firmóun convenio en el que se compromete a abrir pozos de agua para el consumo envarios lugares de la comunidad; construir una casa comunal, preparar a un pro-motor de salud, dotar con 2.000 dólares en medicinas, construir una letrina, ydotar con 7.000 dólares anuales por 3 años para semillas; entregar útiles escolaresy pagar una beca mensual para un promotor de monitoreo ambiental.

A la familia Jungal la empresa no le quiso pagar nunca por los derrames dadoque no tenía título de propiedad. Cuando lo consiguieron PERENCO les dijoque ya era muy tarde para abonarle nada, aunque la contaminación es permanen-te en esa finca.

Las comunidades 15 de Abril, Río Punino, Asociación Payamino, y la ComunaKichwa Corazón del Oriente, decidieron rechazar en julio del 2005 la instalaciónde la refinería de diesel en territorio de la Asociación Payamino, por falta de con-sulta e información a la población. Cuando PERENCO convocó a las comunida-des no llamó a la comunidad indígena (Corazón del Oriente) que va a estar a 40metros de las instalaciones que se pretendían construir, ni a la comunidad RíoPunino, por donde iban a entrar todos los materiales de construcción e iban a serafectados. El EIA no está actualizado, pues suma informaciones de otros pozos ylas incorpora sin actualizar; además, los mapas presentados están equivocados enlímites y en presencia de comunidades y los niveles de ruido fueron medidos en lanoche y sólo por 5 minutos, etc. (Ordóñez, 2005). Se reconoce el riesgo deincendios, explosiones, fugas, derrames que el relacionador Alexis Guerrero calificacomo que “son los riesgos de toda actividad petrolera”. Sin embargo la situación másgrave es cuando la empresa define que dentro de los riesgos sociales de la zona seencuentra “la presencia de grupos subversivos, paralización de actividades por partede los pobladores de la zona del proyecto y vandalismo”, en claro señalamiento con-tra los líderes para poder militarizar la zona y justificar los acuerdos firmados conlas Fuerzas Armadas.

C. Militarización, represión y control territorialEn bloque 7, en el sector del campo Gacela, en mayo del 2002, un funcionario

del Municipio de Orellana, el sr. Guilber Quiñónez, mientras realizaba unainspección oficial del Departamento de Medio Ambiente en una finca afectadapor la actividad de PERENCO en Flor de Manduro, fue detenido por militares almando del ingeniero de la empresa, Leonardo Pinto. Tras la retención se le robó el


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rollo de fotos y lo rompieron delante de él. Su carro fue inmovilizado mientras elingeniero acusaba que las inspecciones eran “por las campañas electorales”, y legritaba que “este era el territorio de la compañía, que era su casa, por lo que no puedepasar nadie por la vía sin su consentimiento y conocimiento, que cuando se quierarealizar una inspección se les debe comunicar a ellos con anticipación,..”. Este actofue denunciado a la empresa por el mismo Municipio de Orellana (Rivas, 2002).El gerente de PERENCO calificó los hechos como “un malentendido” en el quelas intenciones no eran ofender sino “preservar la seguridad” y “para evitar estoslamentables hechos que desdicen de nuestro absoluto cuidado con el medio ambiente yrespeto a todas las instituciones que se encargan de preservarlo, sugerimos que se coordinenfuturas visitas” (Cobos, 2002).

En el 2004, dirigentes de Flor de Manduro denunciaron que “los relacionadorescomunitarios y los guardias de seguridad continuamente revisan y controlan a losmoradores, familiares y amigos de este sector a través de un control que mantienen enla vía pública, como si toda la comunidad les perteneciera”. El caso más claro tal vezsea el del Sr. Torres, miembro de políticas petroleras de la Mesa Biprovincial quienpor invitación de los líderes visitó una asamblea de la comunidad, donde estaba elrelacionador comunitario de PERENCO, Miguel Vivas. Al salir de la reunión sucarro fue interceptado en un control por dos camionetas de la empresa que llevabanguardias de seguridad y al relacionador Vivas. El Sr. Torres fue interrogado mientrasera apuntado con las armas y la llegada de otros vehículos hizo que fuera liberado,no sin antes advertirle que “cuando quiera ingresar nuevamente a la zona lo tieneque hacer previo consentimiento de la compañía, ya que los terrenos son de supropiedad”. En el 2005, en la finca del campesino Cumbicos, acompañándose delas fuerzas armadas y policía, la empresa PERENCO retiró y rompió las puertasque evitaban que las vacas se escaparan.

2.2.3 AGIPA. Daños ecológicos y sociales

La comunidad indígena de San Virgilio denuncia que la presencia de Eni/AGIPles ha generado derrames de petróleo causados por el oleoducto Triunfo-Villano;el bloqueo de caminos ancestrales por los tubos; la contaminación de los ríosCuraray, Ceslao, Marín, Liquino, Chambira y Cupal por derrames de petróleodel oleoducto, derrames de aceites de motor, oxidación de tubos y salidas dedesagües, que han provocado enfermedades y la muerte de la fauna acuática ydoméstica; el alejamiento de todos los animales salvajes existentes como: tapir,sahino, venado, monos, tucanes, loros y otras variedades de animales silvestres;


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división y conflictos entre vecinos de las personas y familias con engaños y com-pra de conciencias; y la pérdida de identidad como pueblos en lo cultural y espi-ritual. Estos territorios son considerados como lugares sagrados, parte de sustradiciones, cosmovisión y constituyen la esencia misma de su propia identidadcomo pueblo.

En el 2004, los campesinos afectados en la parroquia de El Triunfo iniciaronun proceso de denuncia ante la Defensoría del Pueblo de Pastaza por la gravecontaminación de esteros por aguas de formación y petróleo, la contaminacióndel aire por la quema de gas, el ruido permanente y la deforestación que provo-ca el Centro de Facilitación Petrolera (CPF) que se encuentra en su territorio.Se denuncia la caída de lluvias negras sobre los cultivos, causando una pérdidade las siembras y cosechas.35 La caída de lluvias negras se debe a la incineraciónde los residuos de gas y crudo que se separan al interior del CPF y pueden afectara varios kilómetros alrededor del mismo. Estos residuos llevados por las lluviascaen y contaminan todo lo que se halle sobre la superficie y al interior del suelo;impurifican el agua de los esteros y tanques que la población utiliza para su con-sumo y el de los animales. El Estado de salud de la población es preocupantepor la presencia de enfermedades respiratorias, dérmicas y digestivas, como semanifiesta en un informe del puesto de salud de la localidad. También el ganadoy animales menores han empezado a enfermar y morir causando enormespérdidas a los campesinos e indígenas. En febrero del 2005, Acción Ecológica yA Sud, realizaron pruebas de suelos en los alrededores de la estación CPF en laparroquia El Triunfo. Los análisis realizados en Italia demostraron la presenciade hidrocarburos en los suelos cultivados. Los resultados superan en más de cincoveces los límites permitidos en Ecuador y en más de 50 veces los parámetrositalianos.

B. Convenios asimétricos, falta de consulta e indemnizaciones adecuadasLas relaciones comunitarias de esta empresa las ha realizado Daimi Services,

la misma que venció la resistencia indígena de los Huaorani y usó todo tipo deargucias para vencer, sin éxito, la resistencia de Sarayaku. AGIP firmó un convenio,el 28 de marzo del 2001, con 6 comunidades Huaorani (Tiweno, Tarangaro,Damointaro, Akaro, Enkeriro y Kiwaro) para entregar a cada una de ellas 50kilogramos de arroz y 50 de azúcar, dos baldes de manteca y una funda de sal, unpito para el árbitro, dos balones de fútbol, un cronómetro, una pizarra y unabandera de Ecuador; 15 platos, 15 tazas, 15 cucharas y un armario con 200 dóla-res en medicinas (AGIP, 2001). La petrolera también acordó brindar a los indíge-


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nas un curso para promotores de salud y entregarles una radio, una batería, unpanel solar y 3.500 dólares para construir un aula escolar, y becas para maestros.A cambio, las comunidades se comprometían en autorizar a AGIP la construcciónde una plataforma petrolera, tender un ramal de oleoducto, dejarle extraer crudoy evitar que se den nuevos asentamientos de Huaorani en la zona. Pero además leshacen firmar que “las comunidades serán las únicas responsables, por accidentes, dañosa terceros, afectación del medio ambiente o cualquier otro tipo de responsabilidad” o,dicho de otra manera, la víctima es responsable de su muerte. El senador italianoFrancesco Martone, del partido político de Los Verdes, denunció que la AGIP,con este convenio “ha suscrito un contrato de compra a los indígenas Huaoranide la Amazonía ecuatoriana, a fin de que éstos no se opongan a las operaciones dela compañía, tal como ocurrió en Nigeria”.

C. Militarización, represión y control territorialLa comunidad indígena de San Virgilio ha denunciado también la prohibición

del paso a territorios que están militarizados con guardias de seguridad y con lainstalación de cercas eléctricas atentando contra sus vidas muchas veces. Estamilitarización en San Virgilio ya ha generado enfrentamientos violentos, con gru-pos de personas que azuzados por la empresa llegan a disparar. Se han producidoamenazas del ejército y enfrentamientos con comunidades como Canelos, quieneshan bloqueado el tránsito en el río hacia Sarayaku por más de dos años. Así mismo,la empresa financia organizaciones como FENAQUIPA para comprar la concienciacon logística de alimentos y vehículos para la movilización del personal a quienesdefienden los intereses petroleros.

La empresa AGIP niega su responsabilidad en la contaminación que ocasionan lasactividades en el CPF y asegura cumplir con todos los estándares de calidad ambientalde Petroecuador, mientras amenaza con demandar a quienes continúen con las de-nuncias. Frente a las denuncias de las lluvias ácidas dice que se trata de las cenizas delVolcán Tungurahua en erupción, a pesar de encontrarse muy lejos de la zona. Las co-munidades han decidido no negociar compensación alguna con la empresa, hasta queno se termine con la verdadera causa de la contaminación que sería el cierre del CPFy la remediación ambiental. Al estar estas comunidades fuera del Bloque 10, AGIPdice no tener ninguna responsabilidad social con éstas; sin embargo ya ha empezadosu campaña de difamación y miedo contra todos aquellos que levantan la voz por serafectados. Junto al CPF de AGIP hay un Campamento Militar para garantizar “laseguridad” de sus instalaciones, cuando lo que está en entredicho es la vida de lapoblación, reducida a beber agua contaminada y ver enfermarse a sus hijos.


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3. PERSPECTIVAS PARA EL PRESENTE: MECANISMOS PARA DEFENDERNUESTROS DERECHOS ANTE LAS TRANSNACIONALES

3.1. ¿CÓMO FRENAR EL PODER DE LAS EMPRESAS PETROLERAS?En las páginas anteriores se ha caracterizado a las empresas petroleras

transnacionales y sus prácticas como empresas parte del consorcio OCP, desde elproceso de la construcción del OCP hasta sus mismas actividades dentro de losterritorios donde operan. Hemos visto cómo con la construcción del nuevooleoducto, las empresas privadas se apoderaron de la cadena productiva en sutotalidad. Por un lado, se apropiaron de los territorios nacionales y sus recursosnaturales (biodiversidad, petróleo, agua, conocimientos ancestrales) a través delos contratos firmados con el Estado Ecuatoriano y por otro lado, se apropiarondel resto de las piezas de la cadena productiva y de la comercializacion. Esto hadejado de un lado cualquier forma de intervención estatal o manejo social delpatrimonio de los ecuatorianos. Para el Estado Ecuatoriano ha resultado difícilentonces ejercer control sobre ellas y se ha visto presionado a concederles ventajasen sus operaciones, bajo el chantaje de la inversión extranjera y de la tendenciainternacional a eliminar las trabas de inversión. En más de una ocasión las empre-sas han sido acusadas de corrupción o de promover la corrupción con base en ofertasy regalos a los gobiernos y comunidades locales, firmar acuerdos en relaciones dedesigualdad, contaminar el ambiente y destruir de esta manera el modo tradicio-nal de vida de comunidades enteras.

Ante este contexto, nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo enfren-tar esta situación de total debilidad del Estado Ecuatoriano para intervenirante el irrespeto de los derechos de las poblaciones afectadas por las operacionespetroleras de estas empresas extranjeras? ¿Qué tipo de alternativas existenactualmente para poder frenar el poder que ejercen estas empresas que se hanconvertido en actores más poderosos que el mismo Estado y que están ampa-radas por contratos que protegen sus inversiones? ¿Pueden tener los Estadosde donde provienen las empresas alguna influencia en las actividades de estasempresas?

En la discusión actual sobre Derechos Humanos se están abordando justamenteeste tipo de preguntas. Tradicionalmente, ha sido el Estado el responsable de lasviolaciones de Derechos Humanos; sin embargo, actualmente se está demandan-do vincular a los actores no estatales al sistema de derechos y obligaciones de la leyinternacional. Hoy se puede exigir directamente e indirectamente responsabilidada las empresas para que respeten los Derechos Humanos.36


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3.2. RESPONSABILIDAD INDIRECTAS DE LAS EMPRESASLos Estados tienen el deber primordial de proteger a la población de los efectos

negativos que las actividades de terceros puedan tener en los Derechos Humanos.Sin embargo, el actual contexto de globalización, los Estados Nacionales no siempreson capaces de proteger a sus ciudadanos de la interferencia de otros países u otrosactores internacionales con relación a los Derechos Humanos; por lo que se hacenecesario que todos los países se cercioren que sus políticas no tengan repercusionesnegativas en el goce de Derechos Humanos en otros países.37 El tema de lasobligaciones extraterritoriales es un tema nuevo que está ganando cada vez másatención en la discusión sobre las responsabilidades que van más allá del EstadoNación. A continuación se abordará este concepto.

OBLIGACIONES EXTRATERRITORIALES DE LOS ESTADOSPor los siguientes instrumentos internacionales los Estados se comprometen a

colaborar, sin limitaciones territoriales ni jurisdiccionales, con miras a garantizarlos Derechos Humanos

• Artículo 55 y Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas• Artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.• Artículo 2 y párrafo 1 y 2 del Artículo 11 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.• Artículos 4 y párrafo 4 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos

del Niño.Actualmente se está desarrollando y discutiendo una tipología38 de las llamadas

obligaciones extraterritoriales. La tipología separa las obligaciones entre lasobligaciones que A) el Estado tiene directamente y B) las posibles responsabilida-des de otros actores que implican indirectamente al Estado. Además, distingueentre las obligaciones que a) tienen los Estados de sus propias políticas en el exte-rior y b) de las obligaciones que éstos tienen cuando actúan en organizacionesinternacionales o firman un nuevo tratado internacional.39 De acuerdo a lasobligaciones directas del Estado la obligación extraterritorial significa que el Esta-do tiene que respetar, proteger y hacer efectivos los Derechos Humanos. Laobligación extraterritorial de proteger los Derechos Humanos implica que losEstados garanticen que las terceras partes sujetas a su jurisdicción – como suspropios ciudadanos o empresas transnacionales - no contribuyan a violaciones deDerechos Humanos en otros países. Los Estados tienen la obligación de proveerinstrumentos de monitoreo y regulación suficientes y adecuados a sus empresas yagentes no estatales para proteger a la población de otros países.


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3.3. RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LAS EMPRESASExisten tanto mecanismos nacionales como internacionales que pueden exi-

gir de las empresas directamente la responsabilidad en el respeto de los DerechosHumanos. Mientras que los mecanismos internacionales demuestran todavíadebilidad en su aplicación, la legislación nacional que proporciona la base legalpara acusar a una empresa transnacional de complicidad en las violaciones deDerechos Humanos, han demostrado en algunos países ser bastante eficaz.40 Acontinuación describiremos algunos de los instrumentos internacionales másimportantes en donde se puede exigir responsabilidad directa a las empresas encuanto a violaciones a los Derechos Humanos.41

NORMAS SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES YOTRAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA ESFERA DE DERECHOS HUMANOS

Estas normas fueron aprobadas el 13 de agosto de 200342 y surgieron de lasdeliberaciones del Grupo de Trabajo de la Subcomisión sobre Métodos de Trabajoy Actividades de las Empresas Transnacionales. Están basadas en los tratadosinternacionales de Derechos Humanos vigentes, la convención de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT), en la ley humanitaria, la ley, acuerdos ydeclaraciones internacionales para combatir la corrupción, la protección del medioambiente y los derechos de los consumidores y también los códigos de conductavoluntarios de las empresas. El documento está subdividido en capítulos quecontienen 18 normas. Es la primera iniciativa aceptada en nivel internacional quees aplicable a todas las compañías, tiene la autoridad de las Naciones Unidas; sucarácter legal está siendo debatido actualmente.

Las normas subrayan en el capítulo A sobre obligaciones generales laresponsabilidad primordial de los Estados de promover y proteger los DerechosHumanos consagrados en la legislación internacional y nacional, asegurar que secumplan, respetarlos y hacerlos respetar. Sin embargo, y aquí su premisa, se dirigea las empresas transnacionales y otras empresas comerciales como actores nogubernamentales que tienen la obligación de respetar, hacer respetar, promover yproteger los Derechos Humanos consagrados en el derecho internacional y en lalegislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos indígenas yotros grupos vulnerables. Es deber de los Estados velar por que las empresastransnacionales y otras empresas comerciales respeten los Derechos Humanos.

En cuanto al artículo E sobre el respeto de la soberanía nacional y de los DerechosHumanos, la norma 12 pide a las empresas transnacionales respetar los derechoseconómicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos y contri-


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buir a que se ejerzan, en particular los derechos a una alimentación, salud y viviendaadecuadas. En cuanto al artículo G sobre obligaciones en materia de protección delmedio ambiente, la norma 14 obliga a las empresas transnacionales y otras empresascomerciales a realizar sus actividades de acuerdo con las leyes, reglamentos, prácticasadministrativas y políticas nacionales relativas a la conservación del medio ambien-te de los países en que realicen sus actividades, así como de conformidad con losacuerdos, principios, objetivos, responsabilidades y normas internacionales perti-nentes relacionadas con el medio ambiente y los Derechos Humanos, la salud pú-blica y la seguridad, la bioética y el principio de precaución.

En cuanto al artículo H sobre disposiciones generales sobre la aplicación, lanorma 16 establece que las empresas transnacionales y otras empresas comercialesserán objeto de una vigilancia y verificación periódicas por mecanismos nacionalesy otros mecanismos internacionales y de las Naciones Unidas que ya existan oestén por crearse. Según la norma 17, los Estados deberían también establecer yreforzar el marco jurídico y administrativo necesario para asegurar que las empre-sas transnacionales y otras empresas comerciales apliquen estas Normas y los demásinstrumentos nacionales e internacionales pertinentes. Por último, según la nor-ma 18 las empresas transnacionales y otras empresas comerciales deben proporci-onar una compensación rápida, eficaz y adecuada a las personas, entidades y co-munidades que hayan sido perjudicadas por su incumplimiento de las presentesNormas.

DIRECTRICES PARA EMPRESAS MULTINACIONALES ADOPTADAS POR LA ORGANIZACIÓNPARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE)

Las directrices son un código de conducta en nivel mundial para la buenaconducta empresarial. Son parte de la declaración de la OECD sobre un paquetede disposiciones relacionadas con las inversiones extranjeras y las empresasmultinacionales que aborda el tratamiento nacional de empresas de propiedadextranjera, etc. Tiene diez capítulos que proveen recomendaciones sobre unaconducta responsable de las empresas en relación a transparencia e información,empleo y relaciones industriales, medio ambiente, lucha contra la corrupción,intereses del consumidor, ciencia y tecnología y competencia y fiscalidad. Se refierea acuerdos internacionales como la Declaración Universal sobre Derechos Hu-manos y la Declaración de la OIT sobre los principios fundamentales y los derechosde los trabajadores y se centra en los principios generales de desarrollo sustentabley precaución. Las directrices se dirigen a empresas multinacionales que están lo-calizadas dentro de los Estados Signatarios y su aplicación no depende de la


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aprobación de las empresas ya que estas son las únicas directrices generalesaprobadas multilateralmente y negociadas por los gobiernos. Es decir, las directricessi bien son voluntarias para las empresas, tienen fuerza vinculante para los Esta-dos pues tienen que ser obligatoriamente implementadas por ellos. Cada gobiernoestá obligado a colocar los llamados Puntos Nacionales de Contacto (PNC). Lasdirectrices han sido firmadas por 30 Estados OCDE (entre los que se encuentranAlemania, Italia, España, y Francia) hasta ahora, así como por Argentina, Brasil,Chile, Estonia, Israel, Latvia, Lituania y Eslovenia.

En adición al capítulo IV sobre trabajo que contiene importantes DerechosHumanos sociales, en el capítulo II sobre Principios Generales se mencionaexplícitamente los Derechos Humanos en general. El capítulo dice que las empre-sas deberán respetar los Derechos Humanos de las personas afectadas por susactividades de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionalesdel gobierno de acogida.

El capítulo V sobre Medio Ambiente insta a las empresas a tener en cuenta laprotección del medio ambiente y la salud y la seguridad pública de acuerdo a lasdisposiciones legales y reglamentarias y de las prácticas administrativas de los paí-ses en los que ejercen su actividad y los acuerdos, principios, objetivos y normasinternacionales. Concretamente, las empresas deberán recoger y evaluarinformación adecuada y puntual relativa al impacto de sus actividades sobre elmedio ambiente, salud y seguridad, realizar una evaluación adecuada de impactoambiental cuando sus actividades tengan efectos significativos en el medio ambientey la salud o la seguridad y cuando estén sujetas a una decisión de una autoridadcompetente. Las empresas deberán abstenerse de utilizar la falta de certeza cientí-fica plena como motivo para aplazar medidas eficientes en términos de costes paraimpedir o minimizar dicho daño. Las empresas deberán mantener planes deemergencias destinados a prevenir, atenuar y controlar los daños graves para elmedio ambiente y la salud derivados de sus actividades, incluidos casos deaccidentes y situaciones de emergencia. Por último, en cuanto al capítulo VI so-bre la lucha contra la corrupción las empresas no deberán ofrecer, prometer, darni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas paraobtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.

3. 4. LEGISLACIÓN ECUATORIANA QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS YAMBIENTALES

Por lo expuesto, los Estados Europeos tienen la obligación de proteger losDerechos Humanos de todos los habitantes de los países donde operan las


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transnacionales de su procedencia de acuerdo a las obligaciones nacionales einternacionales establecidas en materia de Derechos Humanos por el país anfitrión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADORLos artículos 3 numeral 2 y 16, obligan al Estado a respetar, proteger y garantizar

los Derechos Humanos; el artículo 17 garantiza el goce de los Derechos Humanosestablecidos en la constitución y el artículo 23 protege el derecho a la integridad personal,el derecho a la honra, el derecho a la libertad de opinión y expresión, la inviolabilidadde domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, la libertad deasociación y reunión con fines pacíficos, el derecho a una calidad de vida que asegurela salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, vivienda, elderecho a la propiedad y el derecho al debido proceso judicial.

El artículo 84 numeral 5 otorga a los pueblos indígenas el derecho a ser con-sultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos norenovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o cultu-ralmente. El artículo 86 garantiza el derecho de la población a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentabley actuar con la perspectiva de que la preservación del medio ambiente, laconservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimoniogenético del país son consideradas como de interés público. El artículo 88 estableceque toda decisión que pueda afectar al medio ambiente debe contar previamentecon los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada yArtículo 91, con el cual el Estado debe tomar medidas preventivas en caso de dudassobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción uomisión, aunque no exista evidencia científica del daño.

LEY DE GESTION AMBIENTALEl Artículo 28 de dicha ley garantiza la participación de toda persona en la

gestión ambiental a través consultas, audiencias públicas, etc., y el artículo 29garantiza el derecho de toda persona a ser informada oportuna y suficientementesobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que pueda producir im-pactos ambientales.

3.5. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL QUE DEFIENDE LOS DERECHOS HUMANOS YAMBIENTALES

La legislación internacional, así como declaraciones y otros pronunciamientosinternacionales en materia de Derechos Humanos son directa e inmediatamente


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aplicables en territorio ecuatoriano, conforme lo establece la Constitución en elartículo 18.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOSEsta declaración vela por el respeto de las personas a no ser sometidas a tratos

crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 5), no ser detenidas y encarceladasarbitrariamente (Artículo 9), a no ser objeto de injerencias en su vida privada, sufamilia, su domicilio, a no ser atacada en su honra (Artículo 12). Toda personatiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y nadie será privadoarbitrariamente de su propiedad (Artículo 17), todo individuo tiene derecho a lalibertad de opinión y de expresión (Artículo 19), toda persona tiene derecho a lalibertad de reunión y de asociación pacifica (Artículo 20), toda persona tienederecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la saludy el bienestar, en especial la alimentación (Artículo 25).

PACTO DE SAN JOSÉEl Estado Ecuatoriano es parte de los Estados Americanos y está obligado a

respetar los derechos y libertades y garantizar su libre ejercicio (Artículo 1). Entreotros el Estado tiene que proteger a la población de que se respete su integridadfísica, psíquica y moral y velar por que no se someta a tratos crueles, inhumanoso degradantes (Artículo 5), de detención o encarcelamiento arbitrarios y delderecho de información de las razones por detención y notificación sin demoradel cargo o cargos formulados en su contra (Artículo 7), su derecho a serindemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada (Artículo 10),su derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida priva-da, en la de su familia, en su domicilio, ni de ataques ilegales a su honra oreputación (Artículo 11), su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión(Artículo 13), a la reunión (Artículo 15) y a la libertad de asociación (Artículo16). El artículo 21 sobre el derecho de propiedad privada dice que ningunapersona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago deindemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en loscasos y según las formas establecidas por la ley.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALESEcuador es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (PIDESC) desde 1969. En el artículo 11 de dicho Pacto, sereconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia.


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El derecho a un nivel de vida adecuado incluye los derechos a la alimentación, y auna mejora continua de las condiciones de existencia.

CONVENIO 169 DE LA OITEl Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6 señala la obligación de los gobiernos

de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en par-ticular a través de sus instituciones representativas, por lo menos en la misma medidaque otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones.El Artículo 7 señala que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidirsus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en queéste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras queocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, supropio desarrollo económico, social y cultural. El Artículo 13 y el Artículo 14 reconocenla importancia especial de las tierras o territorios, o ambos, que ocupan o utilizan dealguna otra manera los pueblos indígenas, y en particular los aspectos colectivos de esarelación y su derecho de propiedad y de posesión sobre ellas. Finalmente, en el Artícu-lo 15 se reconoce que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturalesexistentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprendenel derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservaciónde dichos recursos. En caso de que el Estado tenga derechos sobre otros recursos exis-tentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos conmiras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esospueblos serán perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquierprograma de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Lospueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios quereporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier dañoque puedan sufrir como resultado de esas actividades.

CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA 1992En el preámbulo de este convenio se reconoce que cuando exista una amenaza

de reducción o pérdida de sustancias de la diversidad biológica, no debe alegarsela falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidasencaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE AMBIENTE Y DESARROLLO DE 1992En su principio 15 reconoce que con el fin de proteger el medio ambiente, los

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución a sus capacidades.


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Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científicaabsoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidaseficaces en función de los costos para impedir la degradación ambiental.

RECOMENDACIONES DE LA HAYA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL DE 1991De acuerdo al principio 1.3.d. en el desarrollo de políticas ambientales en nivel

nacional o internacional los Estados deben aplicar entre otros, el principio de to-mar acciones de precaución.

CAPITULO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 1982De acuerdo al principio 11.b, aquellas actividades que puedan entrañar riesgo

a la naturaleza, deben ser precedidas de una evaluación extensiva. Sus proponen-tes deben demostrar que los beneficios esperados sobrepasan los potenciales dañosa la naturaleza, y cuando los potenciales impactos no son totalmente entendidos,no se deben llevar a cabo las actividades.

PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE EROSIÓN DE LA CAPA DE OZONOLas partes de este Protocolo determinan proteger la capa de ozono por medio

de tomar medidas precautelatorias para controlar las emisiones que la erosionan,con el objetivo último de su eliminación, en base al desarrollo del conocimientocientífico, tomando en cuenta consideraciones técnicas y económicas.

CONVENIO MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 1992Según el artículo 3.3, todas las partes tomarán medidas precautelatorias para

anticipar, prevenir o minimizar las causas del cambio climático y mitigar sus im-pactos adversos. Cuando haya amenazas de daños graves o irreparables, la falta decertidumbre científica no debe ser usada para posponer esas medidas tomandoen cuenta que las políticas y medidas para tratar con el cambio climático debenser efectivas para asegurar los beneficios globales y al menor costo posible.

4. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO: HACIA UNA NUEVA CIVILIZACIÓNEl siglo XX fue el siglo del envenenamiento. Este envenenamiento es el producto

no sólo de los desechos producidos durante la extracción de crudo, sus derramespor tierra y mar y su acidificación de las lluvias. Son además consecuencia de losagroquímicos, los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), los combustibles,los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los fármacos, los desechos hospitalarios yotros compuestos que se producen a partir del petróleo y que se descargan y se


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acumulan en el planeta… y están matando masivamente a la gente y a la vida delplaneta.

En el siglo XX las peores amenazas a la soberanía de las naciones y de los puebloshan salido de las guerras e intrigas por petróleo. Pues los grandes imperios definensus principales formas de poder económico y militar en torno a la posibilidad detener en su propio suelo oro negro, o de lograr en otras regiones el acceso seguroal mismo. El siglo XX ha construido desde su base industrial petrolera una cultu-ra basada en un patrón de consumo energético y material nocivo y adictivo, queha enfermado a cientos de millones de personas, mientras confrontaba yexterminaba a miles de culturas tradicionales, de usos y costumbres sanas y ecoló-gicas. Sólo unas cuantas han logrado sobrevivir, de manera cada vez más aislada,empobrecida e indefensa.

Para el Sur del mundo el modelo petrolero significó hacer perpetuo elintercambio desigual, la dependencia tecnológica, el endeudamiento, y elempobrecimiento. Como consecuencia, la deuda ecológica del Norte con el Sur -que se inició con la conquista - se incrementó. Y mientras esto ocurría, hemosaceptado sufrir por separado cada una de estas agresiones. O peor aun, enfrenta-dos unos contra otros: como habitantes de un país en guerra con otro, comotrabajadores petroleros contra comunidades indígenas, como pueblos del norte yel sur, como empobrecidos de las ciudades contra indígenas y campesinos, comoenfermos de consumo contra pacifistas, como los que proponen contra los quecritican… y así sucesivamente. Miradas a la distancia cada lucha, resulta difícil nomirar la profunda conexión que cada una de estas guarda entre sí.

La defensa de la salud y de la alimentación, la lucha por fuentes de energíasanas, por una agricultura sustentable y soberana, la lucha por la descontaminacióny contra el calentamiento global, la búsqueda de una química verde asociada anueva política de materiales, la lucha contra las empresas transnacionales queexpropian los recursos naturales y el uso sustentable de nuestras naciones, la luchapor la soberanía nacional y por la paz en el mundo depende en gran medida deque seamos capaces de arrinconar de forma unificada a la industria petrolera y a lacivilización que la sostiene.

La crisis de la civilización petrolera ya llegó a su cima. Pero la salida de esta crisisno está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa mientras los rasgos más de-cadentes de la crisis se subrayan de forma cada vez más letal. Entre tanto, resultaevidente que la transición a una nueva civilización requiere de la creación de alter-nativas técnicas, científicas, ambientales y culturales que no son completamenteevidentes. Así como de nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políti-


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cos y culturales apropiados muy complejos, que permitan reconstruir la paz y laequidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambien-te, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los paísesdel sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados.

Para nosotros, la lucha de las comunidades campesinas, de pescadores e indíge-nas, que dan una batalla frontal contra la globalización y el neoliberalismo, al defen-der su derecho a vivir en sus tierras, con autonomía, sin agresiones físicas, culturales,ambientales, poniéndose al margen incluso de los que se consideran “símbolos delprogreso”, nos señala un camino claro. Pero hace falta escucharnos entre todos, parapoder pensar en soluciones que consideren de forma global los problemas de todos.No es suficiente entonces, el tránsito hacía energías alternativas, seguramente enmanos de las transnacionales, sino el tránsito a otro tipo de sociedad.

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NOTAS1 Asodegue, 2005.2 Acción Ecológica, 2000.3 OPIP, 1994.4 OPIP, 19945 Acción Ecológica, 2000.6 Santos, 2005.7 Graf, Eine Welt Netz/ NRW.8 Weemaels 2002.9 El Comercio, 6 de junio del 200110 Acción Ecológica, 2001.11 Weemaels, 200212 Acción Ecológica, 2004.13 Hoy, 2005.14 Acción Ecológica, 2001.15 Weemaels (2003) recogió minuciosamente las violaciones a los Derechos Civiles que se presentan en el

siguiente capítulo.16 Diario Hoy, 1 de agosto de 2001.17 Convenio FFAA y OCP, 2002.18 Últimas Noticias, 2003.19 Expreso, 24 de agosto de 2001.20 Weemaels, 2003.21 La Hora 11 de diciembre de 2001 y El Comercio 13 de diciembre de 2001.22 Acción Ecológica, 2002.23 Acosta, 200124 La Hora, 2001


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25 Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en Ecuador la empresa española REPSOL - YPFdesplegó una gran campaña publicitaria anunciando por televisión sus “buenas obras” principalmente enel campo de la salud realizadas por la Fundación REPSOL - YPF en barrios marginales de la ciudad deGuayaquil. Era evidente que sus intenciones eran ocultar que la población indígena Huaorani que viveen el bloque donde REPSOL - YPF extrae petróleo está contagiada con enfermedades incurablesprobablemente adquiridas en los campamentos petroleros.

26 Este nivel de subordinación del Ejército a REPSOL - YPF queda reflejado en los siguientes puntos delcontrato:

“El Contratista (Ejército) entregará semanalmente al Coordinador de Seguridad de la Compañía, un reportede Inteligencia Militar que brinde información de interés y relevancia para la Compañía dentro y fueradel Área de Operaciones”

“El Contratista (Ejército) proveerá a su personal de una tarjeta de identificación donde conste el nombre dela empresa,…”

“Durante la ejecución normal de los Trabajos, el Contratista (Ejército) trabajará en comunicación, coordinacióny a las órdenes del Coordinador de Seguridad de la Compañía. En caso de existir un conflicto oenfrentamiento, el Contratista actuará bajo las órdenes del Mando Militar Armado, e informará constan-temente al Coordinador de Seguridad de la Compañía las condiciones actuales y actividades ejecutadas”.

27 La protesta de esta Misión ante el Subsecretario Vinicio Valarezo del Ministerio del Ambiente cayó en sacoroto. El mencionado Subsecretario manifestaría sobre la Reserva entregada a REPSOL - YPF “es que esa essu casa”, y cuando le preguntaron sobre el pueblo Huaorani volviéndose a consultar con su asesor lepreguntaría “¿Entregamos con indios y todo?”.

28 El Comercio, 2000.29 La Hora, 2002.30 Hoy, 2002 y Expreso de Guayaquil, 2002.31 El Comercio, 2002.32 Baños, 2004.33 Noboa, 2005.34 Geotelec, 2004.35 La zona de El Triunfo se caracterizaba por su alta producción agrícola. Allí se cultivaba naranjilla, yuca,

plátano, papa china, con carácter comercial y también una serie de productos de autoconsumo para lasfamilias; conforme aumenta la contaminación se van dañando los cultivos y la pobreza crece.

36 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación del 9 de febrero de 2004 (E/CN.4/2004/10), párrafo 41.

37 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación del 24 de enero de 2005 (E/CN.4/2005/47). Párrafo 39.

38 Basados en la presentación de un informe paralelo sobre las violaciones de las obligaciones extraterritorialesdel Estado Alemán presentado ante el Comité de DESC en 2001 por FIAN- Internacional, Pan para elMundo y el Servicio de la Iglesia Luterana (EED en alemán), estas organizaciones desarrollaron posteri-ormente una tipología de los diferentes niveles de obligaciones extraterritoriales.

39 Windfuhr 2005.40 La legislación sobre responsabilidad civil en Australia, Canadá, Inglaterra e Irlanda del Norte; la ley de

reclamación de extranjeros por responsabilidad civil en EEUU. Informe del Relator Especial sobre elderecho a la alimentación del 9 de febrero de 2004 (E/CN.4/2004/10). Párr 49.

41 Se ha omitido los códigos de conducta de las empresas e iniciativas voluntarias como el Pacto Mundial.42 E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2


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CASO UNILEVER

UMA AVALIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA UNILEVER NO BRASIL,

COLÔMBIA E CHILE

INSTITUTO OBSERVATÓRIO SOCIAL (CUT - BRASIL)

QUADRO RESUMO DO CASO UNILEVER

VIOLAÇÃO

Encerramento de atividades sem

negociação com os sindicatos

Demissão de um grande número

de trabalhadores sem negociação

com os sindicatos

Liberdade Sindical

Direitos dos Consumidores

REFERÊNCIA

Diretrizes da OCDE:

• Capítulo 4, § 6

• Capítulo 4, § 2, item b.

• Capítulo 4, § 7 e 8

Convenções da OIT

• Convenção 154, artigo 2

Diretrizes da OCDE

• Capítulo 4, § 6 o

• Capitulo 3, § 1 e 4

Acordo Coletivo de Trabalho dos Trabalhadores Químicos

• Artigo n. 19

Diretrizes da OCDE

• Capítulo 4 § 7.

Convenção da OIT

• Convenção 87, artigo 3

Diretrizes da OCDE

• Artigo VII, § 2 e 4.

Código do Consumidor

• Artigo 3

• Artigo 6, § 3

• Artigo 31, § 3

• Artigo 39, § 4


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UMA AVALIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA UNILEVER NOBRASIL, COLÔMBIA E CHILE1. Perfil do Grupo Unilever1.1. Histórico e Perfil Organizacional

A empresa Unilever nasceu em 1929, com a fusão da companhia holandesaMargarine Unie, fabricante de margarinas, e da inglesa Lever Brothers, fabricantede sabonetes. As duas empresas estavam envolvidas no comércio de larga escala deprodutos domésticos e ambas usavam canais similares de distribuição. Juntas,operavam já à época de sua fusão em mais de 40 países.

A Margarine Unie cresceu nos anos 20, por meio de fusões com outras fabri-cantes de margarina. A Lever Brothers foi fundada em 1885 por William HeskethLever, que estabeleceu muitas fábricas de sabonetes pelo mundo afora. Em 1917,Lever começou a diversificar suas atividades ingressando na área de alimentos,adquirindo, entre outros, negócios na área de sorvetes.

Em quase toda a sua história, desde 1930, a Unilever preferiu manter separa-das as unidades de alimentos e de higiene e beleza com direções completamenteindependentes. Isso mudou apenas em 2005, momento em que a empresaaprofundou uma mudança organizacional que unificou a estrutura de comandocom o mesmo CEO (Chairman Executive Office).

Apesar da unificação na estrutura de comando da empresa, por razões li-gadas ao mercado de capitais, a empresa manteve os dois centros corporativosda Unilever, a PLC com sede em Londres e NV com sede em Roterdam. Paragarantir a unidade de governança corporativa, ambas possuem os mesmos di-retores vinculados por acordos cooperativos. Em particular, destaca-se o acor-do de Equalização que regula os direitos mútuos dos dois conjuntos de acio-nistas, incluindo a fórmula de pagamento dos dividendos. De acordo com estaestrutura os acionistas, sejam eles da NV ou da PLC, compartilham da expan-são de todo o negócio.

Todos os diretores são também diretores dos dois Centros Corporativosdo Grupo Unilever. Além das respectivas funções de Diretores Executivos eNão Executivos, em conjunto eles são responsáveis pelo gerenciamento, dire-ção, desempenho e acompanhamento de todos os negócios do grupo. A atualestrutura corporativa do Grupo compõe-se de sete Diretores Executivos e denove diretores Não-Executivos. O Presidente faz parte da direção Não-Exe-cutiva.

O atual CEO é o francês Patrick Cescau, antigo presidente da PLC e respon-sável pela parte de Alimentos e a integração com a Bestfoods, depois de sua aqui-


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sição em 2000. O ex-presidente da NV trabalhará como presidente de um grupoque estudará também a fusão das estruturas jurídicas do Grupo como, por exem-plo, a Shell fez recentemente.

O Grupo Unilever é uma corporação de capital aberto. As ações das duas en-tidades - Unilever NV e Unilever PLC - são negociadas em mercados de ações naEuropa e nos Estados Unidos. As ações ordinárias ou certificados (recibos de de-pósitos) da Unilever NV são negociadas nos mercados acionários de Amsterdam,Frankfurt e Zurique. Nos Estados Unidos, as ações são listadas no mercado deNova York (Dow Jones).

As ações ordinárias da Unilever PLC são negociadas no mercado acionário deLondres e os recibos de depósitos americanos (ADR) em Nova York. Cada ADRrepresenta 4 sublíneas das ações ordinárias PLC. Há 571.575.900 ações ordinári-as da NV em questão, cada qual com um valor nominal de • 0.51. Quanto àsações ordinárias da PLC, existem 2.911.458.580 cada qual com um valor nomi-nal de 1.4 pence.

O acordo de Equalização entre a Unilever NV e PLC prevê que cada 12 açõesordinárias da NV representem os mesmos direitos e benefícios que 80 ações ordi-nárias da PLC. Na medida em que cada ADR PLC em Nova York representa 4sublíneas das ações ordinárias da PLC, o acordo de equalização implica que a ra-zão de 1 ação da NV Nova York signifique 1.67 PLC ADR’s. O quadro abaixolista a participação acionária das duas corporações como porcentagem do capital.

Share listings COMO PORCENTAGEM DO CAPITALAções/Países Percentual

NV ações ordinárias (Holanda) 48%

Nova York Ações da NV (USA) 11%

Ações ordinárias da PLC (Reino Unido) 39%

ADR’s da PLC (USA) 2%

Fonte: www.unilever.com. Acesso em 14/03/2006

Os negócios do grupo são realizados pela operação de suas empresas em todoo mundo, pertencentes seja à NV seja à PLC, embora algumas empresas sejamoperadas em conjunto pelas duas companhias. As operações do grupo estão orga-nizadas em duas grandes divisões, alimentação e limpeza e cuidados pessoais (hi-giene e beleza).

A partir de 2005, a empresa introduziu uma estrutura regional mais simples quecompreende Europa, as Américas e a Ásia. Nesta estrutura os comandos regionaisseguem as diretrizes do modelo de gestão com três processos (Cadeia de Suprimen-tos, Vendas e Desenvolvimento de Marcas) e áreas de suporte (Recursos Humanos,


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Jurídico, Financeiro, Tecnologia da Informação e Assuntos Corporativos). Em cadaregional, as companhias possuem uma estrutura local com características individuais,que responde pela gestão operacional das fábricas, negociação com os sindicatos, ese encarrega da ativação do mercado local. Em cada região, o gerenciamento com-preende as operações de mercado e a administração das duas divisões, Alimentos eHigiene e Beleza.

1.2. Trabalhadores, Produtos e MarcasNa área de alimentação os principais produtos são: margarinas, molhos, pro-

dutos culinários, chás e sorvetes. Na área de higiene e beleza: detergentes em pó,desodorantes, sabonetes, xampus e condicionadores. No Brasil, suas principaismarcas no ramo de alimentação são: Knorr, Hellmann’s, Corneto, Magnum, Cica,Ades, Lipton, enquanto que no setor de higiene e beleza são Dove, Seda, Axe,Rexona, Lux, Close-up, Cif e Omo.

Quadro 02: Número de Trabalhadores, Unidades de Produção,Principais Produtos da Unilever na América Latina

Elaboração: Instituto Observatório Social, 2004.

DIVISÕES

HPC e alimentos, sorvetes

HPC e alimentos

HPC e alimentos

HPC e alimentos

HPC e alimentos

HPC e alimentos

PAÍS

Brasil

México

Rio da Prata (Argentina, Uruguai e

Paraguai)

Andina (Venezuela, Colômbia,

Equador e Peru)

Chile

América Central (Panamá, Costa

Rica, Panamá, El Salvador, Nicarágua,

Honduras e Guatemala)

Caribe (Cuba, República

Dominicana, Trinidad e Tobago

e Jamaica)

Total

Nº DE TRABALHADORES

13.450

6.000

4.000

4.000

3.500

3.000

1.000

29.000

UNIDADES DE PRODUÇÃO

Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos,

Itatiba, Recife, Igarassu, Pouso

Alegre, Mogi-Guaçu, Patos de

Minas, Garanhuns, São Paulo,

Recife

La Rioja, Pilar, Florida, Guaymallén,

Tortuguitas,

Villa Gov. Gálvez, Gualeguaychú.

Bogotá, Quito

Santiago do Chile

PAÍS

Brasil

México

Rio da Prata (Argentina, Uruguai e

Paraguai)

Andina (Venezuela, Colômbia,

Equador e Peru)

Chile

América Central (Panamá, Costa

Rica, Panamá, El Salvador, Nicarágua,

Honduras e Guatemala)

Caribe (Cuba, República

Dominicana, Trinidad e Tobago

e Jamaica)

Total


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Ainda neste mesmo país, como exemplo da ampla penetração do GrupoUnilever em seus mercados de atuação, cita-se o sabonete Lux, que compõe a li-nha de higiene pessoal da empresa. Ele é líder de mercado desde o seu lança-mento no Brasil, em 1932. A marca, sinônimo de inovação e qualidade, é Top of Mind há 3 anos consecutivos, sendo a mais lembrada pelos bra-sileiros em sua categoria. A marca Lux possui uma participação de 32,6% no mercado de sabonetes.

Na América Latina, a Unilever está presente em 19 países. Dos 12 países daAmérica do Sul, a Unilever atua em dez. Suas principais empresas no continentesul americano, por número de trabalhadores, estão localizadas no Brasil, Argenti-na, Chile e Colômbia.

1.3. Política de Relações IndustriaisA política geral das relações industriais da Unilever é a de que todas as gerên-

cias devem obedecer às leis nacionais dos países onde opera. A política corporativatende a contar primeiramente com formas diretas de comunicação com emprega-dos. A Unilever possui um “Código de Princípio de Negócios”, baseado na De-claração de Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT.

No Código adotado em 2002 há referência à liberdade sindical de seus funci-onários na seguinte declaração: “respeitamos a dignidade do indivíduo e o direitodos empregados à livre associação”.

A experiência da Unilever em termos de relacionamento com sindicatos detrabalhadores revela que onde existem organizações sindicais fortes a gerência secomunica com esses sindicatos. Essa relação muitas vezes não é fácil nem fluída, etambém não é possível dizer que a empresa segue uma conduta uniforme. Comoos sindicatos tendem a apresentar diferenças em seu comportamento, e a legisla-ção de cada país é diferente, boa parte da relação com os trabalhadores e sindica-tos é desenvolvida pela gerência local. No Brasil, percebe-se diferenças no trata-mento dos sindicatos e trabalhadores por parte da área de Recursos Humanos porfábrica e por região. Ali onde os sindicatos apresentam maior debilidade em suaorganização, a empresa se relaciona diretamente com os trabalhadores.

Somente em alguns casos, onde existem sindicatos fortes e relevantes, a com-panhia faz com que a gerência seja compelida a se comunicar com as estruturas debase dos sindicatos. No caso de sindicatos melhor organizados e mais combativos,a empresa adota uma posição mais dura. No caso de sindicatos menos combativos,a empresa opera de forma mais conciliadora. Não existe um comportamento uni-forme de relacionamento com os sindicatos, qualquer que seja o perfil político e


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organizacional da representação dos trabalhadores. Não obstante essa prática, aUnilever está buscando se adequar, ao menos parcialmente, às Diretrizes da OCDEno que diz respeito às práticas para o fechamento de fábricas, descontinuidade delinhas de produção, transferência de empregos etc. No entanto, isso não acontecede maneira uniforme na América Latina.

Na Argentina a representação no local de trabalho é garantida legalmentehavendo delegados sindicais na empresa, eleitos diretamente pelos trabalhado-res, a cada dois anos. O delegado sindical reconhecido por lei é um instrumentoimportante para tornar o trabalho sindical uma atividade praticada dentro dafábrica e assim reconhecida pelos trabalhadores. Naquele país os sindicatos es-tão organizados por categoria. Não há contato entre os diferentes sindicatos daUnilever. Os trabalhadores da mais importante fábrica da Unilever na Argenti-na, chamada de Tortuguitas, são representados pelo Sindicato dos Trabalhado-res Perfumistas cujo âmbito de atuação abrange: Capital Federal e os distritosda Grande Buenos Aires: Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Gral.San Martin, Gral. Sarmineto, Mariano Moreno, Merlo, Morón, Matanza,Estebam Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avallaneda, Quilmes, FlorêncioVarela e Alte Brown.

Na Colômbia, para a existência do sindicato é necessário, no mínimo, umaafiliação de 25 trabalhadores. A mais importante característica da legislação sindi-cal naquele país é a possibilidade de filiação a mais de um sindicato1. Dessa for-ma, os 108 trabalhadores2 da área produtiva da única unidade em operação na-quele país estão distribuídos conforme a tabela abaixo:

Afiliação de Trabalhadores na Unilever da Colômbia por SindicatoSindicato Número de afiliados Taxa de Sindicalização

SINTRA Unilever 91 84,3%

SintraImagra* 17 15,7%

Sintra Petrofarmaquin 33 32,40%

Não sindicalizados 9 8,30%,

Fonte: SINTRA Unilever Colômbia, 2005* Sindicato Nacional de Trabalhadores da Indústria de Manteiga, Margarinas, Azeites, Gorduras, Oleaginosas, Concentrados e Demais Derivados de Gordura.

Comum a todas as fábricas da Unilever na América Latina é o fato de tradicio-nalmente a área administrativa dispor de poucos trabalhadores filiados a algumsindicato. Na Colômbia, há um acordo entre estes trabalhadores para renúnciaaos benefícios da Convenção Coletiva. Porém, dos 108 trabalhadores da área deprodução a taxa de sindicalização é bastante alta, de 84,3%. Na fábrica há doiscomitês paritários, ou seja, compostos por seis representantes, metade indicado


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pela empresa, e metade indicado pelos próprios trabalhadores: Comitê de Rela-ções Laborais e Comitê de Reclamações. Atualmente há 20 delegados sindicais,dentre os quais 12 compõem a diretoria do sindicato.

No Brasil, apesar da Constituição brasileira garantir o direito à sindicalização, livrede interferência do Estado, estabelece, ao mesmo tempo, o chamado sistema de“unicidade” sindical. Por este sistema, um único sindicato recebe do Estado o poderde representar legalmente uma determinada categoria profissional dentro de uma áreaterritorial específica. Este poder de representação não depende da sindicalização e es-tabelece uma espécie de monopólio, já que não pode haver outro sindicato na mesmaárea representando trabalhadores da mesma categoria profissional.

Mas a unicidade sindical não impede que, numa empresa ou num estabeleci-mento, vários sindicatos atuem, pois estes se dividem por diferentes categorias.No caso da Unilever, a empresa realiza negociações coletivas com treze (13) Sindi-catos de Trabalhadores distribuídos em 13 fábricas localizadas nas regiões Sudes-te, Centro-oeste e Nordeste do país. O responsável formal pelas negociações emnível nacional é o gerente de Relações Sindicais que, por sua vez, está subordina-do à diretoria de Recursos Humanos. Este negociador tem sob a sua supervisão osgerentes de recursos humanos locais das 13 unidades da Unilever no Brasil.

2. As Violações Praticadas pela Unilever

2.1. No BrasilViolação 1 – Encerramento de atividades sem negociação com os sindicatos

No dia 22 de maio de 2003, o Grupo Unilever Brasil anunciou o fechamentoda unidade industrial de detergente em pó na cidade de Vespasiano-MG, em car-ta endereçada aos sindicatos de trabalhadores de outras unidades da divisão deHigiene e Beleza (HPC). O comunicado da Empresa apontava 340 trabalhadores“afetados diretamente” de um total de 380 trabalhadores. A Empresa informavaque a completa transferência das operações teria a duração de aproximadamente12 meses, devendo ser finalizada, portanto, em maio de 2004.

O comunicado oficial da Empresa, assinado por Vinicius Prianti, informavaque problemas relativos a “ganho de escala” e ao “investimento tecnológico” mo-tivaram a decisão da Empresa de optar pelo encerramento das atividades. Ganhosde economia de escala seriam obtidos com a transferência da produção do sabãoem pó para a unidade de Indaiatuba – SP, informação confirmada por dirigentessindicais. Ainda segundo eles, a UNILEVER teria optado por aumentar os inves-timentos em tecnologia e automação na unidade de Indaiatuba.


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A atitude do Grupo Unilever no Brasil para o fato descrito acima, que co-meçou em maio de 2003 e término previsto para abril de 2004, contraria osprincípios e normas gerais internacionais, ou seja, configura violações das Dire-trizes da OCDE para Empresas Multinacionais.

Em particular, destaca-se a Diretriz da OCDE contida no capítulo III, Pará-grafo 1:

“As empresas deverão garantir a divulgação de informações oportunas, re-gulares, confiáveis e relevantes sobre suas atividades, estrutura, situação finan-ceira e performance. Estas informações deverão ser divulgadas em nome daempresa como um todo e, quando apropriado, segundo setores de atividade ouáreas geográficas. As políticas de divulgação das empresas deverão ser adatadas ànatureza, porte e localização da empresa, levando plenamente em conta os cus-tos, a confidencialidade empresarial e outras questões concorrenciais”.

Ou ainda, no Capitulo IV- Parágrafo 6:“Ao preverem mudanças de atividades que possam ter conseqüências importan-

tes nas fontes de renda de seus empregados, em particular no caso de encerramentoda entidade acompanhado de dispensa ou despedida coletiva de empregados, notifi-car essas mudanças com antecedência razoável aos representantes de trabalhadorese, quando apropriado, às autoridades governamentais competentes, e cooperar comos representantes de empregados e as autoridades governamentais competentes paramitigar tão amplamente quanto possível os efeitos adversos. À luz das circunstânciasespecíficas de cada caso, seria oportuno que a direção comunicasse esta informaçãoantes que fosse tomada a decisão final. Outros meios também podem ser utilizadospara favorecer uma cooperação significativa com o objetivo de abrandar os efeitos detais decisões”.

A empresa Unilever não convocou as entidades representativas dos traba-lhadores para participar de todo o processo decisório que culminou no fecha-mento da fábrica em questão. Os trabalhadores tomaram conhecimento do fatoapenas quando a decisão final já estava tomada; quando não havia nada mais aser feito. Foi uma decisão unilateral e autoritária, contrária ao processo de diá-logo e negociações entre os agentes. As indenizações propostas não ameniza-ram o impacto causado pelo anúncio da medida e tão pouco remunerou plena-mente os prejuízos causados aos trabalhadores. A indenização esteve restritaapenas ao que prevê a lei nacional para estes casos. Não se propôs nenhum tipode auxílio aos trabalhadores para conseguir um novo emprego no mercado lo-cal, ou mesmo, apoio como treinamento e qualificação.


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Violação 2 - Encerramento de atividades sem negociação com os sindicatosEm 2 de outubro de 2003, a Unilever anunciou a transferência da linha de

produção de pasta dental da unidade industrial de Vinhedo – SP para a unidadede Ipojuca – Pe. Tal transferência causou a demissão de 100 trabalhadores da fá-brica. A Unilever ainda declarou uma redução de outros 50 empregos, devido auma posterior automação da linha de produção de Vinhedo.

Neste mesmo dia, a Unilever convocou um encontro com o Sindicato dosTrabalhadores da Indústria Química de Vinhedo. Neste encontro, a empresa in-formou que tinha intenção de negociar, , , , , no futuro, as conseqüências sobre os tra-balhadores afetados pela transferência.

Os trabalhadores tomaram conhecimento da decisão da empresa por anúnciosno jornal local que anunciava a demissão de 150 trabalhadores e a forma comotais demissões se dariam.

Era a segunda vez que a Unilever demitia um grupo grande de trabalhadores(na primeira vez foram demitidos 170 trabalhadores), sem quaisquer conversa-ções com o Sindicato dos Trabalhadores Químicos de Vinhedo sobre os planos deredução de mão-de-obra.

A companhia também não consultou, nem informou as autoridades governa-mentais da cidade de Vinhedo sobre tais planos, que causariam a perda de R$1.800.000,00 para os fundos do município, como declarou o prefeito de Vinhe-do à época.

A atitude do Grupo Unilever no Brasil contraria os princípios e normas geraisinternacionais, ou seja, configura violações das Diretrizes da OCDE para Empre-sas Multinacionais.

Sobre as diretrizes em que se baseia a denúncia destaca-se:• O Capítulo 4, artigo 2, item b mostra que as empresas deverão:“Proporcionar, aos representantes dos trabalhadores, as informações que se afigu-

rem necessárias à condução de negociações construtivas sobre condições de trabalho”.A Unilever não forneceu informações sobre o fechamento da linha de produ-

ção de pasta dental aos trabalhadores ou a seus representantes. A empresa demons-trou indiferença com o sindicato, que tomou conhecimento das condições de trans-ferência pelo jornal local, como também que a Unilever pretendia negociar nofuturo tais condições com os sindicatos.

O Capítulo 4, artigo 6 das Diretrizes da OCDE diz que:“Ao preverem mudanças de atividades que possam ter conseqüências importantes

nas fontes de renda de seus empregados, em particular no caso de encerramento daentidade acompanhado de dispensa ou despedida coletiva de empregados, notificar essas


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mudanças com antecedência razoável aos representantes de trabalhadores e, quandoapropriado, às autoridades governamentais competentes, e cooperar com os represen-tantes de empregados e as autoridades governamentais competentes para mitigar tãoamplamente quanto possível os efeitos adversos. À luz das circunstâncias específicas acada caso, seria oportuno que a direção comunicasse esta informação antes que fossetomada a decisão final. Outros meios também podem ser utilizados para favorecer umacooperação significativa com o objetivo de abrandar os efeitos de tais decisões.”

A Unilever tomou a decisão de transferir a linha de produção de pasta de den-te sem consultar seus trabalhadores, seus representantes ou as autoridades públi-cas, sobre seus planos. Tampouco a fez uma proposta de forma a construir, decomum acordo entre as partes, um projeto que reduziria os efeitos da transferên-cia da linha de produção de Vinhedo.

Quanto ao artigo 7:“Não influenciar, de forma desleal, negociações conduzidas de boa fé com os repre-

sentantes dos trabalhadores sobre as condições de trabalho e não prejudicar o exercíciodo direito de associação dos trabalhadores, por meio de ameaças de transferência totalou parcial, para fora do país, de unidades de produção ou de transferência de traba-lhadores, oriundos de entidades pertencentes à empresa localizadas em outro país.”

Em 9 de outubro de 2003, depois de uma assembléia de trabalhadores emfrente à fábrica da Unilever em Vinhedo, a empresa, por meio de seus gerentes,ameaçou o Sindicato e os trabalhadores com a possibilidade de transferência detoda a fábrica para outra região ou país caso as atividades do Sindicato continuas-sem na planta de Vinhedo, o que viola o artigo 7 das Diretrizes.

Diante dos fatos descritos acima, o Sindicato dos Químicos Unificados deVinhedo protocolou em outubro de 2003, tais denúncias no Ponto de ContatoNacional, dentro da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Fa-zenda. O Sindicato pede que o PCN recomende à Unilever uma melhoria emseus procedimentos em casos como este, no futuro, procurando promover a par-ticipação das partes interessadas (sindicatos, governo e sociedade civil) antes dedecidir sobre questões que afetam diretamente o ambiente de trabalho bem comoa comunidade em geral.

Violação 3 – Demissão de um grande número de trabalhadores sem negociação com os sindicatosEm 28 de janeiro de 2004, a Unilever Brasil demitiu 48 trabalhadores na

Unidade de Vinhedo, que fabrica cosméticos e produtos de higiene pessoal. Estaunidade de Vinhedo tinha 550 trabalhadores.


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Entre os demitidos estão dez portadores de lesões adquiridas dentro da em-presa e outros que retornavam das férias. Com estes não foram respeitados os 15dias de estabilidade previstos nessa situação. Essa demissão coletiva foi feita deforma arbitrária, sem qualquer negociação prévia com os trabalhadores e com osindicato de classe.

A medida fere acordo estabelecido em 2004 quando a Unilever tentou fechar150 postos de trabalho; descumpre o acordo coletivo da categoria, a legislaçãotrabalhista e acordos com entidades internacionais dos quais a multinacional ésignatária. Os representantes da empresa alegaram que é inviável “segurar” os fun-cionários porque estariam “dando prejuízo”.

Com as demissões, a Unilever rompe acordos internacionais de defesa do tra-balhador do qual é signatária, as diretrizes para multinacionais da OCDE - Orga-nização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e as normas da OIT -Organização Internacional do Trabalho. Rompe também o artigo 19 do acordofirmado com os trabalhadores, que estabelece três critérios preferenciais de dis-pensa coletiva: inicialmente só os trabalhadores que, consultados previamente,prefiram a dispensa; em segundo lugar, os que já estejam recebendo os benefíciosda aposentadoria definitiva, pela Previdência Social ou por alguma forma de pre-vidência privada; por fim, os empregados com menor tempo de casa, os solteiros,os de menor faixa etária e os de menores encargos familiares.

Sobre as Diretrizes da OCDE em que se baseia a denúncia destaca-se:• Capítulo 4, artigo 6 mostra que as empresas deverão:“Ao preverem mudanças de atividades que possam ter conseqüências importantes

nas fontes de renda de seus empregados, em particular no caso de encerramento daentidade acompanhado de dispensa ou despedida coletiva de empregados, notificar essasmudanças com antecedência razoável aos representantes de trabalhadores e, quandoapropriado, às autoridades governamentais competentes, e cooperar com os represen-tantes de empregados e as autoridades governamentais competentes para mitigar tãoamplamente quanto possível os efeitos adversos. À luz das circunstâncias específicas acada caso, seria oportuno que a direção comunicasse esta informação antes que fossetomada a decisão final. Outros meios também podem ser utilizados para favorecer umacooperação significativa com o objetivo de abrandar os efeitos de tais decisões.”

Sobre as Convenções da OIT em que se baseia a denúncia destaca-se a Con-venção 154, artigo 2:

Para efeito da presente Convenção, a expressão “negociação coletiva” compreen-de todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador,um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações de empre-


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gadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, com ofim de:

• fixar as condições de trabalho e emprego; ou• regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou• regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias

organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez.Quanto aos parâmetros nacionais, a violação rompe também com o Acordo

Coletivo de Trabalho dos Trabalhadores Químicos em seu artigo 19.

Violação 4 - Encerramento de atividades sem negociação com os sindicatos KibonEm 5 de setembro de 2005, o Grupo Unilever informou aos funcionários e ao

mercado que fecharia sua fábrica de sorvetes Kibon, na cidade de São Paulo, res-ponsável pela produção de sorvetes em massa. Toda a produção seria transferidapara duas outras unidades, em Valinhos-SP, onde a Unilever possui um complexoindustrial e, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife-PE,onde fica a produção de picolés. A maior parte da produção, cerca de 80%, seriatransferida para Valinhos. O restante, para Pernambuco.

A emprega alega que a localização da fábrica impede os investimentos em ex-pansão e modernização industrial além de limitar a logística de distribuição emSão Paulo.

Tal decisão afetaria cerca de 1,5 mil trabalhadores (entre operários e funcioná-rios da área administrativa) que seriam demitidos.

Esse fato reforça a prática do Grupo Unilever no Brasil de encerrar suas ativi-dades industriais sem quaisquer negociações prévias com seus trabalhadores e re-presentantes antes da decisão final. Estes últimos ficam vulneráveis por não co-nhecerem as etapas do processo de encerramento da fábrica e as condições em queocorrerá.

A atitude do Grupo Unilever no Brasil contraria os princípios e normas geraisinternacionais, ou seja, configura violações das Diretrizes da OCDE para Empre-sas Multinacionais contidas em seu Capitulo IV- Parágrafo 6.

Violação 5 – Liberdade SindicalA empresa IGL Industrial Ltda de Vinhedo, localizada na região de Campinas,

– uma das mais industrializadas e desenvolvidas do Brasil, possui nesta unidade 524empregados, e deste total a grande maioria integra a categoria profissional represen-tada pelo sindicato requerente. Deste universo de empregados da empresa, 313 de-les estão filiados ao Sindicato dos Químicos Unificados - Regional Vinhedo.


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Trata-se, portanto, de um sindicato de trabalhadores amplamente representa-tivo entre os empregados da empresa em discussão, exibindo uma taxa desindicalização em muito superior à média brasileira, que não tem ultrapassado os23%. Esta alta representatividade verifica-se não só entre os empregados da IGLIndustrial Ltda, como no âmbito da base territorial de representação legal do sin-dicato.

A empresa IGL Industrial Ltda – braço local da transnacional Unilever, noentanto, tem se caracterizado pela prática de atitudes autoritárias e pouco dispos-ta à solução negociada dos conflitos trabalhistas. Prova incontestável que a em-presa em questão não está afeita ao diálogo social é a longa lista de conflitos quevem mantendo com o sindicato representativo de seus empregados no decorrerde quase duas décadas, nos quais o tratamento tem sido no mesmo diapasão: re-curso à força policial, repressão aos grevistas com demissões e ameaças, etc.

Uma paralisação de três dias em 1991 culminou com a intervenção da tropade choque da policia militar, chamada pela direção da empresa para reprimir osgrevistas que faziam manifestações em frente aos portões da empresa. Ao longodos anos 1990 o sindicato promoveu algumas paralisações de algumas horas. Desde2001 o sindicato já promoveu três paralisações, nas quais se interrompeu a pro-dução da empresa por um dia. Estas paralisações tiveram como foco, entre ou-tros, as campanhas salariais e as demissões em massa efetuadas pela empresa.

Em todas as ocasiões a empresa IGL Industrial Ltda tem sempre respondidocom a deflagração de uma guerra psicológica aos trabalhadores na linha de produ-ção; telefonemas com ameaças aos trabalhadores em suas residências; filmagensdas manifestações realizadas pelos seus empregados para a realização de ummapeamento e posterior repressão dos trabalhadores que delas participam, intro-dução de chefes “infiltrados” nas assembléias de trabalhadores para a identifica-ção dos empregados aderentes; constantemente os dirigentes do sindicato têm oacesso negado às dependências da fábrica e quando são admitidos só podem fazê-lo acompanhados de seguranças.

Na última paralisação de 24 horas, ocorrida em março de 2005, por exemplo, aempresa mandou o serviço de segurança cortar as cercas de arame para que os fura-greves pudessem evitar a linha de piquete do sindicato de trabalhadores. A operaçãofoi combinada com a presença de gerentes e coordenadores fora da planta intimidan-do os trabalhadores a ingressarem no trabalho. Com todo este aparato de atividaderepressiva por parte da empresa, tem sido quase impossível negociar com a empresa.

Coroando este circo de desrespeito aos direitos civis e sindicais dos em-pregados, a empresa constituiu uma forma própria de representação dos em-


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pregados no interior da empresa, paralela ao sindicato. Este órgão tenta de-sempenhar o papel de sindicato de empresa, tendo sido constituído sob osauspícios da IGL Industrial Ltda – hipótese legal inexistente no direito sindi-cal brasileiro; é dócil e subserviente aos desejos e ditames da política de recur-sos humanos da empresa. Atende pela denominação de Grupo de Trabalho eMelhoria do Ambiente (GTMA). Por fim, a transnacional Unilever não reco-nhece o Comitê Sindical Nacional da Unilever Brasil que os sindicatos repre-sentativos de todas as plantas existentes no território brasileiro do grupo es-tão tentando reconhecer.

Não bastassem os todos os fatos relatados, a prática anti-sindical da empresaIGL Industrial Ltda atingiu o seu ápice em 2005. Em janeiro a empresa passou adistribuir uma carta padrão de desfiliação do sindicato. Em março, a empresaadotou uma linha telefônica gratuita – iniciada pelo prefixo 0800 no sistema bra-sileiro de telefonia, como uma das opções oferecidas ao usuário que a ela recorres-se, para solicitação de desfiliação ao sindicato aqui mencionado. Segue em anexo2 uma cópia do cartaz sugerindo a desfiliação e uma transcrição de um diálogomantido com a atendente do referido serviço.

Ao acessar esta opção no número telefônico gratuito, o trabalhador da empre-sa Unilever era auxiliado no preenchimento e envio de um pedido de desfiliaçãopor uma atendente trabalhando no interior da empresa. O episódio final das prá-ticas anti-sindicais constitui grave ingerência nas atividades do sindicato legalmenterepresentativo dos seus empregados. Todos os fatos mencionados estão arroladosem anexo.

Este caso viola as Diretrizes da OCDE, no capítulo 4 artigo 7.Não influenciar, de forma desleal, negociações conduzidas de boa fé com os

representantes dos trabalhadores sobre as condições de trabalho e não prejudicaro exercício do direito de associação dos trabalhadores, por meio de ameaças detransferência total ou parcial, para fora do país, de unidades de produção ou detransferência de trabalhadores, oriundos de entidades pertencentes à empresa lo-calizadas em outro país.

Viola também, a Convenção 87 da OIT em seu artigo 3 que afirma:1. As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de ela-

borar os seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente os seus re-presentantes, organizar a sua gestão e a sua atividade e formular o seu programa deação.

2. As autoridades públicas devem abster-se de qualquer intervenção susceptí-vel de limitar esse direito ou de entravar o seu exercício legal.


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Violação 6 – Direitos dos ConsumidoresA empresa Unilever, em 2001 e 2002 mudou a embalagem de alguns de seus

produtos. Diminuiu ou reduziu a quantidade de produtos das linhas de Higienee Beleza e da linha Bestfoods, mas não alterou seus preços. Não fez propagandaostensiva das alterações, assim como não destacou as mudanças nas embalagens.Ao fazer isto, a empresa feriu a legislação do código de defesa do consumidor,diretrizes da OCDE, e seu próprio código de conduta de negócios.

Esta prática fere o “Código de Princípios de Negócios” da própria empresa,que diz o seguinte sobre as relações com os consumidores: “A Unilever está com-prometida com o fornecimento consistente de marcas de produtos e serviços que ofe-reçam valor em termos de preço e qualidade, e que sejam seguros em seu uso normal.Os produtos e serviços serão rotulados, anunciados e comunicados de forma precisae correta.”

Além disso também viola as Diretrizes para Empresas Multinacionais daOCDE, artigo VII, , , , , denominado de “Interesses do Consumidor”:::::

“No seu relacionamento com os consumidores, as empresas deverão reger-se porpráticas corretas e justas no exercício das suas atividades comerciais, publicitárias e decomercialização, devendo tomar todas as medidas razoáveis para garantir a segurançae qualidade dos bens ou serviços que forneçam. Em particular, deverão:”

Parágrafo 2 - “Fornecer, em função de cada bem ou serviço em concreto, informa-ções exatas e claras sobre o respectivo conteúdo, segurança de utilização, manutenção,armazenagem e eliminação, que sejam suficientes para permitir que o consumidor possatomar decisões esclarecidas”.

Parágrafo 4 – “Abster-se de, através de afirmações ou omissões, incorrer em práti-cas enganosas, falaciosas, fraudulentas ou desleais”.

Ao mesmo tempo transgride o que determina a legislação brasileira, contidano Código do Consumidor, nos seguintes artigos:

“Artigo 6º - - - - - São direitos básicos do consumidor:::::Parágrafo III -A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e servi-

ços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade epreço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Artigo 31 - - - - - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar infor-mações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas caracte-rísticas, , , , , qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade eorigem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segu-rança dos consumidores.

Artigo 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.


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Parágrafo 3° - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa poromissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Artigo 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:Parágrafo IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo

em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lheseus produtos ou serviços;

2.2. No ChileViolação 1 - Encerramento de atividades sem negociação com os sindicatos e

práticas anti-sindicaisA política da Unilever no Chile seguindo o processo de reestruturação global

e regional afeta negativamente seus funcionários sendo que nos últimos oito anosa empresa fechou fábricas gerando a demissão de aproximadamente 2.000 traba-lhadores e o desaparecimento de aproximadamente 15 instituições sindicais.

Conforme os representantes dos trabalhadores do Sindicato Nº 1 da Unileverchilena a empresa nunca teve perdas monetárias no Chile significando que areestruturação nacional da companhia a qual definiu o fechamento das fábricas ea transferência da produção para outros países da região tem o objetivo de rebai-xar os custos de produção e diminuir os gastos com trabalhadores. Desta forma aempresa aproveita as condições precárias de trabalho nos países da região paraaumentar sua margem de lucro. A Unilever foi premiada por boas práticas laboraisno Chile e firmou um pacto global relativo à responsabilidade social empresarialportanto, agora enfrenta o desafio de manter os compromissos assumidos.

Dentro deste processo de reestruturação, em dezembro de 2004, a gerênciacorporativa da Unilever chilena comunicou verbalmente aos dirigentes sindicaiso fechamento de três fábricas, com a conseqüente demissão de 250 trabalhadoresem sua maioria pertencentes ao Sindicato Nacional nº1 de Trabalhadores dasEmpresas Unilever Chile Ltda.

As três fábricas que foram fechadas estão situadas no mesmo lugar, na unida-de de Carrascal e se dividem pela seguinte produção: 1. creme dental; 2. desodo-rante em barra; 3. detergentes e produtos de limpeza líquidos. O objetivo daempresa é deixar em funcionamento apenas a quarta unidade que produz deter-gente em pó, localizada também em Carrascal.

O intuito da Unilever é transferir a produção de cremes dentais (Pepsodent,Signal, Mentadent C e Close Up) para as fábricas da empresa no Brasil e a produ-ção de sabonetes e desodorantes (Rexona, Dove e Axe) para fábricas do México. Aprodução de detergente líquido (Quix, Vim, Soft, Cif, Drive) poderá ser terceirizada


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no Chile se aprovado por estudos de viabilidade, ou então transferida para unida-des na Argentina.

No mesmo comunicado a empresa também informou a decisão de prejudicaros trabalhadores que continuarem na Unilever, já que as fábricas de detergenteem pó onde são produzidas as marcas Omo, Drive, e Rinso, permanecerão ope-rando com a condição de que os trabalhadores desta unidade aceitem ver seussalários reduzidos em 20%. Caso os funcionários não aceitassem a “proposta” osrepresentantes da empresa manifestaram a decisão de fechar totalmente a compa-nhia no Chile. O anúncio de redução de salários afetaria 56 operários da fábrica,mais o pessoal administrativo.

O comportamento da empresa no processo descrito acima, que começou nofinal de dezembro de 2004 e continuou no início de 2005, desrespeitou uma sériede princípios e normas internacionais e nacionais, o que caracterizou graves vio-lações da Unilever das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, alémde transgredir convenções determinadas pela Organização Internacional do Tra-balho (OIT) e a Legislação Trabalhista Chilena.

Primeiramente os fatos descritos acima violaram as linhas gerais da OCDEdefinidas no prefácio número 1 das Diretrizes para Empresas Multinacionais: “AsDiretrizes objetivam assegurar que as atividades destas empresas estejam em harmo-nia com as políticas governamentais, de modo a fortalecer as bases de uma confiançamútua entre as empresas e as sociedades nas quais realizam suas operações, ajudar amelhorar o clima para investimentos estrangeiros e contribuir para um desenvolvi-mento sustentável produzido pelas empresas multinacionais.”

Além de violar as linhas gerais da OCDEAlém de violar as linhas gerais da OCDEAlém de violar as linhas gerais da OCDEAlém de violar as linhas gerais da OCDEAlém de violar as linhas gerais da OCDE alguns dos artigos e parágrafosdas Diretrizes também foram transgredidos. O caráter repentino das informaçõesrepassadas aos trabalhadores sobre a decisão da empresa de fechar as fábricas éuma clara infração às diretrizes da OCDE referentes às informações oportunasque a empresa deve entregar aos trabalhadores quando há resoluções importantestanto do ponto de vista produtivo como social.

Os mencionados atos da Unilever transgrediram as diretrizes da OCDE con-tidas no capítulo III, parágrafos 1 e 4, a respeito de “Divulgação” e capítulo IV,parágrafo 6, a respeito de “Emprego e Relações Trabalhistas”:

Artigo III, Parágrafo 1 - “As empresas deverão garantir a divulgação de informa-ções oportunas, regulares, confiáveis e relevantes sobre suas atividades, estrutura, situaçãofinanceira e performance. Estas informações deverão ser divulgadas em nome da em-presa como um todo e, quando apropriado, segundo setores de atividade ou áreas geo-gráficas. As políticas de divulgação das empresas deverão ser adatadas à natureza, porte


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e localização da empresa, levando plenamente em conta os custos, a confidencialidadeempresarial e outras questões concorrenciais”.

Parágrafo 4 – “As empresas deverão divulgar informações relevantes sobre questõessignificativas concernentes aos trabalhadores e a outros agentes envolvidos na vida daempresa”.

Artigo IV - Parágrafo 6 - “Ao preverem mudanças de atividades que possam terconseqüências importantes nas fontes de renda de seus empregados, em particular nocaso de encerramento da entidade acompanhado de dispensa ou despedida coletiva deempregados, notificar essas mudanças com antecedência razoável aos representantes detrabalhadores e, quando apropriado, às autoridades governamentais competentes, ecooperar com os representantes de empregados e as autoridades governamentais compe-tentes para mitigar tão amplamente quanto possível os efeitos adversos. À luz das cir-cunstâncias específicas a cada caso, seria oportuno que a direção comunicasse esta in-formação antes que fosse tomada a decisão final. Outros meios também podem serutilizados para favorecer uma cooperação significativa com o objetivo de abrandar osefeitos de tais decisões”

De modo especial, estas diretrizes indicam que o repasse de informações éparticularmente relevante e necessário quando se afetam de maneira massiva ascondições de vida e sobrevivência dos trabalhadores. Os parágrafos 1 e 4, do arti-go III, definem que informações periódicas e verídicas, sobre fatos e mudançasdevem ser reportadas aos dirigentes sindicais para estes poderem atuar correta-mente e tomar decisões de comum acordo com os associados e com os represen-tantes da empresa.

Contudo, a atitude da Unilever de comunicar a decisão do fechamento dasfábricas em um período de festas, após a resolução já ter sido tomada pelas gerên-cias surpreendeu os trabalhadores e seus representantes com o intuito claro deimpedir a reação contra as medidas anunciadas pela empresa.

Devido a este conjunto de relatos, isto é, o fato da Unilever ter procedido semconsiderações humanitárias, causou grande insegurança e preocupação aos seusfuncionários, deixando os dirigentes sindicais sem a possibilidade de buscar alter-nativas e soluções que permitissem proteger o emprego ou minorar os efeitos pro-vocados pela decisão da empresa.

A Companhia também tomou medidas anti-sindicais ao impedir as partesafetadas de comunicar à opinião pública o alcance das decisões corporativas daUnilever. Um exemplo desta prática ocorreu no dia 4 de janeiro de 2005, quandoo canal de televisão Megavision realizava uma entrevista com o presidente doSindicato n° 1 e foi bruscamente cortado pela encarregada de relações públicas da


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Unilever, que marcou presença notória no lugar, pressionando trabalhadores ejornalistas, fato marcante de infração ao direito de liberdade de expressão.

Ao mesmo tempo repassou comunicados inverossímeis à imprensa chilenareferentes aos demitidos e ao futuro da empresa, ao difundir falsas informaçõesentre os trabalhadores e comunicar a um grupo reduzido de trabalhadores dasfábricas afetadas que não seriam demitidos e que, portanto, deveriam afastar-sedo resto dos trabalhadores e opor-se às ações que o Sindicato pudesse vir a empre-ender para impedir as despensas e às denúncias da empresa junto às autoridadesou à opinião pública. Este fato gerou uma denúncia do Sindicato n° 1 (documen-to n° 1, anexo).

Uma outra atitude extremamente grave é a pratica rotineira da Unilever denão assinar ou carimbar a recepção de solicitações que os sindicatos dos trabalha-dores lhe fazem. Do mesmo modo, não deixa escrito em documento as resoluçõesque toma. Esta prática está completamente fora dos parâmetros legais da legisla-ção chilena, demonstrando o pouco respeito que a Unilever tem para com seusfuncionários e representantes.

A Unilever desrespeitou as indicações da OCDE contidas no artigo IV, pará-grafos 7 e 8, ao anunciar o fechamento total da fábrica de detergente em pó (loca-lizada em Carrascal) caso não fosse negociada a redução dos salários em 20%, oque significa uma medida de pressão, tendo presente que a negociação coletiva,instrumento que regulamenta salários e condições tinha vigência até dezembrodo ano de 2005, processo regulamentado por lei e que estava sendo violado pelaUnilever. Os trabalhadores denunciaram aos dirigentes sindicais a existência dehostilidade por parte dos distintos níveis de gerência, o que criou um ambiente detrabalho ingrato.

A multinacional agiu com “má fé” para com os representantes dos trabalha-dores desrespeitando as instâncias que por lei permitem definir as condições detrabalho ou as mudanças de grande envergadura como estas que empreenderam.

Da mesma forma, ao desconhecer a representatividade dos dirigentes sindi-cais na medida em que aventou a possibilidade de negociar unilateral e individual-mente com os trabalhadores, a companhia praticou uma grave violação da nego-ciação coletiva caracterizando uma medida anti-sindical, deixando de lado olegítimo direito dos representantes sindicais, o que constitui uma prática anti-sin-dical contrária ao que consagra a legislação nacional chilena.

As práticas anti-sindicais descritas acima ferem as diretrizes da OCDE conti-das no artigo IV, parágrafos 7 e 8, a respeito de “Emprego e Relações Trabalhistas”:

Parágrafo 7: “No contexto de negociações de boa fé com representantes de empre-


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gados sobre as condições de trabalho, ou na medida em que os empregados exercem seudireito de organização, não ameaçar transferir toda ou parte de uma unidadeoperacional do país em questão para outro país, nem transferir os trabalhadores dasentidades da empresa em países estrangeiros para exercer influência desleal nessas ne-gociações ou dificultar a aplicação do direito à organização”.

Parágrafo 8: “Facultar aos representantes devidamente autorizados dos trabalha-dores por ela empregados, conduzirem as negociações nas discussões coletivas ou nasquestões relativas às relações mão-de-obra e diretoria, e autorizar as partes a consulta-rem, sobre assuntos de interesse mútuo, os representantes da diretoria autorizados atomarem decisões sobre essas questões”.

Deve-se ressaltar que a multinacional Unilever é signatária do Global Compact,o qual solicita às empresas que adotem e apóiem, dentro de sua esfera de atuaçãoe influência, um conjunto de valores relativos à defesa dos direitos humanos, con-dições de trabalho e meio ambiente.

O princípio do Global Compact que pode ser considerado violado pela Unileveré o princípio n° 3 - “As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhe-cimento efetivo do direito à negociação coletiva”.

2.3. Na ColômbiaViolação 1 - Encerramento de atividades sem negociação com os sindicatos

Em setembro de 1999 houve um diálogo entre representantes dos trabalha-dores sobre o futuro das unidades produtivas da Unilever colombiana. Naquelemomento a multinacional informou que não havia motivos para preocupações,pois nenhuma mudança estava planejada, ao menos a curto prazo.

No entanto, muitas mudanças ocorreram depois desse diálogo, sem que aempresa tivesse negociado com o sindicato. Eram conseqüência do processo dereestruturação mundial da Unilever que provocou o fechamento de duas unida-des em Bogotá, entre 2000 e 2004.

As respectivas unidades produziam margarinas e produtos de limpeza (sabão)sendo sua operação transferida para Calí, cidade localizada na costa pacífica daColômbia, região empobrecida, onde os salários são menores, demonstrando ointeresse da Unilever em rebaixar custos.

Os empregados transferidos passaram a ser contratados por um sistema de“cooperativação” dos trabalhadores sem vínculos formais com a empresa, o quesignificou a terceirização da produção. Desta forma a empresa se livrou de umasérie de obrigações legais e também impediu a atuação do Sindicato dos Trabalha-dores da Unilever Andina (Sintra).


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O Sindicato denuncia que, ao terceirizar a produção, a Unilever contraria di-versas convenções internacionais. Os trabalhadores continuam fazendo a mesmacoisa em condições muito mais precárias e recebendo salários menores. O Sindi-cato acredita que a estratégia da Unilever consiste em terceirizar também a fábricade produtos de higiene pessoal, atualmente a única fabrica que restou em Bogotá.

O fechamento da fábrica de sabão resultou na transferência de alguns traba-lhadores para a fábrica de margarinas. Porém, não existiam vagas de fato, ocorren-do a concentração de trabalhadores na mesma função como forma de pressão paraa solicitação de demissão por parte dos próprios trabalhadores. Alguns acabaramnão suportando a pressão e realmente pediram demissão.

O clima de tensão crescia internamente, pois havia conflitos entre trabalha-dores que exerciam a mesma função, sobretudo aqueles que ocupavam cargos dedecisão. Sessenta dias após a transferência, todos os trabalhadores da antiga fábri-ca de sabão estavam fora da empresa, por conta da solicitação de dispensa no con-texto do Plano de “Demissão Voluntária”. Dentre esses, estavam também muitostrabalhadores lesionados, que não tiveram benefícios adicionais em razão de suascondições adversas de saúde.

Quanto ao fechamento da fábrica de sabão em 2000, a Unilever, diante dapressão do Sindicato, relatou que não demitiria mais trabalhadores, e que o pro-cesso de reestruturação na Colômbia estava encerrado. No entanto, naquele mes-mo ano foi anunciada a compra da Bestfoods pela empresa, trazendo como con-seqüência o fechamento da fábrica de margarinas e refinaria de azeites em 2002.Na ocasião também foi oferecido um Plano de Demissão Voluntária para cadatrabalhador.

No entanto, os trabalhadores de categorias e salários mais altos, assim como osmais antigos, não aceitaram entrar no plano de demissão “voluntária”. Começouentão um processo de assédio moral: 30 trabalhadores ficaram durante 45 dias numasala para treinamento de qualificação. Dentre esses, 15 trabalhadores com mais de20 anos de empresa não agüentaram a pressão e pediram demissão durante o perío-do. Os demais foram transferidos para a fábrica de produtos pessoais, e oito traba-lhadores de cargos mais elevados receberam treinamento para ocuparem outros postosde trabalho com salários equivalentes. Nesse período também deixaram a gestão doSindicato sete dirigentes, por não suportarem a pressão da empresa.

Muitos trabalhadores demitidos foram trabalhar na “nova” fábrica de marga-rinas, que atualmente ocupa as mesmas instalações da antiga unidade de margari-nas da Unilever. Na verdade, a multinacional terceirizou a produção para esta novaempresa, que produz e vende para a própria Unilever. Muitos trabalhadores acei-


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taram o plano de demissão porque sabiam da contratação por esta “nova” empre-sa, no entanto não foram avisados que não teriam contratos de trabalho, mas simcotas de participação por meio de uma cooperativa.

O pequeno histórico da atuação da Unilever na Colômbia nos últimos anosindica a violação de uma série de princípios e normas internacionais/nacionais.Dentre essas normas a Unilever desrespeitou as Diretrizes da OCDE para Empre-sas Multinacionais especificamente o artigo IV, parágrafo 6:

“Ao preverem mudanças de atividades que possam ter conseqüências importantesnas fontes de renda de seus empregados, em particular no caso de encerramento daentidade acompanhado de dispensa ou despedida coletiva de empregados, notificar essasmudanças com antecedência razoável aos representantes de trabalhadores e, quandoapropriado, às autoridades governamentais competentes, e cooperar com os represen-tantes de empregados e as autoridades governamentais competentes para mitigar tãoamplamente quanto possível os efeitos adversos. À luz das circunstâncias específicas acada caso, seria oportuno que a direção comunicasse esta informação antes que fossetomada a decisão final. Outros meios também podem ser utilizados para favorecer umacooperação significativa com o objetivo de abrandar os efeitos de tais decisões.”

A Unilever violou o parágrafo descrito acima na medida em que a gerênciada empresa não repassou as informações sobre o fechamento das duas unidadesem Bogotá, além de não compartilhar essa decisão previamente com os repre-sentantes dos trabalhadores, para que os dirigentes do Sindicato pudessem emconjunto com a empresa refletir sobre alternativas e soluções no intuito de di-minuir os efeitos provocados pela decisão da empresa, que acarretou demissõesem massa.

3. AÇÕES, LUTAS, DIFICULDADES E ALTERNATIVASNo início de 2002, por iniciativa da CUT, foi feita uma tentativa inédita, no

caso da Unilever, de organização dos trabalhadores da empresa em um comitê sin-dical, com base na experiência das montadoras de veículos européias, como aVolkswagen e a Daimler-Chrysler, que já possuem esse instrumento de diálogojunto a seus trabalhadores.

Em um seminário realizado na cidade de São Bernardo do Campo (SP), emabril de 2002, participaram diversos sindicalistas de diferentes regiões do Brasil,além de diversos representantes da empresa, notadamente da área de recursoshumanos. Nessa ocasião, o diretor de Recursos Humanos expôs as políticas daempresa para as áreas de trabalho e meio ambiente, grande parte delas baseadasnos princípios do Global Compact do qual a Unilever é oficialmente signatária.


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Um Comitê de Trabalhadores da Unilever, com oito representantes, todos funcio-nários da empresa, foi constituído na mesma ocasião.

Por diversas razões, este comitê teve dificuldade de funcionamento. Não hou-ve troca significativa de informações no sentido de fortalecer a comunicação en-tre os próprios integrantes do comitê e, entre eles e a empresa. No final de 2002,a direção da empresa manifestou-se favorável a um contato oficial com o comitê,desde que não envolvesse temas da negociação coletiva com os diferentes sindica-tos que, tradicionalmente, negociam com a Unilever.

A Unilever manifestou-se contrária à constituição de uma agenda com itenscomo salários e direitos trabalhistas, porque isso caracterizaria um processo am-plo de negociação coletiva, que a empresa não tem interesse em iniciar de formacentralizada e representativa no âmbito dos vários sindicatos que compõem a base:alimentos, produtos de higiene e beleza e sorvetes. A Empresa está disposta a dis-cutir temas amplos como o seu engajamento no programa Global Compact, oumesmo assuntos como trabalho infantil e responsabilidade social.

Em 20 de março de 2003, como o trabalho do comitê não avançou, foiformado um novo comitê sindical com o mesmo objetivo do anterior, ou seja,iniciar um processo de diálogo amplo com a Unilever no Brasil. A intenção éde que toda fábrica da Unilever esteja representada, preferencialmente, porum trabalhador/sindicalista de cada unidade. Esse procedimento garante arepresentatividade das unidades da empresa no comitê. No caso de não havertrabalhador dirigente em uma determinada unidade, um dirigente do Sindi-cato que representa a base pode ocupar esse lugar; do contrário haverá unida-des que ficarão sem representantes.

No último seminário de trabalhadores da Unilever, o tema que se refere àsatribuições e às competências do comitê sindical da empresa voltou a ser discuti-do. Em linhas gerais, os principais problemas apontados pelos trabalhadores, noseminário promovido pela CUT, foram as diferenças na remuneração de traba-lhadores da mesma categoria, entre as unidades da empresa, nas diversas regiõesdo país e a grande heterogeneidade nas condições de trabalho entre as diferentesunidades.

Embora a Unilever se esforce para tornar homogênea a qualidade de seus pro-dutos nas diferentes partes do país, percebe-se que não há uma política de promo-ção de igualdade no que concerne às condições de trabalho, política salarial, ques-tões de gênero e raça, entre outros, o que prejudica o resultado das negociações paraos trabalhadores. Em última análise, não há uma política geral para o trato com ossindicatos no que diz respeito à negociação coletiva. Vale a regra de que as questões


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relativas ao trabalho ainda são locais, ou seja, a Unilever não incorporou a agendaglobal desse tema à compatibilização de práticas adotadas no país, com aquelas pra-ticadas em outras partes do mundo, referenciadas nas Convenções da OIT.

Em 12 de junho de 2003, o Comitê Nacional Sindical se reuniu com a dire-ção da Unilever Brasil para apresentar seus objetivos. Nessa ocasião foram discu-tidos alguns dos principais problemas enfrentados pelos sindicatos e a empresaapresentou o Plano de Reestruturação Produtiva para o ano de 2004. A empresatambém reconheceu o Comitê e com isso se abriu um canal de comunicação coma Unilever em nível nacional, conforme Doc. 3, anexo.

Uma segunda reunião entre o Comitê e os representantes da empresa foi pro-posta. A empresa se negou a participar por não reconhecer o Comitê. Assim, aempresa voltava atrás em sua decisão de reconhecimento do Comitê, conformecarta resposta da empresa (Doc. 4, anexo).

VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - BRASILNo dia 30 de agosto de 2005, em um processo envolvendo mais de 30 em-

presas, a multinacional Unilever foi autuada pelo Departamento de Proteção eDefesa do Consumidor (DPDC), órgão ligado ao Ministério da Justiça, ao in-fringir o Código de Defesa do Consumidor. A empresa, segundo o Departa-mento, fez uso de uma prática que envolve a redução do conteúdo de embala-gens, sem que isso seja informado ao público de forma clara. Essa conduta fazcom que em muitos casos, o consumidor enfrente um aumento de preços dis-farçado, já que a quantidade contida na embalagem diminui, e nem sempre opreço do produto diminui proporcionalmente. A “maquiagem de produtos” éuma prática que afeta o poder de escolha do consumidor, segundo o diretor doDPDC Ricardo Morishita.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e da Portaria 81 do Mi-nistério da Justiça, os fornecedores que realizarem alterações quantitativas nosprodutos embalados têm que fazer constar mensagem específica no painel princi-pal da embalagem, em letras de tamanho e cor destacados, informando de formaclara, precisa e ostensiva que houve alteração quantitativa do produto, a quanti-dade existente antes e depois da alteração, a quantidade de produto aumentadaou diminuída, em termos absolutos e percentuais. Estas informações devem constarda embalagem pelo prazo mínimo de três meses.

Violação - ChileQuanto à denúncia contra a Unilever no Chile, os esforços dos representantes


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sindicais chilenos resultaram em melhorias nas indenizações dos demitidos, po-rém isso não ameniza o fato de que a multinacional desrespeitou a legislação chi-lena e cometeu práticas anti-sindicais. Entre elas, a demissão sumária dos traba-lhadores que manifestaram seu descontentamento com a redução de salários emtroca da garantia de emprego.

Por essa razão, a CUT chilena, em cooperação e diálogo com o Sindicato Nº1 da Unilever no Chile, denunciou a empresa ao PCN (Ponto de Contato Nacio-nal), que se comprometeu a dialogar com a CUT, como representante da denún-cia e exigirá do MINTRAB (Ministério do Trabalho e Previsão Social do Chile) aentrega da maior quantidade possível de informações sobre a empresa (violaçõestrabalhistas, casos pendentes e acusações em tribunais).

O PCN já enviou à empresa uma comunicação formal solicitando resposta àsacusações que a CUT fez, mas recebeu apenas um comunicado oral de seu recebi-mento, assinalando que a partir de então, o problema seria tratado diretamentepor seus assessores, Tironi e Associados. O procedimento será aguardar uma reu-nião com os representantes da empresa para agendar um encontro com todos osatores afetados pela denúncia, tendo o PCN o papel de mesa arbitral.

Os objetivos da CUT ao apresentar o recurso são basicamente o de proteger aação sindical, no que diz respeito à segurança do fórum sindical, à impossibilida-de de qualquer ação anti-sindical, a garantir o processo de negociação sindical, ea registrar os acordos que o sindicato estabeleceu com a empresa e reduzir os im-pactos das demissões fazendo cumprir os acordos verbais que a empresa fez.

A direção do Sindicato Nº 1 da Unilever manifestou que a empresa apresen-tou uma notória mudança na relação com os sindicalistas, e que estão negociandoem melhores condições depois da reunião da CUT com o PCN. Manifestaram aredução no número de demissões e que estão negociando indenizações a 50 tra-balhadores por reduções salariais. Também informaram que a empresa amenizouo perfil agressivo que mantinha com o Sindicato e que na última negociação ha-viam revertido o fechamento de duas fábricas, de detergentes líquidos e em pó.

Violação - ColômbiaHoje, apenas a unidade de produtos de higiene pessoal está em funcionamen-

to na Colômbia como fábrica da Unilever. No entanto, há uma situação de con-flito com o Sindicato, que não negociava com a empresa há cerca de 4 anos comoforma de “garantir” os postos de trabalho.

No “novo” processo de reestruturação iniciado em 2005, denominado Vitali-dade, o foco é a terceirização de serviços e a centralização da administração, redu-


112

zindo a força de trabalho que representa mais custo para a companhia – gerentese diretores. Como exemplo disso, em Calí, os trabalhadores que produzem para aUnilever estão em sistema de cooperativa; os únicos trabalhadores diretamenteempregados pela Unilever são da área administrativa: apenas 9 funcionários divi-didos entre as duas unidades.

Atualmente há trabalhadores terceirizados em funções não vinculadas à ativi-dade fim da empresa: 50% da produção da fábrica de Bogotá é empacotada porterceiros.

No momento a situação é de impasse; o Sindicato busca agora solidariedadeinternacional. Quer apoio de organizações e sindicatos de outros países para di-vulgar o problema e pressionar a empresa a adotar padrões mínimos de responsa-bilidade social.

Atualmente estão se desenvolvendo reuniões entre Sindicato e empresa na ten-tativa de solução do conflito. Porém, dirigentes sindicais apontam a falta de serie-dade por parte da Unilever em discutir as questões relacionadas à nova negocia-ção coletiva que dizem respeito à continuidade das atividades da empresa naColômbia.

Apresentada a situação, o Sindicato busca a solidariedade internacional per-manente para que todo o movimento sindical tenha conhecimento do conflitocom a Unilever na Colômbia – que a empresa realize a reestruturação com res-ponsabilidade social, liberdade sindical e garantia de diálogo social no que se refe-re às demissões.

4. ConclusõesA empresa Unilever encontra-se em um processo de reestruturação permanente

desde 2000, ano em que a empresa realizou a maior aquisição em US$ (cerca deUS$ 24 bilhões) na compra da empresa americana Bestfoods. Foi também o perío-do em que a empresa lançou o programa “Caminho para o Crescimento”, estratégiaconduzida entre 2000 e 2004, que agora leva o nome de Plano Vitalidade (2005-2010). Esse processo permanente de reestruturação, que deve durar toda a décadado início do terceiro milênio, aprofundou as tendências já detectadas nos anos 1990:fechamento de unidades; demissão de trabalhadores; concentração de produção;automação das linhas de produção. As violações incluídas neste documento são, emgrande parte, resultado desse processo que ocorre com maior velocidade.

Há duas conclusões importantes sobre o comportamento da empresa Unilever.Ao contrário do que ocorria até o final dos anos 1990, a política de reestruturaçãoocorre de maneira regionalizada na América Latina; é uma única política de integração


113

produtiva para todos os países da região relevantes para a empresa. Antes fechavam-se fábricas sem relação direta com os mercados consumidores de outros países por-que os níveis de exportação eram baixos. Hoje, as fábricas estão programadas paracumprir níveis de produção regionalizados. Uma unidade produtiva no Chile foifechada para dar lugar às importações de produtos de higiene e beleza do Brasil.

A segunda novidade é que a empresa busca dar resposta à pressão social, dossindicatos e dos consumidores. No Brasil, desde o fechamento da unidade deVespasiano na grande Belo Horizonte, a Unilever avisa com um ano de antece-dência o encerramento das atividades, procura melhorar a formação profissio-nal dos empregados demitidos, realocá-los, além de conceder um pacote de be-nefícios compatível com os direitos trabalhistas. No entanto, em nenhummomento, a empresa negocia o fechamento das unidades com os sindicatos detrabalhadores: anuncia a descontinuidade das linhas e depois oferece o pacotede benefícios.

Uma terceira conclusão indica que mesmo onde existe algum nível de negocia-ção, esse processo não se dá de forma simétrica. O comportamento da Unileverrelacionado aos compromissos corporativos no que se refere às relações de traba-lho varia de acordo com as especificidades das próprias legislações nacionais e dahistória de luta sindical nos diferentes países latino-americanos, já que as legisla-ções nacionais e as características locais são declaradamente a principal referênciapara a atuação desta empresa no mundo. Embora declare princípios e compro-missos corporativos, na prática, o comportamento da empresa é o de se ajustar demaneira ad hoc ao contexto nacional. Como a prática não é uniforme, onde en-contra mais resistência por parte de determinados sindicatos, enfrenta a situaçãofazendo mais pressão junto aos empregados daquela unidade. Isso explica a viola-ção à liberdade sindical constatada no Brasil, na unidade de Vinhedo, onde existeum sindicato combativo e atuante.

Em linhas gerais, a tendência da Unilever percebida nas Américas, especifica-mente na América do Sul, é a concentração de produção em grandes fábricas, defácil acesso às vias de exportação. Concentração de produção dirigida a países queoferecem melhores condições para a empresa, quais sejam: possibilidade de expan-são da produção, oferta de trabalhadores especializados, menores salários e incenti-vos fiscais (atrativos para qualquer capital industrial). Busca permanente de reduçãode custos e aumento da produtividade são certamente as principais razões para ex-plicar a transferência e a descontinuidade de linhas de produção em países comoChile, Argentina, Venezuela e Colômbia e estão direcionados principalmente paraBrasil e México. O Brasil tem um papel muito importante na produção da Unilever


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na América Latina, representando 50% de seu faturamento na região, tendo o maiornúmero de fábricas, o maior número de trabalhadores e os menores salários.

5. ANEXOS

ANEXO I (Unilever Chile)DENUNCIA DE PRACTICAS ANTISINDICALES EN UNILEVER -04/06/2005.

El Secretario del Sindicato 1 de Unilever, Claudio Urrutia, ha enviado unacarta al Director del Trabajo, Sr. Pablo Leiva, en la que adjunta una denuncia deprácticas antisindicales de parte de representantes de la empresa, dirigidas adesprestigiar a su persona como dirigente sindical ante los trabajadores. En su carta,el Secretario Urrutia alude al hecho de haberse desempeñado durante dos perío-dos “como miembro de los comités de usuarios de la Dirección del Trabajo y ahoracomo miembro del Comité de usuarios regional” de la misma Dirección, señalandoasí que durante esos dos períodos nadie ha objetado su actuación en provecho delos intereses de los trabajadores y del desarrollo del sindicato.

En la carta al Director del Trabajo, se informa además de la incertidumbreque pesa aún sobre la programación de los planes de acompañamiento, capacitacióny reinserción laboral prometidos por la empresa a los trabajadores despedidos y alos que se despedirán (unos 190 de un total de alrededor de 350, como se lo hainformado en entrevista publicada la semana pasada, 30 de marzo 2005, en estemismo sitio, ver “HACIA UN NUEVO SINDICALISMO). Se agrega que “laCompañía [Unilever] no ha tenido la voluntad de trabajar con la institución sin-dical” que Urrutia representa como Secretario, por cuanto “no ha respetadonormativas que deben ser acordadas con el Sindicato”

Se adjunta aquí copia de la Denuncia presentada por la Dirección del Sindica-to 1 Unilever ante la inspección del Trabajo Santiago Poniente

DENUNCIA PRACTICA DESLEAL – ANTISINDICALACTA COMPLEMENTARIA

En Santiago a 05 de Abril de 2005, fiscalizador(a) que suscribe, ha recepcionadode parte de don(ña) CLAUDIO URRUTIA OLIVARES, R.U.T. 10.346.716-0,Denuncia por Práctica Desleal – Antisindical. Para su tramitación, provee lossiguientes antecedentes:

1.- Detalle de las acciones denunciadas:HOSTIGAMIENTO EN SU CALIDAD DE DIRIGENTE SINDICAL AL EMITIR RE-


115

PRESENTANTES DE LA PARTE EMPLEADORA, EXPRESIONES FALSAS RESPECTO

A SU PERSONA, CON EL OBJETO DE INDISPONER A DICHO DIRIGENTE CON

SUS SOCIOS, NOTIFICÁNDOLES A TRES TRABAJADORES DE LA PLANTA DE

PRODUCION DE DESODORANTES, LA DECISION DE PONERLE TERMINO DE

SUS CONTRATOS BASADOS EN QUE EL DIRIGENTE EN CUESTION HABRÍA

INFORMADO AL EMPLEADOR DE QUE ESTOS PERTENECERÍAN A UNA BANDA

DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DEDICADOS A SUSTRAER PRODUCTOS

DE LA FÁBRICA. LO ANTERIOR MOTIVÓ QUE DICHOS TRABAJADORES

SOLICITARAN DE INMEDIATO UNA REUNIÓN CON EL DIRECTORIO SINDICAL,

A FIN DE PRESENTAR SUS CARGOS Y MOLESTIAS RESPECTO A LO SUCEDIDO,

REUNIÓN EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS TRABAJADORES INVOLU-

CRADOS, LOS DIRIGENTES LEOPOLDO SARMIENTO Y FRANCISCO MONTA-

NARES ADEMÁS DEL DIRIGENTE INCULPADO. ES NECESARIO HACER PRESEN-

TE QUE TODO ESTO SE DA EN EL MARCO DE UNA ADECUACIÓN DE LA

EMPRESA, EN QUE SE ESTÁ DESPIDIENDO A UN NÚMERO

NOTAS1 Portanto haverá sobreposição de dados, sem que isso signifique erro.2 Dados coletados na Colômbia em agosto de 2005.


UNION FENOSA EN CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA

CASO PRESENTADO ANTE LA PRIMERA SESIÓN DEL TPP SOBRE EMPRESAS

TRANSNACIONALES

ATARRAYA NACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA Y ENERGIA (COMPILACIÓN Y EDICIÓN:

CENSAT AGUA VIVA - FOE COLÔMBIA)

PRESENTACIÓNCuando se llevan a los servicios públicos los postulados del mercado, termina

introduciéndose la exclusión y por tanto se desvirtúa su naturaleza pública. Los in-centivos privados finalmente se imponen sobre la universalidad de los derechos y lacalidad de la vida. Esa tendencia, comprobada en los hechos, permite entender elfracaso de los discursos. Los argumentos para liberalizar y privatizar el sector eléctrico,que han seguido los lineamientos del Banco Mundial y del Banco Interamericanode Desarrollo, se basaron desde el comienzo en la necesidad de aumentar la cober-tura de suministro, mejorar la calidad y eficiencia del servicio y asegurar el progresoy desarrollo; se indicó, además, que las nuevas empresas generarían más empleo ybienestar para las poblaciones y para los países en general. Ha sucedido todo lo con-trario, pero además, esto ha comprometido la garantía de los derechos sociales yeconómicos y el respeto a las constituciones de los estados.

Esos son los principales efectos de la presencia de Unión Fenosa en el sectoreléctrico latinoamericano. Día tras día se van entregando cada vez más los recur-sos propios de la nación y la soberanía del Estado para producir y administrar esteservicio y para tomar las decisiones en torno a él.

En Latinoamérica, Unión Fenosa se instaló desde hace ocho años en Guatemala,Nicaragua, México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Colombia, enel sector de energía eléctrica; ha estado a la vanguardia de monopolizar lasactividades de generación, distribución y comercialización en el sector, junto aotra empresa española: Endesa.

Las repercusiones de la presencia de Unión Fenosa en estos países son unejemplo de cómo los intereses de las Transnacionales se imponen cada vez conmás fuerza sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos y esto es posiblepor la ayuda que prestan los mismos estados, que relegaron sus responsabilidades


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a estos entes privados. En este marco, las personas dejan de tratarse comociudadanos y comienzan a verse como clientes; las leyes y decretos formulados enlos congresos de los gobiernos propenden por los intereses de las empresasTransnacionales y finalmente, las mismas empresas o sus filiales, que se ufanancon sus cartas de principios, pasan por encima de todos sus discursos sobre elambiente, sobre la responsabilidad social y sobre cualquier ética.

Esa entrega paulatina de las responsabilidades estatales es una antesala de loque será un hecho más contundente con los tratados de libre comercio, conproyectos de infraestructura regional como el IIRSA o el Sistema de InterconexiónEléctrica para Centroamérica - SIEPAC: las empresas Transnacionales ya no podránser controladas o sancionadas por los gobiernos locales, sino que esto tendrá unnuevo escenario para tratarse: el tribunal internacional, con la pérdida de soberaníay autonomía que esto implica para los estados.

Son variadas las formas de violación a los derechos y a las constituciones departe de Unión Fenosa. Es variado también el accionar de los Estados para queello sea posible. Es de suma importancia que las sociedades reconozcan estassituaciones más temprano que tarde, pues en varios casos los Estados podrán re-novar los contratos con esta empresa, una vez terminen los actuales.

Tomar medidas al respecto ha sido la primera tarea en la agenda de todos losmovimientos sociales. Presentar tales casos frente al Tribunal Permanente de losPueblos fortalece las luchas y se espera por este medio, que el tenue escenario delas alternativas se esclarezca.

Finalmente, el presente documento intenta condensar las acciones ilegales eindebidas cometidas por Unión Fenosa en Centroamérica y Colombia en ochoaños de operaciones, al igual que las acciones de lucha lideradas por los movimientossociales en defensa de su bienestar.

La compilación y edición de este caso estuvo a cargo de CENSAT Agua Viva,a partir de los valiosos estudios de caso presentados por el Centro para la Defensadel Consumidor de El Salvador, el Encuentro Popular de Costa Rica, la MesaGlobal de Guatemala donde activamente participan CONGCOOP y CEIBA, yCENSAT como parte de la Atarraya Nacional en Defensa del Agua y la Energíade Colombia.

1. GRUPO UNIÓN FENOSA1

Unión Fenosa es un grupo empresarial español relativamente joven. Nació en1982 como resultado de la fusión entre Unión Eléctrica (empresa de Madrid) yFuerzas Eléctricas del Noreste (empresa de Galicia). Actualmente, Unión Fenosa


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hace parte de uno de los dos grandes grupos españoles que dominan el petróleo-gas-electricidad en Europa oriental:

- BSCH-Unión Fenosa-Riyal-CEPSA.- BBVA-ENDESA-Iberdrola-REPSOL.Inicialmente, el grupo se centró en el sector eléctrico y posteriormente, en 2000,

sus negocios se han expandido hacia otras áreas energéticas, como el gas (median-te el contrato con la empresa egipcia Egyptian General Petroleum Corporation) yhacia otros sectores como los servicios profesionales y de ingeniería, también en2000 (mediante la creación de Soluziona).

Las principales actividades de Unión Fenosa son la generación, la distribucióny la comercialización de energía (electricidad y gas) en España, aunque disponetambién de plantas de producción y áreas de distribución eléctrica en otros países.

En 1986 inició su expansión internacional mediante algunos contratos deingeniería relacionadas con el sector eléctrico y en 1992 se realizó la primerainversión directa en el exterior.

1.1 Principales resultados económicosEl Informe de Resultados del Grupo Unión Fenosa correspondientes al año

2005 fue publicado el 28 de febrero de 2006; los ingresos globales se resumen enla Tabla 1.

Tabla 1. Principales resultados económicos de Unión Fenosa (miliones de Euros)

2005 ENERGÍA ENERGIA OTROS

NACIONAL (1) INTERNACIONAL SOLUZIONA NEGOCIOS (2) HOLDING (3)

INGRESOS 3.686,8 2.237,8 538,0 132,1 (519,3)

Aprovisionamientos 2.037,8 1.457,1 197,4 55,4 (365,7)

MARGEN DE CONTRIBUICIÓN 1.649,0 780,7 340,5 76,7 (130,1)

Gastos Operativos Natos 624,9 339,3 296,1 32,9 (58,4)

Gastos de personal 310,2 90,2 215,6 12,3 59,8

Otros gastos de explotación 338,6 267,4 83,6 20,6 (103,7)

Activación gastos operativos 23,9 18,3 3,1 0,0 38,0

EBITDA 1.024,2 441,5 44,5 43,7 (71,7)

Amortizaciones y depreciación 326,8 157,4 15,4 8,0 50,4

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 697,4 248,1 29,0 35,7 (122,1)

(1) Incluye Generación, Distribuición y Gas (50%)(2) Incluye Minería e inmobiliaria(3) Se recogen los ajustes entre, fundamentalmente, Soluziona y el resto de áreas de negocio

Los datos reportan que el margen de contribución ofrecido por el mercadoInternacional de energía es del 32% con respecto al total; sin embargo la relaciónno se respeta en términos de personal, debido seguramente a los constantes ajus-


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tes laborales en las empresas filiales de Fenosa y a la mano de obra maquilada enlos países donde opera.

En la Tabla 2 se discriminan los resultados económicos para el 2005 en el paísde origen, por actividad económica.

Tabla 2. Principales resultados nacionales de Unión Fenosa (Millones Euros)

2005 GENERACIÓN (1) DISTRIBUICIÓN GAS (2)

INGRESOS 2.729,0 622,9 334,9

Aprovisionamientos 1.836,8 12,3 188,7

MARGEM DE CONTRIBUICIÓN 892,3 610,6 146,2

Gastos Operativos Netos 295,9 305,8 23,1

Gastos de Personal 131,7 171,6 6,9

Otros gastos de explotación 172,1 151,3 15,2

Activación gastos operativos 7,8 17,1 -1,0

EBITDA 596,3 304,8 123,1

Amortizaciones y depreciación 159,4 142,6 24,8

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 437 162,2 98,2

(1) Incluye Comercialización(2) Cifras UF Gas según participación UF al 50%

La Tabla 3 presenta los márgenes de contribución por área y países principalesdonde Fenosa tiene presencia2. Aun cuando en la mayoría de los reportes no varíansubstancialmente, se observa que la actividad económica en Colombia variónotablemente, esto debido seguramente a los continuos procesos de recapitalización,saldo de la cartera morosa por partes del estado, y la puesta en marcha del Fondopara Energía Social.

Tabla 3. Principales resultados en el área Internacional (Millones Euros)

Margem de Contribuición Ebitda Rdo. De Explotación

12M 2005 12m 2004 % Var. 12M 2005 12M 2004 % Var. 12M 2005 12M 2004 % Var.

Mexico 142,9 140,5 1,7% 110,0% 112,00% 5,0% 70,2% 71,2% 2,0%

Colombia 360,4 293,8 22,7% 165,5% 115,70% 43,0% 92,9% 52,0% 78,7%

Centroam. Y Resto 273,7 269,5 1,6% 150,8% 138,60% 8,8% 107,0% 96,1% 11,4%

Subtotal 777 703,8 10,4% 435,1% 367,10% 18,5% 278,1% 219,2% 26,9%

Estruct. Internac. 3,7 18,2 -79,6% 6,3% 14,00% -54,6% 6,0% 12,2% -50,7%

total 780,7 722 8,1% 441,5% 381,10% 15,8% 284,1% 231,3% 22,8%

Fuente: Informe de resultados UFI, año 2005

1.2 Principales resultados de producción y facturaciónEn la tabla 4 se presentan los principales datos operativos de Unión Fenosa:


121

Tabla 4. Principales datos operativos de Unión FenosaDATOS OPERATIVOS (1)

12m 2005 12m 2004 Var.%

Potencia Instalada MW 9.921 9.492 4,5%

Hidráulica MW 2.727 2.727 0,0%

Nuclear MW 739 739 0,0%

Térmica de Carbón MW 2.048 2.048 0,0%

Térmica de Fuet-Oil MW 1.303 1.030 0,0%

Ciclos Combinados Gas MW 3.120 2.721 14,6%

Régimin Especial MW 258 228 13,5%

Producción Neta GWh 41.390 37.907 9,2%

Hidráulica GWh 4.988 5.371 -7,1%

Nuclear GWh 5.660 5.702 -0,7%

Térmica de Carbón GWh 12.543 13.305 -5,7%

Térmica de Fuel-Oil GWh 2.316 1.979 17,1%

Ciclos Combinados Gas (2) GWh 15.089 10.808 39,6%

Régimin Especial GWh 794 742 7,00%

Energía Facturada GWh 69.187 51.451 34,5%

Electricidad GWh 49.960 44.880 11,3%

Gas GWh 19.227 6.571 N/A

Clientes No (miles) 8.495 8.189 3,7%

Empleados No. 10.642 11.062 -3,8%

Los datos operativos de Unión Fenosa muestran que la actividad central de laempresa es la cogeneración térmica a partir de ciclos combinados, seguida por lageneración eléctrica por plantas térmicas y en un tercer renglón la generación hi-dráulica. El negocio del gas presenta un crecimiento exponencial según lo muestranlos reportes entre 2004 y 2005, y la capacidad instalada de las distintas fuentes degeneración primaria es constante, excepto las plantas de Ciclos Combinados a Gas– CCG que aumentaron un 14,6% en el último año. Los GWh generados yfacturados aumentaron durante el mismo período en contravía de la planta depersonal que disminuyó un 3,8%.

1.3 Negocios asociadosLa actividad principal del negocio es la generación de energía eléctrica mediante

la utilización de grupos hidráulicos, térmicos y nucleares, con el objetivo de satisfacerlas ventas realizadas a través del Centro de Gestión de la Energía en España. EnLatinoamérica, Unión Fenosa, por medio de sus empresas filiales, es mayoritariamentedistribuidora y comercializadora de la electricidad, y minoritariamente opera algunascentrales hidroeléctricas que le han sido muy rentables.

Los principales negocios asociados de Unión FENOSA son:----- EEEEEnergías rnergías rnergías rnergías rnergías renoenoenoenoenovvvvvables: ables: ables: ables: ables: este tipo de energías han constituido siempre un punto


122

de atención de la empresa; por ello se ha desplegado una intensa actividad para lageneración eólica, fotovoltaica y de la biomasa.

----- GGGGGas: as: as: as: as: El grupo Unión FENOSA ha conseguido contratos de aprovisiona-miento en condiciones ventajosas y está presente en todos los segmentos de estenegocio: producción, transporte, comercialización y distribución.

----- MMMMMultiserultiserultiserultiserultiservicios: vicios: vicios: vicios: vicios: los servicios que presta Unión FENOSA Multiserviciosestán agrupados en tres líneas: Energía (servicios relacionados con la gestión delsuministro eléctrico y productos para el aprovechamiento eficiente de la energía),Servicios y ocio (desde servicios fijos o temporales hasta respuestas a necesidadespuntuales) y Telecomunicaciones.

----- IIIIInvnvnvnvnversiones interersiones interersiones interersiones interersiones internacionales: nacionales: nacionales: nacionales: nacionales: Unión Fenosa Internacional es la empresa delgrupo responsable de las inversiones en el exterior. Actualmente posee participacionesen los sectores de generación, distribución de electricidad y gas, distribución de aguay gestión de aeropuertos de diversos países, especialmente en Latinoamérica.

----- Soluziona: Soluziona: Soluziona: Soluziona: Soluziona: esta firma integra todas las empresas de servicios profesionalesdel Grupo Unión Fenosa. Ofrece soluciones integrales en materia de ingeniería,calidad y medio ambiente, telecomunicaciones y consultoría. Las actividades deSoluziona se extienden a más de 28 países y por lo tanto representa un valiosoactivo del Grupo UF.

En el 2005, Soluziona obtuvo ingresos por 538 millones de euros, es decirun 6% superior al año anterior. La distribución geográfica de los ingresosinternacionales muestra una concentración en México con un 45%, un 24%en Centroeuropa, un 14% en Chile, un 9% en Brasil y un 8% en el resto delmundo.

- CEPSA:CEPSA:CEPSA:CEPSA:CEPSA: Unión Fenosa es dueña del 4,99% del capital social de esta em-presa, que desarrolla actividades de exploración y producción de crudo, refinación,transporte y comercialización de derivados del petróleo y elaboración de productosquímicos.

- Lignitos de MLignitos de MLignitos de MLignitos de MLignitos de Meirama (LIMEISA)eirama (LIMEISA)eirama (LIMEISA)eirama (LIMEISA)eirama (LIMEISA): 100% de Unión Fenosa, su actividadprincipal es la explotación del yacimiento de carbón de Meirama.

1.4 Lugares donde se prestan los serviciosUnión Fenosa está presente en más de 40 países. Tiene inversiones directas en

15 de ellos, especialmente agrupados en la zona centro y sur del continente ame-ricano. Las principales inversiones internacionales están en México, Colombia,Centroamérica (Panamá, Guatemala y Nicaragua), Caribe (Costa Rica), Moldaviay Kenia. Estuvo en República Dominicana hasta septiembre de 2003.


123

En México,México,México,México,México, Unión Fenosa posee tres centrales de ciclo combinado: Hermosillo,Tuxpan III y IV y Naco Nogales. Unión Fenosa calcula el margen de contribuciónen 142,9 millones de euros, lo que indica estabilidad en los resultados con respectoa 2004.

En ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia, Unión Fenosa desde el año 2000 está presente en la actividadde generación y distribución eléctrica, por medio de la Empresa de Energía delPacífico (EPSA), de la que posee el 64,23% de su capital. Además, desarrolla laactividad de distribución y comercialización de electricidad en el norte del país, através de dos empresas que adquirió también en el año 2000: Electrocosta yElectricaribe. La tecnología empleada en este país engloba la hidráulica,minihidráulica, contratos de ciclos combinados y contratos de cogeneración. Para2005, el margen de contribución se incrementó en un 22,7%, de modo que alcanzólos 360,4 millones de euros.

En el caso de Centroamérica, Unión Fenosa PPPPPanamáanamáanamáanamáanamá posee el 51% de lasempresas Edemet y Edechi; en GGGGGuatemala,uatemala,uatemala,uatemala,uatemala, el 85,1% del capital de Deocsa yDeorsa, y en NNNNNicaragua, icaragua, icaragua, icaragua, icaragua, el 79,5% de Disnorte y Dissur. Todas estas empresasson distribuidoras de energía.

En RRRRRepública Depública Depública Depública Depública Dominicana,ominicana,ominicana,ominicana,ominicana, el 31 de agosto de 2003, UNIÓN Fenosa llegóa un acuerdo con el Gobierno de este país para transferir a la CorporaciónDominicana de Empresas Eléctricas Estatales, antigua copropietaria de Edenortey Edesur, el 50% del capital de ambas compañías distribuidoras. La transferenciade la actividad de distribución se produjo en el contexto de la crisis económica,financiera y energética que sufrió este país en los últimos años.

En Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica, Unión Fenosa está construyendo la central hidráulica de LaJoya, de la que posee el 65% y se prevé que muy pronto entrará en operacióncomercial.

Además de invertir en el sector de energía eléctrica, Unión Fenosa lo hace enotras áreas, entre las que se destacan la prestación de servicios aeroportuarios, conel Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP); la distribución de agua en el ReinoUnido (posee el 100% de Cambridge Water), distribución y comercialización degas (tiene el 55% del capital de Conecta, en Europa) y construcción de redes degas canalizado en Uruguay.

1.5 Número y tipo de trabajadores empleadosAl 31 de diciembre del 2004, 19 mil 463 personas trabajaban en las empresas

del Grupo Unión FENOSA. De ellas, aproximadamente el 52% opera en Españay el 48%, en los otros países.


124

Del total de trabajadores contratados en España, el 61% pertenece a la empre-sa SOLUZIONA, el 30%, al sector eléctrico y el 9% labora en otras actividades.En el resto del mundo, el mayor porcentaje trabaja en la distribución de energíaeléctrica (74%), el 20% en SOLUZIONA, el 4% en generación de energía eléctricay el 1% en gas y otros negocios (véase tabla 5).

Tabla 5. Planta de trabajadores por actividad de Unión FenosaTipo de Actividad España % Internacional %

Actividad Eléctrica 3,128 7,302

Corporación 402 4% - 0%

Generación 1,145 11% 415 4%

Distribución 1,581 15% 6,887 74%

Otras actividades 7,090 1,943

SOLUZIONA 6,225 61% 1,813 20%

UNION Fenosa Comercial 165 2% - 0%

UNION Fenosa Metra 327 3% - 0%

Gas y Otros negocios 373 4% 130 2%

Total España 10,218 100% 9,245 100%

Fuente: Datos presentados en Informe Anual UFI 2004

Según el informe anual de Unión FENOSA, para el año 2004, la plantade trabajadores disminuyó en un 2,8%, con respecto al año anterior3. En lamayoría de los casos, la reducción de la planta de trabajadores se ha justifica-do por procesos de reingeniería y eficiencia y ha ocurrido principalmente enpaíses del sur.

1.6 Políticas y discursosEn 2004, la empresa enunciaba lo siguiente con respecto a los asuntos

ambientales:Unión Fenosa ha aglutinado en una misma unidad estratégica las actividades

de planificación, asesoramiento, seguimiento y mejora del medio ambiente, de lacalidad y de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I). Lanecesidad de reforzar las políticas, criterios y directrices de temas fundamentales yde gran repercusión para toda la empresa ha llevado a la agrupación de dichasfunciones en una única unidad corporativa4.

El Plan Estratégico de Medio Ambiente está alineado con los principiosincluidos en la Política Medioambiental del Grupo Unión Fenosa y establece seisgrandes líneas de acción, enfatizando el respeto medioambiental, bajo las que seagrupan los objetivos del Plan y que deben armonizarse con las normativas de lospaíses en donde operan sus empresas.


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Aunque puede ser un buen discurso, para Centroamérica y Colombia, es tansolo eso, pues la empresa ha mostrado un constante irrespeto a las normativasnacionales en materia ambiental. Unión Fenosa es una de las transnacionales quemás contamina el ambiente con sus prácticas estrictamente comerciales. En Nicaraguay Panamá no existen registros de la existencia de un sistema de evaluación y gestiónmedioambiental, ni sistemas de información que den cuenta de las actividades deprotección y promoción en este campo; en Colombia, la empresa desprecia lassugerencias y puntos de vista de las comunidades afectadas con el proyecto dedesviación del río Ovejas al embalse Salvajina y presentan su nuevo estudio de im-pacto ambiental. Las observaciones de las comunidades, ignoradas por UniónFENOSA, se habían consignado desde cuando se archivó el proyecto en 1997.

La empresa en 2004 diseñó y aprobó la nueva política medioambiental y elcódigo de conducta, que se envió a todos los empleados del Grupo, nacionales einternacionales, con objeto de que “todos cumplan y respeten” los principios quela conforman.”5

Los principios de esta Política proporcionan el marco de actuación,establecimiento y revisión de los Objetivos y Metas Medioambientales y deberánservir de guía para todas las personas de Unión Fenosa, de forma que al integraresta política en la planificación y gestión de la empresa, quede asegurada unarespuesta coherente en aquellas actividades relacionadas con el Medio Ambiente6.

Es imperativo declarar que ninguno de los siete principios contenidos en elcódigo se aplica y se cumple en los países latinoamericanos y para ello. En Nicaraguay otros países, las organizaciones sociales han demostrado el alto porcentaje defuga que existe en la distribución eléctrica y la instalación de torres de transmisiónde alta tensión en poblados o zonas residenciales sin medir el costo ambiental y enla salud que provocan las emanaciones de las ondas eléctricas.

Por otro lado, no existen canales de comunicación entre la empresa y lasorganizaciones que trabajan en el tema, razón suficiente para constatar que tampocoeste principio es aplicable.

1.7 El control de Unión FenosaEl capital social de Unión Fenosa está conformado por 304.679.326 acciones,

de 3 euros de nominal. Los principales accionistas cambiaron en 2005 y comienzosde 2006. Antes, el grupo estaba controlado por el Banco Santander Central Hispano(22% de participación), pero en el último año el GGGGGrrrrrupo Aupo Aupo Aupo Aupo Actividades dectividades dectividades dectividades dectividades deConstrConstrConstrConstrConstrucción y Succión y Succión y Succión y Succión y Sererererervicios S.A (Avicios S.A (Avicios S.A (Avicios S.A (Avicios S.A (ACS) CS) CS) CS) CS) compró la participación del banco y tras laaprobación, el 25 de enero de 2006, de una Oferta Pública de Adquisición (OPA)


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del 10% del capital social de UF, ACS es el mayor accionista, con un total departicipación del 34,505% del capital social de la empresa.

Al margen de ACS, los accionistas de referencia de Unión Fenosa son CaixaGalicia, con un 10,33%; Caixanova, con un 4%, Caja de Ahorros delMediterráneo (CAM), con un 4,04%; Manuel Jove, con un 3,8% y Banco Pas-tor, con un 3,5%.

1.7.1 ¿Qué es ACS?El grupo ACS está especializado en la promoción, desarrollo, construcción y

gestión de cualquier tipo de infraestructura. Su principal negocio es la construcción,aunque crecientemente se diversifica para incrementar su participación en serviciosindustriales y de construcciones. El ritmo de crecimiento del grupo es muydestacable, principalmente desde el momento de compra de la constructoraespañola Grupo Dragados, S. A., en 2003.

El Grupo ACS es controlado, a través de la Corporación Financiera Alba, S.A.,(15,52%) por la familia March7, una de las principales familias españolas de labanca (cuya riqueza se inició gracias a las actividades de contrabando del funda-dor de la familia, Juan March8, que además de iniciar la Banca March, financió larevuelta del general Franco contra la república española).

El segundo principal grupo de accionistas que controla ACS es la CorporaciónFinanciera ALCOR, S. A., con un 9,29% de las acciones9. Esta corporación estácontrolada a su vez totalmente por Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de AlcocerTorra, a partes iguales. Ambos han estado involucrados en diversos escándalos, elmás importante de ellos, el caso Urbanor, por el que fueron condenados a tresaños y a cuatro meses de prisión, respectivamente, por estafa de más de 240 millonesde euros y falsedad en documento mercantil.

2. UNIÓN FENOSA EN GUATEMALA, PANAMÁ, NICARAGUA YCOLOMBIA

En Latinoamérica, Unión Fenosa tiene actividades comerciales relacionadascon el sector eléctrico en México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala, yColombia. Hasta 2003, también estuvo en República Dominicana. El modusoperandi de la empresa para aumentar su rentabilidad ha sido similar en estos países;ha violado los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y también haejercido presión sobre instancias gubernamentales en beneficio de sus intereses.Los casos de Colombia, Nicaragua, Panamá y Guatemala permiten poner en evi-dencia tales situaciones.


127

2.1 Unión Fenosa en Guatemala10, 11

La empresa española Unión Fenosa llegó a Guatemala en 1998, para mono-polizar la distribución y comercialización de la energía del país y como responsabledel cumplimiento del programa de electrificación rural. Hacía cuatro años habíacomenzado el montaje de las condiciones para la privatización del sector, entreellas, los planes de reestructuración. Luego, la privatización se materializó con laaplicación de la Ley general de electricidad, en noviembre de 1996.

El primer paso de la reestructuración del sector eléctrico en el país fue segmen-tar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización12. Elgobierno de Guatemala creó entonces tres empresas, de acuerdo con la segmentación:una de generación, una de transporte y control y otra de distribución. Una vez dadoese paso, el Estado vendió al sector privado toda la infraestructura destinada a ladistribución. En concreto, Unión Fenosa compró el 93% de las acciones, es decir,llegó directamente a monopolizar las labores de distribución y comercialización enel país. El otro 7% quedó en manos de los trabajadores de la antigua empresa estatal(INDE). El monto de la venta fue de 101 millones de dólares.

Para cumplir con los requerimientos legales, la empresa de distribución estatalse dividió en dos empresas diferentes: DEORSA (Distribuidora de Electricidad deOriente, SA) y DEOCSA (Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.). Esdecir, estas son las dos empresas subsidiarias de Unión Fenosa. Ambas empresas sonresponsables del suministro de energía de 19 de los 22 departamentos del país13.

Unión Fenosa tiene una concesión por 50 años (prorrogable) para prestaciónde servicios. Pueden renovarla las autoridades guatemaltecas. En principio, quedóprohibida la reintegración vertical, pero, como se verá más adelante, este obstácu-lo se está sobrepasando mediante separación contable o con la formación de enti-dades mercantiles separadas.

Como se mencionó, Unión Fenosa también se integró a Guatemala en laelectrificación rural. En principio, el Estado estaba a cargo de esta labor, por loque diseñó un Plan de Electrificación Rural - PER, para ampliar la cobertura ymejorar el servicio en comunidad rural de bajos recursos económicos. Este pro-grama integral de inversión tenía como meta, ofrecer el acceso al servicio de energíaeléctrica a 90% de la población de Guatemala en 2005.

El INDE adjudicó a las empresas distribuidoras el contrato para diseñar yconstruir el PER; Unión Fenosa Internacional fue elegida como responsable delcumplimiento del PER. La empresa tenia que definir a través de un plan estraté-gico de negocio la inversión necesaria para corregir la ineficiencia y el deterioro dela red existente, mejorar la calidad y ampliar el servicio a los clientes del área rural


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del país, independientemente de las inversiones consideradas en el PER. UniónFenosa también quedó integrando el comité técnico que administra el fideicomiso,junto al Ministerio de Energía y Minas y al INDE.

La llegada de UF coincide con la agudización de la privatización de todoel sector; las empresas distribuidoras y generadoras privados pasaron a utilizarla infraestructura y recursos del Estado y a cobrar por el servicio. Además, conla desmonopolización de las actividades del sector eléctrico, empresas priva-das en su mayoría extranjeras, se convirtieron en agentes del mercadomayorista.

Las razones que se adujeron para vender al sector privado buena parte del sectoreléctrico fueron la incapacidad del Estado y la crisis energética del año 1991, puesse decía que era importante entregar unas mejores condiciones y que eso solo seríaposible con la entrada de la eficiencia propia de la empresa privada.

Se hicieron también varias aseveraciones en torno a un mejoramiento en elempleo, en la cobertura, en la calidad, a la disminución en las pérdidas de energía.De estas promesas, como se verá, se ha cumplido muy poco. Pero además, tampocohay voluntad estatal para exigir los compromisos. Junto a la violación al derechohumano de acceso al servicio de energía eléctrica hay una violación de la soberaníadel país en sus decisiones. Es claro que el sector se maneja sin el sentido de prestarun servicio público y de calidad.

2.1.1 RentabilidadEn poco menos de 5 años, el número de clientes de la empresa casi duplicó, lo

que, según portavoz de Unión Fenosa en Guatemala, es la base del crecimiento delas utilidades; sin embargo en el mismo periodo las empresas despidieron a 292empleados. Los resultados de la política de crecimiento contradicen el argumen-to del gobierno, sobre la generación de empleo por medio de la privatización y laventa de las empresas productoras y distribuidoras de energía en Guatemala.

Fecha Área de distribución Clientes EmpleadosMayo 1999 102,000 km2 650,000 1,250

Dic. 2004 102,000 km2 1.163.843 958

Fuente: sitio Web de Unión Fenosa

Según la memoria de labores de Deorsa y Deocsa, las ganancias de ambascompañías en 2004 alcanzaron los Q178,5 millones, equivalentes al 23,4% másque en 2003, cuando sus dividendos cerraron en Q144,7 millones. Deocsa ganóQ114,7 millones, y Deocsa, Q63,8 millones en 2004.


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En 200514, en el sector electricidad y agua se estima un crecimiento de 6,3%(3,5% en 2004), que se asocia, principalmente, a una mayor demanda de energíaeléctrica, derivada del mayor crecimiento esperado en los sectores comercio al pormayor y al por menor, industria manufacturera y residencial.

2.1.2 Legislación, órganos de control y defensa del usuarioLos marcos legales, incluida la carta fundamental, promueven la privatización.

En el año 1985, en la década más violenta del conflicto armado interno enGuatemala, se promulga una nueva Constitución Política de la República. En sucontenido establece como nuevas obligaciones del Estado orientar la economíanacional para lograr la utilización de los recursos naturales y actuar como comple-mento de la iniciativa privada para lograr esos fines15. Advertía la necesidad decontemplar todos los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos porla ONU, con enunciados como la justicia social o la equitativa distribución delingreso nacional o el desarrollo integral.

La Constitución fue más explícita en el tema del sector eléctrico: se declara deurgencia nacional la electrificación del país, con base en planes formulados por elEstado y las municipalidades, en los que podrá participar la iniciativa privada.16

En 1996, con el acuerdo de paz firme y duradera firmado entre el Estado y laURNG se abrió el espacio para impulsar las políticas neoliberales, que permitieranuna mayor participación de inversionistas nacionales y transnacionales, que du-rante mucho tiempo tuvieron los ojos puestos en nuestro país, pero que solo has-ta este momento se podía realizar.

En ese mismo año se firmó la Ley General de Electricidad, que comenzaba a crearmayores marcos para la privatización, pues en Guatemala no se contaba con unalegislación específica en ese sentido. También para el impulso de los megaproyectospropuestos para el sector eléctrico en el marco del Plan Puebla Panamá.

En el artículo 1, la ley estipula:Es libre la generación de electricidad y no se requiere para ello autorización o

condición previa por parte del Estado, mas que las reconocidas por la Constituciónpolítica de la Republica de Guatemala y las Leyes del País (...).

El mismo artículo abre a la competencia privada la parte distribución y transporte.Hay algunos artículos de la ley general de electricidad que proponen mecanis-

mos para la protección de los usuarios ante los abusos de las empresas, pero elEstado guatemalteco no ha castigado las indebidas prácticas empresariales, ha


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permitido tarifas injustas, cobros excesivos, pésimo servicio, etc. Uno de los mayoresproblemas en esta materia lo constituye la nula voluntad del gobierno para hacercumplir el imperio de ley y el poco conocimiento de la población sobre la legislaciónpara la defensa de sus derechos.

Esto se debe en parte a que el Congreso de la Republica de Guatemala y elgobierno central no impulsaron una campaña de información y formaciónalrededor de la Ley; como tampoco han exigido la participación directa de la CNEEpara la protección del usuario y la población.

2.1.3. Se crea la Comisión Nacional de Regulación Eléctrica - CNEECon la ley de electrificación también se creó la CNEE, como un órgano téc-

nico del Ministerio de Energía y Minas con independencia funcional. Esta comisiónestá integrada por tres directores, que son nombrados por el organismo ejecutivo,a partir de ternas propuestas por el Ministerio de Energía y Minas, los rectores delas universidades del país y los agentes del mercado mayorista17.

Sin embargo, la Ley General de Electricidad en su Articulo 5 no protege laindependencia de la Comisión, estableciendo que los ingresos de la Comisión ypor consecuencia los salarios de sus integrantes provendrá directamente de lasempresas distribuidoras, con el 0.3% de las ventas de electricidad. También se puedecuestionar el nivel de autonomía de la CNEE, cuando uno de sus tres miembrosproviene de los agentes del Mercado de Mayoreo.

Las funciones y atribuciones de la CNEE son:a) Cumplir y hacer cumplir la ley y su reglamento e imponer sanciones a los

infractores.b) Velar por el cumplimiento de los adjudicatarios y concesionarios, prote-

ger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contrala libre competencia, así como prácticas abusivas o discriminatorias.

c) Definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación, deacuerdo con la ley de electrificación, así como la metodología para el cál-culo de las mismas.

d) Dirimir las controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico,actuando como árbitro entre las partes, cuando estas no hayan llegado aningún acuerdo.

e) Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y fiscalizar sucumplimiento, en congruencia con prácticas internacionales aceptadas.

f ) Emitir las disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso


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de las líneas de transmisión y redes de distribución, de acuerdo a lodispuesto en la ley y su reglamento18.

En particular, en el asunto que nos atañe, las inversiones privadas dedistribución tienen que ajustarse a normas de calidad reguladas por la ComisiónNacional de Energía y Electricidad.

Al tiempo con la CNEE, se crea un órgano paralelo: el Administrador delMercado Mayorista, un ente privado que coordina las operaciones de centralesgeneradoras, interconexiones internacionales y transporte al mínimo costo parael conjunto de los operadores del mercado mayorista, en el marco de la librecontratación. Este administrador también tiene potestad para establecer preciosde mercado de corto plazo, cuando no correspondan a contratos de largo plazolibremente pactados, aspecto que entra en competencia con la tercera funciónde la CNEE, mencionada en el párrafo anterior. Los precios de las tarifas puedenser ajustados fundamentalmente en atención a factores externos como lasvariaciones en el tipo de cambio del dólar, el precio de los combustibles y otraclase de insumos. Esto solo protege el interés empresarial, mientras desprecia lasituación social.

También la autonomía de la CNEE se encuentra en entredicho, puesto queuno de sus tres miembros proviene de los agentes del Mercado de Mayoreo.

En su momento, diputados del Congreso de la Republica solicitaron a la CNEEsanciones económicas contra la empresa DEOCSA por el mal servicio que prestaen la provincia, pero en declaraciones de los usuarios se dice que es inexplicableque no se sancione ni se le exija a esa empresa que preste un mejor servicio, queno se hace nada por detener los abusos de Unión Fenosa y sus distribuidoras. Elgerente de fiscalización de la CNEE se limita a ofrecer investigar y tener resulta-dos en los siguientes 15 días19.

2.1.4. Las obligaciones legales del distribuidorLa Ley general de electricidad y la CNEE, con su definición de las normas

técnicas del servicio de distribución establecen una serie de obligaciones para lasempresas distribuidoras. Unas de estas obligaciones es cumplir con las normas decalidad, reguladas por medio de la CNEE. En caso que las empresas distribuido-ras sobrepasen estas normas, ellas tienen que indemnizar a los usuarios por losdaños que cause el mal servicio, con descuentos tarifarios, bonos o créditos.

En caso de facturación errónea la empresa distribuidora tiene como obligaciónresolverlo en la próxima factura emitida. El mismo error no se debería reproducircon otros usuarios o reiterarse con el mismo dentro los siguientes 6 meses. En


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caso de no cumplimiento, la distribuidora será sancionada con una multaestablecida por la CNEE.

Las empresas distribuidoras deben poner a disposición de los consumidoresun libro de quejas y entregar a la CNEE las informaciones relativas a las quejas,con los datos precisos y las fechas y modo y tiempo de resolución.

2.1.5. Fijación de la tarifaLa privatización del sector eléctrico implicó para el usuario un cambio en la

forma para la estimación de las tarifas y los ajustes de precios, conforme al libremercado; ahora, las distribuidoras privadas cobran el servicio en el mercado decompra-venta de energía, a partir de la Ley General de Electricidad y su reglamento(1997). Como se dijo antes, esta ley es ambigua, pues por una parte delimita comopotestad de la CNEE fijar las tarifas por servicio y los importes por concepto decorte y reconexión 20. Pero a su vez permite al ente Administrador del MercadoMayorista establecer precio de mercado de corto plazo, como está ocurriendoactualmente 21.

Luego del inicio de las operaciones de generadores privados y la privatizaciónde las distribuidoras, el año 2001 se constituye como el año de la consolidacióndel proceso de libre mercado para el sector eléctrico. Dentro de los hechos másrelevantes que se dieron durante ese año está el nuevo formato para el cálculo detarifas y el proceso de facturación, que se calcula sobre la base de los precios delmercado mayorista más el valor agregado de distribución (VAD).

2.1.6. Conflictos2.1.6.1 La prestación del servicio

• Calidad y coberCalidad y coberCalidad y coberCalidad y coberCalidad y cobertura insuficientes:tura insuficientes:tura insuficientes:tura insuficientes:tura insuficientes: Es muy importante señalar que latendencia de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctricaha crecido22. En 1999 se tenía un incremento del porcentaje de poblacióncon acceso al servicio de energía eléctrica, de 56,4% a 74,5%, como resul-tado de la expansión de líneas y redes de transmisión en el área rural por eltrabajo de la Empresa de transporte y control de energía eléctrica y por laimplementación del PER.

A la fecha DEOCSA; DEORSA Y EEGSA no han mejorado el servicio. Seamplió la cobertura eléctrica en forma deficiente, pues solamente se repararonalgunas de las líneas ya existentes y se introdujo la electricidad a muy pocas comu-nidades. Ante la baja calidad del servicio, hay continuas quejas por parte de losconsumidores. Es frecuente la suspensión del servicio, que les afecta económica-


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mente, pues impide el desempeño normal de sus actividades productivas o generael daño de sus aparatos electrodomésticos. El pretexto es el trabajo en elmantenimiento de las líneas de distribución.

Los usuarios experimentan el hecho de que cuando el fluido eléctrico es irre-gular, se altera el consumo real, cosa que aprovechan las empresas distribuidoraspara realizar cobros más altos23.

Se denuncia también la baja de intensidad de la energía eléctrica. En el depar-tamento de San Marcos la potencia eléctrica baja desde la 5:30 de la tarde, haciendoimposible el uso de materiales y utensilios eléctricos, como refrigeradores, televi-sor, etcétera. Y afectando particularmente los negocios. Según los alcaldes de laalcaldía indígena de Totonicapán, las variaciones de potencia destruyen los moto-res y aparatos. Y aunque se posee un regulador de voltaje no se puede lograr au-mentar el voltaje hasta los 110 requeridos. Hay redes que ya están seriamentedeterioradas, el sindicato ha propuesto que se remodelen las redes que están enmal estado y poder brindar un mejor servicio a la población, pero la empresa nolo ha hecho.

Según los sindicalistas del DEORSA24, ahora que hay más clientes, se debepreparar la red, darle mantenimiento, colocar más transformadores, sectorizar, peroeste trabajo no se ha hecho sino parcialmente. De modo que al conectarse másusuarios, las líneas se sobrecargan y el voltaje baja. La empresa sólo se ha preocu-pado por adquirir más clientes sin mejorar el servicio.

Alza en las tarifas: Alza en las tarifas: Alza en las tarifas: Alza en las tarifas: Alza en las tarifas: la mala calidad del servicio se ha aunado al aumento de lastarifas. En 1998, el precio del kilovatio hora en Guatemala aumentó un 110%, demodo que superó en un 82% el índice de precios al consumidor: se incrementóde Q.0,55 a Q.0,92 kw/h/mes en la tarifa efectiva, y de Q.0,55 a Q0,62 en tarifassubsidiadas. A eso se añade que también se cobra el alumbrado público,directamente en la factura de cada usuario y casi representa el 50% del costo total.

En 2002, Guatemala practicaba las tarifas más altas de toda la región AméricaCentral, con 12,96 centavos de dólar/kwh. En Honduras, la tarifa era de 8,63centavos de dólar/kwh25. Eso se explica en parte por el hecho que en el país el66% de la producción de energía eléctrica se hace sobre la base de combustiblederivado del petróleo26. Así la tarifa de la electricidad sigue completamente lasalzas de la tarifa del petróleo y los guatemaltecos pagan alrededor de 30% más porel costo de la energía que en El Salvador, por ejemplo. En Costa Rica, el 66% dela electricidad se genera por medio de plantas hidroeléctricas y depende de dieselsolamente para 22% de su electricidad. Este elemento junto al hecho de que el88% de la capacidad instalada es pública produce las más bajas tarifas de electricidad


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de la región. Mientras su tarifa residencial es de 0,065 dólares por kWh, la de ElSalvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá tienen precios residenciales de alrededorde 0,12 dólares (al final de 2004).

• CobrCobrCobrCobrCobros exos exos exos exos excesivcesivcesivcesivcesivos: os: os: os: os: junto a las altas tarifas, ocurre además que hay cobrosexagerados por el servicio. La mayoría de las quejas de los usuarios serelacionan con esta situación. En 2004, las estadísticas de los reclamos alas distribuidoras son de 14.006 reclamos para DEORSA y 15.766 paraDEOCSA en las que respectivamente el 95% y el 99% son deinconformidad en el cobro.

• El principal problema radica en que los funcionarios de la empresa registranconsumos excesivos, sin existir una explicación lógica. Hay dos factoresque pueden explicar estos errores: uno es que el lector no va a leer el con-tador y hace un cálculo aproximado. Cuando el usuario ve que eso nocorresponde al consumo real, reclama en las oficinas, ahí se les plantea:

- Que si tienen razón no les cobran la reclamación.- Pero si no tienen la razón, les cobran aproximadamente Q16,00.Las personas no reclaman por temor a que les cobren.• El segundo factor es que Unión Fenosa tiene un sistema que sirve para

ingresar las lecturas, pero ese sistema automáticamente toma las lecturasde la computadora y el sistema tiene un rango. Es decir, si alguien consu-me generalmente 100 kw al mes y en una ocasión consumió 10 kwh más,está fuera del rango y se ubica en el rango de 200 kw al mes: el cobro secalcula en 110 Kw. Quedan 90 sin facturar. Y si al siguiente mes pasa lomismo, se acumula un consumo que no se hizo. En síntesis, los usuariospagan por un servicio que no consumen.

Además, si en varios meses ocurre lo mismo, se acumula una cantidad deenergía que no se ha consumido pero que si se registra en el sistema de la em-presa y a los 6 meses se lo cobran al cliente, perdiendo el derecho a la tarifa so-cial y le cobran todo.

Pero ocurre también que hay una inoportuna distribución de los recibos, queno llegan con tiempo suficiente, y cuando llegan ya se ha pasado el tiempo depago e inmediatamente cortan el fluido.

• UUUUUn subsidio costoso para la nación:n subsidio costoso para la nación:n subsidio costoso para la nación:n subsidio costoso para la nación:n subsidio costoso para la nación: El constante aumento en los preciosde la electricidad obligó al Estado a otorgar un subsidio a los usuarios deEEGSA, DEOCSA y DEORSA, que consumen menos de 300 kW/h/mes,que son el 92% de los usuarios residenciales. Desde julio 1999 a mayo 2000el subsidio destinado a la tarifa social representó un gasto de Q.250 millones


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para el INDE. El subsidio se cubre con la generación hidroeléctrica, que laempresa estatal de generación vende a las distribuidoras por debajo del preciode mercado y sus costos de producción futuros.

• TTTTTratamiento de las quejas de los usuarios: ratamiento de las quejas de los usuarios: ratamiento de las quejas de los usuarios: ratamiento de las quejas de los usuarios: ratamiento de las quejas de los usuarios: Según el artículo 111 delreglamento de la Ley General de Electricidad, acuerdo gubernativo 256-97 del 21 de marzo, las empresas distribuidoras se comprometen a recibirlos reclamos en cuanto a una ineficiencia del servicio eléctrico y para estepropósito, “el Distribuidor deberá brindar a sus Consumidores un serviciocomercial eficiente y deberá atender los reclamos por interrupción en elsuministro de electricidad las 24 horas del día.”

Según los testimonios de varios consumidores del departamento de San Mar-cos, la empresa DEOCSA por lo menos no cumple con esta obligación de ley. Lasoficinas comerciales se quedan en la cabecera departamental u otra ciudad y paraun campesino pobre, poner una reclamación, tiene un costo real en tiempo y dinero.También varios consumidores se quejaron de la mala atención que recibieron enla oficina comercial y a veces de forma discriminatoria.

Según el artículo 8 de la resolución 08-98 de la Comisión Nacional de EnergíaEléctrica, de conformidad con las normas de protección al usuario, en ningúncaso el Distribuidor podrá condicionar la atención de los reclamos formulados alpago previo de la retribución facturada, ni de los intereses pertinentes. Hasta quese resuelva el reclamo, las facturas posteriores no deberán incorporar la deuda re-clamada ni sus intereses y moras.

Mientras el reclamo se encuentre en trámite, el servicio de energía eléctricano será interrumpido, siempre que el usuario cumpla con las demás obligacionescomerciales y/o técnicas pendientes que no sean materia del reclamo.

Sin embargo, la empresa sobrepasa estas dos obligaciones establecidas en laley, y sigue cobrando la deuda y los intereses, de la misma forma; a pesar de losreclamos entregados, la empresa persiste en cortar la energía a los mismosusuarios.

Ejemplo concreto: caso de los usuarios de Nuevo Progreso, departamentode San Marcos, quienes a pesar de reclamar varias veces, siguieron recibiendofacturas y acumulando la deuda, hasta llegar a la suma de 1.500 quetzales.

2.1.6.2 Conflictos laboralesUnión Fenosa tiene una política laboral que incluye la terciarización, la presión

para bajas voluntarias y la poca disposición a tratar los asuntos con el sindicato. Esdecir, una política de espaldas a los derechos del trabajo.


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Con su política de terciarizar27 o externalizar las actividades, la empresa quieredescargarse cualquier obligación prestacional De la antigua empresa estatal llegaron1.600 trabajadores que lograron conservar derechos adquiridos, lo que significaun pago adicional al salario de 53%.

Una de las formas de ir cambiando esta situación es contratar con un nuevorégimen, es decir, con el régimen de los contratistas, empresas que se encarguende realizar trabajos específicos y ellas son las que consiguen sus propios empleados.A esas empresas se les paga por trabajo realizado. La otra forma es mediante lapropuesta de bajas voluntarias. Con estas dos formas, de los 1.600 trabajadoresque había al momento de la venta de los activos del INDE solo se quedan 800 deellos (información de principios de 2006). El resto son nuevos ingresos, igual-mente denominados “gente por plantilla28” por parte de la empresa. Los contratistasno tienen derecho a ninguna prestación.

BBBBBajas por aplicación del modelo organizativajas por aplicación del modelo organizativajas por aplicación del modelo organizativajas por aplicación del modelo organizativajas por aplicación del modelo organizativo: o: o: o: o: hay varias maneras de hacerque se vayan los trabajadores que la empresa no desea tener más. Por una parte, sehace presión sicológica cuando el modelo organizativo que impusieron hace sen-tir a estas personas que ya no son indispensables a la empresa. Los trabajadores sedesesperan con este desconocimiento y es cuando la empresa aprovecha paraofrecerles su plan de bajas voluntario (les ofrecen determinada cantidad de salariosmás prestaciones) que a la larga no es tan voluntario.

Los sindicatos se han opuesto a los planes de baja, pero lamentablemente en lanegociación del pacto colectivo anterior quedó un artículo que permitió a la em-presa ofrecer planes de baja con incentivos a los trabajadores. En el último pacto,el artículo se eliminó.

En 2004 se fueron cerca de 200 trabajadores de ambas empresas (DEORSA YDEOCSA), entre ellos, los que sufrían enfermedades profesionales. “Nos hemosenterado – comentan los sindicalistas - que a estas personas se les terminó el dineroy se quedaron sin empleo ni jubilación. Muchas estaban cerca de jubilarse ylamentablemente se apegaron al plan de baja”.

La empresa presiona también mediante los requerimientos de capacitación,pues dicen a las personas antiguas que “para darles una nueva ocupación senecesita que se capaciten en nuevas tecnologías, con computadora. Pero muchaspersonas de 50 años en adelante nunca estuvieron en contacto antes con unacomputadora, pues su trabajo era de campo, es decir, instalar y darmantenimiento a las líneas de distribución de la energía eléctrica. Forzarles atrabajar en una computadora fue parte de una política orientada a desesperarlespara que se acogieran al plan de baja. De esta forma, aprovecharon para deshacerse


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de la mayoría de las 300 personas mayores que habían sido trasladadas del INDE.Quedan solamente 33.

La negociación colectivLa negociación colectivLa negociación colectivLa negociación colectivLa negociación colectiva: a: a: a: a: los trabajadores perciben la falta de voluntad de laempresa para resolver los problemas en la mesa de negociaciones. Esto se reafirmó enel último tiempo, cuando han tenido que tramitar emplazamientos para proteger laestabilidad laboral y equiparar las prestaciones a todas y todos los trabajadores de UniónFenosa. El origen de esta situación fue el despido de 5 trabajadores, con lo que se violóel pacto colectivo de condiciones laborales, al no respetar el procedimiento. La empre-sa argumentó que los trabajadores se fueron porque tenían algunos problemas por actosde corrupción, pero no lo demostraron y se limitaron a presionarlos para que se fuerande la empresa. La empresa había planteado su disposición a discutir en la mesa denegociaciones los temas contenidos en el emplazamiento, sin embargo el 15 del mismomes, sorpresivamente botaron el emplazamiento. El juzgado dictaminó a favor de laempresa. El tema se llevó a la corte de apelaciones, contra la decisión del juez, pero lacorte ratificó el fallo del juzgado.

2.1.6.3 Conflictos políticos, con las disposiciones del Estado• La tarifa, al arbitrio del criterio del merLa tarifa, al arbitrio del criterio del merLa tarifa, al arbitrio del criterio del merLa tarifa, al arbitrio del criterio del merLa tarifa, al arbitrio del criterio del mercado maycado maycado maycado maycado mayoristaoristaoristaoristaorista: este aspecto se

mencionó anteriormente: las tarifas están sujetas a las variaciones y ajus-tes que considere necesarias el Administrador del Mercado Mayorista, porlo que esas tarifas únicamente son el piso del cobro ya que el techo es de-limitado por el mercado mayorista.

• IIIIIncumplimiento de contratos: ncumplimiento de contratos: ncumplimiento de contratos: ncumplimiento de contratos: ncumplimiento de contratos: en el PER, las obras de transmisióncomprendían originalmente la ejecución de aproximadamente 1.300 kmde líneas de transmisión de 69kV y 230kV; también comprendían laconstrucción de 28 subestaciones, a un costo de US $151 millones(Q.1,152 millones). El componente transmisión debía proporcionar laconfiabilidad y el refuerzo necesario para cubrir la ampliación del sistema.

Las obras de distribución comprenden la conexión de 280.629 usuarios enaproximadamente 2.600 comunidades de toda la república, a un costo de 182millones de dólares (Q.1.388 millones).

Las obras en mención debieron realizarse en un plazo de cinco años, a partirde 1999, fecha en la que se creó el Plan de Electrificación Rural (PER), luego dela venta de los activos del INDE. Datos del INDE y de UF indican que las metasno se cumplieron. Sólo se llegó a cubrir a 184 mil 315 usuarios. Debían cubrir un90 por ciento de la población. Sin embargo, a la fecha sólo hay un 86,9 por cientopromedio en el país.


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• La cláusula de auditoria de cierrLa cláusula de auditoria de cierrLa cláusula de auditoria de cierrLa cláusula de auditoria de cierrLa cláusula de auditoria de cierre: UF pide compensación al Estadoe: UF pide compensación al Estadoe: UF pide compensación al Estadoe: UF pide compensación al Estadoe: UF pide compensación al Estadode Gde Gde Gde Gde Guatemala. uatemala. uatemala. uatemala. uatemala. En el contrato de licitación y venta de las empresas distri-buidoras DEORSA y DEOCSA, se incluyen en el capítulo 2.1.4 una Clá-usula de auditoria de cierre, Cláusula agregada al ultimo momento al con-trato del quinquenio de 1998 a 2002, dado que al momento de la venta elejercicio contable no estaba finalizado.

El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y Unión Fenosa, propietariade las Distribuidoras de Electricidad de Oriente y Occidente, se enfrentaron so-bre esta cláusula del contrato y se necesitó que un Tribunal Arbitral Internacionalinterviniera para dirimir las interpretaciones encontradas en torno a los activosentregados por la entidad estatal a la compañía ibérica, así como otras cuentas. ElINDE no estuvo de acuerdo con la auditoria de cierre, por lo que procedieron a laconciliación en la que tampoco unificaron criterios. Según el INDE, Unión Fenosadebe pagar Q28 millones, pero ésta indica que es el INDE el que debe pagarleQ65 millones.

Un sindicalista comenta que “la auditoria de cierre se encuentra pendiente yactualmente Unión Fenosa demanda al INDE por haberle trasferido vehículos enmal estado”.

• ¿P¿P¿P¿P¿Prrrrresiones a la Coresiones a la Coresiones a la Coresiones a la Coresiones a la Corte?te?te?te?te?En mayo de 2004, la Procuraduría de derechos humanos (PDH) puso un

amparo en contra de la CNEE por haber modificado la tarifa social, violando laConstitución de la República. Además el amparo de la PDH fue dirigido en con-tra de las empresas distribuidoras que aplicaron esta resolución. La Corte deconstitucionalidad validó el amparo en contra de la CNEE, pero deslegitimó elamparo en contra de las empresas distribuidoras, con el argumento de que estasaplicaron las resoluciones de la CNEE. Esta definición la apeló la PDH.

No obstante la validación del amparo en contra de la CNEE, las distribuido-ras siguieron cobrando de acuerdo con la nueva definición de la tarifa social. A lavez, la CNEE no suspendió la modificación de esta tarifa, tal como se había defi-nido. Por este último hecho, la Corte resolvió, el 9 de noviembre de 2004, desti-tuir a los miembros de la CNEE. El pleno también ordenó la devolución del pagodiferencial cobrado a los usuarios con las nuevas tarifas, que entraron en vigor el1 de mayo.

EL 16 de noviembre, las distribuidoras de energía eléctrica EEGSA,DEORSA y DEOCSA (luego de que 4 días antes la Corte desestimara los seisrecursos legales presentados por ellas) presentaron nuevos recursos para quela Corte de Constitucionalidad cambiara de parecer sobre la destitución de


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los integrantes de la CNEE y sobre la devolución del incremento cobrado desdemayo a los usuarios incluidos en la tarifa social. Al menos 19 recursos haninterpuesto en la Corte tanto las empresas como los afectados con la orden dedestitución.

La situación dio un giro cuando el 22 de noviembre la Corte deConstitucionalidad revocó la sentencia apelada por la PDH, denegó el ampa-ro presentado por el Procurador de Derechos Humanos contra las empresasdistribuidoras, revocó el amparo provisional otorgado el 14 de junio de 2004por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.

2.2. Unión Fenosa en Nicaragua29

Unión Fenosa llegó a Nicaragua en septiembre del año 2000, cuando elgobierno concesionó por un plazo de treinta años las distribuidoras de energíaeléctrica: Unión Fenosa compró el 95% de las acciones de la Distribuidora deElectricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y de la Distribuidora de Electricidad delSur, S. A. (Dissur), por un monto de 115 millones de dólares. El otro 5% de lasacciones se quedó en manos de los trabajadores de las empresas.

La concesión otorgada establece la posición de Unión Fenosa en la distribucióny comercialización de energía eléctrica en el país, razón por la que los usuariosestán sometidos a las disposiciones e irregularidades de la empresa. Además, sedebe mencionar que Unión Fenosa compra potencia y energía a 5 generadoras enNicaragua, sobre la base de acuerdos firmados por la Empresa nicaragüense deenergía eléctrica, antes de que Unión Fenosa obtuviera la concesión para ladistribución por 30 años.

La condición monopólica o de posición dominante en el mercado de ladistribución en Nicaragua es similar a la que tiene en los otros países deCentroamérica donde hace presencia; en este país mantiene el control casi totalde los clientes del servicio (99%) y de las ventas de energía eléctrica (92%).

2.2.1. Proceso de reforma en el sectorIgual que en toda la región, también en Nicaragua, la pasada década de 1990

estuvo marcada por intensos procesos de liberalización, desregulación,reestructuración, reformas y lo que algunos expertos en el tema llaman re-regulaciónde los servicios públicos domiciliarios, particularmente los de telecomunicaciones,agua potable y energía eléctrica. Debe observarse que no se trata de cualquierservicio, sino de servicios esenciales para la sobrevivencia cotidiana y que ademásson indispensables para asegurar el desarrollo social y económico.


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Estos procesos, bajo cualquier modalidad adquirida, han llevado implícito suinterés de transferir al capital privado nacional o transnacional la prestación de losservicios públicos. Para ello han realizado profundas transformaciones en los marcosnormativos, eliminando controles legales y reduciendo el papel de control de losEstados al más bajo perfil.

La apertura a las empresas transnacionales en Nicaragua se consolidó a travésdel proceso de reforma del sector eléctrico. Este comenzó en noviembre de 1994con la reestructuración del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que manteníatotal control sobre las actividades del sector. El primer paso de esa reestructuraciónfue la separación de las funciones empresariales y normativas que estaban concen-tradas en el Estado.

En la etapa transitoria, el INE asumió las funciones planificadoras, normativasy reguladoras del sector eléctrico, hasta que en abril de 1998 se desvincula del cam-po planificador del sector y su responsabilidad sería regular, supervisar y fiscalizar elsector energía para otorgar, prorrogar, declarar la caducidad o cancelar las licenciasde generación y transmisión de energía y las concesiones de distribución. Para aten-der la formulación y planificación de la política energética, se creó la Comisión deEnergía Eléctrica (CNE), órgano interinstitucional encargado de proponer al PoderEjecutivo las políticas sectoriales, estrategias y directrices generales de todo el sectoreléctrico y realizar la planificación indicativa y estrategia del desarrollo del sector deenergía, incluyendo la promoción de la electrificación rural.

En el mismo año 1998 se aprobaron la ley 272 y Ley de la Industria Eléctrica(LIE) que deroga la que regía el sector desde abril de 1957. Posteriormente sepublicó el reglamento a la LIE. Este nuevo marco regulatorio define al INE comoel ente regulador de todas las actividades que componen al sector eléctrico.

2.2.2. RentabilidadEl mercado de energía eléctrica en Centroamérica es un sector altamente

atractivo para el capital privado, principalmente transnacional. Según cifras de laCEPAL, al año 200430 el mercado eléctrico regional mostró un comportamientodinámico y en consecuencia atractivo para los inversionistas: un poco más de 6,6millones de abonados, 27,413.4 Gwh de generación eléctrica e ingresos por ven-tas de electricidad a usuarios finales en 2,441.22 millones de dólares, cifra que seha incrementado en un 22% en los últimos tres años. En Nicaragua, los ingresosse estiman en 756,8 millones de dólares entre 2001 y 2004.

Los ingresos calculados año con año, tienden a ser superiores al incrementoporcentual anual del número de clientes que tiene la empresa. En el caso de


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Nicaragua, el primero fue del 6,46% contra un 5,59%. En definitiva, esta tendenciasólo se justifica por el incremento en las tarifas y no por el aumento del númerode clientes tal como se presenta a continuación:

2.2.3. Obligaciones y entes reguladoresA cambio de tener el derecho exclusivo de prestar el servicio en la zona de

operación autorizada, Unión Fenosa adquirió las siguientes obligaciones:1. Proporcionar a la entidad reguladora (INE) todas las facilidades que sean

necesarias para ejecutar las revisiones e inspecciones a que se refiere la Ley y suReglamento

2. Proporcionar copia de los contratos de compra-venta de energía, informacióntécnica y económica, modelos matemáticos y cualquier otro material informativoque el INE les solicite.

3. Suministrar electricidad en su zona de concesión a todos los clientes que losoliciten, de manera continua, confiable y segura, ya sea que estén ubicados endicha zona o bien que se conecten, previa autorización, a las instalaciones delconcesionario mediante líneas propias o de terceros.

4. Mantener suficiente potencia y energía a través de contratos con generadoresa fin de garantizar y suplir la demanda en su área de concesión con una previsiónde veinticuatro meses sin perjuicio de aquella porción de potencia y energía quepuedan obtener en el mercado de ocasión

5. Dar a conocer a los clientes las tarifas vigentes.De otra parte, como se dijo antes, el marco regulatorio dado por la ley 272 y

la ley de la industria eléctrica (LIE), promulgadas en 1998, definen al INE comoente regulador de todas las actividades que componen al sector eléctrico; y paraatender la formulación y planificación de la política energética, está la Comisiónde Energía Eléctrica (CNE).

La LIE contempla las figuras de licencia y concesiones como medios legalespara autorizar la instalación y operación de nuevos inversionistas. Las primerasson aplicables a las inversiones en generación y transmisión, mientras que lasconcesiones únicamente son asignadas al segmento de la distribución. En todoslos casos el permiso de operación dura un plazo máximo de 30 años.31

2.2.4. ConflictosEl control monopólico que ejerce Unión Fenosa en los mercados de distribución

y comercialización ha provocado fuertes impactos en los intereses de las personasconsumidoras, que han hecho frecuentes denuncias: constantes incrementos de precio


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de la energía y consecuentemente altas tarifas; persistencia del déficit en el acceso alservicio, deficiencias en la prestación del servicio y mala atención a los usuarios.

Esa mala gestión contrasta con los altos ingresos que año tras año recibe laempresa, gracias principalmente a los constantes incrementos tarifarios. Además,existen contradicciones entre sus discursos y sus prácticas en el terreno ambiental.

La información oficial del ente regulador (Instituto Nicaragüense de Energía, INE)presenta estadísticas que constatan el incremento en el número de reclamos en contrade Unión Fenosa. Es interesante mostrar que el incremento en el número de reclamosse produce un año después que inicia operaciones la transnacional española. Entre1995 y 2000, las denuncias recibidas por la oficina de atención al cliente del INE,oscilaron entre 100 y 706, y es a partir del 2001 que se observa un fuerte incrementoen el número de reclamos al punto de contabilizarse 10.048 casos en el 2004.

Las irregularidades en la prestación del servicio eléctrico afectan principalmentea los usuarios residenciales, de quienes procede el 78% de las denuncias. De estas,el 54% se dirigen a DISNORTE y el 46%, a DISSUR.

2.2.4.1. Prestación del servicio• IIIIIncrncrncrncrncrementos en la tarifa:ementos en la tarifa:ementos en la tarifa:ementos en la tarifa:ementos en la tarifa: El INE informó que la principal denuncia

presentada por los usuarios en 2004 se relacionó con el incremento en elprecio de la electricidad: el 72 de los reclamos obedecieron a la altafacturación.

Unión Fenosa controla el 92% de la distribución de energía eléctrica en elpaís. El 8% restante es operado por el Estado y se ubica en las zonas rurales de losmunicipios autónomos. Desde su entrada en operación en 2000 hasta el 2004,UF aplicó incrementos del 13% en el precio promedio de la energía que pagan losusuarios residenciales y del 13,4%, los usuarios comerciales.

Contrariamente, la industria se ha visto beneficiada con la disminución de lastarifas en un 22,8%, en el mismo periodo. Este sector representa apenas el 0,9%de los clientes (4.953 clientes), pero consume el 19,8% del volumen de energíaeléctrica.

El INE aprobó estos incrementos tarifarios solicitados por las distribuidorasde Unión Fenosa.

Unión Fenosa justifica los ajustes tarifarios en la situación de la capacidadinstalada para producir energía. Señala que por la insuficiente oferta energética dela empresa nicaragüense de energía eléctrica ha tenido que comprar la energía acostos muy superiores de los inicialmente calculados, ya que en su mayoría songeneradores térmicos que dependen del precio internacional de los combustibles.


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Recientemente, Unión Fenosa decidió implementar – con la aprobación delregulador - un plan de ajustes tarifarios progresivos, con el propósito de amortiguarlos impactos generados por el alto precio del petroleo. El ajuste inicial fue de 5,98%,a partir de junio del 2005 y los incrementos mensuales, de 1,5%. Son ajustes quese aprobaron en el contrato de concesión que firmó el gobierno con estatransnacional.

Según la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua, sólo en el mes deoctubre de 2005, el incremento alcanzó el 9,73%, que además generó espiralesalcistas en los demás productos y servicios de la canasta básica familiar. Un nuevopliego tarifario se aprueba por ley y corresponde al año 2005, para aplicar en losprimeros meses del año 2006.

• Déficit en el acceso del serDéficit en el acceso del serDéficit en el acceso del serDéficit en el acceso del serDéficit en el acceso del servicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: la operación deUF no ha significado inversión en la expansión de las redes de acuerdo alas necesidades, no hay mayor cobertura ni mejor acceso al servicio deenergía eléctrica. La limitación en el acceso al servicio eléctrico en Nicaraguaes uno de los mayores problemas que enfrenta la población, ya que se es-tima que para el 2004 apenas un 52,1% de los hogares tienen acceso adicho servicio en ese país.

Entre 2000 y 2004, el incremento de la cobertura del servicio eléctrico fue de5,9%; una cifra pobre en relación con los resultados prometidos durante la refor-ma eléctrica en el país, ya que uno de los ofrecimientos de los gobiernos fue el deampliación de la cobertura y de acceso.

Las empresas transnacionales tienen poco interés de invertir en la expansióndel servicio a sectores con baja capacidad de pago, particularmente la poblaciónrural. Es el gobierno el que asume una parte o la totalidad de los esfuerzos deinversión para expandir la cobertura del servicio eléctrico en las zonas rurales.

La concesión otorgada a Unión Fenosa le obligaba sin embargo a desarrollarun plan de inversiones para la ampliación de la cobertura, incluidas las áreas ruralesdel país, mejoras en la infraestructura para evitar pérdidas técnicas en el tendido,cobro de tarifas ‘competitivas’ y el aseguramiento de la calidad del servicio yatención a los usuarios.

Luego de casi cinco años de operación, las organizaciones defensoras de losderechos de las personas consumidoras y otras organizaciones sociales y usuariosnicaragüenses han denunciado el incumplimiento de las obligaciones de UniónFenosa. No han existido planes de inversión para ampliación de la cobertura, nohan existido inversiones para mejorar la red de distribución, por lo que se siguenpresentando fallas en el servicio: las fugas superan el 30%, sigue sin haber inversión


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en alumbrado público y además los usuarios se quejan de permanentes irregulari-dades en la facturación del servicio. Además de los malos tratos, pese a que se pagaun cargo por comercialización.

• DDDDDeficiente calidad del sereficiente calidad del sereficiente calidad del sereficiente calidad del sereficiente calidad del servicio eléctricovicio eléctricovicio eléctricovicio eléctricovicio eléctrico: otro tema de interés para losusuarios es la calidad del servicio eléctrico, oferta que también fue partede la reforma del sector. Sin embargo, la realidad muestra que aún se pa-dece de un alto porcentaje de pérdidas de energía en el sistema eléctrico(redes de transmisión y distribución).

En Nicaragua, casi una tercera parte de la energía se pierde en el sistemaeléctrico, una ineficiencia que genera costos y perturbaciones al servicio que recibenlos usuarios. La empresa Unión Fenosa como propietario de la red de distribución,junto a la empresa estatal propietaria de la red de transmisión, tienenresponsabilidad compartida en esta deficiencia, que en los últimos años, lejos dedisminuir se ha incrementado sustancialmente. Nicaragua es el país que presentael mayor índice de pérdidas de energía, razón por la cual es una de las mayoresdenuncias presentadas por los usuarios.

El análisis anterior muestra que los usuarios de Unión Fenosa tanto enNicaragua como en Panamá se han visto afectados principalmente por las altastarifas del servicio y la deficiente calidad del mismo. Además del incumplimientode las obligaciones en relación con la inversión para mejorar las redes y expandirel servicio y la cobertura, principalmente en la zona rural.

Pese a la deficiente gestión de Unión Fenosa, las autoridades reguladoras deNicaragua y Panamá (Instituto Nicaragüense de Energía y Ente Regulador de ServiciosPúblicos, respectivamente), han autorizado incrementos tarifarios injustificados, lo cualha llevado a que la transnacional haya incrementado sus ingresos de manera considerabledesde el inicio de sus operaciones (véase comienzo del artículo).

2.2.4.2. Conflictos con y desde el EstadoPara las organizaciones sociales nicaragüenses, desde cualquier punto de vista

no solo la transnacional Unión Fenosa ha incumplido sino el Estado ya que consu actuación ha contravenido lo expresado en la Constitución Política de Nicaragua,sobre la garantía que debe procurar el Estado para promover, facilitar y regular laprestación de los servicios públicos; en el caso de la energía, dicho mandato cons-titucional se ha incumplido, ya que el Estado ha descuidado la procura del bienestarcomún y resguardado el interés empresarial privado.

• Conflictos ambientales:• Conflictos ambientales:• Conflictos ambientales:• Conflictos ambientales:• Conflictos ambientales: las líneas estratégicas, la política ambiental y los có-digos de conducta que pregona Unión Fenosa en el terreno ambiental se


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presentaron en el primer capítulo. Las líneas estratégicas no se aplican enNicaragua y además la empresa ha mostrado un constante irrespeto a lasnormativas nacionales en materia ambiental. Unión Fenosa es una de lastransnacionales que más contamina el ambiente con sus prácticasestrictamente comerciales. En Nicaragua no existen registros que muestrenla existencia de un sistema de evaluación y gestión medioambiental, ni sis-temas de información que den cuenta de las actividades de protección ypromoción en este campo.

Tampoco se cumple ninguno de los principios de la política ambiental. Lasorganizaciones sociales del país han demostrado el alto porcentaje de fuga queexiste en la distribución eléctrica y la instalación de torres de transmisión de altatensión en poblados o zonas residenciales, sin medir el costo ambiental y en lasalud que provocan las emanaciones de las ondas eléctricas.

Por otro lado, no existen canales de comunicación entre la empresa y lasorganizaciones que trabajan en el tema, razón suficiente para constatar que tampocoeste principio es aplicable.

Igual que las líneas estratégicas y los principios, el código de conducta ambientalse ignora de parte de los empleados de Unión Fenosa en nuestros países. Por elcontrario, existe un esmero importante por actuar de manera contraria a la filosofíadescrita en sus propios instrumentos.

2.2.5. DemandasLa sociedad civil nicaragüenses ha interpuesto diversas demandas contra Unión

Fenosa. En particular, la Red de Defensa del Consumidor presentó ante la CorteSuprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 554, que otorgafacultades más que policíacas a Unión Fenosa, y contra la reciente alza del sietepor ciento en la tarifa del servicio de energía.

El artículo cinco de dicha ley violenta garantías y derechos consignados en laConstitución Política y se da facultad y potestad a Unión Fenosa para que acualquier hora del día o de la noche proceda a invadir una propiedad privada,para hacer inspecciones eléctricas y buscar si un consumidor está robando energíaeléctrica o no.

Este hecho significa que a una empresa transnacional, con fines de lucro, se leotorgan facultades mas allá de sus competencias, pues la Constitución nicaragüenseestablece que para poder allanarse una morada se debe tener una orden judicial yque sólo puede hacerse en determinados casos – y con acompañamiento policial.De lo contrario, se estaría incumpliendo lo establecido en la Constitución.


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Esas facultades otorgadas a Unión Fenosa son violatorias de las garantíasconstitucionales como el derecho a la seguridad y la inviolabilidad del domicilio.Además, se permite a la empresa tomar fotos y videos con testigos para demostrarque existe sustracción ilegal de energía, con lo que se viola el derecho a la vidaprivada de las personas y se fomenta la obtención ilegal de la evidencia.

La Red de Consumidores también presentó una demanda ante la Sala de loContencioso Administrativo en contra del aumento del siete por ciento aprobadoel 16 de diciembre del 2005 por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), queentró en vigencia el dos de enero del 2006. El incremento autorizado incumple atodas luces lo establecido en el contrato de concesión, ya que la empresa hademostrado ser ineficiente pues no ha cumplido con todas las obligaciones.

2.2.6. Propuestas para el manejo de la crisisAnte la falta de estrategias gubernamentales que impidieran llegar a la crisis

energética que se está presentando en el país por el alza del petróleo, la Liga deDefensa del Consumidor propuso varias medidas, entre ellas, las siguientes:

• Creación e implementación de un plan estratégico para el sector eléctrico.• Revisión y aplicación de los marcos regulatorios e institucionales existen-

tes en el sector energía.• Intervención del gobierno para definir una política de precios estable y

adecuada, de forma subsidiada a los sectores domiciliares. Esto implicahacer un estudio de los kilowats hora a consumir por las familias.

Entre los problemas a ser atendidos se destacan la revisión de la estructura tarifaria,el cobro que se realiza a las municipalidades y el cobro por alumbrado público, sobretodo en aquellos sectores que no cuentan con el servicio, además de la revisión delplan de inversiones que la empresa se comprometió a realizar en áreas estratégicas.

2.2.7. ResponsabilidadesLa pregunta de los nicaragüenses es a quién le toca pagar estos platos rotos. En

definitiva, los principales responsables de esta situación por un lado son los orga-nismos internacionales que presionaron para que se ejecutara esta privatización,sin tomar en cuenta las condiciones del país y del sector. También son responsableslas autoridades tanto gubernamentales como de la asamblea nacional, que noprevieron que mientras no se diera un fundamental cambio en la generación deenergía, cualquier privatización de la distribución ocasionaría que ésta tendría queajustar sus tarifas a costa del pueblo ya empobrecido y de un sector empresarialaltamente frágil.


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Los organismos internacionales ya tienen un record de desaciertos en suspropuestas a países en desarrollo, que en general ya rayan en la inconsecuencia.Mientras tanto, miles de dólares se gastan en estudios, asesores, que vienenúnicamente a reproducir sus recetas ya gastadas, y nadie los hace responsables de susacciones. Las consecuencias de estas equivocadas recetas, como privatizar los recur-sos estratégicos, no importando a que costo, tienen que ser asumidas por quienes lasimponen, y por ello le toca al Banco Mundial y al BID asumir la responsabilidad.

Ante la grave problemática, es imperativo que la transnacional Unión Fenosarespete el marco de acuerdos adquiridos con la concesión, pero que al mismotiempo, que el gobierno busque la formación de un fondo de transición, comofuente para cubrir el reajuste que Unión Fenosa está requiriendo, sin trasladarle alusuario más ajustes por concepto de energía, que después se traducen en aumen-tos en precios de los otros servicios. Esto requiere de una solución más complejade la de simplemente decretar un incremento tarifario que impacte la economíade los pobladores y de las frágiles empresas, agrícolas, comerciales, e industrialesque todavía existen en este país.

2.3. Unión Fenosa en Panamá32

Unión Fenosa llegó a Panamá en septiembre 1998, cuando el Estado panameñovendió en concesión la actividad de distribución eléctrica. Esta empresa quedócon el 51% de las empresas Metro Oeste (Edemet) y Chiriquí (Edechi) y mantieneun 57% de los clientes y el 58% de las ventas de electricidad. Si se compara con loque ocurre en Nicaragua, se observa que la participación de Unión Fenosa en elmercado eléctrico panameño es menos relevante33.

En los meses anteriores a su llegada, el 26 de febrero de 1998, se había aprobadoel decreto de ley 10, que modificaba algunos artículos de la ley 6 (del 3 de febrerode 1997), con el fin de incrementar la eficiencia del sector, a través de la inyecciónde competencia en el mercado eléctrico. Con ello se creaba una nueva estructuradel sector eléctrico en Panamá.

Así pues, el proceso de privatización en el sector eléctrico comenzó en eseseptiembre, cuando las tres empresas distribuidoras derivadas del Instituto deRecursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE)34 se vendieron a dos consorciosinternacionales, por un monto total de 301,7 millones de dólares, mediante unconcurso de licitación, de lo que resultó la composición siguiente:

- La estadounidense Constellation compró el 51% de las acciones de la distri-buidora Noreste S.A. (Elektra) por 89,8 millones de dólares. El Estado mantieneel 39% de las acciones y el resto se repartió a los trabajadores.


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- La española Unión Fenosa adquirió el 51% de las acciones de las empresasEdemet y Edechi, por 189,2 millones de dólares y 22,7 millones, respectivamen-te. El restante 39% de las acciones de ambas empresas quedó en manos del Estadoy el resto se repartió a los trabajadores.

El ente regulador otorgó una concesión de 15 años para las empresas distribui-doras. Según el artículo 51 de la ley 6 (de febrero de 1997), antes de vencerse estetérmino, el ente regulador convocaría a un proceso competitivo de libre concurrencia,de acuerdo con lo establecido en esta Ley, para la venta de un bloque no menor delcincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones de la empresa titular de la concesión.El propietario de este bloque podrá participar en el proceso competitivo y si su ofer-ta fuere mayor o igual al precio más alto ofrecido por otros participantes, conservarála propiedad del bloque. Por el contrario, si hubiere otro precio mayor, el bloque deacciones será adjudicado al mejor oferente y el Ente Regulador entregará el importepor la venta a quien sea el titular hasta ese momento. En cualquiera de los dos casos,se otorgará nueva concesión por otros quince años.

2.3.1. AntecedentesEn 1998, el sector eléctrico panameño quedó desintegrado y la empresa que

controlaba todas las actividades del sector eléctrico (IRHE) desapareció. Junto a la ventade las empresas distribuidoras se dieron otros movimientos que llevaron a esta situación.

Esto comenzó en 1995, con la modificación de las atribuciones del IRHE,mediante la Ley 6 del 9 de febrero. El Estado quedaba autorizado para otorgarconcesiones administrativas en la generación eléctrica o celebrar otro tipo decontratación para la compra de energía eléctrica a plantas de propiedad de terceros,siempre y cuando el concesionario privado sólo pudiera operar plantas degeneración eléctrica, cuya capacidad instalada no fuese mayor del veinte por ciento(20%) de la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional; también seautorizaba la generación eléctrica a terceros.

Un año después, se constituyó el Ente Regulador de los Servicios Públicos,que regula las actividades del servicio de electricidad, tiene competencias en elabastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, radioy televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural.

La mencionada ley 6 de 1997 creó dos instituciones gubernamentales quetienen funciones importantes en el servicio de electricidad: la Comisión de Polí-tica Energética (COPE) y la Oficina de Electrificación Rural (OER).

El COPE es una institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas,que tiene la finalidad de formular las políticas globales y definir la estrategia del


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sector energía en Panamá. Mientras que el OER es una entidad que funciona dentrodel Fondo de Inversión Social (FIS), adscrito al Ministerio de la Presidencia, yque tiene como misión la promoción de la electrificación en las áreas rurales norentables, no servidas y no concesionadas; evaluando las opciones para la prestacióndel servicio en el área respectiva, utilizando para ello mecanismos de mercado, enla medida de lo posible, entendiéndose que la mejor opción será aquella que requierael menor subsidio de inversión inicial de parte del Estado.

El gobierno panameño dio inicios a la desintegración de la participación esta-tal en el sector eléctrico y el IRHE se dividió en 4 empresas de generación, 3empresas de distribución y una empresa de transmisión de energía eléctrica. Lasgeneradoras y las distribuidoras se privatizaron y la empresa transmisora se separójurídicamente del Estado.

Esto obedece a la situación general de la región en la que los procesos deliberalización, desregulación, reestructuración, reformas y lo que algunos expertosen el tema han dado por llamar re-regulación de los servicios públicos domiciliarios,tienen el interés implícito de transferir al capital privado nacional o transnacionalla prestación de los servicios públicos y para ello han realizado profundastransformaciones en los marcos normativos, eliminando controles legales yreduciendo el papel contralor de los Estados al más bajo perfil. Debe observarseque no se trata de cualquier servicio, sino de servicios esenciales para la sobrevivenciacotidiana y que además son indispensables para asegurar el desarrollo social yeconómico.

Es importante anotar dos elementos particulares de la situación panameña:en la actualidad, el Estado participa como operador de una empresa generadorade electricidad, llamada la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), compuesta pordos centrales hidroeléctricas (58,5 MW de potencia en conjunto) y una centraltérmica (93 MW), que representa el 11,6% de la capacidad instalada del país.

El otro elemento es que a diferencias de los otros marcos normativos yregulatorios creados en la región como parte de los procesos de reforma del sectoreléctrico, en Panamá se reconoce por ley la naturaleza pública del servicio eléctrico,lo que tiene connotaciones legales importantes para la protección de los consumi-dores. La ley 6 de febrero de 1997 dicta el marco regulatorio para la prestación delservicio público de electricidad. Esta ley tiene como objetivo regular la explotación,generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Panamá,destinada a la prestación del servicio publico de electricidad, así como la regulación,coordinación y fiscalización del sector eléctrico en la planificación, expansión yoperación integrada del sistema interconectado nacional.


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2.3.2. RentabilidadEl mercado de energía eléctrica en Centroamérica es un sector altamente

atractivo para el capital privado, principalmente transnacional. Según cifras de laCEPAL al año 200435 el mercado eléctrico regional mostró un comportamientodinámico y en consecuencia atractivo para los inversionistas: un poco más de 6.6millones de abonados, 27,413.4 Gwh de generación eléctrica e ingresos por ven-tas de electricidad a usuarios finales en US$2.441,22 millones, cifra que se haincrementado en un 22% en los últimos tres años.

En Panamá, se calcula que los ingresos de las dos distribuidoras de Unión Fenosa(EDEMET y EDECHI) ascienden a US$1.667,3 millones entre 1999 y 2004.

Los ingresos calculados año a año tienden a ser superiores al incrementoporcentual anual del número de clientes que tiene la empresa. En Panamá, el in-cremento promedio anual de los ingresos fue del 9,01%, mientras que el incre-mento promedio anual de los clientes fue del 7,55%. En definitiva, esta tendenciasólo se justifica por el incremento en las tarifas y no por el aumento del númerode clientes.

2.3.3. ConflictosEl control monopólico que ejerce Unión Fenosa en los mercados de distribución

y comercialización ha provocado fuertes impactos en los intereses de las personasconsumidoras, que han hecho frecuentes denuncias: constantes incrementos de preciode la energía y consecuentemente altas tarifas; persistencia del déficit en el acceso alservicio, deficiencias en la prestación del servicio y mala atención a los usuarios.

Sin embargo, a pesar de la constatación de su mala gestión, la empresa presentaaltos ingresos año tras año (como se muestra más adelante) resultado principal-mente de los constantes incrementos tarifarios. Además, existen contradiccionesentre sus discursos y sus prácticas en el terreno ambiental.

2.3.3.1. Prestación del servicio• AAAAAumentos en las tarifasumentos en las tarifasumentos en las tarifasumentos en las tarifasumentos en las tarifas: a partir de 1999 los sectores residenciales (que

representan el 88,9% del total de clientes) y los comerciales comienzan arecibir los constantes incrementos del precio de la energía eléctrica. Por elcontrario, los sectores industriales (que representan apenas el 0,2% del totalde clientes, aunque consumen el 5,3% de la energía) se han beneficiadocon la disminución en el precio de la energía.

• Déficit en el acceso del serDéficit en el acceso del serDéficit en el acceso del serDéficit en el acceso del serDéficit en el acceso del servicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: vicio de energía eléctrica: En Panamá, elporcentaje de familias con acceso a electricidad era en 2004 de 84,8%.


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El incremento de la cobertura del servicio eléctrico en Panamá fue solo del5,2% entre 1998 y 2004. Estos resultados, pese al importante significado para lapoblación que ahora cuenta con energía eléctrica, son considerablemente pobresen relación con los resultados que se ofrecieron y esperaban como consecuenciade la reforma eléctrica en estos países, ya que uno de los ofrecimientos de losgobiernos fue el de ampliación de la cobertura y de acceso.

El déficit de acceso al servicio eléctrico tiende a ser mayor en las zonas rurales.En Panamá, la concesión hecha a las distribuidoras las obliga a brindar y expandir

el servicio bajo ciertas definiciones y fija obligaciones a cumplir para con los usuarios.Por un lado, las distribuidoras están obligadas a brindar el servicio en las zo-

nas de concesión (área geográfica concesionada dentro de un rango comprendidoentre 500 y 3.000 metros) y en la zona de influencia (área geográfica, noconcesionada, alrededor de la zona mínima de concesión, con límites entre 5.000y 10.000 metros de su limite de concesión). Y por otro lado, la población quepodría verse beneficiada tiene que cancelar una parte o el total de los costos rela-cionados con la expansión del servicio, según la ubicación de su vivienda36:

Esta obligación limita el acceso a la población de escasos recursos que carece delservicio eléctrico, ya que no basta estar ubicado en la zona de concesión de la distribui-dora, sino también disponer de dinero para pagar los gastos relacionados a la conexión.

En el caso de la electrificación rural y de las zonas no concesionadas, el artículo95 de la ley 6ª establece que el órgano ejecutivo continuará promoviendo laelectrificación en las áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas, paralo cual programará los proyectos y asignará anualmente, dentro del presupuesto delEstado, los recursos necesarios a fin de cumplir con esta finalidad. Por tanto, elgobierno panameño asume buena parte del reto por expandir el servicio eléctrico ala población que lo necesita. De esa manera se favorecen las empresas transnacionalesque han invertido en la distribución eléctrica, entre ellas Unión Fenosa.

• DDDDDeficiente calidad del sereficiente calidad del sereficiente calidad del sereficiente calidad del sereficiente calidad del servicio: vicio: vicio: vicio: vicio: otro tema de interés para los usuarios esla calidad del servicio eléctrico, oferta que también fue parte de la reformadel sector. En Panamá, aún se padece de un alto porcentaje de pérdidas deenergía en su sistema eléctrico (redes de transmisión y distribución).

Los usuarios del servicio de energía eléctrica no solo están pagando una tarifaonerosa, sino que se enfrentan a un deficiente mantenimiento del sistemaenergético, que provoca frecuentes suspensiones injustificadas del servicio y comoresultado daños en los equipos.

Además, se cobran servicios no recibidos, como ocurre con el de un alumbradopúblico inexistente. El sistema de atención a los usuarios es muy deficiente y hay


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sistemáticas prácticas abusivas y amañadas, que se traducen en cobros ilegales yen la mayoría de los casos, injustificados.

Las denuncias por la mala calidad del servicio pasaron de 69 en 1999, a 940en el 2003, según lo indican las estadísticas publicadas por el Ente Regulador deServicios Públicos, ERSP. El tipo de infracción reclamada en mayor porcentaje esel referente a los cobros excesivos (32,34%), seguido por daños en aparatoseléctricos, por cambio de voltaje (25,32%).

El análisis anterior muestra que los usuarios de Unión Fenosa se han vistoafectados principalmente por las altas tarifas del servicio y la deficiente calidad delmismo.

Además, se incumplen las obligaciones en relación con la inversión para mejorarlas redes y expandir el servicio y la cobertura, principalmente en la zona rural.

Pese a la deficiente gestión de Unión Fenosa, la autoridad reguladora ha auto-rizado incrementos tarifarios injustificados.

2.3.3.2. Conflictos ambientalesLas líneas estratégicas, la política ambiental y los códigos de conducta son

inexistentes en Panamá y además la empresa ha mostrado un constante irrespetoa las normativas nacionales en materia ambiental. Unión Fenosa es una de lastransnacionales que más contamina el ambiente con sus prácticas estrictamentecomerciales.

Tampoco ninguno de los principios de la política ambiental ni los códigos deconducta se cumplen en Panamá.

2.4. Unión Fenosa en Colombia37

Unión Fenosa llegó a Colombia en el año 2000, cuando en abril iniciónegociaciones para comprar las participaciones de las dos empresas caribeñas dedistribución y comercialización (Electricosta y Electricaribe) y para adquirir elcontrol de la empresa de generación del Pacífico (EPSA). En noviembre del mismoaño se efectuaron las transacciones respectivas y Unión Fenosa tomó el controldel 70% de las empresas caribeñas. En los siguientes años hubo varias inyeccionesde capital, de modo que la participación de Unión Fenosa en las empresas caribeñasse ha incrementado a 70,87% en Electricaribe y 70,44% en Electrocosta y espropietaria del 64% de las acciones de EPSA.

UF asumió la operación estratégica de las empresas con miras a revertir el déficitde caja y llevar a cabo proyectos de mejoramiento que otorgaran a las empresasrentabilidad en el corto plazo.


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2.4.1. AntecedentesEl sector de la energía eléctrica comenzó a privatizarse en Colombia desde la

década del noventa, en el marco de la apertura económica iniciada bajo el gobiernode César Gaviria (1990-1994). La Constitución política, promulgada en 1991,contenía tanto de reconocimiento de un Estado social de derecho como de puertasabiertas para el ingreso de la empresa privada a las labores propias hasta ahora delEstado (entre ellas, la garantía de acceso a los servicios públicos). La Constitución,la ley 142 de 1994 o Ley de servicios públicos domiciliarios y la ley 143 de 1994o Ley eléctrica se ajustaron el escenario en el que empresas privadas podrían en-trar a prestar sus servicios en la generación, transmisión, distribución ycomercialización de la energía eléctrica. La garantía que hasta ese momento ofrecíael Estado por el acceso a los servicios públicos, desapareció y el Estado se convirtióen un ente sólo regulador, contralor y fiscalizador de los servicios públicos.

Desde entonces, todos los consumidores de los servicios son clientes y su con-sumo es siempre una oportunidad de ganancia. La calidad de vida depende de serun cliente que tiene recursos para pagar y con ello garantizar la rentabilidad.

2.4.2. El negocioEl negocio de la generación, transmisión, distribución y comercialización de

la energía eléctrica en Colombia mueve aproximadamente $ 1,6 billones de dóla-res al año, un equivalente aproximado al 2% del PIB generado durante 2004.

En la Costa Atlántica hay 1.396.330 clientes, distribuidos en un área de 132.239kilómetros cuadrados, Allí habitan, en 186 municipios, 9.145.143 personas, equiva-lente aproximadamente al 20% de la población colombiana. En 2005, se distribuyeronen esta zona 9.442 Gwh, correspondientes aproximadamente al 20% de la oferta deenergía eléctrica en 2004, según el reporte del Ministerio de Minas y Energía38.

2.4.3. Expectativas y rentabilidad de las empresasSegún las declaraciones de Víctor Cruz39, vicepresidente para Latinoamérica

de Unión Fenosa, la prioridad de la empresa en Colombia es recuperar el flujo decaja negativo que venían presentando las electrificadoras desde antes de entrar almercado, situación que se ha mantenido después. Para ello, han diversificado lasestrategias para el pago del servicio por parte de todos los sectores de la población,entre ellas, la creación de la Empresa de Energía Social S.A., encargada del cobrodel servicio de energía en los barrios subnormales.

En el caso de EPSA, la nueva administración redujo la planta de personal ytransa la mayor parte de su generación en la bolsa, de modo que se abandona la


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contratación directa con el mercado no regulado; esto le ha permitido a la empre-sa elevar sus utilidades anuales de 20 millones de dólares en 2001 a 100 millonesen 2005; las utilidades generadas en cinco años de operación corresponden apro-ximadamente al 70% de la inversión inicial.

2.4.4. Normatividad vigente y órganos de control2.4.4.1. Constitución Política de Colombia

La Constitución de 1991 estableció una serie de compromisos del Estado queafectan directamente la prestación de servicios públicos (como es el caso de laelectricidad) y obligaciones con los más desfavorecidos40. Estos compromisos seestablecen principalmente en los artículos 334 y 365-370, donde se expresa a quepor mandato de la ley el Estado tomará las medidas respectivas para garantizar elmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, se establece que los serviciospúblicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber asegurar suprestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Dice que el Es-tado puede prestar directamente el servicio o contratar a un tercero (esta es la car-ta abierta para la privatización) y establece la potestad de la nación, los departa-mentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas para concedersubsidios en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresospuedan pagar las tarifas de los servicios públicos.

2.4.4.2. Leyes 142 y 143 de 1994A partir de estos preceptos constitucionales se ha desarrollado una legislación

compleja, que ha ido variando con el tiempo desde el año 1994, cuando se crearonlas leyes 142, de servicios públicos domiciliarios, y 143, del sector eléctrico.

La ley 142 estructuró la prestación de los servicios públicos domiciliarios yotorgó al Estado la función de regularlos, vigilarlos y controlarlos, pero ya no degarantizar su acceso. Para ello creó comisiones de regulación y la superintendenciade servicios públicos (SSP). A su vez, esta ley establece que la relación entre elusuario y el prestador es individual, que se rige por el contrato de servicios públi-cos domiciliarios, por lo que el usuario debe ser tratado de manera individual,para todos los efectos.

La ley 143 estableció la privatización del sector eléctrico y las condiciones enlas que se debía llevar a cabo. Por medio de esta ley, tuvo lugar la desverticalización(monopolización) de las empresas del Estado prestadoras del servicio de energía,dando lugar a la apertura del mercado energético para favorecer la entrada deinversionistas privados en el sector.


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2.4.4.3. Órganos de control y regulaciónLa ley 142 de 1994 desarrolla los preceptos constitucionales referidos en los

artículos 367 y 369, el primero en materia de competencias, responsabilidades,cobertura, calidades, financiación y régimen tarifarios de los servicios públicosdomiciliarios, y el segundo, en lo relativo a deberes y los derechos de los usuarios,y a su participación y fiscalización en algunas de las empresas que prestan elservicio41.

Para ese efecto se crearon las comisiones de regulación y la Superintendenciade Servicios Públicos, entidades a las que compete, en nombre del presidente dela República, señalar las políticas generales de administración y control de eficienciay ejercer control, inspección y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios.42

En cuanto a los deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos,la ley 142 de 1994, modificada por la ley 689 de 2001, ordena a los alcaldes decada municipio o distrito velar por la conformación de los Comités de Desarrolloy Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios; a su vez también de-termina la figura del vocal del control. Las funciones de cada uno se resumen acontinuación:

Funciones de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios:- Proponer a las empresas planes y programas que mejoren la prestación del

servicio.- Procurar que la comunidad aporte los recursos necesarios para la expansión

con mejoramiento de los servicios- Solicitar modificación de las decisiones que se adopten en materia de

estratificación.- Estudiar y analizar el monto de los subsidios que debe conceder el

municipio, los criterios y mecanismos de reparto y proponer medidas al respecto.

Funciones del Vocal de control (Artículo 64, ley 142 de 1994):- Informar a los usuarios acerca de sus derechos y deberes en materia de

servicios públicos domiciliarios y ayudarles a defender los primeros y a cumplirlos segundos.

- Recibir informes de los usuarios en relación con el funcionamiento de lasempresas y promover ante quien corresponda medidas correctivas pertinentes

- Dar atención oportuna a todas las consultas u tramitar las quejas que planeeen el comité, cualquiera de sus miembros.

- Rendir informes ante el comité.


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2.4.4.4. Resolución 120 de la CREGEn 2000 y 2001, Unión Fenosa implementó una política de desconexión

indiscriminada y masiva, que desencadenó la movilización de la población43. Estotiene íntima relación con la expedición de la resolución 120 de la CREG, el 17 deseptiembre de 2001, para reglamentar la prestación de servicios públicosdomiciliarios en sectores subnormales (tal y como lo determinaba el literal o delartículo 23 de la ley 143 de 1994).

Entre los aspectos más importantes de la resolución están44:• La normalización de los barrios subnormales no correrá a cargo de la em-

presa comercializadora. Una vez pasado un periodo de dos años, si no se haproducido la normalización, la comercializadora puede realizar la desconexióneléctrica o permitir que esta continúe funcionando, pero bajo su exclusivaresponsabilidad. La experiencia muestra que los barrios subnormalescontinúan existiendo dos años después y que la mayor parte no se ha nor-malizado. En la práctica, la mayoría de los barrios subnormales siguen sinnormalizarse luego de dos años y queda al libre criterio de la comercializadorala posible desconexión eléctrica de cualquier barrio subnormal.

• Se crea la figura del suscriptor del servicio en barrio subnormal. Se tratade una persona jurídica que representa legalmente a la comunidad deusuarios conectados a un circuito subnormal y que suscribe a su nombreun contrato para la prestación del servicio. Si la comunidad no firma elcontrato para la prestación del servicio, no recibirá el servicio eléctrico.

• Se establecen las condiciones que deberán cumplirse en el caso de que sefirme el contrato de prestación de servicio. Los principales aspectos son:

• Se establece un único equipo de medida-contador cercano al punto deconexión del circuito subnormal.

• La facturación se realiza a partir de dos medidas consecutivas del contador. Sidurante un período es imposible medir los consumos razonablemente coninstrumentos, su valor podrá establecerse sobre la base de consumos promediosde otros períodos del mismo suscriptor, en los consumos promedios desuscriptores que estén en circunstancias similares, o en aforos individuales.

• El nivel de tensión que se cobrará será el correspondiente al que se encuentreubicado el punto de conexión del respectivo circuito subnormal (este aspec-to ha sido altamente conflictivo, pues se está facturando en muchas ocasio-nes como si el nivel de tensión fuera el de usuario final, mientras que en lapráctica la comunidad toma la electricidad de puntos de tensión media y es


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ella misma mediante sus propios transformadores la que disminuye la tensiónen nivel de usuario final. Por tanto, debería contabilizarse como nivel detensión 2 y no nivel de tensión 1). En consecuencia, actualmente se produceuna práctica abusiva de sobrefacturación.

• Se emitirá una única factura para todo el barrio que se dirigirá a nombredel suscriptor del servicio. La periodicidad de la facturación y la modalidadno se establecen en la ley.

• El contrato permite establecer garantías de pago y suspensiones periódi-cas del servicio, si existen razones de orden técnico o económico. En lapráctica, esto ha significado que muchos barrios subnormales que no tienencapacidad de pago vean restringido el servicio durante dos o tres díassemanales.

• Se establece que en caso de ser necesarias restricciones en el servicio estasrestricciones no se contabilizarán en los indicadores de calidad del servicioprestado, establecidos por la regulación. En la práctica esto significa quelos barrios que reciben el servicio solo durante cuatro o cinco días a la se-mana figuran en las estadísticas, no obstante, como barrios que disfrutande excelente calidad de servicio.

• Se establecen las siguientes obligaciones para el suscriptor del servicio:“tendrá dentro de sus funciones el recaudo para el pago de la factura, laelaboración del censo de usuarios, el control de nuevos usuarios y las demásactividades que se pacten”. Es decir, el suscriptor se convierte en la prácticaen una parte ejecutora de las funciones de administración y cobro, queson responsabilidad de la empresa comercializadora; no obstante, nodispone de ningún derecho laboral.

Esta resolución está orientada claramente a la protección de los derechos de laempresa; no obstante, es muy deficiente en la defensa de los usuarios. Por ejemplo,el punto 4.6 de la misma resolución establece de la siguiente manera lacompensación por incumplimiento de los estándares de calidad de servicio pres-tado:

2.4.4.5. Decreto 3735 de 2003Este decreto emanó de la Presidencia de la República el 19 de diciembre de

2003. Inicialmente, lo concibió Unión Fenosa y lo presentó al gobierno y a lostrabajadores como Propuesta de energía social. En mayo del 2003 se entregó alMinisterio de Vivienda y Desarrollo Social, que hace la gestión para que se conviertaen norma, en diciembre del mismo año.


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El decreto determina con exactitud las zonas que por sus característicassocioeconómicas no son de interés comercial para Unión Fenosa, lo que llamanzonas especiales de prestación de servicios, estas a su vez se clasifican en áreas ruralesde menor desarrollo, barrios subnormales, comunidades de difícil gestión, zonasno interconectadas y territorios insulares.

Con esta segmentación del mercado, la empresa privada puede dejar las zonasno rentables como una responsabilidad de las mismas comunidades que las habitany dedicarse a las zonas rentables.

El proceso no termina con la exclusión de las zonas especiales. Se estableciótambién un programa de normalización, que pretende lograr la legalización deusuarios, a través de la prestación de un servicio con un mínimo de pérdidas; lanormalización de los barrios subnormales implica instalar o adecuar las redes dedistribución de energía eléctrica y la acometida a la vivienda del usuario, incluidoel contador o sistema de medición del consumo, mediante el sistema de mediciónprepago.

Se establecieron estrategias para la recuperación de cartera, que hasta el mo-mento habían rechazado las comunidades por considerar que atentaban contrasus derechos y desmejoraban sus condiciones de vida45:

• NNNNNormas de la modalidad prormas de la modalidad prormas de la modalidad prormas de la modalidad prormas de la modalidad prepagoepagoepagoepagoepago: algunas normas tienen que ver conlas mediciones y facturaciones comunitarias y los esquemas de pagosanticipados:

La modalidad de prepago es obligada para aquellos suscriptores, individualeso comunitarios, que reúnan las siguientes características: (i) presenten consumospromedio durante los últimos seis (6) meses superiores a 500 kWh mensuales y(ii) presenten mora por más de dos (2) períodos de facturación en el evento enque esta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual.

En esta modalidad, el suscriptor se compromete a pagar en forma previa alconsumo una cantidad cierta de energía que la empresa se obliga a suministrar enun período de tiempo acordado. En los casos de prepago en los que se tengapendientes obligaciones de pago facturas atrasadas, de cada pago anticipado querealice se aplicará hasta un 10% a cubrir el valor de la cartera vencida y hasta elmomento en que se cubra el valor de dicha cartera. Es de destacar que en la prácticalo que sucede actualmente es que las comunidades no pueden pagar la totalidadde la factura, por lo que se están generando grandes bolsas de deuda impagable.

• DDDDDefinición de la normalización: efinición de la normalización: efinición de la normalización: efinición de la normalización: efinición de la normalización: en el artículo 3º se define el programade normalización, que está en concordancia con el artículo 63 de la ley812 de 2003. Se dice lo siguiente::


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El Gobierno Nacional desarrollará un programa de normalización de redeseléctricas en Barrios Subnormales. El programa de normalización de redes eléctricasconsiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de proyectos, elegiblesde conformidad con las reglas establecidas en el presente Decreto.

En esta normatividad se afirma que la propiedad de estos activos es de la Nación,a través del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, “cuando el programa seacofinanciado por la empresa, el Municipio, el Departamento, terceros o usuarios,la propiedad será compartida con estos, en proporción a su aporte”. A la vez, no seestablece ningún tipo de pago por parte del operador por utilizar el sistemainterconectado de estas zonas. El operador lo usa, saca su ganancia y ni siquieraestá obligado a ampliar la cobertura, simplemente presta el servicio en tanto existancondiciones para hacerlo.

Los usuarios ubicados en las zonas especiales pueden acceder a la prestacióndel servicio público domiciliario de energía eléctrica en forma proporcional a sucapacidad o disposición de pago. Con ese objeto, los operadores de redes de energíaeléctrica y los comercializadores de energía eléctrica podrán aplicar uno o variosde los siguientes esquemas diferenciales de prestación del servicio:

a) Medición y facturación comunitaria.b) Facturación basada en proyecciones de consumo.c) Pagos anticipados del servicio público.d) Períodos flexibles de facturación.La aplicación de cada uno de los anteriores esquemas de prestación diferencial

está sujeta a acuerdos entre la empresa y los suscriptores comunitarios. Elcomercializador de energía eléctrica deberá aplicar, comunitariamente, alguno delos esquemas diferenciales a que se refiere el artículo 18 y el acuerdo deberá contenercomo mínimo los siguientes elementos:

- Forma de efectuar la facturación y medición comunitaria.- Determinación del representante de la zona especial o de la junta de acción

comunal respectiva y, de ser el caso, su remuneración.- Duración del acuerdo.- Definición de los períodos de continuidad.- Formas y garantías de pago.- Otros esquemas diferenciales de prestación del servicio, que requieran acuerdo

con el usuario, conforme lo establezca la Comisión Nacional de Energía y Gas.Con estos elementos se convierte a los representantes comunitarios en

empresarios sin que lo sean y se les pone una responsabilidad que debe estar encabeza del Estado o del operador que ha sido elegido para este fin, o, dicho de


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otro modo, se hacen contratos de iguales entre desiguales. Lo anterior se expresaen las responsabilidades que se entregan al suscriptor comunitario.

• PPPPPrrrrrecisiones sobrecisiones sobrecisiones sobrecisiones sobrecisiones sobre el suscriptor comunitario:e el suscriptor comunitario:e el suscriptor comunitario:e el suscriptor comunitario:e el suscriptor comunitario: el artículo 21 define tambiénlas responsabilidades que tendrá el suscriptor comunitario:

a) Leer los medidores individuales de cada uno de los usuarios pertenecientesa la zona especial, en el evento en que dichos equipos de medida existan,

b) Distribuir el valor de la factura comunitaria entre los usuarios pertenecientesa la zona especial, para lo cual, tendrá en cuenta la medida individual decada usuario en caso de que esta exista o, en su defecto, la carga instalada decada uno de ellos o la proyección de consumo, conforme lo establecido enel artículo 22 del decreto;

c) Aplicar los subsidios y recaudar las contribuciones conforme a la ley, ennombre del comercializador de energía eléctrica, para lo cual deberá llevarla información requerida de los anteriores conceptos;

d) Recaudar de los usuarios pertenecientes a la zona especial, las cuotas par-tes de la factura comunitaria.

e) Suspender el servicio a los usuarios pertenecientes a la zona especial queno cancelen la cuota parte que les corresponde de la factura comunitaria,de acuerdo con el operador de red.

f ) Contratar el personal que considere necesario para efectuar su gestión,siempre y cuando dicho personal pertenezca a la misma zona especial.

g) Transladar oportunamente las sumas acordadas al comercializadorcorrespondiente.

h) Proporcionar la información que requiera el comercializador correspondientecon destino al control de la gestión del representante del suscriptor comunitarioo que sea requerida por cualquier entidad con facultades legales de solicitarla.

i) Recibir las peticiones, quejas y reclamos y transmitirlas al comercializadorcorrespondiente.

Esta iniciativa privada, convertida en decreto, refleja la manera en que elgobierno cedió a las presiones de la transnacional y dejó de lado el objeto social dela prestación de servicios establecido en la Constitución46. El decreto profundizasobre un régimen especial para la prestación del servicio de energía eléctrica basadoen que solo quien tiene para pagar puede acceder a él.

• CCCCCrrrrreación de la empreación de la empreación de la empreación de la empreación de la empresa Eesa Eesa Eesa Eesa Energía Snergía Snergía Snergía Snergía Social:ocial:ocial:ocial:ocial: tras el primer período de pro-testas de los usuarios en la costa caribeña, Unión Fenosa decidió segmen-tar sus mercados, centrando Electrocosta y Electrocaribe en las zonas demercado normalizado y creando la Empresa de Energía Social S.A. como


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empresa exclusiva para la distribución eléctrica en los barrios subnormalesdel Caribe colombiano. Desde entonces Unión Fenosa presenta a EnergíaSocial como un modelo exitoso de empresa, aún cuando los testimonios ylas denuncias de los usuarios digan lo contrario y atribuyan gran parte desus problemáticas sociales a esta estrategia de la empresa.

En el primer año de gestión de Energía Social el recaudo en barrios subnormalesaumentó del 9% al 19% de lo facturado; según dice la empresa, esto se obtuvogracias a una sustancial mejora de las relaciones con las comunidades, además,esta estrategia ha servido para erradicar de la vida cotidiana de la Costa las protes-tas comunales por el servicio eléctrico; en el capítulo de análisis de conflictos sepresentarán los reales alcances de la Energía Social en los barrios de la costa caribeña.

El modelo implantado por Energía Social se basa legalmente en lo establecidoen el Decreto 3735 de 2003. Los principales ejes de su estrategia operacional y decobro son los siguientes:

• SSSSSuscriptor comunitario:uscriptor comunitario:uscriptor comunitario:uscriptor comunitario:uscriptor comunitario: Para cada barrio subnormal se define a un solocliente que recibe una única factura calculada a partir del consumo agre-gado de todos los usuarios del barrio. El contrato comunitario lo firma ellíder del barrio subnormal. El consumo es calculado a partir de un únicomedidor –totalizador - a la entrada del barrio subnormal en el que opera.

• RRRRRecaudadorecaudadorecaudadorecaudadorecaudadores y/o PYMES: es y/o PYMES: es y/o PYMES: es y/o PYMES: es y/o PYMES: Son personas del propio barrio constituidascomo Pequeñas y/o Medianas Empresas –MIPYMES, o bien personasnaturales que reciben el título de recaudado;; en cualquiera de los dos ca-sos estarán encargados de cobrar casa por casa a cada uno de los usuariosde acuerdo a la factura recibida por el suscriptor comunitario.

• Agentes comerAgentes comerAgentes comerAgentes comerAgentes comerciales de Eciales de Eciales de Eciales de Eciales de Energía Snergía Snergía Snergía Snergía Social.ocial.ocial.ocial.ocial. Visitan casi a diario cadacomunidad para apoyar a las MIPYMES y/o recaudadores cuando los clien-tes no pueden pagar.

• PPPPPeriodos de continuidad.eriodos de continuidad.eriodos de continuidad.eriodos de continuidad.eriodos de continuidad. La empresa, en el caso de que la comunidadno pueda pagar la totalidad de la factura, fuerza el acuerdo con estas paraajustar el suministro al recaudo. Así es habitual encontrar comunidadesdonde el servicio se restringe a 3 o 4 días a la semana por imposibilidad depagar un mayor consumo.

El esquema de operación de Energía Social se puede resumir así:1. Energía Social contacta un líder en cada barrio subnormal, firman un acuerdo

por el cual se constituye en suscriptor comunitario, dando cumplimiento a lasdisposiciones de la CREG.


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2. Luego Energía Social busca un recaudador que sea de la comunidad (enalgunos casos es el mismo suscriptor), o en su defecto conforma una empresa derecaudación – PYME - con gente de la misma comunidad.

3. Mensualmente Energía Social envía una única factura para toda lacomunidad, para que el recaudador se encargue de cobrar casa por casa. Por lomenos el 50 o 60% de éste valor debe ser recaudado, de lo contrario se realizaránen el futuro cortes de suministro a toda la comunidad, o serán menos días deservicios según lo decida Energía Social.

4. Finalmente el recaudador consigna o entrega personalmente a los agentesde Energía Social el dinero recogido. Por este servicio el recaudador recibirá el14% del valor recogido.

Este esquema muestra la manera como Unión Fenosa se libera del cobro enlos barrios de difícil gestión, por medio de la creación de la figura de recaudadoro Pyme; ha entregado el problema a la misma comunidad.

2.4.4.6. Decreto 160 del 23 de enero de 2004Finalmente, para los barrios subnormales, el decreto 160 del 23 de enero de

2004 creó el FOES (Fondo de Energía Social), por el cual se destinarán a cubrirhasta cuarenta ($40) pesos por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica des-tinada al consumo de los usuarios de esos barrios (también en las zonas rurales ylas zonas de difícil acceso). El FOES se paga directamente a la empresacomercializadora y puede orientarse a disminuir la cartera vencida (artículo 16).Así pues, un usuario de un barrio subnormal paga aproximadamente un 30% deltotal de la factura.

2.4.5 ConflictosCon la privatización, los conflictos sociales no dieron espera47:Se le trasladaron a la comunidad de usuarios los costos de prestación de un servicio

ineficiente, con tarifa plena. El usuario quedó en estado de indefensión absoluta, aldesligarse el Estado del cumplimiento de la finalidad social que le compete.

Esta resistencia tuvo su auge, pero no los frutos esperados, dada la debilidadorganizacional y la crisis de liderazgo existente48.

Mientras el consorcio Reliant/EDC operó en la zona, aumentaron los proble-mas relacionados con la facturación y el alza de las tarifas, pero con la participaciónde UF se agudizaron y diversificaron: mala calidad del servicio, cortes, suspensiones,bajo mantenimiento de redes, pésima atención al usuario, despidos injustificados,persecución a los líderes, enfrentamientos entre la comunidad y sobornos.


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2.4.5.1. La prestación del servicioSectores de la población en Montería, Sincelejo, Barranquilla, Cartagena y

Riohacha, entre otros, se han organizado para reclamar la prestación de un serviciode energía que garantice una vida digna.

• La calidad del serLa calidad del serLa calidad del serLa calidad del serLa calidad del servicio: vicio: vicio: vicio: vicio: El informe Evolución de la calidad de servicio 2001-2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (noviembrede 2005) presenta el desempeño de empresas distribuidoras de energíaeléctrica en el país. La calidad del servicio de distribución se evalúa median-te los indicadores FES y DES. El indicador DES mide el tiempo de duracióntotal en que el servicio ha sido interrumpido en un circuito y el indicadorFES mide el número de interrupciones que presenta un circuito.

Existe un valor de referencia para cada indicador, estimado por la CREG, quelas empresas no deben superar. En caso contrario, significa que hay fallas delservicio, que puede entenderse en términos de calidad.

Los resultados obtenidos para el DES y FES por ELECTROCOSTA yELECTRICARIBE no logran en ninguna ocasión los objetivos establecidos porla CREG; sobre la base de estos resultados, es indiscutible la mala calidad delservicio ofrecida por las empresas.

Esto puede verse al comparar el servicio con el de otros operadores de red49,que se distribuyen en varios grupos. Electrocosta y Electricaribe se encuentranregularmente entre las que ofrecen una peor calidad de servicio.

• CorCorCorCorCortes y apagones: tes y apagones: tes y apagones: tes y apagones: tes y apagones: En los primeros años (2000 a 2002), Unión Fenosa aplicóuna estrategia comercial agresiva: forzaba apagones a los usuarios, al tiempoque trataba de disminuir las pérdidas mediante aumentos de tarifas.

La población protestó masivamente, destruyó contadores, taponó carreteras eimpulsó marchas. En 2003, se generalizan los levantamientos:

Los cortes de luz encienden las protestas: Mientras los usuarios llevan dos añosprotestando, los directivos se quejan porque la cartera supera los 600 mil millonesde pesos.

“Nos ‘mamamos’ y para que nos paren bolas tuvimos que ‘rebotarnos’ “, dijoel martes pasado una joven energúmena, que formaba una muralla humana, jun-to con otros habitantes del corregimiento de La Boquilla (Cartagena), al lado dellantas encendidas. La joven hacía alusión a la intermitencia con la que reciben elservicio de energía.

Simultáneamente, en Riohacha, unas 500 personas que participaban de unamarcha obrera terminaron correteando a una cuadrilla de hombres contratadospor la empresa Electricaribe que le cortaba el servicio a un usuario moroso.


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Un mes atrás, los que protestaron fueron los habitantes del barrio El Dorado,en Montería, porque ajustaban 10 días sin luz, por el daño en un transforma-dor. Electrocosta solo lo repuso después del bloqueo a las instalaciones de laempresa.

Las protestas en la Costa Caribe contra las dos empresas que suministran laenergía domiciliaria - Electricaribe en Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena;y Electrocosta en Córdoba, Sucre y Bolívar-, van a cumplir dos años.

El Tiempo, 13 de agosto de 2003En una carta pública enviada a Electricaribe por el sacerdote holandés Cyrillus

Swinne, se expone la problemática social y la repercusión económica generadospor la oleada injustificada de los apagones: “En los 71 días de este período hemossufrido por los menos 52 cortes de energía, repartidos entre 35 días. Quiere decirque cada 4 días, 3 sufren cortes de energía, algunos cortos, pero muchos (18) deduración de hasta 13 horas”50.

• AAAAAlza en las tarifas: lza en las tarifas: lza en las tarifas: lza en las tarifas: lza en las tarifas: El alza en las tarifas ha sido el punto más conflictivo enla prestación de servicio de energía por parte de Electrocosta y Electricaribe.La protesta por el alto costo de la factura va asociada habitualmente a lasreclamaciones por la baja calidad del servicio eléctrico. Muchos vecinosreclaman el pago que efectúan por un servicio que no reciben.

El costo unitario (Cu) del servicio eléctrico en Colombia se calcula a partir deuna fórmula prefijada por el gobierno, en la que cada componente tiene la siguienteparticipación: Generación: 32,68%; trasmisión: 7,16%; distribución: 41,87%;otros: 2,21: comercialización: 9,19%;51 pérdidas: 6,89%

Este sistema es altamente insolidario con las zonas rurales más alejadas de lageneración, puesto que los costes de generación y transporte son más caros. Asípues, el coste de partida de algunas de las zonas con más dificultades de desarrollo(como la Costa Caribe) es más caro que en las zonas más centrales.

Si bien la fórmula utilizada es la misma para todas las empresas, los valoresque toman los diferentes conceptos (por ejemplo, las pérdidas, los costes “otros”,etcétera) son sujetos a negociación entre cada empresa distribuidora y la CREG,por lo que todas las empresas tratan de obtener los parámetros con valores quelleven a un coste unitario más alto; este procedimiento repercute en altas tarifaspara el usuario final. En este sentido, Unión Fenosa ha sido audaz y ha consegui-do mejoras sustanciales para sus intereses durante el año 2005, y continúa solici-tando aumentos en los costes unitarios52.

• PPPPPrrrrroblemas asociados a las facturoblemas asociados a las facturoblemas asociados a las facturoblemas asociados a las facturoblemas asociados a las facturaciones: aciones: aciones: aciones: aciones: Con la llegada de Unión Fenosaa las empresas de la costa, las violaciones empezaron a ser más continuas,


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en un claro abuso de posición dominante; las violaciones en el caso de lasfacturaciones tiene que ver con:

- Envío de facturaciones cada veinte días durante aproximadamente 6 me-ses. Esto niega al usuario la oportunidad de abonos parciales y de recla-mos y le impone acumular una deuda injustificada.

- Cobro de consumo de energía por censo de carga instalada: esto determi-na arbitrariamente la cantidad de kW/mes consumidos y en la mayoría delos casos se incurre en sobrefacturaciones.

- Suspensión del servicio cuando el usuario está a paz y salvo y/o en procesode reclamación.

• PPPPPrrrrroblemas asociados con los medidoroblemas asociados con los medidoroblemas asociados con los medidoroblemas asociados con los medidoroblemas asociados con los medidores y macres y macres y macres y macres y macromedidoromedidoromedidoromedidoromedidores: es: es: es: es: La instalacióny el reemplazo de medidores generaron un sinnúmero de problemáticasresumidas a continuación:

- Instalación masiva y obligada de medidores sin cumplimiento de los re-quisitos técnicos exigidos para ello en la ley.Los usuarios denunciaron que ELECTROCOSTA realizó cambio de me-didores sin previo aviso, por el solo hecho de “presentar los sellos derretidos;por disminución del consumo estando la vivienda desocupada o algunoselectrodomésticos fuera de uso; por reubicación innecesaria de medidores;por solicitud de revisión por alto consumo. La empresa no hace devoluciónde los medidores dañados, como lo estipula la ley, sino que impone la com-pra de uno nuevo”. Este procedimiento obedece a una violación al debidoproceso en las supuestas irregularidades encontradas durante la revisión53.

- Registro de altos consumos por parte de los medidores instalados.- Negativa de las empresas para revisar los medidores defectuosos, lo mismo

que para reemplazar los averiados.

2.4.5.2. Conflictos sociales• DDDDDivisión de la comunidad: ivisión de la comunidad: ivisión de la comunidad: ivisión de la comunidad: ivisión de la comunidad: en el Cauca la generadora EPSA, Unión

Fenosa insiste en la desviación del río Ovejas al Embalse la Salvajina,Proyecto DROES, para ello ha intentado dividir a la comunidad con fal-sos testimonios sobre los líderes; a pesar de que en 1997 por medio de unproceso de consulta previa la comunidad entera rechazó el proyecto.

• AAAAAbusos de poder: busos de poder: busos de poder: busos de poder: busos de poder: en el proceso de recaudación, las denuncias de los ha-bitantes corresponden a las siguientes situaciones:

- El responsable de recaudar toma el dinero y no paga a Energía Social, porlo que la comunidad se queda sin dinero y endeudada.


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- El responsable de Energía Social exige al recaudador más dinero del quecorresponde.

- El recaudador amenaza con estrategias mafiosas a los usuarios, aun cuandoél es un miembro de la misma comunidad.

- El recaudo se efectúa en horas insólitas.- Los recaudadores toman papeles que no les corresponden, por ejemplo, el

corte del servicio y el levantamiento de la acometida.La mayor parte de estas acciones se deben al ‘poder’ que falsamente Energía Social

ha infundido a los recaudadores. Esta dinámica ha provocado enfrentamientos en-tre los mismos habitantes de la comunidad, que se pelean por el cobro y por el pagodel servicio.

En otras ocasiones, se producen abusos de poder de carácter técnicoabusos de poder de carácter técnicoabusos de poder de carácter técnicoabusos de poder de carácter técnicoabusos de poder de carácter técnico, que setraducen en el engaño de la empresa a los usuarios: Esto se observó en entrevistasde campo en los barrios subnormales:

Algunas veces, para camuflar los racionamientos, decían que estaban enmantenimiento. Ellos publicaban en la prensa que hacían mantenimiento, pero sehizo un seguimiento y no se hacía nada. Cuando se empezó a presionar, se cambiabauna cruceta en cuatro horas y se tomaba una foto. Pero el famoso mantenimientoera solo una cruceta, un aislador y estaba cortado durante 4 u 8 horas.

Entrevista Secretaría de la Atarraya Nacional en Defensa del Agua y la Energía15 de marzo de 2006

• IIIIImpactos sobrmpactos sobrmpactos sobrmpactos sobrmpactos sobre la cohesión de las comunidades:e la cohesión de las comunidades:e la cohesión de las comunidades:e la cohesión de las comunidades:e la cohesión de las comunidades: el modelo de contrato conlas comunidades a través de un suscriptor comunitario y un responsable delcobro de las facturas (a través de MYPYMES o de cobradores individuales) esuno de los ejes básicos de la estrategia propuesta por Energía Social. No obstanteesta figura crea tensiones importantes en la misma comunidad.

Este aspecto es especialmente importante en los barrios subnormales, dondela falta de una actividad estatal que cubra las necesidades básicas y las difícilessituaciones económicas convierten las relaciones en la propia comunidad en elúnico sustento entre los habitantes del barrio cuando se presentan necesidades.

Donde yo vivo en mi barrio hay 21 casas y ellos llegaron donde yo vivo. Yo trabajé enElectrocosta. A mí me ofrecieron firmar el convenio para cobrar pero yo me opuse y les dijeoye pero si todos los que están son mi familia. Yo no podía decir, oye papá mucho lo siento,déme el mes o si no le corto. Y ellos insistían y me decían: venga hombre, si tú trabajaste enla empresa y sabes cómo funciona esta vaina, usted cobra y el servicio que ha de pagar se lopagan las demás personas y le hacemos el 14%. Y como tiene conocimiento de redes, usted


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hace el mantenimiento. Usted es una mano de obra calificada. Ellos salen y se van y dejanal recaudador peleando con la comunidad. Es así de sencillo.

Entrevista en los barrios subnormalesSincelejo, marzo 16 de 2006

• IIIIImpactos psico-sociales: mpactos psico-sociales: mpactos psico-sociales: mpactos psico-sociales: mpactos psico-sociales: las amenazas y las presiones hechas a los líderesde la comunidad generan intranquilidad e inestabilidad emocional en elnúcleo familiar, tal como se percibe en el siguiente testimonio.

• DDDDDiscriminaciones: iscriminaciones: iscriminaciones: iscriminaciones: iscriminaciones: como se dijo, el decreto 3735/03 profundiza unrégimen especial de servicios públicos eléctricos, basado en que el que sóloel que tiene para pagar, puede acceder al servicio”. Además, por medio deeste decreto, Unión Fenosa determina con exactitud las zonas que no sonde su interés comercial.

• SSSSSeguridad de las personaseguridad de las personaseguridad de las personaseguridad de las personaseguridad de las personas: los mismos usuarios montan las redes. Laempresa Energía Social no las ha aceptado como parte de susinstalaciones y por tanto, según la normatividad, no recibenmantenimiento por parte de la empresa. Tampoco reciben atención porparte del municipio.

Los riesgos y la ocurrencia de accidentes son numerosos por la existencia depostes en un estado defectuoso, cables de diferentes calibres y tipologías, a vecesquemados o pelados, etcétera. En ocasiones se produce la muerte y se lesiona lasalud de los habitantes:

Mi niño murió el 5 de diciembre de 2004. Estaba jugando al fútbol, tenía 10años. Cuando estaba jugando él se acercó a una lámina de zinc que estaba en la casaen una de las paredes. Dicen que puso el bracito y cuando lo puso empezó a temblar.La muchacha de la casa de al lado dijo, Nilson, no haga así que me hace miedo. Elladijo que no le paró bolas porque él era juguetón. Cuando volvió otra vez fue cuandola hija de ella fue y le agarró y le dijo a la mamá, ay mamá que a Nilson le estánmatando con la luz. Y cuando ya fue a ver llamó a la gente y ya estaba muerto. Eltecho tenía contacto con el cable de acá fuera. En el lado de atrás del patio habíazinc, y como él estaba jugando y estaba sudando le tocó la luz.

Entrevista a la madre de Nilson en el Barrio El PozónCartagena de Indias, Marzo 18 de 2006

2.4.5.3. Impactos sobre la educación y saludLos apagones y los llamados racionamientos conducen a que en muchos casos

dejen de funcionar el puesto de salud o la escuela, o que no haya suficientes


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condiciones para el trabajo de las madres comunitarias. Además, las temperatu-ras en la costa caribeña son durante periodos prolongados superiores a 30 gra-dos. Resulta imprescindible para las personas más frágiles tener un ventiladorque les alivie el calor, o un refrigerador que preserve las medicinas.

Los niños aguantan todo el día sin energía aquí, los martes y jueves. El calor,el calor, se necesita el ventilador. En el centro de salud las vacunas se dañan por-que aquí cuando no hay luz con la neverita no hay nada.

Entrevista en el barrio de Candelaria Montería, marzo 15 de 2006

Con el racionamiento, más que todo los problemas son para las tiendas. Lacarne se descompone. Y aquí los techos son de zinc y hay muchos niños menoresde 5 años y los niños se desesperan sin luz. Aquí la temperatura puede llegar a 38grados y acá sin electricidad es desesperante. En la escuela es superincómodo tan-to para el profesor como para los alumnos.

Entrevista en la comunidad de Villa Cierlo Montería 15 de marzo de 2006

2.4.5.4. Conflictos laborales54

Desde el comienzo de la privatización del sector eléctrico en la costa caribeña,hay conflictos laborales. Los primeros inversionistas despidieron a 2.300trabajadores, hubo una violación flagrante al derecho de asociación, de trabajo,de negociación y de un salario digno. La planta de personal cubierta por laconvención colectiva de trabajo y que cambió de patrón en 1998 era de 4.372trabajadores. Actualmente es de 1.604, como resultado de la política de exterminiode los trabajadores sindicalizados, implantada por los españoles en Electrocosta yElectricaribe.

Ha habido desconocimiento de la ley, de las convenciones colectivas detrabajo, en la aplicación de despidos por bajo desempeño, sin que éstos tenganalguna justificación ni sustentación legal. En la actualidad, hay 5.800 contratistasy más de 315 funcionarios con contratos de trabajo llamados corporativos, dondemuchos de estos devengan salarios hasta de 15 millones de pesos mensuales yotros 417 laboran con cooperativas pertenecientes a los mismos españoles delgrupo Fenosa.

Todo este proceso se dio en medio de la resistencia de los sindicatos que seoponían a la venta de un patrimonio público al servicio de los ciudadanos, cons-truido a través de decenios de esfuerzos colectivos. Pero la resistencia fue literal-


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mente silenciada a través de la eliminación física de los sindicalistas, los gruposparamilitares asesinaron inicialmente al vicepresidente de la Central Unitariade Trabajadores, CUT, y dirigente del Sindicato de Trabajadores Eléctricos,Sintraelecol Seccional Bolívar, Jorge Ortega. También cayeron dirigentes socialesen Barranquilla, un abogado de la empresa que investigaba todos los fraudesocurridos durante la privatización, es decir, el soborno a políticos durante laintervención de la empresa y los contratos dañinos que asumió el Estado co-lombiano en la privatización. En total son 27 dirigentes sociales que han sidoasesinados en el proceso de privatización del sector eléctrico en la costa caribeña.

Como parte de la ya larga cadena de atropellos en contra del sindicato, UniónFenosa. que ya había logrado reducir significativamente la planta de trabajadores,pide en mayo de 2003 autorización al Ministerio de Protección Social para despe-dir a 673 personas, es decir, un poco más de la tercera parte de sus empleados.Argumentaba que “la viabilidad de las empresas está comprometida, de no tomarsemedidas significativas y urgentes, una de ellas la reducción de personal” y que auncuando se han logrado reducir las pérdidas de energía, y se han incrementado elrecaudo y disminuido los costos y gastos de operación, estos siguen superando losingresos en 20.000 millones de pesos mensuales.

Según Electricaribe y Electrocosta, los costos laborales existentes sonconsecuencia de las ocho convenciones colectivas heredadas. Por eso, de maneraadicional, las dos empresas tenían el propósito de negociar una nueva convencióncolectiva. La solicitud al Ministerio dice que con el despido colectivo se garantizaráel mejoramiento del servicio, la continuidad laboral de 1.233 empleados, laatención de 2.263 jubilados y la existencia de un número importante de empleosindirectos.

La medida alcanzaría a los trabajadores que, en el modelo organizativo del 2001,estaban en situación transitoria, pero devengaban salarios y prestaciones laboralesde forma permanente. Las dos empresas suman 1.906 empleados y los que saldríanse consideran ‘excedentes’.

2.4.5.5. Conflictos políticosLas prácticas indebidas de UF ha vulnerado la autonomía, la independencia y

la soberanía de las instituciones y organismos estatales. La imagen de Estado antelos ojos de la comunidad es de corrupción; relaciona generalmente el Estado conlos actos de politiquería influenciados por intereses individuales.

Unión Fenosa presionó al gobierno en torno a la elaboración de una regulaciónpara la prestación de servicios eléctricos en barrios subnormales, razón por la que


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se configura la resolución 120 de la CREG. Por otra parte, Electrocosta yElectricaribe empezaron a cobrar de manera legal un servicio en zonas ilegales,utilizando como estrategias la instalación de contadores comunales, el cobrocolectivo y la responsabilidad contractual de los líderes que representan zonasmarginales.

Adicionalmente, Unión Fenosa consiguió la aprobación del decreto 3735,concebido por la misma empresa.

Por otra parte, Unión Fenosa exigió además una revisión tarifaria que lepermitiera obtener mayores ganancias y de esta manera lograr en menor tiemporecuperar su inversión; en noviembre de 2005, por medio de la resolución CREG102 para Electrocosta y 103 para Electricaribe consiguió un incremento en loscargos de distribución de 5,19% y 3,19% respectivamente.

3. DENUNCIAS ESPECÍFICASEn correspondencia con lo expuesto en el capítulo anterior, se denuncia a la

empresa Unión Fenosa (y en ocasiones a los Estados), ante la comunidad interna-cional en varios sentidos: su responsabilidad directa en violaciones a los derechoshumanos, su influencia en los regímenes políticos y legislativos, manipulacióneconómica y abuso de poder, desprestigios y calumnias, intimidaciones, impunidad,deterioro de las condiciones de desarrollo, complicidad, creación de condicionespara que se violen derechos y acuerdos internacionales, negligencia y violación ala legislación laboral.

3.1 Responsabilidad directaEn este caso, las pruebas son las denuncias hechas por los habitantes de las

comunidades, difundidas por los medios de comunicación; además, los órganosde control locales y los de defensa del usuario también han dictaminado el conductoirregular seguido por las empresas filiales de Unión Fenosa.

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia- Violación a la cláusula 8, 9, 11 del Contrato de Condiciones Uniforme y

el inciso 2 del artículo 145 de la ley 142/94: La empresa no devuelve losmedidores reparados ni dañados, sino que impone la compra de uno nuevo,que ella misma distribuye, sin que el usuario tenga ninguna opción dife-rente, so pena de suspenderle el servicio.

- Violación al artículo 31 del decreto 1842/91 y al artículo 29 de laConstitución Nacional: Estipula el proceso a seguir cuando existen


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anomalías en una conexión. La empresa viola el debido proceso, al hacercaso omiso de lo mandado por la ley en estos casos.

- Violación al decreto 1842/91: la empresa no informa al usuario acerca desu derecho de asesorarse de técnicos particulares.

- Violación del artículo 155 de la ley 142/94, al exigir como requisito paraatender un recurso relacionado con el servicio, la cancelación de la facturay al suspender el servicio sin haber notificado previamente al suscriptor.

- La empresa hace caso omiso del Silencio Administrativo Positivo o Empresari-al, articulo 158 de la ley 142/94, ya que no contesta dentro del debido plazo(15 días) los recursos, quejas y peticiones presentadas a sus despachos.

- La ineficiente prestación del servicio de energía en el Caribe colombiano re-presenta una permanente violación de los derechos colectivos e individualesde los ciudadanos, al no contar con las condiciones básicas para tener una vidadigna, correspondientes a las características ambientales de la región.

- Los apagones y cortes injustificados y de larga duración desde 2000 hastahoy, según la declaración de la defensoría del pueblo presentada en el DiarioEl Universal.2005 han afectado en forma severa la economía de subsistencia,la seguridad, la educación y la salud de niños y ancianos de la región.

GGGGGuatemalauatemalauatemalauatemalauatemala- Unión Fenosa no cumplió con las metas estipuladas en el Plan de

Energización Rural a ejecutar entre 1999 y 2004.- Se ha violado el artículo 8 de la resolución 08/98 expedida por la Comisión

Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), puesto que en proceso dereclamación, los usuarios han seguido recibiendo facturas y por tanto sesigue acumulando su deuda; se les han cobrado intereses y en algunos ca-sos se les suspende el servicio, como el caso de Nuevo Progreso, departa-mento de San Marcos

- UF no cumple con su obligación de “brindar a sus consumidores un servicio co-mercial eficiente y atender los reclamos por interrupción en el suministro de electricidadlas 24 horas del día.” Se ha constatado en campo que las oficinas comercialesquedan en la cabecera departamental u otra ciudad, y para un campesino pobre,poner una reclamación, tiene un costo real en tiempo y dinero.

NNNNNicaraguaicaraguaicaraguaicaraguaicaragua- La Red de Defensa del Consumidor presentó ante la Corte Suprema de

Justicia (CSJ) un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 554. Por


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medio de esta ley, se otorgan facultades más que policíacas a Unión Fenosa:a cualquier hora del día o de la noche, la empresa puede invadir unapropiedad privada, para hacer inspecciones eléctricas y buscar si un con-sumidor está robando energía eléctrica o no; esto es un atentado contra lainviolabilidad del domicilio y a la vida privada que consagra laConstitución.

- La Red de Consumidores también presentó una demanda ante la Salade lo Contencioso Administrativo, en contra del aumento del siete porciento al servicio de energía, aprobado el pasado 16 de diciembre del2005 por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que entró envigencia el dos de enero de 2006. El incremento autorizado incumple atodas luces lo establecido en el contrato de concesión, ya que la empresaha demostrado ser ineficiente al no cumplir con todas las obligacionesque contrajo.

- La expansión en redes y cobertura llevada a cabo por Unión Fenosa hamostrado un pobre cumplimiento, en relación con lo pactado con el Es-tado en el inicio de sus operaciones en el país.

3.2 Influencia en los regímenes políticos y legislativosColombiaColombiaColombiaColombiaColombia- Unión Fenosa elaboró un texto en el que señalaba sus áreas de interés co-

mercial y aquellas en las que no tenía interés comercial. Para estas últimasconcibió la estrategia que llamó energía social. Luego de presentarlo algobierno, se convirtió en el decreto 3735 de 2003.

- Luego de la recusación de la comisión de expertos de la CREG encargadade establecer el aumento de tarifas para el período 2003 – 2007, UniónFenosa obtuvo para sus filiales en noviembre de 2005 el incremento deseadoen el cargo de distribución (resoluciones CREG 102 y 103 de 2005); unmes antes, se publicó el decreto de gobierno 3860 de 2005, que establece“de manera general para cualquier proceso de reclamación tarifaria, losmecanismos legales que permiten recuperar los efectos reconocidos y noaplicados durante el periodo de estudio de una reclamación tarifaria”. Enconclusión, Unión Fenosa recuperará el valor no facturado durante 2003y 2004, con un aumento en las tarifas durante 2006 y 2007.

- Con la amenaza de abandonar el país, Unión Fenosa ha presionado a laPresidencia de la República para apresurar una serie de capitalizaciones enlas empresas de la Costa, por más de 150 millones de dólares.


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GGGGGuatemalauatemalauatemalauatemalauatemalaEl 09 de noviembre de 2004 la Corte de Constitucionalidad resolvió destituir

a la CNEE por no ejecutar un amparo provisional otorgado a la Procuraduría deDerechos Humanos, la cual suspendió la modificación a la tarifa social de energíaeléctrica. El pleno también ordenó la devolución del pago diferencial cobrado alos usuarios con las nuevas tarifas, que entraron en vigor el 1 de mayo. El 11 denoviembre de 2004, la desestimó, como resultado de los seis recursos legalespresentados por las distribuidoras de energía eléctrica EEGSA, DEORSA yDEOCSA.

EL 16 de noviembre, las distribuidoras de energía eléctrica presentaron nuevosrecursos para que la Corte de Constitucionalidad (CC) cambie de parecer sobre ladestitución de los integrantes de la CNEE y la devolución del incremento cobra-do desde mayo a los usuarios incluidos en la Tarifa Social. Al menos 19 recursoshan interpuesto en la CC, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), la Dis-tribuidora de Oriente (Deorsa) y la Distribuidora de Occidente (Deocsa), así comolos afectados con la orden de destitución.

El 22 de noviembre la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia apela-da por la PDH, y denegó el amparo presentado por el Procurador de DerechosHumanos contra las empresas distribuidoras, revocó el amparo provisionalotorgado el 14 de junio de 2004 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia delRamo Civil.

3.3 Manipulación económica y abuso de poderGGGGGuatemalauatemalauatemalauatemalauatemala- Unión Fenosa abusa de su poder cuando ante una reclamación por

facturación excesiva plantea a los usuarios que si tienen razón, lareclamación no se les cobra, pero que si está equivocados, se les cobra unmonto de Q16 (U$ 2 aprox). La gente entonces se abstiene de reclamar.

- Los acuerdos pactados entre las empresas filiales de Fenosa y las comunida-des no se han respetado. En la Parroquia Comunidad el Rodeo, el 8 de juniode 2005 en una reunión entre el Comité de Consumidores de la Parroquiay representantes de DEOCSA en Coatepeque, se firmó un acuerdo en elcual los representantes de DEOCSA se comprometieron a no efectuar ningúncorte de energía a partir de la fecha del 2 de julio de 2005, pero hasta el 21de noviembre la empresa violó los acuerdos y realizó varios cortos.

- La gran mayoría de la población se ha quejado por los altos costos del alumbradopúblico que en algunos casos ha alcanzado el 50% del total de la factura. La


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empresa distribuidora es quien calcula el costo del alumbrado público enfunción del consumo y del número de usuarios en los municipios; además, sedebe pagar una tasa municipal para el mantenimiento de estas redes; estoconlleva a que las municipalidades menos pobladas tengan el costo de serviciode alumbrado público más alto. Es importante resaltar que los usuarios deSan Marcos, El Rodeo, Nuevo Progreso, San Juan Ostuncalco, Totonicapán,manifiestan que hay varias aldeas donde es inexistente el alumbrado público oes muy deficiente, sin embargo pagan por este concepto sin alguna distinción.

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia- En una carta pública55 Carta dirigida a la Comisión Internacional

Solidaridad Reino Unido y Gallega. Sintraelecol- Bolívar. Cartagena, Colombia. Febrero 14 de 2003., el Sindicato de

Trabajadores del Sector de la Electricidad en Colombia (SINTRAELECOL)denunció las actuaciones ilegales de Unión Fenosa, en complicidad con lafuerza pública: (...) Unión FENOSA, a través de sus representantes enColombia JOSÉ MARIA BJOSÉ MARIA BJOSÉ MARIA BJOSÉ MARIA BJOSÉ MARIA BUSTILLUSTILLUSTILLUSTILLUSTILLO, LO, LO, LO, LO, LUIS DE LUIS DE LUIS DE LUIS DE LUIS DE LA FUENTE, FRAN-A FUENTE, FRAN-A FUENTE, FRAN-A FUENTE, FRAN-A FUENTE, FRAN-CISCO ACISCO ACISCO ACISCO ACISCO AVENDAÑO, MARVENDAÑO, MARVENDAÑO, MARVENDAÑO, MARVENDAÑO, MARCELINO GONZÁLEZ CELINO GONZÁLEZ CELINO GONZÁLEZ CELINO GONZÁLEZ CELINO GONZÁLEZ Y OY OY OY OY OTRTRTRTRTROS,OS,OS,OS,OS, hanllegado al extremo de los abusos con el pueblo y la clase trabajadora quetiene comprado con su poder económico a los jueces de la República, a losmedios de comunicación, hablados, escritos y de televisión en todo el áreade la ciudades antes mencionadas, donde están las empresas Electrocosta yElectricaribe, cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas de este país comoel Ejército, y la Policía Nacional, los cuales con todos sus equipos (tanquetas,gases lacrimógenos, armas de largo alcance, escudos antimotines, etc) llegana las zonas subnormales, asentamientos de mas de 5.000 habitantes como elBarrio el Pozón, Nelson Mandela, Policarpa Salavarrieta, Olaya Herrera, porcitar algunos, se les llevan los postes, las líneas primarias, los transformado-res, a través de dispositivos con la fuerza pública, como si fueran para unaguerra, con ocasión de estas acciones han maltratado la salud de niños,personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, por la acción de los gaseslacrimógenos y han puesto preso a todo el que se oponga a estos abusos sinque exista un solo pronunciamiento de las autoridades y organismosgubernamentales en contra de Electrocosta…”

- El abuso de poder tuvo lugar en Colombia cuando la Empresa de EnergíaSocial ha visitado los barrios subnormales en compañía de la fuerza públi-ca, con amenazas de corte del servicio al que no pague.


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3.4 Desprestigios y calumniasEn el norte del Cauca, Colombia, la empresa EPSA, filial de Unión Fenosa,

insiste en desviar el río Ovejas para potenciar el embalse Salvajina (proyecto Droes);en 1997, se había archivado el proyecto, ante la rotunda negativa de las comuni-dades. Luego, en 2004, se reactiva con el auto 1220 del Ministerio de MedioAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A partir de este momento se handifundido las siguientes denuncias contra la empresa:

- Los funcionarios de EPSA han visitado las 17 comunidades impactadaspor el proyecto, para que digan sí al proyecto en el proceso de consulta previa;su mecanismo para convencerlas es desprestigiar a los líderes de lacomunidad, diciendo que ellos solo buscan el beneficio económico, queestán utilizando a toda la comunidad para sus propósitos.

- Aún cuando las comunidades han demostrado los efectos negativos delproyecto en su cotidianidad, su cultura y la integridad de su vida, EPSAlos tilda por todos los medios como opositores al desarrollo, estigma que hacalado en el discurso del actual gobernador del Cauca.

3.5 IntimidacionesLa empresa ha intimidado a los usuarios y a los líderes sociales para impedir la

organización de las comunidades de base.

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia- En febrero de 2006 circuló por los medios de comunicación, una denun-

cia de la organización Atarraya Nacional en Defensa del Agua y la Energía56

contra la Empresa de Energía Social de la Costa, creada por Unión Fenosa:- Funcionarios de la zona vinculados a la empresa de Energía Social de la

Costa han hecho amenazas verbales a la comunidad en resistencia, se lesha amenazado con llevarles al Ejército si no pagan el recibo. Éstos fueronlos términos con que se presentaron, el 25 de enero, el ingeniero CarlosHernández, de Energía Social, junto con la trabajadora social Mónica Betiny cinco sargentos de la policía. Al final del día, sin llegar a ningún acuerdo,cortaron el servicio de energía en la zona.

- En la comunidad de Villa Katy, Sincelejo, uno de los líderes manifestóque a su mamá le había dicho algunos vecinos: “los de las luz estuvieronbuscando a tu hijo y estaban armados”. Estos hechos han afectado emocio-nalmente a los familiares del líder, quienes le insisten que abandone la zonay deje el proceso de resistencia, que salve su vida.


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- Personas desconocidas han interceptado a los líderes de barrios subnormalesen Barranquilla, para advertirles que “no se metan en problemas”.

- En la Costa, se ha generalizado la amenaza por parte de los funcionariosde la energía de retirárseles el transformador si no pagan. Las comunidadesestán cada vez más indignadas por el desconocimiento que esto significaen sus derechos. Además, en la mayoría de los casos estos transformadoresson propiedad de la comunidad.

3.6 Derechos y acuerdos internacionalesLas actitudes y acciones llevadas a cabo por Unión Fenosa en Nicaragua,

Colombia, Panamá y Guatemala, atentan contra lo dispuesto en la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y algunos pactos suscritos por los estados; enese sentido la Defensoría del Pueblo Colombiano57 en sus estudios ha determina-do la violación de los siguientes mandatos:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo3 reconoce que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a laseguridad de su persona” y en el artículo 25 dispone que “toda personatiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a sufamilia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, lavivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...)”.

- El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales consagra “el derecho de toda persona a un nivel de vidaadecuado para sí y su familia (…)”. Como complemento de lo anterior, laConvención de Viena de 1993 establece que los derechos humanos sonuniversales, interdependientes, indivisibles y están relacionados entre sí.Por lo tanto, los servidores públicos deben tratar los derechos “en formaglobal y de manera justa y equitativa en pie de igualdad, dándoles a todosel mismo peso (…)”.

Por otra parte, en el caso del Proyecto de Desviación del Río Ovejas al EmbalseSalvajina, Proyecto DROES, en el Cauca Colombiano, las acciones emprendidaspor EPSA de Unión Fenosa, atentan contra el bienestar y los derechos de las co-munidades negras e indígenas de la zona según lo establecido en el Convenio In-ternacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. El Convenio169 es un acuerdo internacional que han firmado los gobiernos de los países y eshasta ahora el único instrumento regulador internacional que reconoce a nuestrospueblos indígenas el derecho a nuestro territorio propio, a nuestra cultura e idio-ma, y que compromete a los gobiernos firmantes5858 Hasta la fecha los países que


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han ratificado el convenio 169 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, CostaRica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras, México, No-ruega, Países Bajos, Paraguay, Perú , Venezuela. Tomado: http://www.coica.org/sp/ma_resoluciones/convenio169_ratificacion_sp.html a respetar unos estándaresmínimos en la ejecución de estos derechos.

AAAAAclarclarclarclarclaración:ación:ación:ación:ación: Aún cuando en 1997 se archivó el proyecto DROES ante la nega-tiva expresada por las comunidades afectadas luego del proceso de consulta pre-via, según lo estipula el Convenio 169 de la OIT, la empresa EPSA, de UniónFenosa, actualmente insiste en la aprobación del proyecto por parte de las comu-nidades utilizando estrategias indebidas, tal como se enunció en el aparte de“Desprestigios y calumnias” de este mismo capítulo. Estas actuaciones en su con-junto se entienden como un desacato al respeto de la cultura y autonomía de losnegros e indígenas de la zona.

3.7 Negligencia- El Estado es el directo responsable de la problemática de la prestación del

servicio de energía eléctrica, pues desconoce su deber constitucional degarantizar a todos los habitantes el acceso a servicios básicos necesariospara una vida digna; por ello, debería exigir a las empresas privadas a lasque ha delegado esa obligación, igual responsabilidad.

- La negligencia de las instituciones estatales de regulación permite que enalgunos casos, aún cuando se esté violando la ley, Unión Fenosa puedaseguir operando sin ninguna amonestación.

- En el caso colombiano, la falta de atención del Estado con los habitantesde los barrios subnormales de la Costa, contraría el principio de igualdadprevisto en el artículo 13 de la carta constitucional, por el cual se debeotorgar protección especial a “aquellas personas que por su condicióneconómica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidadmanifiesta”.

GGGGGuatemalauatemalauatemalauatemalauatemalaAlgunos trabajadores de las empresas DEORSA y DEOCSA no se acercan a

leer las lecturas de los contadores, sino que calculan a su arbitrio el consumo,produciendo cobros excesivos.

3.8 Legislación laboralUnión Fenosa no ha respetado las convenciones colectivas de los sindicatos.


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Esto ocurrió en Guatemala, con la cancelación del contrato de cinco sindicalis-tas, sin presentar argumentos al respecto.

Además de esto, en Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia por medio de las bolsas de empleo que hansido creadas con capital de Unión Fenosa, como es el caso de Eulen, CooperativaAmiga, Micol, Soluziona, Ufinet y otras, contratan a sus trabajadores, sin ningúntipo de estabilidad laboral pagándole el salario mínimo así tenga grado profesional,se burlan de sus prestaciones sociales, ya que con la modalidad de contrato y lanecesidad de empleo, les pagan lo que les da la gana y le advierten que no puedenorganizarse ni afiliarse en ningún sindicato, trabajan mas de las 8 horas que establecela ley sin pagarles horas extras adicionales, haciendo una sobre explotación delrecurso humano de la clase trabajadora colombiana59.

Estas actuaciones representan una amenaza de incumplimiento por parte deUnión Fenosa del Convenio número 87 de la OIT, sobre la libertad sindical y laprotección del derecho de sindicación, que fue adoptado el 9 de julio de 1948 porla Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su trigé-sima primera reunión, y posteriormente entró en vigor el 4 de julio de 1950.

4. ACCIONES, LUCHAS, DIFICULTADES Y ALTERNATIVASEn general en todos los países donde la apertura económica posibilitó los

procesos de privatización, encontramos problemáticas relacionadas con la deficien-te prestación de los servicios públicos. En el caso de las regiones donde UniónFenosa presta sus servicios, las comunidades han reaccionado y han llevado a caboacciones tendientes a defender sus derechos y a reclamar las condiciones necesariaspara una vida digna.

Las comunidades más empobrecidas de Colombia, Nicaragua, RepúblicaDominicana y Guatemala enardecidas por la vulneración de sus derechos, por lamala calidad del servicio y por la inequidad en la prestación del servicio eléctricohan salido a las calles a protestar, se han plantado frente a las instalaciones de lasempresas prestadoras del servicio, han dejado de pagar por un servicio que no lesprestan pero que si les cobran, han alzado su voz a las instituciones de gobierno yorganismos internacionales, y en otros casos, en acción de protesta han llegado adesmontar y quemar los contadores de la luz.

Algunas acciones específicas y alternativas propuestas por las comunidades enlos países respectivos a este estudio se presentan a continuación:

NNNNNicaraguaicaraguaicaraguaicaraguaicaragua• Unión Fenosa debe respetar el marco de acuerdos adquiridos con la


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concesión y el gobierno, buscar la formación de un fondo de transición,como fuente para cubrir el reajuste que esa empresa está requiriendo, sintrasladarle al usuario más ajustes por concepto de energía. Ese reajuste setraduce luego en aumentos en precios de los otros servicios.

• Ante la falta de estrategias gubernamentales conducentes a impedir la crisisenergética que se está presentando en el país por el alza del petróleo, laLiga de Defensa del Consumidor propuso una serie de medidas: crear eimplementar un plan estratégico para el sector eléctrico, revisar y aplicarlos marcos regulatorios e institucionales existentes en el sector energía yque el gobierno intervenga en la definición de una política de precio establey de un adecuado subsidiado para el sector residencial. Eso implica hacerun estudio de los kilowats hora a consumir por las familias.

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombiaAnte la violación de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, las

comunidades se han movilizado para protestar por los abusos de las empresas prestadorasdel servicio de energía en la región, para conminar al Estado a garantizar los derechosfundamentales, para ganar la solidaridad internacional, y por otro lado, han adelantadointeresantes procesos de organización en nivel local, regional y nacional.

• MMMMMooooovilizaciones: vilizaciones: vilizaciones: vilizaciones: vilizaciones: millones de personas del Caribe colombiano han salidoa las calles a protestar porque tienen que escoger entre comprar víveres ysobrevivir, o gastar sus pocos ingresos en pagar las abusivas tarifas de energíaeléctrica que cobran las empresas de Unión Fenosa60

• IIIIInterposición de rnterposición de rnterposición de rnterposición de rnterposición de recursos: ecursos: ecursos: ecursos: ecursos: los usuarios y comunidades afectadas haninterpuesto recursos para detener las acciones indebidas de las empresas;han acudido a las personerías distritales, a la defensoría del pueblo, a lasuperintendencia de servicios públicos y a las mismas empresas. En variasocasiones, las empresas han sido multadas por violación de conducto yviolación de la ley.

• MMMMMedidas de hecho: edidas de hecho: edidas de hecho: edidas de hecho: edidas de hecho: después de años de problemas con la empresa, relacio-nados con la mala calidad de la electricidad, barrios enteros se han negadoa pagar su factura, hasta que se cumplan las condiciones mínimas deprestación de servicio. En esa situación se encuentran dos barrios enBarranquilla, desde hace varios meses.

• OOOOOrganización:rganización:rganización:rganización:rganización: las comunidades en el Caribe colombiano han entendidoque no pueden continuar ejerciendo las funciones de las empresaselectrificadoras, en detrimento de sus relaciones sociales, según ha venido


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sucediendo luego de la resolución 120 de la CREG y el Decreto 3735;por ello las comunidades han construido un proceso organizativo muyparticular denominado Atarraya Nacional en Defensa del Agua y la Energía.

La Atarraya Nacional se conforma mayoritariamente por representantes de losbarrios subnormales y de otros estratos de los departamentos de Atlántico, Sucre,Córdoba, Guajira, Bolívar, Cauca y Bogotá, y minoritariamente está conformadapor integrantes del sector sindical y organizaciones ambientalistas como CENSATAgua Viva.

Desde su creación en 2003, la Atarraya ha reclamado la sentencia de la CorteConstitucional61 que promulga:

“Todas las personas tienen derecho a la prestación de los servicios públicosdomiciliarios para alcanzar una vida digna. Por lo tanto, el Estado tiene la obligaciónde procurar a todos los habitantes, en forma igualitaria, las condiciones para llevaruna vida digna, superar la desigualdad y el atraso, mediante el acceso de todas laspersonas a dichos servicios.”

En ese sentido, en noviembre de 2004 la Atarraya Nacional convocó a sus inte-grantes a reunirse en la ciudad de Cartagena para lanzar oficialmente una CampañaNacional en Defensa del Agua y la Energía, derechos fundamentales para una vidadigna; al encuentro acudieron cientos de personas provenientes de los siete departa-mentos de la costa, con la particularidad de que los representantes de Lorica, Cór-doba, acudieron a la convocatoria en bicicleta tras un recorrido de 240 kilómetros,demostrando que son posibles otros estilos de vida, y de transporte, por supuesto.

Además, la Atarraya Nacional ha participado en diferentes espacios socialescomo el congreso nacional de usuarios de servicios públicos, el foro social Colombiadescentralizado y la tercera reunión de afectados por represas en Guatemala, dedonde surgió la iniciativa internacional de librar una campaña contra UniónFenosa, Endesa, Iberdrola y todas aquellas entidades que intenten apoderarse delagua y la energía.

Otra experiencia organizativa tuvo lugar en nivel nacional en 2005: unaconvocatoria nacional a las ligas de usuarios y demás organizaciones formadas entorno a la problemática de servicios públicos en el país, reunió cerca de 1500personas en el Distrito Capital; tres días de discusión y deliberación de propuestastrazaron una agenda de trabajo para la Unión Nacional de Usuarios de ServiciosPúblicos Domiciliarios, organismo creado en este mismo escenario.

Uno de los objetivos de la Unión Nacional es lograr identidad y unidad frentea la problemática de los servicios, para lograr mayor incidencia política en losestamentos gubernamentales.


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GGGGGuatemalauatemalauatemalauatemalauatemala- Se debe conformar una comisión que haga seguimiento de los encuentros

que abordan la lucha frente al Plan Puebla Panamá y a los Tratados deLibre Comercio. Eso permite una mejor coordinación de las acciones condiversas organizaciones locales, para incidir en políticas públicas, así comola formación de representantes comunitarios para defender el patrimonionatural de los países y exigir la consulta previa de las comunidades, antesde llevar a cabo cualquier contrato de concesión.

Existe una propuesta común de las comunidades frente a la problemática re-lacionada con la prestación del servicio eléctrico por parte de empresastransnacionales y otros privados, como es la renacionalización de la energía paraello se siguen juntando acciones que permitan esclarecer el camino a seguir.

5. CONCLUSIONES- Todas las empresas filiales de Unión Fenosa presentes en Latinoamérica

han enfatizado que su gestión tiene que lograr la suficiencia económica.Por esta razón, en todos los países se han empecinado en recuperar suinversión en el corto plazo y la forma más expedita es aumentar las tarifasdel servicio, en perjuicio de principios como la eficiencia y la solidaridad.

- Unión Fenosa viola de manera recurrente los derechos individuales ycolectivos, tanto de los trabajadores como de las poblaciones y comunida-des en las que presta el servicio.

- En los casos presentados existe una gran responsabilidad de los Estados,que han cedido a Unión Fenosa su obligación constitucional de prestar elservicio de energía eléctrica en condiciones igualitarias a todos losciudadanos. Unión Fenosa es una empresa privada cuyo objetivo en cuantotal, es su propio lucro y por tanto va en contravía de esa obligación.

- Las políticas de privatización han resultadas nefastas para los países, peroen especial para los sectores más vulnerables de la población, que han vis-to afectada su calidad de vida.

- Todos los Estados deben volver a nacionalizar sus empresas de servicios públi-cos o en su defecto, garantizar a todos los sectores de la población el acceso alagua y la energía como derechos fundamentales para una vida digna.

- Es importante prestar atención y proponer alternativas contundentes enel caso de Panamá y Guatemala, donde están establecidos los contratos deconcesión y sus prórrogas, puesto que la presencia de Fenosa según lalegislación podría tornarse eterna.


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- El Banco Mundial y el BID tienen un récord de desaciertos en suspropuestas a países en desarrollo, que en general rayan en la inconsecuencia.Mientras tanto, miles de dólares se gastan en estudios, asesores, que vienenúnicamente a reproducir sus recetas ya gastadas y nadie los haceresponsables de sus acciones. Las consecuencias de estas equivocadas recetas,como privatizar los recursos estratégicos, no importando a que costo, tienenque ser asumidas por quienes las imponen.

- De manera particular, la investigación de las operaciones de la transnacionalUnión Fenosa en Nicaragua y Panamá pone en evidencia una serie de ir-regularidades, abusos e ilegalidades de la empresa, que se resumen en lossiguientes resultados:

- Constantes incrementos de las tarifas del servicio eléctrico.- Incumplimiento de sus obligaciones de inversión para mejoramiento de

la red y aplicación de la cobertura.- Déficit en el acceso del servicio de energía eléctrica.- Deficiente calidad del servicio eléctrico.- Irregularidades en la prestación del servicio, como cortes injustificados.- Altos ingresos versus operación deficiente.- Con la perspectiva de construir un mercado eléctrico regional, a través del

proyecto SIEPAC, los gobiernos de la región intentan concluir el procesode reforma eléctrica en aquellos países donde se ha profundizado o reactivarloen aquellos donde se ha estancado (como en Honduras y Costa Rica).

Los impactos negativos provocados por las privatizaciones de la energía eléctricaen la región advierten además de los peligros del proyecto SIEPAC y de la incorporaciónde nuevas empresas transnacionales, la concentración a escala regional de los capitalesen el sector eléctrico. Con las experiencias tenidas hasta el momento con Unión Fenosa,se anticipa una multiplicación de esos impactos negativos.

- Energía Social es un modelo insostenible de Unión Fenosa: ha generadoenfrentamientos y por ende división de las comunidades, en detrimentode los valores culturales.

- La energía eléctrica es un bien básico para la vida, no como al parecer loentiende la Unión Fenosa, un bien de lujo al que solo pueden acceder laspersonas que tienen con qué pagarlo.

- Podemos afirmar que los procesos como la privatización de los serviciosestatales; al igual sucede con el tema de las concesiones, son procesos muyprolongados. Y en el caso concreto del proceso de privatización del serviciode energía eléctrica ha aumentado la crisis social y económica de la


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población guatemalteca; que no se entera de sus interioridades, así comotampoco conoce las posibilidades de detener este proceso.

- Nuestra considerable dependencia del petróleo es resultado, en buenamedida, de opciones de política, adoptadas en la década de los años 1990.En esos años, los bancos multilaterales - Banco Mundial y BID -suspendieron totalmente el financiamiento de inversión pública eninfraestructura energética.

En las décadas anteriores, habían sido los grandes financiadores de estasinversiones. Además de la suspensión, establecieron como “marco de política” quela inversión en este campo dependiera enteramente de la “atracción de inversiónextranjera”, particularmente a través de procesos de privatización de lainfraestructura y las empresas estatales, y del otorgamiento de concesiones.

6. BIBLIOGRAFIAGOMEZ Ana E. y CORONADO Jorge. Unión Fenosa en América Central: Caso Nicaragua y

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NOTAS

1 Información suministrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, España. CENSAT AguaViva, Colombia y la organización INCIDENCIA, El Salvador. Marzo de 2006

2 El margen de contribución es la diferencia entre los ingresos y los costos variables (costes de venta y losgastos comerciales).

3 Informe Anual Unión Fenosa, 2004, Pág. 1554 Ibid, Pág. 138.5 Ibid, Pág. 1436 http://www.unionfenosa.es/webuf/ShowContent.do?contenido=RSC_02_01&audiencia=1. Consultada el

6 de marzo del 2006.7 Documento de Gobierno Corporativo de la empresa ACS, 2004.8 El Mundo. 6 de marzo de 2005.9 Documento de Gobierno Corporativo de la empresa ACS, 2004.10 GAUDIN, Christine. CONGCOOP. Unión Fenosa en Guatemala, 2006.11 MARTINEZ, IVAN. Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad – – – – – CEIBA. “Privatización

del servicio de energía eléctrica y su impacto en los derechos de los usuarios en Guatemala” - Caso UniónFenosa. Marzo de 2006.

12 La actividad de comercialización ha surgido recientemente como resultado del proceso de reformas.


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13 Los restantes tres departamentos de Guatemala (Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez) son abastecidos deelectricidad por la Empresa Eléctrica de Guatemala, la que a su vez es subsidiaria de la también españolaIberdrola, que opera la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA).

14 Fuentes Informe del Presidente del Banco de Guatemala al Congreso de la República.15 Constitución Política de la Republica. Articulo 118. Principios del Régimen Económico nacional.16 Articulo 129: Electrificación. Constitución Política de la República. 1985.17 Agentes del Mercado Mayorista: son los generadores, comercializadores, distribuidores, importadores ex-

portadores y transportistas cuyo tamaño supere el límite establecido por el reglamento de esta ley. Decre-to No. 93-96. Articulo 7.

18 Ley General de Electricidad, Decreto No.93-96. Artículo 6.19 Prensa Libre. 06/07/05. Pag. Cuestionan Eficiencia de DEOCSA20 ibidem. Artículo: 4 inciso c.21 Artículo 44 inciso b. Ley General de Electricidad.22 Anexo 13 Índice de Electrificación y número de osarios por distribuido 1999-2002.23 Nuestro Diario. 24/10/04. Pag. 11 Opiniones.24 Entrevista del 9 de febrero de 2006.25 Fuentes del mismo estudio de CEPAL .26 Fuente Inforpress CA edición 1627 fecha 30/09/2005.27 Concesionar los servicios que Unión Fenosa debería prestar con personal propio, a otras empresas nacionales

o transnacionales.28 Entrevista con sindicalista de Unión Fenosa.29 GOMEZ Ana y CORONADO Jorge. Unión Fenosa en América Central: Caso Nicaragua y Panamá.

Centro de Defensa del Consumidor. El Salvador, 200630 CEPAL, “Istmo centroamericano: estadísticas subsector eléctrico, 2004”31 Capitulo X de la Ley de la Industria Eléctrica.32 GOMEZ Ana y CORONADO Jorge. Unión Fenosa en América Central: Caso Nicaragua y Panamá.

Centro para la Defensa del Consumidor. El Salvador, 200633 Esto no significa que la transnacional no tenga en su haber una suma de constantes violaciones al marco

normativo y de abusos al interés de los usuarios.34 El IRHE fue constituido el 30 de julio de 1969, mediante el Decreto de Gabinete N° 235.35 CEPAL, “Istmo centroamericano: estadísticas subsector eléctrico, 2004”36 Ministerio de Economía y Finanzas - Comisión de Política Energética - COPE / MEF37 SOLER, Juan. Unión Fenosa en Colombia: Privatización y exclusión en el sector de la energía eléctrica.

CENSAT Agua Viva. FoE Colombia, 200638 Memorias del Ministerio de Minas y Energía al Congreso de la República. 2004 - 200539 Entrevista realizada en las instalaciones de Unión FENOSA en Bogotá D.C. Marzo 11 de 200640 ORTEGA, M; SOLER, J.P.; CAÑELLAS, S. VOCES OLVIDADAS: El servicio público de electricidad

en los barrios subnormales de la costa Caribe colombiana. ODG - CENSAT Agua Viva. Colombia, marzode 2006

41 Personería Distrital de Cartagena, Colombia. Organización del régimen de los servicios públicos enColombia. 2003.

42 Ibid.43 RINCON, Martha. Seguimiento social en el Caribe colombiano a la Corporación Unión Fenosa. CENSAT

Agua Viva. Colombia, 200444 ORTEGA, M; SOLER, J.P.; CAÑELLAS, S. VOCES OLVIDADAS: El servicio público de electricidad en los

barrios subnormales de la costa Caribe colombiana. ODG - CENSAT Agua Viva. Colombia, marzo de 2006.


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45 Ibid.46 RINCON, Martha. Seguimiento social en el caribe colombiano a la Corporación Unión Fenosa. CENSAT

Agua Viva. Colombia, 200447 RINCON, Martha. Seguimiento social en el caribe colombiano a la Corporación Unión Fenosa. CENSAT

Agua Viva. Colombia, 200448 Apartes de la entrevista a un líder: Memorias del proceso organizativo de la Costa Caribe alrededor de los

servicios públicos. 200449 Empresas consideradas en la comparación. Zona atlántica: ELECTRICARIBE Y ELECTROCOSTA. Zona

Pacífica: EMCARTAGO, EPSA, ELECTROCHOCÓ, DISPAC, CEDELCA, CEDENAR, CETSA,SIBUNDOY, EMCALI, EMDEP, PUTUMAYO y EEBP. Zona Cafetera: EDEQ, YARUMAL,MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, EEPPM, EEP, EADE Y CHEC. Zona Centro: EEC,ELECTROCAQUETA, ELECTROLIMA, ENERTOLIMA, EMSA, CODENSA Y ELECTROHUILA.Zona Nororiental: RUITOQUE, ENELAR, EBSA, ESSA Y CENS.

50 El sacerdorte Cyrillus envia queja a Electricaribe. El Tiempo. 21 de mayo de 2003.51 Presentación Unión Fenosa. Bogotá D.C. Marzo 11 de 200652 Entrevista con el Vicepresidente de Unión Fenosa. Marzo 11 de 2006.53 Personería Distrital Cartagena. Organización del régimen de los servicios públicos en Colombia. 2003.54 RINCON, Martha. Seguimiento social en el caribe colombiano a la Corporación Unión Fenosa. CENSAT

Agua Viva. Colombia, 200455 Carta dirigida a la Comisión Internacional Solidaridad Reino Unido y Gallega. Sintraelecol – Bolívar.

Cartagena, Colombia. Febrero 14 de 2003.56 Comunicado de prensa Atarraya Nacional en Defensa del Agua y la Energía. Febrero de 2005.57 Resolución Defensorial No.29 de 2004. Defensoría del Pueblo. Inadecuada prestación del servicio

domiciliario de energía eléctrica en siete departamentos de la Costa Atlántica.58 Hasta la fecha los países que han ratificado el convenio 169 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa

Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Noruega, Países Bajos, Paraguay,Perú , Venezuela. Tomado: http://www.coica.org/sp/ma_resoluciones/convenio169_ratificacion_sp.html

59 Carta dirigida a la Comisión Internacional Solidaridad Reino Unido y Gallega. SINTRAELECOL – Bolívar.Cartagena, Colombia. Febrero 14 de 2003.

60 Resolución Defensorial No.29 de 2004. Defensoría del Pueblo. Inadecuada prestación del serviciodomiciliario de energía eléctrica en siete departamentos de la Costa Atlántica.

61 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-406 de 1992, T- 570 de 1992, T- 578 de 1992.


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“UMA ARANHA NA TEIA”

ALGUNS ASPECTOS DA POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR DA UNIÃO EUROPÉIA

ANA SAGGIORO GARCIA1 (IRLS - BRASIL)

O livre-comércio traz crescimento econômico e com ele o desenvolvimento socialdos países. Esta tese apresentada pelas potências hegemônicas dos últimos dois séculos– que praticaram fortemente o protecionismo nos seus setores mais frágeis para, de-pois de preparados, propagarem o livre comércio no mundo – foi diversas vezes vee-mentemente rebatida na prática de áreas e acordos de livre comércio vigentes no con-texto neoliberal dos anos 1990. A conhecida teoria das vantagens comparativas de DavidRicardo, base do livre comércio mundial até hoje, surge precisamente no contexto doimperialismo inglês (hegemonia britânica), após um longo período protecionista quan-do a indústria pôde se preparar para a grande revolução industrial burguesa. A Ingla-terra utilizava então um forte discurso em prol da livre circulação de mercadorias semtarifas e aduanas para explorar sem limites os recursos nas colônias e revendê-los jámanufaturados a outros países europeus. Os EUA retomaram o discurso hegemônicodo livre comércio logo após a crise econômica dos anos 1930, mas principalmenteapós a segunda guerra mundial, quando se afirmaram como poder hegemônico, ape-sar de ameaçados pela União Soviética. A Comunidade Européia surge neste período,tentando consolidar um mercado interno comum num contexto de destruição pós-guerra e pressionada entre as duas potências da Guerra Fria. A política de comércioexterno da UE é desde então marcada por uma constante maratona de concorrênciacom os EUA para conquistar mercados.

Enquanto que nos anos 1960 e 70, por conta de sua fraca consolidação inter-na e pouco poder tecnológico, esta tentativa de alcançar o poder hegemônico foifrustrada, a maratona com os EUA é retomada com mais força com o fim da GuerraFria e com a nova ordem econômica internacional denominada neoliberalismo.Nos anos 1990, a criação da Organização Mundial de Comércio (OMC), prove-niente do GATT (General Agreement on Trade and Tarifs), estende o conceito delivre comércio não só à livre troca de bens agrícolas e manufaturados. A grande


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inovação desta nova fase de acumulação capitalista é promover a negociação deregras comuns para todos os países envolvidos nas áreas de serviços, propriedadeintelectual, investimentos, compras governamentais, concorrência, etc. Estas re-gras comuns desconsideram os diferentes níveis de desenvolvimento e pobreza decada país e são fundadas puramente nos interesses corporativos das grandestransnacionais. Os acordos da OMC assim como as zonas de livre comércio regi-onais passam assim a intervir diretamente na legislação dos Estados Nacionais,facilitando a entrada de capital e empresas estrangeiras e criando um ambiente deinvestimentos totalmente favorável à atuação das multinacionais, em detrimentodos direitos dos povos, ambientais, trabalhistas e humanos.

A UE é um dos principais atores neste contexto. Ela propaga uma imagemdiferente da dos EUA. Seria o berço da cultura ocidental, dos valores democrá-ticos e humanistas provindos do iluminismo, e criadora de um capitalismohumanizado com o Estado de Bem-Estar Social. Este artigo visa desfazer estaimagem e demonstrar que a UE em termos de política de comércio exterior (bemcomo em sua política de mercado comum interno e concorrência) quer dispu-tar mercados, explorando países periféricos para acumulação de capital de suasempresas. Está à frente desta exploração na área de serviços, principalmente deserviços ligados a recursos naturais como a água, e em muitas áreas de investi-mentos, ligados aos processos de privatização. Visa nas negociações comerciaisa abertura de mercados para seus produtos competitivos, a reestruturação deregras para serviços e investimentos assim como na área de compras governa-mentais, para que suas empresas possam atuar sem empecilhos. Como uma ara-nha no centro de uma teia de acordos comerciais, a UE hoje está enredada emmais tratados bilaterais do que os EUA2. Como se organizam os países que com-põem a UE para realizar uma política externa e de comércio externo comum,como atuam na ordem comercial internacional vigente e que tipo de acordoscomerciais foram selados por ela até hoje são temas que serão abordados nostópicos aqui contidos.

1. Atores envolvidos e distribuição de competências na política comercial da UEDe acordo com os tratados de Amsterdam (1997) e Nice (2001), a política

comercial é tarefa comum da UE e não de cada Estado-membro. Ela segue umaunidade de princípios na área de negociações tarifárias e aduaneiras, bem comona assinatura de tratados comerciais. O objetivo desta política comum é a unida-de nas medidas de liberalização e exportação, assim como em mecanismos de pro-teção comercial como o dumping e subsídios.


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A competência para conduzir as negociações é da Comissão Européia. O Con-selho Europeu deve, no entanto, aprovar a condução das negociações comerciaiscom países, blocos ou nas organizações multilaterais. Além disso, a Comissão deveconsultar o chamado Comitê 133 (baseado no artigo 133 dos tratados europeus),que é indicado pelo Conselho. Este comitê é constituído por especialistas em di-versas áreas comerciais e estão extremamente expostos à influência de grupos eco-nômicos de interesse. Apesar de cada Estado-membro poder influenciar indireta-mente a política comercial por meio de sua representação no Conselho e no Comitê,ela compete exclusivamente aos órgãos comuns da UE, especialmente à Comis-são, e não a cada membro individual.

Caso tivesse sido aprovado o tratado constitucional europeu – que foi porenquanto posto de lado após as negativas nos referendos na França e Holanda –esta divisão de competências entre UE e Estados-membros na área de políticacomercial teria sido modificada no sentido de maior concentração de poder naUE. Antes do Tratado de Nice (2001), a comunidade européia e cada um de seusmembros tiveram que ratificar juntos a Rodada do Uruguai (que culminou nofim do GATT e criação da OMC), porque muitos aspectos do tratado sobre ser-viços (GATS) e regras comerciais de propriedade intelectual (TRIPS) não se en-quadravam no marco do artigo 133 (que regula a política comercial comum) dotratado europeu3. Com o Tratado de Nice, as negociações e fechamento de trata-dos nas áreas de serviços e patentes tornaram-se competência da política comercialconjunta. Porém, constituíam exceções os serviços culturais, audiovisuais, de edu-cação e de saúde. Estas áreas foram mantidas como competência dividida entreUE e cada Estado-membro. A área de investimentos, determinada em outro arti-go, também foi mantida como competência dividida. O tratado constitucionalteria mudado novamente esta estrutura: o comércio com produtos, serviços, pa-tentes e investimentos caberia às instituições da UE exclusivamente, desaparecen-do assim a cláusula de exceção para serviços culturais, audiovisuais, de educação esaúde. Esta mudança teria tido conseqüências para a ratificação de tratados inter-nacionais, pois estes poderiam passar a ser ratificados exclusivamente pela UE seminterferência direta dos Estados Nacionais (Krajewski 2003). As populações emcada país teriam, portanto, menos possibilidade de controle democrático e fisca-lização destes tratados e negociações.

De acordo com o Tratado de Nice, cada parlamento nacional deve ratificar asnegociações comerciais que contenham investimentos e serviços culturais,audiovisuais, de educação e saúde. Posto que estas áreas são normalmente partede um grande pacote de negociações, os parlamentos têm que, no final, ratificar


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todo o tratado. Já com o novo tratado constitucional, todas as competências divi-didas seriam de competência da UE. Os parlamentos nacionais seriam, assim,completamente excluídos dos futuros tratados bilaterais e na OMC, reduzindoassim seu poder de influência.

Uma outra modificação que o tratado constitucional, se tivesse sido aprova-do, teria trazido seria a divisão de competências entre Comissão e ParlamentoEuropeu (PE), mas desta vez no sentido de maior participação do parlamento nasnegociações comerciais. Seu papel em questões comerciais ficou praticamenteinsignificante nos tratados de Amsterdam e Nice, visto que este parlamento nãotinha poderes para ratificar tratados comerciais, com exceção da conclusão daRodada do Uruguai e da criação da OMC, que tiveram que ser ratificadas por ele,porque uma cláusula especial sobre a implementação de um novo marcoinstitucional obrigava a isto. Mesmo assim, os tratados e as negociações agora vi-gentes na OMC não seriam ratificados pelo PE. Com o tratado constitucional, oPE teria ganho um papel maior: a Comissão ficaria obrigada a pedir a aprovaçãodo PE para as políticas comerciais comuns. Também estaria obrigada a informá-lo regularmente sobre a situação das negociações.

Mais uma mudança teria ocorrido com a aprovação do tratado constitucio-nal, desta vez com relação às regras de voto dentro do Conselho Europeu. Tradi-cionalmente, as decisões são tomadas por maioria. No tratado de Nice, no entan-to, decisões sobre questões de serviços e patentes passaram a ter que ser tomadaspor unanimidade. Já que serviços culturais, audiovisuais, de educação e saúde aindasão competência dividida, o fechamento das negociações nestas áreas tem que seruma espécie de “acordo comum” entre todos os Estados-membros, ou seja, deveser decidido por unanimidade no Conselho. Com o tratado constitucional, noentanto, somente serviços relacionados com a circulação de pessoas (modo 4 doGATS) e aspectos comerciais das regras de patente deveriam ser votados por una-nimidade. Também é pedida unanimidade no caso de serviços culturais eaudiovisuais, se estes objetos de negociação prejudicarem a diversidade cultural elingüística da UE. Isto, no entanto, ainda não estava especificado no texto de leie ficava sujeito a interpretações. No geral, pode-se concluir que o marco para vo-tação por unanimidade no Conselho seria reduzido, reduzindo assim o poder deinfluência de cada Estado-membro individualmente (ibid.).

Pode-se dizer resumidamente que o tratado constitucional europeu teria cen-tralizado ainda mais a política comercial nos órgãos da UE e reduzido a influênciados Estados-membros. Ao mesmo tempo, o papel do Parlamento Europeu teriasido fortalecido com a constituição. Cabe assim perguntar se o fortalecimento do


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PE poderia compensar o enfraquecimento dos parlamentos nacionais4. Mesmonão tendo sido aprovado, graças à participação popular nos referendos na Françae na Holanda, esta tendência permanece. Tendo em vista as posições comerciaisliberais da Comissão até agora, e o grande envolvimento dela com grupos econô-micos por meio do comitê 133, pode-se esperar com este aumento de poder daComissão um empurrão em direção a mais liberalização em áreas sensíveis até agoraprotegidas, como dos serviços públicos básicos, regras de patente, assim como umafraca proteção aos direitos trabalhistas e de meio ambiente na legislação de inves-timentos.

A estrutura de competências da UE para negociações comerciais permanece,portanto, a mesma: a Comissão negocia com base nas diretrizes gerais do Conse-lho e em consulta ao chamado Comitê 133, e o Conselho aprova o resultado dasnegociações conduzidas pela Comissão. O PE é depois solicitado a aprovar, caso otratado estabeleça um novo marco institucional, como foi o caso da criação daOMC.

Apesar de ser sabido que nas negociações de livre comércio grupos econômi-cos e lobbies industriais e agrários desempenham um papel decisivo nas decisõesgovernamentais, uma estrutura interessante constitui o poder “oficial” e estabele-cido de grupos econômicos dentro da União Européia no Comitê 133. Por meiodele, a Comissão trabalha intensamente com grupos lobbystas como a EuropeanEmployers Council (UNICE) e a European Service Forum (ESF), que exercem grandeinfluência sobre as estratégias de negociação da UE por meio do comitê. Nas con-ferências ministeriais da OMC, por exemplo, vêm defendendo que a UE apoian-do-se nos temas de Cingapura5, não atenda às reivindicações do grupo de paísesem desenvolvimento. A European Roundtable of Industrialists (ERT) pede publi-camente que a UE não abra mão de seu compromisso com o livre comércio glo-bal no nível multilateral, ou seja, na OMC (Wesselius 2004). Grupos de interesseeconômicos agem com tradicional pragmatismo: ao mesmo tempo em que dãoprioridade às negociações multilaterais, encorajam a UE a utilizar tratados bilate-rais e bi-regionais como ferramenta complementar para assegurar o acesso a mer-cados às transnacionais européias. No caso das negociações bi-regionais com oMercosul, o chamado Mercosul–European Business Forum (MEBF), que é com-posto pelas principais empresas multinacionais dos dois blocos, desempenha umimportante papel no Comitê 133 mediante recomendações e consultas com osnegociadores designados (Torrelli 2003).

O papel de sindicatos, organizações de direitos humanos e ambientais é mui-to pequeno. Talvez houvesse a possibilidade de uma maior margem de influência


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graças à abertura de espaço para o Parlamento Europeu. Por meio dele, estas orga-nizações poderiam encaminhar suas demandas. Isto, no entanto, é incerto. A de-manda por transparência nas negociações comerciais internacionais é de grandeimportância, para que se possa conhecer a política comercial da UE em detalhe.Até agora as negociações da UE assim como as consultas ao Comitê 133 são ca-racterizadas pela falta de transparência e envolvimento das instituições nacionaise européias com grupos econômicos.

2. UE como “Global Player”: histórico e princípios da política de comércioexterior

A UE quer ser um ator global e concorre com os EUA pelo acesso aos mercadosdos países periféricos. Na sua política comercial, a Comissão Européia segue o pro-jeto neoliberal de liberalização em diferentes níveis: multilateral na OMC, regionalcom grupos de países em desenvolvimento e bilateral com Estados individuais. Ten-ta obter de seus parceiros diversas concessões nas áreas de regras (como serviços,investimentos, compras governamentais, patentes), mas sem fazer concessões na-quelas áreas onde é mais vulnerável, como a agrícola. Usando a metáfora de Schilder(2005b), a UE vai trocando de pistas como numa auto-estrada, ultrapassando asnegociações que vão mais lentas, para chegar ao seu objetivo final. Esta estratégia sópode ser concebida num contexto de uma “maratona” de concorrência com os EUA.

Segundo Mazier (2004), a UE se encontrava nos anos 1980 perante um du-plo desafio: a política comercial conjunta deveria construir para dentro, com aeliminação de barreiras tarifárias, um mercado comum eficiente, e para fora, daruma identidade comum à UE nas negociações internacionais. O fomento da aber-tura de mercados e do livre comércio era seu principal objetivo. Com aimplementação do mercado interno comum, muitos avanços unilaterais foramfeitos no sentido de abertura dos próprios mercados e de liberalização dos servi-ços públicos internos, sem que seus principais concorrentes, os EUA e o Japão,também tivessem feito concessões neste sentido. A Europa mostrava muitas defi-ciências em comparação aos EUA, principalmente um fraco desenvolvimento naárea de alta tecnologia (que nos EUA se desenvolveu muito, no contexto datecnologia militar da Guerra Fria). Uma causa disto era a concorrência entre ospaíses, os setores comerciais e as empresas européias, que não eram solidárias en-tre si e nem se complementavam, concorrendo em várias áreas. Outro problemafoi a relação pouco clara entre política comercial, que é competência comum, epolítica externa, que permanecia de natureza governamental em cada país. Emoposição aos EUA, onde política externa e comercial eram inteiramente interliga-


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das, essa diferença levou a uma posição mais fraca da UE no comércio mundial(ibid.).

Com a criação da OMC nos anos 1990, uma nova ordem de política comer-cial internacional foi institucionalizada. Teoricamente todas as medidas comerciaisunilaterais deveriam acabar. Apesar de os EUA nunca terem desistido de medidasunilaterais, estas agora estavam submetidas a um fórum de arbítrio multilateral.Regras padrão (standard), compras governamentais e patentes sempre foram usa-das por países ricos, principalmente pelos EUA, para fomentar e proteger a pró-pria indústria. Graças a sua unidade de mercado e sua poderosa administraçãopolítica, os EUA conseguiram uma importante posição no comércio mundial.Programas militares astronômicos desenvolveram e fomentaram pesquisa em altatecnologia. A UE, de seu lado, não conseguiu desenvolver programas de fortaleci-mento de regras públicas e fomento de áreas de alta tecnologia. De acordo comMazier (2004), as instituições da UE simplesmente confiaram na lógica neoliberalde livre mercado e concorrência, abdicando de criar instituições públicas fortes ede aplicar medidas políticas concretas, intervindo nesta situação.

Por meio da expansão e consolidação das leis de direito autoral e patentes, osEUA construíram um mecanismo de proteção para sua própria indústria. A cha-mada “seção especial 301” da Lei sobre Propriedade Intelectual possibilitou a con-solidação da lei de patentes da indústria estadunidense também nas negociaçõesinternacionais. O tratado de Marrakesh da OMC impôs os padrões e expandiu asregras de patentes a todos os seus membros. Com isso, os EUA puderam elevar ovalor agregado da sua tecnologia de informação e pesquisa biotecnológica, queera muito mais avançada que a de todos os outros países. A UE, que já era maisfraca em relação a pesquisas tecnológicas, também ficava para trás na área de pa-tentes. Não havia unidade dos Estados-membros em relação às regras de patentese aos custos para patentear (ibid.).

Em relação aos países mais pobres e “em desenvolvimento”, as grandes empresasestadunidenses e européias passaram a concorrer lado a lado pelos mercados por meioda abertura de mercados forçada desde a criação da OMC, desregulamentação eprocessos de privatização na forma de investimentos externos diretos. Na OMC, aUE e os EUA forçaram regras e instituições universais, como as de patentes e ostemas de Cingapura. Apesar dos efeitos negativos das regras de patente sobre, porexemplo, o sistema de saúde nos países em desenvolvimento, a UE se posicionou aolado dos EUA na proteção dos interesses da indústria farmacêutica. A UE apostounas negociações em regras de serviços, concorrência e investimentos, que melhora-riam a posição das multinacionais européias, vedando qualquer fomento à indústria


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nacional assim como às leis sociais, trabalhistas e de proteção ao meio ambiente nospaíses pobres. Também permaneceu firme nas negociações sobre regras de produ-ção e comercialização universais para todos, sem considerar os diferentes níveis dedesenvolvimento e condição de cada país, e sem fazer concessões na área agrícola,que é de maior interesse destes países (ibid.). Uma primeira concessão foi feita naúltima reunião ministerial da OMC em Hong Kong, em dezembro de 2005, ondefoi estipulado um prazo para o fim dos subsídios agrícolas. No entanto, como é sa-bido, não existe “caridade” nas relações puramente comerciais; mais vale dizer queos países ricos estão cedendo um pouco para ganharem muito mais em concessõesde áreas que são de seu interesse, principalmente serviços, investimentos e patentes.

Comércio AgrícolaO tratado de Maastricht (1992) estipulava que todas as medidas políticas da

UE que atingissem os países em desenvolvimento deveriam ter em vista objetivosdesenvolvimentistas. Estes eram, entre outros, o fomento do desenvolvimento sociale sustentável, a luta contra a pobreza e a inserção dos países em desenvolvimentona economia mundial. No entanto, muitas das políticas comerciais da UE nãocorrespondem aos interesses e às necessidades dos produtores locais, ao contrário,atingem os produtores mais pobres e principalmente mulheres no campo nos paísesperiféricos. Segundo Reisen (1999), a UE enfrenta uma contradição permanente.Se, por um lado, solicita a liberalização do comércio e força países em desenvolvi-mento a aderirem às negociações por mais abertura, por outro, protege os interes-ses de seus agricultores e exportadores, principalmente por meio da Política Agrí-cola Comum (PAC), o que impede o aumento do volume de importação deprodutos provenientes destes países. Portanto, enquanto o “sul” é forçado a libe-ralizar, a UE não abre mão de seu protecionismo. Pratica o cinismo dos paísesricos: para fora exigem a liberalização do comércio e forçam a abertura de merca-do naquelas áreas onde têm plena vantagem de competição; para dentro praticamo protecionismo e protegem seus mercados agrícolas, exatamente onde os paísesem desenvolvimento teriam uma vantagem comparativa. Como já foi dito, o dis-curso das potências hegemônicas em prol do livre comércio quase nuncacorrespondeu a suas práticas: o “livre comércio” foi historicamente posterior a umprotecionismo ancorado de seus setores mais frágeis, o que condicionou a capaci-dade competitiva destes países.

A PAC tem grandes efeitos negativos para a segurança alimentar dos paísesem desenvolvimento. Aumenta a produção agrícola na UE, financia a exportaçãodestas commodities e força com isso a baixa do preço no mercado mundial. Peque-


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nos agricultores no “sul” são jogados para fora do mercado pelos grandes produ-tores europeus. Grandes produtores no “sul”, entretanto, sobrevivem à concor-rência. Isto leva à maior concentração de terra e dependência dos países periféri-cos da produção e exportação de produtos primários. Os lucros provindos daexportação destes produtos não são redistribuídos e nem investidos em um de-senvolvimento rural social e sustentável. A agricultura voltada para a exportação,portanto, não beneficia a agricultura familiar; mais que isso, as divisas da exporta-ção são usadas para o pagamento da dívida externa para as organizações financei-ras e bancos em moeda forte, ou seja, dólares. Produtos agrícolas sofrem por ou-tro lado uma grande variação de preço, o que novamente causa problemas nabalança comercial. Além disso, o meio ambiente é destruído com a monocultura,e a concentração de terra e poder nas mãos de latifundiários é ainda mais acirrada.

ServiçosA Comissão Européia mostrou-se a maior defensora do processo de liberalização

de serviços. No marco da rodada do Uruguai, o comércio de serviços tornou-semais importante para os países ricos do que o comércio com produtos, que teriaum lucro esperado de somente 1,7% do PIB em 2015 (Mazier 2004). Na OMC,a liberalização de serviços é negociada em um acordo separado, o GATS. Os paí-ses ou blocos demandam de outros a liberalização de certos setores; em uma pri-meira fase (“requests”) requerem de outros a liberalização destes setores específi-cos, em uma segunda fase (“offers”), os negociadores oferecem a liberalização desetores em seus países como troca.

As demandas e propostas de liberalização da UE no marco do GATS são traba-lhadas em salas fechadas, ou seja, não são democraticamente discutidas com o pú-blico. Assim como todas as negociações comerciais conduzidas pela Comissão, opúblico não tem qualquer acesso. As poucas informações que “vazaram” mostraramque a UE exigiu a liberalização de diversos setores como serviços autônomos, deconstrução civil, comerciais e financeiros, turismo e transporte. Preocupante é orequerimento feito pela UE a países em desenvolvimento para a liberalização deserviços ainda protegidos pelo Estado como correios e telecomunicações, recolhi-mento de lixo e reciclagem, assim como serviços ambientais de água e energia. Elaexigiu a 72 de 109 países que submetessem seus serviços públicos de água e esgoto(na maioria das vezes fornecidos pelos municípios) às regras da OMC (Joy 2004).Na verdade, o acordo GATS tem sido uma importante “arma” das corporações eu-ropéias (e instituições que as representam) para conquistar novos mercados nos paí-ses pobres, disfarçando-se de “agenda do desenvolvimento”. Segundo a própria


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Comissão Européia, o maior objetivo da UE na negociação sobre serviços é alcançarum real e significativo acesso a mercados para provedores de serviços europeus, prin-cipalmente os “ambientais”. São as multinacionais européias de água as primeirasnos grandes negócios ambientais. A Comissão assume que seu objetivo é a expansãode mercados para as multinacionais da água, e não o desenvolvimento e combate àpobreza, como muitas vezes é propagado. A liberalização de um elemento essencialpara a vida, como é a água, demonstra a busca por lucros e não por uma “agenda dodesenvolvimento”.

O debate determinado pelas negociações na OMCDepois do “fracasso de Cancun” em setembro de 2003, o multilateralismo da

OMC foi posto em oposição ao bilateralismo dos tratados de livre comércio einvestimentos. Visto que os tratados bilaterais não só correspondem às regras daOMC, como também vão além delas no sentido de mais liberalização, esta supos-ta contradição entre “multi e bilateralismo” é enganosa. Podem ser tratados comocomplementares, ou seja, o que não é obtido na OMC na velocidade desejada, étentado pela via bilateral. Ambas vias de liberalização se baseiam em livre comér-cio, divisão internacional do trabalho para aumento da produção e exportação,direitos ampliados a investidores estrangeiros e desmantelamento de mecanismosde proteção estatal para fomento do desenvolvimento nacional. As condições esituações sociais, de produção e ambientais não são suficientemente consideradasnas negociações em ambas as vias e nem são priorizadas como pré-condição paraqualquer acordo comercial.

A nova tendência ao comércio entre países periféricos (comércio “sul-sul”)poderia ser considerada como alternativa à OMC e aos acordos com países ricos,se não seguissem os mesmo princípios de livre comércio, o que não é o caso naampla maioria das vezes. O aumento do comércio entre países em desenvolvimentoé, no entanto, usado como instrumento político e simbólico para entrar com maiorfirmeza em negociações com países ricos. Até agora, os acordos comerciais “sul-sul” não lograram ser uma alternativa econômica e uma saída em direção a umanova ordem comercial justa, que invertesse a correlação de forças no sistema delivre comércio e suprisse a divisão internacional do trabalho vigente.

Na OMC, segundo Bello/Kwa (2004), “the EU plays divide-and-rule”, divi-dindo o grupo dos países em desenvolvimento para impor os temas de Cingapura,recusados por estes na reunião em Cancun. A Índia e o Brasil concordaram emacelerar suas propostas de liberalização na área de serviços como compensação às(pequenas) concessões das potências hegemônicas na área agrícola. Os dois países


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outrora quiseram se perfilar como lideranças “do sul”, mas representam funda-mentalmente os interesses dos grandes exportadores agrícolas internos e não inte-resses dos paises mais pobres.

Não só os EUA apressaram as negociações bilaterais desde Cancun. Tambéma Comissão Européia como poder central da política comercial da UE deu segui-mento com mais ênfase a seu próprio projeto de desregularização e liberalização,não somente no âmbito da OMC, mas ao mesmo tempo em processos bilateraise bi-regionais. De acordo com Fuchs/ Schilder (2004), a UE se apóia como umaaranha no centro de uma teia em acordos comerciais. Nestes acordos tenta obterexatamente o que estava emperrado na OMC, já que os países em desenvolvi-mento têm uma posição mais fraca quando negociam sozinhos com países ricos.Estes acordos contêm temas divergentes na OMC, como os de Cingapura. Fre-quentemente neles é negociada a liberalização de serviços e patentes que vão alémdo que é negociado no marco do GATS e do TRIPS. Assim, estes acordos bilate-rais de livre comércio e investimentos podem ser chamados de “OMC plus”.

3. Uma aranha na teia: a UE enredada em acordos bilaterais e bi-regionaisde livre comércio e investimentos

A UE persegue uma estratégia em vários níveis para pressionar seus parceirosde negociação, principalmente os países em desenvolvimento. Enquanto faz con-cessões e avanços no nível bilateral, por exemplo, nas negociações com o Mercosul,mantém seus objetivos maiores como prioridade e interliga os processos bilateraisàs negociações multilaterais. Vai ultrapassando e trocando de vias para chegar maisrapidamente a seu objetivo, que é a ampla liberalização de comércio e investimen-tos com proteção máxima dos seus interesses econômicos. Assim, a UE é, na áreaagrícola, menos liberal que em outras áreas. Esta estratégia não deve ser interpre-tada como alternativa à via multilateral. Como já foi dito, acordos bilaterais e bi-regionais são complementos e não alternativas aos multilaterais, já que ultrapas-sam as regras da OMC. Muitas vezes são usados como um “teste” político – umdos argumentos do governo brasileiro nas negociações da Alca é, por exemplo,que estaria disposto a fazer concessões como tem feito à UE, e que por isso a culpano impasse das negociações é dos EUA – ou até ameaça aos países em desenvolvi-mento “relutantes” (como foi o caso da ameaça dos EUA e da UE aos países queformaram o G 20, de que partiriam para negociações bilaterais, deixando os quetinham “má vontade” de fora).

Desde os anos 70, a Comunidade Européia desenvolveu um Sistema Geral dePreferências (SGP) para cerca de 50 países em desenvolvimento, que puderam des-


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frutar de preferências tarifárias amplas para vários produtos manufaturados e agrí-colas. Este sistema garante tarifa zero para uma vasta lista de produtos manufatura-dos, inclusive da área têxtil. Já as tarifas de produtos agrícolas são reduzidas diferen-temente, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada país. Porém, a UEclassificou de sensíveis os principais produtos, como carne bovina, mandioca, açú-car, arroz e banana. Estes são protegidos por uma cláusula especial, segundo a quala tarifa só poderia diminuir em caso de emergência no país de origem (por exemplo,uma catástrofe natural). A UE já tinha aqui interligado o comércio a alguns objeti-vos de desenvolvimento, como o corte das preferências tarifárias e cotas no caso deconstatação de trabalho escravo, trabalho de prisioneiros, tráfico de drogas ou o nãocumprimento das obrigações da rodada do Uruguai (finalizada em 1994). Assim, aUE tenta relacionar democracia, desenvolvimento e direitos humanos ao livre co-mércio, diferenciando-se dos EUA, que têm um discurso mais direto e agressivo. OSistema Geral de Preferências contém um mecanismo de incentivo a direitos traba-lhistas e proteção ambiental (Reisen 1999). No entanto, essas condições e objetivosdesenvolvimentistas valem somente sob a condição de que os países se integrem ao“comércio mundial”, ou seja, abram seus mercados e participem das negociações delivre comércio. Com isso, a UE disciplina a política econômica e financeira de seusparceiros comerciais. Países que se afastem deste sistema e procurem formas econô-micas alternativas arriscam ser cortados da ajuda financeira da UE para, por exem-plo, combate à pobreza. A política de desenvolvimento da UE é instrumentalizada,portanto, em prol do comércio.

Até agora, a UE desenvolveu diferentes tipos de acordos comerciais:• Acordos de Associação com Malta, Turquia e Chipre. Datam dos anos 1960

e 70 e têm fins puramente comerciais, prevendo, no geral, uma uniãoaduaneira como preparação para se tornarem Estados-membro (Schilder2003);

• Acordos de Cooperação com Egito, Argélia, Jordânia, Líbano e Síria, quedatam dos anos 1970. Objetivavam o fomento do comércio mútuomediante eliminação de tarifas de importação para produtos industriais eeliminação progressiva para produtos agrícolas. A UE manteve barreirasaduaneiras para seus produtos “sensíveis” ao mesmo tempo em que logrouabrir novos mercados para seus produtos no “sul”. Isso se reflete no fortedéficit comercial dos países do Mediterrâneo em relação à UE entre 1981e 1998 (ibid.).

• Acordos de Comércio e Associação de segunda geração com Egito (desdejunho de 04), os Estados do ACP (ex-colônias da África, Caribe e Pacifi-


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co)6, Argélia, Chile, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, México, Palesti-na, África do Sul e Tunísia. A UE negocia ainda com ASEAN, Estados doGolfo, Irã, países mediterrâneos, Mercosul e Síria.

O objetivo declarado destes Acordos de Comércio e Associação de segundageração é a ligação de incentivos econômicos a conteúdos políticos: o fomentodos direitos humanos, democracia e boa governança assim como desenvolvimen-to sustentável e combate à pobreza. Segundo Schilder (2003), estes acordos con-têm uma política de comércio exterior comum que vai além das cooperações eassociações anteriores, redefinindo-as e ampliando a política comercial bilateralda UE. De acordo com as diretrizes do Conselho Europeu de 1997, no centro deseus interesses estão a compatibilidade com a legislação multilateral, os impactossobre as políticas comuns (como a PAC) e as vantagens econômicas esperadas.Abrangem a institucionalização do diálogo político sobre direitos humanos e prin-cípios democráticos, a instalação a médio e longo prazo de áreas de livre comérciocompatíveis com a OMC, e a liberalização gradual dos setores agrícola, de servi-ços, propriedade intelectual, capital financeiro e setores industriais. A UE tam-bém pondera a cooperação em questões de meio ambiente e desenvolvimentosustentável. Além disso, determinações sobre concorrência e ajuda estatal, coope-ração nas áreas sociais e culturais, bem como regras para extradição de migrantesilegais constam de alguns tratados.

Schilder (2003) considera que a UE, pelo menos em suas declarações ofici-ais, confia de olhos vendados na eficiência da doutrina neoliberal “liberalizaçãocomercial = crescimento econômico = diminuição da pobreza”. A vasta agendana nova geração de tratados não trouxe desenvolvimento social e sustentável justopara os países periféricos. Mais que isso, a UE está interessada no aumento desuas exportações aos países do “sul” e na garantia de novos mercados, principal-mente para produtos de alta tecnologia e serviços, mas também no aumento deseus investimentos mediante programas de privatização. Assim, questões de di-álogo político, direitos humanos e democracia ficam subordinadas aos interes-ses econômicos de “livre comércio”, permanecendo pouco expllícitas nos acor-dos. A criação de efetivos mecanismos de controle e acompanhamento para aproteção dos direitos humanos ou processos decisórios democráticos é normal-mente deixada de lado. Com exceção do acordo com o Chile, onde está previstoum comitê da sociedade civil, e do tratado de Cotonou, que inclui informação,consulta e participação de organizações populares, o envolvimento destes gru-pos em um estruturado e amplo processo de diálogo social e político quase nuncaestá presente (ibid.).


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Do mesmo modo, há lacunas entre as cláusulas de meio ambiente contidasnos tratados e sua implementação e fiscalização efetiva. A UE enfatiza seu papelde defensora de estratégias de desenvolvimento sustentável nas rodadas comerciaismultilaterais. Prevê análises e estudos sobre sustentabilidade e impacto ambientalpara todos os campos importantes de decisão política. Porém, esses objetivos atéagora não encontraram receptividade nos tratados bilaterais e bi-regionais. Estesestudos deveriam ser levados a cabo antes da ratificação dos tratados, o que nãotem sido o caso. Somente os acordos com Israel e com as autoridades autônomasda Palestina citam estes estudos ao lado de uma fiscalização permanente. Falta emtodos os acordos um comprometimento com o meio ambiente sustentável comocondição para uma cooperação econômica (ibid.).

As regras sobre investimentos são um dos mais importantes aspectos para aUE, com vistas a melhorar a posição e condição de investimentos para suas em-presas multinacionais. O movimento livre de capitais está estabelecido em to-dos os acordos. Alguns acordos, porém, vão muito além da proteção a investi-dores estrangeiros, como é o caso dos Acordos Bilaterais de Investimentos (BITS).A UE não mede esforços para consolidar amplas concessões a investidores es-trangeiros, como a cláusula de nação mais favorecida (Most Favorite Nation-MFN), proteção contra expropriação, livre remessa de lucros, mecanismos in-ternacionais de arbitragem, acordos para evitar a cobrança dupla de impostos,etc. O conceito de expropriação foi ampliado: investidores estrangeiros recor-rem a tribunais internacionais de arbítrio, processando governos nacionais porexpropriação “indireta” ou “furtiva”. Investidores europeus acabam por “com-prar” os BITS mais vantajosos, escolhendo abrir filiais somente nos países queoferecem o melhor acordo sobre investimentos com a UE (Schilder 2003;Mahnkopf 2004).

Incluídas nestas regras e acordos ampliados de investimentos estão regras desolução de controvérsias. Controvérsias entre as partes podem se estender no fu-turo a questões como compreensão de democracia ou cláusulas gerais de extradi-ção de refugiados, requerentes de asilo e imigrantes. Os BITS asseguram não só apossibilidade de um Estado mover ação contra outro, mas também a possibilida-de de ação de um investidor estrangeiro contra um Estado Nacional. De acordocom Mahnkopf (2004) ocorre uma desregulamentação dos mercados nacionais pormeio de uma vasta regulamentação do comércio exterior com acordos internacio-nais que se entrecruzam. Enquanto uma primeira geração de acordos sobre inves-timentos previa ações judiciais de um Estado contra outro, os acordos de segundageração introduziram o “investor-to-state-dispute-settlement” extraído do capí-


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tulo 11 do NAFTA. Há casos exemplares de empresas que processaram o Estadomexicano e canadense por tentar, mediante regulamentação estatal, proteger o meioambiente e as condições sociais do local onde estavam instaladas as empresas. Asregras da OMC só conhecem o direito de ação de Estado contra Estado, mas, pormeio dos BITS e outros tratados bilaterais, empresas multinacionais ganham statusde sujeitos de direito internacional igualados a um Estado Nacional. Assim, in-vestidores estrangeiros acabam ganhando mais possibilidade de controle e poderde barganha que empresas nacionais (que não podem processar um Estado peran-te um tribunal internacional), conseguindo assim atingir seus objetivos numa zonavirtual, onde podem fugir de qualquer tipo de controle democrático e popular(Mahnkopf 2004).

4. ConclusãoComo podemos ver, a União Européia está hoje enredada como uma aranha

no centro da teia de diversos acordos de livre comércio e investimentos, que, emseu cerne, não diferem dos acordos fechados pelos EUA ou daquelas negociaçõesmultilaterais na OMC. A inovação da UE é, no entanto, a articulação de temascomerciais com questões de desenvolvimento e políticas nos acordos de comércioe associação, assim como no sistema de preferências tarifárias, que disfarçam ouamenizam seus reais interesses econômicos.

Com o tratado de Amsterdam de 1997 e a ratificação da Carta de DireitosHumanos na cúpula de Nice em 2001, a proteção aos direitos humanos se tornoubase normativa das políticas européias. Além disso, os objetivos de desenvolvimen-to da UE, determinados nos artigos 177 e 178 do acordo da Comunidade Européia(Tratado de Roma de 1958), vigoram como ponto de referência normativo não sópara cooperações internacionais, mas também em outras áreas como relações inter-nacionais e comércio exterior. A tríade “diálogo político – cooperação – livre comér-cio”, concebida pela Comissão Européia, deseja propagar a idéia de que objetivoshumanitários e de desenvolvimento são compatíveis com a liberalização comercial,ou mais, que a liberalização comercial promove o desenvolvimento. A Comissãonão detalha, porém, como comércio, direitos humanos e desenvolvimento devemser interligados a fim de que possam realmente ser conciliados. Tendo em vista osresultados destrutivos de dez anos de neoliberalismo na América Latina, este dito“objetivo” da Comissão parece impossível de ser alcançado. No caso em que os ele-mentos de vital importância para os povos – direitos humanos, democracia, prote-ção ao meio ambiente, desenvolvimento social e sustentável, entre outros – fossemcondição determinante e reguladora da liberalização comercial de todos os setores ci-tados, talvez houvesse uma real conciliação. No entanto, no marco do sistema capi-


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talista e das regras internacionais vigentes, o contrário acontece: os temas de diálogopolítico e desenvolvimento estão em segundo plano e não interferem diretamentenas negociações de temas comerciais, no sentido em que os condicionam, adaptamou limitam. Que o “livre” comércio possa ser reformado, “humanizado” ou melho-rado com a introdução de “soft laws”, ou seja, recomendações sem caráter obrigató-rio, é bastante questionável.

O pedido da UE ao Mercosul, por exemplo, para que retirasse uma reserva deproteção à reforma agrária da cláusula de investimentos do acordo que está emnegociação, mostrou que só cumpre em parte a determinação de proteção aosdireitos humanos, somente quando estes não se opõem ao livre comércio. A con-centração da terra e da renda no Mercosul é a principal causadora de miséria nocampo e nas cidades, assim como responsável pela enorme violência provocadapor milícias privadas dos grandes exportadores e latifundiários.

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NOTAS1 Cientista política pela Universidade Livre de Berlim e membro do Instituto Rosa Luxemburg Stifung.

Agradeço os comentários feitos por Adhemar Mineiro (Dieese-Rebrip).2 Até outubro de 2003, a UE tinha 250 acordos regionais, a pesar de que só 189 estavam registrados na

OMC. Só a Alemanha tinha 31 acordos de livre comércio, além de mais 130 acordos de investimento.3 Este artigo regula a política comercial comum da UE e as divisões de competências correspondentes. Ele

exclui as áreas de serviços e propriedade intelectual da política comercial comum, prevendo a possibilida-de de o Conselho estender a política externa comum a estas áreas somente sob proposta da Comissão eapós consulta ao PE, deliberando por unanimidade.

4 Uma consideração importante aqui é que este aspecto da política comercial, entre outros, deveria servirpara introduzir a discussão sobre a importância da representatividade do PE. Em geral, os eurodeputadosnão são os políticos de primeira linha, que acabam disputando os parlamentos nacionais. Assim, cada vezque mais atribuições são transferidas ao PE, esses políticos com menor representatividade estarão toman-do decisões cada vez mais importantes.

5 Regras de concorrência, investimentos, acesso a mercados, facilitação comercial, entre outras.6 Com os Estados do ACP foi fechado um tratado especial de preferências comerciais em 2000, o tratado

de Cotonou. No entanto, já está sendo negociado com estes Estados um acordo ampliado de parceriaeconômica, a ser assinado em 2007, que abrirá ainda mais seus mercados e os obrigará a negociar regrassobre investimentos, concorrência e compras governamentais que são rejeitadas no âmbito da OMC. Astarifas comerciais nos países do ACP são de vital importância para a consolidação de seus orçamentospúblicos. Com a redução ou corte de tarifas com a UE, sofrerão grande impacto na arrecadação. Alémdisso, os processos de integração regional serão prejudicados, visto que serão reduzidos à liberalizaçãocomercial, assim como o volume e velocidade desta liberalização serão acelerados, e sistemas econômicosregionais já existentes terão que ser substituídos (Schilder 2005a).


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